jueves, 12 de febrero de 2026

ASFIXIA CALCULADA, EL BLOQUEO COMO ARQUITECTURA DEL SUFRIMIENTO.

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“Los datos hablan claro: sin bloqueo, el PIB cubano habría crecido un 9,2% en 2024. Con bloqueo, lo que crece es la diáspora (400.000 cubanos entre 2021-2026), la desnutrición (28% infantil crónica) y la desesperanza. La pregunta que la comunidad internacional evade es ética: ¿a partir de qué punto el sufrimiento deliberado de once millones de personas deja de ser «política exterior» para convertirse en crimen contra la humanidad?

Mientras Washington celebra la «firmeza» de su postura y Miami capitaliza electoralmente el dolor ajeno, Cuba respira bajo una arquitectura de asfixia tan meticulosa que resulta casi admirable en su perversidad. El bloqueo ya no es medio para un fin: es el fin mismo, un monumento a la capacidad humana para sostener el sufrimiento ajeno mientras se normaliza la propia indiferencia. En el horizonte, mientras tanto, se vislumbra otra Gaza —otro laboratorio de control mediante privación— recordando que lo que hoy ocurre en el Caribe podría mañana replicarse donde sea que el poder decida que el hambre es mejor mensajero que la diplomacia.

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ASFIXIA CALCULADA, EL BLOQUEO COMO ARQUITECTURA DEL SUFRIMIENTO.

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Por Alejandro Marcó del Pont | 12/02/2026 | CubaEconomía

Fuentes. Revista Rebelión jueves 12 de febrero del 2026.

Fuentes: El tábano economista.

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Lo inmoral de esta política es que pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación (El Tábano Economista)

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba —iniciado en 1960 bajo Eisenhower y formalizado por Kennedy en 1962— representa el capítulo más prolongado de coerción económica en la historia moderna. Lo que comenzó como instrumento de presión geopolítica durante la Guerra Fría ha mutado en una compleja arquitectura de asfixia, perfeccionada a través de once administraciones estadounidenses.

Su objetivo declarado siempre ha sido el mismo: debilitar al Gobierno cubano. Su resultado empírico, sin embargo, revela una verdad más oscura, la transformación deliberada del sufrimiento humano en moneda de cambio político. Mientras el mundo avanza hacia 2026, este mecanismo no solo persiste, se ha refinado hasta alcanzar niveles de sofisticación cruel que desafían la conciencia internacional.



La orden ejecutiva del 30 de enero de 2026 —firmada por un Donald Trump reinstalado en la Casa Blanca— no representa una novedad, sino la culminación lógica de una escalada metódica. Al declarar que Cuba constituye una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional «, el documento reactivo y amplía el marco jurídico del bloqueo, amenazando ahora con aranceles punitivos a cualquier nación que «directa o indirectamente» venda o suministre productos petroleros a la isla. Esta medida, aparentemente técnica, es en realidad el eslabón final de una cadena diseñada para estrangular la energía vital de una nación.

Pero la verdadera naturaleza del bloqueo trasciende lo legal para adentrarse en lo existencial. Hablamos de una política que ha generado daños cuantificables por 2.103 billones de dólares durante seis décadas, según cálculos cubanos —cifra que, contextualizada, supera el PIB anual de países como Austria o Noruega-. Solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el impacto material ascendió a 7.556,1 millones de dólares, un aumento del 49% respecto al período anterior. Estas no son meras estadísticas: representan 20.700.000 dólares de daño diario862.568 dólares por cada hora de bloqueo sostenido.

Si el bloqueo tiene un epicentro visible en 2026, ese es la crisis energética. La persecución sistemática de buques petroleros —una práctica que Washington ejerce con celo casi religioso— y la prohibición absoluta de importar piezas de repuesto para centrales termoeléctricas (muchas con tecnología estadounidense obsoleta pero irremplazable) han creado un colapso premeditado. En febrero de 2026 el 60% del territorio cubano experimenta apagones simultáneos que duran entre 8 y 14 horas diarias.

La dimensión estratégica de esta asfixia energética se revela en números crudos: Cuba necesita importar aproximadamente 80.000 barriles diarios de petróleo para funcionar mínimamente, pues su producción nacional apenas alcanza los 32.000 barriles diarios de crudo extrapesado —inadecuado para la mayoría de los usos y dañino para las ya deterioradas infraestructuras-. El consumo total de la isla (120.000 barriles diarios) representa apenas el 0,1% del consumo mundial, una demanda minúscula que, sin embargo, se convierte en campo de batalla geopolítico.




El término «genocidio alimentario», empleado por académicos y activistas de derechos humanos, deja de ser retórica cuando se examinan los datos médicos. En febrero de 2026:

– El 69% del cuadro básico de medicamentos presenta faltas o bajas coberturas

– 364 medicamentos esenciales permanecen fuera de inventario

– La inclusión de Cuba en la lista de «Estados Patrocinadores del Terrorismo» encarece las importaciones de alimentos en un 30% adicional por sobrecostos de fletes y seguros

La paradoja es macabra. Cuba, nación con extraordinaria capacidad médica y biotecnológica, ve morir pacientes por falta de medicamentos que existen en el mercado global, pero a los que no puede acceder debido a exclusiones financieras. El sistema SWIFT —la red nerviosa del comercio internacional— opera como muro infranqueable, mientras que la Ley de Comercio con el Enemigo (aún vigente) criminaliza transacciones humanitarias.

La crudeza actual encuentra su hoja de ruta en un documento desclasificado, el memorando de Lester Mallory, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, fechado el 6 de abril de 1960. Allí se establecía con claridad meridiana:

«Debemos utilizar rápidamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba […] negándole dinero y suministros para reducir sus ingresos reales y sus salarios, provocando hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».

Sesenta y seis años después, esa lógica no solo persiste, se ha automatizado. La pandemia COVID-19 —que debería haber suscitado solidaridad global— fue aprovechada para intensificar las sanciones bajo las administraciones Trump y Biden, contribuyendo a una contracción económica del 10,9% en 2020 y manteniendo números rojos hasta 2025. Lo que Mallory esbozó como estrategia coyuntural se ha convertido en política de Estado permanente.

Aquí emerge la dimensión más cínica del bloqueo, su transformación en herramienta de política doméstica estadounidense. Florida —con sus 30 votos electorales, cruciales en cualquier elección presidencial— ha convertido el «anticastrismo» en industria política. Mantener una postura de «máxima presión» garantiza la movilización de la base cubanoamericana conservadora, particularmente en condados clave como Miami.

La ecuación es simple: sufrimiento cubano = votos en Florida = poder en Washington. Este cálculo explica por qué, pese a que el 62% de los estadounidenses (y el 70% de los cubanoamericanos menores de 40 años) favorecen la normalización, el bloqueo persiste. Su rentabilidad electoral supera cualquier consideración humanitaria o geopolítica.

La figura de Marco Rubiosecretario de Estado en 2026 bajo la administración Trump— encarna esta simbiosis entre sufrimiento ajeno y ascenso político. Rubio ha perfeccionado el arte de canalizar «dinero negro, dark money» hacia su carrera. Fondos de Comités de Acción Política (Super PACS) que no revelan donantes, provenientes frecuentemente de sectores que visualizan en el colapso cubano oportunidades futuras de negocio inmobiliario y privatización de servicios.



Detrás de este financiamiento opaco emerge un nombre revelador: Miriam Adelson. La viuda del magnate de casinos Sheldon Adelsonséptima mujer más rica del mundo según Forbesinyectó 100 millones de dólares en la campaña de Trump en 2024 y ejerce influencia considerable sobre Rubio. Su interés no es ideológico, sino prospectivo. El eventual colapso del sistema cubano abriría oportunidades de inversión masivas en turismo, casinos y bienes raíces —exactamente el negocio familiar de los Adelson-

Existe en Estados Unidos toda una infraestructura económica que depende del mantenimiento del bloqueo. Agencias gubernamentales y contratistas privados reciben miles de millones anuales para monitorear transacciones financieras, rastrear buques petroleros y ejecutar programas de «promoción de la democracia» —muchos de los cuales sirven como fachadas para financiar oposición interna en Cuba-

Las firmas legales en Miami y Washington D.C. han convertido la complejidad burocrática en negocio lucrativo: asesoran a corporaciones multinacionales sobre cómo evitar violar las 2.000+ páginas de regulaciones del bloqueo, facturando honorarios que alcanzan los 500 dólares por hora. El bloqueo, así, genera su propio ecosistema de beneficiarios. Abogados, lobistas, analistas de riesgo y empresas de inteligencia económica que prosperan mientras Cuba se asfixia.

Cada año, la Asamblea General de la ONU vota una resolución condenando el bloqueo. Cada año el resultado es similar: 187 países en contra, ahora 3 a favor (EE. UU., Israel y Argentina). Sin embargo, este consenso moral choca con una realidad política: el rédito interno para Washington supera el costo diplomático.

Febrero de 2026 trae una novedad inquietante: bajo el Gobierno de Javier Milei, Argentina rompe su tradición histórica y vota a favor del bloqueo—o al menos se abstiene— proporcionando a EE. UU. el oxígeno retórico para afirmar que «no está solo». Este giro refleja una tendencia preocupante, la instrumentalización de la política exterior latinoamericana en función de alineamientos ideológicos, incluso cuando contradicen principios históricos de soberanía y no intervención.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026, Estados Unidos utiliza a Cuba como ejemplo disuasorio final para la región. El mensaje es claro: cualquier modelo alternativo al capitalismo liberal será asfixiado hasta la rendición o el colapso. Cuba funciona como escaparate del «Estado fallido» por diseño —una advertencia a cualquier nación que contemple políticas soberanas-



Esta lógica se extiende a la competencia con potencias globales. Al limitar mediante sanciones secundarias la presencia de China y Rusia en la isla, Washington reafirma la Doctrina Monroe en versión siglo XXI: el Caribe como patio trasero inexpugnable. La ironía es profunda, mientras EE. UU. acusa a Cuba de violar derechos humanos, emplea el hambre y la enfermedad como herramientas de disciplina miento geopolítico.

Más allá de las votaciones simbólicas en la ONU, ¿qué hace concretamente la comunidad internacional para aliviar el sufrimiento cubano? El balance es:

– Rusia: Envía 19.000 toneladas de trigo en 2025 sin ofrecer apoyo energético.

– China: Proporciona respaldo diplomático y aumenta el comercio bilateral—incluida una visita ministerial en febrero de 2026— pero evita confrontaciones directas con Washington.

– México: Despacha dos buques con 800 toneladas de ayuda humanitaria y explora contratos petroleros alternativos, que nunca llegarán por la revisión del acuerdo de libre comercio con EEUU en 2026.

– Sudáfrica: Intenta una donación de 3,2 millones de dólares en alimentos y medicinas, bloqueada temporalmente por procedimientos judiciales.

– UE/ONU: Establecen programas de alivio por 3 millones de dólares canalizados a través de la Iglesia Católica —condicionados a evitar al Gobierno cubano— en lo que parece más gesto humanitario que solución estructural.

El denominador común es la limitación: nadie quiere asumir los costos de desafiar frontalmente las sanciones estadounidenses, particularmente las secundarias que pueden excluir a bancos y empresas del sistema financiero global.

Cuba ha explorado vías de escape con resultados dispares:

– BRICS y desdolarización: El intento de comerciar en yuanes o rublos tropieza con la realidad: el dólar sigue siendo el oxígeno del comercio global. Aunque los BRICS+ producen el 43-45% del petróleo mundial, sus mecanismos de pago alternativos son incipientes y burocráticos.

– Criptomonedas: Su uso para remesas ofrece un respiro marginal, pero la volatilidad y las regulaciones las hacen inviables para transacciones estatales masivas.

– Energías renovables: Inversiones en solar y eólica avanzan, pero no pueden reemplazar a corto plazo la dependencia petrolera.

– Reformas internas: La expansión del sector privado y la agricultura sostenible muestran potencial, pero chocan con las limitaciones estructurales del bloqueo.

A febrero de 2026, el bloqueo contra Cuba representa algo más que una política exterior fallida: es la normalización institucional de un experimento humano a escala nacional. Lo que comenzó como herramienta de la Guerra Fría ha evolucionado en monstruo burocrático-automático, alimentado por intereses electorales, lucro empresarial y una dosis considerable de crueldad indiferente.



Los datos hablan claro: sin bloqueo, el PIB cubano habría crecido un 9,2% en 2024. Con bloqueo, lo que crece es la diáspora (400.000 cubanos entre 2021-2026), la desnutrición (28% infantil crónica) y la desesperanza. La pregunta que la comunidad internacional evade es ética: ¿a partir de qué punto el sufrimiento deliberado de once millones de personas deja de ser «política exterior» para convertirse en crimen contra la humanidad?

Mientras Washington celebra la «firmeza» de su postura y Miami capitaliza electoralmente el dolor ajeno, Cuba respira bajo una arquitectura de asfixia tan meticulosa que resulta casi admirable en su perversidad. El bloqueo ya no es medio para un fin: es el fin mismo, un monumento a la capacidad humana para sostener el sufrimiento ajeno mientras se normaliza la propia indiferencia.

En el horizonte, mientras tanto, se vislumbra otra Gaza —otro laboratorio de control mediante privación— recordando que lo que hoy ocurre en el Caribe podría mañana replicarse donde sea que el poder decida que el hambre es mejor mensajero que la diplomacia.

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miércoles, 11 de febrero de 2026

PERÚ SIGUE EMPEORANDO EN PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: CAYO DEL PUESTO 94 AL 130 EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

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“El deterioro institucional que refleja el índice de Percepción de la Corrupción también tiene un correlato político evidente. Desde la década de 1990, todos los expresidentes del Perú han enfrentado procesos penales, condenas o investigaciones por delitos vinculados a corrupción, lavado de activos o abuso de poder. El caso más antiguo es el de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y delitos asociados a su régimen. Alejandro Toledo cumple condena tras ser sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de la investigación por el mismo caso. Las sentencias más recientes han golpeado con fuerza la escena política. Ollanta Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales, en un proceso que confirmó aportes irregulares vinculados al caso Lava Jato. El fallo marcó un hito porque se trató del primer expresidente sentenciado por aportes ilegales de campaña en el marco de Odebrecht. La decisión judicial reabrió el debate sobre el financiamiento partidario y el control del dinero en política.

“También en 2025, Martín Vizcarra recibió una condena por cohecho pasivo, relacionada con presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. La sentencia consolidó años de investigación fiscal y convirtió al exmandatario en otro jefe de Estado condenado por actos de corrupción. El fallo tuvo impacto político inmediato. Vizcarra había mantenido presencia pública y capital político tras su salida del poder. En paralelo, Dina Boluarte afronta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y otros delitos vinculados a decisiones adoptadas durante su gestión. Además, existen indagaciones por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas sociales tras la caída de Pedro Castillo. Aunque no cuenta con una condena firme, los procesos abiertos forman parte del clima político que rodea al país y que incide en la percepción internacional sobre la solidez de sus instituciones.

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PERÚ SIGUE EMPEORANDO EN PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: CAYO DEL PUESTO 94 AL 130 EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

Prueba las Instituciones Nacionales han sido Capturadas por la Corrupción y por los Gánsteres de la Corrupción.

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El país obtuvo 30 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción, muy por debajo del promedio regional. La caída histórica refleja debilidad institucional, interferencia política en ONG y falta de sanciones efectivas frente a actos de corrupción.

Por. Ariadna Yaya. Periodista.

Fuente. Diario La República martes 10 de febrero del 2026.

Perú obtuvo 30 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción. Foto: composición de Betsy De los Santos.

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Perú descendió del puesto 94 al 130 en el índice de Percepción de la Corrupción entre 2020 y 2025, con una puntuación de apenas 30 sobre 100. Esto lo ubica entre los países peor evaluados de la región, por debajo de la media de las Américas, que es de 42 puntos, y al nivel de naciones como Kenia, Egipto y Azerbaiyán.

El informe de Transparencia Internacional indica que esta caída refleja un retroceso estructural en las instituciones públicas y en el sistema democrático. La clasificación actual define a Perú como una “Democracia Imperfecta”, debido a la captura de organismos clave y la erosión de los controles que deberían garantizar la rendición de cuentas.

Entre los factores que explican la baja puntuación destacan la interferencia política en organizaciones de la sociedad civil, la debilidad de los sistemas de justicia y la percepción de que los recursos públicos no se utilizan con transparencia. Además, las restricciones a las ONG han limitado la fiscalización independiente del gobierno, lo que alimenta la percepción de impunidad.

La desconfianza ciudadana también influye en la percepción internacional de corrupción. El informe señala que la falta de sanciones efectivas, la politización de los procesos judiciales y los problemas en la administración pública generan un círculo vicioso: la corrupción afecta las instituciones, y las instituciones no logran frenar la corrupción.



Los factores que explican la caída de Perú en la Percepción de la Corrupción

La caída de Perú en el índice de Percepción de la Corrupción responde a varios elementos estructurales. Uno de los puntos señalados por Transparencia Internacional es la restricción del espacio cívico. En los últimos años se han promovido normas y medidas que afectan el funcionamiento de organizaciones que fiscalizan al poder. Cuando se debilita la vigilancia independiente, se reduce la capacidad de denuncia y se deteriora la percepción de transparencia.

Otro factor clave es el debilitamiento de los contrapesos democráticos. Decisiones del Ejecutivo y del Congreso han impactado en la autonomía del Ministerio Público, el sistema judicial y otros órganos de control. Esta situación afecta la capacidad del Estado para investigar y sancionar actos de corrupción sin interferencias políticas.

La falta de sanciones firmes también influye. Procesos por soborno, colusión o desvío de fondos avanzan con lentitud o enfrentan cuestionamientos sobre su imparcialidad. Cuando la ciudadanía percibe impunidad, la confianza en las instituciones cae.

A esto se suma la opacidad en el financiamiento político. Los vacíos en el control de aportes a campañas y la debilidad de la fiscalización electoral generan dudas sobre la influencia de intereses privados en decisiones públicas. Este fenómeno impacta directamente en la imagen del Perú frente a la comunidad internacional.



Un retroceso histórico en tan solo cinco años.

En 2020, Perú ocupaba el puesto 94 con un puntaje de 38, reflejando una percepción de corrupción moderada. En solo cinco años, el país cayó 36 puestos, demostrando un deterioro sostenido y estructural.

El retroceso coincide con un aumento de las restricciones a la sociedad civil y un debilitamiento de la independencia judicial. Las ONG enfrentan obstáculos legales y campañas de desprestigio que reducen su capacidad de supervisión. Transparencia Internacional enfatiza que, sin vigilancia independiente, la corrupción se arraiga y se percibe con mayor intensidad a nivel internacional.

La inestabilidad política también contribuye. La desilusión con los partidos y la falta de confianza en los procesos electorales generan un círculo donde la corrupción reduce la legitimidad de las elecciones, y las elecciones no logran reforzar los mecanismos de control.

Comparado con la región, Perú se aleja del promedio de 42 puntos en las Américas. Países vecinos han logrado estabilizar sus puntajes, mientras Perú se aproxima a niveles de corrupción sistémica, situación que afecta la inversión, la confianza ciudadana y la reputación internacional del país.



José Luis Gargurevich, director de Proética: “A mayor salud democrática, mayor transparencia”

Para José Luis Gargurevich, director de Proética, la caída de Perú en el índice de Percepción de la Corrupción debe leerse en un contexto más amplio. El país descendió al puesto 130, pero la tendencia no es aislada.

“El país cae en el ranking mundial, pero también seamos conscientes de que no es un fenómeno peruano. En todo el mundo la batalla contra la corrupción se ha ido perdiendo. Dos terceras partes de los 182 países están por debajo de los 50 puntos”, señaló.

El director subrayó que uno de los hallazgos centrales del informe de Transparencia Internacional es la relación directa entre democracia y transparencia.

“Un dato revelador del IPC es la correlación directa que demuestran los puntajes de los países con respecto a sus sistemas democráticos. A mayor salud democrática, más puntaje en transparencia de los asuntos públicos”, explicó.

En esa línea, advirtió que la corrupción no solo afecta la gestión pública, sino que erosiona el sistema democrático.

“Ese vínculo que tiene la corrupción con la vulneración de la democracia es la principal amenaza que trae la impunidad a nuestras sociedades”, afirmó.

Frente a este escenario, Gargurevich sostuvo que el país necesita una estrategia clara y sostenida.

“Urge en el país una hoja de ruta que nos encamine a frenar la impunidad y asegurar transparencia en las decisiones públicas”, indicó. Consideró que el eje de un próximo gobierno debe centrarse en enfrentar la corrupción política y sus vínculos con economías ilegales, flujos ilícitos y financiamiento opaco de partidos.

Además, remarcó la importancia de fortalecer la integridad en el Estado y el rol de la ciudadanía.

“El poder político tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. Para eso necesitamos un espacio cívico que recupere sonoridad y robustez, con vigilancia activa, generación de evidencias e involucramiento ciudadano en las soluciones contra la corrupción”, concluyó.

José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional: “El Perú está en el tercio inferior de la tabla y la justicia tiene mucho que ver”

Para el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, la caída del Perú en el índice de Percepción de la Corrupción no debe analizarse solo por el puesto 130 en el ranking global, sino por el puntaje obtenido.

“Más importante que el puesto es el puntaje. El Perú aparece con 30 puntos sobre 100, está en el tercio inferior de la tabla, muy malo, y ha bajado un punto con relación al año pasado”, precisó.

Ugaz sostiene que el sistema de justicia tiene una responsabilidad directa en este deterioro. Señala escándalos recurrentes, investigaciones mal conducidas y decisiones que alimentan la sensación de impunidad.

“responsables de graves delitos no son condenados o se les archivan los casos sin mayor investigación o fundamento”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el archivo de la investigación por presunta violación sexual contra el presidente Jerí, dispuesto por el entonces Fiscal de la Nación transitorio.

El jurista también cuestionó el rol de la Contraloría y la falta de capacidades técnicas del sistema. Indicó que muchas veces se concentran en infracciones administrativas menores mientras los grandes casos avanzan sin control.

“Los casos de gran corrupción requieren fiscales y jueces capacitados, tecnología como plataformas de investigación de redes o inteligencia artificial, peritos especializados. Ni la policía, ni la fiscalía ni el Poder Judicial están a la altura”, advirtió. Añadió que la Fiscalía enfrenta limitaciones presupuestales, la Policía carece de equipos adecuados y los jueces demoran meses en diligencias clave.

Sobre la politización del sistema, Ugaz fue directo.

“Cuando la justicia se politiza o es penetrada por la corrupción y el crimen organizado, se desacredita y proyecta una imagen de incompetencia dentro y fuera del país”, sostuvo. Recordó que casi todos los últimos presidentes han sido investigados o condenados, lo que afecta la imagen internacional y la seguridad jurídica. A su juicio, el país necesita una reforma integral del sistema de justicia, similar a la propuesta que planteó en su momento la CERIAJUS. “No se trata de parches ni reformas exprés. Se requiere voluntad política, recursos humanos de calidad y tecnología. Hoy todo eso es escaso en el Perú”.



Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Dina Boluarte: los expresidentes con condenas por corrupción e investigaciones abiertas

El deterioro institucional que refleja el índice de Percepción de la Corrupción también tiene un correlato político evidente. Desde la década de 1990, todos los expresidentes del Perú han enfrentado procesos penales, condenas o investigaciones por delitos vinculados a corrupción, lavado de activos o abuso de poder. El caso más antiguo es el de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y delitos asociados a su régimen. Alejandro Toledo cumple condena tras ser sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de la investigación por el mismo caso.

Las sentencias más recientes han golpeado con fuerza la escena políticaOllanta Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales, en un proceso que confirmó aportes irregulares vinculados al caso Lava Jato. El fallo marcó un hito porque se trató del primer expresidente sentenciado por aportes ilegales de campaña en el marco de Odebrecht. La decisión judicial reabrió el debate sobre el financiamiento partidario y el control del dinero en política.

También en 2025, Martín Vizcarra recibió una condena por cohecho pasivo, relacionada con presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. La sentencia consolidó años de investigación fiscal y convirtió al exmandatario en otro jefe de Estado condenado por actos de corrupción. El fallo tuvo impacto político inmediato. Vizcarra había mantenido presencia pública y capital político tras su salida del poder.

En paralelo, Dina Boluarte afronta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y otros delitos vinculados a decisiones adoptadas durante su gestión. Además, existen indagaciones por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas sociales tras la caída de Pedro Castillo. Aunque no cuenta con una condena firme, los procesos abiertos forman parte del clima político que rodea al país y que incide en la percepción internacional sobre la solidez de sus instituciones.

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martes, 10 de febrero de 2026

CUBA ESTÁ EN PELIGRO.

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"En diciembre de 2025, Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, fue condenado a cadena perpetua. Entre los cargos que se le imputaron, según el Tribunal Supremo Popular de Cuba, figuraban acusaciones de espionaje, corrupción, soborno y delitos económicos. Al parecer, Gil había abusado de su cargo en beneficio personal y facilitado información a entidades extranjeras. Aun así, la supervivencia de Cuba es una prueba impresionante de los logros alcanzados por la Revolución hasta los años noventa. La mayoría de los Estados que conquistaron la independencia política en la ola de revoluciones antimperialistas que siguió a la victoria de las revoluciones china y cubana no fueron capaces de preservar sus logros revolucionarios: Argelia y Egipto son ejemplos de esa regresión histórica posterior a 1991. En ese contexto, la responsabilidad de Brasil —y, en una escala diferente, la de China— en la solidaridad con Cuba es ineludible. Cuba está en peligro. Hay que salvarla.

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CUBA ESTÁ EN PELIGRO.

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Cuba enfrenta hoy una ofensiva contrarrevolucionaria abierta. En nombre del «malestar social», Washington apuesta a provocar una implosión interna para consumar la recolonización de la isla. Defender a Cuba no es una opción moral, sino una obligación política de la izquierda.


Valerio Arcary,
Jacobin.

Fuente. Jaque al Neoliberalismo.

Lunes 9 de febrero del 2026.

La situación en Cuba ha empeorado cualitativamente tras el ataque del pasado 3 de enero a Venezuela y el consiguiente secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La interrupción de los suministros a Cuba de petróleo venezolano se ha visto en parte compensada por México, pero la decisión y la capacidad de ese país de seguir enviando petróleo a Cuba se ven hoy amenazadas. Trump apuesta a que apretando las tuercas del estrangulamiento económico de la isla se podrá atizar las llamas del malestar social y ya ha pronosticado el inminente colapso del gobierno cubano. La prensa estadounidense ha difundido declaraciones extraoficiales de funcionarios de la administración de Washington según las cuales existiría un plan para derrocar al gobierno de Cuba a más tardar a finales de 2026. En sus provocaciones, Trump llegó al extremo de declarar que Marco Rubio, actual Secretario de Estado y proveniente de una familia de origen cubano, podría ser un buen candidato para la presidencia de Cuba. Esta dramática avalancha plantea un desafío estratégico para la izquierda mundial, en especial la latinoamericana. La defensa de Cuba frente al imperialismo es cuestión de principios. El proyecto de derrocamiento del gobierno cubano es de naturaleza contrarrevolucionaria. La caída de ese gobierno sería una derrota histórica cuyo impacto podría compararse sólo con el derrumbe de la URSS en 1991. La restauración del capitalismo en Cuba sería despiadada y el país se convertiría una vez más en una semicolonia; o peor, en un protectorado estadounidense, similar al que existe en Puerto Rico, desenlace devastador para toda América Latina.



La situación interna de Cuba es de una inmensa penuria, lamentablemente cada vez más parecida a la de los años noventa del llamado

«Período especial» que sobrevino al derrumbe de la URSS. Apagones de varias horas al día castigan a la población de la isla y ni siquiera las grandes ciudades se libran de ese flagelo. La escasez es generalizada, lo mismo de alimentos que de medicinas. La mayoría de la población vive en condiciones materiales de sacrificio. En 2024, Cuba solicitó ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, habida cuenta de la incapacidad para satisfacer por medios propios agudas necesidades nutricionales de los niños. Según estimaciones, la pandemia de Covid-19 hizo que la economía cubana se contrajera en más del 10% del PIB. La crisis sanitaria ha reducido casi a la nada el turismo y ha agravado la escasez de divisas fuertes —dólares y euros— esenciales para financiar importaciones y controlar la inflación. Desde 2020, cerca de un millón de cubanos han abandonado la isla en su lucha por la supervivencia.

¿Por qué esta terrible vulnerabilidad? Porque Cuba permanece dramáticamente asediada por el bloqueo de Washington, que se ha visto recrudecido por las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Trump ya desde su primer mandato (y que Biden dejara intactas). Situada a sólo 150 km del sur de Florida, en 1959 Cuba fue escenario del triunfo de la primera revolución socialista en América y, en cuanto Estado independiente, ha sido capaz de resistir hasta hoy todo embate. El imperialismo yanqui considera inaceptable que prevalezca esa Cuba. La burguesía cubana en Estados Unidos es hoy mucho más fuerte que cuando huyera a ese país desde la isla, habiendo pasado a engrosar la clase dominante yanqui, la más poderosa del mundo. A diferencia de los capitalistas chinos en la diáspora, se ha negado a toda negociación con el gobierno de Cuba y ha mantenido una posición de irreconciliable apoyo al bloqueo contra Cuba. Descartada una estrategia militar que daría lugar a una guerra civil, la apuesta de Washington consiste en llevar poco a poco a Cuba a una cruel e implacable asfixia económica a fin de fomentar una crisis social y la subversión interna dentro de la isla.



El aislamiento de Cuba, agravado por la evolución desfavorable de la correlación política de fuerzas en el sistema mundial ante la ofensiva de Trump por preservar la supremacía de Estados Unidos, está en la base de la actual coyuntura. Cuba no es una prueba de que el socialismo sea inviable, sino todo lo contrario. Durante décadas, Cuba entusiasmó al mundo con extraordinarias proezas sociales cuyos resultados en educación, salud pública e investigaciones médicas eran muy superiores a los de países con muchos más recursos naturales y anterior nivel de desarrollo material y tecnológico. Los logros científicos de Cuba abarcaron, en fecha muy reciente, el desarrollo autónomo, en tiempo récord, de vacunas contra el coronavirus. La propiedad social y la planificación económica han demostrado su superioridad en comparación con los regímenes de propiedad y sistemas de gestión en Estados capitalistas en una etapa similar de desarrollo económico y social. No tiene sentido comparar a Cuba con España, pero sí con países vecinos de América Central o el Caribe. En sentido general, mientras existió la URSS, el desarrollo social de Cuba fue todo un éxito. Para citar sólo unos pocos ejemplos, todavía en 2022, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cuba exhibía un Índice de Desarrollo Humano de 0.762, lo que la situaba en el grupo de países de «alto desarrollo humano», con una esperanza de vida de 77,63 años y una tasa de mortalidad infantil que hasta ese mismo año había sido durante décadas inferior a la de Estados Unidos: aproximadamente 4.08-5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en Cuba en comparación con aproximadamente 5.4-5.9 por cada 1.000 nacidos vivos en Estados Unidos. Por otro lado, el proceso de transición poscapitalista en Cuba se vio interrumpido por numerosos factores. Aun así, los nuevos sectores sociales acomodados que se fueron constituyendo en la isla gracias a las oportunidades de negocio favorecidas por el propio gobierno con el fin de aumentar la capacidad productiva y atraer inversiones extranjeras, permanecen fuera del poder. No se puede dejar de reconocer, sin embargo, que tras tantos años de devastadores sacrificios en Cuba se ha producido una fractura generacional difícil, si no imposible de cerrar.

La estrategia de Trump apunta a la subversión política y social en Cuba por medio de su estrangulamiento económico. El malestar social en la isla aumentó a medida que la vida se hacía más y más difícil. No obstante, las razones que pueden llevar a que la gente salga a manifestarse en las calles —aun cuando sean legítimas y comprensibles, como durante las masivas protestas del 11 de julio de 2021— no son suficientes para caracterizar de progresista cualquier movilización. Ser de izquierda no nos obliga a apoyar cualquier movilización contra el gobierno. En la tradición marxista, son cuatro los criterios para formarse una opinión sobre la naturaleza de una protesta social:

1) cuáles son las reivindicaciones o el programa;

2) cuál es el sujeto social;

3) quién desempeña el papel de sujeto político; y

4) cuáles son los resultados probables.



No basta con que las reivindicaciones sean justas. Que el sujeto social sea de extracción popular es un factor importante, pero tampoco es suficiente. Si la dirección es reaccionaria, ignorar el desenlace más probable es una imprudencia. Se impone la necesidad de un análisis objetivo para no caer en la trampa de desvalorizar el papel de quienes dirigen la movilización y de pasar por alto el desenlace que esa dirección busca. La lucha por el poder es el núcleo de la lucha de clases. Una desestabilización del gobierno cubano para propiciar la entrega del país a la burguesía de Miami sería una tragedia histórica.

En Cuba, la alternativa no es entre dictadura y democracia, sino —como en Venezuela e Irán— entre independencia o recolonización. Defender a Cuba frente a las presiones imperialistas no significa alinearse incondicionalmente con toda acción o medida del gobierno de La Habana. Por el contrario, toda actitud solidaria e internacionalista honesta debe ser una actitud de apoyo crítico, tanto en el plano estratégico como en el táctico. Lo que significa que quienes defiendan a la Revolución deben estar en condiciones de ejercer sus derechos democráticos a la libre expresión ante onerosas presiones burocráticas.

En diciembre de 2025, Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, fue condenado a cadena perpetua. Entre los cargos que se le imputaron, según el Tribunal Supremo Popular de Cuba, figuraban acusaciones de espionaje, corrupción, soborno y delitos económicos. Al parecer, Gil había abusado de su cargo en beneficio personal y facilitado información a entidades extranjeras. Aun así, la supervivencia de Cuba es una prueba impresionante de los logros alcanzados por la Revolución hasta los años noventa. La mayoría de los Estados que conquistaron la independencia política en la ola de revoluciones antimperialistas que siguió a la victoria de las revoluciones china y cubana no fueron capaces de preservar sus logros revolucionarios: Argelia y Egipto son ejemplos de esa regresión histórica posterior a 1991. En ese contexto, la responsabilidad de Brasil —y, en una escala diferente, la de China— en la solidaridad con Cuba es ineludible. Cuba está en peligro. Hay que salvarla.

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lunes, 9 de febrero de 2026

LA DOCTRINA DONROE: UNA RELACIÓN IMAGINARIA CON UN DECLIVE REAL.

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“Ahora bien, parte de esto puede revisarse a medida que la situación evolucione. Todavía podríamos ver más de lo que Rubio y el partido de la guerra quieren, que es la acumulación de impulso hacia una invasión directa mucho mayor. El umbral ya ha sido cruzado, y la administración no se preocupó demasiado por construir apoyo público (escaso) ni por elaborar un fundamento legal. Una victoria rápida y fácil lubrica el camino hacia acciones más arriesgadas. Si dependiera de Rubio, sospecho, esto no adoptaría la forma de una ocupación de Venezuela, que sería un desastre al estilo Irak, sino de una operación equivalente en Cuba. Y aunque sospecho que allí encontrarían mucha más resistencia, lo que exigiría un compromiso militar mucho mayor, no se puede descartar por completo la posibilidad de una incursión rápida y exitosa. Tampoco quiero dar la impresión de ser triunfalista o complaciente respecto del declive estadounidense: un imperio moribundo es una bestia peligrosa y hará pagar un alto precio en sangre por su decadencia. Cuanto más desesperado esté, más temerario se volverá, incluso sin un liderazgo tan notoriamente torpe, incompetente y auto engrandecido. Sin embargo, por el momento, y hasta donde puedo ver, esto es realmente el poder estadounidense consumiéndose a sí mismo en el acto mismo de ejercerse. Y creo que es importante no ceder ante el espectáculo del poder soberano, porque sus efectos dependen en gran medida de que la gente compre ese espectáculo.

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Fuentes: Patreon – Jacobin.

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LA DOCTRINA DONROE:

UNA RELACIÓN IMAGINARIA CON UN DECLIVE REAL.

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Por Richard Seymour | 09/02/2026 | EE.UU.

Fuentes. Revista Rebelión lunes 9 de febrero del 2026.

El ataque contra Venezuela no es síntoma de un nuevo auge imperial sino, por el contrario, una prueba de su decadencia. Pero el poder estadounidense consumiéndose a sí mismo no deja de ser una bestia muy peligrosa.

Así como Lutero se puso la máscara de San Pablo, la administración Trump se reviste con los atuendos del imperialismo del siglo XIX («la Doctrina Donroe»). La edad menos heroica convoca a los muertos de la historia mundial, en este caso no para inspirar un heroísmo real. Eso sería peligroso. Los convoca, en cambio, para producir un simulacro, una mera imagen digital, de heroísmo.

Se supone, creo, que debemos quedar deslumbrados por el gesto teatral, por la exhibición de poder bruto, por la facilidad sin fricciones con la que Estados Unidos llevó adelante su incursión en Caracas, despachando 150 aeronaves y puñados de fuerzas especiales y agentes del FBI, y dejando unas pocas decenas de soldados muertos, la mayoría de ellos, según se informó, cubanos.



Cuando Marcos Rubio habló sobre el secuestro de Nicolás Maduro en la conferencia de prensa en la Casa Blanca, estaba eufórico.

«Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría preocupado». El cambio de régimen en Cuba es, evidentemente, lo que Rubio y la derecha de Miami desean. Rubio viene sosteniendo dentro de la administración Trump que el efecto dominó de la caída de un régimen provocaría el derrumbe de todos los gobiernos de izquierda de la región. El senador Lindsey Graham también insistió en esa línea: «Esperen a Cuba. … Sus días están contados. Un día nos vamos a despertar, espero que, en 2026, y en nuestro patio trasero vamos a tener aliados en estos países haciendo negocios con Estados Unidos».

Trump, por su parte, volvió sobre su tema favorito: el petróleo, y cómo Estados Unidos debería ser dueño de todo, y cómo fue robado a Exxon, etcétera. Pero también enfatizó un relato regional y amenazó con nuevas intervenciones en Colombia y México, afirmando que Gustavo Petro estaba «produciendo cocaína» y «enviándola a Estados Unidos», y que Claudia Sheinbaum gobernaba aterrorizada por los cárteles. ¿Qué sigue? Groenlandia, le dijo a The Atlantic. Tal vez incluso Canadá. La Doctrina Donroe no reconoce límites territoriales dentro de su hemisferio de influencia.

Sí, creo que se supone que debemos quedar impresionados, sin pensar demasiado en los resultados. Se supone que debemos olvidar el dilema de un imperio moribundo, en el que casi todo lo que se hace para frenar su declive termina disminuyendo su capacidad futura de acción.

Las cosas siguen siendo algo confusas, pero por ahora se pueden afirmar algunas cuestiones. Primero, la incursión fue fácil porque el régimen estaba vaciado por dentro. Maduro tenía cubanos defendiéndolo porque no podía confiar en venezolanos. Su círculo íntimo estaba infiltrado por un agente de la CIA y su secuestro parece haber sido una rendición negociada por quienes estaban cerca de él. El secuestro no provocó ninguna movilización popular y casi ninguna resistencia por parte de las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que habría ocurrido si esto se hubiera intentado contra Chávez. Segundo, la incursión fue fácil por su ambición limitada. Trump se jacta de estar «dirigiendo» Venezuela y amenaza con «botas sobre el terreno», pero eso no ocurrió. Dejaron al aparato del PSUV a cargo. No hubo botas sobre el terreno y no hubo cambio de régimen, hubo madurismo sin Maduro y la pobre María Corina Machado, que venía audicionando para el papel, suplicando por una intervención y prometiendo conferencias empresariales para privatizar todo lo que no estuviera atornillado, quedó afuera porque es demasiado impopular para gobernar. Sin duda, las redes de la CIA seguirán operando en Venezuela y, también sin duda, un régimen bajo presión puede ser inducido a hacer concesiones significativas para que Trump quede bien. Pero eso plantea la pregunta de qué podrían pedir que no pudiera haberse inducido a Maduro a conceder.



Circulan muchos malos argumentos según los cuales esto fue en realidad una apuesta por controlar las notoriamente infladas reservas «probadas» de petróleo de Venezuela. Como señala el economista James Meadway, eso mismo sería un síntoma de declive. Una administración que cedió la batalla por el control de la energía del futuro a China, por razones puramente ideológicas, estaría luchando por el control de la energía del pasado. Pero sinceramente no creo que eso sea lo que está en juego. Maduro estaba perfectamente dispuesto a ofrecerle concesiones petroleras a las corporaciones estadounidenses. Chevron produce actualmente alrededor de una cuarta parte del petróleo del país. Podrían ampliar fácilmente las exenciones a las sanciones si quisieran que saliera más petróleo de Venezuela. A menos que uno realmente crea las tonterías que Trump viene diciendo sobre que Venezuela roba petróleo estadounidense, algo de lo que incluso el Washington Post, alineado ideológicamente con la Casa Blanca, se burla, no hay ninguna razón por la que no pudieran trabajar con Maduro del mismo modo que pueden trabajar con Delcy Rodríguez. Tampoco puede tratarse de liberalización económica, porque, aunque Machado es más agresiva en ese terreno, el PSUV viene impulsando privatizaciones desde 2020. Quien piense que el gobierno venezolano todavía representa algún tipo de camino socialista o anticapitalista está tristemente engañado: en este punto es una máquina administrativa.

Entonces, ¿qué más hay? La reciente Estrategia de Seguridad Nacional, entre toda su retórica alucinatoria, alude de manera oblicua al objetivo de mantener fuera de América Latina a influencias hostiles. Esto probablemente se refiera a China, que efectivamente es, como escribí antes, una potencia comercial en ascenso en la región. Sin embargo, para empezar, sabemos que incluso los gobiernos de extrema derecha preferidos por la administración estadounidense encontraron seductoramente fácil tratar con China. Después de toda una serie de campañas electorales en las que se multiplicó el pánico sinofóbico, siguen comerciando con Pekín sin problemas. Machado probablemente haría lo mismo. La República Popular China no necesita formar alianzas con gobiernos de izquierda. Además, las tácticas estadounidenses, caprichosas, de intimidación, incentivos, acuerdos y violencia teatral, probablemente sean un regalo para el poder blando chino, y no solo a largo plazo.



Eso nos deja con la gran idea de Rubio de una reversión hemisférica anticomunista. Pero lo único que la sostiene es la teoría del dominó de la Guerra Fría, que ni siquiera se aplicó bien a los movimientos y Estados comunistas reales. La idea de que el efecto demostración de la decapitación pública de un Estado desencadenará una reacción en cadena contra la izquierda es absurda. Y si América Latina alguna vez fue el «patio trasero» que evoca Lindsey Graham, hace tiempo que dejó de serlo. La época en la que unos pocos filibusteros podían aspirar a conquistar o desestabilizar Estados latinoamericanos para su propio beneficio, la era de la Doctrina Monroe original, terminó hace mucho. También terminó la era de la instalación de dictaduras de seguridad nacional mediante intervenciones rápidas y sucias, para después dejarlas gobernar. Y, por ahora, también terminó la era de las contrarrevoluciones con escuadrones de la muerte. No se puede aspirar seriamente a dominar un continente de Estados industrialmente avanzados, socialmente diferenciados y políticamente complejos mediante este tipo de castigos espectaculares. Hay que tratar a los Estados de la región como actores por derecho propio, no como clientes o sirvientes.

Ahora bien, parte de esto puede revisarse a medida que la situación evolucione. Todavía podríamos ver más de lo que Rubio y el partido de la guerra quieren, que es la acumulación de impulso hacia una invasión directa mucho mayor. El umbral ya ha sido cruzado, y la administración no se preocupó demasiado por construir apoyo público (escaso) ni por elaborar un fundamento legal. Una victoria rápida y fácil lubrica el camino hacia acciones más arriesgadas. Si dependiera de Rubio, sospecho, esto no adoptaría la forma de una ocupación de Venezuela, que sería un desastre al estilo Irak, sino de una operación equivalente en Cuba. Y aunque sospecho que allí encontrarían mucha más resistencia, lo que exigiría un compromiso militar mucho mayor, no se puede descartar por completo la posibilidad de una incursión rápida y exitosa. Tampoco quiero dar la impresión de ser triunfalista o complaciente respecto del declive estadounidense: un imperio moribundo es una bestia peligrosa y hará pagar un alto precio en sangre por su decadencia. Cuanto más desesperado esté, más temerario se volverá, incluso sin un liderazgo tan notoriamente torpe, incompetente y auto engrandecido.

Sin embargo, por el momento, y hasta donde puedo ver, esto es realmente el poder estadounidense consumiéndose a sí mismo en el acto mismo de ejercerse. Y creo que es importante no ceder ante el espectáculo del poder soberano, porque sus efectos dependen en gran medida de que la gente compre ese espectáculo.

Artículo publicado el 5 de enero en Patreon.

Traducción: Pedro Perucca

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