El mecanismo más empleado para mover ilícitamente el dinero fuera de los
países en desarrollo ha
sido la falsa facturación en el comercio (manipulación de los precios de
transferencia), la cual representa el 77.8% del total de flujos financieros
ilícitos fugados entre 2003 y 2012.
En el 2012 se registraron 991,2 mil millones de dólares como flujos
ilícitos que fugaron de economías en desarrollo, siendo ese año el máximo registrado en los últimos 10
años. Estos flujos representaron salidas de capitales que provienen de
actividades comerciales de empresas, la delincuencia, la corrupción y otras
actividades ilícitas. Para este
mismo periodo la ayuda oficial al desarrollo fue 89.7 mil millones de dólares
y la inversión extranjera directa 789,3 mil millones, lo cual significa que los
flujos ilícitos representaron aproximadamente 1,3 la inversión extranjera directa, y 11,1 veces la ayuda oficial al
desarrollo que recibieron las economías en desarrollo.
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Los países con mayor salida de flujos ilícitos en
relación a su PBI, también son aquellos que registran altos niveles de pobreza
como Nicaragua, Honduras y Paraguay, que alcanzan niveles de pobreza que
fluctúan entre el 69% y 49 % de su población, superando el promedio de la
región, confirmando que existe una correlación positiva entre los flujos
financieros ilícitos y los índices de pobreza.
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CÓMO PIERDE
DINERO AMÉRICA LATINA.
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Jessica
Portocarrero.
ALAI
miércoles 29 de julio del 2015.
ALAI AMLATINA, 29/07/2015.- Cada año los Estados pierden miles de millones de dólares
por impuestos que no pueden recaudar, fortunas que salen de sus fronteras sin
que las puedan detectar, dinero producto de la actividad criminal, de la
corrupción y, sobre todo, de la actividad comercial. De forma directa,
los flujos financieros ilícitos erosionan las bases imponibles de los países,
frenan y retrasan el desarrollo, afectan a la población e incrementan las
brechas de la desigualdad pues recortan los recursos financieros que los gobiernos
podrían destinar a programas sociales básicos como salud, alimentación y
educación.
La pérdida por flujos financieros ilícitos en América
Latina se ha incrementado en la última década en más del 100%; problemas como
la evasión y elusión fiscal obstaculizan el desarrollo de la región.
Según el último Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza afectó en 2014 al
28% de la población y la indigencia aumentó a 12% respecto a 2012, estas cifras
revelan un estancamiento en el proceso de reducción de la pobreza. Es
claro que, entre algunas de las medidas que requieren ser abordadas
urgentemente para revertir esta situación, los países deben frenar las salidas
de estos flujos y generar entradas a través de una mayor recaudación que
permita invertir en el sector social.
Las últimas cifras sobre los flujos financieros ilícitos
publicadas por Global Financial Integrity [1], muestran que los países en desarrollo,
dentro de ellos América Latina, han perdido 6,6 billones de dólares entre el
2003-2012, de los cuales alrededor de 1.5 billones de dólares se refieren a
fugas en la balanza de pagos; es decir dinero no registrado ni relacionado con
las cuentas del Estado, lo cual representa alrededor del 23% del total.
Estos flujos tienen una tendencia creciente y se han incrementado en promedio
9.4% cada año, lo cual revela que las medidas para combatir dichos flujos son
insuficientes y no cuentan con la institucionalidad necesaria.
El mecanismo más empleado para mover ilícitamente el
dinero fuera de los países en desarrollo ha sido la falsa facturación en el
comercio (manipulación de los precios de transferencia), la cual representa el
77.8% del total de flujos financieros ilícitos fugados entre 2003 y 2012.
Los montos perdidos por los flujos financieros ilícitos a
lo largo de la última década son los mismos que hacen falta para generar
propuestas públicas destinadas al desarrollo y el cumplimiento de los objetivos
sociales como la erradicación de la pobreza, acceso a servicios de salud
gratuitos y educación de calidad.
En el 2012 se registraron 991,2 mil millones de dólares
como flujos ilícitos que fugaron de economías en desarrollo, siendo ese año el
máximo registrado en los últimos 10 años. Estos flujos representaron
salidas de capitales que provienen de actividades comerciales de empresas, la
delincuencia, la corrupción y otras actividades ilícitas. Para este mismo
periodo la ayuda oficial al desarrollo fue 89.7 mil millones de dólares y la
inversión extranjera directa 789,3 mil millones, lo cual significa que los
flujos ilícitos representaron aproximadamente 1,3 la inversión extranjera
directa, y 11,1 veces la ayuda oficial al desarrollo que recibieron las
economías en desarrollo.
En lo que se refiere a América Latina solo en el 2012 los
flujos ilícitos significaron más de 150 mil millones de dólares, lo que
representó aproximadamente el 3% del PBI de la región. Este monto es
superior a la inversión extranjera directa y 15 veces más que lo que recibe
como ayuda oficial al desarrollo. Las tasas de evasión fiscal del IVA
fluctuaron entre 17,8% y 37%, y la evasión del impuesto sobre la renta varió
entre 46% y el 49% de la recaudación total para el período comprendido entre 2006
y 2010, esta evasión es cerca del 1% del PBI de la región. [2]
Dentro de los países de la región cinco de ellos se
encuentran entre los veinte primeros países del mundo que perdieron más debido
a los flujos financieros ilícitos en el periodo 2003-2012. Chile ocupa el
lugar veinte con 45,6 mil millones de dólares, Panamá está en el puesto
dieciocho con 48,4 mil millones, Costa Rica es el décimo cuarto con 94 mil
millones, Brasil ocupa el séptimo puesto, los flujos ilícitos de este país
representan el 1.5% del PBI y México es el tercero del mundo (y primero en la
región) después de China y Rusia, con 514 mil millones.
En el caso de Costa Rica, este monto representa el 47% de
su PBI, siendo el máximo dentro de toda la región seguido por Nicaragua,
Honduras y Paraguay. Los flujos ilícitos salidos de estos países
representan en promedio el 20% de su PBI en 2012.
Los países con mayor salida de flujos ilícitos en
relación a su PBI, también son aquellos que registran altos niveles de pobreza
como Nicaragua, Honduras y Paraguay, que alcanzan niveles de pobreza que
fluctúan entre el 69% y 49 % de su población, superando el promedio de la
región, confirmando que existe una correlación positiva entre los flujos
financieros ilícitos y los índices de pobreza.
Estas cifras significan que cada año los países de la región pierden enormes ingresos tributarios que pueden ser empleados en políticas de desarrollo; dada la magnitud de los montos involucrados en estas actividades, los flujos financieros ilícitos son una de las principales limitantes para el progreso de los países en desarrollo minando así la estructura de los Estados.
Estas cifras significan que cada año los países de la región pierden enormes ingresos tributarios que pueden ser empleados en políticas de desarrollo; dada la magnitud de los montos involucrados en estas actividades, los flujos financieros ilícitos son una de las principales limitantes para el progreso de los países en desarrollo minando así la estructura de los Estados.
Sin embargo la salida de los flujos ilícitos no sería
viable, sin la existencia de facilitadores, los cuales brindan servicios de
offshore [3]. Los
facilitadores son entidades de profesionales que actúan como intermediarios
para que las empresas y personas adineradas puedan sacar su riqueza del país
hacia paraísos fiscales, proporcionándoles estructuras jurídicas y esquemas de
planificación impositiva.
Dentro de los principales facilitadores están las grandes
firmas contables e impositivas, encargadas de diseñar, desde las casas
matrices, la planificación fiscal internacional de todo el grupo
económico. Los grandes estudios de abogados son los creadores de las
estructuras jurídicas necesarias para poner en marcha los esquemas fiscales y
financieros y de defenderlos ante los tribunales.
Los bancos internacionales ofrecen los canales de transferencia de los capitales y administran las inversiones de los grandes ricos globales y de las corporaciones, tal como lo sucedido en el caso del Banco HSBC en Argentina donde se descubrió la apertura y ocultamiento de 4040 cuentas no declaradas de empresas e inversores argentinos por aproximadamente 3000 millones de dólares en una sucursal suiza del Banco.
Los bancos internacionales ofrecen los canales de transferencia de los capitales y administran las inversiones de los grandes ricos globales y de las corporaciones, tal como lo sucedido en el caso del Banco HSBC en Argentina donde se descubrió la apertura y ocultamiento de 4040 cuentas no declaradas de empresas e inversores argentinos por aproximadamente 3000 millones de dólares en una sucursal suiza del Banco.
Ante esta situación, el reto de la región es frenar los
flujos ilícitos provenientes del lavado de dinero, fuga de capitales y las
malas prácticas de las multinacionales, las cuales se valen, además, de una
serie de acuerdos tributarios que terminan siendo acuerdos para eludir
impuestos.
Para poner fin a este tipo de actividades es necesario
que los gobiernos construyan e impulsen mecanismos de integridad y trasparencia
financiera, una administración tributaria eficiente, permitiendo controlar la
evasión y la elusión tributaria.
Es en ese sentido que actualmente se viene presionando
desde la sociedad civil para incorporar mecanismos que promuevan la
transparencia de las empresas transnacionales, que incluyen:
+ Reporte público país por país
En la actualidad, ni las administraciones tributarias, ni
la ciudadanía conocen la forma en que se estructuran las empresas
transnacionales. El reporte financiero país por país les impone la
obligación de divulgar con precisión todas las subsidiarias que tienen en el
mundo, su número de trabajadores, el volumen del negocio, las ganancias
obtenidas y los impuestos pagados. Dicha información permite ubicar
rápidamente los esquemas agresivos de elusión tributaria y los paraísos
fiscales usados como soporte. Es clave que esta información sea de
carácter público a fin de que autoridades, prensa y sociedad civil puedan
acceder a ella.
+ Registro público de los beneficiarios efectivo.
Si bien es fundamental el reporte país por país de
carácter público, se requiere además conocer a los beneficiarios reales de las
empresas, fundaciones y fideicomisos que sirven como fachada muchas veces para
no pagar impuestos. Estos beneficiarios deben estar listados en registros
de carácter público.
Y del mismo modo impulsando medidas para lograr la
transparencia fiscal y cooperación entre los Estados a través de:
+ Intercambio multilateral y automático de información.
Los Estados de la región y el mundo deben implementar
mecanismos eficaces para intercambiar información tributaria de manera
multilateral entre todos y automáticamente. Apenas una persona física o
jurídica abre una cuenta bancaria, la administración tributaria recolecta y
reenvía esa información al país de origen de esa persona a fin de identificar si
hay elusión, evasión o fraude.
+ Intercambio no recíproco a favor de los países en desarrollo durante un periodo de transición.
+ Intercambio no recíproco a favor de los países en desarrollo durante un periodo de transición.
Los Estados con mayor poder agrupados en el G-20 y la
Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE) se organizan para el intercambio
arriba descrito, pero se excluye a los países en desarrollo que aún no tienen
capacidad para implementarlo. Por ello es importante que el intercambio
de información empiece, en primer lugar y sin reciprocidad, desde estos
países y los paraísos fiscales hacia la mayoría de países de América Latina y
el Caribe
Notas.-
[1] Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012 Dev Kar and
Joseph Spanjers December 2014.
[2] Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
[3] “Industria offshore” se refiere a los servicios para el perfeccionamiento de la fuga de capitales.
[3] “Industria offshore” se refiere a los servicios para el perfeccionamiento de la fuga de capitales.
- Jessica Portocarrero es Economista. Ha trabajado en el área de Coordinación académica de la
Especialidad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Actualmente forma parte del equipo de la Secretaría de LATINDADD.
* Artículo
publicado en la edición 506 (julio 2015) de la revista América Latina en
Movimiento, sobre “La hora de la justicia fiscal” -
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