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"El “Estado fallido” como construcción social y política. Para comprender la profundidad del diagnóstico de Pabón es imperativo recuperar la literatura académica sobre el concepto de “Estado fallido”, categoría que, como ha señalado Juan Tokatlian, ha sido social y políticamente construida. La noción fue introducida originalmente en el debate de las Relaciones Internacionales (RI) por Gerald Helman y Steven Ratner a principios de los años ‘90. En su formulación inicial, el término describía a entidades nacionales incapaces de sostenerse como miembros de la comunidad internacional, lo cual ponía en peligro tanto a sus ciudadanos como a la estabilidad regional. Sin embargo, lo que nació como una preocupación humanitaria en la posguerra fría mutó rápidamente hacia una lógica securitaria.
"Tokatlian argumenta que, a partir de mediados de la década de 1990, se gestó en Washington una “comunidad epistémica sui generis” compuesta por expertos, funcionarios y servicios de inteligencia que transformaron el concepto en una herramienta para legitimar intervenciones en los asuntos internos de países periféricos. Bajo esta óptica, el “Estado fallido” dejó de ser un problema de desarrollo para convertirse en un problema de seguridad nacional para las grandes potencias, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se parangonó la fragilidad estatal con la provisión de santuarios para el terrorismo global. Esta construcción conceptual tiende a imponer una jerarquía internacional donde los Estados en crisis son vistos como “periferias turbulentas” que deben ser tuteladas o disciplinadas por el centro.
"Jonathan Di John, por su parte, advierte que los índices agregados que intentan medir el fracaso estatal suelen ser engañosos, ya que omiten las variaciones significativas de capacidad entre los distintos sectores de un mismo Estado . No obstante, la utilidad política del término para las potencias es innegable. En el caso colombiano, la caracterización de “Estado fallido” sirvió —como fue desarrollado por Tokatlian— para justificar la aplicación de una diplomacia coercitiva y la implementación de planes de asistencia militarizada que, de forma paradójica, a menudo terminan por exacerbar la fragilidad institucional de la nación intervenida. En Ecuador, la apelación de Paola Pabón a esta categoría hoy no solo sirve para describir el estado de “turbulencia periférica” que atraviesa el país, sino también para llamar la atención sobre el riesgo que supone una soberanía cada vez más perforada por intereses foráneos que se presentan como la única solución posible ante el descalabro interno.
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Fuentes: El Cohete a la Luna - Imagen: La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón.
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LA BATALLA DE PABÓN.
CRISIS INSTITUCIONAL Y CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR.
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Por Luciano Anzelini | 04/06/2026 | Ecuador.
Fuentes. Revista Rebelión jueves 4 de junio del 2026
El pasado sábado 23 de mayo, en el
marco de la conmemoración por los 204 años de la Batalla de Pichincha, la prefecta del Gobierno Autónomo
Descentralizado de esa provincia, Paola Pabón, pronunció un discurso que no
solo impactó por su potencia retórica, sino por la crudeza de su
diagnóstico sobre la realidad ecuatoriana [1].
Desde las faldas del volcán donde se selló la independencia colonial,
Pabón interpeló al presente al aludir a la emergencia de “nuevas
tiranías y nuevos colonialismos”.
En un pasaje que sintetiza la tragedia
de una nación que
supo tener —a mediados de la década pasada— muy respetables indicadores
sociales, la prefecta fue categórica al afirmar que el país atraviesa una “crisis
civilizatoria” en la que la desinstitucionalización ha alcanzado niveles
terminales. Al recurrir a Gramsci para describir este claroscuro donde “el
viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer”, Pabón denunció que lo
que hoy impera en Ecuador es un “neoliberalismo de la muerte” que
ha convertido “los derechos en mercadería” y al Estado en un espectro
ausente.
El punto más álgido de su intervención —de una densidad teórica poco
habitual, que incluyó, además de Gramsci, referencias a los filósofos Giorgio
Agamben y Marina Garcés— ocurrió cuando sostuvo que Ecuador se
ha convertido en un “Estado fallido”. Esta afirmación no fue
resultado de una extralimitación del lenguaje, sino la descripción de una
realidad material que se manifiesta en una tasa de 51
muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cifra que
sitúa al país andino en el podio de la inseguridad hemisférica, solo por
detrás de Haití. Pabón describió un escenario de horror cotidiano
con “familias enteras que viven bajo la extorsión”, “adolescentes
reclutados por el crimen organizado” y un abandono estatal que ha
dejado a 450.000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo.
Esta crisis se entrelaza con una deriva autoritaria que
tiene en los presos políticos una de sus expresiones más
elocuentes. Mientras Pabón pronunciaba su discurso en Quito, figuras centrales
de la oposición como el ex Vicepresidente Jorge
Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez,
permanecen recluidos en la cárcel de máxima seguridad “Encuentro”,
presidio construido bajo el paradigma de alto impacto del salvadoreño
Nayib Bukele. El deterioro físico de Álvarez, quien ha perdido
cerca de 30 kilos y sufre restricciones severas a las visitas, es
denunciado por su defensa como una campaña sistemática de persecución
para proscribirlo políticamente. Por su parte, la situación de Jorge
Glas es calificada por sus abogados como un intento deliberado de
“dejarlo morir”, con denuncias de tratos degradantes, falta de agua
potable y negación de atención médica a pesar de las medidas cautelares
de la CIDH.
La propia Paola Pabón no ha sido ajena a este tipo de
arbitrariedades: en 2019 sufrió 71
días de privación de la libertad tras ser acusada en forma injusta
de rebelión durante las protestas contra los ajustes económicos del
gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), experiencia que marcó su
liderazgo y su compromiso con la defensa de las reglas democráticas.
El “Estado fallido” como construcción social y política.
Para comprender la profundidad del
diagnóstico de Pabón
es imperativo recuperar la literatura académica sobre el concepto
de “Estado
fallido”, categoría
que, como ha señalado Juan
Tokatlian, ha sido social y políticamente construida [2].
La noción fue introducida originalmente
en el debate de las Relaciones Internacionales (RI) por Gerald
Helman y Steven Ratner a principios de los años ‘90 [3].
En su formulación inicial, el término describía a entidades nacionales
incapaces de sostenerse como miembros de la comunidad internacional,
lo cual ponía en peligro tanto a sus ciudadanos como a la
estabilidad regional. Sin embargo, lo que nació como una preocupación
humanitaria en la posguerra fría mutó rápidamente hacia una lógica
securitaria.
Tokatlian argumenta que, a partir de mediados de la
década de 1990, se gestó en Washington una “comunidad epistémica sui
generis” compuesta por expertos, funcionarios y servicios de
inteligencia que transformaron el concepto en una herramienta
para legitimar intervenciones en los asuntos internos de países
periféricos. Bajo esta óptica, el “Estado fallido” dejó de ser un
problema de desarrollo para convertirse en un problema de seguridad
nacional para las grandes potencias, especialmente tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001, cuando se parangonó la fragilidad estatal con
la provisión de santuarios para el terrorismo global. Esta construcción
conceptual tiende a imponer una jerarquía internacional donde los Estados
en crisis son vistos como “periferias turbulentas” [4] que
deben ser tuteladas o disciplinadas por el centro.
Jonathan Di John, por su parte, advierte que
los índices agregados que intentan medir el fracaso estatal
suelen ser engañosos, ya que omiten las variaciones significativas de capacidad
entre los distintos sectores de un mismo Estado [5].
No obstante, la utilidad política del término para las
potencias es innegable. En el caso colombiano, la caracterización de
“Estado fallido” sirvió —como fue desarrollado por Tokatlian—
para justificar la aplicación de una diplomacia coercitiva y la implementación
de planes de asistencia militarizada que, de forma paradójica,
a menudo terminan por exacerbar la fragilidad institucional de la nación
intervenida.
En Ecuador, la apelación de Paola
Pabón a esta
categoría hoy no solo sirve para describir el estado de “turbulencia periférica” que atraviesa
el país, sino también para llamar la atención sobre el riesgo que supone
una soberanía cada vez más perforada por intereses foráneos que se
presentan como la única solución posible ante el descalabro interno.
Noboa en manos del Comando Sur.
Bajo las administraciones de Daniel
Noboa (2023-presente),
el vínculo entre la conceptualización de “Estado fallido” y la realidad
política se ha estrechado de la mano de una creciente y solicitada
intervención de los Estados Unidos en materia de seguridad. Noboa
ha consolidado a Ecuador como un actor destacado de un bloque
de países latinoamericanos dispuestos a respaldar sin ambages a Washington,
al procurar de forma activa la intromisión “por
invitación” de la administración Trump bajo una lógica de vasallaje.
Esta estrategia se despliega en un escenario donde el gobierno
ecuatoriano, sin embargo, ha sufrido una derrota
política no menor en su intento por formalizar la
presencia militar extranjera. En noviembre de 2025, la
ciudadanía rechazó contundentemente en una consulta popular la
propuesta de Noboa para permitir la instalación de bases militares
extranjeras en territorio nacional. En
Manta, donde los Estados Unidos operaron la Base Aérea Eloy Alfaro
entre 1999 y 2009, la opción por el “No” —respaldada por la oposición—
se impuso por un margen del 75%, casi 15 puntos por encima de la media
nacional.
Sin embargo, la voluntad popular parece estar bajo asedio mediante
lo que se presenta como “operaciones conjuntas”. Un ejemplo
alarmante de esta dinámica fue la operación militar llevada a cabo
en marzo de 2026 en la comunidad de San Martín (provincia de
Sucumbíos), en la frontera norte. Mientras el gobierno
ecuatoriano y el secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, promocionaban el
bombardeo de lo que supuestamente era un campamento de entrenamiento
de “narcoterroristas”, una investigación de The
New York Times reveló que el ataque, en realidad, destruyó
una finca lechera y ganadera de pobladores civiles.
Los relatos de los residentes de San
Martín describen una secuencia
de abusos por parte de las fuerzas militares, que incluyeron incendios
de viviendas, interrogatorios bajo tortura con descargas
eléctricas y asfixia de trabajadores rurales antes de que fueran
expulsados hacia Colombia. A pesar de la evidencia de que se trataba de instalaciones
civiles, Noboa defendió la
operación sobre la base de supuesta información de inteligencia y negó
cualquier ataque a la población.
Este incidente no es un caso aislado,
sino el síntoma de
una política que subordina la protección de los derechos humanos
a las necesidades de una “guerra interna” agitada por Noboa, la
cual no alcanza los resultados esperados en materia de pacificación.
El papel de las fuerzas norteamericanas en territorio ecuatoriano
es, en efecto, una realidad cotidiana que abarca
desde la asesoría de inteligencia y el adiestramiento militar hasta
la coordinación operativa en tareas de vigilancia, lo que ha llevado a
una evidente pérdida de control soberano sobre espacios estratégicos.
La reversión de la “década ganada”.
El camino de Ecuador hacia lo que Paola Pabón
describe como un “Estado fallido” no es producto de una
fatalidad del destino, sino el resultado de la reversión de los logros
alcanzados durante el periodo 2007-2017. Como hemos argumentado
en trabajos
previos, la crisis actual solo puede explicarse a partir del desmantelamiento
sistemático de las capacidades estatales y el retorno de un
neoliberalismo radicalizado. Un informe del Center
for Economic and Policy Research (CEPR) de 2017 detalla cómo,
durante la administración de Rafael Correa, Ecuador experimentó una estabilidad
política y social sin precedentes en su historia contemporánea.
Las cifras de este think tank con
sede en Washington
son esclarecedoras: en el decenio transcurrido entre 2007 y 2017,
la inversión pública aumentó del 4% al 14,8% del PBI, el gasto social
se duplicó y la tasa de pobreza disminuyó en un 38%. Este fortalecimiento
de lo público tuvo un impacto directo y positivo en la seguridad. El índice
de homicidios intencionales, que en 2007 se situaba en 18
por cada 100 000 habitantes, fue reducido de forma sistemática hasta
alcanzar un piso histórico de 5 en 2017. Estos resultados no fueron
fruto del azar ni simplemente del auge de los commodities,
sino de reformas que incluyeron la regulación estricta del sector
financiero y un manejo estratégico del Banco Central que permitió
implementar políticas contracíclicas incluso en un contexto de economía
dolarizada y crisis global.
Sin embargo, a partir de 2017, con los sucesivos gobiernos
de Moreno, Lasso y ahora Noboa, se inició un proceso que Pabón
describe como de “necropolítica” —término acuñado por el intelectual
camerunés Achille
Mbembe—, caracterizado por la generalización del terror, la
violencia y la muerte. El retiro del Estado de áreas clave como la salud
y la educación públicas, sumado a la desregulación extrema del sistema
financiero, creó las condiciones ideales para la penetración del crimen
organizado. La dolarización, que durante el correísmo fue gobernada y regulada para
proteger la balanza de pagos, se ha transformado hoy en un factor
facilitador para el narcotráfico, al hacer que el lavado de activos
sea inmensamente más sencillo y convierta al país en un paraíso para
capitales espurios. El contraste estadístico es demoledor: de los
5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, la tasa se disparó a
21 en 2021, a 45 en 2023 y hoy enfrenta la cifra estremecedora de 51.
Milei y Novoa, jugando en Casa Rosada.
El espejo argentino.
Esta trayectoria ecuatoriana debe
verse como un cristal
en el que la Argentina comienza a reflejarse. El experimento
libertario de Javier Milei, inaugurado a fines de 2023 con el DNU 70/23
y la denominada Ley Ómnibus, se ha erigido en la puerta de entrada a
ese mismo neoliberalismo radical que ha conducido a Ecuador al borde
del abismo. La visión de Milei sobre el Estado como “la base de
todos los problemas” ignora las lecciones elementales de la ciencia
política contemporánea y las advertencias de autores incluso
conservadores como Francis Fukuyama, quien ha
señalado con énfasis que, en el mundo en desarrollo, los
gobiernos débiles son la fuente de los problemas más graves.
El paralelismo es inquietante: la ambición inicial de Milei
por la dolarización de la economía argentina y el cercenamiento de
las capacidades regulatorias del Estado nos comienzan a colocar en la misma
senda de vulnerabilidad ante el narcotráfico y el lavado de activos
que hoy asfixia al país andino. Al igual que en Ecuador, donde la
militarización de la seguridad pública se presenta como la única
respuesta ante el avance criminal, el gobierno de Milei se empecina
en quebrar el consenso democrático para involucrar a las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad interior; e ignora la abundante evidencia
empírica sobre el fracaso de tales estrategias y los riesgos de un instrumento
militar policializado.
En esta clave es que debe leerse la reciente
firma de la Carta de Intención entre la Armada Argentina y el Comando
Sur de los Estados Unidos para la implementación del Protecting
Global Commons Program (Programa de Protección de los Comunes
Globales). Este convenio,
que autoriza a las fuerzas del Comando Sur a participar en el patrullaje
del Atlántico Sur, representa una creciente pérdida de soberanía bajo una doctrina
que disuelve la jurisdicción nacional en un concepto de “espacio de
todos”. Al catalogar nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un “bien
común global”, el gobierno nacional permite que potencias
extranjeras asuman el control operativo y la supervisión de
nuestros mares, de modo de transformarlos en un área de vigilancia,
control e inteligencia para el Pentágono. Esta voluntad de alineamiento
irrestricto con Washington, que replica el modelo de vasallaje de Noboa,
despoja a la nación de sus recursos estratégicos y de
su capacidad de decisión autónoma, lo que deja a las Fuerzas Armadas
nacionales en una posición de absoluta dependencia técnica y
subordinación doctrinaria.
Reflexión final.
El juego de palabras entre la
famosa Batalla
de Pavón en la Argentina de 1861 y el liderazgo actual de la prefecta de Pichincha
es algo más que una alegoría. La “Batalla de Pabón” que hoy se libra en
Ecuador no es una disputa por fronteras y organización territorial como
la que enfrentó a las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por
Urquiza, y las fuerzas porteñas, lideradas por Mitre. Según
la interpretación de la propia Pabón en su discurso del 23 de mayo
pasado, lo que está en juego es el sentido mismo de lo común y la “supervivencia
de la dignidad colectiva”.
Frente al embate de gobiernos como los
de Noboa y Milei, que
han decidido entregar la soberanía y desmantelar el Estado protector
en nombre de una libertad que termina por ser el privilegio de
unos pocos, la figura de Paola Pabón —quien gobierna desde la adversidad
y bajo la sombra de la persecución política— emerge como una de las esperanzas
más concretas de la política sudamericana. Su papel será decisivo en el futuro
próximo si los ecuatorianos pretenden evitar el camino
ineluctable hacia el “Estado fallido”, por el que lo conduce la
derecha neoliberal desde que Rafael Correa terminó su gobierno en 2017.
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Luciano Anzelini
es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales
(UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
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