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"Hace 16 años,
buena parte de los dirigentes políticos y comunitarios más significados de la
región habían sido judicializados por el Estado colombiano y estaban en la
cárcel. Varios líderes sociales fueron
asesinados por la brigada del ejército encargada de custodiar las
instalaciones petroleras. Bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, coincidiendo con la entrada de Repsol en Arauca, el departamento
registró los índices de violencia política más altos de todo el país. En ese
contexto, asociada con la estatal
Ecopetrol y con la transnacional estadounidense Oxy, operaba la multinacional de matriz española. En ese contexto
sigue operando a día de hoy.
"En
el caso de Repsol, pudimos comprobar la coincidencia espacial y temporal de los
intereses de la multinacional española con la arremetida de los paramilitares,
el ejército y la policía contra las organizaciones sociales de la región
"Casi nunca se han podido demostrar los nexos de las
transnacionales extractivas con los grupos armados al margen de la ley ni con
las fuerzas públicas de seguridad. Solo las disputas por el control territorial
permitieron aflorar estas relaciones en otros casos, como los de BP o Drummond. Lo que sí pudimos comprobar, en el caso de Repsol,
fue la coincidencia espacial y temporal de los intereses de la multinacional
española con la arremetida de los paramilitares, el ejército y la policía
contra las organizaciones sociales de la región. De manera análoga a lo que
ocurría —y sigue ocurriendo— en el resto del
país, los grupos armados legales o ilegales limpiaban la zona de opositores
antes de que las compañías extractivas comenzaran con sus operaciones".
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Fuentes: El salto [Imagen: Playa Cavero ha sido una de las zonas más afectadas por el derrame ocasionado por Repsol durante el transporte de crudo desde la refinería La Pampilla al buque italiano Mare Duricum | Foto: Ramón P. Yelo]
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REPSOL
EN PERÚ: CRÍMENES ECOLÓGICOS EN LA “RECONSTRUCCIÓN” DEL CAPITALISMO ESPAÑOL.
*****
Por Pedro
Ramiro, Juan Hernández Zubizarreta y Erika González |01/29/2022| Ecología
Social.
Fuentes.
Rebelión sábado 29 de enero del 2022.
Si
la “reconstrucción” del capitalismo español se articula sobre la noción de
diligencia debida y no se confrontan los intereses de las grandes empresas y
fondos de inversión, seguirán sucediéndose casos como los de Repsol en Perú, El
Corte Inglés y Mango en Bangladesh, Inditex en Marruecos o ACS en Guatemala.
Transición energética sin tocar a las eléctricas,
movilidad sostenible sin tocar a las automovilísticas, rehabilitación de
viviendas sin tocar a las constructoras, regulación de alquileres sin tocar al
capital financiero, alimentación saludable sin tocar a las industrias cárnicas,
nueva estrategia de acción exterior sin tocar a “nuestras empresas”. Los grandes
empresarios respiran tranquilos, la patronal respalda al gobierno, las fuerzas
de seguridad reprimen en ciudades y fronteras, la transición ecológica se queda
en un greenwashing de
saldo, las corporaciones y fondos de inversión transnacionales reactivan sus
negocios y se disponen a recibir los dividendos de otro ciclo corto de
crecimiento y acumulación.
Las propuestas para la “recuperación económica” nos teletransportan tres décadas atrás:
más ladrillo, más turistas, más internacionalización empresarial. El Estado
operando como garante del rescate permanente de las grandes compañías y bancos.
Las multinacionales abanderando la “transformación
y resiliencia” de la economía española para embolsarse los fondos europeos
y huir hacia adelante. La especialización clásica del Spanish model tratando
de resurgir con una mano de barniz verde y digital.
No hay capa de pintura, aun así, que pueda tapar la
forma de operar habitual de las compañías que lideran la España-marca. Sus impactos socioecológicos nos retrotraen también a
hace veinte años. En realidad, nunca han dejado de estar ahí: vertidos de
hidrocarburos, contaminación de aguas y tierras, desplazamiento forzado de
comunidades locales y pueblos indígenas, criminalización y hostigamiento de
líderes sociales… El derrame de Repsol en Perú es el penúltimo ejemplo de que la
responsabilidad social corporativa y la diligencia debida son conceptos que
están muy bien para rellenar cientos de papers y seminarios,
además de para dar color a las memorias anuales de las grandes empresas, pero
no valen de nada para cambiar mínimamente su modus operandi.
De
Colombia a Perú
En 2006
hicimos una investigación sobre los impactos de Repsol en Colombia. Para ello, las organizaciones sociales de Arauca, el departamento fronterizo con Venezuela en el que la petrolera tenía sus mayores campos, nos
alojaron durante un mes en su sede en Saravena. Allí se refugiaban decenas de líderes sociales amenazados y desplazados
de sus comunidades por la arremetida de la ofensiva entre paramilitares,
ejército y grupos insurgentes. La semana pasada, la explosión de
un coche bomba destruyó la sede.
Hace 16 años,
buena parte de los dirigentes políticos y comunitarios más significados de la
región habían sido judicializados por el Estado colombiano y estaban en la
cárcel. Varios líderes sociales fueron
asesinados por la brigada del ejército encargada de custodiar las
instalaciones petroleras. Bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, coincidiendo con la entrada de Repsol en Arauca, el departamento
registró los índices de violencia política más altos de todo el país. En ese
contexto, asociada con la estatal
Ecopetrol y con la transnacional estadounidense Oxy, operaba la multinacional de matriz española. En ese contexto
sigue operando a día de hoy.
En
el caso de Repsol, pudimos comprobar la coincidencia espacial y temporal de los
intereses de la multinacional española con la arremetida de los paramilitares,
el ejército y la policía contra las organizaciones sociales de la región
Casi nunca se han podido demostrar los nexos de las
transnacionales extractivas con los grupos armados al margen de la ley ni con
las fuerzas públicas de seguridad. Solo las disputas por el control territorial
permitieron aflorar estas relaciones en otros casos, como los de BP o Drummond. Lo que sí pudimos comprobar, en el caso de Repsol,
fue la coincidencia espacial y temporal de los intereses de la multinacional
española con la arremetida de los paramilitares, el ejército y la policía
contra las organizaciones sociales de la región. De manera análoga a lo que
ocurría —y sigue ocurriendo— en el resto del
país, los grupos armados legales o ilegales limpiaban la zona de opositores
antes de que las compañías extractivas comenzaran con sus operaciones.
En los años
2006, 2008 y 2010, en tres
audiencias celebradas sucesivamente en Viena,
Lima y Madrid, Repsol fue denunciada ante el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP). Además de por sus impactos en Colombia, la transnacional fue acusada
de operar en 17 resguardos indígenas en
Bolivia, de contaminar el territorio
mapuche en Argentina y el huaorani
en Ecuador, de extender el proyecto
gasífero de Camisea sobre cuatro
áreas protegidas en Perú. En América Latina,
los impactos ambientales de Repsol y
las demás corporaciones minero-energéticas van desde las secuelas que han
dejado los megaproyectos hidroeléctricos hasta los efectos del extractivismo en áreas de gran
biodiversidad. En muchos de estos ecosistemas habitan diferentes pueblos indígenas que se ven afectados
por la apropiación de sus medios de producción ancestral, la destrucción de
zonas de elevado valor social y espiritual, la discriminación racial y
cultural, el desplazamiento forzado de sus territorios.
Todos estos casos, puede leerse en la sentencia final del TPP,
“deben
ser considerados no aisladamente en su significación individual, sino como
expresión de un muy amplio espectro de violaciones y responsabilidades que, por
el carácter sistemático de las prácticas correspondientes, configuran una
situación que ilustra con claridad el verdadero papel tanto de las transnacionales
europeas, como de la UE y sus Estados miembros”.
De
las desinversiones al apoyo estatal
Tras la expropiación hace diez años de YPF, cuya
adquisición a finales de los 90 llegó a convertir a Repsol en la mayor transnacional petrolera de América Latina, la
multinacional española logró remontar el vuelo gracias a la combinación de una
serie de factores: reducción de plantilla, fomento de
la subcontratación, devaluación salarial y revisión a la baja de las
condiciones laborales, desinversiones y ventas de
activos, aumento de la presencia en paraísos fiscales, reordenación
de negocios a nivel global. Lo mismo que hicieron en la pasada década, al fin y
al cabo, el resto de las grandes empresas que lideran el capitalismo español.
Según su plan estratégico, Repsol pretende pasar de desarrollar operaciones en 26 países en
2020 a concentrarse en 14 un lustro después. La compañía se está adaptando a la
transición energética —que, como suele decir Andreu Escrivà, se confunde
interesadamente con la transición ecológica— y ha consolidado su entrada en
el mercado eléctrico español. Para las grandes del Ibex-35, las desinversiones han sido fundamentales para sortear un
contexto político-económico poco favorable para sus intereses; dicho de otro
modo, les han servido para hacer caja, reducir deuda y rebajar costes. En buena parte de los países donde tuvieron
fuertes conflictos sociales o ambientales, las multinacionales españolas
terminaron por vender sus filiales. A finales del año pasado, Repsol vendió
todos sus activos en Ecuador.
Después
del crash de 2008, Repsol y otras 14 compañías españolas se aseguraron compras
de deuda por un valor de más de 10.000 millones de euros
Pero no habría habido ninguna “recuperación” sin el apoyo de las instituciones estatales. El
Estado, que siempre se ha constituido como el soporte político-económico
fundamental para la expansión global de las grandes corporaciones, se ha vuelto ahora todavía más esencial
para impedir las quiebras empresariales y hacer rentables las inversiones que
demanda la nueva ola de “capitalismo verde”. Después del crash de
2008, la recuperación de los beneficios empresariales se articuló en base a
tres pilares: la reactivación del ciclo
inmobiliario-financiero, la potenciación de la llegada de turistas
internacionales y el aprovechamiento de los réditos de la internacionalización
acometida en las dos décadas anteriores. Sin olvidar que también fueron
esenciales las inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo: Repsol y otras 14 compañías españolas se
aseguraron compras de deuda por un valor de más de 10.000 millones de euros.
Durante la pandemia, y en el marco de la “reconstrucción” que se viene,
el instrumento central para el sostenimiento de los dividendos empresariales ha
sido el Estado. Avales del ICO a
créditos bancarios, compras de pagarés empresariales, entrada en el
accionariado de empresas estratégicas a través de la SEPI, más adquisiciones de deuda por parte del BCE, subvención de costes laborales con los ERTE, activación de nuevos nichos de negocio con el
programa Next Generation.
Repsol pretende movilizar 6.000 millones de euros, sobre
todo con la burbuja del hidrógeno, gracias a
los fondos europeos.
El
Estado ha asumido un riesgo superior a 13.000 millones de euros por los
negocios privados de empresas como Repsol, Abengoa, Elecnor y Técnicas
Reunidas; y bancos como Santander y BBVA
Repsol en Perú. Crímenes Ecológicos, en la "Reconstrucción" del capitalismo español.***
Los créditos
bancarios concedidos a Repsol para las obras de ampliación de la refinería La Pampilla,
origen del vertido de estos días en Perú, han sido
asegurados por la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Esta
entidad público-privada, que cuenta con participación mayoritaria del Estado
español en su accionariado, se dedica a responder por los riesgos de la
expansión internacional de los negocios de las grandes empresas españolas. A
través de los distintos tipos de seguros que han contratado las grandes
corporaciones con CESCE, el Estado
ha asumido un riesgo superior a 13.000
millones de euros por los negocios privados de empresas como Repsol, Abengoa, Elecnor y Técnicas Reunidas; y bancos como Santander
y BBVA.
Cada vez que las multinacionales españolas han
estado en el centro de conflictos que pudieran poner en peligro sus ganancias,
el Estado ha acudido al rescate. Cuando en 2012 el gobierno de Cristina Fernández decidió nacionalizar su filial
argentina, tanto el ejecutivo de Rajoy como la oposición liderada por Rubalcaba,
junto con los grandes medios de
comunicación, salieron al unísono a defender a Repsol. Hasta ahora, sin
embargo, en la mayoría de los medios, partidos y sindicatos
españoles solo ha habido silencio e indiferencia ante los graves impactos sobre
el medio ambiente y las vulneraciones de los derechos de las comunidades
locales afectadas por Repsol. La embajada de España en Perú ha
lamentado los efectos del vertido provocado por “una compañía española”.
De
la RSC a la diligencia debida
“No creo que
seamos colonizadores ni conquistadores ni nada parecido. Yo creo que España,
cuando llegó a aquel continente, lo liberó de un poder brutal, salvaje,
caníbal”, decía Toni Cantó refiriéndose a América Latina para calentar el
último 12 de octubre. La recuperación
del discurso de la colonia y la escalada verbal de aquellos días se entiende
básicamente en clave interna, para consumo propio en la guerra particular de la
derecha por ver quién es más trumpista.
De hecho, este discurso neofascista
impulsado por la internacional reaccionaria resulta contrario a los intereses
de las multinacionales españolas, que llevan años tratando de huir de la imagen
de colonizadores que saquean el continente. La defensa de los negocios de la
Marca España no suele pasar por una visión imperialista: desde hace cuatro
décadas, todos los gobiernos españoles han impulsado la expansión de las
grandes empresas con el mantra del crecimiento, el empleo, el desarrollo
sostenible y la “responsabilidad
social”.
Lo que ocurre es que, con razón, se ha extendido
por todo el continente la percepción de que las grandes corporaciones son las máximas
responsables de la desregulación del mercado laboral, el expolio de los
bienes naturales, la privatización de los servicios públicos, el desplazamiento
de los pueblos indígenas o el deterioro de los ecosistemas de la región. No es
solo que las mayorías sociales no accedan por el mito del “efecto goteo” a los dividendos del proceso de expansión de estas
compañías, es que una y otra vez se ven directamente afectadas por los impactos socioecológicos de
sus negocios.
Repsol
opera en Colombia a través de filiales y subcontratas, así puede desligarse de
cualquier compromiso con las poblaciones afectadas por sus actividades en el
contexto del conflicto armado
La
deslocalización de las operaciones de las grandes empresas por todo el mundo es tan importante para rebajar
costes laborales como para desdibujar los contornos de sus responsabilidades
legales. Repsol opera en Colombia a
través de filiales y subcontratas, así puede desligarse de cualquier compromiso
con las poblaciones afectadas por sus actividades en el contexto del conflicto
armado. Repsol echa la culpa del derrame
a las instituciones públicas de Perú por no
dar la alerta a tiempo. Y mientras
dice en su web que
“aseguramos
la gestión proactiva del riesgo en todo el ciclo de las actividades con objeto
de prevenir daños en las personas y en los bienes, minimizando el impacto sobre
el entorno”, la compañía ha externalizado en pésimas condiciones las tareas
de limpieza del vertido, ya que ni
siquiera dispone de equipos propios especializados para hacerlo.
Hace décadas
que se vienen demandando normas internacionales
para juzgar a las empresas
transnacionales. Pero todas las propuestas, desde los años 70 hasta hoy, se han ido obstaculizando con una mezcla de
argumentos técnicos y pragmáticos. Primero
vino el auge de la responsabilidad
social corporativa y los códigos de conducta, que entronizaron el soft
law y los mecanismos de autorregulación. Después llegó el bloqueo de cualquier norma que pudiera resultar
mínimamente vinculante y la colonización de la voluntariedad en el seno de Naciones Unidas. Luego, la reforma de las legislaciones nacionales
que pudieran contemplar grietas por donde colarse para controlar a las
transnacionales, como sucedió en España con la modificación de la jurisdicción
universal.
Más tarde, se
impidió el avance del instrumento internacional jurídicamente vinculante en la
ONU con la justificación del “consenso” y se promovió la diligencia debida, con la
unilateralidad como elemento central de las propuestas pseudonormativas que se
están barajando en la actualidad. En todo este bloqueo de la posibilidad de
instaurar mecanismos efectivos para controlar a las transnacionales ha sido
fundamental el rol jugado por la Organización
Internacional de Empleadores y la Cámara de Comercio Internacional, que
actúan como los agentes principales del boicot normativo al respeto de los
derechos humanos.
Repsol derrame de petróleo en el mar: Ventanilla Perú, con más de 11,900 barriles. Tres veces mintió sobre la cantidad y sigue mintiendo sobre su responsabilidad. Ha cometido un Ecocidio contra nuestros Ecosistemas.-***
Un
primer paso, sería que Repsol cumpliera las
normas internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, tal y como
ocurre con los acuerdos de comercio e inversión
Y en esas
estamos: todavía tendremos que esperar
que, porque una directiva europea obligue formalmente a las grandes compañías a
tener planes de riesgos para evitar los impactos de sus operaciones, estas
vayan a cambiar su forma de actuar. Este tipo de planes de diligencia debida,
por sí solos, no son un pequeño avance, ni un primer paso, ni sirven para la defensa de los derechos humanos. Otra
cosa bien diferente es que fueran incluidos como un elemento adicional dentro
de una ley marco que contemplase mecanismos
efectivos de evaluación, seguimiento, control y sanción. Un primer paso,
para empezar, sería que Repsol cumpliera directamente las normas
internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, tal y como ocurre
con los acuerdos de comercio e inversión.
De
los crímenes ecológicos al fin de la impunidad
Repsol ha
provocado un desastre ecológico en Perú. Repsol es responsable de un crimen
ecológico internacional. Repsol, tanto sus directivos como la propia empresa,
debería ser juzgada en tribunales nacionales e internacionales.
La presencia de las grandes empresas españolas en América Latina no puede entenderse
sin el apoyo permanente del Estado
español: una gran alianza
público-privada que blinda los negocios de multinacionales como Repsol, pero se pone de perfil a la
hora de exigirles responsabilidades. La exigencia de obligaciones
extraterritoriales a las grandes compañías no encalla por un problema de
técnica jurídica, sino de voluntad política.
Una propuesta técnicamente viable para avanzar en
esta línea son los Principios de Madrid–Buenos Aires, que tipifican los
crímenes económicos y medioambientales de persecución universal, y que ahora
deberían aplicarse a la multinacional española. Estos principios incluyen la
explotación ilícita de bienes naturales que afecten gravemente a la salud, a la vida o a la convivencia
pacífica de las personas con el entorno natural, así como la destrucción irreversible de ecosistemas. En
base a los mismos, casos como el de
Repsol entrarían dentro de la categoría
de ecocidio y podrían ser juzgados aquí.
Las actuales
expresiones normativas fundamentadas en la diligencia debida,
sin embargo, dejan en la impunidad el crimen ecológico internacional cometido
por Repsol. De ahí que siga siendo
imprescindible, como dice la resolución aprobada en 2014 por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, que se instauren normas universales de carácter
vinculante para plantear controles y sanciones a las empresas transnacionales
más allá de dónde sitúen su domicilio fiscal. En la misma línea que lo que exigió Salvador Allende ante la asamblea
general de Naciones Unidas en 1972, si cabe aún con más fuerza ante la
aceleración de la expansión del poder corporativo en estos cincuenta años, es
necesario un tratado internacional para
controlar crímenes como los cometidos por Repsol, que incluya una corte mundial para
sancionar la impunidad corporativa.
En el ámbito estatal, la propuesta de ley sobre
empresas y derechos humanos que el gobierno
español prevé presentar este año —así ha sido incluida en el Plan Anual Normativo— debe
sustituir la centralidad de la diligencia debida por propuestas claras y
precisas que aborden el control de las prácticas internacionales de las empresas
transnacionales. La exigibilidad y la
justiciabilidad tienen que desplazar a la unilateralidad, pieza esencial de la
diligencia debida. Ha de reafirmarse la primacía de las normas de derechos
humanos sobre las reglas de comercio e inversión, a la vez que los derechos sociales, laborales y ambientales
deben dejar de ser considerados por Estados
y empresas como “desventajas
competitivas”.
La futura ley tendría que incluir también el cumplimiento
directo por parte de las empresas transnacionales de las obligaciones
internacionales de derechos humanos y medioambientales; la triple imputación —penal, civil y administrativa— de las
personas físicas y jurídicas que tomaron la decisión incriminada; la
responsabilidad solidaria de las multinacionales por las actividades de sus
filiales, proveedoras y subcontratistas; los
mecanismos efectivos para la reparación de los daños sufridos por las víctimas
y un centro de empresas que sustituya las auditorías privadas por la
investigación público-social. Si quiere proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas
por las empresas transnacionales, el Estado
español debe codificar sus obligaciones extraterritoriales al respecto.
***
En los últimos veinte años, la voluntariedad y la unilateralidad empresariales han sido funcionales
para dejar en el limbo las responsabilidades de las grandes corporaciones en el
cumplimento de las normas de derechos humanos y medioambientales. Durante todo
este tiempo, las organizaciones sociales y las plataformas de personas y
comunidades afectadas han presentado múltiples propuestas en numerosos foros
internacionales para poner fin a la impunidad corporativa que pueden servir de
ejemplo para establecer los criterios fundamentales de esa nueva ley española.
Si la “reconstrucción” del capitalismo
español se articula sobre la noción de diligencia debida y no se confrontan
los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión, seguirán
sucediéndose casos como los de Repsol en Perú, El Corte Inglés y Mango en Bangladesh, Inditex en Marruecos, BBVA en Colombia, Elecnor y Enagás en México, ACS en Guatemala… ¿Seguirán quedando
impunes estas graves vulneraciones de derechos? ¿La ley española permitirá que la verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición se impongan ante tanta impunidad? Todo lo que no sea avanzar por esta senda será
entrar, con Repsol, en el túnel del tiempo.
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