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FUE LO MÁS DURO QUE NOS TOCO VIVIR: Bonfati denuncio
a los policías por extorsión. El gobierno de Santa Fe
presentó una denuncia penal por el presunto delito de sedición contra los
policías que se insubordinaron, que prevé penas de hasta seis años de prisión. El gobernador socialista Antonio Bonfatti
opinó que la protesta policial “fue
lo más duro que nos tocó vivir a los argentinos después de los levantamientos
militares ocurridos en los primeros años de democracia”. Desde que el jefe de la policía santafesina
Hugo Tognoli fue detenido por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, la
situación de la fuerza local está en la mira. Las sospechas se agravaron
luego de que desconocidos balearan la casa del gobernador, en un hecho sin
precedentes que unió a todos los partidos políticos santafesinos en plena
campaña electoral. Luego de que la policía se alzara para reclamar un aumento
salarial y mantuviera en vilo la provincia por cuatro días, llegaron a un
acuerdo. Ayer se
normalizaba la situación, con la policía patrullando las calles y la
reapertura de comercios y bancos.
Si bien el gobierno
nacional envió a la Gendarmería para suplir a la policía provincial, el
martes por la noche en Rosario se registraron incidentes con un saldo de seis
personas heridas de bala y un supermercado chino asaltado por un grupo de
jóvenes que se trasladaba en motos. Bonfatti
señaló que el gobierno provincial denunció a los policías por el delito de
sedición en simultáneo con la firma del decreto por el que les aumentó el
salario del agente inicial a 8100 pesos. “Los
policías que participaron del reclamo no tendrán sanciones administrativas,
si bien eso no anula el camino de la Justicia que hemos elegido”, indicó el gobernador de Santa Fe. “Uno
puede aceptar cualquier tipo de diálogo, pero nunca con una pistola en las
manos o pinchando cubiertas de los móviles policiales”, remarcó Bonfatti, quien
destacó que en eso “estamos todos de acuerdo, la Presidenta, sus ministros y
los gobernadores”. Bonfatti recordó que,
previo al conflicto de esta semana, su gobierno ya había presentado una
denuncia penal contra Apropol, el autoproclamando sindicato policial al que el
gobierno local no reconoce. Ayer el
gobernador destacó que desde ese grupo se convocó “a la sublevación de la
policía, para que se sumara al reclamo de los uniformados de Córdoba”. Por su
parte, el fiscal Pablo Saccone ratificó que “siguiendo las instrucciones del
gobernador, hicimos una presentación ante el fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, Walter Rodríguez,
poniendo de manifiesto que en el marco de este reclamo policial se habían suscitado
hechos que –entendíamos– excedían el normal marco de reclamo de cualquier trabajador”. El funcionario judicial dijo que
“no es un hecho menor que personal vestido de civil haya exhibido armas” frente a la Casa de Gobierno provincial.
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Juez de la Corte Suprema, Raúl Zafaroni
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ARGENTINA: “La
fuerza capaz de desestabilizar es la policial”
El Juez de la Corte
Raúl Zafaroni habla de las necesidades de reformar la Policía.
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La permanencia del modelo del
siglo XIX como caldo de cultivo de las situaciones en las que la policía puede
ser manipulada. La descentralización como posible remedio al “financiamiento
autónomo”. La necesidad de abrir un canal de diálogo.
Por Victoria Ginzberg
Página /12 jueves 12 de diciembre del 2012.
El juez de la Corte
Suprema Raúl Zaffaroni es penalista y hace años que
estudia los cuestiones vinculadas con seguridad y reforma policial. Al analizar
las protestas que en los últimos días protagonizaron las fuerzas provinciales y
los saqueos asociados a esos episodios, dice que tiene la sensación de que no
son manifestaciones espontáneas, pero, a la vez, no cree que ése sea el
principal problema. El tema de fondo, sostiene, es que hay que repensar el
modelo policial. Arriesga que los uniformados deben tener un canal de diálogo
para poder plantear sus reclamos y que las fuerzas de seguridad que se ocupan
del delito común deben descentralizarse: más policías, más pequeñas y más cerca
de los ciudadanos (es decir en los municipios), podría resumirse su propuesta.
También explica que desde que se pasó de la ideología de Seguridad Nacional a
la ideología de Seguridad Ciudadana, “la fuerza capaz de desestabilizar es la
policial”.
–Lo
que quedó a la luz en estos días y también lo mencionó en parte la Presidenta
es la imposibilidad que hubo en estos 30 años de hacer una verdadera reforma
policial.
–Obviamente.
Es una tremenda deuda de la democracia no haber repensado la policía. Hay
países, como Costa Rica, que no tienen Fuerzas Armadas, pero países sin policía
no existen. Es una institución necesaria en el Estado moderno. El modelo
institucional de policía que seguimos teniendo tendrá todo el desarrollo
tecnológico que se quiere, pero el modelo institucional es el que se estableció
cuando Rivadavia cerró los cabildos. Es un modelo de ocupación territorial.
Copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero después copiamos la policía
borbónica. No hay una policía de integración comunitaria. Creo que hay que
repensar eso.
–¿Qué
cambios habría que hacer?
–Pensaría
hasta qué punto no hay que programar un pase de la policía de calle para el
delito común a los municipios, con control vecinal. Inmediatez, fuerzas más
chicas, más controlables. Naturalmente que habría que tener una policía
centralizada para delitos complejos y habría que separarla de la policía de
investigación criminal que, un día, con un proceso acusatorio, podría depender
del Ministerio Público o de los poderes judiciales. Pero la policía de
seguridad de calle tiene que estar cerca de la gente, cerca de la manifestación
terciaria del Estado, la que uno tiene más a la mano, que es la municipal. Hay
que tener en cuenta que el policía es un trabajador, un trabajador particular,
pero necesita tener un lugar para canalizar sus reclamos. Discutir
horizontalmente las condiciones de trabajo es lo que crea la conciencia
profesional.
–Usted
habla de un financiamiento autónomo de la policía, ¿es ése otro de los
principales problemas?
–El
modelo que viene del siglo XIX es ése: te autonomizo, te dejo recaudar y vos me
garantizás gobernabilidad. Ese es un modelo que nos viene de la república
oligárquica. Un modelo colonialista de ocupación territorial. Esa recaudación
autónoma hoy se quiebra porque es mucho más voluminosa, en razón de la
globalización, en razón de los mil tráficos ilícitos que hay. Con eso se
quiebran los mandos, se quiebra la verticalidad, se quiebra todo.
–¿Con
una municipalización de la policía se puede arreglar eso? ¿No puede pasar que
dejen de financiarse unos y que se financien otros?
–No
descarto que puede haber, o que casi seguro haya, algún caso patológico en que la
jefatura municipal haga una mafia con su policía. Pero la gente va a ir y le va
a quemar la intendencia. Y al intendente le va a interesar tener seguridad,
porque si no, no lo van a votar más o le hacen una pueblada. La gente no se
calla. Al achicar, se hace más controlable. Hay un contacto más inmediato con
la policía. Controlar una fuerza de 50, 20 mil personas es muy difícil
La huelga policial se extiende a varias provincias. La solución debe ser institucional nacional.
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–¿Qué impresión tiene de los conflictos desatados con las policías
provinciales y los saqueos? El Gobierno denuncia que tienen intencionalidad
política, ¿comparte este diagnóstico?
–Tengo
la sensación de que hay una manipulación, que no es una manifestación
espontánea. Pero hay un espacio que da lugar a esa manifestación. No hay un
canal de comunicación del personal policial en el que éste se pueda expresar de
alguna manera. Yo no sé si es la sindicalización, no entro en ese tema porque
hay una cuestión jurídica debatida que tenemos que resolver en la Corte.
Tenemos una causa que está para votar y hay otra con vista a la Procuración. De
manera que no abro juicio sobre la cuestión jurídica, pero algún canal de
comunicación tiene que haber, alguna forma. Esa falta es lo que genera el
espacio en que se puede dar la manipulación. Si se ve la vivencia del personal
policial, es una persona que no tiene posibilidades de discutir sus condiciones
de trabajo en forma horizontal, está sometido a un régimen de trabajo que dicen
que es cuasi militar, pero es un régimen de sanciones arbitrario, no puede
discutir sus condiciones salariales. Cada vez que tiene que hacer una
declaración, la tiene que hacer de espaldas, parece que declara la ETA. Por
otra parte, es una actividad que exige riesgos. Todo eso es un caldo que
cultivo para cualquier manipulación.
–Además
de la protesta, ¿cómo cree que se manejó la negociación?
–No
puedo abrir juicio porque no conozco los detalles, pero sí creo que puso sobre
el tapete un problema, una necesidad. Hay muertos, lo que ha pasado es grave y
no hay que tirarse con cadáveres para abrir responsabilidades, sino que hay que
sentarse para ver qué hacemos. No estamos en campaña electoral, es buen momento
para sentarse a pensar esto, necesitamos renovar esta institución.
–¿A
qué se debe el fracaso de los sucesivos intentos de reforma? Porque
esporádicamente hay cierta voluntad para hacer cambios en la policía.
–Uno
de los principales problemas son las marchas y contramarchas. En la policía de
la provincia de Buenos Aires hubo marchas y contramarchas. Eso desconcierta al
personal. Por eso hay que hacer una política de Estado que vaya en ese sentido.
Hay que hacer un acuerdo político. Una democracia necesita algunas bases
estructurales. Hay que pensar en el modelo de Canadá, de Scotland Yard, de
Italia, las policías de las comunidades autónomas españolas... No necesitamos una
policía que se dedique a controlar excluidos, necesitamos una policía que nos
asegure mínimamente el orden.
–¿Las
denuncias que se están haciendo por sedición en algunas provincias e incluso en
el gobierno nacional, le parecen acertadas?
–Las
denuncias se pueden hacer, pero esto no se va a resolver penalmente. La
dificultad de fondo es de programación institucional. Si no se obtura el
espacio para la manipulación se producen estos fenómenos. No tenemos que irnos
a Ecuador (se refiere al intento de golpe de Estado de 2010 que comenzó con un
reclamo policial). El último golpe contra Fernando de la Rúa ¿quién se lo dio?
Fue la policía. Había otros factores, pero el último empujón salió de ahí.
(Eduardo) Duhalde tiene que salir prematuramente por un hecho policial. Tengo
serias sospechas sobre la desaparición de (Jorge Julio) López. Se puede decir
que no siempre el que mata al tío rico es el sobrino heredero, pero ¿quién se
benefició de eso? Por otra parte, en Ecuador pasa esto porque tiene una policía
única. Estados Unidos nos recomienda que en América latina tengamos policías
centralizadas. Cuando tenés una policía única se te hace inmanejable, se te
autonomiza y pasan estas cosas.
–Pero
Estados Unidos no tiene una policía única.
–No.
Eso es lo que nos dicen a nosotros. Ellos tienen 2400 policías. Imitemos a los
Estados Unidos en eso. No hagamos lo que nos dicen sino lo que ellos hacen.
Tienen policía de condado, policía estadual, todas las policías federales...
son más de dos mil.
–¿La
policía se convirtió en un actor relevante en los procesos de
desestabilización? ¿Se puede decir que en cierto sentido ocupó el rol que
tenían las Fuerzas Armadas?
–Claro. Desde que se pasa de la ideología de Seguridad Nacional a la
ideología de Seguridad Ciudadana, la fuerza capaz de desestabilizar es la
policial. Por otra parte, tiene más penetración social que las Fuerzas Armadas.
No son golpes de Estado de las características tradicionales. No se sienta un
comisario en el sillón presidencial, pero son movimientos que pueden desestabilizar fácilmente,
crear una sensación de caos, de inseguridad pública. Es grave.
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