TIEMPOS OSCUROS.

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"No sabemos lo que le espera a la comunidad migrante que vive en EU, lo que sí sabemos es que continuarán resistiendo y luchando para sobrevivir. Tal como lo hace la pequeña Lupita que a pesar de todo se mantiene firme, mirando al frente y repitiendo a los demás niños “qué todo estará bien”. Ese valor se observa en los más de 11 millones de mexicanos y mexicanas que viven de aquel lado de la frontera, que a pesar del miedo día a día salen a trabajar para mantener a sus familias. Su lucha ha sacado a flote a regiones como La Montaña de Guerrero donde las remesas sostienen a la economía. 

"Lo irónico de esto es que el gobierno de México, en lugar de solidarizarse, ha comenzado con la retórica de que tener dobles nacionalidades es un riesgo para gobernar. Más allá del argot legal y constitucional, la narrativa es lo que duele a la comunidad mexicana en el exterior. El discurso que se repite una y otra vez es lo que ha calado en lo más profundo de su corazón; pues a pesar de la distancia siguen siendo fieles a la patria que los vio nacer. Todos ellos, viven con orgullo su identidad a pesar de la adversidad. Esa misma identidad les ha costado hasta la vida. Es por eso que se vuelve muy doloroso escuchar los discursos de los políticos en sus debates, donde cuestionan su lealtad a la patria. Hablando de todos ellos y ellas como extraños, en lugar de que sus palabras den un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Confiamos en que la empatía les haga corregir sus discursos, que nos sientan como hermanas y hermanos más que enemigos.

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"Esta cruenta historia no es única, se repite día a día a lo largo y ancho de la Unión Americana; donde se puede ver a niñas, como Lupita de tan sólo seis años, respondiendo solas a las preguntas que les hace el juez de migración". Foto Afp / archivo

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TIEMPOS OSCUROS.

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Por Fabiola Mansilla Castillo.

Fuente. La Jornada Ciudad de México sábado 19 de septiembre del 2026. 

Recorriendo los pasillos de la County Courthouse en El Paso, Texas se encontraba el pasado viernes 11 de septiembre la pequeña Lupita del pueblo ñuu savi. Ella con tan sólo seis años tuvo que enfrentar “la justicia” de Estados Unidos. Es originaria de la comunidad de Xalpatláhuac de La Montaña de Guerrero. Su historia comenzó después de una persecución donde fue detenida por la patrulla fronteriza. Su madre María, –con engaños–, confió a su hija al pollero que las llevaba bajo el argumento de que así “era más fácil para el cruce”. Nunca pensó que esa decisión la marcaría de por vida, pues al ir Lupita sin sus padres, fue considerada como menor no acompañada; condenándola sin saberlo a lidiar con el sistema legal estadunidense. En el país de las barras y las estrellas, el debido proceso se ha vuelto discrecional, pues después de la reducción presupuestal hacía varios programas, entre ellos la defensa de los menores migrantes, obligando a las y los niños a defenderse ellos mismos. 

Esta cruenta historia no es única, se repite día a día a lo largo y ancho de la Unión Americana; donde se puede ver a niñas, como Lupita de tan sólo seis años, respondiendo solas a las preguntas que les hace el juez de migración. Parece inverosímil, que en una sociedad donde hasta el más sanguinario criminal cuenta con representación legal gratuita, una niña o niño tiene que defenderse por sí solo. A pesar de esta dura prueba, Lupita ha mostrado la casta del pueblo de la lluvia, que en lugar de intimidarse, le da fortaleza a sus compañeros en la Corte y les sostiene la mano. 

Este duro relato sólo nos muestra los momentos tan oscuros que se encuentran enfrentando Estados Unidos; aquella nación que se levantó por migrantes, ahora les da la espalda. La sensación de miedo e incertidumbre nos contagia a todas las personas con o sin documentos. Las familias toman decisiones y muchas de ellas han empezado el retorno a sus países de origen, ejemplo de esto, es lo que se encuentran viviendo las comunidades de Honduras, Haití, Venezuela o Nicaragua con el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que los están dejando como indocumentados. Mientras tanto, grupos radicales y el mismo gobierno siguen perpetuando el discurso de xenofobia donde responsabiliza a la comunidad migrante de todos los males de su nación. 

El futuro político de aquel país está en juego, pues con las elecciones intermedias de la vuelta de la esquina, en medio de una frágil economía, la popularidad de Trump en declive y la guerra en Medio Oriente dividendo opiniones, pareciera que lo único que pueden usar para obtener más votos es el “éxito” de las deportaciones – su administración recopila la cifra de más de 570 mil –. Sumado a esto, el temor que existe por parte de los integrantes del Partido Republicano de perder la mayoría en ambas cámaras, hace que la narrativa antinmigrante sea el mejor de sus recursos. 

No sabemos lo que le espera a la comunidad migrante que vive en EU, lo que sí sabemos es que continuarán resistiendo y luchando para sobrevivir. Tal como lo hace la pequeña Lupita que a pesar de todo se mantiene firme, mirando al frente y repitiendo a los demás niños “qué todo estará bien”. Ese valor se observa en los más de 11 millones de mexicanos y mexicanas que viven de aquel lado de la frontera, que a pesar del miedo día a día salen a trabajar para mantener a sus familias. Su lucha ha sacado a flote a regiones como La Montaña de Guerrero donde las remesas sostienen a la economía. 

Lo irónico de esto es que el gobierno de México, en lugar de solidarizarse, ha comenzado con la retórica de que tener dobles nacionalidades es un riesgo para gobernar. Más allá del argot legal y constitucional, la narrativa es lo que duele a la comunidad mexicana en el exterior. El discurso que se repite una y otra vez es lo que ha calado en lo más profundo de su corazón; pues a pesar de la distancia siguen siendo fieles a la patria que los vio nacer. Todos ellos, viven con orgullo su identidad a pesar de la adversidad. Esa misma identidad les ha costado hasta la vida. Es por eso que se vuelve muy doloroso escuchar los discursos de los políticos en sus debates, donde cuestionan su lealtad a la patria. Hablando de todos ellos y ellas como extraños, en lugar de que sus palabras den un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Confiamos en que la empatía les haga corregir sus discursos, que nos sientan como hermanas y hermanos más que enemigos.

*Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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ARGENTINA. LA OBSESIÓN LIBERTARIA NO TIENE LÍMITES. Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia, universidades y discapacidad.

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“La ciencia, afuera. El campo de la ciencia será otro de los afectados, en caso de que el Presupuesto 2027 se apruebe tal como lo proyectaron Luis Caputo y Milei. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibirá apenas un 0,2 % más que en 2026, una fuerte caída presupuestaria en términos reales si se contempla la inflación, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) recibirá 6,6 % menos que este año. En Conicet, las partidas pasarán de $743,681 millones en 2026 a $824.539 millones el próximo año, una suba del 10,9 %, por debajo de la pauta inflacionaria prevista. En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el recorte será superior al 5 % nominal: se asignarán $4.712 millones menos que en 2026. En términos reales, la caída será superior al 19 %. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ocurre algo similar. El presupuesto pasará de $360.124,0 millones en 2026 a $315.538,0 millones en 2027 (-12,4% nominal), lo que equivale a un ajuste real del -25,8%.

“El grado de recorte depende mucho de cada área. El lineamiento general es que la Agencia de Promoción Científica seguirá desfinanciada, con lo cual no habrá financiamiento para proyectos de investigación”, dijo a Página|12 el físico Jorge Aliaga, miembro del Directorio del Conicet. “Es lo más crítico, junto con la pérdida salarial del 40 %”, resaltó. Para Aliaga, el desfinanciamiento golpea especialmente a los proyectos de investigación cuyos fondos se vieron recortados o directamente suspendidos, y afecta en especial a investigadores jóvenes.“La gente tiene problemas de salario, los más jóvenes lo sufren más porque tienen salarios más bajos y mayor necesidad. Hoy los sueldos son bajísimos”, dijo. “Sin un modelo en ciencia y tecnología, pareciera que todo es prescindible”, lamentó.

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Milei con la motosierra Archivo.

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ARGENTINA. LA OBSESIÓN LIBERTARIA NO TIENE LÍMITES.

Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia, universidades y discapacidad.

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El proyecto profundiza el ajuste a tres de los sectores más golpeados en la gestión libertaria, mientras el gobierno reafirma su obsesión por el equilibrio fiscal a expensas de los sectores medios y bajos de la sociedad.

Por Agustín Gulman.

Fuente. Página /12 jueves 17 de septiembre del 2026.

La obsesión del gobierno por lograr el equilibrio fiscal como ancla principal de la política económica y sin tocar los intereses del poder económico sumó un nuevo capítulo en el proyecto de Presupuesto 2027, que profundizará el ajuste en discapacidad, universidades y ciencia, áreas donde los recortes son sistemáticos desde diciembre de 2023. Así, el mantra repetido hasta el hartazgo por Javier Milei y compañía — “no hay plata” — se cristalizó nuevamente en el proyecto que entró este martes a última hora a la Cámara de Diputados. El ajuste a los más vulnerables llegará a quitar la actualización por inflación a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El presupuesto 2027 ratifica la política de ajuste de la Casa Rosada para sostener el equilibrio fiscal como eje central de la política económica. En los lineamientos generales, el gobierno espera un crecimiento del PBI del 4 % anual, inflación de 18 % y un dólar a $1.847,6 para fin de año, todo un desafío tratándose de un año electoral que, como es habitual en la historia argentina, promete turbulencias cambiarias. De hecho, para 2026 el Ejecutivo esperaba 10,1 % de inflación y en los primeros ocho meses acumuló más del doble (21,3%).

Así, el gobierno libertario busca mantener un equilibrio de las cuentas ficticio, profundizando la injusticia distributiva y afectando a los sectores más vulnerables, ya castigados por los ajustes y recortes desde su asunción.

La Casa Rosada podría impulsar el cobro de impuestos más altos a los sectores más acaudalados o la eliminación de beneficios fiscales para corporaciones. Pero el modelo Milei se ancla, además, en una enorme transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos, a través del vaciamiento del impuesto a los Bienes Personales, los generosos blanqueos de capitales y la eliminación de gravámenes para la compra de autos de lujo, yates y mansiones.

Discapacidad, una obsesión del Gobierno.

El presupuesto impulsado por el gobierno ratifica una política sostenida desde el día 1: el ajuste contra las personas con discapacidad, incluso a pesar de leyes y fallos judiciales que ordenan al Ejecutivo cumplir con las prestaciones y garantizar fondos, que de igual modo incumplió sistemáticamente.

Ahora, el proyecto asesta un nuevo golpe al eliminar la actualización obligatoria, mensual y automática, de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

 

Marcha discapacidad y endeudados Delfina Corbera Pi

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De acuerdo con el texto del proyecto enviado al Congreso, la Casa Rosada busca que el nomenclador de las prestaciones básicas no contemple valores universales.

Así, cada prepaga u obra social quedará autorizada a fijar sus propios valores.

“La universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común”, dice el texto.

Las actualizaciones mensuales serán suprimidas y, en cambio, se reemplazarán por una pauta trimestral discrecional.

Además, de avanzar será un retorno al modelo de “invalidez laboral”: así, Argentina podría quedar al margen de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que afirma que la discapacidad no es una enfermedad individual, sino el resultado de la interacción entre las condiciones de una persona y las barreras impuestas por el entorno que le impiden participar de forma plena en la sociedad.

En cambio, la propuesta busca el regreso a un modelo de criterio médico anacrónico, estrictamente clínico, por lo que la otorgación de las pensiones dependerá de dictámenes médicos.

También se elimina el Certificado Único de Discapacidad como herramienta para el acceso a las pensiones y se establece la incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector formal, actualmente compatibles (tanto en empleos en relación de dependencia como monotributo hasta dos salarios mínimos). Si se aprueba el Presupuesto, cualquier trabajo o alta tributaria extinguirá las pensiones.

Las universidades, $4 billones abajo.

En medio de las críticas y denuncias por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, el Presupuesto 2027 prevé 7,3 billones de pesos para el sostenimiento de las universidades, muy por debajo de lo establecido por las autoridades del Consejo Federal Interuniversitario (CIN), que solicitaron 11 billones para todo el sistema de cara al próximo año.

Para el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, el proyecto 

“profundiza el desfinanciamiento” y “no incorpora los fondos previstos en la ley de Financiamiento, que está vigente”. “Está muy lejos de lo que las universidades requerimos para funcionar bien”, dijo a Página|12. “La diferencia de 11 billones a 7 es muy importante”, enfatizó.

 

marcha universitaria. Marcha Universitaria Guido Piotrkowski, Guido Piotrkowski. AFP

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Los $11 billones que proyectó el CIN contemplan a todo el sistema y abarcan los salarios de docentes y no docentes con la recomposición salarial prevista en la ley de Financiamiento, presupuesto para investigación, equipamiento y hospitales universitarios y becas, entre otros aspectos.

Pero según Bartolacci, este nuevo recorte proyectado en el Presupuesto 2027 profundizará el conflicto que atraviesa el sistema universitario a nivel nacional.

“Si no encontramos la manera de revertir la situación, será cada vez más difícil. Hacemos un esfuerzo fenomenal, este año las partidas crecieron a la mitad, estamos a la mitad de nuestra capacidad, y llega un momento en que no se podrá sostener más”, afirmó.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el recorte en el sistema universitario trepa al 25 % en comparación con el presupuesto de 2023.

“El ajuste grande ya ocurrió: por eso varias de estas partidas suben contra 2026 y aun así siguen muy por debajo de 2023”, concluyó el informe.

Para Bartolacci, es fundamental sostener el reclamo por fondos en el ámbito legislativo, judicial y, por supuesto, en las calles: ya anticipan que en octubre habrá una nueva marcha federal, en un contexto donde el gobierno incumple de forma sistemática artículos clave de la ley de Financiamiento Universitario votada dos veces en el Congreso, vetada por Milei, ratificada por el Parlamento y luego por un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia.

Aun así, la Casa Rosada se niega a actualizar los salarios de docentes y no docentes en base a la inflación acumulada, mientras los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo que supera el 30 % y el gobierno dispone aumentos discrecionales y acerca propuestas irrisorias: en la última reunión paritaria ofrecieron 3 % de incremento.

Además, Nación mantiene los recortes operativos a pesar de que la ley obliga a actualizar periódicamente las partidas destinadas al mantenimiento edilicio y el gasto de servicios básicos; así como también se sostuvo el congelamiento de las becas estudiantiles.

“Ya nos estamos achicando en todos los aspectos. Las universidades se sostienen por el amor de la comunidad, no hay otra explicación, no hay condiciones objetivas”, dijo Bartolacci. Y concluyó: “Una profundización del ajuste somete al sistema universitario a una situación más grave”.

La ciencia, afuera.

El campo de la ciencia será otro de los afectados, en caso de que el Presupuesto 2027 se apruebe tal como lo proyectaron Luis Caputo y Milei.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibirá apenas un 0,2 % más que en 2026, una fuerte caída presupuestaria en términos reales si se contempla la inflación, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) recibirá 6,6 % menos que este año.

  

Conicet Las protestas de los científcos se multiplican Gentileza

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En Conicet, las partidas pasarán de $743,681 millones en 2026 a $824.539 millones el próximo año, una suba del 10,9 %, por debajo de la pauta inflacionaria prevista.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el recorte será superior al 5 % nominal: se asignarán $4.712 millones menos que en 2026. En términos reales, la caída será superior al 19 %.

En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ocurre algo similar. El presupuesto pasará de $360.124,0 millones en 2026 a $315.538,0 millones en 2027 (-12,4% nominal), lo que equivale a un ajuste real del -25,8%.

“El grado de recorte depende mucho de cada área. El lineamiento general es que la Agencia de Promoción Científica seguirá desfinanciada, con lo cual no habrá financiamiento para proyectos de investigación”, dijo a Página|12 el físico Jorge Aliaga, miembro del Directorio del Conicet. “Es lo más crítico, junto con la pérdida salarial del 40 %”, resaltó.

Para Aliaga, el desfinanciamiento golpea especialmente a los proyectos de investigación cuyos fondos se vieron recortados o directamente suspendidos, y afecta en especial a investigadores jóvenes.

“La gente tiene problemas de salario, los más jóvenes lo sufren más porque tienen salarios más bajos y mayor necesidad. Hoy los sueldos son bajísimos”, dijo. “Sin un modelo en ciencia y tecnología, pareciera que todo es prescindible”, lamentó.

Camuflar el recorte a las AUH

Por otra parte, el gobierno también intentó camuflar el recorte a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la eliminación de una normativa que actualiza el monto de la asistencia.

En concreto, deroga tres artículos clave del Régimen de Asignaciones Familiares dispuesto en la ley 27.160, la norma sancionada hace una década que establece la movilidad de esos beneficios en función del índice de inflación.

Por esa legislación, mes a mes las familias perciben un incremento de las asignaciones y prestaciones no contributivas como la AUH y la asignación por embarazo y por discapacidad. También podría afectar a las asignaciones por nacimiento o adopción, por matrimonio y por ayuda escolar.

Si el proyecto es aprobado tal como lo envió el Ejecutivo al Congreso, el gobierno podrá ejecutar a discreción los aumentos de estas asignaciones o congelarlas, ya que el texto no establece parámetros que indiquen de cómo se actualizarán. Hasta ahora, se hacía de forma mensual y por decreto, ya que están atadas de forma automática a la movilidad previsional, que depende del índice de inflación.

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BRASIL EN ALERTA ROJA.

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“Para derrotar a la extrema derecha. La elección puede tener un desenlace terrible. Ajustar la línea para vencer en las elecciones es, por lo tanto, imperioso. Queda claro que una táctica basada en la defensa del legado del gobierno no es suficiente. Levantar nuevas banderas de expansión de derechos, asumir compromisos con los intereses populares y hacer promesas no es «demagogia»: debe ser una estrategia de movilización. Defender el fin inmediato de la jornada laboral «6×1» (seis días de trabajo por uno de descanso) y el límite de 40 horas semanales, el transporte público gratuito en las grandes ciudades, la regulación del impuesto sobre las grandes fortunas, la reforma agraria contra el latifundio, la prohibición de las apuestas en línea, el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y tantas otras causas justas será vital.

“Al mismo tiempo, será necesario mantener la firmeza frente a la exigencia de una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado, como señal de que no pasarán. Aquellos que, en el campo de la izquierda radical, apostaron durante los últimos años a que el centro de la táctica debía ser la «superación por izquierda» del gobierno de Lula, a partir de sus límites y vacilaciones reales, pero subestimando el peligro de la extrema derecha, están ahora también ante el desafío de luchar para impedir una victoria de Flávio Bolsonaro. No podemos permitir que ocurra en Brasil lo que sucedió en Alemania con las elecciones de Sajonia-Anhalt.

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Fuentes: Jacobinlat [Imagen: Lula da Silva en un vídeo emitido en su canal oficial el 9 de septiembre de 2026 en el que le solicitaba al STF que levantase el secreto de sumario que pesa sobre el banco Master. Créditos: Lulaoficial]

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BRASIL EN ALERTA ROJA.

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Por Valerio Arcary | 17/09/2026 | Brasil.

Fuente. Revista Rebelión jueves 17 de septiembre del 2026.

La ofensiva de la extrema derecha y la crisis abierta en el Supremo Tribunal Federal amenazan con alterar la relación de fuerzas de cara a las elecciones brasileñas. Para derrotar al bolsonarismo, la campaña de Lula deberá recuperar la iniciativa y asumir nuevas demandas populares.

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Las elecciones presidenciales de Brasil se aproximan en medio de una tormenta perfecta: mientras las encuestas marcan una alarmante paridad entre Lula y la ultraderecha, un estallido institucional en el Supremo Tribunal Federal vuelve a poner en jaque al sistema político. Entre maniobras judiciales para garantizar la impunidad del bolsonarismo, el hostigamiento del poder mediático y las vacilaciones del oficialismo, la crisis abierta amenaza con alterar definitivamente la relación de fuerzas. El peligro de una restauración neofascista en el país más grande de la región se vuelve cada vez más real.

La escalada de la crisis política ha cobrado un giro explosivo. La decisión de André Mendonça, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), de remover a Andrei Rodrigues de la dirección de la Policía Federal constituye una maniobra subversiva al servicio de una operación golpista. Se trata de una arbitrariedad institucional que incurre en un claro abuso de autoridad: un juez de la máxima corte no tiene atribuciones para nombrar o destituir al jefe de la Policía Federal, potestad que le corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.

La destitución de Rodrigues —justificada bajo el pretexto de su supuesta afinidad con el también ministro del STF, Alexandre de Moraes— busca interferir en el proceso electoral para favorecer a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, consolidado como el principal candidato de la extrema derecha. No es un hecho aislado: Flávio Bolsonaro lleva tiempo agitando a las bases ultraderechistas bajo la consigna «Fuera Moraes, Fuera Lula».

Ante esto, la solicitud de la Abogacía General de la Unión (AGU) para que el propio STF anule la remoción de Rodrigues es ineludible y debe ser aceptada. Se especula con que Edson Fachin, presidente del tribunal, podría retirar a Mendonça de la relatoría sobre las investigaciones del Banco Master y del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), lo que sería positivo. Sin embargo, resulta poco probable que Fachin encuentre dentro del propio STF un remedio jurídico capaz de frenar la embestida. La crisis empeorará antes de encontrar una salida.

La ofensiva de la extrema derecha.

La extrema derecha brasileña se ha anotado un triunfo táctico en toda la línea a través de tres frentes. En primer lugar, la campaña contra Alexandre de Moraes cobró impulso cuando Mendonça filtró mensajes entre el juez y Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master y figura central de un entramado de corrupción. Esta filtración ilegal e inédita buscó quitar la mancha de la sospecha sobre Flávio Bolsonaro y golpear directamente a Lula.

En segundo lugar, la maniobra sirvió para revitalizar la movilización del 7 de septiembre en la Avenida Paulista de São Paulo. Con casi treinta mil manifestantes, el núcleo duro del bolsonarismo mostró un músculo político renovado. Si bien fueron menos que las cuarenta mil de 2025 que marcharon —a la defensiva— por la amnistía de los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero, aun así, fue una demostración poderosa. Más allá de la cifra en un momento y otro, el dato que sobresale es la postura: hoy esos mismos sectores movilizados pasan a la ofensiva y exigen el impeachment de Moraes.

En tercer lugar, su impacto en la opinión pública es innegable: las últimas encuestas ubican un aumento de la desaprobación del gobierno de Lula que parece avanzar por encima del 50%, y proyectan un virtual empate técnico en una eventual segunda vuelta.

En paralelo, la burguesía liberal —expresada en el dominio de los grandes medios de comunicación, los principales periódicos de São Paulo y Río de Janeiro y el peso nacional de la cadena Rede Globo— se sumó al embate de Mendonça contra Moraes, consciente de que favorece a Flávio Bolsonaro. Pese a esto, sería apresurado todavía interpretar este alineamiento táctico como un respaldo cerrado al proyecto neofascista.

Este sector responde a un programa propio: exige un freno recesivo con duros recortes del gasto público para asegurar el superávit primario y reduzca la deuda pública, aun a costa de los hondos costos sociales que tendrían esas medidas. Paradójicamente, sabe también que sin algún grado de crecimiento Brasil sería ingobernable. Pero no comparte la apuesta bolsonarista por la subordinación a los Estados Unidos de Donald Trump. Tampoco el proyecto político de la extrema derecha de conquistar la presidencia y una mayoría absoluta en el Senado, destituir a Moraes y nombrar una mayoría de ministros del STF, abriendo el camino hacia un endurecimiento del régimen bajo la forma de un «poder total».

A diferencia de 2022 (cuando apoyó a la candidata centrista Simone Tebet en primera vuelta y a Lula, a regañadientes, en la segunda), la burguesía liberal no parece estar dispuesta a definir su apoyo desde ahora. Su plan parece pasar más bien por hostigar a Lula para mejorar sus condiciones de negociación ante lo que vendrá.

En esa línea, lo más probable es que su giro favorable a Mendonça responda a otros objetivos: desgastar el poder adquirido por Alexandre de Moraes a partir de su papel en el juicio por el intento de golpe de Estado y enterrar la investigación sobre las redes de desinformación de la extrema derecha. En el camino, desgastar a Lula y mantener incierto el desenlace de una eventual segunda vuelta, chantajear al gobierno e intentar imponerle, antes de las elecciones, un ajuste fiscal severo con compromisos públicos claros de recortar el gasto público al menos en dos puntos porcentuales del PIB.

Una elección abierta.

La idea de que la reelección de Lula en primera vuelta estaba asegurada —un cálculo instalado en la dirección de la campaña— ya era errónea antes del vertiginoso ascenso del escritor y psiquiatra Augusto Cury, quien escaló al tercer lugar en los sondeos representando al partido Avante. En los últimos diez días, la ventaja relativa de Lula se evaporó, y el riesgo de una derrota se convirtió en un peligro real e inmediato. Sin embargo, si el triunfalismo ingenuo es una postura equivocada, también lo es el derrotismo. La contienda sigue abierta.

En lo que va del ciclo, la coyuntura atravesó varios giros: tras un inicio de año en el que Flávio Bolsonaro logró consolidarse como la referencia opositora —desplazando a figuras como Tarcísio de Freitas—, la filtración de sus audios con Vorcaro en mayo cambió el panorama. Gilberto Kassab, dirigente del Partido Social Democrático (PSD) y uno de los principales articuladores políticos del centro y la derecha brasileños, se animó a impulsar la candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, entonces gobernador de Goiás. También se presentó Renan Santos, dirigente surgido del Movimento Brasil Livre (MBL) y candidato presidencial del nuevo partido de derecha Missão. Ambos intentaron explotar un espacio a la derecha en competencia con el bolsonarismo y fracasaron, lo que le devolvió la iniciativa a Lula y desarticuló los intentos de instalar alternativas centroderechistas.

Si el escenario cambió radicalmente antes, puede volver a hacerlo. Pero, en buena medida, esto depende de que la izquierda reaccione.

Una crisis del régimen.

No estamos ante una marejada política coyuntural como las otras tantas que se sucedieron desde que Lula asumió la presidencia en 2023. Se trata esta de una crisis de una verdadera crisis del régimen. La ultraderecha está desafiando la arquitectura institucional misma, combinando sus posiciones en el Congreso y el STF con la agitación callejera y mediática.

En el fondo opera un factor estructural: la renuencia de las élites sociales a clausurar definitivamente el ciclo golpista, oscilando entre la amnistía a los insurgentes y el freno a cualquier reforma popular. A esto se le añaden los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, o entre el gobierno de Lula y el Centrão, que ya habían abierto la puerta a una suerte de «semipresidencialismo» improvisado. Esa fue la forma que asumió la «defensa del orden» incluso contra reformas democráticas moderadas y limitadas. La alianza entre el Ejecutivo y el STF favoreció la defensa de la democracia, pero la presión reaccionaria es ahora tan grande que amenaza con modificar cualitativamente la relación de fuerzas dentro del propio STF.

Por si no fuera suficiente, la interferencia de los Estados Unidos de Donald Trump en el proceso electoral se hace cada vez más evidente, como también lo fue en Perú y en Colombia.

Para derrotar a la extrema derecha.

La elección puede tener un desenlace terrible. Ajustar la línea para vencer en las elecciones es, por lo tanto, imperioso. Queda claro que una táctica basada en la defensa del legado del gobierno no es suficiente.

Levantar nuevas banderas de expansión de derechos, asumir compromisos con los intereses populares y hacer promesas no es «demagogia»: debe ser una estrategia de movilización. Defender el fin inmediato de la jornada laboral «6×1» (seis días de trabajo por uno de descanso) y el límite de 40 horas semanales, el transporte público gratuito en las grandes ciudades, la regulación del impuesto sobre las grandes fortunas, la reforma agraria contra el latifundio, la prohibición de las apuestas en línea, el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y tantas otras causas justas será vital.

Al mismo tiempo, será necesario mantener la firmeza frente a la exigencia de una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado, como señal de que no pasarán. Aquellos que, en el campo de la izquierda radical, apostaron durante los últimos años a que el centro de la táctica debía ser la «superación por izquierda» del gobierno de Lula, a partir de sus límites y vacilaciones reales, pero subestimando el peligro de la extrema derecha, están ahora también ante el desafío de luchar para impedir una victoria de Flávio Bolsonaro. No podemos permitir que ocurra en Brasil lo que sucedió en Alemania con las elecciones de Sajonia-Anhalt.

Valerio Arcary es historiador, militante del PSOL (Resistencia) y autor de O Martelo da História. Ensaios sobre a urgência da revolução contemporânea (Sundermann, 2016).

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LA MOVIDA INDEPENDENTISTA QUE PONE EN JAQUE A LONDRES.

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“Escocia, Gales y la Unión Europea. El nacionalismo escocés es otra historia particular. En la posguerra era irrelevante: los conservadores dominaban cómodamente la escena política. En los 80, con la desindustrialización del Thatcherismo, el Partido Nacionalista Escocés creció hasta transformarse en una de las principales fuerzas políticas. El laborismo de Tony Blair intentó contener este ascenso nacionalista en 1999 con la devolución del Parlamento escocés suprimido en el acuerdo de unificación de Inglaterra y Escocia en 1701. Los dos primeros gobiernos fueron una coalición laborista-liberal, pero en 2007 los nacionalistas ganaron las elecciones y volvieron a triunfar en 2011.

“Con esta mayoría, el SNP (Scottish National Party) le logró imponer al gobierno conservador de David Cameron un referendo, convencidos de que obtendrían la independencia. El peligro de que una Escocia independiente quedara fuera de la Unión Europea fue fundamental en la derrota de los independentistas en la consulta popular de 2014. Feroz ironía del destino porque el mismo Cameron convocaría a un referendo en 2016 para determinar si el Reino Unido seguiría siendo parte de la Unión Europea. Para sorpresa de los británicos y del mundo, el pueblo votó a favor del Brexit por un estrecho margen. Los escoceses que favorecieron por abrumadora mayoría la permanencia en la Unión Europea se encontraron de la noche a la mañana fuera del bloque que consideraban fundamental para su futuro.

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El escocés John Swinney, el galés Rhun ap Iorwerth y las irlandesas Mary Lou McDonald y Michelle O'Neill. ADRIAN DENNIS. AFP

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LA MOVIDA INDEPENDENTISTA QUE PONE EN JAQUE A LONDRES.

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“Está llegando a su fin”: la historia de un Reino Unido que se resquebraja ante el desafío de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

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Los líderes nacionalistas tres regiones de las cuatro regiones británicos firmaron un memorando para su independencia. Qué puede pasar y el impacto en el tema Malvinas.

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Por Marcelo Justo,

Fuente Página/12. martes 15 de septiembre del 2026.

Desde Londres.

Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, tres de las cuatro regiones británicas, firmaron este lunes un memorando de entendimiento para la independencia y virtual disolución del Reino Unido. En la declaración conjunta, los líderes del ejecutivo de estas tres regiones exigen a Londres el derecho a celebrar referendos de independencia, algo que el gobierno de Andy Burnham rechaza.

El Reino Unido, que tardó más de cuatro siglos en conformarse, podría terminar en unos pocos años si la declaración se traduce en hechos. El primer paso está dado. En la declaración firmada en la capital de Gales, Cardiff, el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, del independentista Plaid Cymru; su homólogo en Escocia, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés (SNP); y su contraparte norirlandesa, Michelle O’Neill, del izquierdista Sinn Féin, señalaron que el gobierno central, regulado desde Londres, no tiene razón de ser. 

“Para el pueblo de nuestras islas y para el mundo está claro que el gobierno de Westminster está llegando a su fin. Este gobierno no tiene el derecho a bloquear nuestra democracia o a erosionar el derecho a decidir nuestro futuro”, señalaron.

Los tres titulares de los respectivos Ejecutivos firmaron la declaración como líderes partidarios y no en su carácter de gobernadores de sus regiones, pero un documento de esta naturaleza es inédito en la historia del Reino Unido. Los líderes indicaron que cada región procedería con el proceso de independencia a su propio paso, una admisión de que, a pesar de la voluntad política común sobre la independencia, se trata de tres historias distintas.

La historia del presente.

El Reino Unido suele desconcertar a los extranjeros. No es Inglaterra, es diferente a Gran Bretaña; sus miembros tienen distintos equipos en los torneos deportivos internacionales, pero en las Naciones Unidas son representados por ese “United Kingdom” que tardó siglos en formarse. El primer bloque fue en 1536, cuando Gales se unió a Inglaterra bajo el memorable reinado de Enrique VIII, que tuvo seis esposas, ejecutó a dos y se separó de la autoridad católica papal creando la Iglesia Anglicana.

En 1707 se produjo la unión de Escocia con Inglaterra que, después de una devastadora guerra civil y un rey decapitado, se había transformado en una monarquía parlamentaria. En 1801 se sumó Irlanda. Pero en 1922, luego de una cruenta guerra de liberación, la isla quedó dividida en la República de Irlanda, independiente de los británicos e Irlanda del Norte, que seguía formando parte de la unión.

En los 60 se desató en Irlanda del Norte un sangriento conflicto que duraría más de 30 años entre nacionalistas, predominantemente católicos, que querían la unificación con la República, y unionistas, predominantemente protestantes que querían seguir siendo parte del Reino Unido.

En 1998 se firmó un acuerdo de paz que puso fin a ese conflicto que dejó más de 3600 muertos y heridas políticas que no han terminado de cicatrizar. El acuerdo contenía un párrafo clave para la declaración firmada este lunes porque concede el derecho a la población norirlandesa de convocar a un referendo para decidir si sigue siendo parte del Reino Unido o prefiere formar parte de la República de Irlanda.

Es lo que recordó la presidenta de Sin Fein, Mary Lou MacDonald, una de las signatarias del acuerdo, invocando el mismo principio que el gobierno de Andy Burnham usa para defender la soberanía británica sobre las Malvinas.

“El principio de la autodeterminación es inalienable. Tenemos el derecho a celebrar un referendo. Tenemos el derecho a decidir sobre nuestro futuro. No podemos aceptar o tolerar a que un primer ministro nos quite ese derecho”, dijo

Escocia, Gales y la Unión Europea.

El nacionalismo escocés es otra historia particular. En la posguerra era irrelevante: los conservadores dominaban cómodamente la escena política. En los 80, con la desindustrialización del Thatcherismo, el Partido Nacionalista Escocés creció hasta transformarse en una de las principales fuerzas políticas. El laborismo de Tony Blair intentó contener este ascenso nacionalista en 1999 con la devolución del Parlamento escocés suprimido en el acuerdo de unificación de Inglaterra y Escocia en 1701. Los dos primeros gobiernos fueron una coalición laborista-liberal, pero en 2007 los nacionalistas ganaron las elecciones y volvieron a triunfar en 2011.

Con esta mayoría, el SNP (Scottish National Party) le logró imponer al gobierno conservador de David Cameron un referendo, convencidos de que obtendrían la independencia. El peligro de que una Escocia independiente quedara fuera de la Unión Europea fue fundamental en la derrota de los independentistas en la consulta popular de 2014. Feroz ironía del destino porque el mismo Cameron convocaría a un referendo en 2016 para determinar si el Reino Unido seguiría siendo parte de la Unión Europea. Para sorpresa de los británicos y del mundo, el pueblo votó a favor del Brexit por un estrecho margen. Los escoceses que favorecieron por abrumadora mayoría la permanencia en la Unión Europea se encontraron de la noche a la mañana fuera del bloque que consideraban fundamental para su futuro.

El referendo europeo resignificó el de la independencia de 2014. Para el SNP hoy hay una oportunidad histórica gracias a la nueva ecuación política que siguió a las elecciones regionales y municipales de mayo.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales pro-independentistas”, dijo el ministro primero de Escocia John Swinney.

En esta ola proindependentista, Gales es un caso particular. Gobernada por el laborismo durante los últimos 100 años, los independentistas del Plaid Cymru, un partido de centroizquierda, parecían condenados a un voto de protesta. En las elecciones de mayo de este año, aprovechando la debilidad del gobierno laborista de Keir Starmer, dieron el batacazo convirtiéndose en la primera minoría con un 34% de los votos seguidos por la ultraderecha de Reform UK con un 29% mientras que el laborismo quedaba relegado a un humillante tercer lugar con el 11% de los sufragios. Esto explica que el ministro principal galés del Playd Cymru, Rhun ap Iorwerth, sonara más cauto que los escoceses y norirlandeses y se centrara más en una mayor autonomía que en una fecha concreta para un referendo.

Trump y Malvinas.

La declaración conjunta no sorprende y es un nuevo polo político en la complicada madeja que enfrenta el aun popular primer ministro Andy Burnham. El ímpetu existe, pero también la polarización que crearía en cada nación. En Irlanda del Norte corren el riesgo de reavivar el conflicto inter-comunitario que ha continuado en estado latente desde los acuerdos de paz de 1998. En Escocia no hay garantías de que el nacionalismo obtenga en este referendo y con la promesa de volver a la Unión Europea, la victoria que no consiguió en 2014. En Gales las fuerzas que se oponen al referendo y la separación superan a las de Playd Cymru que gobierna en minoría.

Todos estos matices le resbalaron al presidente Donald Trump que estaba de visita en la República de Irlanda este fin de semana. En la conferencia posterior a su reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin. Trump se mostró “encantado” con la idea de la unificación.

“No quiero causar problemas, pero me encantaría ver a Irlanda unificada. Al final va a suceder. Más vale que suceda ahora. Seguro que el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto, pero creo que sería grandioso”, señaló.

En cuanto a las Malvinas es interesante que el documento firmado por los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte invocan la “autodeterminación” para respaldar su derecho a un referendo. Seguramente el gobierno británico – sea laborista o conservador – le encontrará alguna cuadratura al círculo para negarles el derecho diciendo que son situaciones diferentes, pero su propia definición sobre la soberanía de las Malvinas, basada precisamente en ese principio, deja mal parado el eterno argumento británico para no negociar con Argentina.

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