Los Artículos, muy importantes en su contenido y análisis social y minero-empresarial. Una visión completa del interés hoy
de la Empresa transnacional - y su
fuerza de imposición de la Licencia de Construcción, en " Agenda País" de la CONFIEP. Sin embargo, hay una
preocupación mayor de la Población y sus dirigentes - información aprendida en
estos 10 años de lucha continua y permanente resistencia, contra el Poder
de la Southern - el 60% del territorio de la provincia de Islay está "denunciado por empresas mineras"
y de parte del Estado no hay una Política Pública sobre "Ordenamiento Territorial" que proteja la VIDA de los Pueblos, su Cultura, el Agua,
el Medio Ambiente y se forjen las condiciones del Proyecto
de Desarrollo económico-social, sustentable, que debe ser el objetivo principal, como alternativa de la Región.
El abandono de los sucesivos gobiernos es evidente sobre la VIDA de los
Pueblos., Firma el Convenio, el Contrato, ingresa la gran inversión - y el Estado desaparece. Realidad histórica hoy más que evidente,
con Conflictos Sociales en varias
regiones del país. El Conflicto de las Bambas, abrió – la caldera del diablo – que está presente en cada Región donde hoy las
Empresas transnacionales han impuesto
verdaderos “territorios de propiedad absoluta de la Empresa”. Arrasan
totalmente con la vida de los Pueblos. El
Ambiente Humano – Natural, social, cultural – es la primera y permanente –
destrucción. Pruebas en cantidad hoy en todas las Regiones, como contaminación de los ríos, derrame de mercurio - irresponsabilidad criminal - destrucción total de la Agricultura familiar, etc.
El Gobierno del Presidente VIZCARRA, con el apoyo decidido, local y nacional de la Ciudadanía - la Sociedad Civil como garantía del Poder Ciudadano - debe trabajar en cambiar "radicalmente" las políticas públicas del Estado en referencia a la inversión Minera - no somos anti-mineros, menos anti-sistema - bienvenida la Minería, con Tecnología Moderna que invierta en el País, pero respetando los Derechos de los Pueblos, que el Estado de Derecho, es válido y respetable para el Gobierno como para los Ciudadanos y fundamentalmente que la LICENCIA SOCIAL se consolide como la "Carta Constitucional" que garantice y respete la VIDA de los Pueblos y represente hoy, - cuidado una coyuntura nacional, muy polarizada, donde el malestar social, es el insumo principal - la columna vertebral social y cultural de la CONFIANZA que los pueblos nos entregan en el momento de las grandes decisiones políticas. Aquí NO funcionan los ULTIMÁTUM, ni menos el insulto personal - es propio de mentes y personas carentes de Cultura Política -. Es hora de recuperar la CONFIANZA, en nosotros, en las instituciones y en el futuro de nuestra Patria, donde la LEGITIMIDAD - el Poder Ciudadano - nos conduzca ha construir escenarios altamente productivos, donde la DEMOCRACIA -nuestra Participación Ciudadana, Organización, Movilización y fortalecimiento de Nuevos Liderazgos (básicamente COMUNITARIOS)-, nos devuelvan social y culturalmente el trabajar por un futuro para todos y todas de un PERÚ NUEVO. Señores y Señoras Ciudadanos, Ciudadanas de mi Patria, es hora que prime, se consolide el DIÁLOGO Democrático, Cívico, Alturado, Respetuoso, Horizontal - porque son horas decisivas donde están en el escenario- de las clases y la lucha de clases - la VIDA de un Pueblo histórico como es la población del VALLE DE TAMBO.
El Gobierno del Presidente VIZCARRA, con el apoyo decidido, local y nacional de la Ciudadanía - la Sociedad Civil como garantía del Poder Ciudadano - debe trabajar en cambiar "radicalmente" las políticas públicas del Estado en referencia a la inversión Minera - no somos anti-mineros, menos anti-sistema - bienvenida la Minería, con Tecnología Moderna que invierta en el País, pero respetando los Derechos de los Pueblos, que el Estado de Derecho, es válido y respetable para el Gobierno como para los Ciudadanos y fundamentalmente que la LICENCIA SOCIAL se consolide como la "Carta Constitucional" que garantice y respete la VIDA de los Pueblos y represente hoy, - cuidado una coyuntura nacional, muy polarizada, donde el malestar social, es el insumo principal - la columna vertebral social y cultural de la CONFIANZA que los pueblos nos entregan en el momento de las grandes decisiones políticas. Aquí NO funcionan los ULTIMÁTUM, ni menos el insulto personal - es propio de mentes y personas carentes de Cultura Política -. Es hora de recuperar la CONFIANZA, en nosotros, en las instituciones y en el futuro de nuestra Patria, donde la LEGITIMIDAD - el Poder Ciudadano - nos conduzca ha construir escenarios altamente productivos, donde la DEMOCRACIA -nuestra Participación Ciudadana, Organización, Movilización y fortalecimiento de Nuevos Liderazgos (básicamente COMUNITARIOS)-, nos devuelvan social y culturalmente el trabajar por un futuro para todos y todas de un PERÚ NUEVO. Señores y Señoras Ciudadanos, Ciudadanas de mi Patria, es hora que prime, se consolide el DIÁLOGO Democrático, Cívico, Alturado, Respetuoso, Horizontal - porque son horas decisivas donde están en el escenario- de las clases y la lucha de clases - la VIDA de un Pueblo histórico como es la población del VALLE DE TAMBO.
PERÚ: TÍA MARÍA, PROYECTO MINERO TRANSNACIONAL, UNA BOMBA DE TIEMPO PARA
VIZCARRA.
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Mariana
Álvarez Orellana.
ALAI.
América Latina en Movimiento.
Jueves
18 de julio del 2019.
Tía María, un gran proyecto minero cuprífero de la transnacional Southern, ubicado en el sur de Perú, ha despertado una activa resistencia social de los pobladores del Valle del Río Tambo, que puede desembocar en un grave conflicto y en una bomba de tiempo para el presidente Martín Vizcarra.
El gobierno del presidente Martín Vizcarra apoya el proyecto, que
demanda una inversión de mil 400 millones de dólares
para producir 12 mil toneladas diarias de cobre, y señala la importancia que
tiene para una economía que casi ha detenido su crecimiento. Nuevamente se enfrenta el modelo de
desarrollo depredador de los recursos naturales, en manos de trasnacionales,
con proyectos de desarrollo económica, social y ambientalmente sustentables.
El rechazo de agricultores y pobladores del entorno del proyecto de
explotación de cobre se debe al temor a daños ambientales y a la falta de credibilidad de la empresa. El
proyecto está pendiente de la licencia y la empresa presiona por su
otorgamiento con una vasta campaña publicitaria
y de medios de prensa, políticos y empresarios neoliberales.
La Junta de Agricultores del Valle del Tambo presentó un
recurso judicial de nulidad de la aprobación del previo estudio de impacto
ambiental y argumenta que carece de validez porque se basa en tres informes
diferentes y hasta contradictorios.
Sin embargo, reconoce como necesario que el proyecto
obtenga la llamada licencia social, es decir
que sea aceptada por la población, lo cual se perfila muy difícil pues los
intentos de ponerlo en marcha han causado permanentes
protestas, reprimidas con saldos de muertos y heridos.
El gobierno intentó posponer el año pasado el proceso,
supuestamente mientras se esperaba la licencia social necesaria para iniciar
sus funciones. Sin embargo, un trámite administrativo le da luz verde a la minera Southern para
iniciar acciones –cuando lo crean conveniente- mientras esperan una licencia social que,
con el paro que se verifica en Islay
a cuestas, parece no llegará.
La posible
afectación del próspero Valle del Tambo,
cerca del yacimiento por explotar, es el principal motivo de la oposición de la
zona. Ahora, la licencia de construcción se
ha convertido en un parteaguas en este conflicto
socio-ambiental que lleva diez años sin solución alguna.
Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente, señala que la
licencia anunciada primero por Southern
y luego por el gobierno, solo es un trámite administrativo, que deja
patente el enfrentamiento: el gobierno le dice sí a la minera y genera una
preocupación mayor en las comunidades del valle
del Tambo y de la provincia de Islay.
La buena relación que Vizcarra espera con los vecinos, dedicados
principalmente a la agricultura, parece imposible porque hoy en
la desembocadura del río Tambo se
encuentra con los desmanes provocados hace tiempo por Southern Perú Cooper Corporation,
que ha dejado desastres ambientales que aún tienen efectos.
La molienda de mineral será de 100 mil toneladas por día
para luego montarlo y transportarlo en faja transportadora ubicada a unos 8 o 9 kilómetros. Para ello, la minera
tiene que realizar un tajo abierto en el yacimiento
de La Tapada, el más importante de Tía María, ubicado a 1.800 metros, cerca del río
Tambo.
Por su parte, el ex viceministro De Echave recordó los antecedentes negativos de la
empresa, como la presentación de un primer estudio de impacto ambiental
rechazado por deficiente y por los cuestionamientos a la legalidad del segundo estudio. Southern, ante
protestas registradas en 2015, negoció con dirigentes sociales un soborno
para que cesara la oposición a Tía María, cuya
puesta en marcha abriría la puerta a operaciones de otras empresas, según temen
los pobladores.
Los dirigentes agrarios van más allá en sus cuestionamientos,
al señalar que el proyecto incluye el
yacimiento Tía María
y otro más grande en Islay, La Tapada, y la empresa admitió previamente que proyecta
invertir en la zona ocho mil millones de
dólares.
Para De Echave, más que preocuparse por obtener la licencia de construcción, Southern debería
hacerlo por lograr la licencia social pues,
si
no la tiene, no podrá ejecutar el proyecto, salvo que pretenda
imponerlo por la fuerza, lo cual debe hacer el gobierno, según sugieren algunos políticos y analistas
neoliberales.
La protesta social por Tía María tiene 10 años
presente en la gente de Islay, con muertos por el enfrentamiento con la
policía, y bajo amenaza de los llamados
dueños del Perú que solo les interesa cuantos puntitos del PIB.
El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres,
quien emplazó al gobierno para revocar
la licencia, dijo que se está enfrentando un conflicto muy grave y que hace tiempo pudo haberse evitado con
un diálogo adecuado.
Los pobladores tienen motivos sólidos para oponerse,
pues el proyecto prevé el tránsito de
100 mil toneladas diarias por la zona y utilizará gran cantidad de ácido sulfúrico, lo que afectará el medio ambiente. ‘La población tiene el legítimo derecho de
sospechar que su valle puede morir’, advirtió Giesecke.
El optimista vice-ministro de Gobernanza, Raúl Molina,
ofició de portavoz de la empresa
trasnacional y señaló que está dispuesta a un acuerdo por el cual, una vez obtenida la licencia de construcción, se abstendrá de iniciarla ‘hasta
que se logre un consenso suficiente y estén todos seguros de que va a ser una
minería responsable y no va a afectar la agricultura.
Lo que teme Vizcarra es que por un puñado de dólares
pueda explotar nuevamente el país.
-MARIANA ÁLVAREZ ORELLANA es antropóloga, docente e
investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
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RICARDO GIESECKE: “LICENCIA A TÍA MARÍA SE HA CONVERTIDO EN UN
“PARTEAGUAS”.
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Francisco Pérez
García.
Otra Mirada
miércoles 17 de julio del 2019.
Pablo Raúl. “PARTEAGUAS”. En México se aplica como “sinónimo de HITO”,
es decir cómo sentido figurado de un acontecimiento, que marca un antes y un
después”. Tía María, tiene un antes. Con dos Gobiernos Constitucionales – García
y Humala – 2009- 2015 – Y un después, hoy con el presente Gobierno Constitucional
del Ing. Vizcarra – 2019. Acontecimientos que han marcado la VIDA de la
población del Valle de Tambo. Al final el E.I.A.
fue “aprobado” por el Gobierno actual, con serios cuestionamientos. Pero la LICENCIA SOCIAL, no llega, no la encuentran y menos la
fabrican con serias manipulaciones, hasta el día de hoy, por los propios
antecedentes nefastos y destructivos del Medio Ambiente que la Empresa Minera
tiene en todo el SUR ANDINO, por más de medio siglo.
El gobierno de Martín Vizcarra intentó posponer el año
pasado el proceso relacionado al proyecto minero Tía
María en la provincia de Islay en Arequipa, supuestamente
mientras se esperaba la licencia social necesaria para iniciar sus funciones.
Sin embargo, un trámite administrativo le da luz verde a la minera Southern para iniciar acciones –cuando lo
crean conveniente- mientras esperan una licencia social que, con el paro en
Islay a cuestas, parece no llegará.
Conversamos sobre el tema con Ricardo
Giesecke, exministro del Ambiente, quien considera que la licencia de
construcción se ha convertido en un “parteaguas”
en este conflicto socio-ambiental que lleva diez años sin solución alguna.
La licencia de construcción.
Para Giesecke, la licencia anunciada primero por
Southern y luego por el gobierno, solo es un trámite
administrativo “no es un permiso en sí”,
pero
“se ha convertido en un parteaguas,
porque el gobierno le dice sí a la minera y genera una preocupación mayor en
las comunidades del valle del Tambo y de la provincia de Islay”.
“El presidente Vizcarra da a entender que debe darse (el proyecto) con el acuerdo de las
comunidades, con una buena relación con los vecinos porque vienen a quedarse
unos 30 o 40 años”, señala Giesecke. Sin
embargo, considera que esta “buena relación” va a ser imposible.
“(es imposible) porque hoy en la
desembocadura del río Tambo se
encuentra con los desastres provocados hace tiempo por Southern Perú Cooper Corporation y ha dejado desastres ambientales
que aún tienen efectos”, recuerda.
En la zona de Islay, el valle del Tambo es uno de los pocos valles productivos que hay y la gente que tiene sus
viviendas en esa zona, ha convertido el lugar en una fuente de ingresos, basada
en la agricultura. Frente a ello
Giesecke se pregunta “¿cómo vamos a meter un proyecto de la magnitud de Tía
María en esa zona?”
El impacto socio-ambiental.
Giesecke, nos comenta que hay gente
que ha comprado terrenos, vendido y luego ha vuelto a comprar hectáreas porque
hay todo un negocio agrícola importante. Pero, afirma que hoy “el precio de la hectárea ha bajado en 35 a
40% ¿Por qué? porque la gente, los compradores de productos tienen
mayor cuidado para comprar porque es zona de un "valle minero". Ahí empiezan los problemas”.
El exministro del Ambiente llama la
atención sobre las acciones que realizará la minera en la zona.
“La molienda (de mineral) que van a
realizar es de 100 mil toneladas por día para luego montarlo y transportarlo en
faja transportadora ubicada a unos 8 o 9 kilómetros”.
Para lograr esa cantidad, la minera tiene que realizar un tajo abierto
en el yacimiento de “La Tapada” que es “el yacimiento más importante de Tía María” y que geográficamente está
ubicado a 1800 metros aproximadamente cerca del río Tambo. “¿No se va a afectar el río?”, se pregunta escépticamente.
“La minera dice que eso va a estar controlado, con explosiones controladas, pero eso no es probable. Es una
operación gigantesca. De ahí pasas a la chancadora y de ahí a Pampa Cachendo donde hay otra
chancadora que forma un perfil más pequeñito, entra a una piscina gigante con aguas para lixiviación y desprender
el cobre en forma líquida que se llevará a una planta para recuperarlo en su
forma sólida.”, explica.
El especialista en temas ambientales agrega que
|
“ese
mineral chancado debe reposar un par de meses y no es todo lo que se ha sacado,
queda un residuo. Eso forma los relaves y puede tener un riesgo similar al de
Tamboraque, en Lima y si hay un sismo o algún movimiento puede haber daño
ambiental”.
Sobre la planta de desalinización del agua, Giesecke
dice que la empresa
“no ha sido capaz de presentar el
estudio de factibilidad de la planta desalinizadora y tampoco tienen el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA)”.
Sobre el traslado del mineral hacia la
fundición de Ilo señala que no hay ferrocarril
hecho para el traslado y que se hará el transporte de materiales -como el ácido sulfúrico- por carretera “¿y
que queremos? ¿Que pase algo como el derrame de mercurio de Yanacocha?”,
se pregunta.
El impacto social
Cabe recordar que la protesta social por
“Tía María” tiene 10 años presente en la gente de Islay, con muertos por el enfrentamiento con la policía, y
como señala Giesecke “bajo amenaza
de los "dueños del Perú"
que solo les interesa cuantos puntitos del PBI
habrá por ahí, pero nada más, no piensan en el riesgo que correrá la gente del Tambo. Se ha generado una
suerte de acoso”.
Lo lógico -considera- era concretar primero el diálogo, la licencia social, en vez de otorgar la licencia de construcción.
“Este gobierno no ha querido aprender nada, tiene una mentalidad
neoliberal en su adn. Vizcarra quiso
conversar, pero no han aprendido nada, hay voces que priorizan el
"principio de autoridad".
“Este valle es singular, es
agrícola, que produce bien, no es gente de pobreza extrema, con ingresos medios. No es cierto
que los manipulen ¿Quién puede manipular
a una población así durante 10 años? La
gente quiere el diálogo, pero, así como se presenta pinta como una mecedora”.
Al cierre de esta nota, el
gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, ha dado al gobierno un plazo de
72 horas para revocar la licencia. Caso contrario, estaremos enfrentando un conflicto mucho más
grave y que hace tiempo pudo haberse evitado con un diálogo adecuado.
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