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Cinco años de
espera.
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“Hemos sufrido una agresión que
es producto de una conspiración que es la que no quiere que el Perú progrese, ya sea por intereses externos
o por su ignorancia elemental.”
Alan García, dos días
después de la tragedia.
"Han pasado cinco años desde que los familiares de
los 33 muertos y un desaparecido, en la tragedia conocida como “El Baguazo”, siguen a la espera de una justicia que no sólo es lenta, sino también
esquiva. Han sido cinco años de plantones, de protestas y de vigilias en una
lucha por defender la memoria. Pero también de un abuso sistemático por parte
de un Estado que aún no ve a todos los ciudadanos como iguales. Se trata de la
peor tragedia de nuestro país en la última década y fue gestada por condiciones que siguen
latentes. Dos días después de la tragedia, en el día de la bandera, Alan
García, entonces presidente, se dirigió al país y señaló que lo que había ocurrido en Bagua estaba plenamente justificado. Sin
embargo, todos los testimonios y documentos recabados al respecto, y la opinión
de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el Baguazo, señalan que se trató de un operativo policial a todas
luces errático y que partió tanto de la ignorancia sobre lo que ocurría, como
de la improvisación. El costo fue 33 muertos entre policías y civiles, y un
desaparecido cuya familia espera, aún, encontrar con vida".
"La historia es conocida. Acababa de firmarse el
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y los decretos legislativos
para implementarlo, modificaban el régimen de uso de la tierra y la extracción
de recursos en la selva. Los nativos, lógicamente, iniciaron una protesta en
medio del clima “optimista” que desde el gobierno buscaba implantarse por el
acuerdo firmado. La protesta duró meses,
el bloqueo de la carretera 57 días, pero en Lima nadie parecía notarlo. Aun
así, a tres horas del bloqueo ocurría lo más terrible. La estación 6 de
Petroperú llevaba 54 días de tomada por dos mil nativos. Este fue un dato que la ministra del interior, Mercedes Cabanillas,
no tomó en cuenta al ordenar el operativo. Dentro de la base se encontraban 35
policías y 13 civiles como rehenes y cuando llegó la noticia de que se estaba
desarrollando una lucha en Curva del
Diablo, la tragedia llegó a su clímax. Lo que ocurrió después fue
vergonzoso. Ningún alto mando de la Policía Nacional ha asumido la
responsabilidad por un operativo absurdo. La Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ha gozado hasta
ahora del blindaje aprista. Mercedes
Aráoz, la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien afirmó
que si se derogaban los decretos legislativos podía caerse el TLC (una afirmación a todas luces
falsa), no ha respondido a la justicia. El ex presidente Alan García continúa a
la fecha señalando que lo que ocurrió fue un “asesinato de policías” sin asumir ni un poco de su responsabilidad
en la muerte de estos peruanos".
"Hace poco más de un mes, el 14 de mayo, ha iniciado
el primer proceso judicial por el caso del Baguazo. Sin embargo, se trata de un
proceso en contra de 53 acusados sólo por los hechos de la carretera y no por
la Estación 6 y, sobre todo, se trata de un proceso contra indígenas o líderes de organizaciones awajún y
wampis. Los responsables políticos siguen impunes. Por otro lado,
los familiares de los policías víctimas en esta tragedia se han manifestado
contundentemente y han pedido que se abra una denuncia contra Mercedes
Cabanillas y rechazan la falta de voluntad del Ministerio Público en terminar
la elaboración del expediente correspondiente. Han pasado cinco años de espera
y, lamentablemente, esta no parece llegar a su fin. La ideología de “El Perro
del Hortelano” se mantiene vigente en un reincidente aspirante a la Presidencia
de la República que enfrenta diversas denuncias por casos de corrupción. Mientras tanto, 33 familias siguen
esperando respuestas concretas al dolor de sus pérdidas y una mantiene la
esperanza de ver al mayor Bazán de regreso. La minera Afrodita, cuyas
actividades causaron el conflicto, se mantiene en la zona aunque aparentemente
inactiva. El TLC se mantiene vigente y la Consulta Previa, una de las iniciativas más esperadas por la
población, sigue siendo letra muerta. ¿Es que acaso no hemos aprendido?". OtraMirada. 5-6-2014.
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PERÚ: LOS LÍMITES DE LA JUSTICIA ORDINARIA Y EL BAGUAZO.
"CINCO AÑOS DE ESPERA".
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Luis Hallazi.
Rebelión jueves 5 de junio del 2014.
“(…)
Derrotar las ideologías, absurdas, panteístas que creen que las paredes son
dioses, y el aire son dioses en fin. Volver a esas formas primitivas de
religiosidad, donde se dice: no me toques ese cerro porque es un Apu y están
lleno de espíritus milenarios y no sé qué cosa… bueno si llegamos a eso no
haremos nada, no toques esos peces porque son criaturas del Dios Poseidón,
volvemos a ese animismo primitivo. Yo pienso que necesitamos más educación,
pero ese es un trabajo de largo plazo, eso no se arregla así noma. Porque usted
puede ir a cualquier lugar y la población dice no me toquen a mí esa zona,
porque es un santuario. Y uno se pregunta ¿santuario de qué? Sí, es un
santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los
antepasado están en el Paraíso seguramente. No están ahí” [1].
Recordar esas palabras del
máximo representante de una nación, en el momento cuando ocurrían los violentos
enfrentamientos entre la etnia Awajún- Wampis y las fuerzas policiales, con las
terribles consecuencias que ya todos conocemos; no solo puede indignar, si no
también puede ser la síntesis histórica de la incomprensión cultural de una
nación; o los absurdos de una comunidad imaginada que no puede salir de su
confusión, que se niega y resiste a reconocer su historia.
Parece ser la vuelta al
eterno retorno en palabras de un primer mandatario del siglo XXI que podrían
haber salido de alguna crónica del siglo XVI y que va repitiendo sucesivamente
hasta nuestros días. Pero además, sin echar una mirada al pasado, estas
palabras son la necesidad de hacer evidente la doctrina del perro del
hortelano, como una política económica no solo de Gobierno, sino de Estado,
sin que importe la forma de ser expresada y que posea en cada frase una
transparencia espeluznante.
Awajún-Wampís o la gente de las colinas.
Una dimensión de nuestra
humanidad se expresa en mitos, sin ellos el sentido de nuestra existencia sería
más vacío de lo que para muchos suele ser; para los Awajun-Wampis las cascadas
que bajan de los grandes cerros de la Cordillera del Cóndor constituyen los lugares
privilegiados para encontrar a un espíritu llamado Ajutap, una figura
central en la cosmovisión de los pueblos Awajún –Wampis, que puede ser descrita
como una poderosa esencia impersonal transmitida por los ancestros para
proporcionar fuerza a sus almas. Hoy en día en muchos de estos pueblos, los
rituales de búsqueda del Ajutap siguen siendo practicados. Este espíritu
poderoso es buscado sobre todo por los jóvenes varones, quienes acuden a las tunas
(cascadas en el dialecto regional) que bajan de los cerros entre la Cordillera del Cóndor, allí construyen
una pequeña choza llamada Ayamtai.
Allí toman brebajes alucinógenos de ayahuasca, toé o tabaco y esperan
pacientemente la visión del Ajutap,
bañándose en las aguas sagradas. Los que reciben el don de la visión obtienen
el estatus de Waimako,
“grandes guerreros visionarios”, gozando de ciertos privilegios sociales
dentro de sus comunidades [2].
Los Awajún y Wampís
son etnias de la familia etnolingüística jíbara,
aunque esta denominación de jibaro
fue dada por los españoles en la época de la conquista de manera despectiva,
sin embargo no tardó en hacerse popular, siendo sinónimo del espíritu guerrero
de las etnias Ashuar, Awajun-Wampis y
otros; lo cierto es que ni en medio de la expansión de la civilización Inca,
los pudieron someter, se cuenta que el Inca
Tupa Yupanqui trató de conquistar a los Awajún-Wampis de la ceja de selva en un lugar llamado Bracamoros, pero fracasó, el mismo
cronista español Pedro de Cieza de León, refieren que Huayna Capac, también fracasó y que volvió huyendo de la furia de
los hombres que en esos territorios moraban [3]. Los Awajún-Wampis también se resistieron a ser colonizados por
los españoles durante toda la etapa de la conquista, ya en plena Republica en que recién se instalan los
Nazarenos (1925), primeros
misioneros que realmente logran tener un contacto con dichos pueblos, y después
llegarían los jesuitas que se
establecieron a partir de 1949 [4].
En
ese fatídico 5 de junio se podía divisar a lo lejos rostros
pintados de genipa, lanzas de todo tamaño y cánticos guerreros a lo largo de la
Curva del Diablo; la reminiscencia
de un tiempo de conflictos, donde los Awajún
– Wampis, evocaron la tradición guerrera de los pueblos jíbaros y la
resistencia histórica a cualquier intento de invasión de sus territorios,
cobraba vigencia. Sin embargo, no solo podemos reducir a la etnia Awajun –Wampis como un pueblo
guerrero, las instituciones del Estado, empezando por el Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, para este caso en
concreto deberían reconocer que los territorios donde se desarrolla el pueblo Awajun- Wampis ha tomado
protagonismo no de la noche a la mañana, sino a lo largo de miles de años donde
el pueblo ha logrado una adaptación al entorno ecológico, a través de una
estrategia eficaz de subsistencia, basada en la horticultura, caza, pesca,
recolección y otras formas de interacción con su medio; además de poseer un
sofisticado conocimiento de la flora y
fauna local, que permite un uso racional y sostenible de los recursos
naturales y que se ha trasmitido de manera distinta a toda la población
colindante. En buena cuenta, dichos recursos forman parte de su territorio, de
su hábitat y por tanto son ellos los llamados a protegerlos y defenderlos.
La judicialización de Bagua.
Los
nefastos hechos en Bagua tuvieron como resultado la muerte de
33 personas, 5 indígenas, 5 mestizos de descendencia indígena, 23 policías,
muchos de ellos también de descendencia indígena y el desaparecido Mayor Bazán; además de más de 200 heridos provenientes
de la represión policial en la Curva del
Diablo. Como cualquier sistema que se precie de democrático, se tenía que
esclarecer los hechos, analizar por ejemplo bajo qué situación se produce el
desalojo, si acaso se pudo prever el desenvolvimiento de estos hechos, cual es
la responsabilidad de las autoridades implicadas, es apropiada la justicia
ordinaria para juzgar a indígenas
Awajun-Wampis y en función de todo ello poder establecer las
responsabilidades individuales y colectivas.
A cinco años de los
hechos, se ha iniciado uno de los tres procesos abiertos, el primer juicio oral
por los sucesos en la Curva del Diablo;
los otros dos son los casos de la Estación 6 y el caso de la desaparición del Mayor Bazán. Se trata de un proceso
judicial que involucra al menos a 80
procesados, 53 en la Curva del Diablo y 26 en la Estación 6 [5], casi la
totalidad de los procesados son de comunidades indígenas Awajún- Wampis, que en su mayoría tienen como lengua
materna el Awajún; muchos de ellos no entienden ni hablan el
castellano, poseen sus propias prácticas y costumbres tradicionales que
conforman su derecho consuetudinario que además cuentan con sus propias
estructuras institucionales [6] las
cuales poseen normas que les han permitido vivir en armonía; son, aunque al
Estado le cueste admitir, una sociedad culturalmente distinta a las peruanos de
las urbes.
Bajo esta lógica no se
trata de un proceso judicial
cualquiera o llamado ordinario, donde una organización criminal delinque en las
ciudades o alrededor de ellas, no se trata de un juicio donde a través de
procedimientos establecidos se puede individualizar la responsabilidad de los
80 procesados escogidos de manera aleatoria, sin ni siquiera tener resultados
objetivos de las pruebas balísticas que demuestren su culpabilidad. El proceso judicial ordinario que enfrenta
los 53 procesados se enfrenta a una lógica distinta, una lógica que pone a
prueba los instrumentos jurídicos vigentes, que a todas luces son insuficientes
para tratar de esclarecer la verdad de los hechos de Bagua. No obstante, este
sistema judicial ordinario si tiene las capacidades para establecer un proceso
judicial a los responsables políticos que dieron las órdenes para reprimir de
manera desproporcional y generar estas consecuencias
(33 muertos 1 desaparecido) de la misma manera como para establecer avances
efectivos y transparente de un proceso abierto a los responsables militares;
sin embargo, recordemos que la Sala Penal y de Apelaciones descartó la presentación
de los testimonios del ex presidente
Alan García, de los ex ministros
Mercedes Cabanillas, Yehude Simon y Mercedes Araos, así como del ex
director de la PNP, José Sánchez Farfán;
sólo admitió los testimonios de dos miembros militares, Javier Uribe y Elias Muguruza. Esta situación de trato
discriminatorio y evidente desequilibrio a la hora de juzgar a los implicados,
demuestran que el sistema judicial ordinario lo que busca es culpables; culpables que le permitan cumplir con
procedimientos penales de mero trámite y que mejores candidatos que aquellos
que están fuera del sistema.
Límites de la justicia ordinaria hacia una
justicia intercultural
Parece estar claro que los
más de 80 implicados en los hechos de
Bagua están tratando de ser juzgados con un sistema de justicia que no es
el adecuado. Un sistema judicial que hace 200 años juzga a indígenas en una
lengua distinta a la suya, sin las garantías de un debido proceso culturalmente
adaptado a realidades de los sujetos a juzgar, un sistema judicial que todo
peruano de la urbe conoce sus deficiencias.
Recordemos que tanto la
justicia ordinaria como la justicia comunal gozan de autonomía Constitucional; en el caso de la justicia comunal
amparada en el artículo 2 inciso 19,
la pluralidad étnica y cultural de la nación, art. 89, la existencia legal y
autonomía de las comunidades campesinas y comunidades nativas y art. 149, el
derecho a la Justicia Comunal de las
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas; además el
nuevo Código Procesal Penal, en el
artículo 18, inciso 3, reconoce el derecho de una Justicia Comunal. Sin embargo
por razones prácticas y asimilacionistas el Estado solo ha fortalecido a una;
hechos como el de Bagua demuestran que es necesario identificar los elementos
que la justicia comunal hubiera aportado para intentar reconstruir los hechos y
llegar a una verdad jurídica, que respete las diferencias culturales.
No
es un problema de leyes, el Perú cuenta con normas
suficientes pero nadie las cumple, el Poder Judicial desde 2009 comenzó́ un
proceso importante de reformas para darle mayor reconocimiento y validez a la
administración de justicia comunal y la
justicia de paz (Ley 29824) y teniendo un proyecto de Ley de coordinación
de instancias entre la administración de justicia estatal y la administración
de justicia comunitaria. Por otro lado, es cierto que ningún sistema te brinda
todas las garantías necesarias, pero debemos partir que ambas justicas son
incompletas y que un sistema judicial intercultural es el que permitiría
establecer las conexiones de ambas realidades y tener la posibilidad de juzgar
en mejores condiciones.
Finalmente, el límite de
ambos sistemas, son los derechos
humanos. Sin embargo el caso Bagua
está obedeciendo a una lógica contraria, por lo que es necesario primero
identificar los diferentes vulneraciones a los derechos humanos y los vicios de
nulidad que está trayendo el proceso, para lo cual se necesita una coordinación
permanente entre los acusados y principalmente los abogados de estos. A la vez,
es necesario abrir otro frente para que el Estado reconozca las
particularidades de este proceso y busque darle un trato diferente que permita
al menos llevar un juicio que derive en la absolución de los implicados o en la
aplicación de la Ley de Amnistía
para los indígenas acusados. Los diferentes actores deben incidir en el Estado
para que sepa que esta es una oportunidad más para la reconciliación con los pueblos indígenas
del Perú y la aplicación con buena fe de todas las prerrogativas que le
corresponden, para que Bagua no se repita.
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Notas
2]- Garra Simone,
El deperatar de Kumpanam: Historia y mito en el marco de un conlcito
socioambiental en la Amazónia, Revista Anthropológica /Año XXX N° 30. 2012.
5]- Castillo Fernández Marlene,
¿Justicia o Injusticia que lleva 59 meses?: el Juicio a los 53 procesados del
caso Curva del Diablo, sin juicio a los responsables políticos y militares.
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