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“Los datos hablan claro:
sin bloqueo, el PIB cubano habría crecido un 9,2% en 2024. Con bloqueo, lo que
crece es la diáspora (400.000 cubanos entre 2021-2026), la desnutrición (28%
infantil crónica) y
la desesperanza. La pregunta que la comunidad internacional
evade es ética: ¿a partir de qué punto el sufrimiento deliberado de once
millones de personas deja de ser «política exterior» para convertirse en crimen
contra la humanidad?
Mientras Washington celebra la
«firmeza» de su postura y Miami capitaliza electoralmente el dolor ajeno, Cuba respira bajo una arquitectura de
asfixia tan meticulosa que resulta casi admirable en su perversidad. El
bloqueo ya no es medio para un fin: es el fin mismo, un monumento a la
capacidad humana para sostener el sufrimiento ajeno mientras se normaliza la
propia indiferencia. En el horizonte, mientras tanto, se vislumbra otra
Gaza —otro laboratorio de control mediante privación— recordando que lo que hoy
ocurre en el Caribe podría mañana replicarse donde sea que el poder decida que
el hambre es mejor mensajero que la diplomacia.
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ASFIXIA CALCULADA, EL BLOQUEO COMO ARQUITECTURA DEL SUFRIMIENTO.
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Por Alejandro Marcó del
Pont | 12/02/2026 | Cuba, Economía
Fuentes. Revista Rebelión jueves 12 de
febrero del 2026.
Fuentes: El tábano economista.
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Lo inmoral de esta política es que
pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación (El Tábano Economista)
El bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba —iniciado en 1960 bajo
Eisenhower y formalizado por Kennedy en 1962— representa el capítulo más prolongado de coerción
económica en la historia moderna. Lo que comenzó como instrumento de
presión geopolítica durante la Guerra Fría ha mutado en una compleja
arquitectura de asfixia, perfeccionada a través de once administraciones
estadounidenses.
Su objetivo declarado siempre ha sido
el mismo: debilitar al Gobierno cubano. Su resultado empírico, sin embargo, revela una verdad
más oscura, la transformación deliberada del sufrimiento humano en moneda de
cambio político. Mientras el mundo avanza hacia 2026, este mecanismo no
solo persiste, se ha refinado hasta alcanzar niveles de sofisticación
cruel que desafían la conciencia internacional.
La orden ejecutiva del 30 de enero de
2026 —firmada por un Donald
Trump reinstalado en la Casa Blanca— no representa una novedad, sino la culminación
lógica de una escalada metódica. Al declarar que Cuba constituye una «amenaza
inusual y extraordinaria para la seguridad nacional «, el documento
reactivo y amplía el marco jurídico del bloqueo, amenazando ahora con aranceles
punitivos a cualquier nación que «directa o indirectamente» venda o
suministre productos petroleros a la isla. Esta medida, aparentemente
técnica, es en realidad el eslabón final de una cadena diseñada para
estrangular la energía vital de una nación.
Pero la verdadera naturaleza del
bloqueo trasciende lo
legal para adentrarse en lo existencial. Hablamos de una política que ha
generado daños cuantificables por 2.103
billones de dólares durante seis décadas, según cálculos cubanos —cifra
que, contextualizada, supera el PIB anual de países como Austria o Noruega-.
Solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el impacto material ascendió
a 7.556,1 millones de dólares, un aumento del 49% respecto al
período anterior. Estas no son meras estadísticas: representan 20.700.000
dólares de daño diario, 862.568 dólares por cada hora de
bloqueo sostenido.
Si el bloqueo tiene un epicentro
visible en 2026, ese
es la crisis energética. La persecución sistemática de buques petroleros
—una práctica que Washington ejerce con celo casi religioso— y la prohibición
absoluta de importar piezas de repuesto para centrales termoeléctricas
(muchas con tecnología estadounidense obsoleta pero irremplazable) han
creado un colapso premeditado. En febrero de 2026 el 60% del territorio
cubano experimenta apagones simultáneos que duran entre 8 y 14
horas diarias.
La dimensión estratégica de esta
asfixia energética se revela en números crudos: Cuba necesita importar
aproximadamente 80.000 barriles diarios de petróleo para
funcionar mínimamente, pues su producción nacional apenas alcanza los 32.000
barriles diarios de crudo extrapesado —inadecuado para la mayoría de los
usos y dañino para las ya deterioradas infraestructuras-. El consumo
total de la isla (120.000 barriles diarios) representa apenas el 0,1% del
consumo mundial, una demanda minúscula que, sin embargo, se
convierte en campo de batalla geopolítico.
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El término «genocidio alimentario», empleado por académicos y activistas
de derechos humanos, deja de ser retórica cuando se examinan los
datos médicos. En febrero de 2026:
– El 69% del cuadro básico de
medicamentos presenta faltas o bajas coberturas
– 364 medicamentos esenciales permanecen
fuera de inventario
– La inclusión de Cuba en la lista de
«Estados Patrocinadores del Terrorismo» encarece las importaciones de alimentos
en un 30% adicional por sobrecostos de fletes y seguros
La paradoja es macabra. Cuba, nación
con extraordinaria capacidad médica y biotecnológica, ve morir pacientes por falta de
medicamentos que existen en el mercado global, pero a los que no puede
acceder debido a exclusiones financieras. El sistema SWIFT —la red nerviosa
del comercio internacional— opera como muro infranqueable,
mientras que la Ley de Comercio con el Enemigo (aún vigente) criminaliza
transacciones humanitarias.
La crudeza actual encuentra su hoja de
ruta en un documento desclasificado,
el memorando de Lester Mallory, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos
Interamericanos, fechado el 6 de abril de 1960. Allí se
establecía con claridad meridiana:
«Debemos utilizar
rápidamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba
[…] negándole dinero y suministros para reducir sus ingresos reales y sus
salarios, provocando hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».
Sesenta y seis años después, esa
lógica no solo persiste, se ha automatizado. La pandemia COVID-19 —que debería haber suscitado solidaridad
global— fue aprovechada para intensificar las sanciones bajo las administraciones
Trump y Biden, contribuyendo a una contracción económica del 10,9%
en 2020 y manteniendo números rojos hasta 2025. Lo que Mallory
esbozó como estrategia coyuntural se ha convertido en
política de Estado permanente.
Aquí emerge la dimensión más cínica
del bloqueo, su transformación en herramienta de política doméstica
estadounidense. Florida
—con sus 30 votos electorales, cruciales en cualquier elección
presidencial— ha convertido el «anticastrismo» en industria política.
Mantener una postura de «máxima presión» garantiza la movilización de la
base cubanoamericana conservadora, particularmente en condados
clave como Miami.
La ecuación es simple: sufrimiento
cubano = votos en Florida
= poder en Washington. Este cálculo explica por qué, pese a que el 62%
de los estadounidenses (y el 70% de los cubanoamericanos
menores de 40 años) favorecen la normalización, el bloqueo
persiste. Su rentabilidad electoral supera cualquier consideración
humanitaria o geopolítica.
La figura de Marco Rubio —secretario de Estado en 2026
bajo la administración Trump— encarna esta simbiosis entre sufrimiento ajeno
y ascenso político. Rubio ha perfeccionado el arte de
canalizar «dinero negro, dark money» hacia su carrera. Fondos
de Comités de Acción Política (Super PACS) que no revelan donantes, provenientes
frecuentemente de sectores que visualizan en el colapso cubano
oportunidades futuras de negocio inmobiliario y privatización de servicios.
Detrás de este financiamiento opaco
emerge un nombre revelador: Miriam Adelson. La viuda del magnate de
casinos Sheldon Adelson
—séptima mujer más rica del mundo según Forbes— inyectó 100
millones de dólares en la campaña de Trump en 2024 y ejerce
influencia considerable sobre Rubio. Su interés no es ideológico,
sino prospectivo. El eventual colapso del sistema cubano abriría oportunidades
de inversión masivas en turismo, casinos y bienes raíces —exactamente el negocio
familiar de los Adelson-
Existe en Estados Unidos toda una infraestructura económica
que depende del mantenimiento del bloqueo. Agencias gubernamentales y
contratistas privados reciben miles de millones anuales para
monitorear transacciones financieras, rastrear buques petroleros y
ejecutar programas de «promoción de la democracia» —muchos de
los cuales sirven como fachadas para financiar oposición interna en Cuba-
Las firmas legales en Miami y
Washington D.C. han
convertido la complejidad burocrática en negocio lucrativo: asesoran a corporaciones
multinacionales sobre cómo evitar violar las 2.000+ páginas de regulaciones
del bloqueo, facturando honorarios que alcanzan los 500 dólares por hora.
El bloqueo, así, genera su propio ecosistema de beneficiarios.
Abogados, lobistas, analistas de riesgo y empresas de inteligencia
económica que prosperan mientras Cuba se asfixia.
Cada año, la Asamblea General de la
ONU vota una
resolución condenando el bloqueo. Cada año el resultado es similar: 187
países en contra, ahora 3 a favor (EE. UU., Israel y Argentina).
Sin embargo, este consenso moral choca con una realidad política: el
rédito interno para Washington supera el costo diplomático.
Febrero de 2026 trae una novedad
inquietante: bajo el Gobierno de Javier Milei, Argentina rompe su tradición histórica y
vota a favor del bloqueo—o al menos se abstiene— proporcionando a
EE. UU. el oxígeno retórico para afirmar que «no está solo». Este
giro refleja una tendencia preocupante, la instrumentalización de la
política exterior latinoamericana en función de alineamientos ideológicos, incluso
cuando contradicen principios históricos de soberanía y no intervención.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026, Estados Unidos utiliza a Cuba como ejemplo disuasorio final para la región. El mensaje es claro: cualquier modelo alternativo al capitalismo liberal será asfixiado hasta la rendición o el colapso. Cuba funciona como escaparate del «Estado fallido» por diseño —una advertencia a cualquier nación que contemple políticas soberanas-
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Esta lógica se extiende a la
competencia con potencias globales.
Al limitar mediante sanciones secundarias la presencia de China y Rusia en
la isla, Washington reafirma la Doctrina Monroe en versión siglo XXI: el
Caribe como patio trasero inexpugnable. La ironía es profunda, mientras
EE. UU. acusa a Cuba de violar derechos humanos, emplea el hambre
y la enfermedad como herramientas de disciplina miento geopolítico.
Más allá de las votaciones simbólicas
en la ONU, ¿qué hace concretamente la comunidad internacional para aliviar el
sufrimiento cubano? El balance es:
– Rusia: Envía 19.000 toneladas
de trigo en 2025 sin ofrecer apoyo energético.
– China: Proporciona respaldo
diplomático y aumenta el comercio bilateral—incluida una visita ministerial en
febrero de 2026— pero evita confrontaciones directas con Washington.
– México: Despacha dos buques con 800
toneladas de ayuda humanitaria y explora contratos petroleros alternativos, que
nunca llegarán por la revisión del acuerdo de libre comercio con EEUU en 2026.
– Sudáfrica: Intenta una donación de
3,2 millones de dólares en alimentos y medicinas, bloqueada temporalmente por
procedimientos judiciales.
– UE/ONU: Establecen programas de
alivio por 3 millones de dólares canalizados a través de la Iglesia Católica
—condicionados a evitar al Gobierno cubano— en lo que parece más gesto
humanitario que solución estructural.
El denominador común es la limitación:
nadie quiere asumir los costos de desafiar frontalmente las sanciones
estadounidenses, particularmente las secundarias que pueden excluir a bancos y
empresas del sistema financiero global.
Cuba ha explorado vías de escape con
resultados dispares:
– BRICS y desdolarización: El
intento de comerciar en yuanes o rublos tropieza con la realidad: el dólar
sigue siendo el oxígeno del comercio global. Aunque los BRICS+ producen el
43-45% del petróleo mundial, sus mecanismos de pago alternativos son
incipientes y burocráticos.
– Criptomonedas: Su uso para remesas
ofrece un respiro marginal, pero la volatilidad y las regulaciones las hacen
inviables para transacciones estatales masivas.
– Energías renovables: Inversiones en
solar y eólica avanzan, pero no pueden reemplazar a corto plazo la dependencia
petrolera.
– Reformas internas: La expansión del
sector privado y la agricultura sostenible muestran potencial, pero chocan con
las limitaciones estructurales del bloqueo.
A febrero de 2026, el bloqueo contra
Cuba representa algo más que una política exterior fallida: es la normalización institucional
de un experimento humano a escala nacional. Lo que comenzó como herramienta
de la Guerra Fría ha evolucionado en monstruo burocrático-automático,
alimentado por intereses electorales, lucro empresarial y una dosis
considerable de crueldad indiferente.
Los datos hablan claro: sin bloqueo,
el PIB cubano habría crecido un 9,2% en 2024. Con bloqueo, lo que crece es la
diáspora (400.000 cubanos entre 2021-2026), la desnutrición (28% infantil
crónica) y la desesperanza.
La pregunta que la comunidad internacional evade es ética: ¿a
partir de qué punto el sufrimiento deliberado de once millones de personas deja
de ser «política exterior» para convertirse en crimen contra la humanidad?
Mientras Washington celebra la
«firmeza» de su postura y Miami capitaliza electoralmente el dolor ajeno, Cuba respira bajo una arquitectura de
asfixia tan meticulosa que resulta casi admirable en su perversidad. El
bloqueo ya no es medio para un fin: es el fin mismo, un monumento a la
capacidad humana para sostener el sufrimiento ajeno mientras se normaliza la
propia indiferencia.
En el horizonte, mientras tanto, se
vislumbra otra Gaza —otro laboratorio de control mediante privación— recordando
que lo que hoy ocurre en el Caribe podría mañana replicarse donde sea que el
poder decida que el hambre es mejor mensajero que la diplomacia.
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