&&&&&
“La economía política de la crisis se refleja
en este protagonismo popular: mientras el Estado
concentra beneficios en las élites y reproduce medidas impuestas
desde afuera, el pueblo organiza su propia agenda de justicia
distributiva y de soberanía. La legitimidad que nace desde
abajo no se mide en indicadores macroeconómicos, sino en la
capacidad de resistir, de mantener viva la memoria y de
proyectar un futuro donde la democracia se reconstruya en las calles
y carreteras. La legitimidad no se decreta, se construye. Y
cuando el gobierno quiebra la Constitución, se sostiene en una
justicia corrupta y concentra beneficios para las élites,
pierde toda autoridad moral y política. Hoy, las calles y carreteras
son el verdadero escenario de la democracia: allí el pueblo
recuerda que la justicia no puede ser comprada, que los derechos
no se negocian y que la dignidad no se posterga. La crisis
que vivimos es el precio de la corrupción y de la traición al pacto
social. Pero también es la oportunidad de reorganizar la fuerza
popular, de levantar una legitimidad nueva que nazca desde abajo,
desde la resistencia y la memoria. Porque cuando el pueblo habla en
las calles y carreteras, ningún poder puede fingir legitimidad.
/////
*****
EL PUEBLO ESTÁ ENFRENTADO A UN GOBIERNO SIN APOYO POPULAR.
Rodrigo Paz perdió la legitimidad.
*****
Por | 09/06/2026 | Bolivia
Fuentes. Revista Rebelión martes 9 de
junio del 2026.
RED DE ECONOMÍA POLÍTICA.
N°14 – junio 5/2026
La legitimidad de un gobierno no se
sostiene únicamente en las urnas. Deviene de la autoridad moral, del respeto y
de lo justo que es un presidente con su pueblo. Si el pueblo acepta, reconoce y
respalda a su presidente y obedece las directrices políticas y económicas que
dicte o proponga, entonces diremos que la autoridad cuenta con legitimidad, que
cuenta con el respaldo sino el cariño de los sectores populares. En Bolivia,
esas grandes mayorías hoy le exigen ¡que renuncie!!! y con
ello, le dieron la espalda a un presidente y a su gestión, que, en solo 6
meses, echó por tierra algún atisbo de que el neoliberalismo no regresaría al
país.
Rodrigo Paz ha perdido toda la
legitimidad y está en la disyuntiva de aferrarse a un estado de sitio o dejar
el poder, evitando mayor sacrificio de vidas.
1. La legitimidad se gana o se pierde.
La pérdida de legitimidad del gobierno
de Rodrigo Paz no fue un accidente ni un error de gestión. Es consecuencia de las medidas económicas
dictadas contrarias a las postuladas en la campaña electoral; su “programa
de centro” con el que llegó al poder, no prometía medidas
neoliberales agresivas como las que hoy sostiene y defiende, pese a haber
retrocedido en varios intentos. El abismo entre el respaldo popular
(mandato) a todas las promesas y las decisiones gubernamentales asumidas
al llegar a la Plaza Murillo, convierte a su gestión en un engaño, en
una impostura, en un acto político fraudulento, sostenido en la mentira
y la demagogia.
Desde la perspectiva de la economía
política, la crisis
dejada por Arce Catacora -inflada y sobredimensionada por la banca,
la oligarquía, la derecha y los medios de comunicación- al no
resolverse, desnudó la contradicción entre el relato oficialista de estabilidad
y la realidad del pueblo que enfrenta el deterioro de la economía
familiar, colas inmensas para comprar gasolina y diésel,
inflación, desempleo y precariedad. Las medidas económicas del gobierno
de Rodrigo Paz concentran beneficios en los sectores
privilegiados y distribuye los costos sociales sobre las mayorías,
vulnerando la Constitución y el pacto social que sostiene al Estado
Plurinacional. Se hizo todo lo contrario de lo que se prometió y la
decepción llegó al límite.
Los bloqueos y marchas son la respuesta popular de rechazo, denuncia, enojo, condena a ese cambio a ese giro, a ese salto al neoliberalismo fracasado. No son simples actos de protesta coyuntural, sino la explicitación de una ruptura, de un abandono y rechazo social a un presidente y gobierno que ya no les representa y al que perdieron todo el respeto. El bloque social popular votó con la esperanza de que Rodrigo Paz podría respetar las grandes conquistas económicas, sociales políticas y culturales logradas por el pueblo en los últimos años frente a las amenazas de la extrema derecha de Tuto Quiroga; seis meses después, han pasado a un desprecio y enojo popular que se mide en los adjetivos más duros y crueles contra el presidente. La legitimidad institucional se vació, cuando el pueblo, en las calles y carreteras, demuestra que la verdadera democracia, se mide en la justicia distributiva y en la defensa de los derechos conquistados.
2. La ruptura con la Constitución y el pacto social.
La pérdida de legitimidad del gobierno no se limita a la gestión
económica: se profundiza en el terreno político y jurídico. El intento de modificar,
vaciar o reinterpretar la Constitución Política del Estado (CPE),
convierte al gobierno en un actor que rompe el pacto fundacional
del Estado
Plurinacional. No hablamos de errores
administrativos, sino de una ofensiva consciente contra los derechos
conquistados por el pueblo.
Al debilitar la CPE, se debilitan también los
mecanismos de respeto a los derechos humanos, de redistribución
de la riqueza, de soberanía, de control social y de participación
democrática. El resultado es un Estado que deja de ser garante
de derechos para transformarse en administrador de intereses
externos y de élites internas.
La legitimidad se fractura porque el
pacto social – ese
acuerdo que dio origen al Estado Plurinacional – ya no se respeta.
La protesta en las calles y carreteras es, entonces, también una defensa
de la Constitución: un recordatorio de que la democracia boliviana no
puede sobrevivir si se mutila su base jurídica y social, que en Bolivia
no se puede gobernar sin la participación del pueblo.
Por eso, las calles y carreteras se han convertido en el verdadero tribunal popular. Allí, sindicatos, comunidades y sectores movilizados reclaman lo que la justicia auto prorrogada les negó: el respeto a la Constitución, la defensa de los derechos conquistados y la recuperación de un pacto social roto. La medida del Estado de Sitio simplemente traerá luto al país.
3. La legitimidad de las medidas populares.
La pérdida de legitimidad del gobierno abre un nuevo escenario: la
reorganización popular frente a un poder que ya no les
representa. Cuando las instituciones se vacían de dignidad y la justicia
se corrompe, es el pueblo quien asume el rol de garante de
derechos y memoria. Las calles y carreteras se convierten en espacios
de soberanía, dónde la Central Obrera Boliviana (COB), comunidades
campesinas y pueblos originarios, transportistas y organizaciones
sociales levantan su voz contra un gobierno que los excluye.
La resistencia no es únicamente
social: es moral
y política. Los bloqueos y marchas expresan la dignidad de
sectores que se niegan a aceptar la precariedad como destino.
Cada punto de resistencia en las carreteras es también un recordatorio
de los derechos arrebatados y de la necesidad de reconstruir un pacto
social desde abajo. En este sentido, la movilización popular no solo
desafía al gobierno, sino que plantea una alternativa de legitimidad
basada en la acción colectiva y en la defensa de la Constitución.
La economía política de la crisis se refleja en este protagonismo
popular: mientras el Estado concentra beneficios en las élites
y reproduce medidas impuestas desde afuera, el pueblo organiza su
propia agenda de justicia distributiva y de soberanía. La legitimidad
que nace desde abajo no se mide en indicadores macroeconómicos,
sino en la capacidad de resistir, de mantener viva la memoria
y de proyectar un futuro donde la democracia se reconstruya en las
calles y carreteras.
La legitimidad no se decreta, se
construye. Y cuando
el gobierno quiebra la Constitución, se sostiene en una justicia
corrupta y concentra beneficios para las élites, pierde toda autoridad
moral y política. Hoy, las calles y carreteras son el verdadero
escenario de la democracia: allí el pueblo recuerda que la justicia
no puede ser comprada, que los derechos no se negocian y que
la dignidad no se posterga.
La crisis que vivimos es el precio de
la corrupción y de la
traición al pacto social. Pero también es la oportunidad de
reorganizar la fuerza popular, de levantar una legitimidad nueva
que nazca desde abajo, desde la resistencia y la memoria. Porque cuando
el pueblo habla en las calles y carreteras, ningún poder puede fingir
legitimidad.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario