PERÚ SIGUE EMPEORANDO EN PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: CAYO DEL PUESTO 94 AL 130 EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

 &&&&&

“El deterioro institucional que refleja el índice de Percepción de la Corrupción también tiene un correlato político evidente. Desde la década de 1990, todos los expresidentes del Perú han enfrentado procesos penales, condenas o investigaciones por delitos vinculados a corrupción, lavado de activos o abuso de poder. El caso más antiguo es el de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y delitos asociados a su régimen. Alejandro Toledo cumple condena tras ser sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de la investigación por el mismo caso. Las sentencias más recientes han golpeado con fuerza la escena política. Ollanta Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales, en un proceso que confirmó aportes irregulares vinculados al caso Lava Jato. El fallo marcó un hito porque se trató del primer expresidente sentenciado por aportes ilegales de campaña en el marco de Odebrecht. La decisión judicial reabrió el debate sobre el financiamiento partidario y el control del dinero en política.

“También en 2025, Martín Vizcarra recibió una condena por cohecho pasivo, relacionada con presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. La sentencia consolidó años de investigación fiscal y convirtió al exmandatario en otro jefe de Estado condenado por actos de corrupción. El fallo tuvo impacto político inmediato. Vizcarra había mantenido presencia pública y capital político tras su salida del poder. En paralelo, Dina Boluarte afronta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y otros delitos vinculados a decisiones adoptadas durante su gestión. Además, existen indagaciones por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas sociales tras la caída de Pedro Castillo. Aunque no cuenta con una condena firme, los procesos abiertos forman parte del clima político que rodea al país y que incide en la percepción internacional sobre la solidez de sus instituciones.

/////

PERÚ SIGUE EMPEORANDO EN PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: CAYO DEL PUESTO 94 AL 130 EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

Prueba las Instituciones Nacionales han sido Capturadas por la Corrupción y por los Gánsteres de la Corrupción.

*****

El país obtuvo 30 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción, muy por debajo del promedio regional. La caída histórica refleja debilidad institucional, interferencia política en ONG y falta de sanciones efectivas frente a actos de corrupción.

Por. Ariadna Yaya. Periodista.

Fuente. Diario La República martes 10 de febrero del 2026.

Perú obtuvo 30 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción. Foto: composición de Betsy De los Santos.

*****

Perú descendió del puesto 94 al 130 en el índice de Percepción de la Corrupción entre 2020 y 2025, con una puntuación de apenas 30 sobre 100. Esto lo ubica entre los países peor evaluados de la región, por debajo de la media de las Américas, que es de 42 puntos, y al nivel de naciones como Kenia, Egipto y Azerbaiyán.

El informe de Transparencia Internacional indica que esta caída refleja un retroceso estructural en las instituciones públicas y en el sistema democrático. La clasificación actual define a Perú como una “Democracia Imperfecta”, debido a la captura de organismos clave y la erosión de los controles que deberían garantizar la rendición de cuentas.

Entre los factores que explican la baja puntuación destacan la interferencia política en organizaciones de la sociedad civil, la debilidad de los sistemas de justicia y la percepción de que los recursos públicos no se utilizan con transparencia. Además, las restricciones a las ONG han limitado la fiscalización independiente del gobierno, lo que alimenta la percepción de impunidad.

La desconfianza ciudadana también influye en la percepción internacional de corrupción. El informe señala que la falta de sanciones efectivas, la politización de los procesos judiciales y los problemas en la administración pública generan un círculo vicioso: la corrupción afecta las instituciones, y las instituciones no logran frenar la corrupción.

Los factores que explican la caída de Perú en la Percepción de la Corrupción

La caída de Perú en el índice de Percepción de la Corrupción responde a varios elementos estructurales. Uno de los puntos señalados por Transparencia Internacional es la restricción del espacio cívico. En los últimos años se han promovido normas y medidas que afectan el funcionamiento de organizaciones que fiscalizan al poder. Cuando se debilita la vigilancia independiente, se reduce la capacidad de denuncia y se deteriora la percepción de transparencia.

Otro factor clave es el debilitamiento de los contrapesos democráticos. Decisiones del Ejecutivo y del Congreso han impactado en la autonomía del Ministerio Público, el sistema judicial y otros órganos de control. Esta situación afecta la capacidad del Estado para investigar y sancionar actos de corrupción sin interferencias políticas.

La falta de sanciones firmes también influye. Procesos por soborno, colusión o desvío de fondos avanzan con lentitud o enfrentan cuestionamientos sobre su imparcialidad. Cuando la ciudadanía percibe impunidad, la confianza en las instituciones cae.

A esto se suma la opacidad en el financiamiento político. Los vacíos en el control de aportes a campañas y la debilidad de la fiscalización electoral generan dudas sobre la influencia de intereses privados en decisiones públicas. Este fenómeno impacta directamente en la imagen del Perú frente a la comunidad internacional.

Un retroceso histórico en tan solo cinco años.

En 2020, Perú ocupaba el puesto 94 con un puntaje de 38, reflejando una percepción de corrupción moderada. En solo cinco años, el país cayó 36 puestos, demostrando un deterioro sostenido y estructural.

El retroceso coincide con un aumento de las restricciones a la sociedad civil y un debilitamiento de la independencia judicial. Las ONG enfrentan obstáculos legales y campañas de desprestigio que reducen su capacidad de supervisión. Transparencia Internacional enfatiza que, sin vigilancia independiente, la corrupción se arraiga y se percibe con mayor intensidad a nivel internacional.

La inestabilidad política también contribuye. La desilusión con los partidos y la falta de confianza en los procesos electorales generan un círculo donde la corrupción reduce la legitimidad de las elecciones, y las elecciones no logran reforzar los mecanismos de control.

Comparado con la región, Perú se aleja del promedio de 42 puntos en las Américas. Países vecinos han logrado estabilizar sus puntajes, mientras Perú se aproxima a niveles de corrupción sistémica, situación que afecta la inversión, la confianza ciudadana y la reputación internacional del país.

José Luis Gargurevich, director de Proética: “A mayor salud democrática, mayor transparencia”

Para José Luis Gargurevich, director de Proética, la caída de Perú en el índice de Percepción de la Corrupción debe leerse en un contexto más amplio. El país descendió al puesto 130, pero la tendencia no es aislada.

“El país cae en el ranking mundial, pero también seamos conscientes de que no es un fenómeno peruano. En todo el mundo la batalla contra la corrupción se ha ido perdiendo. Dos terceras partes de los 182 países están por debajo de los 50 puntos”, señaló.

El director subrayó que uno de los hallazgos centrales del informe de Transparencia Internacional es la relación directa entre democracia y transparencia.

“Un dato revelador del IPC es la correlación directa que demuestran los puntajes de los países con respecto a sus sistemas democráticos. A mayor salud democrática, más puntaje en transparencia de los asuntos públicos”, explicó.

En esa línea, advirtió que la corrupción no solo afecta la gestión pública, sino que erosiona el sistema democrático.

“Ese vínculo que tiene la corrupción con la vulneración de la democracia es la principal amenaza que trae la impunidad a nuestras sociedades”, afirmó.

Frente a este escenario, Gargurevich sostuvo que el país necesita una estrategia clara y sostenida.

“Urge en el país una hoja de ruta que nos encamine a frenar la impunidad y asegurar transparencia en las decisiones públicas”, indicó. Consideró que el eje de un próximo gobierno debe centrarse en enfrentar la corrupción política y sus vínculos con economías ilegales, flujos ilícitos y financiamiento opaco de partidos.

Además, remarcó la importancia de fortalecer la integridad en el Estado y el rol de la ciudadanía.

“El poder político tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. Para eso necesitamos un espacio cívico que recupere sonoridad y robustez, con vigilancia activa, generación de evidencias e involucramiento ciudadano en las soluciones contra la corrupción”, concluyó.

José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional: “El Perú está en el tercio inferior de la tabla y la justicia tiene mucho que ver”

Para el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, la caída del Perú en el índice de Percepción de la Corrupción no debe analizarse solo por el puesto 130 en el ranking global, sino por el puntaje obtenido.

“Más importante que el puesto es el puntaje. El Perú aparece con 30 puntos sobre 100, está en el tercio inferior de la tabla, muy malo, y ha bajado un punto con relación al año pasado”, precisó.

Ugaz sostiene que el sistema de justicia tiene una responsabilidad directa en este deterioro. Señala escándalos recurrentes, investigaciones mal conducidas y decisiones que alimentan la sensación de impunidad.

“responsables de graves delitos no son condenados o se les archivan los casos sin mayor investigación o fundamento”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el archivo de la investigación por presunta violación sexual contra el presidente Jerí, dispuesto por el entonces Fiscal de la Nación transitorio.

El jurista también cuestionó el rol de la Contraloría y la falta de capacidades técnicas del sistema. Indicó que muchas veces se concentran en infracciones administrativas menores mientras los grandes casos avanzan sin control.

“Los casos de gran corrupción requieren fiscales y jueces capacitados, tecnología como plataformas de investigación de redes o inteligencia artificial, peritos especializados. Ni la policía, ni la fiscalía ni el Poder Judicial están a la altura”, advirtió. Añadió que la Fiscalía enfrenta limitaciones presupuestales, la Policía carece de equipos adecuados y los jueces demoran meses en diligencias clave.

Sobre la politización del sistema, Ugaz fue directo.

“Cuando la justicia se politiza o es penetrada por la corrupción y el crimen organizado, se desacredita y proyecta una imagen de incompetencia dentro y fuera del país”, sostuvo. Recordó que casi todos los últimos presidentes han sido investigados o condenados, lo que afecta la imagen internacional y la seguridad jurídica. A su juicio, el país necesita una reforma integral del sistema de justicia, similar a la propuesta que planteó en su momento la CERIAJUS. “No se trata de parches ni reformas exprés. Se requiere voluntad política, recursos humanos de calidad y tecnología. Hoy todo eso es escaso en el Perú”.

Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Dina Boluarte: los expresidentes con condenas por corrupción e investigaciones abiertas

El deterioro institucional que refleja el índice de Percepción de la Corrupción también tiene un correlato político evidente. Desde la década de 1990, todos los expresidentes del Perú han enfrentado procesos penales, condenas o investigaciones por delitos vinculados a corrupción, lavado de activos o abuso de poder. El caso más antiguo es el de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y delitos asociados a su régimen. Alejandro Toledo cumple condena tras ser sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de la investigación por el mismo caso.

Las sentencias más recientes han golpeado con fuerza la escena política. Ollanta Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales, en un proceso que confirmó aportes irregulares vinculados al caso Lava Jato. El fallo marcó un hito porque se trató del primer expresidente sentenciado por aportes ilegales de campaña en el marco de Odebrecht. La decisión judicial reabrió el debate sobre el financiamiento partidario y el control del dinero en política.

También en 2025, Martín Vizcarra recibió una condena por cohecho pasivo, relacionada con presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. La sentencia consolidó años de investigación fiscal y convirtió al exmandatario en otro jefe de Estado condenado por actos de corrupción. El fallo tuvo impacto político inmediato. Vizcarra había mantenido presencia pública y capital político tras su salida del poder.

En paralelo, Dina Boluarte afronta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y otros delitos vinculados a decisiones adoptadas durante su gestión. Además, existen indagaciones por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas sociales tras la caída de Pedro Castillo. Aunque no cuenta con una condena firme, los procesos abiertos forman parte del clima político que rodea al país y que incide en la percepción internacional sobre la solidez de sus instituciones.

*****

CUBA ESTÁ EN PELIGRO.

 &&&&&

"En diciembre de 2025, Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, fue condenado a cadena perpetua. Entre los cargos que se le imputaron, según el Tribunal Supremo Popular de Cuba, figuraban acusaciones de espionaje, corrupción, soborno y delitos económicos. Al parecer, Gil había abusado de su cargo en beneficio personal y facilitado información a entidades extranjeras. Aun así, la supervivencia de Cuba es una prueba impresionante de los logros alcanzados por la Revolución hasta los años noventa. La mayoría de los Estados que conquistaron la independencia política en la ola de revoluciones antimperialistas que siguió a la victoria de las revoluciones china y cubana no fueron capaces de preservar sus logros revolucionarios: Argelia y Egipto son ejemplos de esa regresión histórica posterior a 1991. En ese contexto, la responsabilidad de Brasil —y, en una escala diferente, la de China— en la solidaridad con Cuba es ineludible. Cuba está en peligro. Hay que salvarla.

/////

CUBA ESTÁ EN PELIGRO.

*****

Cuba enfrenta hoy una ofensiva contrarrevolucionaria abierta. En nombre del «malestar social», Washington apuesta a provocar una implosión interna para consumar la recolonización de la isla. Defender a Cuba no es una opción moral, sino una obligación política de la izquierda.

Valerio Arcary, Jacobin.

Fuente. Jaque al Neoliberalismo.

Lunes 9 de febrero del 2026.

La situación en Cuba ha empeorado cualitativamente tras el ataque del pasado 3 de enero a Venezuela y el consiguiente secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La interrupción de los suministros a Cuba de petróleo venezolano se ha visto en parte compensada por México, pero la decisión y la capacidad de ese país de seguir enviando petróleo a Cuba se ven hoy amenazadas. Trump apuesta a que apretando las tuercas del estrangulamiento económico de la isla se podrá atizar las llamas del malestar social y ya ha pronosticado el inminente colapso del gobierno cubano. La prensa estadounidense ha difundido declaraciones extraoficiales de funcionarios de la administración de Washington según las cuales existiría un plan para derrocar al gobierno de Cuba a más tardar a finales de 2026. En sus provocaciones, Trump llegó al extremo de declarar que Marco Rubio, actual Secretario de Estado y proveniente de una familia de origen cubano, podría ser un buen candidato para la presidencia de Cuba. Esta dramática avalancha plantea un desafío estratégico para la izquierda mundial, en especial la latinoamericana. La defensa de Cuba frente al imperialismo es cuestión de principios. El proyecto de derrocamiento del gobierno cubano es de naturaleza contrarrevolucionaria. La caída de ese gobierno sería una derrota histórica cuyo impacto podría compararse sólo con el derrumbe de la URSS en 1991. La restauración del capitalismo en Cuba sería despiadada y el país se convertiría una vez más en una semicolonia; o peor, en un protectorado estadounidense, similar al que existe en Puerto Rico, desenlace devastador para toda América Latina.

La situación interna de Cuba es de una inmensa penuria, lamentablemente cada vez más parecida a la de los años noventa del llamado

«Período especial» que sobrevino al derrumbe de la URSS. Apagones de varias horas al día castigan a la población de la isla y ni siquiera las grandes ciudades se libran de ese flagelo. La escasez es generalizada, lo mismo de alimentos que de medicinas. La mayoría de la población vive en condiciones materiales de sacrificio. En 2024, Cuba solicitó ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, habida cuenta de la incapacidad para satisfacer por medios propios agudas necesidades nutricionales de los niños. Según estimaciones, la pandemia de Covid-19 hizo que la economía cubana se contrajera en más del 10% del PIB. La crisis sanitaria ha reducido casi a la nada el turismo y ha agravado la escasez de divisas fuertes —dólares y euros— esenciales para financiar importaciones y controlar la inflación. Desde 2020, cerca de un millón de cubanos han abandonado la isla en su lucha por la supervivencia.

¿Por qué esta terrible vulnerabilidad? Porque Cuba permanece dramáticamente asediada por el bloqueo de Washington, que se ha visto recrudecido por las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Trump ya desde su primer mandato (y que Biden dejara intactas). Situada a sólo 150 km del sur de Florida, en 1959 Cuba fue escenario del triunfo de la primera revolución socialista en América y, en cuanto Estado independiente, ha sido capaz de resistir hasta hoy todo embate. El imperialismo yanqui considera inaceptable que prevalezca esa Cuba. La burguesía cubana en Estados Unidos es hoy mucho más fuerte que cuando huyera a ese país desde la isla, habiendo pasado a engrosar la clase dominante yanqui, la más poderosa del mundo. A diferencia de los capitalistas chinos en la diáspora, se ha negado a toda negociación con el gobierno de Cuba y ha mantenido una posición de irreconciliable apoyo al bloqueo contra Cuba. Descartada una estrategia militar que daría lugar a una guerra civil, la apuesta de Washington consiste en llevar poco a poco a Cuba a una cruel e implacable asfixia económica a fin de fomentar una crisis social y la subversión interna dentro de la isla.

El aislamiento de Cuba, agravado por la evolución desfavorable de la correlación política de fuerzas en el sistema mundial ante la ofensiva de Trump por preservar la supremacía de Estados Unidos, está en la base de la actual coyuntura. Cuba no es una prueba de que el socialismo sea inviable, sino todo lo contrario. Durante décadas, Cuba entusiasmó al mundo con extraordinarias proezas sociales cuyos resultados en educación, salud pública e investigaciones médicas eran muy superiores a los de países con muchos más recursos naturales y anterior nivel de desarrollo material y tecnológico. Los logros científicos de Cuba abarcaron, en fecha muy reciente, el desarrollo autónomo, en tiempo récord, de vacunas contra el coronavirus. La propiedad social y la planificación económica han demostrado su superioridad en comparación con los regímenes de propiedad y sistemas de gestión en Estados capitalistas en una etapa similar de desarrollo económico y social. No tiene sentido comparar a Cuba con España, pero sí con países vecinos de América Central o el Caribe. En sentido general, mientras existió la URSS, el desarrollo social de Cuba fue todo un éxito. Para citar sólo unos pocos ejemplos, todavía en 2022, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cuba exhibía un Índice de Desarrollo Humano de 0.762, lo que la situaba en el grupo de países de «alto desarrollo humano», con una esperanza de vida de 77,63 años y una tasa de mortalidad infantil que hasta ese mismo año había sido durante décadas inferior a la de Estados Unidos: aproximadamente 4.08-5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en Cuba en comparación con aproximadamente 5.4-5.9 por cada 1.000 nacidos vivos en Estados Unidos. Por otro lado, el proceso de transición poscapitalista en Cuba se vio interrumpido por numerosos factores. Aun así, los nuevos sectores sociales acomodados que se fueron constituyendo en la isla gracias a las oportunidades de negocio favorecidas por el propio gobierno con el fin de aumentar la capacidad productiva y atraer inversiones extranjeras, permanecen fuera del poder. No se puede dejar de reconocer, sin embargo, que tras tantos años de devastadores sacrificios en Cuba se ha producido una fractura generacional difícil, si no imposible de cerrar.

La estrategia de Trump apunta a la subversión política y social en Cuba por medio de su estrangulamiento económico. El malestar social en la isla aumentó a medida que la vida se hacía más y más difícil. No obstante, las razones que pueden llevar a que la gente salga a manifestarse en las calles —aun cuando sean legítimas y comprensibles, como durante las masivas protestas del 11 de julio de 2021— no son suficientes para caracterizar de progresista cualquier movilización. Ser de izquierda no nos obliga a apoyar cualquier movilización contra el gobierno. En la tradición marxista, son cuatro los criterios para formarse una opinión sobre la naturaleza de una protesta social:

1) cuáles son las reivindicaciones o el programa;

2) cuál es el sujeto social;

3) quién desempeña el papel de sujeto político; y

4) cuáles son los resultados probables.

No basta con que las reivindicaciones sean justas. Que el sujeto social sea de extracción popular es un factor importante, pero tampoco es suficiente. Si la dirección es reaccionaria, ignorar el desenlace más probable es una imprudencia. Se impone la necesidad de un análisis objetivo para no caer en la trampa de desvalorizar el papel de quienes dirigen la movilización y de pasar por alto el desenlace que esa dirección busca. La lucha por el poder es el núcleo de la lucha de clases. Una desestabilización del gobierno cubano para propiciar la entrega del país a la burguesía de Miami sería una tragedia histórica.

En Cuba, la alternativa no es entre dictadura y democracia, sino —como en Venezuela e Irán— entre independencia o recolonización. Defender a Cuba frente a las presiones imperialistas no significa alinearse incondicionalmente con toda acción o medida del gobierno de La Habana. Por el contrario, toda actitud solidaria e internacionalista honesta debe ser una actitud de apoyo crítico, tanto en el plano estratégico como en el táctico. Lo que significa que quienes defiendan a la Revolución deben estar en condiciones de ejercer sus derechos democráticos a la libre expresión ante onerosas presiones burocráticas.

En diciembre de 2025, Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, fue condenado a cadena perpetua. Entre los cargos que se le imputaron, según el Tribunal Supremo Popular de Cuba, figuraban acusaciones de espionaje, corrupción, soborno y delitos económicos. Al parecer, Gil había abusado de su cargo en beneficio personal y facilitado información a entidades extranjeras. Aun así, la supervivencia de Cuba es una prueba impresionante de los logros alcanzados por la Revolución hasta los años noventa. La mayoría de los Estados que conquistaron la independencia política en la ola de revoluciones antimperialistas que siguió a la victoria de las revoluciones china y cubana no fueron capaces de preservar sus logros revolucionarios: Argelia y Egipto son ejemplos de esa regresión histórica posterior a 1991. En ese contexto, la responsabilidad de Brasil —y, en una escala diferente, la de China— en la solidaridad con Cuba es ineludible. Cuba está en peligro. Hay que salvarla.

*****

LA DOCTRINA DONROE: UNA RELACIÓN IMAGINARIA CON UN DECLIVE REAL.

 &&&&&

“Ahora bien, parte de esto puede revisarse a medida que la situación evolucione. Todavía podríamos ver más de lo que Rubio y el partido de la guerra quieren, que es la acumulación de impulso hacia una invasión directa mucho mayor. El umbral ya ha sido cruzado, y la administración no se preocupó demasiado por construir apoyo público (escaso) ni por elaborar un fundamento legal. Una victoria rápida y fácil lubrica el camino hacia acciones más arriesgadas. Si dependiera de Rubio, sospecho, esto no adoptaría la forma de una ocupación de Venezuela, que sería un desastre al estilo Irak, sino de una operación equivalente en Cuba. Y aunque sospecho que allí encontrarían mucha más resistencia, lo que exigiría un compromiso militar mucho mayor, no se puede descartar por completo la posibilidad de una incursión rápida y exitosa. Tampoco quiero dar la impresión de ser triunfalista o complaciente respecto del declive estadounidense: un imperio moribundo es una bestia peligrosa y hará pagar un alto precio en sangre por su decadencia. Cuanto más desesperado esté, más temerario se volverá, incluso sin un liderazgo tan notoriamente torpe, incompetente y auto engrandecido. Sin embargo, por el momento, y hasta donde puedo ver, esto es realmente el poder estadounidense consumiéndose a sí mismo en el acto mismo de ejercerse. Y creo que es importante no ceder ante el espectáculo del poder soberano, porque sus efectos dependen en gran medida de que la gente compre ese espectáculo.

/////

Fuentes: Patreon – Jacobin.

*****

LA DOCTRINA DONROE:

UNA RELACIÓN IMAGINARIA CON UN DECLIVE REAL.

*****

Por Richard Seymour | 09/02/2026 | EE.UU.

Fuentes. Revista Rebelión lunes 9 de febrero del 2026.

El ataque contra Venezuela no es síntoma de un nuevo auge imperial sino, por el contrario, una prueba de su decadencia. Pero el poder estadounidense consumiéndose a sí mismo no deja de ser una bestia muy peligrosa.

Así como Lutero se puso la máscara de San Pablo, la administración Trump se reviste con los atuendos del imperialismo del siglo XIX («la Doctrina Donroe»). La edad menos heroica convoca a los muertos de la historia mundial, en este caso no para inspirar un heroísmo real. Eso sería peligroso. Los convoca, en cambio, para producir un simulacro, una mera imagen digital, de heroísmo.

Se supone, creo, que debemos quedar deslumbrados por el gesto teatral, por la exhibición de poder bruto, por la facilidad sin fricciones con la que Estados Unidos llevó adelante su incursión en Caracas, despachando 150 aeronaves y puñados de fuerzas especiales y agentes del FBI, y dejando unas pocas decenas de soldados muertos, la mayoría de ellos, según se informó, cubanos.

Cuando Marcos Rubio habló sobre el secuestro de Nicolás Maduro en la conferencia de prensa en la Casa Blanca, estaba eufórico.

«Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría preocupado». El cambio de régimen en Cuba es, evidentemente, lo que Rubio y la derecha de Miami desean. Rubio viene sosteniendo dentro de la administración Trump que el efecto dominó de la caída de un régimen provocaría el derrumbe de todos los gobiernos de izquierda de la región. El senador Lindsey Graham también insistió en esa línea: «Esperen a Cuba. … Sus días están contados. Un día nos vamos a despertar, espero que, en 2026, y en nuestro patio trasero vamos a tener aliados en estos países haciendo negocios con Estados Unidos».

Trump, por su parte, volvió sobre su tema favorito: el petróleo, y cómo Estados Unidos debería ser dueño de todo, y cómo fue robado a Exxon, etcétera. Pero también enfatizó un relato regional y amenazó con nuevas intervenciones en Colombia y México, afirmando que Gustavo Petro estaba «produciendo cocaína» y «enviándola a Estados Unidos», y que Claudia Sheinbaum gobernaba aterrorizada por los cárteles. ¿Qué sigue? Groenlandia, le dijo a The Atlantic. Tal vez incluso Canadá. La Doctrina Donroe no reconoce límites territoriales dentro de su hemisferio de influencia.

Sí, creo que se supone que debemos quedar impresionados, sin pensar demasiado en los resultados. Se supone que debemos olvidar el dilema de un imperio moribundo, en el que casi todo lo que se hace para frenar su declive termina disminuyendo su capacidad futura de acción.

Las cosas siguen siendo algo confusas, pero por ahora se pueden afirmar algunas cuestiones. Primero, la incursión fue fácil porque el régimen estaba vaciado por dentro. Maduro tenía cubanos defendiéndolo porque no podía confiar en venezolanos. Su círculo íntimo estaba infiltrado por un agente de la CIA y su secuestro parece haber sido una rendición negociada por quienes estaban cerca de él. El secuestro no provocó ninguna movilización popular y casi ninguna resistencia por parte de las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que habría ocurrido si esto se hubiera intentado contra Chávez. Segundo, la incursión fue fácil por su ambición limitada. Trump se jacta de estar «dirigiendo» Venezuela y amenaza con «botas sobre el terreno», pero eso no ocurrió. Dejaron al aparato del PSUV a cargo. No hubo botas sobre el terreno y no hubo cambio de régimen, hubo madurismo sin Maduro y la pobre María Corina Machado, que venía audicionando para el papel, suplicando por una intervención y prometiendo conferencias empresariales para privatizar todo lo que no estuviera atornillado, quedó afuera porque es demasiado impopular para gobernar. Sin duda, las redes de la CIA seguirán operando en Venezuela y, también sin duda, un régimen bajo presión puede ser inducido a hacer concesiones significativas para que Trump quede bien. Pero eso plantea la pregunta de qué podrían pedir que no pudiera haberse inducido a Maduro a conceder.

Circulan muchos malos argumentos según los cuales esto fue en realidad una apuesta por controlar las notoriamente infladas reservas «probadas» de petróleo de Venezuela. Como señala el economista James Meadway, eso mismo sería un síntoma de declive. Una administración que cedió la batalla por el control de la energía del futuro a China, por razones puramente ideológicas, estaría luchando por el control de la energía del pasado. Pero sinceramente no creo que eso sea lo que está en juego. Maduro estaba perfectamente dispuesto a ofrecerle concesiones petroleras a las corporaciones estadounidenses. Chevron produce actualmente alrededor de una cuarta parte del petróleo del país. Podrían ampliar fácilmente las exenciones a las sanciones si quisieran que saliera más petróleo de Venezuela. A menos que uno realmente crea las tonterías que Trump viene diciendo sobre que Venezuela roba petróleo estadounidense, algo de lo que incluso el Washington Post, alineado ideológicamente con la Casa Blanca, se burla, no hay ninguna razón por la que no pudieran trabajar con Maduro del mismo modo que pueden trabajar con Delcy Rodríguez. Tampoco puede tratarse de liberalización económica, porque, aunque Machado es más agresiva en ese terreno, el PSUV viene impulsando privatizaciones desde 2020. Quien piense que el gobierno venezolano todavía representa algún tipo de camino socialista o anticapitalista está tristemente engañado: en este punto es una máquina administrativa.

Entonces, ¿qué más hay? La reciente Estrategia de Seguridad Nacional, entre toda su retórica alucinatoria, alude de manera oblicua al objetivo de mantener fuera de América Latina a influencias hostiles. Esto probablemente se refiera a China, que efectivamente es, como escribí antes, una potencia comercial en ascenso en la región. Sin embargo, para empezar, sabemos que incluso los gobiernos de extrema derecha preferidos por la administración estadounidense encontraron seductoramente fácil tratar con China. Después de toda una serie de campañas electorales en las que se multiplicó el pánico sinofóbico, siguen comerciando con Pekín sin problemas. Machado probablemente haría lo mismo. La República Popular China no necesita formar alianzas con gobiernos de izquierda. Además, las tácticas estadounidenses, caprichosas, de intimidación, incentivos, acuerdos y violencia teatral, probablemente sean un regalo para el poder blando chino, y no solo a largo plazo.

Eso nos deja con la gran idea de Rubio de una reversión hemisférica anticomunista. Pero lo único que la sostiene es la teoría del dominó de la Guerra Fría, que ni siquiera se aplicó bien a los movimientos y Estados comunistas reales. La idea de que el efecto demostración de la decapitación pública de un Estado desencadenará una reacción en cadena contra la izquierda es absurda. Y si América Latina alguna vez fue el «patio trasero» que evoca Lindsey Graham, hace tiempo que dejó de serlo. La época en la que unos pocos filibusteros podían aspirar a conquistar o desestabilizar Estados latinoamericanos para su propio beneficio, la era de la Doctrina Monroe original, terminó hace mucho. También terminó la era de la instalación de dictaduras de seguridad nacional mediante intervenciones rápidas y sucias, para después dejarlas gobernar. Y, por ahora, también terminó la era de las contrarrevoluciones con escuadrones de la muerte. No se puede aspirar seriamente a dominar un continente de Estados industrialmente avanzados, socialmente diferenciados y políticamente complejos mediante este tipo de castigos espectaculares. Hay que tratar a los Estados de la región como actores por derecho propio, no como clientes o sirvientes.

Ahora bien, parte de esto puede revisarse a medida que la situación evolucione. Todavía podríamos ver más de lo que Rubio y el partido de la guerra quieren, que es la acumulación de impulso hacia una invasión directa mucho mayor. El umbral ya ha sido cruzado, y la administración no se preocupó demasiado por construir apoyo público (escaso) ni por elaborar un fundamento legal. Una victoria rápida y fácil lubrica el camino hacia acciones más arriesgadas. Si dependiera de Rubio, sospecho, esto no adoptaría la forma de una ocupación de Venezuela, que sería un desastre al estilo Irak, sino de una operación equivalente en Cuba. Y aunque sospecho que allí encontrarían mucha más resistencia, lo que exigiría un compromiso militar mucho mayor, no se puede descartar por completo la posibilidad de una incursión rápida y exitosa. Tampoco quiero dar la impresión de ser triunfalista o complaciente respecto del declive estadounidense: un imperio moribundo es una bestia peligrosa y hará pagar un alto precio en sangre por su decadencia. Cuanto más desesperado esté, más temerario se volverá, incluso sin un liderazgo tan notoriamente torpe, incompetente y auto engrandecido.

Sin embargo, por el momento, y hasta donde puedo ver, esto es realmente el poder estadounidense consumiéndose a sí mismo en el acto mismo de ejercerse. Y creo que es importante no ceder ante el espectáculo del poder soberano, porque sus efectos dependen en gran medida de que la gente compre ese espectáculo.

Artículo publicado el 5 de enero en Patreon.

Traducción: Pedro Perucca

*****

GEOPOLÍTICA DEL AGUA, UNA MIRADA SOBRE EL ORDEN INTERNACIONAL. El hilo que une Groenlandia, Venezuela y la Ley de Glaciares.

 &&&&&

“Plata dulce. Por ejemplo, la cotización de 1.000 m³ de agua cotiza hoy a USD 221, tras haber alcanzado un máximo de USD 1.040 en 2022. En el último año, cayó USD 127 a partir de que Trump iniciara sus embestidas por la posesión de Groenlandia. ¿Variaron, acaso, los stocks de agua dulce en California? No, lo que variaron fueron las expectativas del mercado respecto de quién controlará su posesión y su abastecimiento global en los próximos años. Groenlandia alberga en sus hielos alrededor del 20% del agua dulce mundial, además de importantes reservas energéticas y minerales. El deshielo ártico la convierte, además, en un punto clave para la navegación comercial, permitiendo rutas más cortas entre Asia y Occidente. Así, la geopolítica del agua involucra, también, decisiones logísticas de vital importancia para el comercio mundial.

“La reciente intervención militar en Venezuela ha tenido como principal objetivo la toma del control, por parte de los EE. UU., de la producción y del comercio petrolero de ese país. Detrás de esta maniobra de alto contenido estratégico, se pierde de vista el enorme ahorro hídrico que le deparará a la economía estadounidense: la extracción de cada millón de barriles de petróleo venezolano consumirá no menos de 7.000 millones de m³ de agua virtual que beneficiarán indirectamente a los productores de EE. UU., mientras que los costos hidrográficos y ambientales recaerán en su totalidad sobre Venezuela.

/////

El gobierno junto al sector minero quieren voltear la Ley de Glaciares. (Archivo).

*****

GEOPOLÍTICA DEL AGUA, UNA MIRADA SOBRE EL ORDEN INTERNACIONAL.

El hilo que une Groenlandia, Venezuela y la Ley de Glaciares.

*****

Muchos eventos de política exterior aparentemente desconectados, hoy se articulan en torno a una feroz competencia por la apropiación de recursos naturales escasos.

Por. Rubén Manasés Achdjian.

Fuente. Página /12 domingo 8 de febrero del 2026.

Los historiadores del futuro probablemente describan nuestro presente como un momento de transición entre el antiguo orden internacional unipolar surgido del colapso de la Unión Soviética y un nuevo escenario global, posiblemente tripolar, en el que los EE. UU. se verán obligado a ceder parte de su hegemonía en favor de los intereses estratégicos de China y Rusia.

Vivimos tiempos de inestabilidad e incertidumbre en los que, como advertía Keynes, generalmente sucede lo inesperado antes que lo inevitable. Muchos eventos de política exterior aparentemente desconectados, hoy se articulan en torno a una feroz competencia por la apropiación de recursos naturales escasos.

Si buscáramos un hilo conductor entre las declaraciones de Donald Trump sobre la soberanía de Groenlandia, la intervención militar estadounidense en Venezuela -con más olor a petróleo que a “democracia”- y la propuesta de Milei para modificar la ley de glaciares, ese denominador común sería el agua.

Habitualmente, los análisis económicos oficiales cuantifican el comercio exterior en términos monetarios, sin considerar los tipos o los volúmenes de bienes intercambiados. Sin embargo, existen estudios que convierten esas transacciones en cantidades de bienes físicos comparables, como el volumen de agua dulce necesario para producir distintas mercancías.

En 1993, el geógrafo John Anthony Allan creó el concepto de agua virtual para medir y comparar cuánta agua dulce está incorporada en la elaboración de un producto. Esta cantidad es “virtual” porque no se ve en la forma exterior de la mercancía terminada pero sí se ha utilizado en sus distintas etapas de producción.

A menudo, la producción y el consumo de una mercancía ocurren en territorios distintos. Cuando el agua utilizada es del propio país, se denomina autóctona; si el agua se encuentra incorporada a productos extranjeros, es exógena. Esta importante distinción permite analizar cuánta agua ahorra un país al importar productos y cuánta agua exporta junto con sus mercancías.

Comercio medido en agua.

Según algunas estimaciones, producir una tonelada de soja requiere unos 2.500 m³ de agua; una de trigo, más de 1.400 m³; y una de carne vacuna, hasta 17.000 m³. Nuestro país es un exportador neto de agua virtual: sus ventas al exterior contienen más de 55.000 millones de m³ anuales de agua dulce, una cifra cercana a la de Australia, aunque muy lejos de la de Estados Unidos. Entre los principales importadores netos de agua virtual figuran Japón, Indonesia y China.

Sudamérica, que representa solo el 6% de la población mundial, posee la mayor disponibilidad per cápita de agua dulce. Brasil lidera el ranking con un promedio de 33.000 m³ por habitante y Argentina ocupa el sexto lugar, con 20.500 m³. No obstante, en los últimos treinta años, nuestro país perdió cerca de 5.500 m³ por persona, lo que explica en buena parte la aridez y semiaridez del 80% del territorio, una situación que pone en riesgo las reservas hídricas futuras.

Las investigaciones sobre el agua impulsaron nuevas ramas de análisis económico y político, como la hidropolítica y la geopolítica del agua, que buscan gestionar este recurso de manera eficiente para asegurar su acceso universal y evitar conflictos armados por su carencia. Entre 2020 y 2025, el Pacific Institute documentó 1.428 conflictos ligados al agua en el mundo, de los cuales 105 evolucionaron en enfrentamientos armados, como los casos recientes ocurridos en Gaza y Donetsk.

El capitalismo global opera bajo tres lógicas: privatizar bienes colectivos, defender el mercado como el único mecanismo eficiente para asignarlos y convertir cualquier activo tangible en un instrumento financiero. El agua dulce también ha sido alcanzada por este proceso.

Desde diciembre de 2020 cotiza en Nasdaq -el segundo mercado de valores más importante de los EE. UU., luego de Wall Street- un índice bursátil (el NQH20) que fue creado con el objeto aparente de que los agricultores californianos tuvieran una mayor previsibilidad sobre los precios futuros del agua pero que, en la práctica, actúa como un instrumento que facilita la especulación financiera.

Plata dulce.

Por ejemplo, la cotización de 1.000 m³ de agua cotiza hoy a USD 221, tras haber alcanzado un máximo de USD 1.040 en 2022. En el último año, cayó USD 127 a partir de que Trump iniciara sus embestidas por la posesión de Groenlandia. ¿Variaron, acaso, los stocks de agua dulce en California? No, lo que variaron fueron las expectativas del mercado respecto de quién controlará su posesión y su abastecimiento global en los próximos años.

Groenlandia alberga en sus hielos alrededor del 20% del agua dulce mundial, además de importantes reservas energéticas y minerales. El deshielo ártico la convierte, además, en un punto clave para la navegación comercial, permitiendo rutas más cortas entre Asia y Occidente. Así, la geopolítica del agua involucra, también, decisiones logísticas de vital importancia para el comercio mundial.

La reciente intervención militar en Venezuela ha tenido como principal objetivo la toma del control, por parte de los EE. UU., de la producción y del comercio petrolero de ese país. Detrás de esta maniobra de alto contenido estratégico, se pierde de vista el enorme ahorro hídrico que le deparará a la economía estadounidense: la extracción de cada millón de barriles de petróleo venezolano consumirá no menos de 7.000 millones de m³ de agua virtual que beneficiarán indirectamente a los productores de EE. UU., mientras que los costos hidrográficos y ambientales recaerán en su totalidad sobre Venezuela.

En Argentina.

En Argentina, los sectores incorporados al régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) —como la minería y los hidrocarburos— son usuarios intensivos de agua dulce. El proyecto del gobierno para reformar la Ley de Glaciares busca habilitar la explotación de estas enormes masas de hielo ricos en agua dulce, hasta ahora protegidos.

De aprobarse estas modificaciones, cualquier glaciar y su zona aledaña podrían quedar fuera de resguardo estatal si la autoridad de aplicación dejara de considerarlos como reservas estratégicas, como fuente de recarga de las cuencas hidrográficas o que su destino no fuera necesario para el consumo humano o la actividad agrícola.

La desprotección de los glaciares tiene como contracara la explotación económica privada. Una vez más se intenta imponer la lógica capitalista de subordinar los recursos naturales -que, en origen, son colectivos- a las decisiones de un grupo reducido de corporaciones económicas privadas.

La geopolítica del agua ocupa hoy un lugar central en la discusión del nuevo orden mundial. Detrás del discurso de la eficiencia económica, la captación de inversiones, el desarrollo y el estímulo a la iniciativa privada se esconde, una vez más, la depredación de los recursos naturales, cuyos beneficios se exportan a los centros globales del poder político y económico mientras que los enormes costos ambientales que este despojo genera, terminan hipotecando la vida cotidiana de nuestras comunidades locales, cada día más empobrecidas.

Rubén Manasés Achdjian es politólogo y doctor en Ciencias Sociales (UBA) ruben.achdjian@gmail.com

*****