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"La pregunta fundamental que debe hacerse cualquier ciudadano consciente es si este sistema es sostenible. Históricamente, los imperios y las naciones que han priorizado el gasto militar sobre la inversión civil, que han financiero sus guerras mediante la devaluación monetaria y la deuda oculta, han colapsado. La Unión Soviética se desmoronó en parte porque no podía sostener la carga de su complejo militar-industrial. Roma cayó bajo el peso de sus legiones y la devaluación de su moneda. El sistema actual de economía de guerra permanente puede parecer sostenible a corto plazo, impulsado por la inercia financiera y la impresión de dinero, pero a largo plazo es una bomba de relojería.
"Eventualmente, los costes superarán a los beneficios, la base imponible de los estados se erosionará por la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales, y la ciudadanía, empobrecida por la inflación y los recortes sociales, se rebelará contra una élite que le ha vendido seguridad a cambio de esclavitud financiera.
"La paradoja final de este sistema es que requiere la escalada continua de amenazas, la perpetuación del miedo y la imposibilidad de la paz para justificar su propia existencia. La paz no es rentable para BlackRock; la paz es un riesgo sistémico que amenaza con quebrar el modelo de negocio. Por eso, la militarización bancaria no es solo una política económica; es la declaración de guerra de las finanzas contra la sociedad, la conversión definitiva de la muerte en el activo financiero más perfecto, y la confirmación de que, en el nuevo orden mundial, la única guerra que importa es la que se libra en los balances de los bancos.
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Fuentes: El tábano economista [Foto: Luc Frieden, el Primer Ministro de Luxemburgo, y Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá]
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LA MILITARIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL.
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Por Alejandro Marcó del
Pont | 13/07/2026 | Economía
Fuente. Revista Rebelión lunes 13 de julio del 2026.
La paz es mala para los negocios (El
Tábano Economista)
Nos encontramos en una era donde la
retórica de la paz es meramente el guante de terciopelo que oculta el puño de
hierro del complejo militar-industrial-financiero. La transformación de la OTAN
de una simple alianza militar defensiva a un ecosistema financiero-industrial
permanente ya no es una teoría de conspiración marginal; es la política oficial
y declarada de la élite occidental. En el centro de este cambio de paradigma
histórico se encuentra una propuesta que ha sido presentada con el lenguaje
estéril y tranquilizador de la salvación tecnocrática: el Banco de
Defensa, Seguridad y Resiliencia, conocido por sus siglas en
inglés como DSRB.
Para el ojo no entrenado, o para aquel
que se conforma con los comunicados de prensa institucionales, esta iniciativa suena como un
mecanismo burocrático más, diseñado para garantizar la seguridad continental
frente a las amenazas del siglo XXI. Pero para los que saben leer la
letra pequeña de las finanzas globales y entender los flujos de capital
subterráneos, el DSRB es el plano arquitectónico para la mayor
transferencia de riqueza en la historia de Occidente. Estamos presenciando
la financiarización absoluta de la guerra, un sistema donde la propia
arquitectura del crédito está diseñada matemáticamente para hacer que la paz
sea económicamente inviable y el conflicto armado una necesidad permanente,
estructural y, sobre todo, extraordinariamente rentable.
Para comprender la verdadera
naturaleza financiera,
uno debe mirar primero a sus arquitectos, porque en el mundo de las altas
finanzas, el mensajero siempre revela la verdadera naturaleza del mensaje. No
es ninguna coincidencia, ni mucho menos un accidente histórico, que los principales
promotores de este leviatán bancario sean Luc Frieden, el Primer Ministro de
Luxemburgo, y Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá en un artículo
firmado por ambos en el Financial Times (FT) periódico de
origen británico favorable a la globalización. La geografía y el
currículum de estos dos líderes son la clave de todo el engranaje.
Luxemburgo no es un país normal en
términos financieros; es la gran catedral de la optimización fiscal europea, el
domicilio legal donde
los fondos de inversión más grandes del planeta, incluido BlackRock,
estacionan sus billones de dólares para evitar la tributación
nacional y esquivar el escrutinio democrático. Frieden no propone un
banco por un repentino y fervoroso patriotismo por la defensa de las fronteras
europeas; lo propone para crear una nueva clase de activos altamente lucrativa,
un nuevo vehículo de deuda soberana para los fondos domiciliados en su paraíso
fiscal.
Al otro lado del Atlántico se
encuentra Mark Carney,
la encarnación perfecta y acabada de la élite financiera globalista. Su currículum
se lee como el directorio de un gobierno en la sombra que opera por encima
de las naciones. Goldman Sachs, Gobernador del Banco de Canadá, Gobernador del
Banco de Inglaterra y alto ejecutivo de Brookfield Asset Management. Carney
no ve el mundo a través de la lente de un político tradicional preocupado
por construir escuelas, mantener hospitales o fortalecer el tejido social; lo
ve exclusivamente como un gestor de carteras buscando rentabilidad en
una economía global estancada que carece de activos seguros.
La fusión del poder estatal y la
especulación financiera en la esfera pública es absoluta, y se manifiesta de manera
descarada a través de la vertiginosa puerta giratoria que conecta los más altos
cargos del gobierno con las salas de juntas de Wall Street y la City de
Londres. Cuando Carney necesitaba dirigir el nuevo y masivo gasto de defensa
de Canadá, no buscó a diplomáticos experimentados, ni a estrategas
militares, ni a expertos en relaciones internacionales. Nombró a Doug Guzman,
un ex colega de Goldman Sachs y viejo amigo de sus días en la banca de
inversión, como el CEO de la nueva Agencia de Inversión en Defensa.
Mientras tanto, en Ottawa, el papel crucial de viceministro
de Comercio Internacional fue entregado a Glenn Purves,
quien fue economista en jefe del Instituto de Inversión de BlackRock.
Este nombramiento no es un mero movimiento de personal; es la
institucionalización explícita de un conflicto de intereses colosal. El gestor
de activos más grande del planeta, el fondo que lo posee todo y que tiene participaciones
cruzadas en todas las grandes empresas de defensa del mundo, ahora tiene un
conducto directo y oficial hacia las políticas comerciales y de defensa del
gobierno canadiense. El Estado ya no regula al mercado; el mercado ha
capturado al Estado de manera formal, y sus ejecutivos ahora escriben
las leyes de la guerra desde los despachos ministeriales.
¿Pero cómo funciona realmente esta
magnífica máquina de extracción de riqueza? ¿Por qué insisten Frieden y Carney
en que el DSRB es una necesidad absoluta e ineludible? Su argumento público está envuelto en
el lenguaje de la frustración regulatoria y la urgencia geopolítica. Afirman
que las regulaciones bancarias internacionales actuales, específicamente
los acuerdos de Basilea III y IV, están obstaculizando la acumulación
militar y frenando la reestructuración de las fuerzas armadas occidentales.
Bajo las reglas de Basilea, que fueron diseñadas tras la crisis de
2008 para evitar que los bancos se endeuden hasta el cuello, prestar
a empresas de defensa, especialmente a las de tamaño medio que están
expandiendo sus líneas de producción, se considera una actividad riesgosa.
Los bancos están obligados por ley a
mantener una cierta
cantidad de su propio capital en reserva como colchón de seguridad contra
estos préstamos. La regla de oro de Basilea dicta que un banco comercial
solo puede prestar aproximadamente doce euros por cada euro de capital propio
destinado a cubrir el riesgo de la deuda. Los bancos, que están ansiosos por
financiar el auge de los armamentos porque es un negocio
extremadamente lucrativo, encuentran sus manos atadas por estas normas de
prudencia financiera. La solución propuesta por los banqueros globalistas
reconvertidos en políticos es crear el DSRB, una institución multilateral
que no funcionará prestando su propio dinero, sino que operará como una
magnífica y sofisticada máquina de transferencia de riesgo.
El truco del DSRB opera en tres pasos engañosamente
simples, diseñados para evadir el sentido común y las regulaciones financieras.
El primer paso es la emisión de bonos con calificación AAA,
lo que ellos llaman eufemísticamente «dinero barato». El DSRB sale a los
mercados de capital globales y emite deuda masiva. Debido a que este nuevo
banco está respaldado por las garantías soberanas de los estados miembros
de la OTAN y la Unión Europea, inversores institucionales como BlackRock,
los fondos de pensiones globales y las compañías de seguros consideran que
estos bonos son tan seguros como la deuda de una nación rica y estable.
Reciben la calificación crediticia más alta posible, la AAA, y, por lo
tanto, el DSRB puede pagar tasas de interés muy bajas.
Este es dinero barato, extraído
directamente
de los ahorros globales de la clase trabajadora y de los fondos de
pensiones de los ciudadanos. El segundo paso es la garantía multilateral,
que funciona como el truco de la varita mágica. El DSRB toma este dinero
barato y no se lo presta directamente a los contratistas de defensa. En
su lugar, proporciona una garantía soberana a los bancos comerciales como
Deutsche Bank, JPMorgan, ING o Santander. El DSRB les dice a estos bancos: presten
todo el dinero que necesiten a Rheinmetall o Leonardo para construir
misiles, drones y munición. Si la empresa de defensa quiebra, sufre un
revés tecnológico o no puede pagaros, el DSRB, y por ende los estados
contribuyentes a través de sus tesorerías nacionales, los devolverá el dinero
íntegramente.
El tercer paso es la multiplicación
milagrosa del capital,
donde la magia contable alcanza su cenit. Al poner una garantía soberana
AAA sobre un préstamo de defensa que originalmente era riesgoso, las
regulaciones de Basilea cambian repentinamente su cálculo de riesgo. El
banco comercial ya no ve en su balance un fabricante de misiles de tamaño
medio y volátil; ve un instrumento de deuda soberana libre de riesgo. Los
requisitos de capital del banco para ese préstamo caen en picado, acercándose a
cero.
De repente, en lugar de estar limitado
a prestar doce euros por cada euro de capital, el banco puede prestar el doble, el triple o incluso
más. El DSRB ha desbloqueado mágicamente miles de millones de euros que
estaban atrapados en las bóvedas de los bancos por las regulaciones de
prudencia. Un sistema de garantías que, según sus propios folletos,
«desbloqueará
préstamos comerciales a estas empresas, manteniendo las cadenas de suministro
en movimiento y los precios estables». Esto significa que los bancos comerciales, que
normalmente serían cautelosos al prestar a empresas de defensa en etapas de
crecimiento, ahora tendrán garantías soberanas que eliminan el riesgo
mientras mantienen las ganancias estrictamente privatizadas.
Esto nos lleva a la alquimia
definitiva del DSRB, la transformación del dinero del contribuyente en un misil, y la extracción de beneficios en
cada paso del viaje. Imagina el circuito de esta transferencia de riqueza,
un ciclo perfecto de ingeniería financiera. Comienza con el ciudadano, que
sin saberlo proporciona la garantía a través de la firma soberana de su
gobierno. El estado firma un papel que establece que, si el contratista
de defensa incumple, el tesoro nacional cubrirá la pérdida con los impuestos de
su gente.
El ciudadano asume el riesgo total sin
haber votado nunca un presupuesto militar específico para ello. A continuación, los bancos comerciales
utilizan esta garantía estatal para multiplicar sus préstamos, originando
miles de millones en crédito y cobrando fuertes comisiones por el
privilegio de actuar como intermediarios. Los gobiernos, a su vez,
compran estas armas a precios inflados, comprometiendo presupuestos nacionales
a largo plazo. Los contratistas de defensa, inundados con capital barato
a largo plazo, construyen sus fábricas y elaboran sus municiones. Las
empresas de defensa obtienen ganancias garantizadas por contratos estatales a
décadas de vista. Sus beneficios se disparan, el precio de sus acciones se
aprecia en las bolsas de valores y pagan dividendos gigantescos a sus
accionistas.
Y aquí es donde el genio oscuro del
sistema alcanza su máxima expresión, pues BlackRock y los megafondos de
inversión cierran el círculo y ganan en ambos lados del tablero, sin importar el resultado. En el
lado de la deuda, los fondos de inversión gestionados por BlackRock, muchos
de los cuales están domiciliados en el paraíso fiscal de Luxemburgo que
tanto defiende Luc Frieden, compran los bonos AAA emitidos por el DSRB.
Cada bono AAA genera comisiones de suscripción del 2% del valor nominal.
Para lograr los 850 mil millones de euros, significa 17 mil millones
de euros en comisiones, además de cobrar un interés seguro y
constante, pagado en última instancia por los contribuyentes europeos y
canadienses.
En el lado del capital, BlackRock es
uno de los mayores accionistas de Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems y Thales a través de su fondo de inversión
que permite invertir en empresas europeas del sector militar y de defensa
(ETF iShares Europe Defence). A medida que estas empresas recaudan miles de
millones de los contratos estatales financiados por el DSRB, el precio
de sus acciones se dispara, y BlackRock cobra masivas comisiones de
gestión sobre los fondos y obtiene ganancias de capital extraordinarias. El
contribuyente financia el riesgo, el banco origina el préstamo y cobra
comisiones, la fábrica construye el misil y obtiene márgenes garantizados, y
BlackRock cobra los intereses del bono y los dividendos de la acción. El
dinero público se privatiza en forma de beneficios financieros de manera
sistemática e incesante.
Este ciclo crea lo que los economistas
críticos llaman el negocio de la guerra permanente, un sistema donde todos los actores
con poder tienen un incentivo financiero directo, matemático y estructural
para oponerse a la paz y promover la perpetuación del
conflicto. Es la forma definitiva y perversa de keynesianismo militar,
una doctrina económica que utiliza el gasto en armamento para estimular la
economía y mantener el empleo.
Pero en realidad, este keynesianismo
militar desvía
recursos masivos lejos de la provisión social, de la transición ecológica
y de la innovación civil. Es un callejón sin salida, tanto económica
como políticamente, porque destruye el tejido productivo real de la nación en
favor de una industria que no produce bienestar, sino capacidad de destrucción.
El término «economía de guerra permanente» ya no es una advertencia
de los años cincuenta; es el modelo de negocio operativo del siglo XXI.
La gran mentira que se le vende al
electorado es que
este sistema no va a endeudar a los países. Los políticos saldrán en
las pantallas de televisión a asegurar que el DSRB es dinero privado,
que no cuenta como deuda pública y que no afectará a los servicios sociales.
Pero esto es una falacia contable basada en los llamados «pasivos
contingentes«. La deuda está ahí, oculta en las sombras del balance,
esperando el momento de la crisis para materializarse.
Cuando la burbuja estalle, o cuando
los costes de
los proyectos se disparen por la corrupción y la ineficiencia inherentes
a los monopolios de defensa, la garantía soberana será ejecutada. En ese
momento, la deuda privada de las empresas de defensa se convertirá
mágicamente en deuda pública soberana. Los estados tendrán que rescatar
al sistema, y lo harán subiendo los impuestos a la clase media, recortando las
pensiones y privatizando aún más los servicios públicos. La estrategia
de Mark Carney de construir un eje financiero entre Canadá y Europa no es
más que la materialización de esta visión. Carney, con su experiencia en
Goldman Sachs y Brookfield, está utilizando su posición como Primer
Ministro de Canadá para canalizar flujos de capital hacia el sector de
defensa, beneficiando directamente a
Brookfield, BlackRock y los grandes bancos internacionales que conforman
su círculo íntimo.
El complejo militar-industrial está
evolucionando hacia un complejo militar-industrial-financiero, donde el capital de riesgo fluye
hacia industrias cada vez más militarizadas, y donde la frontera entre el
estado, la banca y la fábrica de armas ha desaparecido por completo. Los
beneficiarios concretos de este nuevo orden son fácilmente identificables. En
el sector de las empresas de defensa, los gigantes europeos y americanos como
Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Thales, Lockheed Martin y RTX están
experimentando una edad de oro, con pedidos que superan los cientos de miles de
millones de euros.
En el sector bancario, las instituciones internacionales como JP Morgan, Deutsche Bank, ING, Royal Bank of Canada y Commerzbank se llenan los bolsillos con comisiones de emisión, garantía y gestión de deuda. Los gestores de activos, encabezados por el oligopolio de BlackRock, Vanguard y State Street, canalizan los ahorros globales hacia este ciclo de destrucción creativa. Los centros financieros como Luxemburgo, Londres, Nueva York y Frankfurt se consolidan como los nodos por donde fluye esta riqueza extraída. Y los políticos, desde Frieden hasta Carney, pasando por la Comisión Europea y la administración de la OTAN, actúan como los gerentes de esta gran corporación transnacional, asegurándose de que el grifo del gasto público nunca se cierre.
Sin embargo, para entender el tablero
completo de esta geopolítica
del despojo, es imperativo analizar la fisura transatlántica que subyace
a toda esta arquitectura financiera. Detrás de la «militarización bancaria»
y el DSRB, se está librando una guerra comercial y geopolítica feroz
por quién se queda con el pastel de los billones de euros que se van a
gastar en rearme. Esta realidad fue brillantemente expuesta en un
reciente análisis
de Politico que revela las tensiones internas de la alianza.
Por un lado, tenemos la postura de la
OTAN, liderada por su Secretario General Mark Rutte, que promueve la doctrina
del «Made in NATO».
Rutte y la administración estadounidense exigen que el dinero europeo se
gaste comprando y coproduciendo armas con la industria militar de Estados
Unidos. El objetivo de Washington es mantener a su propia industria militar
en niveles de producción récord, abaratando costes por escala y asegurando
que los billones de dólares del rearme europeo terminen en las arcas de Texas,
Virginia y Connecticut.
Por otro lado, la Comisión Europea
intenta resistir con la doctrina del «compra en Europa», argumentando que, si los
contribuyentes europeos pagan la factura, la industria y los empleos deben
quedarse en Europa. Para ello, han diseñado mecanismos como el
programa Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE),
que moviliza 150.000 millones de euros para financiar la
producción militar y la compra de armamento. Permite a los Estados miembros
obtener préstamos a largo plazo para reforzar su defensa, con un mínimo
del 65% del material exigido de origen europeo.
Pero esta fisura transatlántica es, en
gran medida,
una ilusión óptica diseñada para ocultar la realidad del saqueo. El Banco de
Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB) actúa como el puente perfecto que
reconcilia ambas posturas en beneficio del capital financiero. A BlackRock o
a JPMorgan les da exactamente igual si el misil lleva la etiqueta «Made
in NATO» o «compra europea». Si el misil es estadounidense, BlackRock cobra
dividendos en Wall Street; si es europeo, cobra en Fráncfort o Milán.
Las empresas estadounidenses no están
perdiendo el mercado europeo; lo están capturando mediante empresas conjuntas y
acuerdos de coproducción, llevándose el know-how, los márgenes de beneficio
y el respaldo financiero del DSRB, mientras que los europeos ponen la
mano de obra, las fábricas y el riesgo político. La supuesta
«autonomía estratégica» europea es una quimera. Al aceptar la arquitectura
financiera del DSRB, Europa está permitiendo que la Reserva Federal y los
bancos de Wall Street dicten las condiciones de su rearme. Europa está
diciendo que va a gastar el cinco por ciento de su PIB en defensa, pero en
lugar de emitir deuda europea conjunta para pagarlo directamente, va a
dejar que los bancos privados le presten ese dinero a través del DSRB,
cobrándole intereses usureros.
La pregunta fundamental que debe
hacerse cualquier ciudadano consciente es si este sistema es sostenible. Históricamente, los imperios y
las naciones que han priorizado el gasto militar sobre la inversión civil, que
han financiero sus guerras mediante la devaluación monetaria y la deuda oculta,
han colapsado. La Unión Soviética se desmoronó en parte
porque no podía sostener la carga de su complejo militar-industrial. Roma
cayó bajo el peso de sus legiones y la devaluación de su moneda. El sistema
actual de economía de guerra permanente puede parecer sostenible a corto
plazo, impulsado por la inercia financiera y la impresión de dinero, pero a
largo plazo es una bomba de relojería.
Eventualmente, los costes superarán a
los beneficios,
la base imponible de los estados se erosionará por la fuga de capitales hacia
los paraísos fiscales, y la ciudadanía, empobrecida por la inflación y
los recortes sociales, se rebelará contra una élite que le ha vendido seguridad
a cambio de esclavitud financiera.
La paradoja final de este sistema es
que requiere la escalada continua de amenazas, la perpetuación del miedo y la
imposibilidad de la paz para justificar su propia existencia. La paz no es
rentable para BlackRock;
la paz es un riesgo sistémico que amenaza con quebrar el modelo de
negocio. Por eso, la militarización bancaria no es solo una política
económica; es la declaración de guerra de las finanzas contra la
sociedad, la conversión definitiva de la muerte en el activo financiero
más perfecto, y la confirmación de que, en el nuevo orden mundial, la
única guerra que importa es la que se libra en los balances de los bancos.
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