martes, 20 de octubre de 2026

EL PLAN DE TRUMP PARA DOMINAR A CANADÁ.

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"Comentarios y apreciaciones son reproducidos y amplificados en un extenso tejido de medios alternativos como Rebel News y Canada Proud, vinculados a MAGA y responsables de difundir narrativas en donde se señala a Alberta como una provincia oprimida y explotada por el poder central. Además, estaría operando un amplio ecosistema de redes sociales impulsado en gran medida por IA y por bots. Sin embargo, ninguna campaña sería posible sin tomar en cuenta la enorme influencia del canal informativo Fox News y, especialmente, de Postmedia, la mayor cadena de periódicos canadiense, en buena medida perteneciente a Chatham Asset Management, un fondo de inversión estadounidense con sede en Nueva Jersey.

"Según un promedio de los últimos relevamientos, aproximadamente un 70% de los habitantes de Alberta cree que la provincia debería seguir formando parte de Canadá, mientras que un 25% se declara a favor de la separación. Si, llegado el caso, los secesionistas obtienen mejores números a los contabilizados hasta ahora en las encuestas, siempre podrán sembrar el recurso del fraude para invalidar la elección. Y pese a su eventual derrota, la APP podría reivindicar su labor y asegurar el llamado a un nuevo referéndum en un futuro cercano. Para sus líderes vale, en todo caso, evidenciar que el movimiento independentista de Alberta sigue vivo, más allá de los contratiempos.

"Elon Musk, el principal aportante del Partido Republicano y una de las figuras centrales de la ultraderecha, ya lo dictaminó: no sólo pretendió renunciar a la ciudadanía canadiense legada por su madre bajo la idea de que “Canadá no es un país real”, sino que además fijó el camino a seguir por la extrema derecha secesionista cuando pocos días atrás aseguró: “Quebec debería separarse. Estarían mejor. Alberta y Saskatchewan también deberían separarse”. Como actualmente ocurre con América Latina, no hay mayores dudas de que la política intervencionista y el incentivo a la fragmentación de Canadá continuarán y, probablemente, se profundizarán, como parte de una estrategia central de dominación impuesta por la Casa Blanca.

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Trump AFP.

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EL PLAN DE TRUMP PARA DOMINAR A CANADÁ.

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Por Daniel Kersffeld.

Fuente. Página /12 lunes 19 de octubre del 2026.

“Cuando se refería a Canadá como el Estado N° 51, Trump en realidad no pensaba en todo el país, sino sólo en Alberta”. El comentario del experto republicano Brandon Weichert, analista de seguridad y de geopolítica cercano a la política titular de la Casa Blanca, resulta revelador sobre titular de la Casa Blanca frente a la crisis que se vive actualmente en su vecino del norte.

Ubicada en el oeste de Canadá, Alberta posee la cuarta mayor reserva probada de petróleo en todo el mundo, solo superadas por Venezuela, Arabia Saudita e Irán. Tiene, además, importantes yacimientos de carbón, níquel, litio y tierras raras. Considerada como un bastión conservador en un país gobernado por liberales durante más de una década, ostenta el PIB per cápita más alto y es un importante contribuyente a las finanzas federales. Sin embargo, las políticas energéticas y ambientales impulsadas desde Ottawa han generado una creciente tensión entre la provincia y el gobierno federal, en una relación que muchos albertanos consideran injusta y abusiva.

La votación por la progresiva autonomía que se celebrará el 19 de octubre resultará clave no solo para Alberta, sino también para el futuro del país y de sus complejas relaciones con los Estados Unidos inmersas en una amplia puja comercial. En tanto que el gobierno de Mark Carney no dudó en calificar esta iniciativa como un nuevo Brexit debido a sus probables efectos económicos.

El referéndum de Alberta será el tercero que se produce en Canadá, después de los realizados en Quebec en 1980 y 1995. Dados los profundos lazos entre los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, las presidencias de Jimmy Carter y Bill Clinton, respectivamente, apoyaron enfáticamente el statu quo del vecino del norte. La situación ahora sería distinta, prácticamente opuesta.


El injerencismo desde el gobierno de Trump resulta deliberado y evidente y apuntaría tanto a fragmentar políticamente como a quebrar económicamente a uno de sus principales socios comerciales. Si bien la Casa Blanca cuenta con la cercanía ideológica de la primera ministra albertana Danielle Smith (festejó el triunfo electoral de Trump en el 2024 en su residencia de Mar-a-Lago), el principal medio utilizado es el movimiento político que devino en el principal portavoz del autonomismo y, en algunos casos, también de la integración con los Estados Unidos.

Aunque el movimiento separatista de Alberta existe desde 1930, hasta hace un tiempo se trataba de un fenómeno marginal. Sin embargo, la pandemia y las restricciones sanitarias crearon un terreno fértil para su resurgimiento, que finalmente tomaría forma en el Proyecto de Prosperidad de Alberta (APP, por su sigla en inglés) una corriente de ultraderecha, fundamentada en la paranoia colectiva y en creencias conspirativas como la alianza entre China y Canadá para ahogar cualquier tipo de independentismo. Además, ha sido capaz de aglutinar a distintas células separatistas y, en apenas un lustro, creció exponencialmente, sobre todo, gracias a su poderosa inserción en línea.

Si las medidas frente al Covid 19 fueron el caldo de cultivo, las elecciones de abril de 2025, ganadas por el liberalismo, se convirtieron en el detonante para la definitiva conformación del sector secesionista. Tres meses después, la APP presentó una petición formal para convocar a un referéndum sobre la autonomía de la provincia, que resultó aprobada a principios de este año.

Desde el gobierno de Estados Unidos se tomó nota del ambiente político que se estaba generando al norte de sus fronteras y comenzó a respaldar a los disidentes y a los disconformes. El beneficio para APP fue indudable, ya que la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump establece que se “recompensará y fomentará a los movimientos ampliamente alineados” con el objetivo de dominar el hemisferio occidental y asegurar el control de sus recursos naturales. Sus dirigentes comprobaron que el apoyo de la Casa Blanca, lejos de ser circunstancial, hoy resulta estratégico.


Según atestiguó uno de los fundadores de APP, el abogado Jeffrey Rath, en 2025 los principales líderes de la organización realizaron tres viajes a Washington, donde mantuvieron reuniones reservadas con altos directivos del Departamento de Estado para analizar el posible apoyo estadounidense en caso de que la iniciativa independentista prosperara. Se habría hablado sobre la viabilidad de una Alberta independiente con un mercado común con Estados Unidos y cero aranceles. La nueva república también adoptaría el dólar estadounidense en detrimento del dólar canadiense, con una línea de crédito de 500 mil millones de dólares estadounidenses para ayudar a que el naciente país se ponga en marcha. Se llegó a plantear, incluso, la logística y los recursos prácticos para la definitiva integración de la provincia separatista a los Estados Unidos.

La participación del primer círculo de confianza de Trump y de varios directivos de MAGA resultó fundamental para la consolidación de APP. Y más allá de las expresiones presidenciales, replicadas por voceros, intérpretes y comentaristas como Weichert, quien califica a Alberta como “pieza clave” de la estrategia de anexión estadounidense, hubo otras figuras de primera línea del gobierno y del entorno presidencial que se refirieron a la voluntad secesionista de la provincia canadiense.

Así, en el último Foro de Davos, en enero pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, consideró a Alberta como un “socio natural” para los Estados Unidos. El publicista Steve Bannon fue más allá y consideró las implicaciones geopolíticas de la conquista de territorio canadiense ya que, en su opinión, el norte ártico, otrora una barrera natural, se había convertido en un punto débil que podía facilitar la penetración rusa. Según el ex asesor de Trump, el gobierno debía avanzar sobre Alberta como también lo está haciendo ahora sobre Ucrania, no sólo por sus amplias riquezas naturales, sino también para preservar un borde amurallado contra Rusia.

Otras figuras del movimiento MAGA fueron aún menos sutiles. El representante republicano Andy Ogles, de Tennessee, aplaudió abiertamente al movimiento independentista afirmando que

“La gente quiere soberanía” y que “Quieren lo que tiene Estados Unidos”, en tanto que el senador por Utah, Mike Lee, añadió que “Podría ser como nuestro propio ‘Texas helado del Norte’”, en referencia al estado, originalmente mexicano que, en 1845, luego de nueve años de independencia, resolvió su anexión a Estados Unidos. Hasta la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, sin cargo oficial actual, pero todavía ligada al ultraconservador Tea Party, se sumó a la corriente separatista.

Comentarios y apreciaciones son reproducidos y amplificados en un extenso tejido de medios alternativos como Rebel News y Canada Proud, vinculados a MAGA y responsables de difundir narrativas en donde se señala a Alberta como una provincia oprimida y explotada por el poder central. Además, estaría operando un amplio ecosistema de redes sociales impulsado en gran medida por IA y por bots. Sin embargo, ninguna campaña sería posible sin tomar en cuenta la enorme influencia del canal informativo Fox News y, especialmente, de Postmedia, la mayor cadena de periódicos canadiense, en buena medida perteneciente a Chatham Asset Management, un fondo de inversión estadounidense con sede en Nueva Jersey.

Según un promedio de los últimos relevamientos, aproximadamente un 70% de los habitantes de Alberta cree que la provincia debería seguir formando parte de Canadá, mientras que un 25% se declara a favor de la separación. Si, llegado el caso, los secesionistas obtienen mejores números a los contabilizados hasta ahora en las encuestas, siempre podrán sembrar el recurso del fraude para invalidar la elección. Y pese a su eventual derrota, la APP podría reivindicar su labor y asegurar el llamado a un nuevo referéndum en un futuro cercano. Para sus líderes vale, en todo caso, evidenciar que el movimiento independentista de Alberta sigue vivo, más allá de los contratiempos.

Elon Musk, el principal aportante del Partido Republicano y una de las figuras centrales de la ultraderecha, ya lo dictaminó: no sólo pretendió renunciar a la ciudadanía canadiense legada por su madre bajo la idea de que “Canadá no es un país real”, sino que además fijó el camino a seguir por la extrema derecha secesionista cuando pocos días atrás aseguró:

“Quebec debería separarse. Estarían mejor. Alberta y Saskatchewan también deberían separarse”.

Como actualmente ocurre con América Latina, no hay mayores dudas de que la política intervencionista y el incentivo a la fragmentación de Canadá continuarán y, probablemente, se profundizarán, como parte de una estrategia central de dominación impuesta por la Casa Blanca.

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lunes, 19 de octubre de 2026

BRASIL. GEOPOLÍTICA, PODER RELIGIOSO, guerra informativa y disputa por la hegemonía en el siglo XXI.

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“Brasil, América Latina y el futuro de la multipolaridad. Brasil se encuentra situado en una encrucijada histórica de indudable magnitud continental y global.

  • La vía de la soberanía y la multipolaridad (Lula y los BRICS): Ofrece al país y a la región márgenes concretos de autonomía financiera, diversificación tecnológica, industrialización verde y una inserción soberana en el emergente orden multipolar del Sur Global.
  • La vía de la subordinación hemisférica (Bolsonarismo y alineamiento occidental): Conlleva el riesgo de la reprimarización económica, la pérdida de protagonismo estratégico internacional, la fractura institucional interna y la subordinación a los intereses geoestratégicos de Washington y Bruselas.
  • El factor del bloque conservador-evangélico: Constituye un fenómeno estructural de largo plazo que trasciende los ciclos electorales coyunturales, combinando la penetración económica capitalista, el control algorítmico de las subjetividades y una agenda moral restrictiva que redefine los contornos de la democracia y los derechos sociales en América Latina.

La disputa por Brasil es, en definitiva, la disputa por el sentido del siglo XXI latinoamericano: la disyuntiva entre actuar como sujeto activo y soberano de la historia mundial o reincidir en la condición secular de territorio subordinado a designios ajenos.

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Fuentes: Clave China [Imagen: Lula y Bolsonaro representan los dos polos opuestos sobre los que gira la política brasileña. Créditos: Clave China]

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BRASIL. GEOPOLÍTICA, PODER RELIGIOSO, guerra informativa y disputa por la hegemonía en el siglo XXI.

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Por Lidia Fagale | 19/10/2026 | Brasil

Fuente. Revista Rebelión lunes 19 de octubre del 2026.

En este artículo la autora analiza las próximas elecciones presidenciales brasileñas desde la perspectiva del Sur global, como un conflicto entre multilateralismo (lulismo) y sometimiento al imperialismo norteamericano (bolsonarismo); en ese sentido, además de analizar las elecciones en clave interna, por lo que se detiene en el poder evangélico y en la guerra de desinformación, analiza la influencia de los BRICS y especialmente de China.

Brasil como laboratorio del nuevo orden mundial.

Las elecciones brasileñas suelen ser presentadas por el análisis convencional como una confrontación superficial entre izquierda y derecha, entre lulismo y bolsonarismo, o entre modelos económicos divergentes. Sin embargo, esa lectura resulta radicalmente insuficiente. Lo que ocurre en Brasil trasciende el marco de la competencia electoral ordinaria: la principal potencia latinoamericana se ha convertido en el epicentro y laboratorio de la transición histórica que atraviesa el sistema internacional.

Brasil es simultáneamente miembro fundador de los BRICS, socio comercial clave de China en América Latina, actor gravitante del G20, potencia agroalimentaria global, poseedor de una densa base industrial y de recursos estratégicos esenciales para la transición energética, y una de las pocas naciones del Sur Global con capacidad real para incidir en el diseño del orden global. Por esta razón, las disputas que sacuden a la sociedad brasileña portan una dimensión planetaria. El conflicto no se reduce a quién habita el Palacio del Planalto, sino a cuál será la inserción internacional de América Latina durante las próximas décadas.

Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, la región se encuentra ante una bifurcación histórica. De un lado emerge un proyecto anclado en el multilateralismo, la cooperación Sur-Sur, la ampliación de los BRICS, la integración regional, la soberanía tecnológica y la neoindustrialización. Del otro se consolidan corrientes asociadas a las nuevas derechas occidentales, a la restauración de la seguridad hemisférica tradicional y al alineamiento incondicional con Washington. Brasil es el terreno donde ambos universos colisionan de manera frontal.

La crisis de representación y la polarización brasileña.

La polarización política en Brasil no es una anomalía pasajera, sino el síntoma profundo de una crisis orgánica y de representación institucional. Los partidos políticos tradicionales, desgastados por sucesivos escándalos de corrupción y por la incapacidad de procesar las demandas sociales de las periferias urbanas, han cedido terreno ante esquemas de polarización identitaria y afectiva.

  • El lulismo encarna la continuidad progresista y reformista, con eje en la inclusión social, la reducción de la desigualdad estructural, el fortalecimiento del Estado y la defensa de la soberanía regional.
  • El bolsonarismo representa el polo opuesto: un giro radical hacia la derechización conservadora, que combina el liberalismo económico de mercado con promesas de orden punitivo, rearme moral y alineamiento hemisférico con los centros de poder occidental.
  • La fragmentación del Congreso Nacional (el fenómeno del Centrão) refleja la descomposición de la legitimidad partidaria, donde el pragmatismo de cuotas de poder condiciona e inmoviliza crónicamente al Poder Ejecutivo, volviendo ingobernable al país sin amplias e inestables negociaciones clientelares.

Brasil y el liderazgo latinoamericano.

La gravitación de Brasil en América Latina responde a su condición de potencia subcontinental ineludible. Con más de la mitad del territorio y de la población sudamericana, su estabilidad y orientación política determinan el destino de los mecanismos de integración regional.

Históricamente, la política exterior brasileña ha oscilado entre dos almas: el «americanismo» pro-occidental (que prioriza la sintonía con Estados Unidos) y el «globalismo autónomo» (que busca diversificar vínculos y proyectar a Brasil como líder del Sur Global). Cuando Brasil asume un rol articulador en América del Sur —impulsando UNASUR o fortaleciendo el Mercosur—, la región gana autonomía frente a las presiones extracontinentales. En contraste, cuando el país se repliega bajo mandatos ideológicos de alineamiento hemisférico, el regionalismo sudamericano se desarticula, dejando a los Estados individuales a merced de la asimetría negociadora frente a las superpotencias.


Lula, el multilateralismo y la construcción política del Sur Global.

La política exterior del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva se estructura en torno a una premisa fundamental: la construcción de márgenes efectivos de autonomía soberana en un mundo en transición hacia la multipolaridad.

La diplomacia presidencial lulista ha recuperado los ejes de la «política externa activa y altiva», articulando:

  • La profundización de la asociación estratégica con la República Popular China.
  • El relanzamiento y expansión de los BRICS como contrapeso financiero y político a las instituciones de Bretton Woods.
  • La revitalización de la cooperación Sur-Sur con el continente africano y el Sur global.
  • La reivindicación del multilateralismo jurídico a través de la reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Seguridad.
  • Una postura firme de independencia frente a los conflictos sistémicos globales.

Como sintetizó magistralmente Lula ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: «Brasil no cabe en el patio trasero de nadie». Dicha formulación conceptual trasciende la diplomacia brasileña: interpela al conjunto de América Latina a romper con el tutelaje histórico.

China, inversiones, industrialización y desarrollo.

La relación bilateral entre Brasil y China constituye el eje gravitacional de la economía política sudamericana contemporánea. Lejos de reducirse a un mero intercambio comercial de materias primas por manufacturas, el vínculo ha adquirido una densidad estratégica compleja.

  • Comercio y exportaciones: Las exportaciones brasileñas hacia el mercado chino han superado los 105.700 millones de dólares, mientras que el intercambio bilateral total ronda los 157.500 millones de dólares, consolidando a China como el socio comercial indiscutido de Brasil.
  • Acuerdos y cooperación tecnológica: Durante los cónclaves bilaterales entre Lula da Silva y Xi Jinping se han suscrito decenas de acuerdos estratégicos enfocados en infraestructura crítica, telecomunicaciones de 5G, transición energética, innovación digital, aeroespacial y cooperación científica.
  • El dilema de la neoindustrialización: El desafío central para Brasil radica en evitar la reprimarización absoluta de su economía —limitándose a proveer soja, mineral de hierro y petróleo crudo— y aprovechar las inversiones y la transferencia tecnológica china para impulsar una nueva fase de industrialización avanzada, transición verde y generación de empleo calificado.


La Doctrina Monroe, la seguridad hemisférica y la disputa por América Latina.

En el trasfondo de la geopolítica sudamericana opera una tensión histórica estructural: la persistencia de la Doctrina Monroe (1823) y la concepción de América Latina como «patio trasero» e indiscutible esfera de seguridad nacional de los Estados Unidos.

A lo largo de dos siglos, Washington ha desplegado un repertorio multiforme para asegurar su primacía hemisférica: desde intervenciones militares directas y apoyo a dictaduras militares en el siglo XX, hasta condicionamientos financieros a través del FMI y el BID, presiones diplomáticas, doctrinas de seguridad hemisférica y guerra jurídica (lawfare).

La irrupción de China como principal socio económico y financiero de América del Sur alteró esta ecuación unipolar. Para la superpotencia norteamericana, la presencia comercial y de infraestructura china en Brasil y la región es leída no solo como competencia económica, sino como una amenaza directa a su seguridad nacional, reviviendo tensiones de carácter hegemónico que condicionan la política interna y externa del subcontinente.

Trump, Bolsonaro y las derechas transnacionales.

El alineamiento del gobierno de Jair Bolsonaro con la administración de Donald Trump representó la expresión más acabada de subordinación geopolítica voluntaria en la historia reciente de Brasil.

Esta corriente de la nueva derecha transnacional operó bajo una contradicción ideológica profunda: mientras discursivamente enarbolaba un nacionalismo estridente y una retórica furiosamente anticomunista y pro-estadounidense, en los hechos subordinaba los intereses soberanos de Brasil a la agenda geoestratégica de Washington.

Las consecuencias de este eje incluyeron el debilitamiento de los foros regionales de integración, el aislamiento diplomático de Brasil en los espacios multilaterales globales, la subordinación en materia de defensa y tecnología espacial, y una gestión negacionista de crisis globales que subordinó la soberanía sanitaria y ambiental a mandatos ideológicos de ultraderecha.


El poder evangélico como corporación económica, mediática e ideológica.

La transformación más profunda en la estructura de poder de la sociedad brasileña contemporánea es la emergencia del neopentecostalismo como un conglomerado polifacético que opera simultáneamente como corporación económica, imperio mediático y actor político transnacional.

  • Arquitectura económica y patrimonial: Iglesias como la Universal del Reino de Dios (liderada por Edir Macedo), Assembleia de Deus e Igreja Mundial movilizan presupuestos colosales. Se estiman en más de R$ 21.500 millones anuales los ingresos generados por negocios colaterales que incluyen redes de televisión, emisoras de radio, editoriales, sellos musicales, agencias de turismo religioso y plataformas de comercio electrónico.
  • Dominio mediático: El control férreo de canales de televisión abierta (como Récord TV), cadenas radiales y ejércitos de cuentas en redes sociales permite a estas corporaciones fehacientes modelar el flujo informativo cotidiano de millones de ciudadanos.
  • La Bancada Evangélica en el Congreso: Articulada transversalmente más allá de los partidos formales, esta bancada legislativa funciona como un bloque de presión ideológica capaz de vetar o condicionar cualquier avance normativo en materia de derechos civiles, laicos o de género.
  • Transnacionalización conservadora: El modelo neopentecostal brasileño ha trascendido fronteras, expandiéndose con éxito por Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Centroamérica, exportando una matriz de conservadurismo moral y teología de la prosperidad.

Las redes sociales evangélicas y la producción digital de subjetividades.

El poder evangélico contemporáneo ha migrado exitosamente del púlpito tradicional al ecosistema algorítmico digital. La construcción de identidades políticas ya no se procesa primariamente en el templo físico, sino a través de un denso entramado hiperconectado.

  • Ecosistemas multiplataforma: La socialización de millones de fieles y ciudadanos transcurre de manera simultánea en grupos masivos de WhatsApp y Telegram, canales dinámicos de YouTube, perfiles de Instagram y transmisiones en directo (streaming) de cultos y prédicas.
  • Mega-influencers religiosos: Figuras pastorales y laicas con arrastre masivo —tales como Bruno Leonardo (con decenas de millones de seguidores), Deive Leonardo e Isadora Pompeo— ejercen una influencia cotidiana muy superior a la de los partidos políticos tradicionales, prescribiendo no solo pautas espirituales, sino interpretaciones morales de la vida pública y electoral.
  • La Teología de la Prosperidad como algoritmo cultural: Al vincular directamente el éxito financiero y material con la ortodoxia de la fe, este corpus doctrinal legitima el individualismo meritocrático radical, sintonizando perfectamente con las lógicas del capitalismo digital de plataformas analizadas por teóricos como Shoshana Zuboff.


La desinformación como forma de poder.

Los procesos electorales brasileños de 2018 y 2022 confirmaron que la desinformación masiva no constituye un accidente técnico ni una distorsión marginal, sino una forma institucionalizada de ejercicio de poder político en la era digital.

  • Comunidades interpretativas: Las redes de bulos y noticias falsas operan mediante la articulación emocional de comunidades cerradas (especialmente en WhatsApp), donde los hechos empíricos son subordinados a marcos narrativos de carácter religioso, moral o conspirativo.
  • Mitologías de campaña: La circulación masiva de artefactos ideológicos falsos —tales como el mito del denominado «kit gay» en las escuelas, supuestas amenazas inminentes a la familia tradicional o teorías conspirativas orientadas a deslegitimar el sistema de urnas electrónicas del Tribunal Superior Eleitoral (TSE)— demostró una altísima eficacia para fragmentar el debate público y polarizar los afectos colectivos.
  • Guerra cultural permanente: La batalla política contemporánea ha desplazado el eje de la disputa informativa hacia la captura de los marcos interpretativos de la población, haciendo de la posverdad un recurso de dominación ideológica sistemática.
  • Corrupción, lawfare y disputa por el sentido común.

La instrumentalización de la corrupción como narrativa política constituye uno de los resortes más potentes en la historia reciente de Brasil, operando como un dispositivo central de reorganización del mapa político y judicial.

  • El ciclo de Lava Jato y el caso Lula: La Operación Lava Jato, nacida en Curitiba en 2014, canalizó un legítimo descontento ciudadano contra la corrupción sistémica, pero operó selectivamente como un mecanismo de persecución judicial (lawfare). La condena y encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva durante 580 días buscó sacarlo de la contienda electoral de 2018, hasta que el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló formalmente los procesos en 2021 al comprobarse la absoluta parcialidad y falta de competencia de los tribunales de origen.
  • El contraste con el clan Bolsonaro: Años más tarde, los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro —culminados con condenas severas por su participación directa en la intentona golpista de 2022— y las investigaciones por corrupción e irregularidades financieras que salpicaron a su círculo familiar (incluyendo a sus hijos Eduardo y Flávio Bolsonaro), fueron interpretados por sus bases electorales bajo una narrativa de persecución política y martirio cristiano.
  • La complicidad de los grandes medios: Conglomerados mediáticos tradicionales (como O Globo, Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo) cumplieron un rol determinante en la validación y amplificación de los relatos anticorrupción orientados a erosionar al progresismo, mientras minimizaban o relativizaban las derivas autoritarias de la ultraderecha



BRICS, Mercosur y la reconfiguración del orden mundial.

Frente a las tendencias de fragmentación global y las presiones proteccionistas del Norte Global, Brasil apuesta de manera estratégica por el fortalecimiento de los espacios de concertación geopolítica y comercial alternativos.

  • El peso económico de los BRICS: Con un volumen comercial bilateral que superó los 234.800 millones de dólares en 2025 entre Brasil y el bloque ampliado, los BRICS se han consolidado como el principal anclaje de la diversificación comercial brasileña.
  • El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD): Presidido por la exmandataria brasileña Dilma Rousseff y dotado con un capital de 100.000 millones de dólares, el NBD representa una herramienta fundamental para financiar infraestructura verde, digitalización y proyectos de desarrollo autónomo mediante el uso de monedas locales, sustrayéndose de la condicionalidad asfixiante de los organismos financieros tradicionales occidentales.
  • Las tensiones en el Mercosur: Si bien Brasil impulsa activamente un acuerdo comercial equilibrado entre el Mercosur y China, las divergencias internas —impulsadas por pulsiones bilaterales uruguayas, vacilaciones argentinas y los complejos condicionamientos geopolíticos de Paraguay derivados de su reconocimiento diplomático a Taiwán— complican la consolidación de un bloque regional cohesionado frente a las potencias globales.

Brasil, América Latina y el futuro de la multipolaridad.

Brasil se encuentra situado en una encrucijada histórica de indudable magnitud continental y global.

  • La vía de la soberanía y la multipolaridad (Lula y los BRICS): Ofrece al país y a la región márgenes concretos de autonomía financiera, diversificación tecnológica, industrialización verde y una inserción soberana en el emergente orden multipolar del Sur Global.
  • La vía de la subordinación hemisférica (Bolsonarismo y alineamiento occidental): Conlleva el riesgo de la reprimarización económica, la pérdida de protagonismo estratégico internacional, la fractura institucional interna y la subordinación a los intereses geoestratégicos de Washington y Bruselas.
  • El factor del bloque conservador-evangélico: Constituye un fenómeno estructural de largo plazo que trasciende los ciclos electorales coyunturales, combinando la penetración económica capitalista, el control algorítmico de las subjetividades y una agenda moral restrictiva que redefine los contornos de la democracia y los derechos sociales en América Latina.

La disputa por Brasil es, en definitiva, la disputa por el sentido del siglo XXI latinoamericano: la disyuntiva entre actuar como sujeto activo y soberano de la historia mundial o reincidir en la condición secular de territorio subordinado a designios ajenos.

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domingo, 18 de octubre de 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA. Gobernanza, derecho al conocimiento y disputa por el saber.

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“Por otra parte, la IA obliga a redefinir funciones sustantivas de la universidad. ¿Cómo se formará y se evaluará a los estudiantes cuando un ensayo o un resumen puede ser elaborado por una máquina? ¿Seguirá siendo el ensayo un instrumento de evaluación vigente? Si no lo es, las nuevas formas de evaluar no pueden resultar de una imposición, sino de un acuerdo. Ello exige la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, así como de la ciudadanía en general, desde el panadero y el taxista hasta quien barre en la institución. Y es indispensable que esa representación no se agote en mecanismos burocráticos.En suma, la disputa por la IA en las universidades es una disputa por quién produce, valida y distribuye el conocimiento. En este contexto, resulta fundamental exigir a las universidades públicas que asuman su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la ciencia y la tecnología, y que construyan, con participación social efectiva, la gobernanza que hasta ahora ha resultado insuficiente.

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Fuentes: Rebelión. ¿Al(IA)da o enemiga? La Inteligencia Artificial en la Educación Superior.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA.

Gobernanza, derecho al conocimiento y disputa por el saber.

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Por Raúl Abraham López Martínez | 17/10/2026 | América Latina y Caribe, Conocimiento Libre.

Fuentes Revista Rebelión domingo 18 de octubre del 2026.

El reciente documento de trabajo n.º 16 del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), titulado «La implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe», ofrece elementos valiosos para diagnosticar las tendencias de adopción de la inteligencia artificial (IA) en las universidades participantes de la región (Valentini, 2026). El estudio, basado en una muestra de 200 instituciones de 19 países, entre ellas 30 mexicanas, solo por detrás de las 40 colombianas, nos muestra una aproximación preliminar sobre la expansión de la IA en la región. Del total, 113 son privadas (56.5 %) y 87 públicas (43.5 %). El hallazgo principal es contundente: el 87 % de las universidades encuestadas utiliza la IA en al menos una actividad (Valentini, 2026).

Ante tales condiciones, considero necesario examinar bajo qué criterios y con qué límites, llegó la IA a las aulas. Las universidades han sido reconocidas socialmente como instituciones que producen y validan conocimiento conforme a reglas, ya sea el método científico o los marcos teóricos de la investigación cualitativa. Hoy la IA compite por ese lugar, y lo hace con la anuencia acrítica de las propias instituciones, que han implementado, de manera masiva, plataformas digitales comerciales como Google Classroom, portadoras de una forma específica de construir y distribuir saber. A ello se suma la incorporación de herramientas de IA generativa, como ChatGPT, Copilot y Gemini, así como el sesgo algorítmico y, sobre todo, la ausencia de instrumentos de gobernanza que establezcan alcances y límites cognitivos, normativos y reglamentarios en los procesos de formación y evaluación. Al respecto, el estudio señala que apenas el 26 % de las universidades, públicas y privadas, cuenta con una estrategia formal que incluye la IA (Valentini, 2026).


Pensamiento Crítico. Gobernanza, derecho al conocimiento y disputa por el saber.
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Según el documento, la gobernanza es la arquitectura que determina si el uso de una tecnología rinde cuentas, es ético, equitativo y transparente, y si se alinea con la misión y los valores de la institución (Valentini, 2026). Esa aproximación contiene una carga explícita: la IA no es neutral. Desde una capa teórica más general, como sostiene Langdon Winner, las tecnologías poseen dimensiones políticas y pueden incorporar determinadas relaciones de poder. Así lo confirma la propia expansión de estas herramientas, un fenómeno que no se comprende sin las inversiones millonarias en publicidad, los pronunciamientos de figuras políticas como Donald Trump y una narrativa mediática que frecuentemente presenta a la IA como si tuviera vida propia. Tales relatos no surgen de la nada: expresan relaciones comerciales y políticas de alto nivel.

Frente a ello, el marco normativo mexicano ofrece una vía poco explorada. La Constitución y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, reconocen el derecho humano a la ciencia y al acceso a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico (Gobierno de México, 2023). Como señalé en un artículo periodístico publicado en julio de 2025, ese reconocimiento implica una ruptura con la lógica de productividad y competitividad del periodo neoliberal y coloca a las universidades públicas ante la responsabilidad de garantizar dicho derecho (López Martínez, 2025), en continuidad con la crítica a la privatización y la centralización del conocimiento que formulé desde 2005 (López Martínez, 2005). En el plano regional, además, Estados como el mexicano forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Pese a ello, las universidades, públicas y privadas, han dejado pasar la IA sin invocar ese dique. Situar el desarrollo, el acceso y los beneficios de la IA en el marco del derecho humano a la ciencia, en lugar de reducirlos a su dimensión comercial, modifica de raíz su relación con la educación: obliga a garantizar un acceso equitativo a sus beneficios, regular su uso y someterla al interés público.

La imagen de un iceberg ilustra bien el escenario. En la superficie se aprecia una oleada atractiva de innovación educativa; bajo el agua, la arquitectura institucional que debería sostenerla presenta importantes vacíos. Esa arquitectura es la gobernanza. El vacío se agrava al examinar la participación: entre las 120 universidades que reportaron contar con alguna estructura de gobernanza de IA, apenas el 8 % incorpora representantes estudiantiles (Valentini, 2026).

Inteligencia Artificial y Universidad. ¿Puede sobrevivir la Autonomía Universitaria?

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Por otra parte, la IA obliga a redefinir funciones sustantivas de la universidad.

¿Cómo se formará y se evaluará a los estudiantes cuando un ensayo o un resumen puede ser elaborado por una máquina?

¿Seguirá siendo el ensayo un instrumento de evaluación vigente?

Si no lo es, las nuevas formas de evaluar no pueden resultar de una imposición, sino de un acuerdo. Ello exige la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, así como de la ciudadanía en general, desde el panadero y el taxista hasta quien barre en la institución. Y es indispensable que esa representación no se agote en mecanismos burocráticos.

En suma, la disputa por la IA en las universidades es una disputa por quién produce, valida y distribuye el conocimiento. En este contexto, resulta fundamental exigir a las universidades públicas que asuman su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la ciencia y la tecnología, y que construyan, con participación social efectiva, la gobernanza que hasta ahora ha resultado insuficiente.

Fuentes

Gobierno de México. (2023, 8 de mayo). Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Diario Oficial de la Federación.

López Martínez, R. A. (2005, 14 de noviembre). Consideraciones en torno a la distribución social del conocimiento, una mirada desde México y América Latina. Rebelión.

López Martínez, R. A. (2025, 12 de julio). México ante un nuevo paradigma de producción y distribución social del conocimiento. Rebelión.

Valentini, A. (2026). La implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe (Documento de trabajo n.º 16). Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC).

Raúl Abraham López Martínez. Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria e integrante del Foro Digital de Ciencias Políticas y Sociales.

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sábado, 17 de octubre de 2026

CUANDO LA DEMORA SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE PODER.

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“Como decía más arriba, comprender el mecanismo de la espera también permite enfrentarlo. Las universidades tienen algo que el hombre de Kafka no tenía, tiene una comunidad capaz de organizarse, construir alianzas e intervenir sobre su destino. Esa capacidad colectiva abre una posibilidad que ningún expediente puede clausurar por anticipado. Hacerla efectiva exige sostener el reclamo judicial y articularlo con una estrategia política y social, por ejemplo, seguir coordinando acciones entre universidades, gremios y estudiantes; explicar en cada territorio las consecuencias del desfinanciamiento; ampliar los compromisos de la cultura, el trabajo y la producción con la educación pública. Cada apoyo debe ayudar a convertir una demanda universitaria en una exigencia compartida de cumplimiento de la ley.

“Ninguna de estas acciones garantiza por sí sola el resultado, lo estamos experimentando. Sin embargo, juntas pueden modificar las condiciones del conflicto, impedir que el incumplimiento se naturalice y sostener la fuerza necesaria para lograr una respuesta. La esperanza se construye también así, reconociendo las dificultades y organizando las capacidades para superarlas. La imagen de Kafka nos ayuda a comprender el peligro. El desenlace nos corresponde escribirlo colectivamente. Hay una ley que hacer cumplir y una universidad que necesita seguir enseñando, investigando y abriendo oportunidades. Defenderla es ejercer, desde siempre, nuestra capacidad de construir un futuro común.

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Estudiantes movilizan en la 4ta Marcha Federal Universitaria en Rosario Andrés Macera-

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CUANDO LA DEMORA SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE PODER.

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Por. Dr. Anselmo Torres.

Rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Fuente. Página /12 sábado 17 de octubre del 2026.

Hay una manera de privar a una sociedad de un derecho sin eliminar sus leyes, es postergar su cumplimiento hasta que la espera haya producido el daño. El derecho permanece escrito; quienes deberían aplicarlo deciden, mientras tanto, las condiciones para no hacerlo.

El conflicto por el financiamiento universitario obliga a pensar esa distancia. La discusión atraviesa el Congreso, los tribunales y las oficinas del Ejecutivo, pero su medida más concreta está en la vida cotidiana de las universidades. Allí, cada mes tiene consecuencias. Los salarios deben alcanzar para vivir, las becas deben permitir estudiar y las instituciones necesitan recursos para sostener sus actividades. Ninguna de esas necesidades puede quedar suspendida al ritmo de un expediente.

Franz Kafka ofrece una imagen inquietante para comprender esta experiencia. En “Ante la ley”, la parábola incluida en El proceso, un hombre llega ante un guardián y solicita entrar. El guardián le responde que en ese momento no puede permitirlo. El hombre pregunta si podrá ingresar más adelante. La posibilidad queda abierta y la espera comienza. Pasan los años. Finalmente, el hombre muere sin haber atravesado la puerta.



La fuerza del relato reside en esa promesa que nunca se cumple. La entrada no aparece clausurada de una vez y para siempre. Permanece como una posibilidad, administrada por una autoridad que decide cuándo sería oportuno ejercerla. La vida del hombre transcurre esperando una autorización.

No se trata de presentar esta como la única interpretación de Kafka ni de convertir una obra literaria en un dictamen jurídico. Se trata de reconocer una experiencia política que su literatura permite iluminar, la existencia de una ley puede convivir con la imposibilidad práctica de acceder a ella.

En la controversia universitaria hay, además, un antecedente decisivo. El 26 de junio de 2026, hemos informado que la Corte Suprema había dejado firme la cautelar referida a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con salarios y becas. El propio comunicado distinguía ese avance de las tareas pendientes, conseguir su cumplimiento efectivo y avanzar en la aplicación integral de la ley.

Esa distinción permite formular el problema con precisión. Obtener reconocimiento judicial y conseguir que ese reconocimiento transforme la realidad son momentos diferentes, lo sabíamos. Entre ambos puede abrirse una distancia en la que el derecho pierda eficacia.

Por supuesto, apelar una decisión judicial forma parte de las garantías del proceso. La presentación de un recurso no demuestra por sí sola una conducta abusiva. Corresponde examinar cada planteo, su admisibilidad y sus efectos. Pero esa precisión también exige distinguir entre discutir una resolución y estar habilitado para incumplir una obligación vigente. La existencia de una controversia no convierte automáticamente cualquier demora en legítima.

La cuestión política aparece cuando la sucesión de trámites termina haciendo de la espera una condición permanente. Cada decisión promete acercar una solución, mientras una nueva instancia vuelve a desplazarla. El procedimiento, concebido para proteger derechos, corre entonces el riesgo de absorber las energías de quienes necesitan ejercerlos.



El tiempo tiene aquí una distribución desigual. Quien administra los recursos puede prolongar una controversia; quien necesita un salario o una beca debe resolver cómo vivir durante esa prolongación. Para una familia, un mes de espera tiene un peso que ningún escrito judicial puede neutralizar. Para una universidad, la pérdida de un equipo docente o la interrupción de una investigación puede comprometer años de trabajo.

Por eso la demora puede operar como una forma de ajuste. Mientras se discute la obligación de financiar, el deterioro avanza. Después, una eventual recomposición de partidas encontrará una institución distinta, personas que se fueron, estudiantes que interrumpieron sus carreras, proyectos que perdieron continuidad. El dinero podrá reponerse, si alguna vez llega. Sin embargo, algunas oportunidades ya habrán pasado.

Hay también un desgaste político. Una comunidad obligada a demostrar reiteradamente la validez de su reclamo debe dedicar parte creciente de sus esfuerzos a conseguir que se cumpla lo reconocido. Enseñar, investigar y proyectar quedan atravesados por la necesidad de sostener las condiciones elementales para seguir haciéndolo. La incertidumbre termina organizando la vida institucional.

La lectura de Kafka invita a advertir ese mecanismo. Pero su potencia crítica se perdería si condujera a aceptar la impotencia como destino. Las universidades cuentan con organización colectiva, acción judicial, representación institucional y vínculos sociales. Esos recursos permiten disputar la espera y exigir que las decisiones tengan consecuencias.

El problema excede al sistema universitario. Si una obligación pública puede diferirse hasta agotar a quienes reclaman, se debilita la confianza en la capacidad de las instituciones democráticas para ordenar la vida común. La eficacia de una ley se juega también en el tiempo de su cumplimiento.

Defender la universidad pública exige, por eso, discutir quién paga el costo de cada demora. Detrás de los expedientes hay vidas, trayectorias y capacidades colectivas que no pueden esperar indefinidamente.

Una sociedad democrática debe poder ofrecer algo más que una puerta abierta hacia un futuro que nunca llega. Debe garantizar que los derechos puedan ejercerse mientras todavía existen las condiciones para hacerlo.

Como decía más arriba, comprender el mecanismo de la espera también permite enfrentarlo. Las universidades tienen algo que el hombre de Kafka no tenía, tiene una comunidad capaz de organizarse, construir alianzas e intervenir sobre su destino. Esa capacidad colectiva abre una posibilidad que ningún expediente puede clausurar por anticipado.

Hacerla efectiva exige sostener el reclamo judicial y articularlo con una estrategia política y social, por ejemplo, seguir coordinando acciones entre universidades, gremios y estudiantes; explicar en cada territorio las consecuencias del desfinanciamiento; ampliar los compromisos de la cultura, el trabajo y la producción con la educación pública. Cada apoyo debe ayudar a convertir una demanda universitaria en una exigencia compartida de cumplimiento de la ley.

Ninguna de estas acciones garantiza por sí sola el resultado, lo estamos experimentando. Sin embargo, juntas pueden modificar las condiciones del conflicto, impedir que el incumplimiento se naturalice y sostener la fuerza necesaria para lograr una respuesta. La esperanza se construye también así, reconociendo las dificultades y organizando las capacidades para superarlas.

La imagen de Kafka nos ayuda a comprender el peligro. El desenlace nos corresponde escribirlo colectivamente. Hay una ley que hacer cumplir y una universidad que necesita seguir enseñando, investigando y abriendo oportunidades. Defenderla es ejercer, desde siempre, nuestra capacidad de construir un futuro común.

Anselmo Torres es rector de la Universidad Nacional de Río Negro

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