TODOS CONTRA LA MARIONETA DE MÍSTER TRUMP.

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“Pero para el pueblo colombiano también estas elecciones son un asunto de supervivencia. No sólo para esa izquierda que confunde política con bolsa de empleo y que teme perder sus puestos. Para la gente del común también. De la Espriella acabará con lo poco que se ha podido avanzar en términos de derechos, en términos de paz, en términos de bienestar social, en términos de derechos ambientales y derechos de las mujeres, y pretende llevarnos con un programa político sacado literalmente de las cavernas a un escalamiento de la guerra, a una explotación feroz de los más pobres en el país que ya es uno de los más desiguales en el mundo, a la misoginia desenfrenada, a la destrucción del ambiente con graves consecuencias para la sociedad, a la militarización absoluta de la vida social. Seremos reducidos a una mera colonia de USA, país que ya nos quitó Panamá y ahora quiere acabar con nuestra soberanía, porque de la Espriella no es un líder sino una triste marioneta. Lo peor, es que el país quedará en manos ya no sólo de los corruptos, sino de los delincuentes, mafiosos, maltratadores de mujeres, y criminales a los que, de la Espriella, como abogado, tantos favores ya les ha hecho. Y dirán que eso es ley y orden.

“Cada cual tendrá sus razones, pero para la segunda vuelta todos (menos la mafia) deberíamos estar en contra del candidato de la Espriella. Pero lo más importante, es que esto no se decide en las urnas, sino que al final de cuentas, se decidirá con la movilización popular. Movilización en defensa de la vida, de la igualdad, de la libertad, de la soberanía, de la economía solidaria, del medio ambiente, del agua, por la paz y contra la guerra. Así la guerra y la contrainsurgencia se disfracen solapadamente de progresismo como bajo Petro, o se muestren de manera pornográfica como con de la Espriella. He dicho.

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Fuentes: Rebelión.

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TODOS CONTRA LA MARIONETA

DE MÍSTER TRUMP.

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Por Espartaco | 06/06/2026 | Colombia.

Fuentes Revista Rebelión sábado 6 de junio del 2026.

El apoyo del político más detestado e impopular en el mundo dice todo lo que uno necesita saber de este fraude llamado de la Espriella.

Dije que de la Espriella es algo peor que el uribismo y me sostengo en esa opinión. Es un salto cualitativo hacia algo muchísimo más podrido, y ojo, que el uribismo ya había puesto la vara delincuencial bastante alta. Pero la historia de Colombia demuestra que cada vez que pensamos que se había tocado fondo, hay algo más abajo. Hasta un derechista como Héctor Abad Facho-lince se da cuenta de lo que tenemos en juego, y hace una magnífica descripción del autodenominado Tigre:

“No es necesario mostrarles una foto ni decirles el nombre y apellido de un petardo; ustedes van a verlo dibujado con palabras.

Me refiero a un tipo tan ridículo que sostiene que solo lo saben afeitar en Miami. Un macho tan inseguro de su aspecto –y a pesar de eso tan vanidoso– que confiesa gastar cada mañana una hora entera acicalándose la barba, pelo a pelo, ante el espejo. Un varón tan dudoso de su virilidad que les señala a las mujeres, para que se lo admiren, el magnífico tamaño de su paquete erecto.

Un salvador de la patria cuya consorte sostiene que si no ganan las elecciones volverán a su amena vida de rentistas en Miami o en Florencia. Un patriota que hará lo que el mandamás de Estados Unidos le indique y que seguirá su ejemplo de mezclar el Estado con sus negocios privados para hacer aún más grande el paquete de sus propiedades. Un firme por la patria que en realidad sería un procónsul del Imperio.

Un tipo tan deshonesto que tiene mala fama entre los bandidos. Tan perezoso y mediocre que su programa de gobierno se reduce a tres páginas de lugares comunes y amenazas violentas. Con tan mal oído que se cree buen cantante; con tal mal gusto que se cree elegante porque se viste más ceñido que un torero, quizá, precisamente, para que se le forre el paquete chileno. O, si no chileno, al menos siciliano.

Un autoritario sin autoridad, porque jamás ha gobernado nada; un mandón que desconoce la eficacia porque confunde la gritería histérica con el don de mando. Uno que jamás prestó servicio militar, pero se apropia de los gestos marciales para hacerse pasar por comandante en jefe del ejército. Un altanero y engreído que cree que humillar a los demás es un triunfo y no una infamia.”

Ahí hay un retrato perfecto. En fin, de la Espriella es un tipo tan torcido, que hace ver al uribismo casi como algo decente. Su prontuario ya es bien conocido.

EL FACTOR TRUMP.

Como prueba de lo que digo, ha recibido el respaldo del torcido en jefe de la política internacional, Donald Trump: un pederasta y protector del círculo de pedófilos de Epstein, un corrupto que no sabe distinguir la cosa pública de sus asuntos privados, un asesino de niñas iraníes, un depredador misógino y maltratador de mujeres, el financiador del único genocidio contemporáneo, un matón de segunda, secuestrador, acusado en su propio país de felonía y traición. Este es el mensaje que deja en las redes sociales el delincuente Trump:

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, El Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, ¡por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! Abelardo se enfrentará a un marxista de la izquierda radical en la segunda vuelta del 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y a su apoyo político a mi persona, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total ¡“EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA NO DEFRAUDARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA!”

Da risa ver cómo estos delincuentes se adulan uno a otro y cómo presumen de lo que adolecen. Son militaristas que no prestaron el servicio militar, salvadores de la patria cuyos intereses están en el extranjero, patriotas al servicio de potencias foráneas (USA en el caso del colombiano, Israel en el caso del gringo), defensores de la ley y el orden que andan de parceros de la mafia.

¿Grandes logros? Por favor, diga cuáles, porque este tipo nunca ha estado en cargo alguno (a lo mejor se refiere a los favores como tinterillo de narcos). ¿Combatir el crimen y las drogas? Hombre, si es que Abelardo es el abogado estrella de los capos, traquetos y paracos. Pero si lo dice Trump, que es un criminal que dice él mismo que no tiene porqué respetar el derecho internacional… en fin, burros hablando de orejas.

Pero en realidad, el apoyo del político más detestado e impopular en el mundo dice todo lo que uno necesita saber de este fraude llamado de la Espriella. Trump está acabando con la economía de USA, tiene a su país en graves dificultades por sus aventuras militares y nunca ha estado tan aislado como en el presente. Sus virajes y arrebatos tienen al mundo de cabeza, mientras los ciudadanos de USA no pueden ya con el precio del petróleo, de las cuentas y de la canasta básica. Hasta sus acólitos más fanáticos lo están abandonando y su impopularidad supera el 60% según todas las encuestas, rechazo que ningún otro presidente de USA ha tenido. El apoyo de Trump por este candidato debería sonar todas las alarmas para el pueblo colombiano.

TODOS CONTRA DE LA ESPRIELLA.

Petro, quien se jacta de hablar personalmente con Trump y de ser su amigo (como si eso fuera un honor), debe estar con los nervios de punta. Petro, quién lamentó que Corina Machado y no Trump ganara esa farsa de Nóbel de la Paz –“No debió quitarle el Nóbel a Trump” dijo Petro-, Petro, quien defendió a Trump como un pragmático, quien le entregó la Isla Gorgona a los USA como si ya no tuvieran suficientes bases militares en Colombia desde las que intervenir aquí y en Ecuador y en Venezuela, quien después de su reunión en la Casa Blanca le dio a Trump todo lo que éste quiso, sobre todo en el tema de contrainsurgencia, drogas y de migración. Aparte de olvidarse de Palestina. Petro se debe sentir traicionado porque su nueva amistad le diera la espalda y apoya al candidato de la Espriella que dice que de ganar las elecciones lo entregará en extradición a USA por narco. Pero así es la vida, y Roma nunca ha pagado traidores. Estas elecciones para Petro son un asunto de autoconservación, de sobrevivencia.

Pero para el pueblo colombiano también estas elecciones son un asunto de supervivencia. No sólo para esa izquierda que confunde política con bolsa de empleo y que teme perder sus puestos. Para la gente del común también. De la Espriella acabará con lo poco que se ha podido avanzar en términos de derechos, en términos de paz, en términos de bienestar social, en términos de derechos ambientales y derechos de las mujeres, y pretende llevarnos con un programa político sacado literalmente de las cavernas a un escalamiento de la guerra, a una explotación feroz de los más pobres en el país que ya es uno de los más desiguales en el mundo, a la misoginia desenfrenada, a la destrucción del ambiente con graves consecuencias para la sociedad, a la militarización absoluta de la vida social. Seremos reducidos a una mera colonia de USA, país que ya nos quitó Panamá y ahora quiere acabar con nuestra soberanía, porque de la Espriella no es un líder sino una triste marioneta. Lo peor, es que el país quedará en manos ya no sólo de los corruptos, sino de los delincuentes, mafiosos, maltratadores de mujeres, y criminales a los que, de la Espriella, como abogado, tantos favores ya les ha hecho. Y dirán que eso es ley y orden.

Cada cual tendrá sus razones, pero para la segunda vuelta todos (menos la mafia) deberíamos estar en contra del candidato de la Espriella. Pero lo más importante, es que esto no se decide en las urnas, sino que al final de cuentas, se decidirá con la movilización popular. Movilización en defensa de la vida, de la igualdad, de la libertad, de la soberanía, de la economía solidaria, del medio ambiente, del agua, por la paz y contra la guerra. Así la guerra y la contrainsurgencia se disfracen solapadamente de progresismo como bajo Petro, o se muestren de manera pornográfica como con de la Espriella. He dicho.

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LA PORFIADA DEFENSA DE LA VIDA EN TIEMPOS OSCUROS.

 

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Desembocamos en la necropolítica: una política donde se tolera la muerte de las personas y de la naturaleza para mantener vivas las economías. La necropolítica es una consecuencia de estos tiempos oscuros. En esas condiciones, los países caen en sucesivas crisis, que pueden ser políticas, económicas o de otros tipos, las que, al mismo tiempo, agravan la problemática ambiental y suman impedimentos para poder resolverla. Esto permite abordar una condición clave: los temas del Día Mundial del Ambiente son inseparables de otras dimensiones, todas ellas enmarcadas en estilos de desarrollo que sueñan con seguir creciendo explotando tanto a las personas como a la naturaleza. Se desatiende o reniega de la crisis ambiental precisamente porque se interpreta que cualquier medida es un obstáculo al funcionamiento de las economías. De un modo análogo, se recortan las salvaguardas de los derechos humanos porque también son concebidas como trabas para un buen desempeño económico. Y, a su turno, se produce una política raquítica que permite seguir destruyendo la naturaleza y tolera la pobreza y la muerte de las personas.

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Fuentes: Rebelión [Imagn. Ypres after the First Bombardment, Christopher Richard Wynne Nevinson, 1927. Sheffield Museums].

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LA PORFIADA DEFENSA DE LA VIDA EN TIEMPOS OSCUROS.

Dia Mundial del Medio Ambiente.

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Por Eduardo Gudynas | 05/06/2026 | Ecología social

Fuentes Revista Rebelión viernes 5 de junio del 2026

El Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, debería ser una celebración de la vida. Un encuentro con todas sus expresiones: la belleza de los paisajes, la variedad de animales y plantas que albergan las selvas, las llanuras y los mares, cada uno de ellos con sus peculiares modos de existencia. Es encontrarse con todas esas vidas porque de ellas también dependen las nuestras propias como humanos.

Sin embargo, el Día Mundial del Ambiente de 2026 es particularmente difícil. Se siguen talando las selvas, el cambio climático no se detiene, los mineros taladran y los petroleros perforan. Una vez más, como viene sucediendo año a año, la problemática ecológica se agrava, en unos asuntos a un ritmo acelerado, como ocurre con la pérdida de biodiversidad, y en otros más pausadamente, como son las alteraciones en ciclos biogeoquímicos. Pero nada se detiene. Las medidas para evitar esos problemas siguen siendo inefectivas, y apenas se logran algunos éxitos puntuales, como crear una nueva área protegida o controlar algún agroquímico que dadas esas circunstancias se celebran como enormes victorias.

Teorías y prácticas entrampadas.

El balance de lo que podría resumirse como la teoría y la práctica, que mutuamente se potencian, no es auspicioso. De un lado la información, los argumentos y los debates progresan a tropezones. Del otro lado las acciones que realmente se implementan están muy lejos de las medidas que son necesarias.

En el primer ámbito, todos los años deben repetirse las evidencias de los problemas ambientales, tanto los que se sufren dentro de cada país como los que padece la biósfera. Se vuelven a publicar indicadores tales como las hectáreas de bosques talados o el número de especies amenazadas. Cada 5 de junio es necesario defender la relación entre emisiones de gases invernadero y el cambio climático, ante la avalancha de negacionistas. Ante medios de prensa convencionales, refractarios a estos temas, es compressible que se disfrute que, al menos en el Día Mundial del Ambiente, se pueda hablar de la debacle ecológica. Pero, al mismo tiempo, es como si nada se aprendiera de año en año, lo que obliga a repetir las evidencias.

También debe reconocerse que hay disputas conceptuales que no se han saldado, y que eso, en parte, contribuye a los estancamientos. La más evidente se observa en la academia, y junto a ella en organizaciones ciudadanas y gobiernos, donde muchos creen que, incluyendo los recursos naturales como mercancías dentro de los mercados, surgirían milagrosamente bienes y servicios ambientales que resolverían esta problemática. Son reflexiones que pueden ser valiosas como exploración de ideas, que sin duda nutren los papers en los journals, pero han sido inefectivas en impedir el colapso ambiental. Lo son precisamente porque la mercantilización de la naturaleza es una de las causas básicas de los problemas actuales, y no una solución.

También se enfrentan dificultades en los vínculos entre las teorías y las prácticas. El mejor ejemplo es que aun reconociéndose que deben detenerse las emisiones de gases invernadero, la mayor parte de las propuestas de cambio que emplean la etiqueta de “transiciones” quedan empantanadas en no terminar de romper con el carbón o los hidrocarburos, o en promover nuevos extractivismos que necesitan del litio para el mundo eléctrico que imaginan.

Otro ejemplo lo ilustra la reciente conferencia internacional sobre la transición para dejar los combustibles fósiles, convocada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, que se reunió en la ciudad de Santa Marta. Sin duda fue muy bueno que la administración de Gustavo Petro lo hubiese logrado. Pero si somos sinceros, y aunque sea doloroso indicarlo, no se consiguieron resultados concretos y solo se puede celebrar que algunos gobiernos testarudos aceptaran, por fin, al menos hablar en público sobre la posibilidad de abandonar sus adicciones al petróleo y el carbón, lo que se les reclama desde hace casi treinta años.

En el campo de la práctica, las medidas concretas son limitadas, indefinidas o ineficientes. En todos los países persisten vacíos normativos y frecuentemente los incumplimientos, desde la caza furtiva a los derrames de tóxicos, no son detectados ni castigados. Es más, han alcanzado los gobiernos actores de la extrema derecha que lanzan medidas para desmantelar las normas y controles ambientales. Ese camino, iniciado por Donald Trump en Estados Unidos, ahora es imitado en nuestro continente, tal como hacen las administraciones Noboa en Ecuador, la de Milei en Argentina, Kast en Chile o Paz en Bolivia. Esto se ilustra con un ejemplo reciente que acaba de ocurrir en Bolivia donde, con la aprobación de un nuevo “Reglamento de adecuación de derechos mineros simplificado”, se elimina la licencia ambiental y la consulta previa para las cooperativas mineras.

Las brechas persistentes.

Se mantienen enormes brechas entre las medidas ambientales que serían necesarias y el apego de políticos, empresarios y buena parte de la sociedad a estilos de desarrollo que, al final de cuentas, son responsables de lo que padecemos. Inevitablemente surgen múltiples interrogantes.

¿Cómo discutir las vías para abandonar los combustibles fósiles, cuando los gobiernos, empresas y amplios sectores ciudadanos ponen toda su atención en los aumentos de los precios de los combustibles en América Latina por el bloqueo del estrecho de Ormuz?

¿Cómo reclamar la defensa de la Amazonia en Perú, si miles de personas acosadas por la pobreza y falta de opciones se lanzan a la minería de oro aluvial para poder ganar unos dólares?

¿Cómo alzar la voz en Bolivia para evitar que los salares andinos sean devorados por la minería de litio si el país está colapsado por bloqueos carreteros y demandas cruzadas?

¿Cómo llamar a la defensa de la vida si mueren miles de personas por los misiles que unos países lanzan contra otros o llevan adelante impunemente un genocidio?

¿Cómo señalar que se pierde la biodiversidad mientras la violencia urbana y rural se mantiene en muchas regiones, y la muerte de las personas se vuelve una cotidianidad, como si fuera una desgracia inevitable a las que todos deben resignarse?

No tengo una respuesta mágica para esas preguntas, pero eso no implica, de ningún modo, una renuncia a seguir insistiendo en los llamados y reclamos a defender todas las formas de vida. El silencio no es una solución a esta problemática. Desentenderse de ese esfuerzo nos haría cómplices de la destrucción que denunciamos e intentamos revertir.

La política de la crisis ambiental.

Al mismo tiempo, plantear interrogantes como las que se acaban de enumerar, es un paso fundamental para comprender que la problemática ambiental es inseparable de las circunstancias políticas. Precisamente, una de las razones de las inacciones actuales, es que se presentan reclamos o se intentan medidas desconectadas de los contextos políticos, económicos o sociales.

Eso nos lleva a reconocer que somos testigos del deterioro de la calidad de la política, entendida en su clásico sentido de servir a la justicia, la virtud y el bienestar de las personas. A medida que esos ideales se abandonan, las democracias enflaquecen bajo distintos autoritarismos, las opciones y oportunidades para informar y debatir sobre la problemática ambiental se acotan, y se generan vacíos que son ocupados por las lógicas mercantiles. Es una época de oscuridad, para retomar un calificativo de Hannah Arendt, empleado para los momentos de crisis y autoritarismo, que afectan las capacidades de pensar y derrumban los compromisos morales.

Bajo esa dinámica es difícil enarbolar los reclamos ambientales. No solamente se cierran espacios, sino que quienes insisten, por ejemplo, en denunciar los impactos de los extractivismos o el tráfico ilegal de maderas, son perseguidos por el Estado y por los grupos económicos que se benefician de la destrucción de la naturaleza. Entre los ejemplos más recientes se cuentan las medidas del Gobierno Noboa en Ecuador lanzando investigaciones judiciales contra defensores ambientales, o la imposición de controles en la gestión y las finanzas de las organizaciones ciudadanas, como ocurre en Perú.

El deterioro de la justicia y las salvaguardas de los derechos dentro de cada país se da la mano con los embates contra los acuerdos multilaterales que ofrecían esas coberturas, ya que gobiernos como los de Estados Unidos, China o Rusia los atacan. Entretanto, bandas criminales toman el control de la explotación de recursos naturales, como ocurre con la minería de oro aluvial, y la violencia se multiplica hasta alcanzar los asesinatos.

Desembocamos en la necropolítica: una política donde se tolera la muerte de las personas y de la naturaleza para mantener vivas las economías. La necropolítica es una consecuencia de estos tiempos oscuros. En esas condiciones, los países caen en sucesivas crisis, que pueden ser políticas, económicas o de otros tipos, las que, al mismo tiempo, agravan la problemática ambiental y suman impedimentos para poder resolverla. Esto permite abordar una condición clave: los temas del Día Mundial del Ambiente son inseparables de otras dimensiones, todas ellas enmarcadas en estilos de desarrollo que sueñan con seguir creciendo explotando tanto a las personas como a la naturaleza. Se desatiende o reniega de la crisis ambiental precisamente porque se interpreta que cualquier medida es un obstáculo al funcionamiento de las economías. De un modo análogo, se recortan las salvaguardas de los derechos humanos porque también son concebidas como trabas para un buen desempeño económico. Y, a su turno, se produce una política raquítica que permite seguir destruyendo la naturaleza y tolera la pobreza y la muerte de las personas.

Es por esas razones que, en el Día Mundial del Ambiente, como en los demás días del año, no es posible celebrar medidas que apenas son actos cosméticos como las campañas de publicidad de empresas o gobiernos, es pertinente reconocer acciones valiosas, pero no contentarse con ellas si sabemos que no detendrán la avalancha de destrucciones que cotidianamente presenciamos. Asumir las dificultades que imponen los actuales contextos políticos lleva, por el contrario, a persistir porfiadamente en reclamar y actuar en defensa de todas las formas de vida. Estos tiempos oscuros se enfrentan iluminando con alternativas, luchando contra la contaminación, la extinción de especies o la desaparición de paisajes, con mejores teorías y prácticas, al mismo tiempo que se milita por la democracia y los derechos. Son tareas inseparables entre sí y para todos los días del año.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Documentación Información Bolivia (CEDIB).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

CAMBIO CLIMÁTICO

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LA BATALLA DE PABÓN. CRISIS INSTITUCIONAL Y CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR.

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"El “Estado fallido” como construcción social y política. Para comprender la profundidad del diagnóstico de Pabón es imperativo recuperar la literatura académica sobre el concepto de “Estado fallido”, categoría que, como ha señalado Juan Tokatlian, ha sido social y políticamente construida. La noción fue introducida originalmente en el debate de las Relaciones Internacionales (RI) por Gerald Helman y Steven Ratner a principios de los años ‘90. En su formulación inicial, el término describía a entidades nacionales incapaces de sostenerse como miembros de la comunidad internacional, lo cual ponía en peligro tanto a sus ciudadanos como a la estabilidad regional. Sin embargo, lo que nació como una preocupación humanitaria en la posguerra fría mutó rápidamente hacia una lógica securitaria.

"Tokatlian argumenta que, a partir de mediados de la década de 1990, se gestó en Washington una “comunidad epistémica sui generis” compuesta por expertos, funcionarios y servicios de inteligencia que transformaron el concepto en una herramienta para legitimar intervenciones en los asuntos internos de países periféricos. Bajo esta óptica, el “Estado fallido” dejó de ser un problema de desarrollo para convertirse en un problema de seguridad nacional para las grandes potencias, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se parangonó la fragilidad estatal con la provisión de santuarios para el terrorismo global. Esta construcción conceptual tiende a imponer una jerarquía internacional donde los Estados en crisis son vistos como “periferias turbulentas” que deben ser tuteladas o disciplinadas por el centro.

"Jonathan Di John, por su parte, advierte que los índices agregados que intentan medir el fracaso estatal suelen ser engañosos, ya que omiten las variaciones significativas de capacidad entre los distintos sectores de un mismo Estado . No obstante, la utilidad política del término para las potencias es innegable. En el caso colombiano, la caracterización de “Estado fallido” sirvió —como fue desarrollado por Tokatlian— para justificar la aplicación de una diplomacia coercitiva y la implementación de planes de asistencia militarizada que, de forma paradójica, a menudo terminan por exacerbar la fragilidad institucional de la nación intervenida. En Ecuador, la apelación de Paola Pabón a esta categoría hoy no solo sirve para describir el estado de “turbulencia periférica” que atraviesa el país, sino también para llamar la atención sobre el riesgo que supone una soberanía cada vez más perforada por intereses foráneos que se presentan como la única solución posible ante el descalabro interno.

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Fuentes: El Cohete a la Luna - Imagen: La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón.

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LA BATALLA DE PABÓN.

CRISIS INSTITUCIONAL Y CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR.

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Por Luciano Anzelini | 04/06/2026 | Ecuador.

Fuentes. Revista Rebelión jueves 4 de junio del 2026

El pasado sábado 23 de mayo, en el marco de la conmemoración por los 204 años de la Batalla de Pichincha, la prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de esa provincia, Paola Pabón, pronunció un discurso que no solo impactó por su potencia retórica, sino por la crudeza de su diagnóstico sobre la realidad ecuatoriana [1]. Desde las faldas del volcán donde se selló la independencia colonial, Pabón interpeló al presente al aludir a la emergencia de “nuevas tiranías y nuevos colonialismos”.

En un pasaje que sintetiza la tragedia de una nación que supo tener —a mediados de la década pasada— muy respetables indicadores sociales, la prefecta fue categórica al afirmar que el país atraviesa una “crisis civilizatoria” en la que la desinstitucionalización ha alcanzado niveles terminales. Al recurrir a Gramsci para describir este claroscuro donde “el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer”, Pabón denunció que lo que hoy impera en Ecuador es un “neoliberalismo de la muerte” que ha convertido “los derechos en mercadería” y al Estado en un espectro ausente.

El punto más álgido de su intervención —de una densidad teórica poco habitual, que incluyó, además de Gramsci, referencias a los filósofos Giorgio Agamben y Marina Garcés— ocurrió cuando sostuvo que Ecuador se ha convertido en un “Estado fallido”. Esta afirmación no fue resultado de una extralimitación del lenguaje, sino la descripción de una realidad material que se manifiesta en una tasa de 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cifra que sitúa al país andino en el podio de la inseguridad hemisférica, solo por detrás de Haití. Pabón describió un escenario de horror cotidiano con “familias enteras que viven bajo la extorsión”, “adolescentes reclutados por el crimen organizado” y un abandono estatal que ha dejado a 450.000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo.

Esta crisis se entrelaza con una deriva autoritaria que tiene en los presos políticos una de sus expresiones más elocuentes. Mientras Pabón pronunciaba su discurso en Quito, figuras centrales de la oposición como el ex Vicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanecen recluidos en la cárcel de máxima seguridad “Encuentro”, presidio construido bajo el paradigma de alto impacto del salvadoreño Nayib Bukele. El deterioro físico de Álvarez, quien ha perdido cerca de 30 kilos y sufre restricciones severas a las visitas, es denunciado por su defensa como una campaña sistemática de persecución para proscribirlo políticamente. Por su parte, la situación de Jorge Glas es calificada por sus abogados como un intento deliberado de “dejarlo morir”, con denuncias de tratos degradantes, falta de agua potable y negación de atención médica a pesar de las medidas cautelares de la CIDH.

La propia Paola Pabón no ha sido ajena a este tipo de arbitrariedades: en 2019 sufrió 71 días de privación de la libertad tras ser acusada en forma injusta de rebelión durante las protestas contra los ajustes económicos del gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), experiencia que marcó su liderazgo y su compromiso con la defensa de las reglas democráticas.

El “Estado fallido” como construcción social y política.

Para comprender la profundidad del diagnóstico de Pabón es imperativo recuperar la literatura académica sobre el concepto de “Estado fallido”, categoría que, como ha señalado Juan Tokatlian, ha sido social y políticamente construida [2]. La noción fue introducida originalmente en el debate de las Relaciones Internacionales (RI) por Gerald Helman y Steven Ratner a principios de los años ‘90 [3]. En su formulación inicial, el término describía a entidades nacionales incapaces de sostenerse como miembros de la comunidad internacional, lo cual ponía en peligro tanto a sus ciudadanos como a la estabilidad regional. Sin embargo, lo que nació como una preocupación humanitaria en la posguerra fría mutó rápidamente hacia una lógica securitaria.

Tokatlian argumenta que, a partir de mediados de la década de 1990, se gestó en Washington una “comunidad epistémica sui generis” compuesta por expertos, funcionarios y servicios de inteligencia que transformaron el concepto en una herramienta para legitimar intervenciones en los asuntos internos de países periféricos. Bajo esta óptica, el “Estado fallido” dejó de ser un problema de desarrollo para convertirse en un problema de seguridad nacional para las grandes potencias, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se parangonó la fragilidad estatal con la provisión de santuarios para el terrorismo global. Esta construcción conceptual tiende a imponer una jerarquía internacional donde los Estados en crisis son vistos como “periferias turbulentas” [4] que deben ser tuteladas o disciplinadas por el centro.

Jonathan Di John, por su parte, advierte que los índices agregados que intentan medir el fracaso estatal suelen ser engañosos, ya que omiten las variaciones significativas de capacidad entre los distintos sectores de un mismo Estado [5]. No obstante, la utilidad política del término para las potencias es innegable. En el caso colombiano, la caracterización de “Estado fallido” sirvió —como fue desarrollado por Tokatlian— para justificar la aplicación de una diplomacia coercitiva y la implementación de planes de asistencia militarizada que, de forma paradójica, a menudo terminan por exacerbar la fragilidad institucional de la nación intervenida.

En Ecuador, la apelación de Paola Pabón a esta categoría hoy no solo sirve para describir el estado de “turbulencia periférica” que atraviesa el país, sino también para llamar la atención sobre el riesgo que supone una soberanía cada vez más perforada por intereses foráneos que se presentan como la única solución posible ante el descalabro interno.

Noboa en manos del Comando Sur.

Bajo las administraciones de Daniel Noboa (2023-presente), el vínculo entre la conceptualización de “Estado fallido” y la realidad política se ha estrechado de la mano de una creciente y solicitada intervención de los Estados Unidos en materia de seguridad. Noboa ha consolidado a Ecuador como un actor destacado de un bloque de países latinoamericanos dispuestos a respaldar sin ambages a Washington, al procurar de forma activa la intromisión “por invitación” de la administración Trump bajo una lógica de vasallaje.

Esta estrategia se despliega en un escenario donde el gobierno ecuatoriano, sin embargo, ha sufrido una derrota política no menor en su intento por formalizar la presencia militar extranjera. En noviembre de 2025, la ciudadanía rechazó contundentemente en una consulta popular la propuesta de Noboa para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. En Manta, donde los Estados Unidos operaron la Base Aérea Eloy Alfaro entre 1999 y 2009, la opción por el “No” —respaldada por la oposición— se impuso por un margen del 75%, casi 15 puntos por encima de la media nacional.

Sin embargo, la voluntad popular parece estar bajo asedio mediante lo que se presenta como “operaciones conjuntas”. Un ejemplo alarmante de esta dinámica fue la operación militar llevada a cabo en marzo de 2026 en la comunidad de San Martín (provincia de Sucumbíos), en la frontera norte. Mientras el gobierno ecuatoriano y el secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, promocionaban el bombardeo de lo que supuestamente era un campamento de entrenamiento de “narcoterroristas”, una investigación de The New York Times reveló que el ataque, en realidad, destruyó una finca lechera y ganadera de pobladores civiles.

Los relatos de los residentes de San Martín describen una secuencia de abusos por parte de las fuerzas militares, que incluyeron incendios de viviendas, interrogatorios bajo tortura con descargas eléctricas y asfixia de trabajadores rurales antes de que fueran expulsados hacia Colombia. A pesar de la evidencia de que se trataba de instalaciones civiles, Noboa defendió la operación sobre la base de supuesta información de inteligencia y negó cualquier ataque a la población.

 

Este incidente no es un caso aislado, sino el síntoma de una política que subordina la protección de los derechos humanos a las necesidades de una “guerra interna” agitada por Noboa, la cual no alcanza los resultados esperados en materia de pacificación. El papel de las fuerzas norteamericanas en territorio ecuatoriano es, en efecto, una realidad cotidiana que abarca desde la asesoría de inteligencia y el adiestramiento militar hasta la coordinación operativa en tareas de vigilancia, lo que ha llevado a una evidente pérdida de control soberano sobre espacios estratégicos.

La reversión de la “década ganada”.

El camino de Ecuador hacia lo que Paola Pabón describe como un “Estado fallido” no es producto de una fatalidad del destino, sino el resultado de la reversión de los logros alcanzados durante el periodo 2007-2017. Como hemos argumentado en trabajos previos, la crisis actual solo puede explicarse a partir del desmantelamiento sistemático de las capacidades estatales y el retorno de un neoliberalismo radicalizado. Un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) de 2017 detalla cómo, durante la administración de Rafael Correa, Ecuador experimentó una estabilidad política y social sin precedentes en su historia contemporánea.

Las cifras de este think tank con sede en Washington son esclarecedoras: en el decenio transcurrido entre 2007 y 2017, la inversión pública aumentó del 4% al 14,8% del PBI, el gasto social se duplicó y la tasa de pobreza disminuyó en un 38%. Este fortalecimiento de lo público tuvo un impacto directo y positivo en la seguridad. El índice de homicidios intencionales, que en 2007 se situaba en 18 por cada 100 000 habitantes, fue reducido de forma sistemática hasta alcanzar un piso histórico de 5 en 2017. Estos resultados no fueron fruto del azar ni simplemente del auge de los commodities, sino de reformas que incluyeron la regulación estricta del sector financiero y un manejo estratégico del Banco Central que permitió implementar políticas contracíclicas incluso en un contexto de economía dolarizada y crisis global.

Sin embargo, a partir de 2017, con los sucesivos gobiernos de Moreno, Lasso y ahora Noboa, se inició un proceso que Pabón describe como de “necropolítica” —término acuñado por el intelectual camerunés Achille Mbembe—, caracterizado por la generalización del terror, la violencia y la muerte. El retiro del Estado de áreas clave como la salud y la educación públicas, sumado a la desregulación extrema del sistema financiero, creó las condiciones ideales para la penetración del crimen organizado. La dolarización, que durante el correísmo fue gobernada y regulada para proteger la balanza de pagos, se ha transformado hoy en un factor facilitador para el narcotráfico, al hacer que el lavado de activos sea inmensamente más sencillo y convierta al país en un paraíso para capitales espurios. El contraste estadístico es demoledor: de los 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, la tasa se disparó a 21 en 2021, a 45 en 2023 y hoy enfrenta la cifra estremecedora de 51.

 

Milei y Novoa, jugando en Casa Rosada.

El espejo argentino.

Esta trayectoria ecuatoriana debe verse como un cristal en el que la Argentina comienza a reflejarse. El experimento libertario de Javier Milei, inaugurado a fines de 2023 con el DNU 70/23 y la denominada Ley Ómnibus, se ha erigido en la puerta de entrada a ese mismo neoliberalismo radical que ha conducido a Ecuador al borde del abismo. La visión de Milei sobre el Estado como “la base de todos los problemas” ignora las lecciones elementales de la ciencia política contemporánea y las advertencias de autores incluso conservadores como Francis Fukuyama, quien ha señalado con énfasis que, en el mundo en desarrollo, los gobiernos débiles son la fuente de los problemas más graves.

El paralelismo es inquietante: la ambición inicial de Milei por la dolarización de la economía argentina y el cercenamiento de las capacidades regulatorias del Estado nos comienzan a colocar en la misma senda de vulnerabilidad ante el narcotráfico y el lavado de activos que hoy asfixia al país andino. Al igual que en Ecuador, donde la militarización de la seguridad pública se presenta como la única respuesta ante el avance criminal, el gobierno de Milei se empecina en quebrar el consenso democrático para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; e ignora la abundante evidencia empírica sobre el fracaso de tales estrategias y los riesgos de un instrumento militar policializado.

En esta clave es que debe leerse la reciente firma de la Carta de Intención entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para la implementación del Protecting Global Commons Program (Programa de Protección de los Comunes Globales). Este convenio, que autoriza a las fuerzas del Comando Sur a participar en el patrullaje del Atlántico Sur, representa una creciente pérdida de soberanía bajo una doctrina que disuelve la jurisdicción nacional en un concepto de “espacio de todos”. Al catalogar nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un “bien común global”, el gobierno nacional permite que potencias extranjeras asuman el control operativo y la supervisión de nuestros mares, de modo de transformarlos en un área de vigilancia, control e inteligencia para el Pentágono. Esta voluntad de alineamiento irrestricto con Washington, que replica el modelo de vasallaje de Noboa, despoja a la nación de sus recursos estratégicos y de su capacidad de decisión autónoma, lo que deja a las Fuerzas Armadas nacionales en una posición de absoluta dependencia técnica y subordinación doctrinaria.

Reflexión final.

El juego de palabras entre la famosa Batalla de Pavón en la Argentina de 1861 y el liderazgo actual de la prefecta de Pichincha es algo más que una alegoría. La “Batalla de Pabón” que hoy se libra en Ecuador no es una disputa por fronteras y organización territorial como la que enfrentó a las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por Urquiza, y las fuerzas porteñas, lideradas por Mitre. Según la interpretación de la propia Pabón en su discurso del 23 de mayo pasado, lo que está en juego es el sentido mismo de lo común y la “supervivencia de la dignidad colectiva”.

Frente al embate de gobiernos como los de Noboa y Milei, que han decidido entregar la soberanía y desmantelar el Estado protector en nombre de una libertad que termina por ser el privilegio de unos pocos, la figura de Paola Pabón —quien gobierna desde la adversidad y bajo la sombra de la persecución política— emerge como una de las esperanzas más concretas de la política sudamericana. Su papel será decisivo en el futuro próximo si los ecuatorianos pretenden evitar el camino ineluctable hacia el “Estado fallido”, por el que lo conduce la derecha neoliberal desde que Rafael Correa terminó su gobierno en 2017.

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).

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