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"Se dirá también que Uruguay ya tiene el juicio político y las elecciones cada cinco años․ Pero el juicio político es un asunto de élites‚ resuelto entre legisladores que responden a los mismos partidos que sostienen al presidente o a la oposición, más o menos ambos ungidos por los dueños del capital․ Cuando la distancia entre lo prometido en campaña y lo hecho desde el gobierno se exhibe con descarado paternalismo‚ la ciudadanía asiste como espectadora a su propia humillación․ La escuela de la resignación y la queja inconducente ha sido la madre de esta pornografía política. "Una sociedad que aprende que votar es una apuesta irrevocable‚ acaba votando con desconfianza y‚ a la larga‚ dejando de participar․ La vieja constatación que escribíamos en 2013 para una revista jurídica: lo peor que le puede pasar a una democracia es que sus ciudadanos dejen la política en manos de los políticos (Revista Forumul Judecãtorilor, Nr. 1/2014). Al fin de cuentas, en un mundo aleccionado por los dogmas capitalistas, siempre son los amos de las grandes corporaciones y sus marionetas en el sistema político quienes no se someten a sus propias leyes. El “derecho sagrado” de un empresario de quitarle el empleo a alguien que, a su juicio, no está cumpliendo con las expectativas no se aplica a los de arriba. La libertad de los poderosos está protegida por el dinero y la legalidad; la libertad de los sin poder, por los derechos y la legitimidad. Ni unos ni otros se logran y se defienden sin alguna forma de lucha radical.
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Fuentes: Rebelión - Imagen: Mural de Banksy en un muro del Tribunal Real de Justicia en Londres, un juez golpea a una persona que protesta.
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EL DERECHO A DESPEDIR AL JEFE.
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Por Jorge
Majfud | 13/10/2026 | Opinión
Fuentes. Revista Rebelión martes 13 de octubre del 2026.
Son los pueblos los que ponen todo el
dinero y toda la sangre que alimenta un sistema administrado por la secta de
los señores neofeudales, infinitamente más corrupto, más degenerado y brutal
que la República y que el Imperio Romano juntos.
Según escribió Cicerón en Disputas
tusculanas (casi
tres siglos antes del dictador que gobernaba Roma, Julio César), el
tirano de Siracusa‚ Dionisio‚ cansado de la adulonería y de la envidia
de su cortesano Damocles‚ lo invitó a sentarse en su trono․ Damocles no disfrutó del banquete más de unos minutos․ Cuando miró hacia arriba‚ vio que sobre su cabeza colgaba
una espada sostenida por una cerda de caballo․
Era una advertencia política: quien manda vive bajo una permanente
amenaza. Si es consciente de ella, estará alerta de las consecuencias de
cada una de sus decisiones․
Por entonces, los pueblos eran más
temidos que los ricos de la ciudad.
Por entonces, eran los más
ricos quienes debían
costear la mayor parte de las guerras que se atrevían a promover.
Julio César fue asesinado un año después de que Cicerón publicara Disputas tusculanas. No fue asesinado por su pueblo, sino por un grupo de senadores que representaban a la oligarquía romana. Fue un acto de traición mutua, ya que estos senadores habían sido sus principales aliados en el gobierno. Exactamente treinta años después, Plutarco reportó sobre el asesinato de Quinto Sertorio en Hispania a manos de oficiales mercenarios, quienes no recibieron la compensación esperada, lo que produjo el clásico recordatorio de que “Roma no paga traidores”.
Roma. Una conspiración política, más de 60 senadores y más de 20 puñaladas el día que asesinaron a Julio César,
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Dos mil años después‚ hemos logrado el
prodigio contrario․
No son los ricos quienes pagan por las guerras que inventan, sino
quienes cobran por ellas. Son los pueblos los que ponen todo el dinero
y toda la sangre que alimenta un sistema administrado por la secta
de los señores
neofeudales, infinitamente
más
corrupto, más
degenerado y brutal que la República y que el Imperio Romano juntos.
De forma sistemática, y sobre todo en las auto
perceptivas democracias liberales, los traidores son los Julio César y sus oligarcas;
son los Quinto Sertorio y sus oficiales. Son los títeres que el titiritero
hará que se maten entre sí, para distracción del pueblo. Son los Yamandú
Orsi y las Delsy Rodríguez por izquierda. Son los Milei, los
Kast, los Fujimori, los Bolsonaro y los de la Espriella por la derecha.
Hemos construido repúblicas donde la
espada de Damocles cuelga
sobre la cabeza del ciudadano‚ no sobre la del gobernante․ Los presidentes marionetas, luego de haber traicionado a
sus pueblos y a sí
mismos‚ duermen
tranquilos․
Saben o creen que durante cuatro u ocho años‚ pase lo que pase‚ nadie puede tocarlos. Como lo demuestra la historia,
esta es una ilusión; pero la historia también demuestra que justicia que tarda no llega, porque los
humanos no podemos esperar cien años. Ni siquiera tenemos juventudes de repuesto como
forma de reparar el tiempo perdido.
Cada cuatro o cinco años, los ciudadanos de los países auto percibidos como democracias plenas, como la uruguaya, firman un contrato en blanco․ Eligen a un presidente y‚ si después descubren que las promesas eran de utilería‚ solo les queda la terapia, la resignación y la paciencia republicana hasta que el circo regrese al pueblo․
Lo que les espera los vende patria, cusando los pueblos despierten.
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Uruguay se enorgullece‚ con alguna razón‚ de su tradición
cívica‚ que incluye el plebiscito y el referéndum‚ como el de 1989
que confirmó la impunidad para los violadores de los Derechos Humanos
y en los noventa frenó las privatizaciones en contra del casi unánime
apoyo de los políticos a favor del Conceso de Washington․ Pero ni Uruguay ni Argentina ni
Brasil ni Chile ni Paraguay ni Perú
tienen un mecanismo
para que los ciudadanos revoquen a sus presidentes․ Los impeachment no son confiables,
porque están mediados por un cuerpo representativo inventado para la “responsable
estabilidad” de los mayores accionistas de cada país.
En las democracias controladas, las
leyes las escriben
los poderosos, los señores feudales del capital, casi siempre residentes
de las capitales imperiales. Cuando los intereses de los trabajadores
no los ofende ni los incomodan por su modestia, también salen aprobarse
como logros del pueblo organizado. Con todo, una ley puede derogarse;
un mandato no. Menos cuando la marioneta le hace buena letra a
aquellos que tienen el verdadero poder de promover, comprar,
extorsionar y remover․
Otras sociedades tienen este
instrumento de remoción,
aunque pocas veces han sido usados․ En California‚
Gray Davis fue destituido
en 2003‚ mientras que Newsom
sobrevivió
a su recall en 2021․ En Venezuela‚ Bolivia, Ecuador y México‚ la revocatoria se ha incluido
en las constituciones de esos países
durante las presidencias de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y
Manuel López
Obrador. En Colombia
(aprobada por César
Gaviria)‚ la
revocatoria está
disponible para alcaldes
y gobernadores‚
pero los requerimientos son tan altos que no hay casi casos․
Como resulta más que obvio, el
instrumento no es
suficiente para una democracia más justa y directa, pero no deja de
ser una útil espada de Damocles y un instrumento democrático no se mide
por las veces que se usa‚ sino por lo que evita․ Un extintor tampoco está para apagar incendios todos los días․ La revocatoria no es sólo un castigo․ Es‚ ante todo‚ una forma de educación política․
Las objeciones son previsibles: el
instrumento puede convertirse
en el arma de los malos perdedores; puede derivar en un estado de
campaña permanente․
Los experimentos históricos dicen lo contrario y, además, siempre hay que comenzar una
reflexión política preguntándonos si estos argumentos les sirven a quien tiene
el verdadero poder o a los pueblos. También las generosas donaciones se usan
para hacer el mal. Por eso, cada proyecto de reforma debe ser
cuidadoso en su letra para garantizar ese derecho popular y evitar
un nuevo secuestro de las buenas intenciones.
La instrumentalización puede exigir que un alto
porcentaje de ciudadanos firmen y que no se pueda hacer en el
primer ni en el último año del mandato․ El diseño correcto de un instrumento es la
forma civilizada de no renunciar a él․
Se dirá también que Uruguay ya tiene el juicio político y
las elecciones cada cinco años․ Pero el juicio político es un asunto de élites‚ resuelto entre legisladores que
responden a los mismos partidos que sostienen al presidente o a la oposición, más
o menos ambos ungidos por los dueños del capital․ Cuando la distancia entre lo prometido en
campaña y lo hecho desde el gobierno se
exhibe con descarado paternalismo‚
la ciudadanía asiste como espectadora a su
propia humillación․ La escuela de la resignación y la queja inconducente ha sido la madre de esta
pornografía política.
Una sociedad que aprende que votar es
una apuesta irrevocable‚
acaba votando con desconfianza y‚ a la larga‚ dejando de participar․ La vieja constatación que escribíamos en 2013 para una revista jurídica: lo peor que le puede pasar a una democracia es que sus ciudadanos
dejen la política en manos de los políticos (Revista Forumul Judecãtorilor,
Nr. 1/2014).
Al fin de cuentas, en un mundo
aleccionado por los dogmas
capitalistas, siempre son los amos de las grandes corporaciones y
sus marionetas en el sistema político quienes no se someten a sus
propias leyes. El “derecho sagrado” de un empresario de quitarle
el empleo a alguien que, a su juicio, no está cumpliendo con las expectativas
no se aplica a los de arriba. La libertad de los poderosos está
protegida por el dinero y la legalidad; la libertad de los sin
poder, por los derechos y la legitimidad.
Ni unos ni otros se logran y se
defienden sin alguna forma de lucha radical.
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