LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN SU LABERINTO. La doble crisis del crecimiento.

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“Desde otra perspectiva, La Vía Campesina, organización que reúne a 180 agrupaciones locales y nacionales representativas de más de 200 millones de pequeños y medianos productores agrícolas y trabajadores rurales en 81 países, también apunta a un cambio radical de la lógica del crecimiento y el desarrollo humano. En su caso, comenzando con una redefinición del derecho a la alimentación. En un manifiesto de octubre de 2025, reactualizado en abril de 2026, La Vía Campesina afirma que la agroecología campesina es la respuesta al grave problema de una alimentación muy dispar. Y propone soluciones reales que reconozcan la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia para los pueblos del mundo, como un “nuevo paradigma financiero basado en subvenciones públicas incondicionales, no en préstamos”. Según La Vía Campesina, estos fondos deben ser “controlados democráticamente para impulsar transiciones justas y soberanas”. Es importante que los países del Sur Global puedan “transitar en sus propios términos, con reparaciones financieras, transferencia de tecnología y autonomía para definir sus propias sendas de desarrollo”. Por otra parte, promueve la “construcción de una solidaridad global que también apoye transiciones justas y soberanas para los pueblos del Norte Global, cuyo control sobre sus propias economías es crucial para acabar con el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora y la Madre Tierra”

“La propuesta de La Vía Campesina no es algo reciente. En efecto, en muy diversos momentos desde su nacimiento en 1993 ha criticado frontalmente el modelo decrecimiento económico neoliberal y el agronegocio debido a que ambos priorizan la rentabilidad corporativa y la especulación financiera sobre el bienestar social, la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Sin duda alguna, un modelo que genera pobreza expulsa a los pequeños agricultores de sus tierras y destruye la biodiversidad. A todas luces, América Latina y el Caribe, como buena parte del resto del mundo, se encuentran en la encrucijada de una compleja etapa histórica caracterizada por una doble crisis: la del crecimiento global y la del propio concepto usado hasta aquí para medir e interpretar dicho crecimiento. Crisis agravada por guerras con efectos perniciosos en todo el mundo y en particular en el Sur Global, que paga el precio más alto, el de la creciente pobreza extrema

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Fuentes: Rebelión.

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN SU LABERINTO.

La doble crisis del crecimiento.

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Por Sergio Ferrari | 13/05/2026 | Economía

Fuentes Revista Rebelión miércoles 13 de mayo del 2026.

Además de sus históricos problemas estructurales, América Latina y el Caribe confrontan ahora la incertidumbre generada por la inestabilidad geopolítica internacional. En medio de esta coyuntura ven alejarse sus expectativas de crecimiento para 2026.

Aunque las marcadas disparidades entre países no permiten sacar una conclusión única, como lo constata la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se percibe una tendencia predominante: la media de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) el año en curso seguirá bajando hasta un minúsculo 2,2%, con un deterioro real para 24 de sus 33 países.

Regionalmente, el crecimiento en América del Sur será de 2,4% (2,9% en 2025). En América Central, de 2,2% (2,3% en 2025). En todo el continente, México, la República Dominicana y el Caribe de habla no hispana quizás sean las únicas excepciones de crecimiento previsto. México, con un salto del 1,5% con respecto al 0,8% anterior; República Dominicana que aumentaría hasta el 4%; en tanto el Caribe de lengua no hispana las cifras son más bien engañosas debido al empuje de Guyana. Si se excluye esta última, estaríamos hablando de apenas un 1,2%, bien por debajo del 2,0% en 2025 (https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_proyecciones_abril-2026-esp.pdf).

Crisis crónica: “crecimiento perezoso”.

Con esta proyección, la CEPAL está rectificando sus previsiones anteriores de un crecimiento un poco mayor para la región. Tras cuatro años consecutivos con índices porcentuales en torno al 2% anual, algo así como un “crecimiento perezoso”, concluye que se trata de

“un techo bajo que habla de una incapacidad estructural para despegar, insertada en un contexto internacional que pesa como un ladrillo”. 

(https://news.un.org/es/story/2026/04/1541379).

El análisis de la CEPAL subraya el impacto significativo de la nueva situación mundial: desde diciembre de 2025 hasta fines de abril,

“el escenario externo se ha endurecido, especialmente a raíz de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado la volatilidad de los mercados y el precio del petróleo”. Así, por ejemplo, el primer cuatrimestre de 2026, los combustibles esenciales han subido un 74% con respecto al año anterior.

De la mano de esta crisis, agudizada por el doble tapón impuesto al Estrecho de Ormuz en las costas iraníes –por donde transita más del 20% del combustible mundial–, también se encarecieron alimentos y servicios, inevitable freno al crecimiento del intercambio mundial. De allí que las organizaciones internacionales especializadas pronostiquen que este año el techo de crecimiento del comercio mundial sea del 2,7%, muy inferior al 4,7% de 2025, con sus repercusiones directas en el continente.

Por otra parte, varios socios relevantes de América Latina y el Caribe, como China, la Unión Europea e India, se han desacelerado en momentos en que los bancos centrales del mundo, asustados por la inflación, se han vuelto cautelosos y están imponiendo condiciones financieras menos favorables que las que proyectaban hace apenas unos meses.

En síntesis, el consumo regional se enfría y la inversión no arranca, la economía se desacelera, los precios suben y el trabajo escasea. Realidad macro que se expresa en la caída de la capacidad económica familiar debido a que el consumo privado ha perdido energía. Más preocupante aún, insiste la CEPAL, es la media de la inflación en la región, que este año superará el 3% (fue del 2,4% en 2025), aunque

“se dejará sentir particularmente en América del Sur debido a la volatilidad del tipo de cambio y la subida de los costos de la importación”.

Para la CEPAL, un 2,2% “no es una catástrofe puntual, sino la expresión de un síntoma crónico”, que describe en términos elocuentes: la región lleva años en la trampa del bajo crecimiento, alta exposición a los vaivenes mundiales y poca capacidad para encender motores propios, con riesgos que no desaparecen, como condiciones financieras restrictivas, inflación alimentaria y energética y volatilidad cambiaria. Además, sobre algunos países pesan problemas estructurales más profundos, como restricciones externas, margen de maniobra político agotado e instituciones frágiles. De allí que su mensaje sea no solo económico sino también político:

“Ampliar la movilización de recursos internos y externos y fortalecer la gobernanza son factores fundamentales para impulsar políticas que dinamicen la inversión, aumenten la productividad y fortalezcan la resiliencia macroeconómica en un entorno global cada vez más incierto”.

La guerra y el impacto mundial.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta tendencias similares a nivel mundial a las anticipadas por la CEPAL para América Latina y el Caribe, como lo documenta en su informe de abril La economía mundial bajo la sombra de la guerra. Aun suponiendo que el conflicto en el Medio Oriente tuviese una duración y un alcance limitados, de todos modos, el FMI proyecta para 2026 una desaceleración del crecimiento del 3,1% con un leve aumento de la inflación. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, esta tendencia será mucho más pronunciada.

(https://www.imf.org/es/publications/weo/issues/2026/04/14/world-economic-outlook-april-2026).

¿Quién se beneficia con las nuevas guerras?, sin duda una pregunta crítica en esta coyuntura tan compleja y alterada. En todo caso, y tanto a la luz de los brutales costos humanos como de los indicadores económicos, puede afirmarse que prácticamente ninguna economía nacional podrá sacar provecho de estos conflictos, a excepción de la gran industria armamentista.

La radiografía del FMI, a quien nadie puede tildar de progresista, es elocuente: 

el gasto para defensa en los próximos dos años y medio aumentará de tal manera que llegará a representar unos 2,7 puntos porcentuales del PIB y aproximadamente dos tercios de este se financiarán mediante nuevo endeudamiento, es decir, mayores déficits. En términos concretos, el gasto militar se traducirá en un aumento de la deuda pública de aproximadamente un 7%, con la consiguiente reducción del gasto social.

“Crecimiento”: un concepto también en crisis.

La teoría del crecimiento económico estrechamente ligado al aumento del PIB que los organismos internacionales emplean sistemáticamente para sus estadísticas, sus tablas comparativas y sus proyecciones puede ayudar a proyectar tendencias económicas generales de una región o continente, e incluso del mundo. Sin embargo, sus limitaciones son cada vez más evidentes. Prueba de ello, los cuestionamientos no solo de expertos y teóricos altamente especializados, movimientos sociales e importantes organizaciones no gubernamentales (ONG), sino también, y muy significativamente, desde dentro mismo de las Naciones Unidas.

La última semana de abril Olivier De Schutter, el Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de esta organización, propuso un cambio radical en las políticas de desarrollo. Como ya lo había enunciado en julio de 2024 en su informe tan polémico como cuestionado, Erradicar la Pobreza más allá del crecimiento, nuevamente De Schutter aboga por medidas novedosas, como el ingreso básico universal, la reducción de la jornada laboral y la cancelación de deudas soberanas insostenibles (https://docs.un.org/es/A/HRC/56/61).

La propuesta de De Schutter implica un giro decisivo para que las estrategias de desarrollo ya no dependan del factor “crecimiento”, sino que ahora se reorienten hacia una agenda de “derechos humanos” que sitúe el bienestar de las personas y el planeta en el centro mismo de la transformación económica. Sus recomendaciones se estructuran en torno a cinco pilares:

transformación de los sistemas económicos; políticas del mercado laboral y economía del cuidado; protección social universal y servicios esenciales; clima, medio ambiente y gestión de recursos, y comercio, finanzas, deuda y solidaridad global. Todos ellos sustentados por un enfoque transversal de buen gobierno y democracia participativa.

Se trata de una hoja de ruta que apunta a respaldar los esfuerzos internacionales para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza a nivel global a partir de un concepto de desarrollo elaborado consensualmente con actores de la sociedad civil internacional. Concepto que afirma la plena realización de los derechos humanos, pero ya sin reconocer al PBI como principal indicador de progreso. A todas luces, un instrumento importante para orientar los debates previos a la adopción de la próxima generación de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Naciones Unidas en septiembre de 2027 (https://www.neep-poverty.org/).

Desde otra perspectiva, La Vía Campesina, organización que reúne a 180 agrupaciones locales y nacionales representativas de más de 200 millones de pequeños y medianos productores agrícolas y trabajadores rurales en 81 países, también apunta a un cambio radical de la lógica del crecimiento y el desarrollo humano. En su caso, comenzando con una redefinición del derecho a la alimentación.

En un manifiesto de octubre de 2025, reactualizado en abril de 2026, La Vía Campesina afirma que la agroecología campesina es la respuesta al grave problema de una alimentación muy dispar. Y propone soluciones reales que reconozcan la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia para los pueblos del mundo, como un

“nuevo paradigma financiero basado en subvenciones públicas incondicionales, no en préstamos”. Según La Vía Campesina, estos fondos deben ser “controlados democráticamente para impulsar transiciones justas y soberanas”. Es importante que los países del Sur Global puedan “transitar en sus propios términos, con reparaciones financieras, transferencia de tecnología y autonomía para definir sus propias sendas de desarrollo”. Por otra parte, promueve la “construcción de una solidaridad global que también apoye transiciones justas y soberanas para los pueblos del Norte Global, cuyo control sobre sus propias economías es crucial para acabar con el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora y la Madre Tierra” (https://viacampesina.org/es/cop-30-manifiesto-de-la-via-campesina-tierra-y-derechos-para-quienes-enfrian-el-planeta/).

La propuesta de La Vía Campesina no es algo reciente. En efecto, en muy diversos momentos desde su nacimiento en 1993 ha criticado frontalmente el modelo decrecimiento económico neoliberal y el agronegocio debido a que ambos priorizan la rentabilidad corporativa y la especulación financiera sobre el bienestar social, la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Sin duda alguna, un modelo que genera pobreza expulsa a los pequeños agricultores de sus tierras y destruye la biodiversidad.

A todas luces, América Latina y el Caribe, como buena parte del resto del mundo, se encuentran en la encrucijada de una compleja etapa histórica caracterizada por una doble crisis: la del crecimiento global y la del propio concepto usado hasta aquí para medir e interpretar dicho crecimiento. Crisis agravada por guerras con efectos perniciosos en todo el mundo y en particular en el Sur Global, que paga el precio más alto, el de la creciente pobreza extrema

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LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA POBREZA EN EL PERÚ 2025, POR JAVIER HERRERA.

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“En conclusión, la urbanización de la Pobreza en el Perú enfrenta una transformación profunda de su estructura de pobreza: el crecimiento económico reciente ha perdido eficacia para reducirla de manera sostenida, mientras la pobreza se ha urbanizado y concentrado especialmente en la capital. A ello se suma una mayor vulnerabilidad de los hogares, una débil movilidad ascendente y una creciente exposición a choques económicos que erosionan los avances logrados. Si bien los programas sociales siguen siendo un soporte importante, su impacto resulta insuficiente frente a la magnitud y la nueva geografía del problema. En este contexto, el reto central ya no es únicamente crecer más, sino redefinir las políticas de empleo, protección social y desarrollo territorial para responder a una pobreza más urbana, persistente y estructural.

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LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA POBREZA EN EL PERÚ 2025,

POR JAVIER HERRERA.

"La Urbanización de la Pobreza".

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"El Perú enfrenta una transformación profunda de su estructura de pobreza: el crecimiento económico reciente ha perdido eficacia para reducirla de manera sostenida, mientras la pobreza se ha urbanizado y concentrado especialmente en la capital".

Por Javier Herrera. Economista.

Fuente La República martes 12 de mayo del 2026.

Durante años, el crecimiento económico fue presentado como la gran receta peruana contra la pobreza. Y, en efecto, entre 2004 y 2013 el país vivió una etapa de expansión sostenida: el PBI llegó a crecer alrededor de 6% anual y la pobreza cayó 35 puntos con una rapidez espectacular. Sin embargo, algo cambió en la última década. Hoy el Perú enfrenta una paradoja inquietante: la economía ha vuelto a crecer, pero la pobreza sigue siendo mucho más alta que antes de la pandemia. Es más, somos parte de los muy pocos países de la región que aún no logran reducir la pobreza a, por lo menos, su nivel prepandemia.

Entre 2019 y 2025, el PBI acumuló un crecimiento real de 10,8%. Aun así, la pobreza se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. La explicación no está solo en cuánto crece la economía, sino en cómo y para quiénes crece. Los datos muestran que la evolución del gasto entre 2019 y 2025 ha tenido un sesgo muy débil en favor de los pobres (la redistribución la redujo en apenas 0,35 puntos). En otras palabras, la recuperación económica no ha logrado traducirse en mejoras significativas para los hogares más vulnerables. Mientras antes el crecimiento reducía la pobreza de manera casi automática, ahora esa conexión parece haberse debilitado.

Esto revela un problema estructural. El crecimiento reciente ha sido débil y no ha generado suficiente empleo adecuado ni ingresos sostenibles. El mercado laboral continúa dominado por la informalidad y muchos trabajadores, aunque tienen empleo, permanecen por debajo de la línea de pobreza. No solo se trata de crecer a mayor ritmo y replantear los programas sociales, sino también de impulsar sectores intensivos en mano de obra y generar empleo de calidad.

Lima, la capital de la pobreza, hoy concentra más pobreza que todo el Perú rural.
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La pobreza ahora es principalmente urbana.

Uno de los cambios más profundos de los últimos años es la transformación territorial de la pobreza. Durante décadas, la pobreza estuvo concentrada en las zonas rurales. Hoy el rostro de la pobreza es cada vez más urbano. La reducción sostenida de la pobreza rural es innegable. En 2004 superaba el 80%; en 2025 cayó a 35,5%. La capital, por su parte, entre 2004 y 2016 había logrado dividir por cuatro su pobreza. Desde entonces, la tendencia se revirtió con el agravante de la pandemia y, en 2025, es casi el triple (27,3%) que en 2016. Actualmente, incluso hay más pobres en Lima que en toda el área rural del país.

En 2019, los pobres de Lima representaban el 22,8% del total nacional. En 2025 alcanzan el 32,6%. En apenas seis años, la capital ganó diez puntos porcentuales en la distribución nacional de la pobreza. Igual ocurre con la pobreza extrema (uno de cada 20 pobres extremos en 2019 era limeño y uno de cada cuatro en 2025). Este fenómeno responde a una “urbanización de la pobreza”, impulsada por migraciones internas, cambios demográficos y un crecimiento urbano que las políticas públicas no han logrado acompañar. La consecuencia es que los programas sociales diseñados históricamente para zonas rurales no corresponden a los nuevos desafíos de la pobreza propia de ciudades densamente pobladas.

La distancia entre pobreza urbana y rural también se está reduciendo. Antes, un hogar rural pobre estaba mucho más lejos de poder cubrir su canasta básica que un hogar urbano. Esa distancia se ha acortado drásticamente. En 2004, la diferencia entre las brechas de pobreza rural y urbana era de 15 puntos porcentuales. En 2025, la diferencia es de menos de cinco puntos (4,7 puntos). Es decir, no solo hay más pobres urbanos; también las carencias que enfrentan son cada vez más severas.

 

Pobreza e inseguridad alimentaria según áreas urbana y rural 2026.

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El hambre y la inseguridad alimentaria.

El problema alcanza incluso a la alimentación. El déficit calórico —hogares que no logran comprar las calorías mínimas necesarias— aparece ahora con mayor fuerza en Lima Metropolitana (41,6%) que en las otras ciudades (33,2%) o en los hogares rurales (30,4%). Actualmente, la capital concentra más hogares con problemas de inseguridad alimentaria que varias regiones rurales del país. Entre un tercio (32,4%) de los vulnerables y cerca de la mitad de los hogares pobres extremos (47,3%) y pobres no extremos (40,5%), por falta de medios, tuvieron que reducir las cantidades, saltarse una comida o pasar un día entero sin comer. Los niveles son más preocupantes en las ciudades que en el campo. Esto obliga a replantear las estrategias contra la pobreza urbana. Experiencias como las ollas comunes, surgidas durante la pandemia, muestran que existen mecanismos comunitarios que podrían fortalecerse y ampliarse.

Cada vez más hogares vulnerables.

Cuando se consulta a los hogares sobre su percepción de bienestar, el panorama también es pesimista. En 2025, poco más de siete de cada diez hogares afirman que su nivel de vida sigue igual, mientras casi un quinto considera que ha empeorado. Muy pocos (12%) perciben una mejora real. Ello lo confirman las cifras sobre la población vulnerable, que son las personas que podrían volver a caer fácilmente en la pobreza frente a cualquier choque adverso. Esta situación es especialmente grave en las zonas rurales, donde la vulnerabilidad pasó de 44,6% a 47%. Uno de cada cinco hogares sigue expuesto a choques adversos que conllevan pérdida de ingresos, daños patrimoniales o ambos. La sierra concentra los impactos más severos desde 2021, con familias que no solo ven reducirse sus ingresos, sino que además pierden bienes y activos.

Las transiciones de pobreza muestran, además, que escapar definitivamente de la pobreza sigue siendo muy difícil. Entre 2024 y 2025, más de un tercio de quienes viven en pobreza extrema permanecieron atrapados en esa condición y tres de cada cuatro pobres no extremos que salen de la pobreza devinieron vulnerables. Solo un pequeño grupo logró salir tanto de la pobreza como de la vulnerabilidad.

El necesario replanteamiento de los programas sociales.

Pese a todas las dificultades, los programas sociales siguen siendo un amortiguador clave. Sin transferencias monetarias y en especie, la pobreza en 2025 habría sido 7,2 puntos porcentuales mayor. Sin embargo, existe una fuerte desigualdad territorial en el impacto de estas políticas. En el área rural, la contribución de los programas sociales sigue siendo mucho más importante que en las ciudades (10,1% y 6,6%). Y aunque hubo una ligera recuperación reciente, el alcance todavía no retorna a niveles prepandemia. La expansión de la pobreza urbana plantea entonces una pregunta urgente: ¿están preparados los programas sociales para atender esta nueva realidad? La respuesta corta es no.

En conclusión, el Perú enfrenta una transformación profunda de su estructura de pobreza: el crecimiento económico reciente ha perdido eficacia para reducirla de manera sostenida, mientras la pobreza se ha urbanizado y concentrado especialmente en la capital. A ello se suma una mayor vulnerabilidad de los hogares, una débil movilidad ascendente y una creciente exposición a choques económicos que erosionan los avances logrados. Si bien los programas sociales siguen siendo un soporte importante, su impacto resulta insuficiente frente a la magnitud y la nueva geografía del problema. En este contexto, el reto central ya no es únicamente crecer más, sino redefinir las políticas de empleo, protección social y desarrollo territorial para responder a una pobreza más urbana, persistente y estructural.

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TRUMP SIN UN «AS EN LA MANGA» EN EL ENCUENTRO CON CHINA.

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“La alternativa más racional para Trump no sería buscar una victoria, sino negociar por capas: estabilizar el frente iraní, preservar flujos mínimos de tierras raras, limitar los controles tecnológicos a criterios de seguridad nacional verdaderamente defendibles, reducir el uso performativo de aranceles y reconstruir una coordinación seria con aliados. Pero eso exige disciplina estratégica. Exige aceptar que no todo anuncio ruidoso es una victoria. Exige entender que una economía interdependiente no se gobierna solo con amenazas. Y exige algo que Trump rara vez practica: distinguir entre presión y estrategia.

“China, en cambio, parece estar jugando una partida más institucional. No responde únicamente con castigos puntuales, sino con marcos legales que condicionan el comportamiento de empresas, gobiernos y cadenas de suministro. No se limita a contestar golpe por golpe. Rediseña el terreno donde se produce el golpe. Ahí reside la diferencia fundamental. Washington usa la sanción como látigo. Beijing está construyendo un sistema para que obedecer ese látigo también tenga costo.

“Por eso, si Trump llega a Beijing creyendo que todavía puede intimidar a China con el repertorio habitual, corre el riesgo de confundir ruido con poder. Su problema no es la falta absoluta de cartas. Su problema es que todas sus cartas tienen reverso. Cada arancel puede encarecer su propia economía. Cada control tecnológico puede acelerar la autonomía china. Cada sanción puede activar una orden de bloqueo. Cada amenaza financiera puede abrir un frente sistémico. Cada gesto unilateral puede empujar a los aliados a la cautela. China ya no espera pasivamente el próximo golpe. Lo anticipa, lo encuadra jurídicamente y lo convierte en un costo para terceros.

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Fuentes: El tábano economista.

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TRUMP SIN UN «AS EN LA MANGA» EN EL ENCUENTRO

CON CHINA.

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Por Alejandro Marcó del Pont | 11/05/2026 | Economía

Fuentes. Revista rebelión lunes 11 de mayo del 2026.

Trump, Xi y la diplomacia del daño mutuo (El Tábano Economista)

Donald Trump llegará a su encuentro con Xi Jinping en Beijing con una certeza incómoda, todavía puede hacer daño, pero ya no puede dictar las reglas del juego. Su repertorio es conocido, ruidoso y políticamente poco eficaz ante su electorado: aranceles, amenazas, controles tecnológicos, presión sobre bancos, sanciones secundarias, restricciones financieras, advertencias sobre chips, software y semiconductores. Es una caja de herramientas poderosa, pero no es un as en la manga. Casi todas esas herramientas tienen un defecto estructural, dañan también a quien las usa. En la relación entre Estados Unidos y China, la coerción económica dejó de ser una calle de una sola mano. Se convirtió en una avenida de doble circulación, cargada de obstáculos, desvíos y costos colaterales.

La reunión prevista para el 14 y 15 de mayo no llega en un vacío diplomático. Lo hace después de años de guerra comercial, de controles tecnológicos, de sanciones cruzadas y de una competencia cada vez menos disimulada por el control de los insumos estratégicos del siglo XXI. Reuters Breakingviews describió el próximo encuentro como una cumbre con más riesgos que promesas, donde el déficit comercial, Irán, los semiconductores y las tierras raras aparecen como parte de un mismo tablero. El dato central no es que Trump quiera mostrarse fuerte. Eso ya se sabe. El dato relevante es que, esta vez, la fortaleza estadounidense parece menos unilateral que antes. Washington descubrió que no puede vivir cómodamente sin ciertos insumos chinos; Beijing, a su vez, sabe que sigue necesitando tecnología estadounidense, pero también entiende que la dependencia es recíproca y que esa reciprocidad puede convertirse en arma.

Durante años, la sanción estadounidense funcionó como una forma de jurisdicción imperial informal. No hacía falta ocupar territorios ni desplegar tropas. Bastaba con controlar el acceso al dólar, al sistema financiero, a los bancos corresponsales, a las aseguradoras, a las navieras, a los mercados de capitales y a las tecnologías críticas. Una empresa podía estar en Europa, Asia o América Latina, pero si tocaba el sistema estadounidense, quedaba bajo la sombra de Washington. Esa fue una de las grandes ventajas estratégicas de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría: convertir su centralidad financiera en poder político global. El problema para Trump es que China ya no se limita a quejarse de esa extraterritorialidad. Está construyendo instrumentos para volverla más costosa.

El caso de las refinerías chinas acusadas de comprar petróleo iraní lo muestra con claridad. En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Hengli Petrochemical (Dalian) Chemical Co., una refinería independiente china, a la que acusó de haber comprado miles de millones de dólares en petróleo iraní. Para Washington, el objetivo era evidente: cortar ingresos a Teherán, presionar a quienes sostienen su comercio petrolero y advertir a terceros que el petróleo iraní no es una mercancía neutral sino una exposición jurídica y financiera. La medida formaba parte de una ofensiva más amplia contra la llamada flota fantasma iraní y contra las redes que permiten a Irán seguir exportando crudo pese a las sanciones.

Pero la respuesta china no fue una represalia clásica. No se limitó a sancionar a una empresa estadounidense equivalente, ni a imponer un arancel espejo, ni a emitir una condena diplomática rutinaria. El Ministerio de Comercio de China anunció una orden para bloquear el cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra cinco refinerías: Hengli Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical y Shandong Shengxing Chemical. Según Reuters, Beijing sostuvo que las sanciones estadounidenses violaban el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, y ordenó que esas medidas no fueran reconocidas, implementadas ni cumplidas dentro del marco jurídico chino.

Ese movimiento marca un cambio cualitativo. China no está respondiendo solo con daño económico; está respondiendo con arquitectura jurídica. Está diciendo a bancos, traders, aseguradoras, navieras y socios comerciales: si obedecen automáticamente a Washington, pueden quedar expuestos en China. La sanción estadounidense funciona mejor cuando el resto del mundo la acata preventivamente, incluso sin estar obligado directamente. China intenta quebrar esa obediencia anticipada. No necesita destruir el poder financiero estadounidense. Le alcanza con hacerlo más ambiguo, más caro y más riesgoso.

La base de esta estrategia no apareció de un día para el otro. En 2021, China aprobó las “Reglas para contrarrestar la aplicación extraterritorial injustificada de legislación extranjera y otras medidas”. Esa normativa permite al Ministerio de Comercio emitir órdenes de prohibición cuando una ley extranjera, aplicada extraterritorialmente, restringe de manera injustificada las actividades comerciales normales de ciudadanos o empresas chinas. Más importante aún, si una persona o empresa cumple con una medida extranjera incluida dentro de una orden de prohibición y con eso perjudica a una empresa china, esta puede iniciar acciones ante un tribunal chino y reclamar compensación.

En términos menos jurídicos y más políticos: China está creando una pinza. Si una empresa extranjera cumple con las sanciones de Estados Unidos, puede exponerse a demandas o sanciones en China. Si no cumple con las sanciones de Estados Unidos, puede quedar bajo el castigo financiero de Washington. La empresa deja de ser simplemente un actor económico y se convierte en rehén de dos soberanías enfrentadas. Esa es la novedad. La disputa ya no ocurre solo entre Estados. Se traslada al contrato privado, al pago pendiente, al seguro marítimo, al crédito bancario, al proveedor de componentes, al distribuidor europeo, al importador asiático, al socio latinoamericano.

Imaginemos un caso hipotético. Una empresa china, TechWorld, fabrica componentes electrónicos de alta precisión. Una distribuidora europea, EuroDist, firma con ella un contrato por diez millones de euros. TechWorld produce y entrega. Antes del pago final, Estados Unidos incluye a TechWorld en una lista de sanciones por supuestas ventas a un tercer país sancionado, como podría ser Irán. EuroDist, temiendo perder acceso al sistema financiero estadounidense, decide no pagar. Desde su punto de vista, está actuando con prudencia. Desde el punto de vista chino, está acatando una medida extranjera considerada ilegítima y extraterritorial.

Si el Ministerio de Comercio chino emite una orden de bloqueo sobre esa sanción, TechWorld podría demandar a EuroDist ante tribunales chinos. Podría reclamar el pago adeudado, intereses, daños derivados de la interrupción comercial y eventualmente solicitar medidas sobre activos de EuroDist en China. EuroDist quedaría atrapada. Si paga, teme a Beijing. Si no paga, teme a Washington. La sanción deja de ser una línea recta entre Estados Unidos y la empresa sancionada; se transforma en una red de riesgos extendida sobre toda la cadena comercial.

Ahí está el corazón de la nueva estrategia china. Beijing entendió que la extraterritorialidad estadounidense opera porque terceros actores privados sobreactúan el cumplimiento. Los bancos cancelan cuentas, los proveedores suspenden operaciones, las aseguradoras se retiran, las navieras modifican rutas, los compradores se cubren, los abogados recomiendan prudencia extrema. China ahora busca introducir un costo contrario: cumplir demasiado con Washington también pueda ser jurídicamente peligroso. Es una forma de lawfare económico, pero no en el sentido superficial del término. Es la juridificación de la rivalidad geopolítica.

Trump, frente a eso, conserva herramientas importantes, pero todas tienen límites. La primera son los aranceles. Puede volver a amenazar con tarifas elevadas sobre productos chinos y presentarlas como prueba de dureza. El problema es que China ya aprendió a convivir con la presión arancelaria, a redirigir flujos comerciales y a absorber parte del daño. El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) señala que, después de la escalada de 2025, Estados Unidos y China redujeron parcialmente sus tarifas hacia fines de noviembre; aun así, el comercio bilateral cayó con fuerza y China alcanzó un superávit comercial muy elevado pese a los aranceles.

La segunda carta son los controles tecnológicos. Estados Unidos sigue controlando nodos decisivos: chips avanzados, software de diseño, equipos de fabricación, propiedad intelectual, sistemas operativos, herramientas de inteligencia artificial y maquinaria crítica para semiconductores. Esta es una ventaja real. Pero también aquí aparece una debilidad. Washington ha usado cada vez más los controles de exportación como fichas de negociación, no solo como instrumentos estrictos de seguridad nacional. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) advierte que esa expansión erosiona la credibilidad del sistema, incentiva a China a acelerar su sustitución tecnológica y empuja a ambos países hacia una carrera de controles cada vez más amplia.

Cuando Washington dice que una tecnología no puede venderse por razones de seguridad nacional, pero luego negocia excepciones a cambio de compromisos comerciales, compras agrícolas o concesiones coyunturales, el mensaje se debilita. China interpreta que no se trata de una línea roja estratégica, sino de una moneda de cambio. Y cuando una herramienta de seguridad se convierte en moneda de cambio, pierde autoridad. También pierde capacidad para ordenar coaliciones, porque los aliados empiezan a preguntarse si están defendiendo una arquitectura común o acompañando una táctica transaccional de corto plazo.

La tercera carta es la más poderosa y la más peligrosa: el sistema financiero. Trump podría aumentar la presión sobre bancos chinos vinculados a pagos de petróleo iraní. Esa amenaza sí tiene densidad estratégica. Sancionar bancos, restringir acceso al dólar o castigar entidades que procesan pagos sensibles puede generar un impacto mucho mayor que sancionar refinerías independientes. El problema es que esa carta se parece menos a un as y más a una granada. Puede obligar a China a moverse, pero también puede llevar la disputa a un nivel sistémico. Si Washington toca bancos chinos relevantes, Beijing puede responder con restricciones regulatorias contra empresas estadounidenses, controles de exportación, investigaciones administrativas, presión sobre activos o nuevas medidas sobre cadenas de suministro.

La cuarta carta sería la coordinación con aliados. En términos estratégicos, esta es probablemente la más racional. Si Estados Unidos quiere reducir la dependencia de China en minerales críticos, semiconductores, baterías, insumos farmacéuticos y manufactura avanzada, no puede hacerlo solo. Necesita a Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Australia, Canadá, India, México y otras economías integradas en cadenas globales. Francia, por ejemplo, convocó a países del G7 para discutir cómo reducir la dependencia de China en materiales críticos, en un contexto donde las tierras raras y los imanes permanentes se volvieron una vulnerabilidad industrial y militar.

El problema es que la política exterior de Trump suele operar contra la lógica de esa coordinación. Su estilo es bilateral, personalista, transaccional y muchas veces hostil incluso con aliados. Para enfrentar a China de manera eficaz, Estados Unidos necesitaría paciencia institucional, previsibilidad, acuerdos de largo plazo y una narrativa compartida con sus socios. Trump, en cambio, privilegia el gesto inmediato: el arancel, la amenaza, la foto, el anuncio, la supuesta victoria. Esa teatralidad puede funcionar en campaña, pero no resuelve la dependencia estructural.

Y ahí aparece la mejor carta china: los cuellos de botella materiales. Estados Unidos controla nodos tecnológicos; China controla nodos físicos. Las tierras raras y los imanes permanentes son el ejemplo más evidente. El CFR sostiene que China domina la mayor parte del procesamiento global de tierras raras pesadas y de la fabricación de imanes permanentes, dejando a Estados Unidos en una dependencia casi total para ciertos elementos necesarios en tecnologías avanzadas. No se trata de un recurso exótico de laboratorio. Se trata de insumos para defensa, autos eléctricos, turbinas, electrónica avanzada, semiconductores, robótica y sistemas aeroespaciales.

La cuestión iraní agrega otra capa. China es un comprador central del petróleo iraní y ve el conflicto con Teherán no solo como un problema diplomático, sino como un asunto de seguridad energética. Reuters informó que el canciller iraní se reunió con Wang Yi en Beijing una semana antes del viaje de Trump, y que el estrecho de Ormuz y las negociaciones con Irán estarán en la agenda del encuentro Trump-Xi. Esto reduce aún más el margen estadounidense. Trump puede pedir a China que presione a Irán, pero China sabe que su relación con Teherán también le da una carta frente a Washington. Irán deja de ser solo un expediente de Medio Oriente y se convierte en una pieza dentro de la negociación sinoestadounidense.

China corta el suministro de Tierras Raras a Estados Unidos. Trump sufre verdadero "golpe importador".

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Trump puede vender la cumbre como una pulseada de voluntades. Puede presentarse como el negociador duro que obliga a Xi a sentarse a la mesa. Puede prometer que los aranceles, las sanciones y la amenaza financiera devolverán a Estados Unidos una superioridad perdida. Pero la realidad es más desabrida. La negociación no se juega entre un acreedor y un deudor, ni entre un centro imperial y una periferia disciplinada. Se juega entre dos potencias interdependientes que conocen las vulnerabilidades de la otra y están dispuestas a explotarlas.

La alternativa más racional para Trump no sería buscar una victoria, sino negociar por capas: estabilizar el frente iraní, preservar flujos mínimos de tierras raras, limitar los controles tecnológicos a criterios de seguridad nacional verdaderamente defendibles, reducir el uso performativo de aranceles y reconstruir una coordinación seria con aliados. Pero eso exige disciplina estratégica. Exige aceptar que no todo anuncio ruidoso es una victoria. Exige entender que una economía interdependiente no se gobierna solo con amenazas. Y exige algo que Trump rara vez practica: distinguir entre presión y estrategia.

China, en cambio, parece estar jugando una partida más institucional. No responde únicamente con castigos puntuales, sino con marcos legales que condicionan el comportamiento de empresas, gobiernos y cadenas de suministro. No se limita a contestar golpe por golpe. Rediseña el terreno donde se produce el golpe. Ahí reside la diferencia fundamental. Washington usa la sanción como látigo. Beijing está construyendo un sistema para que obedecer ese látigo también tenga costo.

Por eso, si Trump llega a Beijing creyendo que todavía puede intimidar a China con el repertorio habitual, corre el riesgo de confundir ruido con poder. Su problema no es la falta absoluta de cartas. Su problema es que todas sus cartas tienen reverso. Cada arancel puede encarecer su propia economía. Cada control tecnológico puede acelerar la autonomía china. Cada sanción puede activar una orden de bloqueo. Cada amenaza financiera puede abrir un frente sistémico. Cada gesto unilateral puede empujar a los aliados a la cautela. China ya no espera pasivamente el próximo golpe. Lo anticipa, lo encuadra jurídicamente y lo convierte en un costo para terceros.

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EL ASCENSO DE LA IZQUIERDA REGIONAL Y EL NUEVO MAPA DE PODER EN EL PERÚ, POR PAULO VILCA.

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“Las vicepresidentas y la nueva representación femenina. La transición hacia esta izquierda popular también se manifiesta en las figuras de Analí Márquez y Brígida Curo, vicepresidentas de Juntos por el Perú. Ellas personifican el paso de la "segunda línea" dirigencial al protagonismo nacional, aportando una carga simbólica que la izquierda tradicional ha intentado articular discursivamente pero que ellas encarnan de forma orgánica. Asimismo, rompen el molde del feminismo urbano y académico que predominaba en la representación izquierdista durante los últimos años. Su presencia muestra que la participación femenina en este nuevo esquema debe ir acompañada de una representatividad territorial real. No basta con cumplir con la cuota de género, se requiere una identidad ligada al territorio. La procedencia de ambas candidatas aleja la oferta política de los discursos tecnocráticos y conecta directamente con las demandas anti centralistas del sur peruano. Y en el caso de Curo la variable identitaria indígena se vuelve un eje esencial, elevando a quienes antes se consideraban secundarios a las esferas más altas del Poder Ejecutivo.

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EL ASCENSO DE LA IZQUIERDA REGIONAL Y EL NUEVO MAPA DE PODER EN EL PERÚ,

POR PAULO VILCA.

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Esta izquierda se caracteriza por carecer de grandes pretensiones ideológicas, optando por un populismo militante enfocado en la "soberanía del bolsillo".

Por Paulo Vilca. Investigador del Instituto de Estudios Peruanos. IEP.

Fuente. La Republica sábado 8 de mayo del 2026.

El proceso electoral del 2021 no debe entenderse simplemente como el ascenso accidental de un profesor chotano, sino como el síntoma de una transformación estructural en la representación política del país. La llegada de Pedro Castillo a la presidencia trajo consigo el mayor número de parlamentarios de izquierda desde la década de 1980. Agrupados inicialmente en Perú Libre y, en menor medida, en Juntos por el Perú, marcaron una ruptura política y sociológica con el pasado.

En contraste con periodos legislativos anteriores, donde la izquierda peruana estaba vinculada o era liderada por actores con trayectorias en el establishment limeño —proveniente de la academia y las clases medias ilustradas—, la representación de 2021 fue mayoritariamente provinciana. Nombres entonces poco conocidos como Guido Bellido, Silvana Robles o Jaime Quito, irrumpieron en escena con un denominador común: su distancia de los círculos de poder de la capital y su arraigo en las dinámicas regionales.

La descentralización de facto y el nuevo perfil dirigencial.

Si bien la llegada de "actores periféricos" se ha observado también en grupos de centro o derecha, es en la izquierda donde este fenómeno ha permitido avizorar una recomposición real del poder. Estamos ante una suerte de "descentralización política de facto". El contraste es nítido: frente a la izquierda capitalina cosmopolita y mesocrática, se erige una nueva ola de raigambre popular y regional.

A diferencia del Humalismo de 2006 y 2011 y del Frente Amplio de 2016, que integraron a intelectuales y tecnócratas progresistas en sus filas legislativas, la izquierda de 2021 presentó una identidad sindicalista y magisterial. Estos nuevos parlamentarios no eran rostros frecuentes en los comités directivos de las organizaciones de sociedad civil ni ocupaban espacios de opinión en los grandes medios de comunicación. En su mayoría eran dirigentes y operadores locales de sindicatos y organizaciones sociales de base con conocimiento del territorio y una capacidad de movilización que superaban con creces los sofisticados discursos ideológicos de sus antecesores.

Independientemente de las críticas sobre su desempeño, los resultados del 2026 han ratificado esta tendencia. La representación electoral de la izquierda se ha desplazado de forma irreversible fuera de Lima, favoreciendo a cuadros que antes eran sistemáticamente ignorados o considerados periféricos por las élites. El ascenso de Castillo y la consolidación de figuras como Roberto Sánchez no son accidentes históricos, sino evidencias claras de un cambio en la estructura de la agencia política nacional.

El pragmatismo de Roberto Sánchez: política en tiempos de crisis.

En este panorama, la figura de Sánchez emerge como un actor central que a menudo pasó desapercibido frente al protagonismo de Castillo y Vladimir Cerrón. El 2021 nos trajo al médico huancaíno, al profesor cajamarquino y al psicólogo huaralino, que ha demostrado ser un político versátil para los tiempos de crisis que vive la democracia peruana: lidera un partido con historia desde inicios de siglo, logró ser el ministro más longevo del gabinete de Castillo, preservó una bancada parlamentaria y eludió las acusaciones que buscaron su desafuero.

Para las elecciones de 2026, Sánchez forjó una alianza estratégica que unió las distintas vertientes del castillismo con actores como Antauro Humala, colegas parlamentarios y un nutrido grupo de dirigentes sociales. Su perfil refleja fielmente a esta izquierda periférica cuyo arraigo social y económico está más cerca de los puestos de mercado que de las cafeterías y universidades privadas. No vienen de las ONG o los think tanks, sino del pliego de reclamos, la huelga y la gestión pública subnacional.

Esta izquierda se caracteriza por carecer de grandes pretensiones ideológicas, optando por un populismo militante enfocado en la "soberanía del bolsillo". Actúa con pragmatismo negociador y prefiere canjear la "revolución imposible" por mejoras laborales para sus agremiados o un nuevo régimen de concesiones mineras. Además, mientras otros reniegan de Pedro Castillo, Sánchez y sus aliados se reclaman sus herederos y reivindican el legado histórico que significa haber tenido un campesino ocupando la silla presidencial. El sombrero cajamarquino se convierte en un símbolo de identidad, lucha y victoria popular.

Las vicepresidentas y la nueva representación femenina.

La transición hacia esta izquierda popular también se manifiesta en las figuras de Analí Márquez y Brígida Curo, vicepresidentas de Juntos por el Perú. Ellas personifican el paso de la "segunda línea" dirigencial al protagonismo nacional, aportando una carga simbólica que la izquierda tradicional ha intentado articular discursivamente pero que ellas encarnan de forma orgánica. Asimismo, rompen el molde del feminismo urbano y académico que predominaba en la representación izquierdista durante los últimos años.

Su presencia muestra que la participación femenina en este nuevo esquema debe ir acompañada de una representatividad territorial real. No basta con cumplir con la cuota de género, se requiere una identidad ligada al territorio. La procedencia de ambas candidatas aleja la oferta política de los discursos tecnocráticos y conecta directamente con las demandas anti centralistas del sur peruano. Y en el caso de Curo la variable identitaria indígena se vuelve un eje esencial, elevando a quienes antes se consideraban secundarios a las esferas más altas del Poder Ejecutivo.

Discrepancias y convergencias.

El análisis de las demandas de la izquierda de la periferia muestra una brecha crucial con la izquierda tradicional. Mientras esta última se enfoca en reformas institucionales, derechos civiles progresistas y conservación ambiental; la primera prioriza la redistribución de recursos, el control de los recursos naturales y mantiene una agenda social conservadora. Sin embargo, existen puntos de consenso ineludibles: la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el fortalecimiento del rol del Estado en la economía y la regulación estricta de la actividad empresarial privada.

Sobre la voluntad antidemocrática del último mensaje de Pedro Castillo -que para muchos analistas es la prueba irrefutable de un golpismo latente-, los grupos de esta izquierda emergente mantienen una visión distinta: consideran dicha medida como la acción desesperada de un maestro rural acorralado por sus enemigos políticos, más que un intento serio de instaurar un régimen autoritario.

El escenario parlamentario.

En el Parlamento elegido el 12 de abril de 2026, esta tendencia no se limita a Juntos por el Perú, sino que abarca a sectores de Obras. Ambos grupos comparten orígenes provincianos, trayectorias dirigenciales y lenguaje nacionalista radical. Temas como la nacionalización del gas o la defensa de Petroperú son ejes centrales de su discurso en sintonía con el antaurismo.

No está de más mencionar que a diferencia del Perú Libre de 2021, la experiencia de los últimos cinco años los ha hecho más conscientes de sus limitaciones y tampoco se ven a sí mismos como la única y verdadera izquierda. Por supuesto, nada de lo dicho implica que, en el ajetreo de la vida parlamentaria y la crisis política, dicha agenda sea abandonada y algunos repitan los extremos oportunistas del “fujicerronismo” o acaben como Guido Bellido buscando la reelección en el partido de José Luna, compartiendo militancia y spot de campaña con Daniel Urresti.

La nueva reconfiguración.

El futuro mostrará si esta reconfiguración política se confirma como una tendencia consolidada. Por ahora queda claro que el Congreso ya no es un espejo de la élite política limeña. La izquierda que sobrevive y se expande es aquella que "camina por el territorio". Es una izquierda que ha comprendido que para llegar a la Plaza Bolívar no necesita el visto bueno de la capital, sino el respaldo que alcance en las calles y plazas del interior del país.

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