viernes, 15 de mayo de 2026

EL GOLFO DESPUÉS DE ORMUZ.

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“Estados Unidos también enfrenta una decisión. Puede seguir tratando al Golfo como una extensión de su arquitectura de seguridad, asumiendo que las monarquías absorberán los costos de una estrategia regional diseñada en Washington. O puede aceptar que el CCG está entrando en una etapa más autónoma, más transaccional y menos disciplinada por la lógica occidental. Esa autonomía incluirá conversaciones con China, incluso en corredores estratégicos. Incluirá una mayor cautela en la exportación de capital. Incluirá exigencias de seguridad más concretas a cambio de cooperación. Y probablemente también incluya una revisión crítica del viejo intercambio tácito: protección estadounidense a cambio de energía estable, inversiones y alineamiento geopolítico. El futuro del Golfo no se decidirá únicamente en los campos de batalla ni en la mesa de negociación entre Washington y Teherán. También se decidirá en los centros de datos que buscan financiamiento, en los puertos que conectan Asia y Europa, en los oleoductos que esquivan Ormuz, en las reuniones discretas de los fondos soberanos y en la capacidad —todavía pendiente— de seis Estados ricos de convertirse en una verdadera comunidad estratégica. Ahí se juega la reconfiguración de Medio Oriente. Y también una parte no menor del poder estadounidense en el siglo XXI.

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Fuentes: El tábano economista.

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EL GOLFO DESPUÉS DE ORMUZ.

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Por Alejandro Marcó del Pont | 15/05/2026 | Economía.

Fuente. Revista rebelión viernes 15 de mayo del 2026.

La guerra no crea desde cero la reorientación del capital del Golfo, la acelera (El Tábano Economista)

La guerra de EE. UU./ Israel con Irán no solo alteró el equilibrio militar de Medio Oriente. También abrió una crisis más profunda, la del modelo de poder sobre el que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) construyeron su ascenso durante las últimas décadas. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahréin y Omán habían logrado combinar tres activos decisivos: seguridad provista en gran medida por EE. UU., centralidad logística en los flujos de energía (exportaciones y corredores para distribuirlas) y una extraordinaria capacidad de inversión global a través de sus fondos soberanos. Esta guerra ha puesto en jaque las tres cosas al mismo tiempo.

El debate público suele concentrarse en lo más visible: misiles, drones, refinerías golpeadas, el cierre del Estrecho de Ormuz y la escalada entre Washington y Teherán. Pero el verdadero cambio geopolítico es más estructural. La reconfiguración del CCG depende hoy de su capacidad para resolver tres vulnerabilidades simultáneas: la ausencia de una defensa regional realmente integrada; la construcción de corredores alternativos a los grandes cuellos de botella marítimos, con la incógnita estratégica de si China será incluida en su diseño y la preservación de su potencia financiera externa, en particular los flujos de sus fondos soberanos hacia Estados Unidos, en un contexto de guerra, caída de ingresos y necesidad de reorientar capital hacia prioridades domésticas.

La guerra acelera esa discusión porque golpea a la vez la seguridad, la energía, el turismo, la logística y la capacidad del Golfo para seguir exportando capital. Rebecca Patterson lo formuló con agudeza en un artículo reciente para el Council on Foreign Relations:

existe un riesgo mucho menos atendido para Estados Unidos que el precio del petróleo o la interrupción de materias primas críticas. Ese riesgo es la reducción del suministro de dólares procedentes del Golfo, especialmente hacia empresas tecnológicas estadounidenses necesitadas de financiamiento, proyectos de inteligencia artificial y sus intermediarios financieros”. No es un detalle marginal. Es uno de los nervios menos discutidos del nuevo equilibrio regional.

El primer problema del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) es militar, aunque en realidad sea político. Los seis países del Golfo llevan años hablando de coordinación defensiva, de interoperabilidad, de sistemas de alerta temprana y de una arquitectura común frente a misiles y drones. Existen acuerdos, ejercicios conjuntos, grupos de trabajo y hasta una retórica recurrente de “seguridad indivisible”. Sin embargo, la guerra demostró que esa integración era más formal que efectiva.

La principal barrera no es tecnológica. Es política. Los Estados del Golfo no comparten una misma lectura estratégica del mundo. Emiratos y Bahréin profundizaron vínculos con Israel; Catar conserva una asociación estrecha con Turquía; Omán protege su rol de mediador y mantiene canales con Irán; Arabia Saudita alterna entre la contención, la negociación y la búsqueda de autonomía. Son países aliados en el papel, pero no idénticos en sus prioridades, ni en sus amenazas percibidas, ni en sus márgenes de maniobra.

Durante años, Washington ayudó a administrar esa fragmentación sin resolverla. Vendió sistemas antimisiles, radares, aviones y baterías de defensa a sus socios del Golfo. Impulsó ejercicios conjuntos. Promovió la interoperabilidad entre las fuerzas locales y el dispositivo militar estadounidense. En mayo de 2024, luego del ataque iraní contra Israel, un funcionario del Pentágono presentó ese episodio como una prueba del valor de la defensa aérea y antimisiles integrada, y sostuvo que había dado nueva urgencia a la cooperación regional.



El problema es que interoperabilidad con Estados Unidos no equivale a integración defensiva entre los países del CCG. Washington construyó una arquitectura de vínculos bilaterales —cada monarquía conectada a la potencia protectora— más que una verdadera defensa colectiva intra-Golfo. Ese modelo fue rentable para la industria militar estadounidense y funcional para preservar la centralidad de Washington como proveedor indispensable. Pero dejó pendiente lo esencial: que los propios países del CCG puedan compartir información, asignar recursos, coordinar respuestas y protegerse como bloque, no solo como clientes de un paraguas externo.

La guerra con Irán exhibió el costo de esa diferencia. Los ataques no distinguieron demasiado entre los grados de alineamiento de cada capital. Los puertos, las instalaciones energéticas, los aeropuertos y las infraestructuras críticas del Golfo se convirtieron en parte del teatro de operaciones. Reuters recogió la inquietud de fuentes regionales que expresaban una paradoja brutal: Estados Unidos encendió la guerra, pero los países árabes del Golfo son quienes absorben una parte sustantiva del daño económico y estratégico.

La pregunta, entonces, ya no es si el CCG necesita más defensa. Eso es evidente. La pregunta es qué tipo de defensa quiere construir. Si la respuesta es comprar más sistemas nacionales, el resultado será una versión más cara de la vulnerabilidad actual. Si la respuesta es una verdadera arquitectura regional —alerta temprana compartida, defensa aérea coordinada, mando conjunto y producción local de ciertos insumos críticos—, entonces el CCG podría transformar la crisis en una oportunidad de autonomía estratégica.

Pero esa alternativa exige algo que hasta ahora no ha ocurrido: que las monarquías del Golfo acepten que la soberanía no se preserva aislándose, sino integrando capacidades. Ese es el primer dilema de la reconfiguración regional.

El segundo eje es logístico y geoeconómico. El cierre del Estrecho de Ormuz no fue simplemente una disrupción del comercio energético. Fue la demostración de que el principal cuello de botella del Golfo puede ser convertido en instrumento de coerción estratégica.

Antes de la guerra, Ormuz era una amenaza permanente pero muchas veces tratada como improbable en sus consecuencias extremas. Incluso cuando se admitía el riesgo, buena parte del análisis económico occidental lo colocaba en la categoría de escenario de tensión parcial, no de interrupción masiva y sostenida. La dimensión del golpe explica por qué Ormuz dejó de ser un simple paso marítimo. En 2025, cerca de 15 millones de barriles diarios de crudo atravesaron el estrecho, aproximadamente un tercio del comercio mundial de petróleo. Además, una porción decisiva del GNL global depende de esa ruta, en particular el gas de Catar.



La crisis mostró que existen vías de alivio, pero no soluciones completas. Arabia Saudita pudo aumentar los despachos por el oleoducto este-oeste hacia Yanbu, en el Mar Rojo. Emiratos utilizó la ruta Habshan-Fujairah para sacar parte de su crudo evitando el estrecho. Estas infraestructuras permitieron mitigar la pérdida de exportaciones y elevar el tráfico de buques tanque en puertos sauditas del Mar Rojo de manera marginal.

Pero conviene no exagerar su alcance. Los bypass energéticos no cubren a todos por igual. Kuwait, Catar e Irak tienen restricciones mucho mayores. Las alternativas sirven sobre todo para petróleo, no necesariamente para gas natural licuado. Y ninguna tubería resuelve por sí sola la vulnerabilidad de importaciones esenciales, cadenas alimentarias, bienes industriales, fertilizantes o flujos comerciales generales. Por eso el corredor deja de ser “infraestructura” y pasa a ser estrategia nacional y regional.

La nueva pregunta del Golfo es cómo construir rutas que permitan sobrevivir a un Ormuz intermitente, condicionado o políticamente disputado. Esa discusión incluye oleoductos, puertos, ferrocarriles, depósitos estratégicos, redes digitales, cables submarinos y plataformas logísticas. El CCG ya había aprobado avances en la conexión ferroviaria regional, pero la guerra le da un significado distinto, ya no se trata únicamente de diversificar comercio, sino de reducir vulnerabilidades existenciales.

Sin embargo, el verdadero debate no es técnico. Es político: ¿puede el CCG diseñar corredores alternativos sin China? La respuesta realista es que probablemente no quiera hacerlo. China no es un actor externo menor para el Golfo. Es comprador clave de energía, socio comercial fundamental y proveedor de financiamiento e infraestructura. En mayo de 2025, la declaración conjunta ASEAN–China–CCG incluyó de manera explícita la promoción de cooperación de alta calidad bajo la Ruta de la Seda y el desarrollo de corredores logísticos y plataformas digitales.

Ese dato altera todo el cuadro. Si el corredor del Medio Oriente-India-Europa (IMEC) fue pensado en Washington/Israel como parte de una geoeconomía que contuviera el avance de la Ruta de la Seda china, los países del Golfo parecen menos interesados en elegir entre una arquitectura u otra que en superponerlas. Quieren corredores occidentales, sí, pero también desean conservar acceso a capital, demanda e infraestructura china. Esa ambivalencia enfurece a Estados Unidos porque reduce el valor estratégico de sus proyectos de conectividad: un corredor que debía anclar al Golfo a Occidente puede convertirse, en manos del CCG, en una plataforma de multipolaridad.



Si China participa de manera decisiva en el diseño de los corredores del Golfo, Estados Unidos pierde exclusividad. Si queda afuera, el CCG reduce su margen de maniobra frente a su principal socio comercial asiático. Ninguna de las dos opciones es neutra. La guerra con Irán vuelve más urgente esa decisión porque demuestra que la infraestructura es, en realidad, política condensada. Ormuz no era simplemente un estrecho. Era una promesa de continuidad. Esa promesa se rompió.

El tercer eje es el más subestimado y, quizá, el más importante para Estados Unidos. Durante décadas se habló del “reciclaje de petrodólares”. Los países exportadores de energía acumulaban excedentes y una parte sustantiva regresaba a los mercados occidentales en forma de depósitos, bonos, acciones e inversiones de cartera. Esa lógica no desapareció, pero cambió radicalmente de escala y sofisticación.

Los fondos soberanos del Golfo se transformaron en instrumentos de política industrial, diplomacia económica y poder estratégico. Según estimaciones citadas por CFR, la región administra entre 4 y 7 billones de dólares en activos soberanos. EE. UU. captó 132.000 millones de dólares en 2025, el 48% del total, impulsado en gran medida por inversiones en infraestructura digital, centros de datos y empresas de inteligencia artificial. Este dato es central: el capital del Golfo ya no es solo un colchón financiero para las monarquías. Es parte del metabolismo del capitalismo estadounidense, especialmente de sus sectores más ambiciosos y costosos.

Si la guerra persiste, los países del CCG necesitarán más recursos para defensa, reparación de infraestructura, estabilización fiscal y sostenimiento interno. Eso puede reducir o postergar la colocación de capital en el exterior. Reuters informó en marzo que tres Estados del Golfo comenzaron a revisar cómo desplegar sus fondos soberanos, incluyendo posibles reversiones de compromisos, desinversiones y revaluación de patrocinios globales.

No estamos ante un viraje improvisado. La retracción internacional ya había comenzado antes de la guerra. En abril de 2026, el gobernador del Public Investment Fund saudí afirmó que el fondo buscará destinar el 80% de sus inversiones a la economía local y reducir la proporción internacional al 20%, desde picos cercanos al 30%. El giro responde tanto a la presión de los déficits y la menor renta petrolera como a la urgencia renovada que impone la guerra. Dicho de otra manera: la guerra no crea desde cero la reorientación del capital del Golfo, la acelera.

Por eso la relación Washington–CCG atraviesa una contradicción profunda. Estados Unidos quiere que los países del Golfo sigan siendo socios estratégicos, compren armamento estadounidense, financien sectores prioritarios de su economía y respalden corredores favorables a Occidente. Pero la misma guerra que Washington ayudó a desencadenar erosiona la capacidad del Golfo para cumplir todos esos roles a la vez. Si el conflicto se prolonga, el CCG tendrá que priorizar. Y es razonable suponer que priorizará su estabilidad doméstica antes que la comodidad financiera de Silicon Valley.

La gran enseñanza de esta guerra es que el Golfo ya no puede ser entendido como una región pasiva, rica y dependiente, cuya función es exportar energía, comprar armas y reciclar excedentes. Está emergiendo como un actor que debe administrar simultáneamente seguridad, conectividad y capital.

Si el CCG consigue construir una defensa regional efectiva, reducirá su dependencia del paraguas estadounidense. Si logra desarrollar corredores alternativos con suficiente autonomía, limitará el poder de coerción de Ormuz y ganará margen frente a Irán. Si preserva sus fondos soberanos sin quedar atrapado entre la guerra y las urgencias domésticas, mantendrá su influencia global. Pero si fracasa en alguno de esos frentes, su posición se debilitará.

Estados Unidos también enfrenta una decisión. Puede seguir tratando al Golfo como una extensión de su arquitectura de seguridad, asumiendo que las monarquías absorberán los costos de una estrategia regional diseñada en Washington. O puede aceptar que el CCG está entrando en una etapa más autónoma, más transaccional y menos disciplinada por la lógica occidental.

Esa autonomía incluirá conversaciones con China, incluso en corredores estratégicos. Incluirá una mayor cautela en la exportación de capital. Incluirá exigencias de seguridad más concretas a cambio de cooperación. Y probablemente también incluya una revisión crítica del viejo intercambio tácito: protección estadounidense a cambio de energía estable, inversiones y alineamiento geopolítico.

El futuro del Golfo no se decidirá únicamente en los campos de batalla ni en la mesa de negociación entre Washington y Teherán. También se decidirá en los centros de datos que buscan financiamiento, en los puertos que conectan Asia y Europa, en los oleoductos que esquivan Ormuz, en las reuniones discretas de los fondos soberanos y en la capacidad —todavía pendiente— de seis Estados ricos de convertirse en una verdadera comunidad estratégica.

Ahí se juega la reconfiguración de Medio Oriente. Y también una parte no menor del poder estadounidense en el siglo XXI.

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jueves, 14 de mayo de 2026

EL ENCUENTRO ENTRE TRUMP Y XI SACA A LA LUZ LA DEBILIDAD ESTADOUNIDENSE.

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“¿Utilizará China su influencia sobre Irán para resolver la crisis estadounidense en Asia Occidental y qué precio tendrá que pagar Trump por ello en materia de comercio y respecto al estatus de Taiwán? Es probable que no sea factible un gran avance. El resultado más probable es un enfriamiento temporal: acuerdos para no dejar que la guerra comercial descarrile aún más, presión diplomática sobre Irán y formulaciones vagas sobre Taiwán. Mientras tanto se mantiene la contradicción subyacente entre ambos países. Estados Unidos quiere conservar su dominación mundial, mientras que China persigue un orden mundial multilateral. Esta cumbre no cambiará nada de eso. Lo que China teme, sobre todo a largo plazo, es el llamado “miedo hegemónico” de EE. UU.: una gran potencia en decadencia que, por desesperación, golpea salvajemente a su alrededor, fenómeno conocido desde la Antigüedad griega como la “trampa de Tucídides”. Las acciones de EE. UU. en Irán y Venezuela, junto al bloqueo petrolero contra Cuba, demuestran para Pekín que ahora el poder prevalece sobre el derecho, lo que hace que el mundo sea imprevisible y peligroso.

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Fuentes: Rebelión.

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EL ENCUENTRO ENTRE TRUMP Y XI

SACA A LA LUZ LA DEBILIDAD ESTADOUNIDENSE.

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Por Marc Vandepitte | 14/05/2026 | Mundo

Fuentes Revista Rebelión jueves 14 de mayo del 2026.


Traducido del neerlandés por el autor.

Trump viaja a Pekín con la esperanza de apagar los incendios que él mismo ha provocado. Xi Jinping se sienta a la mesa de negociación con las mejores cartas.

Del 13 al 15 de mayo Donald Trump realiza una visita de Estado al presidente Xi Jinping en Pekín. La intención original era hablar sobre el conflicto comercial entre ambos países, pero ahora la agenda está dominada por la guerra en Asia Occidental, llamada euro céntricamente Oriente Medio. Hay mucho en juego, pero es muy dudoso que esta cumbre vaya a producir resultados tangibles.



Guerra Fría.

Las cosas no van realmente bien entre las dos grandes potencias. Tras la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética, EE. UU. se presentó como el líder indiscutible de la política mundial. En 1992, un año después de la caída de la Unión Soviética, el Pentágono escribió:

“Nuestro primer objetivo es impedir que aparezca un nuevo rival en el escenario mundial. Debemos disuadir a los competidores potenciales incluso de aspirar a un papel mayor a nivel regional o mundial”.

Treinta años después China se ha convertido en el principal “competidor potencial” que debe ser contenido. El Congreso de EE. UU. declaró en el marco de las discusiones presupuestarias para 2019 que “la competencia estratégica con China a largo plazo es una prioridad principal para Estados Unidos”. Se trata de una estrategia integral que se lleva a cabo en distintos frentes.

Washington intenta frenar el ascenso tecnológico de China impidiendo la exportación de chips avanzados y otras tecnologías de alto valor. La economía china se ve obstaculizada con aranceles comerciales y controles de inversión. Además, EE. UU. intenta aislar económicamente a China de países vecinos como Japón, Corea del Sur, Vietnam e India cerrando acuerdos comerciales con ellos y formando así un bloque conjunto.

La estrategia militar respecto a China sigue dos vías: una carrera armamentista y el cerco del país. EE. UU. gasta 13 veces más en armamento por habitante que China y Trump ha anunciado que el próximo año quiere aumentar el presupuesto nada menos que en un cincuenta por ciento.

Estados Unidos tiene alrededor de China unas 400 bases militares. También hay planes para desplegar un sistema de misiles de alcance medio en el Pacífico, con lo que China quedaría dentro de su radio de acción. Pekín responde a esta nueva Guerra Fría con inversiones y comercio exterior. Con la campaña “nuevas fuerzas productivas” China apuesta plenamente por industrias avanzadas como los vehículos eléctricos, las baterías y la biotecnología. Con una gigantesca inversión anual de 1.600 mil de millones de dólares China quiere romper la dependencia de la tecnología occidental y proteger al país contra la agresión estadounidense.

En el ámbito exterior destaca la Iniciativa de la Franja y la Ruta, o la Nueva Ruta de la Seda, que representa cientos de inversiones, concesiones de crédito, acuerdos comerciales y decenas de Zonas Económicas Especiales por un valor de 900.000 millones de dólares. Están distribuidas en 72 países, con una población total de unos 5.000 millones de personas, lo que equivale al 65 % de la población mundial.



Una posición débil.

Cuando Donald Trump viaja a Pekín, no lo hace desde una posición de fuerza. Su política exterior caprichosa y la escalada del conflicto con Irán han debilitado seriamente a Estados Unidos. El intento del año pasado de imponer a China aranceles comerciales del 145% fue cancelado de inmediato cuando Pekín bloqueó la exportación de tierras raras.

Washington esperaba golpear a China con la guerra contra Irán al presionar su suministro de petróleo, pero ese objetivo ha fracasado. Es más, la inestabilidad en Asia Occidental parece jugar precisamente a favor de Pekín. Mientras EE. UU. se estanca en el estrecho de Ormuz y con ello siembra la inquietud en los mercados financieros, China se perfila como un factor estable y fiable en el comercio mundial.

El aumento de los precios de la energía debido a la guerra funciona como un impulso para la energía verde. Dado que las empresas chinas poseen el 70% de la producción mundial de tecnología verde, China ve aumentar fuertemente sus exportaciones de paneles solares y baterías.

Además, Pekín actúa como “proveedor de última instancia” de combustibles y fertilizantes, lo que aumenta su prestigio diplomático en el Sur Global.

Los intentos de EE. UU. de obstaculizar la industria tecnológica china han fracasado. Precisamente han estimulado a China a innovar más rápidamente y a hacerse menos dependiente del extranjero. La ventaja tecnológica de EE. UU. se reduce visiblemente. Los avances chinos en Inteligencia Artificial (IA) siguen pisándole los talones a EE. UU., mientras empresas estadounidenses como Nvidia presionan para obtener reglas más flexibles por miedo a perder su mercado.

Trump está contra la pared en su propio país. El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los precios del combustible y aviva la inflación. Por ello, su popularidad ha caído a un punto mínimo: un 62% de la población desaprueba su política. Debido a esto, las perspectivas para las elecciones de medio término de noviembre son particularmente sombrías.

Al desatar su guerra arancelaria y una contienda unilateral e innecesaria contra Irán, Trump ha alejado a sus aliados y ha creado espacio para que Xi Jinping forje un nuevo orden mundial multilateral.

En el ámbito financiero la guerra erosiona aún más la hegemonía de EE. UU. Los países utilizan cada vez más el renminbi chino para eludir los riesgos del dólar y las sanciones estadounidenses. Irán permite el paso de barcos por el estrecho de Ormuz a cambio de pagos en moneda china o criptomonedas.

Esta situación le da a Xi Jinping mucho margen de negociación. Washington ya no dicta las condiciones en esta nueva realidad, sino que incluso debe pedir ayuda al presidente Xi para mantener abiertas las vías navegables internacionales. En China reina la convicción de que el poder de EE. UU. disminuye de forma irreversible. Ahí se considera a Donald Trump como un síntoma de este declive y, al mismo tiempo, como un acelerador de este.



Temas de conversación.

El próximo encuentro entre Trump y Xi girará en torno a tres temas importantes: la guerra en Irán, las relaciones económicas y la situación de Taiwán. Al mismo tiempo, el punto muerto sobre el estrecho de Ormuz pesará como una sombra sobre todas las conversaciones.

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza el suministro vital de petróleo que mantiene en marcha la industria china, pero Pekín ha acumulado grandes reservas para unos cuatro meses. Trump insistirá firmemente ante Xi para que utilice su influencia en Teherán a favor de un alto el fuego y la liberación del estrecho de Ormuz.

La relación entre China e Irán, sin embargo, es compleja, porque China también intenta mantener buenas relaciones con los Estados del Golfo. Por ello, Pekín no puede simplemente dictar el rumbo de Teherán, aunque quisiera hacerlo.

En el ámbito económico Trump busca rápidamente éxitos tangibles de cara a las elecciones de medio término estadounidenses. Sobre la mesa hay grandes acuerdos, como la compra de aviones Boeing y productos agrícolas. A cambio, China quiere aranceles de importación más bajos y controles de exportación menos estrictos sobre la tecnología de alto valor.

La posibilidad de un verdadero avance sigue siendo escasa. Más bien parece probable una prolongación de la frágil tregua comercial. China espera más previsibilidad en los acuerdos comerciales.

Sobre la cuestión de Taiwán se camina a tientas. Pekín insiste en un rechazo estadounidense más firme a la independencia taiwanesa, de modo que Washington debería luchar contra la independencia de Taiwán en lugar de simplemente no apoyarla. Es posible, aunque no seguro, que Trump lo acepte para cerrar acuerdos, a pesar de la resistencia en Washington y Taipéi.

En resumen, para Xi son fundamentales la estabilidad de las exportaciones y una postura más estricta de EE. UU. respecto a Taiwán, mientras que Trump aspira sobre todo a acuerdos que puedan agradar a su base electoral y a un pronto desbloqueo del estrecho de Ormuz.



Miedo hegemónico.

La cumbre entre Trump y Xi tiene lugar en un momento en que se están desplazando las relaciones de poder entre EE. UU. y China. Washington llega a Pekín con necesidades urgentes: una salida a la crisis en torno a Irán, precios del petróleo más bajos, calma en los mercados financieros y un éxito político de cara a las elecciones de medio término. Xi, en cambio, puede presentarse como el líder de un país que, pese a la presión sobre su abastecimiento de petróleo y sus exportaciones, parece mejor preparado para una confrontación prolongada.

¿Utilizará China su influencia sobre Irán para resolver la crisis estadounidense en Asia Occidental y qué precio tendrá que pagar Trump por ello en materia de comercio y respecto al estatus de Taiwán?

Es probable que no sea factible un gran avance. El resultado más probable es un enfriamiento temporal: acuerdos para no dejar que la guerra comercial descarrile aún más, presión diplomática sobre Irán y formulaciones vagas sobre Taiwán.

Mientras tanto se mantiene la contradicción subyacente entre ambos países. Estados Unidos quiere conservar su dominación mundial, mientras que China persigue un orden mundial multilateral. Esta cumbre no cambiará nada de eso.

Lo que China teme, sobre todo a largo plazo, es el llamado “miedo hegemónico” de EE. UU.: una gran potencia en decadencia que, por desesperación, golpea salvajemente a su alrededor, fenómeno conocido desde la Antigüedad griega como la “trampa de Tucídides”. Las acciones de EE. UU. en Irán y Venezuela, junto al bloqueo petrolero contra Cuba, demuestran para Pekín que ahora el poder prevalece sobre el derecho, lo que hace que el mundo sea imprevisible y peligroso.

Publicado originalmente en neerlandés en De Wereld Morgen.

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miércoles, 13 de mayo de 2026

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN SU LABERINTO. La doble crisis del crecimiento.

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“Desde otra perspectiva, La Vía Campesina, organización que reúne a 180 agrupaciones locales y nacionales representativas de más de 200 millones de pequeños y medianos productores agrícolas y trabajadores rurales en 81 países, también apunta a un cambio radical de la lógica del crecimiento y el desarrollo humano. En su caso, comenzando con una redefinición del derecho a la alimentación. En un manifiesto de octubre de 2025, reactualizado en abril de 2026, La Vía Campesina afirma que la agroecología campesina es la respuesta al grave problema de una alimentación muy dispar. Y propone soluciones reales que reconozcan la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia para los pueblos del mundo, como un “nuevo paradigma financiero basado en subvenciones públicas incondicionales, no en préstamos”. Según La Vía Campesina, estos fondos deben ser “controlados democráticamente para impulsar transiciones justas y soberanas”. Es importante que los países del Sur Global puedan “transitar en sus propios términos, con reparaciones financieras, transferencia de tecnología y autonomía para definir sus propias sendas de desarrollo”. Por otra parte, promueve la “construcción de una solidaridad global que también apoye transiciones justas y soberanas para los pueblos del Norte Global, cuyo control sobre sus propias economías es crucial para acabar con el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora y la Madre Tierra”

“La propuesta de La Vía Campesina no es algo reciente. En efecto, en muy diversos momentos desde su nacimiento en 1993 ha criticado frontalmente el modelo decrecimiento económico neoliberal y el agronegocio debido a que ambos priorizan la rentabilidad corporativa y la especulación financiera sobre el bienestar social, la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Sin duda alguna, un modelo que genera pobreza expulsa a los pequeños agricultores de sus tierras y destruye la biodiversidad. A todas luces, América Latina y el Caribe, como buena parte del resto del mundo, se encuentran en la encrucijada de una compleja etapa histórica caracterizada por una doble crisis: la del crecimiento global y la del propio concepto usado hasta aquí para medir e interpretar dicho crecimiento. Crisis agravada por guerras con efectos perniciosos en todo el mundo y en particular en el Sur Global, que paga el precio más alto, el de la creciente pobreza extrema

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Fuentes: Rebelión.

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN SU LABERINTO.

La doble crisis del crecimiento.

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Por Sergio Ferrari | 13/05/2026 | Economía

Fuentes Revista Rebelión miércoles 13 de mayo del 2026.

Además de sus históricos problemas estructurales, América Latina y el Caribe confrontan ahora la incertidumbre generada por la inestabilidad geopolítica internacional. En medio de esta coyuntura ven alejarse sus expectativas de crecimiento para 2026.

Aunque las marcadas disparidades entre países no permiten sacar una conclusión única, como lo constata la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se percibe una tendencia predominante: la media de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) el año en curso seguirá bajando hasta un minúsculo 2,2%, con un deterioro real para 24 de sus 33 países.

Regionalmente, el crecimiento en América del Sur será de 2,4% (2,9% en 2025). En América Central, de 2,2% (2,3% en 2025). En todo el continente, México, la República Dominicana y el Caribe de habla no hispana quizás sean las únicas excepciones de crecimiento previsto. México, con un salto del 1,5% con respecto al 0,8% anterior; República Dominicana que aumentaría hasta el 4%; en tanto el Caribe de lengua no hispana las cifras son más bien engañosas debido al empuje de Guyana. Si se excluye esta última, estaríamos hablando de apenas un 1,2%, bien por debajo del 2,0% en 2025 (https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_proyecciones_abril-2026-esp.pdf).



Crisis crónica: “crecimiento perezoso”.

Con esta proyección, la CEPAL está rectificando sus previsiones anteriores de un crecimiento un poco mayor para la región. Tras cuatro años consecutivos con índices porcentuales en torno al 2% anual, algo así como un “crecimiento perezoso”, concluye que se trata de

“un techo bajo que habla de una incapacidad estructural para despegar, insertada en un contexto internacional que pesa como un ladrillo”. 

(https://news.un.org/es/story/2026/04/1541379).

El análisis de la CEPAL subraya el impacto significativo de la nueva situación mundial: desde diciembre de 2025 hasta fines de abril,

“el escenario externo se ha endurecido, especialmente a raíz de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado la volatilidad de los mercados y el precio del petróleo”. Así, por ejemplo, el primer cuatrimestre de 2026, los combustibles esenciales han subido un 74% con respecto al año anterior.

De la mano de esta crisis, agudizada por el doble tapón impuesto al Estrecho de Ormuz en las costas iraníes –por donde transita más del 20% del combustible mundial–, también se encarecieron alimentos y servicios, inevitable freno al crecimiento del intercambio mundial. De allí que las organizaciones internacionales especializadas pronostiquen que este año el techo de crecimiento del comercio mundial sea del 2,7%, muy inferior al 4,7% de 2025, con sus repercusiones directas en el continente.

Por otra parte, varios socios relevantes de América Latina y el Caribe, como China, la Unión Europea e India, se han desacelerado en momentos en que los bancos centrales del mundo, asustados por la inflación, se han vuelto cautelosos y están imponiendo condiciones financieras menos favorables que las que proyectaban hace apenas unos meses.

En síntesis, el consumo regional se enfría y la inversión no arranca, la economía se desacelera, los precios suben y el trabajo escasea. Realidad macro que se expresa en la caída de la capacidad económica familiar debido a que el consumo privado ha perdido energía. Más preocupante aún, insiste la CEPAL, es la media de la inflación en la región, que este año superará el 3% (fue del 2,4% en 2025), aunque

“se dejará sentir particularmente en América del Sur debido a la volatilidad del tipo de cambio y la subida de los costos de la importación”.

Para la CEPAL, un 2,2% “no es una catástrofe puntual, sino la expresión de un síntoma crónico”, que describe en términos elocuentes: la región lleva años en la trampa del bajo crecimiento, alta exposición a los vaivenes mundiales y poca capacidad para encender motores propios, con riesgos que no desaparecen, como condiciones financieras restrictivas, inflación alimentaria y energética y volatilidad cambiaria. Además, sobre algunos países pesan problemas estructurales más profundos, como restricciones externas, margen de maniobra político agotado e instituciones frágiles. De allí que su mensaje sea no solo económico sino también político:

“Ampliar la movilización de recursos internos y externos y fortalecer la gobernanza son factores fundamentales para impulsar políticas que dinamicen la inversión, aumenten la productividad y fortalezcan la resiliencia macroeconómica en un entorno global cada vez más incierto”.



La guerra y el impacto mundial.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta tendencias similares a nivel mundial a las anticipadas por la CEPAL para América Latina y el Caribe, como lo documenta en su informe de abril La economía mundial bajo la sombra de la guerra. Aun suponiendo que el conflicto en el Medio Oriente tuviese una duración y un alcance limitados, de todos modos, el FMI proyecta para 2026 una desaceleración del crecimiento del 3,1% con un leve aumento de la inflación. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, esta tendencia será mucho más pronunciada.

(https://www.imf.org/es/publications/weo/issues/2026/04/14/world-economic-outlook-april-2026).

¿Quién se beneficia con las nuevas guerras?, sin duda una pregunta crítica en esta coyuntura tan compleja y alterada. En todo caso, y tanto a la luz de los brutales costos humanos como de los indicadores económicos, puede afirmarse que prácticamente ninguna economía nacional podrá sacar provecho de estos conflictos, a excepción de la gran industria armamentista.

La radiografía del FMI, a quien nadie puede tildar de progresista, es elocuente

el gasto para defensa en los próximos dos años y medio aumentará de tal manera que llegará a representar unos 2,7 puntos porcentuales del PIB y aproximadamente dos tercios de este se financiarán mediante nuevo endeudamiento, es decir, mayores déficits. En términos concretos, el gasto militar se traducirá en un aumento de la deuda pública de aproximadamente un 7%, con la consiguiente reducción del gasto social.


“Crecimiento”: un concepto también en crisis.

La teoría del crecimiento económico estrechamente ligado al aumento del PIB que los organismos internacionales emplean sistemáticamente para sus estadísticas, sus tablas comparativas y sus proyecciones puede ayudar a proyectar tendencias económicas generales de una región o continente, e incluso del mundo. Sin embargo, sus limitaciones son cada vez más evidentes. Prueba de ello, los cuestionamientos no solo de expertos y teóricos altamente especializados, movimientos sociales e importantes organizaciones no gubernamentales (ONG), sino también, y muy significativamente, desde dentro mismo de las Naciones Unidas.

La última semana de abril Olivier De Schutter, el Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de esta organización, propuso un cambio radical en las políticas de desarrollo. Como ya lo había enunciado en julio de 2024 en su informe tan polémico como cuestionadoErradicar la Pobreza más allá del crecimiento, nuevamente De Schutter aboga por medidas novedosas, como el ingreso básico universal, la reducción de la jornada laboral y la cancelación de deudas soberanas insostenibles (https://docs.un.org/es/A/HRC/56/61).

La propuesta de De Schutter implica un giro decisivo para que las estrategias de desarrollo ya no dependan del factor “crecimiento”, sino que ahora se reorienten hacia una agenda de “derechos humanos” que sitúe el bienestar de las personas y el planeta en el centro mismo de la transformación económica. Sus recomendaciones se estructuran en torno a cinco pilares:

transformación de los sistemas económicos; políticas del mercado laboral y economía del cuidado; protección social universal y servicios esenciales; clima, medio ambiente y gestión de recursos, y comercio, finanzas, deuda y solidaridad global. Todos ellos sustentados por un enfoque transversal de buen gobierno y democracia participativa.

Se trata de una hoja de ruta que apunta a respaldar los esfuerzos internacionales para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza a nivel global a partir de un concepto de desarrollo elaborado consensualmente con actores de la sociedad civil internacional. Concepto que afirma la plena realización de los derechos humanos, pero ya sin reconocer al PBI como principal indicador de progreso. A todas luces, un instrumento importante para orientar los debates previos a la adopción de la próxima generación de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Naciones Unidas en septiembre de 2027 (https://www.neep-poverty.org/).



Desde otra perspectiva, La Vía Campesina, organización que reúne a 180 agrupaciones locales y nacionales representativas de más de 200 millones de pequeños y medianos productores agrícolas y trabajadores rurales en 81 países, también apunta a un cambio radical de la lógica del crecimiento y el desarrollo humano. En su caso, comenzando con una redefinición del derecho a la alimentación.

En un manifiesto de octubre de 2025, reactualizado en abril de 2026, La Vía Campesina afirma que la agroecología campesina es la respuesta al grave problema de una alimentación muy dispar. Y propone soluciones reales que reconozcan la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia para los pueblos del mundo, como un

“nuevo paradigma financiero basado en subvenciones públicas incondicionales, no en préstamos”. Según La Vía Campesina, estos fondos deben ser “controlados democráticamente para impulsar transiciones justas y soberanas”. Es importante que los países del Sur Global puedan “transitar en sus propios términos, con reparaciones financieras, transferencia de tecnología y autonomía para definir sus propias sendas de desarrollo”. Por otra parte, promueve la “construcción de una solidaridad global que también apoye transiciones justas y soberanas para los pueblos del Norte Global, cuyo control sobre sus propias economías es crucial para acabar con el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora y la Madre Tierra” (https://viacampesina.org/es/cop-30-manifiesto-de-la-via-campesina-tierra-y-derechos-para-quienes-enfrian-el-planeta/).

La propuesta de La Vía Campesina no es algo reciente. En efecto, en muy diversos momentos desde su nacimiento en 1993 ha criticado frontalmente el modelo decrecimiento económico neoliberal y el agronegocio debido a que ambos priorizan la rentabilidad corporativa y la especulación financiera sobre el bienestar social, la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Sin duda alguna, un modelo que genera pobreza expulsa a los pequeños agricultores de sus tierras y destruye la biodiversidad.

A todas luces, América Latina y el Caribe, como buena parte del resto del mundo, se encuentran en la encrucijada de una compleja etapa histórica caracterizada por una doble crisis: la del crecimiento global y la del propio concepto usado hasta aquí para medir e interpretar dicho crecimiento. Crisis agravada por guerras con efectos perniciosos en todo el mundo y en particular en el Sur Global, que paga el precio más alto, el de la creciente pobreza extrema

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martes, 12 de mayo de 2026

LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA POBREZA EN EL PERÚ 2025, POR JAVIER HERRERA.

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“En conclusión, la urbanización de la Pobreza en el Perú enfrenta una transformación profunda de su estructura de pobreza: el crecimiento económico reciente ha perdido eficacia para reducirla de manera sostenida, mientras la pobreza se ha urbanizado y concentrado especialmente en la capital. A ello se suma una mayor vulnerabilidad de los hogares, una débil movilidad ascendente y una creciente exposición a choques económicos que erosionan los avances logrados. Si bien los programas sociales siguen siendo un soporte importante, su impacto resulta insuficiente frente a la magnitud y la nueva geografía del problema. En este contexto, el reto central ya no es únicamente crecer más, sino redefinir las políticas de empleo, protección social y desarrollo territorial para responder a una pobreza más urbana, persistente y estructural.

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LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA POBREZA EN EL PERÚ 2025,

POR JAVIER HERRERA.

"La Urbanización de la Pobreza".

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"El Perú enfrenta una transformación profunda de su estructura de pobreza: el crecimiento económico reciente ha perdido eficacia para reducirla de manera sostenida, mientras la pobreza se ha urbanizado y concentrado especialmente en la capital".

Por Javier Herrera. Economista.

Fuente La República martes 12 de mayo del 2026.

Durante años, el crecimiento económico fue presentado como la gran receta peruana contra la pobreza. Y, en efecto, entre 2004 y 2013 el país vivió una etapa de expansión sostenida: el PBI llegó a crecer alrededor de 6% anual y la pobreza cayó 35 puntos con una rapidez espectacular. Sin embargo, algo cambió en la última década. Hoy el Perú enfrenta una paradoja inquietante: la economía ha vuelto a crecer, pero la pobreza sigue siendo mucho más alta que antes de la pandemia. Es más, somos parte de los muy pocos países de la región que aún no logran reducir la pobreza a, por lo menos, su nivel prepandemia.

Entre 2019 y 2025, el PBI acumuló un crecimiento real de 10,8%. Aun así, la pobreza se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. La explicación no está solo en cuánto crece la economía, sino en cómo y para quiénes crece. Los datos muestran que la evolución del gasto entre 2019 y 2025 ha tenido un sesgo muy débil en favor de los pobres (la redistribución la redujo en apenas 0,35 puntos). En otras palabras, la recuperación económica no ha logrado traducirse en mejoras significativas para los hogares más vulnerables. Mientras antes el crecimiento reducía la pobreza de manera casi automática, ahora esa conexión parece haberse debilitado.

Esto revela un problema estructural. El crecimiento reciente ha sido débil y no ha generado suficiente empleo adecuado ni ingresos sostenibles. El mercado laboral continúa dominado por la informalidad y muchos trabajadores, aunque tienen empleo, permanecen por debajo de la línea de pobreza. No solo se trata de crecer a mayor ritmo y replantear los programas sociales, sino también de impulsar sectores intensivos en mano de obra y generar empleo de calidad.


Lima, la capital de la pobreza, hoy concentra más pobreza que todo el Perú rural.
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La pobreza ahora es principalmente urbana.

Uno de los cambios más profundos de los últimos años es la transformación territorial de la pobreza. Durante décadas, la pobreza estuvo concentrada en las zonas rurales. Hoy el rostro de la pobreza es cada vez más urbano. La reducción sostenida de la pobreza rural es innegable. En 2004 superaba el 80%; en 2025 cayó a 35,5%. La capital, por su parte, entre 2004 y 2016 había logrado dividir por cuatro su pobreza. Desde entonces, la tendencia se revirtió con el agravante de la pandemia y, en 2025, es casi el triple (27,3%) que en 2016. Actualmente, incluso hay más pobres en Lima que en toda el área rural del país.

En 2019, los pobres de Lima representaban el 22,8% del total nacional. En 2025 alcanzan el 32,6%. En apenas seis años, la capital ganó diez puntos porcentuales en la distribución nacional de la pobreza. Igual ocurre con la pobreza extrema (uno de cada 20 pobres extremos en 2019 era limeñouno de cada cuatro en 2025). Este fenómeno responde a una “urbanización de la pobreza”, impulsada por migraciones internas, cambios demográficos y un crecimiento urbano que las políticas públicas no han logrado acompañar. La consecuencia es que los programas sociales diseñados históricamente para zonas rurales no corresponden a los nuevos desafíos de la pobreza propia de ciudades densamente pobladas.

La distancia entre pobreza urbana y rural también se está reduciendo. Antes, un hogar rural pobre estaba mucho más lejos de poder cubrir su canasta básica que un hogar urbano. Esa distancia se ha acortado drásticamente. En 2004, la diferencia entre las brechas de pobreza rural y urbana era de 15 puntos porcentuales. En 2025, la diferencia es de menos de cinco puntos (4,7 puntos). Es decir, no solo hay más pobres urbanos; también las carencias que enfrentan son cada vez más severas.

 


Pobreza e inseguridad alimentaria según áreas urbana y rural 2026.

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El hambre y la inseguridad alimentaria.

El problema alcanza incluso a la alimentación. El déficit calórico —hogares que no logran comprar las calorías mínimas necesarias— aparece ahora con mayor fuerza en Lima Metropolitana (41,6%) que en las otras ciudades (33,2%) o en los hogares rurales (30,4%). Actualmente, la capital concentra más hogares con problemas de inseguridad alimentaria que varias regiones rurales del país. Entre un tercio (32,4%) de los vulnerables y cerca de la mitad de los hogares pobres extremos (47,3%) y pobres no extremos (40,5%), por falta de medios, tuvieron que reducir las cantidades, saltarse una comida o pasar un día entero sin comer. Los niveles son más preocupantes en las ciudades que en el campo. Esto obliga a replantear las estrategias contra la pobreza urbana. Experiencias como las ollas comunes, surgidas durante la pandemia, muestran que existen mecanismos comunitarios que podrían fortalecerse y ampliarse.

Cada vez más hogares vulnerables.

Cuando se consulta a los hogares sobre su percepción de bienestar, el panorama también es pesimista. En 2025, poco más de siete de cada diez hogares afirman que su nivel de vida sigue igual, mientras casi un quinto considera que ha empeorado. Muy pocos (12%) perciben una mejora real. Ello lo confirman las cifras sobre la población vulnerable, que son las personas que podrían volver a caer fácilmente en la pobreza frente a cualquier choque adverso. Esta situación es especialmente grave en las zonas rurales, donde la vulnerabilidad pasó de 44,6% a 47%. Uno de cada cinco hogares sigue expuesto a choques adversos que conllevan pérdida de ingresos, daños patrimoniales o ambos. La sierra concentra los impactos más severos desde 2021, con familias que no solo ven reducirse sus ingresos, sino que además pierden bienes y activos.

Las transiciones de pobreza muestran, además, que escapar definitivamente de la pobreza sigue siendo muy difícil. Entre 2024 y 2025, más de un tercio de quienes viven en pobreza extrema permanecieron atrapados en esa condición y tres de cada cuatro pobres no extremos que salen de la pobreza devinieron vulnerables. Solo un pequeño grupo logró salir tanto de la pobreza como de la vulnerabilidad.



El necesario replanteamiento de los programas sociales.

Pese a todas las dificultades, los programas sociales siguen siendo un amortiguador clave. Sin transferencias monetarias y en especie, la pobreza en 2025 habría sido 7,2 puntos porcentuales mayor. Sin embargo, existe una fuerte desigualdad territorial en el impacto de estas políticas. En el área rural, la contribución de los programas sociales sigue siendo mucho más importante que en las ciudades (10,1% y 6,6%). Y aunque hubo una ligera recuperación reciente, el alcance todavía no retorna a niveles prepandemia. La expansión de la pobreza urbana plantea entonces una pregunta urgente: ¿están preparados los programas sociales para atender esta nueva realidad? La respuesta corta es no.

En conclusión, el Perú enfrenta una transformación profunda de su estructura de pobreza: el crecimiento económico reciente ha perdido eficacia para reducirla de manera sostenida, mientras la pobreza se ha urbanizado y concentrado especialmente en la capital. A ello se suma una mayor vulnerabilidad de los hogares, una débil movilidad ascendente y una creciente exposición a choques económicos que erosionan los avances logrados. Si bien los programas sociales siguen siendo un soporte importante, su impacto resulta insuficiente frente a la magnitud y la nueva geografía del problema. En este contexto, el reto central ya no es únicamente crecer más, sino redefinir las políticas de empleo, protección social y desarrollo territorial para responder a una pobreza más urbana, persistente y estructural.

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