domingo, 18 de octubre de 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA. Gobernanza, derecho al conocimiento y disputa por el saber.

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“Por otra parte, la IA obliga a redefinir funciones sustantivas de la universidad. ¿Cómo se formará y se evaluará a los estudiantes cuando un ensayo o un resumen puede ser elaborado por una máquina? ¿Seguirá siendo el ensayo un instrumento de evaluación vigente? Si no lo es, las nuevas formas de evaluar no pueden resultar de una imposición, sino de un acuerdo. Ello exige la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, así como de la ciudadanía en general, desde el panadero y el taxista hasta quien barre en la institución. Y es indispensable que esa representación no se agote en mecanismos burocráticos.En suma, la disputa por la IA en las universidades es una disputa por quién produce, valida y distribuye el conocimiento. En este contexto, resulta fundamental exigir a las universidades públicas que asuman su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la ciencia y la tecnología, y que construyan, con participación social efectiva, la gobernanza que hasta ahora ha resultado insuficiente.

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Fuentes: Rebelión. ¿Al(IA)da o enemiga? La Inteligencia Artificial en la Educación Superior.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA.

Gobernanza, derecho al conocimiento y disputa por el saber.

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Por Raúl Abraham López Martínez | 17/10/2026 | América Latina y Caribe, Conocimiento Libre.

Fuentes Revista Rebelión domingo 18 de octubre del 2026.

El reciente documento de trabajo n.º 16 del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), titulado «La implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe», ofrece elementos valiosos para diagnosticar las tendencias de adopción de la inteligencia artificial (IA) en las universidades participantes de la región (Valentini, 2026). El estudio, basado en una muestra de 200 instituciones de 19 países, entre ellas 30 mexicanas, solo por detrás de las 40 colombianas, nos muestra una aproximación preliminar sobre la expansión de la IA en la región. Del total, 113 son privadas (56.5 %) y 87 públicas (43.5 %). El hallazgo principal es contundente: el 87 % de las universidades encuestadas utiliza la IA en al menos una actividad (Valentini, 2026).

Ante tales condiciones, considero necesario examinar bajo qué criterios y con qué límites, llegó la IA a las aulas. Las universidades han sido reconocidas socialmente como instituciones que producen y validan conocimiento conforme a reglas, ya sea el método científico o los marcos teóricos de la investigación cualitativa. Hoy la IA compite por ese lugar, y lo hace con la anuencia acrítica de las propias instituciones, que han implementado, de manera masiva, plataformas digitales comerciales como Google Classroom, portadoras de una forma específica de construir y distribuir saber. A ello se suma la incorporación de herramientas de IA generativa, como ChatGPT, Copilot y Gemini, así como el sesgo algorítmico y, sobre todo, la ausencia de instrumentos de gobernanza que establezcan alcances y límites cognitivos, normativos y reglamentarios en los procesos de formación y evaluación. Al respecto, el estudio señala que apenas el 26 % de las universidades, públicas y privadas, cuenta con una estrategia formal que incluye la IA (Valentini, 2026).


Pensamiento Crítico. Gobernanza, derecho al conocimiento y disputa por el saber.
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Según el documento, la gobernanza es la arquitectura que determina si el uso de una tecnología rinde cuentas, es ético, equitativo y transparente, y si se alinea con la misión y los valores de la institución (Valentini, 2026). Esa aproximación contiene una carga explícita: la IA no es neutral. Desde una capa teórica más general, como sostiene Langdon Winner, las tecnologías poseen dimensiones políticas y pueden incorporar determinadas relaciones de poder. Así lo confirma la propia expansión de estas herramientas, un fenómeno que no se comprende sin las inversiones millonarias en publicidad, los pronunciamientos de figuras políticas como Donald Trump y una narrativa mediática que frecuentemente presenta a la IA como si tuviera vida propia. Tales relatos no surgen de la nada: expresan relaciones comerciales y políticas de alto nivel.

Frente a ello, el marco normativo mexicano ofrece una vía poco explorada. La Constitución y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, reconocen el derecho humano a la ciencia y al acceso a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico (Gobierno de México, 2023). Como señalé en un artículo periodístico publicado en julio de 2025, ese reconocimiento implica una ruptura con la lógica de productividad y competitividad del periodo neoliberal y coloca a las universidades públicas ante la responsabilidad de garantizar dicho derecho (López Martínez, 2025), en continuidad con la crítica a la privatización y la centralización del conocimiento que formulé desde 2005 (López Martínez, 2005). En el plano regional, además, Estados como el mexicano forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Pese a ello, las universidades, públicas y privadas, han dejado pasar la IA sin invocar ese dique. Situar el desarrollo, el acceso y los beneficios de la IA en el marco del derecho humano a la ciencia, en lugar de reducirlos a su dimensión comercial, modifica de raíz su relación con la educación: obliga a garantizar un acceso equitativo a sus beneficios, regular su uso y someterla al interés público.

La imagen de un iceberg ilustra bien el escenario. En la superficie se aprecia una oleada atractiva de innovación educativa; bajo el agua, la arquitectura institucional que debería sostenerla presenta importantes vacíos. Esa arquitectura es la gobernanza. El vacío se agrava al examinar la participación: entre las 120 universidades que reportaron contar con alguna estructura de gobernanza de IA, apenas el 8 % incorpora representantes estudiantiles (Valentini, 2026).

Inteligencia Artificial y Universidad. ¿Puede sobrevivir la Autonomía Universitaria?

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Por otra parte, la IA obliga a redefinir funciones sustantivas de la universidad.

¿Cómo se formará y se evaluará a los estudiantes cuando un ensayo o un resumen puede ser elaborado por una máquina?

¿Seguirá siendo el ensayo un instrumento de evaluación vigente?

Si no lo es, las nuevas formas de evaluar no pueden resultar de una imposición, sino de un acuerdo. Ello exige la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, así como de la ciudadanía en general, desde el panadero y el taxista hasta quien barre en la institución. Y es indispensable que esa representación no se agote en mecanismos burocráticos.

En suma, la disputa por la IA en las universidades es una disputa por quién produce, valida y distribuye el conocimiento. En este contexto, resulta fundamental exigir a las universidades públicas que asuman su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la ciencia y la tecnología, y que construyan, con participación social efectiva, la gobernanza que hasta ahora ha resultado insuficiente.

Fuentes

Gobierno de México. (2023, 8 de mayo). Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Diario Oficial de la Federación.

López Martínez, R. A. (2005, 14 de noviembre). Consideraciones en torno a la distribución social del conocimiento, una mirada desde México y América Latina. Rebelión.

López Martínez, R. A. (2025, 12 de julio). México ante un nuevo paradigma de producción y distribución social del conocimiento. Rebelión.

Valentini, A. (2026). La implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe (Documento de trabajo n.º 16). Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC).

Raúl Abraham López Martínez. Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria e integrante del Foro Digital de Ciencias Políticas y Sociales.

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sábado, 17 de octubre de 2026

CUANDO LA DEMORA SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE PODER.

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“Como decía más arriba, comprender el mecanismo de la espera también permite enfrentarlo. Las universidades tienen algo que el hombre de Kafka no tenía, tiene una comunidad capaz de organizarse, construir alianzas e intervenir sobre su destino. Esa capacidad colectiva abre una posibilidad que ningún expediente puede clausurar por anticipado. Hacerla efectiva exige sostener el reclamo judicial y articularlo con una estrategia política y social, por ejemplo, seguir coordinando acciones entre universidades, gremios y estudiantes; explicar en cada territorio las consecuencias del desfinanciamiento; ampliar los compromisos de la cultura, el trabajo y la producción con la educación pública. Cada apoyo debe ayudar a convertir una demanda universitaria en una exigencia compartida de cumplimiento de la ley.

“Ninguna de estas acciones garantiza por sí sola el resultado, lo estamos experimentando. Sin embargo, juntas pueden modificar las condiciones del conflicto, impedir que el incumplimiento se naturalice y sostener la fuerza necesaria para lograr una respuesta. La esperanza se construye también así, reconociendo las dificultades y organizando las capacidades para superarlas. La imagen de Kafka nos ayuda a comprender el peligro. El desenlace nos corresponde escribirlo colectivamente. Hay una ley que hacer cumplir y una universidad que necesita seguir enseñando, investigando y abriendo oportunidades. Defenderla es ejercer, desde siempre, nuestra capacidad de construir un futuro común.

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Estudiantes movilizan en la 4ta Marcha Federal Universitaria en Rosario Andrés Macera-

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CUANDO LA DEMORA SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE PODER.

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Por. Dr. Anselmo Torres.

Rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Fuente. Página /12 sábado 17 de octubre del 2026.

Hay una manera de privar a una sociedad de un derecho sin eliminar sus leyes, es postergar su cumplimiento hasta que la espera haya producido el daño. El derecho permanece escrito; quienes deberían aplicarlo deciden, mientras tanto, las condiciones para no hacerlo.

El conflicto por el financiamiento universitario obliga a pensar esa distancia. La discusión atraviesa el Congreso, los tribunales y las oficinas del Ejecutivo, pero su medida más concreta está en la vida cotidiana de las universidades. Allí, cada mes tiene consecuencias. Los salarios deben alcanzar para vivir, las becas deben permitir estudiar y las instituciones necesitan recursos para sostener sus actividades. Ninguna de esas necesidades puede quedar suspendida al ritmo de un expediente.

Franz Kafka ofrece una imagen inquietante para comprender esta experiencia. En “Ante la ley”, la parábola incluida en El proceso, un hombre llega ante un guardián y solicita entrar. El guardián le responde que en ese momento no puede permitirlo. El hombre pregunta si podrá ingresar más adelante. La posibilidad queda abierta y la espera comienza. Pasan los años. Finalmente, el hombre muere sin haber atravesado la puerta.



La fuerza del relato reside en esa promesa que nunca se cumple. La entrada no aparece clausurada de una vez y para siempre. Permanece como una posibilidad, administrada por una autoridad que decide cuándo sería oportuno ejercerla. La vida del hombre transcurre esperando una autorización.

No se trata de presentar esta como la única interpretación de Kafka ni de convertir una obra literaria en un dictamen jurídico. Se trata de reconocer una experiencia política que su literatura permite iluminar, la existencia de una ley puede convivir con la imposibilidad práctica de acceder a ella.

En la controversia universitaria hay, además, un antecedente decisivo. El 26 de junio de 2026, hemos informado que la Corte Suprema había dejado firme la cautelar referida a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con salarios y becas. El propio comunicado distinguía ese avance de las tareas pendientes, conseguir su cumplimiento efectivo y avanzar en la aplicación integral de la ley.

Esa distinción permite formular el problema con precisión. Obtener reconocimiento judicial y conseguir que ese reconocimiento transforme la realidad son momentos diferentes, lo sabíamos. Entre ambos puede abrirse una distancia en la que el derecho pierda eficacia.

Por supuesto, apelar una decisión judicial forma parte de las garantías del proceso. La presentación de un recurso no demuestra por sí sola una conducta abusiva. Corresponde examinar cada planteo, su admisibilidad y sus efectos. Pero esa precisión también exige distinguir entre discutir una resolución y estar habilitado para incumplir una obligación vigente. La existencia de una controversia no convierte automáticamente cualquier demora en legítima.

La cuestión política aparece cuando la sucesión de trámites termina haciendo de la espera una condición permanente. Cada decisión promete acercar una solución, mientras una nueva instancia vuelve a desplazarla. El procedimiento, concebido para proteger derechos, corre entonces el riesgo de absorber las energías de quienes necesitan ejercerlos.



El tiempo tiene aquí una distribución desigual. Quien administra los recursos puede prolongar una controversia; quien necesita un salario o una beca debe resolver cómo vivir durante esa prolongación. Para una familia, un mes de espera tiene un peso que ningún escrito judicial puede neutralizar. Para una universidad, la pérdida de un equipo docente o la interrupción de una investigación puede comprometer años de trabajo.

Por eso la demora puede operar como una forma de ajuste. Mientras se discute la obligación de financiar, el deterioro avanza. Después, una eventual recomposición de partidas encontrará una institución distinta, personas que se fueron, estudiantes que interrumpieron sus carreras, proyectos que perdieron continuidad. El dinero podrá reponerse, si alguna vez llega. Sin embargo, algunas oportunidades ya habrán pasado.

Hay también un desgaste político. Una comunidad obligada a demostrar reiteradamente la validez de su reclamo debe dedicar parte creciente de sus esfuerzos a conseguir que se cumpla lo reconocido. Enseñar, investigar y proyectar quedan atravesados por la necesidad de sostener las condiciones elementales para seguir haciéndolo. La incertidumbre termina organizando la vida institucional.

La lectura de Kafka invita a advertir ese mecanismo. Pero su potencia crítica se perdería si condujera a aceptar la impotencia como destino. Las universidades cuentan con organización colectiva, acción judicial, representación institucional y vínculos sociales. Esos recursos permiten disputar la espera y exigir que las decisiones tengan consecuencias.

El problema excede al sistema universitario. Si una obligación pública puede diferirse hasta agotar a quienes reclaman, se debilita la confianza en la capacidad de las instituciones democráticas para ordenar la vida común. La eficacia de una ley se juega también en el tiempo de su cumplimiento.

Defender la universidad pública exige, por eso, discutir quién paga el costo de cada demora. Detrás de los expedientes hay vidas, trayectorias y capacidades colectivas que no pueden esperar indefinidamente.

Una sociedad democrática debe poder ofrecer algo más que una puerta abierta hacia un futuro que nunca llega. Debe garantizar que los derechos puedan ejercerse mientras todavía existen las condiciones para hacerlo.

Como decía más arriba, comprender el mecanismo de la espera también permite enfrentarlo. Las universidades tienen algo que el hombre de Kafka no tenía, tiene una comunidad capaz de organizarse, construir alianzas e intervenir sobre su destino. Esa capacidad colectiva abre una posibilidad que ningún expediente puede clausurar por anticipado.

Hacerla efectiva exige sostener el reclamo judicial y articularlo con una estrategia política y social, por ejemplo, seguir coordinando acciones entre universidades, gremios y estudiantes; explicar en cada territorio las consecuencias del desfinanciamiento; ampliar los compromisos de la cultura, el trabajo y la producción con la educación pública. Cada apoyo debe ayudar a convertir una demanda universitaria en una exigencia compartida de cumplimiento de la ley.

Ninguna de estas acciones garantiza por sí sola el resultado, lo estamos experimentando. Sin embargo, juntas pueden modificar las condiciones del conflicto, impedir que el incumplimiento se naturalice y sostener la fuerza necesaria para lograr una respuesta. La esperanza se construye también así, reconociendo las dificultades y organizando las capacidades para superarlas.

La imagen de Kafka nos ayuda a comprender el peligro. El desenlace nos corresponde escribirlo colectivamente. Hay una ley que hacer cumplir y una universidad que necesita seguir enseñando, investigando y abriendo oportunidades. Defenderla es ejercer, desde siempre, nuestra capacidad de construir un futuro común.

Anselmo Torres es rector de la Universidad Nacional de Río Negro

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viernes, 16 de octubre de 2026

MISERABILIZAR PARA SOMETER: EL RECURSO DEL MÉTODO DE EE. UU. HACIA CUBA.

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“Con mi manía de editor, recurrí al diccionario de la Real Academia, y encontré que miserabilidad tenía carné de identidad en español, con el mismo significado que en inglés: convertir algo o a alguien en miserable. De paso, encontré también que, en inglés, immiseration se asocia a la conocida tesis de Marx sobre la depauperación de los trabajadores, como base de la riqueza de la clase alta. Comoquiera que sea, miserabilizar recoge mejor que depauperar la lógica que anima la política de EE. UU. actualmente en curso contra Cuba y los cubanos. con nosotros. Aunque hacía apenas quince meses, el NPSM-5 (junio, 2025) declaraba “apoyar el acceso a Internet, la prensa libre, la libre empresa y los viajes lícitos”, hoy resulta obvio que el verdadero objetivo es castigar, reduciendo a la miseria, a todos aquellos que acepten convivir y mantenerse dentro de un orden como el que existe aquí; aun a quienes quieren transformarlo, democratizarlo, reformar su economía y su sistema político, extender sus libertades y derechos; a maestros, estudiantes, académicos, emprendedores, agricultores, artistas, intelectuales, trabajadores. Y de paso, reprimir a todos aquellos que en EE. UU. o en otros países quieran relacionarse con nosotros.

“Miserabilidad para aislar y someter. A fin de cuentas, quintaesencia de una política concebida hace 60 años, que ahora se aplica sin afeites ni peluquerías, en el estilo de este Gobierno. ¿Cambiará en algo cuando, dentro de un mes, los que votaron por ellos puedan elegir a un Congreso que les imponga algunas riendas? ¿Servirán esas riendas para que desistan de miserabilidad a Cuba?  La verdad es que no lo sé. Aunque lo dudo. 

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Fuentes: Resumen latinoamericano.

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MISERABILIZAR PARA SOMETER: EL RECURSO DEL MÉTODO DE

EE. UU. HACIA CUBA.

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Por Rafael Hernández | 16/10/2026 | Cuba.

Fuente. Revista Rebelión viernes 15 de octubre del 2026.

La política estadounidense de cambio del régimen cubano mediante boicot energético, amenaza de uso de la fuerza, castigos a corporaciones del sector militar, campañas de desprestigio internacional, intimidación a terceros, desinformación acerca del curso de las relaciones diplomáticas y otras acciones de desestabilización, ha sido un fracaso incesante a lo largo de los últimos ocho meses.

Digo que ha fracasado porque, a pesar del estrago humano y el desgaste político interno alcanzados, del minado a las relaciones exteriores de Cuba y la desfiguración completa de la imagen país vigente apenas en 2019, el resultado al que se aspiraba no se ha conseguido.

Más que defenestrar al Gobierno cubano, se intentaba imponerle un cambio a la venezolana; o sea, dejarle las manos puestas en las palancas de mando, pero al precio de negociar la entrega del control real al ocupante estadounidense, otorgándole a este facultades sobre política interna y un sistema político refundado en sus propios términos: derecho de pernada en el acceso a los bienes naturales y a los construidos en las “décadas oscuras del castrismo”; sujeción de sus relaciones exteriores a su tutelaje; privilegios a los intereses del exilio cubano en toda esa transición y reordenando constitucionalmente el sistema, según un modelo capitalista acoplado a la lógica de su esfera de influencia incontestable.


Esta meta, en un plan de muy corto plazo, debía abrir la puerta a una nueva era, donde reinara la prosperidad, la democracia, los derechos humanos y otros bienes propios de un país libre, “donde iba a fluir la leche y la miel”, como dice la Biblia.

A pesar de lo que opinan algunos amigos míos, en la lógica de ese país imaginado, no tendría sentido la anexión, ni el regime change, o la vuelta a 1958. Porque, me pregunto yo, ¿para qué?

Porque ese proyecto implicaba una revolución a la inversa, que cambiara radicalmente el sistema mismo (no solo “el régimen político”) y restaurara el orden de ellos en las relaciones con Cuba. De manera que, si consiguieran todo lo anterior, tampoco tendría sentido restablecer, digamos, la Enmienda Platt. Porque, me pregunto otra vez, ¿para qué?

La política hacia Cuba según el GPS del acoso: rumbos en 2025-26.

De mi época de estudiante, recuerdo varias teorías sobre política exterior norteamericana, coincidentes en que, mientras más jerarquía tenía un problema, más racionales eran las decisiones del aparato político. No solo porque los actores eran menos y con más rango, sino porque la necesidad de resolverlo era más alta, y por lo mismo, la pugna de intereses Inter burocráticos tendía a disminuir. Típicamente, las crisis de seguridad nacional demandaban ese tratamiento jerarquizado y urgente, especialmente cuando había poco tiempo para decidir.

En cambio, los problemas que no entrañaban una amenaza para la seguridad nacional, ni eran imprevisibles ni perentorios, podían estar expuestos a grupos de interés especial y a sus conflictos típicos, como los muy frecuentes en ese campo de batalla, pactos y maniobras ocultas que es el Congreso de los EE. UU. Naturalmente, cuando las políticas dependen de esa tupida madeja, las políticas podían resultar mucho más incoherentes, circunstanciales y zigzagueantes.

Si con los lentes de aquellas teorías examináramos las políticas de EE. UU. hacia Cuba a lo largo de 2025-2026, encontraríamos algunos puntos clave para entenderla y caracterizarla, en vez de opiniones sobre su deber ser. A partir de ese ejercicio empírico es que se podría intentar eso que las ciencias sociales toman como piedra de toque: estimar pronósticos objetivos, digamos, probables.

Al revisar el trazo de la política de EE. UU. a lo largo de los 20 meses de Trump 2.0, veríamos más claramente sus focos, ciclos y lapsos significativos.


Esta línea de tiempo empieza con el gesto irrisorio de Biden, una semana antes de dejar la Casa Blanca, al sacar a Cuba de la State Sponsors of Terrorism (SSOT, Estados que Auspician el Terrorismo); decisión revertida instantáneamente por Trump aun antes de que se cumpliera legalmente —de manera que Cuba jamás llegó a salir de la lista negra.

Durante los cinco meses siguientes, la medida más registrable fue prohibir las visas a funcionarios cubanos y extranjeros involucrados en programas de cooperación, especialmente las misiones médicas internacionales.

No es hasta el National Security Presidential Memorandum/NSPM-5 (Memorandum Presidencial de Seguridad Nacional, 30 de junio, 2025), un apretón que restringe transacciones financieras directas e indirectas con entidades vinculadas a las fuerzas armadas (GAESA) y el MININT, y refuerza la prohibición del turismo estadounidense, que la política anticubana vuelve a sacar la cabeza. Apenas dos semanas después, se amplía la lista de alojamientos prohibidos, así como de visas, castigando a funcionarios de terceros países e instituciones regionales de salud involucrados con las misiones médica.

El NPSM-5 declaraba “restringir prácticas económicas que beneficiaran al régimen cubano o a sus agencias militares, de inteligencia o seguridad, hacer cumplir la prohibición legal del turismo a Cuba y apoyar el acceso a internet, la prensa libre, la libre empresa y los viajes lícitos”.

Una mirada ponderada sobre este primer año muestra que la hostilidad hacia Cuba se mantuvo, pero las medidas podrían describirse como más de lo mismo: EE. UU. sigue tarjeteando la cooperación médica y el turismo, dos fuentes principales de ingreso para Cuba, y aplicándoles nuevas vueltas de tuerca.

Las pausas que ocurren en esa escalada podrían interpretarse como de wait and see; o como si no se hubieran adoptado de manera resuelta a largo plazo; o como si otros temas prioritarios hubieran requerido mayor atención.

Pensando en operaciones más importantes que Cuba, se me ocurren varios frentes: contra la inmigración; intermediar en el conflicto Rusia-Ucrania; en la campaña de aniquilación israelí contra Gaza; alzar los aranceles contra China y sus propios aliados europeos, Canadá, México y otros latinoamericanos; la nueva prioridad geopolítica en el océano Ártico; el despliegue aeronaval en el Caribe y la amenaza contra Venezuela.

Explicar la política que se hace hacia Cuba en Trump 2.0, y en concreto de las acciones y las pausas en 2025, en las personalidades “obsesionadas con Cuba” dentro de la Administración resultaría inconsistente, tomando en cuenta el contraste con 2026. 

Como se sabe, la plana mayor del trumpismo, los puestos clave en los órganos de seguridad nacional, que intervienen típicamente en las alzas y bajas de la política hacia Cuba, han permanecido prácticamente en las mismas manos en estos 20 meses. 

El arrecia miento de esa política desde inicios de 2026, más que por personalidades, parece explicable por el metabolismo de la geopolítica, por encima de todo.

El detonante de ese cambio metabólico esta vez no fue una guerra en Centroamérica, un conflicto en el suroeste de África, un alzamiento de infiltrados en las lomas del Escambray, un estado de inestabilidad interno que preconizara una guerra civil, una supuesta base de submarinos rusos o una estación china de espionaje electrónico. Sino la operación político-militar contra Venezuela, su efecto en el aparato de seguridad nacional y su proyección incluso más allá del hemisferio.

Este acontecimiento, cuyas consecuencias no podían aparecer en ninguna bola de cristal estratégica de 2025, subió el perfil del recurso al intervencionismo por encima de lo preconizado en la Estrategia de Seguridad Nacional.


No hay que olvidar la repercusión que tuvo en su momento Playa Girón en la presencia de EE. UU. en el sureste de Asia, contribuyendo a ponerlo en la vía rápida de la invasión a Vietnam. Pensando en términos de big picture, la operación contra Venezuela el 3 de enero de 2026 fue esa splendid little intervention (Teddy Roosevelt dixit) que elevó la probabilidad de otras, animadas por la misma geoestrategia petrolera, o sea, Irán.

No es ningún misterio que la victoria a bajo costo de la operación en Caracas había significado también una enorme ganancia política para EE. UU., dentro y fuera. Al tiempo que había dañado a viejos enemigos suyos, como por ejemplo Cuba, privándola inesperadamente del crudo venezolano. 

He analizado en otra parte las implicaciones geopolíticas del golpe de Caracas para las relaciones EE. UU.-Cuba. Me limito a agregar aquí que, aunque el secuestro del presidente Maduro había conllevado un daño colateral a la economía ya maltrecha de la isla, su impacto político para esas relaciones fue muchísimo más grave.

Aquel éxito evocaba otros eventos y pautas de la Guerra Fría, especialmente la penetración de fuerzas armadas, gobiernos y organizaciones políticas de izquierda en diversos países. En relación con Cuba, la fórmula de encontrar “un disidente” (un traidor) en las filas Castro comunistas había sido muy popular en la CIA y el NSC de JFK (1961-63) y LBJ (1963-68). Uno capaz de asesinar a Fidel y dar un golpe palaciego; tomar las riendas de la Revolución, y regresarla al buen camino.

Tan obsesiva había sido esa idea, que el asesor de Seguridad Nacional de JFK, George Bundy, le llegó a escribir un memo al presidente (lo leí, incrédulo, en un archivo de papeles desclasificados en la Biblioteca JFK), donde le decía: “We need to find any dissident in the Castro government —even Fidel himself”.

Una mirada retrospectiva sobre el guion de la política de EE. UU. hacia Cuba en 2026 puede servir para contrastar algunas de estas hipótesis.



Parafraseando a Wayne Smith, se diría que Venezuela surtió sobre la Administración Trump el mismo efecto que la luna llena sobre los hombres lobo.

De ahí que decretaran una súbita emergencia nacional relacionada con Cuba, que justificara una declaración de cerco energético total a la isla (Orden Ejecutiva 14380, 29/01/2026), apoyada en su recurso predilecto, la imposición de aranceles a productos procedentes de países que le vendieran o suministraran petróleo a la isla, directa o indirectamente.

Aunque la Corte Suprema, pocos días después, falló contra el uso por el ejecutivo de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), invocada por Trump para castigar o amenazar a cualquier país con medidas económicas por su cuenta, la “emergencia nacional” y el boicot energético a Cuba se mantuvieron como si fuera harina de otro costal.

La escalada de esta guerra económica 2.0 aplicaba paralelamente un recurso novedoso: afirmar que se estaba negociando con “figuras clave” dentro del régimen cubano, e incluso al punto de estar alcanzando un acuerdo, en los términos de EE. UU.

Esta prestidigitación diplomática tuvo el efecto de alarmar a muchos, particularmente en la selva oscura de las redes, pero también en medios intelectuales e incluso entre analistas, convencidos de que un coronel del MININT, nieto de Raúl Castro, estaba negociando con Washington el destino de nuestras relaciones, “a nombre de la Revolución”.

Este juego de manos no logró, sin embargo, que el Gobierno cubano hiciera concesiones a priori, ni accediera a aceptar precondiciones, antes de sentarse a negociar de verdad.

Dado que esa pseudodiplomacia no tuvo frutos, salvo en contribuir a la confusión ya existente y espantar a terceros en sus relaciones económicas con la isla, tres meses después de declarado el boicot, este siguió atormentando la existencia de los cubanos en la isla y diversificándose.

Así que, a partir de mayo, se iniciaría una escalada distinta y diferente, no solo en concentración de sanciones, sino en su alcance, más allá de “los represores” (MINFAR, MININT) y sus “colaboradores”; de los “intereses oficiales”; de la “base de apoyo del régimen” que supuestamente era su blanco.

Establecida al margen de las Cuban Assets Control Regulations  (CACR, Regulaciones para Controlar Activos Cubanos), la Executive Order 14404 (EO, Orden Ejecutiva 14404,  1/5/2026) imponía sanciones a personas y entidades extranjeras vinculadas no solo a energía, sino a defensa, minería/metales, servicios financieros y seguridad, así como a aquellas instituciones financieras que realizaran transacciones con “personas bloqueadas”.

Unos días después, el castigo al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) se extendió a personas y entidades que fueran sus socios comerciales o financieros en cualquier lugar del mundo. Bajo esta telaraña de antiguas regulaciones y sucesivos decretos presidenciales, instituciones como el ICAP, los CDR y el propio presidente de la República, fueron incorporados a la lista negra de condenados.

La extensión de las “sanciones” a la empresa estatal CUPET (11 de junio, 2026), sin ninguna relación con las FAR o el MININT, ya que sirve combustible mayoritariamente a ciudadanos, taxistas y transportistas privados, solo puede responder al propósito de negárselo a todos en la isla. Un mes después (23 de julio, 2026), otra vuelta de tuerca abarcaría a empresas dedicadas a finanzas y servicios médicos. 

Ese requinto en dirección del bloqueo generalizado confirmó su razón de ser, con el apretón más reciente contra el Banco Exterior de Cuba y otras empresas petroleras y mineras (3 de septiembre). Y se coronó al fin de este mes, cuando las “regulaciones sobre control de activos” (CACR) se cerraron sobre los intercambios educativos y culturales, las transacciones bancarias indirectas, y el acceso que supuestamente tenían las empresas privadas cubanas (MiPymes) a los bancos de EE. UU.



La quintaesencia de una política concebida hace 60 años.

¿Por qué ese repunte de medidas en junio, julio y sobre todo septiembre?

¿Será pura coincidencia las 176 medidas aprobadas en junio de 2026, el mayor paquete de reformas económicas, organizadas en 23 ejes que incluyen banca privada, apertura al capital extranjero, reforma salarial, descentralización y cambios en subsidios y planificación?

Si el enemigo principal son los oficiales de las FAR o el MININT, la dirigencia o la burocracia del Gobierno y el PCC, ¿cómo es que todas esas nuevas executive orders (EO) y extensiones de las assets control regulations (CACR) afectan a servicios médicos, empresas no pertenecientes al sector militar, universitarios y artistas, y significativamente, empresas privadas?

Hace un par de semanas, un viejo amigo me envió el borrador de una ponencia, que iba a presentar en un evento organizado anualmente por cierta asociación en Miami, donde se suele formular y debatir el futuro de Cuba. La encontré muy interesante y provocadora, y como he tenido la oportunidad de discutir sobre ese futuro con diversos auditorios, imaginé el debate que iba a propiciar. Se lo comenté, y él, con su habitual bonhomía, se sonrió y me contestó que había encontrado una palabra en inglés que definía la esencia de la política de EE. UU. hacia Cuba: immiserate. Y me propuso que lo aceptáramos como neologismo.

Con mi manía de editor, recurrí al diccionario de la Real Academia, y encontré que miserabilidad tenía carné de identidad en español, con el mismo significado que en inglés: convertir algo o a alguien en miserable. De paso, encontré también que, en inglés, immiseration se asocia a la conocida tesis de Marx sobre la depauperación de los trabajadores, como base de la riqueza de la clase alta.

Comoquiera que sea, miserabilizar recoge mejor que depauperar la lógica que anima la política de EE. UU. actualmente en curso contra Cuba y los cubanos. con nosotros.

Aunque hacía apenas quince meses, el NPSM-5 (junio, 2025) declaraba “apoyar el acceso a Internet, la prensa libre, la libre empresa y los viajes lícitos”, hoy resulta obvio que el verdadero objetivo es castigar, reduciendo a la miseria, a todos aquellos que acepten convivir y mantenerse dentro de un orden como el que existe aquí; aun a quienes quieren transformarlo, democratizarlo, reformar su economía y su sistema político, extender sus libertades y derechos; a maestros, estudiantes, académicos, emprendedores, agricultores, artistas, intelectuales, trabajadores. Y de paso, reprimir a todos aquellos que en EE. UU. o en otros países quieran relacionarse con nosotros.

Miserabilidad para aislar y someter. A fin de cuentas, quintaesencia de una política concebida hace 60 años, que ahora se aplica sin afeites ni peluquerías, en el estilo de este Gobierno.

¿Cambiará en algo cuando, dentro de un mes, los que votaron por ellos puedan elegir a un Congreso que les imponga algunas riendas? ¿Servirán esas riendas para que desistan de miserabilidad a Cuba? 

La verdad es que no lo sé. Aunque lo dudo. 

Rafael Hernández. Politólogo, investigador, profesor, escritor cubano. Graduado de Literatura francesa e Historia de la Filosofía en la Universidad de La Habana (1973), Maestro en Ciencia política en El Colegio de México (1977) y estudios de doctorado sobre América Latina en la UNAM. Ha publicado numerosos libros y ensayos sobre política, historia, cultura y sociedad civil cubanas, política norteamericana, relaciones interamericanas, seguridad internacional y migración. Fundó las revistas de ciencias sociales y estudios culturales Cuadernos de Nuestra América y Temas, la cual dirige desde su creación en 1995.

Tomado de Blog América / El Art fue publicado inicialmente en On Cuba.

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jueves, 15 de octubre de 2026

COMIENZA LA HUELGA INDEFINIDA EN LA EDUCACIÓN MADRILEÑA.

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Consecuencia de un maltrato continuado. Salazar, la profesora de Móstoles, confirma que el estudiantado entiende el porqué de los paros. Su clase de tercero de la ESO así lo hace, al igual que los jóvenes que se enfrentan a segundo de Bachillerato. «Incluso siendo un curso complicado para ellos, conocen nuestros motivos para ir a la huelga y los apoyan», expresa. Por su parte, Raúl Araque, el orientador de Getafe, admite que le da cierto temor la fuerza con la que la huelga se mantendrá en el tiempo. «A mí me ha sorprendido muy positivamente el ánimo. A las asambleas de centro cada vez ha ido más gente. Nunca sabes a lo que te enfrentas en una huelga indefinida, no sabes cómo será la segunda o tercera semana, pero vamos con la idea de que se nos vea en todos los sitios posibles», se explaya Araque.

Esta primera jornada de huelga comenzará con piquetes informativos a las puertas de los centros educativos. Por la mañana, también se realizarán concentraciones a las puertas de los ayuntamientos de los municipios. Ya por la tarde, una manifestación que se espera masiva recorrerá el centro de Madrid, desde Atocha hasta Sol. Allí, en el kilómetro cero madrileños, confluirán con los acampados por una vivienda digna y asequible. «Que los gobernantes no sean capaces de garantizar el derecho a la educación, a la vivienda o a la sanidad pública es un ataque general a nuestros derechos, una devaluación del Estado del bienestar», opina la docente mostoleña0.0 Desde el Sindicato de Estudiantes defienden que «algunos quieren que volvamos a los tiempos en los que la educación era el coto privado de una élite». En este sentido, la huelga indefinida en la educación pública madrileña «es consecuencia de un maltrato continuado por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los servicios públicos», concluye Salazar.

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Fuentes: La Marea.

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COMIENZA LA HUELGA INDEFINIDA EN LA EDUCACIÓN MADRILEÑA.

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Por Guillermo Martínez | 15/10/2026 | España

Tras años de reclamaciones desatendidas por la Consejería de Educación, el colectivo docente inicia un paro total. El profesorado pide volver a las condiciones previas a los recortes de 2011 y la reducción de alumnos por aula y de horas lectivas, entre otras demandas.

El profesorado de la Comunidad de Madrid inicia hoy una huelga indefinida después de años intentándolo todo: paros parciales, manifestaciones, concentraciones y solicitudes oficiales sin respuesta alguna por parte del gobierno regional. Este miércoles, 14 de octubre, tiene lugar la primera jornada de esta protesta (que se espera mayoritaria) debido al hartazgo de profesorado, familias y alumnado, así como a la desidia que la Consejería de Educación ha mostrado durante mucho tiempo ante sus demandas. Los docentes no solo reclaman volver a las condiciones laborales previas a los recortes de 2011, sino que sus salarios les permitan vivir con tranquilidad en una región con un coste de la vida tan elevado como Madrid.

Entre las exigencias principales del profesorado está la reducción del número de alumnos en el aula y de las horas lectivas.

«No tenemos tiempo para preparar las clases ni para redactar protocolos ni para atender a las necesidades específicas del alumnado», ilustra Ana Salazar, profesora de Geografía e Historia en un instituto de Móstoles.

Salazar forma parte de Menos Lectivas, plataforma de asambleas de docentes que lleva más de tres años trabajando para la concienciación y la organización de sus compañeros. Esa labor desemboca hoy en este paro indefinido.

«También pedimos que inviertan más dinero en las infraestructuras de los colegios públicos, ya que priorizan la construcción de nuevos centros concertados incluso en barrios nuevos», añade la profesora.

Existen centros educativos en la región con graves problemas de humedades y sin climatización.

«Y queremos que se acabe con la segregación educativa. La Comunidad de Madrid es la región más segregada de España y una de las mayores de Europa», añade Salazar. Del mismo modo, los docentes exigen un aumento del salario: «No pedimos ninguna locura, únicamente que se equipare el sueldo con el encarecimiento del coste de la vida».

Más de 200 asambleas de centro se han preparado durante meses para este momento. Formadas por profesores y profesoras de colegios e institutos públicos, su configuración les ha tomado horas y horas de su tiempo personal. Salazar recalca que no son «sindicalistas liberados» y que el gran esfuerzo realizado en este tiempo servirá para llegar con fuerza a la negociación con la Consejería de Educación, que tiene a Mercedes Zarzalejo a la cabeza.



Sin recursos para la educación especial.

Menos Lectivas tuvo un encuentro con la Consejería hace más de dos años. Les expusieron sus demandas y no se dio solución a ninguna. «Yo creo que deberían atender a los docentes, que somos las personas que garantizamos el derecho a la educación», valora Ana Salazar. Lo mismo piensa Raúl Araque, integrante de la misma plataforma y miembro del Equipo de Orientación Educativa de Getafe:

«La mayoría de las regiones se han recuperado de los recortes que hubo con la crisis económica, pero en Madrid seguimos en las mismas condiciones», adelanta.

Hasta el momento, las movilizaciones que familias, docentes y estudiantado han realizado han estado orientadas a recuperar esas condiciones anteriores a los recortes. «Por primera vez, ahora gran parte de la tabla reivindicativa está orientada a mejorar la realidad por encima de lo que teníamos», subraya el orientador, quien incide que las horas lectivas a las que están obligado al profesorado madrileño es de las más altas de España.

Araque ve en la política del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso un recorte en los apoyos para los alumnos con necesidades educativas.

«Parece que abrir centros de educación especial es una buena noticia, cuando eso es sinónimo de que el personal de apoyo en los centros ordinarios no da más de sí», explica.

Las consecuencias son bidireccionales: a los chavales con necesidades especiales se les lleva a un sistema educativo paralelo alejado de la realidad social mayoritaria, y a los alumnos de la escuela ordinaria se les priva de conocer otras realidades a través de compañeros con autismo, discapacidad intelectual o motora.



Los estudiantes apoyan a sus profes.

La movilización también alcanza al estudiantado.

«Nos jugamos mantener las políticas de privatización y recorte del gobierno de Ayuso», dice Carlos Ochoa, portavoz del Sindicato de Estudiantes. «Lo que quiere Ayuso es convertir nuestros institutos en auténticos guetos. Lo que hace esta clasista es quitar el dinero público de los colegios de Carabanchel y Vallecas, para los que nunca hay fondos, y dárselos a la Fórmula 1, Quirón y sus áticos en Chamberí», denuncia este estudiante de la UNED.

Prácticamente, todos los sindicatos se han sumado a la convocatoria de huelga indefinida, que alcanza a las universidades el primer día de paros, el 14 de octubre, y el 4 y 5 de noviembre. CSIF, por su parte, ha convocado únicamente huelga el 14, 15 y 16 de octubre y paros parciales posteriores en la enseñanza no universitaria.

«Los que venimos de familias trabajadoras sabemos el papel que juega la escuela pública y sabemos que este derecho se conquistó en las calles», continúa Ochoa. La esperanza sigue encendida. «Parecía imposible tomar medidas para remediar el problema de la vivienda y la contestación social ha hecho que se adelanten las elecciones. También parecía imposible convocar una huelga general y habrá una el 11 de noviembre. Todo esto que tenemos lo han conquistado nuestros padres, madres, abuelas y abuelos. Hay que salir a defenderlo», desarrolla el portavoz estudiantil.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la Comunidad de Madrid (FAPA) Francisco Giner de los Ríos «respeta» la huelga. Así lo ha expresado a La Marea su presidenta, María Carmen Morillas, quien ha calificado de «legítimas» las peticiones de los docentes, aunque ha señalado que desde el ámbito de las familias proponen añadir algunas demandas no incluidas.

«Deseamos que consigan todas sus reivindicaciones porque ya son muchos años de lucha los que llevamos. Nos preocupa que se empiecen a normalizar situaciones que no deberían ser normales», apunta.

Por ejemplo, Morillas denuncia que

la lista de espera de pequeños que necesitan recibir atención temprana supera los 1.000 niños. «La situación requiere de un análisis profundo y de un posterior debate con todas las partes implicadas», opina la presidenta de la FAPA.

En su caso, la relación con la Consejería que lidera Zarzalejo no es mejor que la que mantiene el profesorado.

«Vimos a la consejera tras su nombramiento hace más de un año. Hemos solicitado dos reuniones después por distintos motivos y no ha habido respuesta. Hemos pedido un encuentro por tercera vez, y nada. Parece que han cambiado la dinámica en cuanto a la relación con las organizaciones del ámbito educativo», se queja Morillas.



Consecuencia de un maltrato continuado.

Salazar, la profesora de Móstoles, confirma que el estudiantado entiende el porqué de los paros.

Su clase de tercero de la ESO así lo hace, al igual que los jóvenes que se enfrentan a segundo de Bachillerato. «Incluso siendo un curso complicado para ellos, conocen nuestros motivos para ir a la huelga y los apoyan», expresa.

Por su parte, Raúl Araque, el orientador de Getafe, admite que le da cierto temor la fuerza con la que la huelga se mantendrá en el tiempo.

«A mí me ha sorprendido muy positivamente el ánimo. A las asambleas de centro cada vez ha ido más gente. Nunca sabes a lo que te enfrentas en una huelga indefinida, no sabes cómo será la segunda o tercera semana, pero vamos con la idea de que se nos vea en todos los sitios posibles», se explaya Araque.

Esta primera jornada de huelga comenzará con piquetes informativos a las puertas de los centros educativos. Por la mañana, también se realizarán concentraciones a las puertas de los ayuntamientos de los municipios. Ya por la tarde, una manifestación que se espera masiva recorrerá el centro de Madrid, desde Atocha hasta Sol. Allí, en el kilómetro cero madrileños, confluirán con los acampados por una vivienda digna y asequible.

«Que los gobernantes no sean capaces de garantizar el derecho a la educación, a la vivienda o a la sanidad pública es un ataque general a nuestros derechos, una devaluación del Estado del bienestar», opina la docente mostoleña0.0

Desde el Sindicato de Estudiantes defienden que

«algunos quieren que volvamos a los tiempos en los que la educación era el coto privado de una élite». En este sentido, la huelga indefinida en la educación pública madrileña «es consecuencia de un maltrato continuado por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los servicios públicos», concluye Salazar.

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