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“EL ANTIDOTO.- Inclusión social y control político de las fuerzas de
seguridad para incorporarlas a los procesos democráticos
en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con las Fuerzas Armadas. Ese
fue el antídoto contra la extorsión policial que la presidente CFK prescribió
en su discurso del 10 de diciembre. Pero
mientras las Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la
Prefectura, son estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada provincia. Una cultura
institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios
del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada
inseguridad. El
gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla
del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas.
Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la
sedición y la muerte haya sido el Chaco
(donde el flamante jefe de gabinete, Jorge
Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el
mecanismo local que contempla la
Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la
magnitud de las resistencias que el cambio provoca.
Cuidado, otra vez la Democracia en peligro?. La derecha abre otra "ventana" que favorece a sus intereses. Ahora la huelga policial, muy fuerte y violenta en las provincias argentinas. El "famoso" crecimiento económico abre grandes fracturas sociales. amplía la brecha de la desigualdad económico-social, una democracia liberal muy débil, sin respaldo social y político de los sectores populares, precisamente las víctimas directas del "crecimiento macro-económico".
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Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36 años.
Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien pocos días antes
había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se plegó a sus
colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su chaleco antibalas,
pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por casualidad, o el disparo partió de otro profesional que
conocía dónde termina la protección del chaleco? Otra pregunta, que escuché
con insistencia en Córdoba, ¿cómo
pudo haber sólo un muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en
forma incesante? En cualquier caso, es
imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes sucedidos, que
tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las negociaciones
paritarias previstas para el año próximo en las que todos los trabajadores de la órbita del Estado
Nacional, las provincias y los municipios reclamarán con estricta
justicia igual trato. También afectarán el vínculo entre la Nación y las provincias, que no pueden
hacer frente a los compromisos arrancados a sus gobernadores. Los alzamientos carapintada, la
hiperinflación y los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que
implicó (descomposición institucional, feroz transferencia de ingresos,
surgimiento de nuevas formas de
organización social, asesinato de militantes populares), son los otros
picos de crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse
con profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y
eficiente de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas
policiales que se han venido posponiendo durante décadas”. Horacio
Verbitsky
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Jorge Capitanich habló ante los intelectuales de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional.
ARGENTINA: “Democratizar
la seguridad”.
Definición de Jorge Capitanich en la Asamblea
de Carta Abierta.
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El jefe de Gabinete advirtió
que quienes “socavan las bases del poder democrático están siempre al acecho”,
y dijo que hay que responderles “con mayor firmeza y democracia”. Llamó a
“promover la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”.
Página /12 domingo 15 de diciembre del 2013.
Aquellos
que socavan las bases del poder democrático están siempre al acecho”, aseguró
el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su visita a Carta Abierta en la
Biblioteca Nacional. “De la única manera que hay que responder es con mayor
firmeza y mayor democracia”, consideró el funcionario nacional, quien señaló
que las provincias deben sumarse al compromiso para una seguridad democrática y
abogó por un comité contra la tortura en las cárceles. En el encuentro hubo un
apoyo de los intelectuales a una pronta reforma de las policías y también se
plantearon cambios al proyecto del Código Civil y Comercial.
Los integrantes de Carta
Abierta tuvieron su habitual encuentro en la Biblioteca Nacional, en el que
debatieron sobre lo ocurrido estas últimas dos semanas con las sublevaciones
policiales, los saqueos y la muerte de diez personas. “Hubo coincidencia de
apoyar las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de
avanzar con una reforma de las instituciones provinciales de seguridad. Se
planteó que era una tarea impostergable para poder seguir profundizando este
proceso”, afirmó a Página/12 Eduardo Jozami, director del Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti, que funciona en la ex ESMA. El sociólogo Carlos Girotti
coincidió con los planteos de Jozami.
También señalaron que la
insubordinación policial no fue sólo una movida de desestabilización para crear
la sensación de que el Gobierno no tiene autoridad, sino que también busca
complicar la situación económica, acelerando una espiral inflacionaria. Varios
discursos responsabilizaron al gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota por
la pésima resolución del primer conflicto, que estalló en su provincia.
Cuando concluyó la
asamblea hubo un brindis en el patio de la Biblioteca del que participaron
Daniel Filmus, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y Capitanich. Cada uno
hizo su evaluación de la situación del país, luego de un discurso de Ricardo
Forster. El filósofo planteó el compromiso de Carta Abierta con la
profundización del modelo, reseñó los logros de la última década y recordó las
visitas de Néstor Kirchner a Carta Abierta.
A Capitanich le tocó el
cierre y advirtió que “aquellos que pretenden socavar las bases del poder
democrático están siempre al acecho y la única manera en que hay que responder
es con mayor firmeza y mayor democracia”. El jefe de Gabinete llamó a “promover
la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”. “Los que
deben proteger la vida y el patrimonio no pueden ser los mismos que promuevan
los hechos delictivos”, indicó.
A su vez, Capitanich
descartó una causa social de los saqueos: “Nunca hubo tanto crecimiento
económico como en esta década y fue el kirchnerismo el que solucionó la tensión
entre democracia y crecimiento económico. Nunca se ha discutido la reparación
histórica en las provincias del norte como hasta ahora. El kirchnerismo se
animó a construir gobernabilidad democrática con calidad institucional aunque
muchos nos cuestionen”, dijo. El ministro coordinador consideró que “vivimos en
un mundo desigual que ha generado una división extraordinaria que debe ser
reparada por la política” y destacó que “las corporaciones no pueden apropiarse
de los gobiernos”. “Hemos vivido una semana muy intensa y tenemos que entender
que los grupos corporativos o los vestigios de la dictadura militar o aquellos
que pretenden socavar las bases de la legitimidad del poder democrático están
siempre al acecho”, alertó.
Capitanich volvió a
remarcar la responsabilidad de los gobiernos provinciales. “La seguridad
pública es un poder no delegado de las provincias argentinas pero las
provincias, como lo hicimos en la provincia de Chaco, tienen que tener ley de
seguridad democrática.” “Tenemos que avanzar con la participación popular en el
control de las fuerzas de seguridad, tenemos que promover claramente el comité
de prevención de la tortura para lugares de encierro”, afirmó. Lo siguió un
aplauso cerrado.
Para esto, llamó a
“profundizar el debate público en todas las circunstancias y en todos los
medios” y a continuar la “revolución en paz de carácter popular que tiene que
surgir de la conciencia popular”. Destacó que “hay que democratizar el sistema
de seguridad pública, garantizar transparencia, para que las mafias
enquistadas, vinculadas con la trata de personas, el narcotráfico y otros
flagelos que agobian a la sociedad argentina puedan ser desterrados”.
En la asamblea de Carta
Abierta también hubo quienes plantearon que era importante que el conjunto de
intelectuales participe del debate que resta sobre la reforma del Código Civil
y Comercial. Hubo críticas a los cambios que recibió la norma. En particular,
los intelectuales señalaron que se debe incluir la función social de la
propiedad y cuestionaron la redacción del artículo que señala que la vida
empieza con el embrión.
Por
último, uno de los integrantes señaló la importancia de reivindicar a Raúl
Alfonsín, como ocurrió con el discurso de la Presidenta en el aniversario de
los 30 años de democracia. Sobre el papel de Alfonsín aparecieron diversos
matices, pero hubo acuerdo en que en este momento hay que rescatar a quienes debieron enfrentar
a los poderes fácticos.
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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich,
rechazó de plano la idea de un sindicato policial.
Son trabajadores del Estado y como cualquier servidor público tienen derecho a sindicalizarse, situación que debe originar un control democrático directo y horizontal. Eliminar las jerarquías y el verticalismo autoritario.La Ley y el Reglamente deben ser sumamente claros y definidos para evitar influencias de poderes facticos de radicalizar el control o utilizar como un medio de presión, chantaje e intereses subalternos. La polémica esta abierta?.
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Fuerte debate sobre
si deben sindicalizarse.
De los “NO”
más rotundos al cuestionamiento de la misma idea como una distracción.
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Que los policías tengan sus
uniones, como otros trabajadores del Estado, es una idea defendida desde el PRO y el Frente Renovador, pero
rechazada en el resto del arco político. Para el CELS, es “opacar” el verdadero
problema.
Página /12 domingo 15 de diciembre del 2013.
El
debate sobre la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas policiales dio lugar
a un abanico de opiniones que van del “sí” al “no” rotundos, pasando por el
“tal vez” y por las dudas acerca de si la alternativa podría servir para
ponerles fin a los auto-acuartelamientos. Expertos en derechos humanos y en
cuestiones de seguridad creen que la discusión tiene que ser para “terminar con
el autogobierno policial”. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la
posible actividad gremial de los policías porque “aparte de portar armas y no
poder tener una estrategia de sindicalización, también tienen una estructura de
carácter salarial por componentes que es diferente del resto de la
administración pública”, además de “un régimen jubilatorio de privilegio que tiene
un costo de financiamiento diferente del resto”. Dirigentes del PRO y del
Frente Renovador se mostraron favorables a que los policías tengan
representación gremial, mientras que el Frente Amplio Progresista (FAP) se
declaró en contra y la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que es un tema que
debe ser debatido en profundidad por el Congreso.
Gastón Chiller, director
ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que el
tema de la sindicalización “está opacando la discusión sobre una posible
reforma de la seguridad pública en general”. Chiller sostuvo que “la duda que
se nos plantea (ante lo ocurrido en estas semanas) es si la sindicalización
hubiese servido para evitar los acuartelamientos y los saqueos”. El dirigente
del CELS señaló que lo “realmente importante es la reforma policial, el quiebre
de los pactos con sectores políticos, el fin de las fuerzas policiales
violentas y corruptas, vinculadas con el crimen organizado”.
Chiller resaltó que “lo
realmente preocupante es que se hayan cerrado los conflictos, que tuvieron un
carácter extorsivo, sin que se haya advertido una fuerte posición de los
gobiernos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”. El director ejecutivo
del CELS puntualizó que “algunos conflictos, como el ocurrido en Córdoba,
tuvieron relación con las investigaciones que señalan los altos niveles de
vinculación entre policías y el narcotráfico”. Insistió en que lo grave es que
“no se retome la discusión pública sobre las reformas policiales, que cuando se
hicieron (en la provincia de Buenos Aires), sufrieron contrarreformas que
ratificaron el poder autónomo de la policía. En este marco, hablar sobre
sindicalización es tirar la pelota afuera”.
El sociólogo Juan
Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, admitió que no tiene una
“opinión totalmente formada” sobre si es buena o mala la sindicalización. “Es
un tema tremendamente complejo, porque no sabemos cómo puede funcionar esa
alternativa en una fuerza policial militarizada”. Coincidió con Chiller en la
necesidad de “evitar que se repitan estos planteos autoritarios, donde todo
parece indicar que las autoridades policiales son las que fogonean a la tropa a
generar estas situaciones”. En ese sentido, mencionó lo sucedido en Córdoba y
Santa Fe como prueba de que “en esos casos los hechos ocurridos tienen que ver
con las investigaciones que se están haciendo sobre la participación policial
en delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas”.
Pegoraro agregó que, en
ese marco, “la sociedad, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, vive
en la disyuntiva de, por un lado, necesitar que la policía le dé seguridad y,
por el otro, temerle a lo que se ha dado en llamar la maldita policía”.
Resaltó, en el mismo sentido, que “nunca como ahora están tan vinculados los
delitos paralelos y los negocios policiales, a la vez que también se advierte
la participación del Poder Judicial. No es toda la policía, ni todo el Poder
Judicial, pero el problema existe, es una realidad”.
“Si no existiera esa
vinculación –destacó Pegoraro–, hay muchos delitos que no podrían funcionar tan
libremente.” Concluyó que el interrogante es “por qué no se puede lograr que la
policía pueda funcionar dentro de normas legales. Cómo hay que hacer para
lograr que los policías cumplan con la ley: no torturar, no matar, no robar.
Por qué razón es tan difícil terminar con esta impunidad. Cómo es posible que
el caso Bulacio haya pasado por 18 jueces, sin que se haga justicia. Los jueces
dependen de la policía, pero la policía debería estar sometida al poder
político”.
El titular del bloque de
la UCR, Gerardo Morales, afirmó que el tema de la sindicalización “debe
debatirse a nivel nacional” y que en el Congreso “debe abordarse la Ley de
Seguridad Interior e inscribir la propuesta dentro de los parámetros
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los
convenios 154 de Negociaciones Colectivas y 87 de Libertad Sindical”. El
dirigente radical remarcó que “debe haber fuertes límites en las medidas de
acción directa para evitar el acuartelamiento”.
La diputada socialista
por Santa Fe Alicia Ciciliani, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP),
rechazó la sindicalización policial: “Con la policía que tenemos no creo que
podamos pensar en esta alternativa. Hay que hacer una reforma policial en un
proceso donde sepamos bien qué modelo policial queremos”. Aclaró que “la
sindicalización no se puede pretender con el derecho a huelga cuando le damos
el poder de la fuerza”.
Desde el PRO, la
diputada nacional Patricia Bullrich aseguró que “el modelo de no
sindicalización es un modelo de verticalismo donde la persona policía no tiene
cómo plantear sus problemas”. Por esa razón recordó que desde el Congreso viene
impulsando la sindicalización “como lo hice cuando fui ministra de Trabajo”.
Bullrich afirmó que “las experiencias en el mundo son positivas porque fueron
una forma de descomprimir los conflictos”. Agregó que debe instrumentarse “un
derecho de huelga limitadísimo porque no pueden levantar el servicio de cuidar
a la gente”.
El ex
titular del bloque del massismo en Diputados, Roberto Mouillerán, se mostró a
favor de la sindicalización “siempre que se limite la cuestión de la huelga
porque el servicio que prestan es esencial”. Expresó que está “de acuerdo con
la sindicalización, en la medida en que la misma contemple que el servicio que
brinda la policía es un servicio esencial y por lo tanto se debe limitar la cuestión de la huelga”.
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