¿QUO VADIS KEIKO FUJIMORI?

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"El ataque al Poder Judicial (el culpable de sus 18 meses de prisión) será feroz. La JNJ será el instrumento de destrucción de la Corte Suprema y de todos los jueces que no se sometan a los designios de Rospigliosi. El TC se mantendrá un quinquenio más al no lograrse 40 votos en el Senado. En este escenario, la política de seguridad ciudadana justificará todas las restricciones a la libertad en el altar del orden. Tal vez, al principio, pueda mostrar algunos resultados, pero lo que se viene frente a una política salvajemente represiva siempre es peor en la experiencia comparada. Obviamente, las restricciones a los derechos de tránsito, reunión, protesta, creencias y, por supuesto, la libertad de expresión serán el pan nuestro de cada día.

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NOTA. NO COMPARTO con el contenido del presente Artículo, pero por respeto a la Oposición y quienes asumen "doble posición" o critican levemente la Política del Fujimorismo, hasta los que se oponen con principios, siempre es necesario conocerlos, como hoy apoyan , mañana asumen una seudo crítica y al final con el "devenir de los meses del gobierno" ahí se los vera en su plena y auténtica dimensión Política,. No compartimos, pero por respeto lo consideramos en nuestro Blogger de Sociología Política.

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¿QUO VADIS KEIKO FUJIMORI?

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Por Rosa maría Palacios.

Fuente. La República 21 de junio del 2026.

¿Qué escenarios son posibles en una presidencia de Keiko Fujimori? El Congreso es, hoy, otro. Solo han sido elegidos seis partidos. Su único aliado natural es Renovación Popular. Fujimori no sabe gobernar con oposición. Su padre nunca pudo. No sabía negociar. La gran pregunta es: ¿ella podrá?

Si bien aún no hay una proclamación oficial, a nadie le quedan dudas de que Keiko Fujimori ha ganado limpiamente la elección presidencial. Hasta aquí, lo que sabemos. Lo que se abre delante del país es una incógnita indescifrable este miércoles. Su historia política no ayuda a despejar los temores, las preocupaciones y los acertijos que dejan sus misteriosas intenciones. Su plan de gobierno dice poco (respetar la inversión privada y expandir el gasto público); su historia personal, mucho más. En los últimos 10 años, cada vez que pudo tomar una decisión democrática, optó por el fraudismo y el obstruccionismo, cuando no por el autoritarismo y el mercantilismo. Su antiizquierdismo no le impidió una alianza con los hermanos Cerrón ni sostener a Boluarte en el poder. Se alió con todos ellos y con todo el resto del actual Congreso para controlarlo todo, y lo consiguió.

¿Qué escenarios son posibles en una presidencia de Keiko Fujimori? El Congreso es, hoy, otro. Solo han sido elegidos seis partidos. Su único aliado natural es Renovación Popular, pero hay una larga historia de desencuentros en el actual Congreso y una serie de injurias recientes de López Aliaga. Van a tener una unión de hecho, forzada por la necesidad, pero no necesariamente por la afinidad. En la Cámara de Diputados, las dos fuerzas oficialistas suman 56. La oposición, si se une, suma 74 votos. En ese contexto, la oposición es invencible. ¿Qué puede hacer? Censurar ministros de Estado, procesar penalmente a altos funcionarios y controlar la mesa directiva para evitar cuestiones de confianza y ser, eventualmente, disueltos por Fujimori. En el Senado, los dos bloques están empatados: 30 a 30.

Fujimori no sabe gobernar con oposición. Su padre nunca pudo. No sabía negociar. La gran pregunta es: ¿ella podrá? Tiene una gran experiencia desde la oposición tumbando presidentes; ¿le servirá para evitar su propia impopularidad? La calle le viene dura de entrada. Sacó más de 2.800.000 votos en primera vuelta y más de 9.000.000 en la segunda. Suficiente, con las justas, para ganar. Pero triunfa solo en Lima y en siete regiones. Con un universo de más de 27.000.000 de electores, su impopularidad puede crecer muy rápidamente si no tiene, al menos, algunos gestos democráticos y conciliadores. Es decir, si no sabe ganar (ha demostrado no saber perder), su aprobación popular se va a parecer muy pronto a la de Boluarte.

Primer escenario, optimista. Fujimori hace una lectura política correcta del país y entiende que no puede pretender controlarlo todo en su beneficio como hasta hoy. Primero, entierra las banderas de la demagogia económica y le quita la iniciativa de gasto al Congreso con un profundo mea culpa por el daño fiscal causado. Se acaban los privilegios tributarios y el gasto se ordena de manera técnica, atendiendo prioridades reales. Un impulso a la inversión privada, con una política desreguladora y
garantías a la propiedad (se paga lo que se confisca) y a los contratos (se honra lo pactado), y el país puede disparar sus indicadores económicos. Esto requiere un MEF de verdad, no un títere de políticos codiciosos. Solo así se reduce la pobreza.

Pero, además, Fujimori tiene que poner fin a las locuras de Fernando Rospigliosi. Un equivalente a Antauro Humala en lo que se refiere a la independencia del sistema de justicia. Mientras que la JNJ actúe bajo el mandato de “barrer el Poder Judicial”, no hay forma de garantizar derechos fundamentales. Por eso, tiene que derogar las leyes procrimen, como iniciativa propia. Los diputados lo pueden hacer sin ella y están a un voto en el Senado. No estaría mal que, luego del gesto, se negocie la Comisión Revisora del Código Penal y, si quiere, que ponga al abogado de su gusto de presidente. Pero no puede seguir usando el poder político para regalar impunidad a las fuerzas armadas (a quienes parece estar pagando una deuda política por adelantado), ni para cubrir a los responsables de los 50 asesinados en el sur. Esa deuda sí tiene que pagarla con ese pueblo que quiere gobernar. Si, además, indulta, por lo menos, a Castillo y a Humala, puede dar un giro inesperado a su destino. Por supuesto, su lista de venganzas también se entierra y la política de seguridad ciudadana se asienta en pilares democráticos, los únicos que la hacen eficaz y duradera en el largo plazo. Reconciliación consigo misma y con el país.

Segundo escenario, realista. La lista de venganzas se ejecuta. Pero necesita del Congreso. Por ello, se procede a la “captación disuasiva” de curules. No es algo que no conozcamos. Siempre hay una buena excusa para formar microbancadas con intereses particulares que se acoplan al que más dé. Con seis partidos, es más difícil hacerlo que con 10, pero no duden de que ocurrirá. Cada cambio de sitio alterará el paisaje político. Fujimori hará algunas concesiones en materia gremial al empresariado (en la ruta de un mercantilismo muy lejano de un mercado libre), incrementará el gasto público clientelista en sus bases de apoyo y desmantelará toda política que promueva derechos fundamentales básicos.

El ataque al Poder Judicial (el culpable de sus 18 meses de prisión) será feroz. La JNJ será el instrumento de destrucción de la Corte Suprema y de todos los jueces que no se sometan a los designios de Rospigliosi. El TC se mantendrá un quinquenio más al no lograrse 40 votos en el Senado. En este escenario, la política de seguridad ciudadana justificará todas las restricciones a la libertad en el altar del orden. Tal vez, al principio, pueda mostrar algunos resultados, pero lo que se viene frente a una política salvajemente represiva siempre es peor en la experiencia comparada. Obviamente, las restricciones a los derechos de tránsito, reunión, protesta, creencias y, por supuesto, la libertad de expresión serán el pan nuestro de cada día.

Me encantaría vivir el primer escenario y puedo asegurar que los millones de votantes que Fujimori logró en la segunda vuelta también lo quieren. Huyeron de Sánchez porque una propuesta socialista y estatista destruye la economía (ahí tienen la buena noticia de la liberación parcial de la economía cubana después del yugo de 60 años) y porque la aspiración a vivir libres es universal. Pero suelo equivocarme, ¿verdad? Dios nos libre del segundo escenario, pero si no hay señales rápidas, hacia ahí vamos. No hay nadie del entorno de Fujimori que nos haga pensar lo contrario. El discurso del 28 de julio será el disparo de salida. Si se pone a enumerar obras, como cuando tenía que hablar de derechos humanos en el debate presidencial, tómenlo como una señal. Una mala señal.

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EL MOMENTO WATERLOO DE DONALD TRUMP.

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“Lo que ha firmado Trump no es el acta de una victoria. En la práctica equivale al reconocimiento de una derrota negociada. El fracaso militar de Estados Unidos en Irán no ha sido tan claro como la derrota de Napoleón en Waterloo. Y, obviamente, no supone su fin como potencia imperial, como Waterloo tampoco fue el fin inmediato del poder francés. Simplemente marcó el fin de su forma de ejercer el poder, la creencia de que la voluntad del líder y el tamaño de sus ejércitos bastan para torcer la historia.

“Por eso es aceptable decir que Trump se enfrenta a su momento Waterloo. El memorándum del 14 de junio certifica que la potencia que fue a la guerra para demostrar su dominio absoluto la ha tenido que concluir pidiendo permiso al Consejo de Seguridad de unas Naciones Unidas con las que hace unos meses quería acabar a base de no contribuir a su financiación. Es sabido que los imperios no respetan los acuerdos que firman en declive y Estados Unidos no será la excepción. Pero, de momento, lo ocurrido en Irán revela que Washington ya no dispone de la capacidad de imponer unilateralmente su voluntad como hizo durante décadas y que la conversión de su complejo militar-industrial en un negocio financiero está empezando a traducirse en límites geopolíticos visibles que pueden resultarle muy pronto demoledores.

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Fuentes: Rebelión [Foto: Trump con Macron en Versalles, adonde fue para firmar la paz]

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EL MOMENTO WATERLOO

DE DONALD TRUMP.

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Por Juan Torres López | 20/06/2026 | Opinión

Fuente. Revista Rebelión sábado 20 de junio del 2026.

Los imperios en declive siempre actúan así: cuanto más inseguros están de su poder real, más necesitan monumentalizarlo, mientras que las potencias en fase de apogeo genuino no necesitan nunca proclamarlo en piedra y oro. Lo demuestran y ejercen con hechos

No parece que Donald Trump sea muy aficionado a los libros de historia, así que no creo que sepa lo que le ocurrió a Napoleón en Waterloo. Si lo supiera no pararía de tener pesadillas con ello.

El economista Blair Fix publicó en mayo de 2026 un artículo que derrumba el mito del poderío militar estadounidense. Su título (traducido: El negocio de la guerra y la mala medición del poder militar) lo dice casi todo: el ejército de Estados Unidos ha dejado de ser una máquina de ganar guerras porque se ha convertido en una de generar beneficios financieros. Y cuando Fix buscó un referente histórico para ilustrar ese tránsito, no eligió Vietnam ni Irak. Encontró a Napoleón.

La comparación no es caprichosa. Napoleón construyó el mayor aparato militar que Europa había conocido, lo financió con deuda y conquistas, y lo administró como un instrumento de poder personal más que como una herramienta al servicio de una estrategia sostenible. El resultado fue Waterloo: no sólo una derrota puntual, sino el colapso de un modelo que había confundido la apariencia del poder con su sustancia. Fix argumenta que Estados Unidos lleva décadas recorriendo ese mismo camino. Gasta cada año más, pero si se mide bien, su peso no es el aparente.

Según los cálculos de Fix, su poder adquisitivo global en términos relativos se sitúa ahora en tan solo el 4% de su máximo alcanzado durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo más revelador: esa cifra monetaria probablemente sobreestima el poder militar real, porque una parte creciente de ese gasto no compra capacidad combativa, sino rentabilidad para los accionistas de los grandes contratistas de defensa. El economista Michael Hudson compara las armas que fabrica Estados Unidos con un Rolls-Royce: sirve para ir al trabajo, pero a un coste prohibitivo. Otros países, como ha puesto de manifiesto la reciente guerra en Irán, las fabrican más baratas y operativas -porque no buscan alimentar el negocio financiero- y con ellas pueden neutralizar o destruir sistemas de armamento estadounidenses enormemente más caros gastando mucho menos dinero.

Lo curioso del caso es que, aunque el análisis de Fix es original, brillante y riguroso, en realidad viene a confirmar lo que el propio presidente Trump reconoció en enero de 2026. En su Orden Ejecutiva 14372 para dar prioridad al personal militar en la contratación de defensa lo afirma sin matices:

«Tras años de prioridades equivocadas, los contratistas de defensa tradicionales se han visto incentivados a priorizar la rentabilidad para los inversores por encima de las fuerzas armadas de la nación (…) Numerosos contratistas de gran tamaño, a la vez que incumplen sus contratos actuales, buscan contratos nuevos y más lucrativos, recompras de acciones y dividendos excesivos para los accionistas, a costa de la capacidad de producción, la innovación y la puntualidad en las entregas».

Y no deja de ser igualmente significativo que, mientras Fix publicaba su análisis, Trump mostraba los planos de un arco del triunfo de 75 metros de altura, el mayor del mundo, que piensa construir, coronado por una figura alada con antorcha y flanqueado por águilas y leones dorados, frente al Memorial Lincoln en Washington. Tal y como reconoció el propio Trump, a imagen y semejanza del Arc de Triomphe parisino encargado por Napoleón en 1806, en el momento de su máxima ilusión imperial.

Los imperios en declive siempre actúan igual. Cuanto más inseguros están de su poder real, más necesitan monumentalizarlo, mientras que las potencias en fase de apogeo genuino no necesitan nunca proclamarlo en piedra y oro. Lo demuestran y ejercen con hechos.

El Waterloo de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos anunció y celebró el acuerdo preliminar de paz del pasado 14 de junio de 2026 con Irán como una gran victoria. Pero quien lo lea con mínimo detalle tiene que llegar a una conclusión diferente.

Estados Unidos había exigido en marzo que Irán desmantelara sus tres principales instalaciones nucleares, pusiera fin al enriquecimiento de uranio en suelo iraní, suspendiera su programa de misiles balísticos y garantizara la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

Lo que el memorándum firmado contiene es otra cosa: el programa nuclear no se desmantela; el uranio enriquecido existente se diluirá en suelo iraní bajo supervisión de la AIEA, y las actividades de enriquecimiento se discutirán en el marco del acuerdo final; Irán conserva sus instalaciones y el enriquecimiento se negocia, no se elimina; no hay mención alguna a los misiles; Estados Unidos se compromete a levantar todas las sanciones y a desarrollar un plan de reconstrucción económica para Irán valorado en al menos 300.000 millones de dólares, con todos los permisos y licencias necesarios para las transacciones financieras; Irán se compromete a garantizar el paso libre de buques comerciales sin cobrar tasas tan sólo durante 60 días; Estados Unidos no tendrá allí soberanía y acuerda retirar sus fuerzas de la proximidad de Irán en un plazo de 30 días tras la conclusión del acuerdo final. Y las dos guindas del pastel. Una, el punto 14 que establece que el acuerdo requiere aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que otorga a Moscú y Pekín veto efectivo sobre el resultado. La potencia que declaró la guerra unilateralmente necesita el aval de sus adversarios estratégicos para cerrarla. La otra perla, que Israel queda en fuera de juego, al no aparecer como actor determinante en la arquitectura final del acuerdo.

Lo que ha firmado Trump no es el acta de una victoria. En la práctica equivale al reconocimiento de una derrota negociada.

El fracaso militar de Estados Unidos en Irán no ha sido tan claro como la derrota de Napoleón en Waterloo. Y, obviamente, no supone su fin como potencia imperial, como Waterloo tampoco fue el fin inmediato del poder francés. Simplemente marcó el fin de su forma de ejercer el poder, la creencia de que la voluntad del líder y el tamaño de sus ejércitos bastan para torcer la historia.

Por eso es aceptable decir que Trump se enfrenta a su momento Waterloo. El memorándum del 14 de junio certifica que la potencia que fue a la guerra para demostrar su dominio absoluto la ha tenido que concluir pidiendo permiso al Consejo de Seguridad de unas Naciones Unidas con las que hace unos meses quería acabar a base de no contribuir a su financiación.

Es sabido que los imperios no respetan los acuerdos que firman en declive y Estados Unidos no será la excepción. Pero, de momento, lo ocurrido en Irán revela que Washington ya no dispone de la capacidad de imponer unilateralmente su voluntad como hizo durante décadas y que la conversión de su complejo militar-industrial en un negocio financiero está empezando a traducirse en límites geopolíticos visibles que pueden resultarle muy pronto demoledores.

Publicado en La Voz del Sur el 19 de junio de 2026

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MEXICO. LAS REFORMAS LABORALES DE LA 4T. “Gobierno de la Cuarta Transformación”.

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“También se sabe que muchos trabajadores se encuentran en la inmovilidad y no reclaman sus derechos por temor al despido, tampoco se organizan en un sindicato ajeno a los intereses de la empresa por lo mismo y esto ¿no lo conocen los legisladores cuatroteístas?, ¿no saben que esta reforma la hizo Felipe Calderón para favorecer a los patrones y maniatar a los trabajadores? Claro que lo saben, pero en el fondo también están de acuerdo con la “estabilidad laboral” que a los patrones conviene. Si estuvieran a favor de los trabajadores, con la mayoría que tienen en las Cámaras, y que obtuvieron gracias a millones de trabajadores que votaron por ellos, ya hubieran restituido el derecho de los obreros a recibir los salarios caídos durante el tiempo que tardaran en resolverse las demandas por despido injustificado y hubieran prohibido en la ley el despido por motivos sindicales que hoy es tan frecuente y que obliga a los obreros a soportar sindicatos venales y patronales.

“Para los trabajadores mexicanos es una tragedia vivir bajo la amenaza del despido y del desempleo ante el menor reclamo de mejores condiciones de trabajo y de vida, y debemos reconocer que el gobierno de la 4T, al dejar intactas las reformas que hizo la derecha mexicana, contribuye alegremente al sometimiento de la clase obrera al yugo patronal. La 4T, pues, en el fondo no está para favorecer a los trabajadores, está para apoyar a los patrones, está para administrar y fortalecer al Estado capitalista que oprime y engaña a las clases trabajadoras de este país. Las ayudas que proporciona son sólo mecanismos de engaño para que, el Estado que representa, viva fuerte y vigoroso por muchos años más, haciendo creer a la clase obrera y a la clase campesina que en él y en el sistema capitalista está la solución a sus problemas.

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Fuentes: Rebelión.

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MEXICO. LAS REFORMAS LABORALES DE LA 4T.

“Gobierno de la Cuarta Transformación”.

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Por Humberto Castro | 16/06/2026 | México.

Fuente. Revista Rebelión viernes 19 de junio del 2026.

Para darle contenido a lo que el gobierno de la 4T ha dado en llamar la “primavera laboral” se ha desatado en las Cámaras de diputados y senadores toda una serie de iniciativas de reformas, sobre todo, de la ley laboral de nuestro país. La gran mayoría son reformas intrascendentes que no impactan en el magro ingreso de los trabajadores, pero que “visten” a los políticos que las proponen y “prestigian” a las fuerzas políticas que las impulsan.

De todas las reformas laborales que ha emprendido la 4T, pocas son las que algo han significado en la mejora de la vida laboral de los obreros mexicanos: la reforma laboral de justicia laboral y democracia sindical de 2019 que impuso a México el imperialismo norteamericano; el incremento salarial que sólo ha mejorado un poco al salario mínimo lo cual no sucede con los salarios contractuales; el incremento a las vacaciones en seis días; y la reducción de la jornada a 40 horas semanales, que se aplicará totalmente hasta el año 2030.

Tal como lo hemos dicho en otros análisis, estas reformas han sido aprobadas con el consentimiento de las clase de los patrones porque para todas ellas tienen un antídoto: en el caso de la reforma de 2019 legitimaron los contratos con los sindicatos charros con los que ya tenían convenio; para anular los incrementos salariales sólo aumentan el precio de los productos de primera necesidad; para el incremento de vacaciones no las entregan completas o se las proporcionan a los trabajadores a cuentagotas o a cambio de días libres que los trabajadores necesitan para atender asuntos personales o familiares; y para la semana de 40 horas, los empresarios apretaron al Gobierno para que no declare obligatorio el descanso de dos días semanales y para que la disminución de horas se aplique “de común acuerdo” entre patrón y empleado, en este caso, sigue vigente la regla de que por cada seis días de trabajo se tiene uno de descanso.

Todas las demás reformas, unas más y otras menos, son repeticiones con ligeros cambios de otras leyes o convenios ya antes establecidos o que tienen muy poca trascendencia para la economía de los trabajadores, las cuales también han recibido la aprobación patronal porque la afectación que reciben es mínima. Así, se aprobó el reconocimiento de los derechos laborales para trabajadoras del hogar, en su mayoría no se cumple; la regulación en el teletrabajo, tampoco; prohibición en el outsourcing, solo se aplicó parcialmente; la ley silla, su aplicación es mínima; regulación del trabajo para plataformas digitales, el beneficio fue para el Gobierno porque al registrar los trabajadores al IMSS, Hacienda ya puede cobrar impuestos; hubo reforma en las utilidades, pero para ponerles un tope que perjudica a muchos trabajadores; otra reforma fue para promover la igualdad, evitar la violencia y tomar como base la perspectiva de género, asunto que tiene décadas aprobado en los tratados internacionales y que México tiene firmados, pero cuyo cumplimiento sigue esperando.

En una nota informativa titulada “6 reformas laborales que quedaron congeladas” nos dice Gerardo Hernández que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y que hubo reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que quedaron pendientes

“todos ya son dictámenes y la mitad cuentan con el aval de una de las dos Cámaras, es decir, sólo requieren la aprobación de la colegisladora” (El Economista, 07/05/2026).

A decir del mencionado comunicador, las reformas pendientes son: la desconexión digital, que las personas al terminar su horario de trabajo ya no reciban llamados de la empresa; transparencia salarial, que al ofertarse empleo sea poniendo el salario que se obtendrá; buró laboral, que se prohíban las “listas negras” y el empleo de datos personales de los trabajadores con el propósito de usarlos en su contra o para condicionar el acceso o permanencia en un empleo; permiso por luto, por el fallecimiento de un familiar; violencia laboral, que se considere el acoso o mobbing, el ciberacoso y discriminación como comportamientos violentos en el trabajo; y, por último, inspecciones en igualdad salarial.

Como es fácil notar, varias de estas reformas con anterioridad han sido aprobadas de diferentes maneras, pero el único defecto es que no se han cumplido y, aunque se aprueben otras nuevas, los trabajadores seguirán sufriendo los mismos problemas en el trabajo porque no hay verdadera voluntad de corregir los excesos del capital.

Sólo a manera de ejemplos y para no dejarlo como una simple afirmación, tenemos el caso de las listas negras que desde hace mucho tiempo han estado prohibidas, pero funcionarios sin escrúpulos transmiten la información a despachos patronales para registrar y no dar empleo a los trabajadores que demandan ante las autoridades laborales; también tenemos el caso de la discriminación que está prohibida en la Constitución mexicana, en los tratados internacionales, en la LFT y ahora hasta en el T-MEC, sin embargo, se sigue presentando en miles de centros laborales; la desigualdad salarial también está prohibida y en miles de empleos sigue siendo una práctica común, etc.

Por una parte, se aprueban y hasta se repiten muchas reformas y se hace gran alharaca de ellas, pero por otra, este gobierno no hace nada para que se cumplan. Si hubiera verdadera voluntad de corregir, todos los días habría miles de inspectores vigilando su cumplimiento en los centros de trabajo, y miles de sanciones para los infractores, pero eso no sucede. Las propias autoridades del Gobierno han reconocido que para una vigilancia adecuada se requieren más de 4 mil inspectores, sin embargo, el propio director de Inspección del Trabajo ha reconocido que, para vigilar millones de empresas en el país, la Secretaría del Trabajo cuenta sólo con 660 inspectores, muchos de los cuales, esto lo afirmamos nosotros, se corrompen y realizan las inspecciones todas favorables al cumplimiento de normas que deben reportar las empresas.

No hay pues tal “primavera laboral” hay una simulación de hacer justicia a los trabajadores porque las reformas que se aprueban solo quedan en el papel, pero, además, son reformas que buscan afectar lo menos posible a la clase empresarial. Ahora pretenden los legisladores ya

“no aprobar pisos mínimos…porque están transitando a un enfoque de mejora de prácticas, sin agregar más cargas patronales de manera general”.

Por ejemplo, en este periodo de sesiones que está finalizando, desecharon cinco iniciativas para ampliar los días festivos en la LFT, se negaron a aprobar y reconocer más días de descanso obligatorio para los trabajadores.

Ante algunas de las reformas que verdaderamente favorecerían a los trabajadores los legisladores de la 4T cierran los ojos. Entre ellas, es sabido que con la reforma laboral de 2012 se abarató para los patrones el despido de los trabajadores mexicanos, tal abaratamiento se realizó reduciendo los salarios caídos a un año y estableciendo un tope de dos salarios mínimos a la prima de antigüedad.

También se sabe que muchos trabajadores se encuentran en la inmovilidad y no reclaman sus derechos por temor al despido, tampoco se organizan en un sindicato ajeno a los intereses de la empresa por lo mismo y esto ¿no lo conocen los legisladores cuatroteístas?, ¿no saben que esta reforma la hizo Felipe Calderón para favorecer a los patrones y maniatar a los trabajadores? Claro que lo saben, pero en el fondo también están de acuerdo con la “estabilidad laboral” que a los patrones conviene. Si estuvieran a favor de los trabajadores, con la mayoría que tienen en las Cámaras, y que obtuvieron gracias a millones de trabajadores que votaron por ellos, ya hubieran restituido el derecho de los obreros a recibir los salarios caídos durante el tiempo que tardaran en resolverse las demandas por despido injustificado y hubieran prohibido en la ley el despido por motivos sindicales que hoy es tan frecuente y que obliga a los obreros a soportar sindicatos venales y patronales.

Para los trabajadores mexicanos es una tragedia vivir bajo la amenaza del despido y del desempleo ante el menor reclamo de mejores condiciones de trabajo y de vida, y debemos reconocer que el gobierno de la 4T, al dejar intactas las reformas que hizo la derecha mexicana, contribuye alegremente al sometimiento de la clase obrera al yugo patronal.

La 4T, pues, en el fondo no está para favorecer a los trabajadores, está para apoyar a los patrones, está para administrar y fortalecer al Estado capitalista que oprime y engaña a las clases trabajadoras de este país. Las ayudas que proporciona son sólo mecanismos de engaño para que, el Estado que representa, viva fuerte y vigoroso por muchos años más, haciendo creer a la clase obrera y a la clase campesina que en él y en el sistema capitalista está la solución a sus problemas.

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Dr. JOSÉ SIMEÓN TEJEDA MARES-FEBRES. «Al virtuoso y eminente ciudadano». HOMENAJE al BICENTENARIO de su NACIMIENTO. 1826-2026.

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Dr. JOSÉ SIMEÓN TEJEDA MARES-FEBRES.

HOMENAJE EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO. CONDESUYOS. ANDARAY. 18 DE JUNIO DE 1826.

«Al Virtuoso y Eminente Ciudadano».

Lapida del Cementerio Presbítero Maestro. Lima.

Dr. Derecho y Dr. Economía.

MIEMBRO Titular de “La ACADEMIA LAURETANA de CIENCIAS y ARTES” AREQUIPA. 1852.

DOCENTE de la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN.

Periodista y Abogado en la Ciudad de Arequipa.

PRIMER LIBERAL de “LA INDUSTRIA en el PERU”.

CASTILLA. Lo invitó como su Asesor Político en Lima. 1856.   

PRESIDENTE de la CAMARA de DIPUTADOS. (2)

DECANO. COLEGIO de ABOGADOS de LIMA.

ALCALDE de la CIUDAD de LIMA. Electo 1873.

MINISTRO. Histórico “GABINETE de los TALENTOS” Basadre.

Ministro de Educación y Ministro de Justicia.

ELECTO DIPUTADO por CONDESUYOS. (2)

FUNDADOR REPUBLICANO de la PROVINCIA de CONDESUYOS.

“Rara Enfermedad atacó su Vida” Murió el 30 de agosto de 1873. A la Edad de 47 años. Miembro Titular del “Partido Civil”. Artículo en nuestra Página. Blogger. Sociología Política. Hoy.

Instituciones de Condesuyos y Arequipa, presentarán al próximo Congreso, se declare como “ILUSTRE CIUDADANO CONDESUYANO”. Su BUSTO y su MEMORIA estarán en las 8 Plazas de la Capital Chuquibamba y sus Distritos.   Tenemos la gran Responsabilidad, 2026. Dr. Pablo Raúl Fernández Llerena. Pas. Decano Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú. CSP. Pas. Decano Vocal. Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. CDCP. Pablo Raúl jueves 18 de junio del 2026.

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Dr. JOSÉ SIMEÓN TEJEDA MARES-FEBRES.

«Al virtuoso y eminente ciudadano».

HOMENAJE al BICENTENARIO de su

NACIMIENTO. 1826-2026.

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Dr. JOSÉ SIMEÓN TEJEDA MARES-FEBRES.

«Al virtuoso y eminente ciudadano».

HOMENAJE 200 ANIVERSARIO DE SU

NACIMIENTO. 1826-2026.

Dr. Abogado y Dr. en Economía.

Miembro Titular de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes. Arequipa. 1852.

Nació en Andaray. Condesuyos. El 18 de junio de 1826.

Falleció. Lima (30) de agosto de 1873.

Padres. José Santos Tejeda del Carpio; María Juliana Mares Febres-

“José Simeón Tejeda Mares fue un político y abogado peruano. Fue Ministro de Justicia e Instrucción del Perú en 1864 y Secretario del mismo portafolio entre 1865 y 1867, integrando el llamado «Gabinete de los Talentos», bajo la dictadura de Mariano Ignacio Prado y en pleno conflicto con España. Se contó entre los fundadores del Partido Civil. Presidió la Cámara de Diputados en 1872 y fue alcalde de Lima en 1873”.

Publicado. Pablo Raúl Fernández Llerena.

Dr. en Sociología.  Docente Universitario.

Decano Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú. CSP. 2023-2025.

Homenaje en el 151 Aniversario de “fallecimiento”.

Resumen de Publicaciones. Trabajo de Investigación. Respetamos el Derecho de Autor.

Arequipa 30 de agosto del 2024.

“TEJEDA, José Simeón (1826 - 1873), abogado y político. Representó a su provincia natal en la Convención Nacional de 1855. Integró la comisión encargada de redactar los proyectos de Código Penal y de Enjuiciamientos en Materia Penal. Fue Ministro de Justicia e Instrucción en el gobierno dictatorial del coronel Mariano Ignacio Prado. Y, elegido nuevamente diputado, en 1872, presidió las sesiones de su Cámara”. Por Alberto Tauro

Nota individual

Información proporcionada por Juan Tejeda San Román. José Simeón Tejeda Llegará a ser Ministro de Estado en el histórico gabinete Gálvez, que acompañó al presidente Mariano Ignacio Prado en el combate del Dos de Mayo. Será civilista, miembro del primer partido político del Perú, que fundó Manuel Pardo en 1872. Año en que además será elegido Diputado por la Provincia de Condesuyos, Arequipa y presidente de su Cámara, siendo él quien proclamará a Manuel Pardo como Presidente Constitucional del Perú.

Es electo Decano del Colegio de Abogados. Lima. Será todavía Alcalde de Lima en 1873 y elegido para candidato a la presidencia por el partido civil que no se concretó porque murió antes de las elecciones. Fallecido en Lima en 30/08/1873 según página del Congreso de la Republica Otras fuentes 30/08/1873

Por. Pablo Raúl Fernandez Llerena".

Fuente. Trabajo de Investigación. "Jose Simeon Tejeda Mares. Ciudadano Condesuyano". 

JOSÉ SIMEÓN TEJEDA MARES.

Nació en Andaray, el 18 de junio de 1826 en la provincia de Condesuyos en el departamento de Arequipa en 1826. Era hijo de José Santos Tejeda del Carpio (¿? - Arequipa, 2/5/1866) y María Julia Mares Febres. Sus abuelos paternos fueron el coronel Evaristo de Tejeda San Martín y María del Carpio.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Nacional de la Independencia Americana de la Ciudad Blanca. Al culminarlos ingresó a la Universidad Nacional de San Agustín, donde se graduó de bachiller y doctor en Derecho, titulándose de abogado (8/3/1851). Además, fue doctor en Economía Política. Se dedicó al ejercicio profesional y a la enseñanza universitaria, teniendo a su cargo la cátedra de Derecho Público de la mencionada Universidad.

El 6 de agosto de 1852 fue incorporado a la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa como socio de número.

En aquella oportunidad leyó una memoria sobre la emancipación de la industria, la que se iniciaba con las siguientes palabras:

“Quizá podrá mi discurso servir como signo de agradecimiento al distinguido favor que me hicisteis recibiéndome en vuestro seno. Yo no hallo otro modo de agradeceros; pero os aseguro que, si lo hubiese, indudablemente yo lo usaría.

He procurado, señores, buscar algo de utilidad en mi presente discurso y esto por dos motivos: primero, porque según el espíritu de la Academia Lauretana, y del siglo en que vivimos, debe preferirse lo útil a lo bello; y segundo, porque solo teniendo algo de utilidad mi disertación podrá disimularse las faltas que habrá de tener”

Continúa afirmando que la industria es un poder:

“La industria. He aquí la materia de mi presente trabajo. Voy a considerarla en su principio de progreso; voy a mirarla como un poder social y no extrañéis esta frase, señores. La industria es un poder social. Sí, lo es. Ora dependiente del poder político, ora emancipada, o marchando a la par de él, la industria es un poder”. (2)

Paralelamente Tejeda se dedicaba al periodismo, colaborando en las páginas del diario El Republicano. Durante el gobierno del Presidente Constitucional de la República, general José Rufino Echenique, estalló en Arequipa una revolución liberal, encabezada por el Gran Mariscal Ramón Castilla (1854). Echenique y sus principales colaboradores fueron acusados de corruptos, principalmente por la llamada consolidación de la deuda del Estado. Tejeda se unió a Castilla, quien el 5 de enero de 1855, en la batalla de La Palma (Surco), logró la victoria definitiva sobre las tropas gobiernistas y asumió el Mando Supremo como Presidente Provisorio de la República. El 5 de febrero el gobierno convocó a elecciones para la Convención Nacional, la que se instaló el 14 de julio siguiente.

El doctor José Simeón Tejeda inició su carrera legislativa en 1855, cuando fue elegido Diputado por la provincia de Condesuyos a la Convención Nacional (1855- 1857). Por aquel entonces la Mesa Directiva del Poder Legislativo se renovaba mensualmente. El 1 de setiembre fue elegido Secretario suplente de la Convención Nacional, cargo en que fue reelegido el 1 de octubre; el 1 de noviembre fue elegido Secretario propietario. Un año después, el 1 de noviembre de 1856, resultó electo Vicepresidente de la Convención Nacional, siendo reelegido el 1 de diciembre. El 1 de abril de 1857 volvió a ser elegido Vicepresidente.

El 13 de octubre de 1856 la Convención Nacional aprobó una nueva Constitución Política, de carácter marcadamente liberal, la que limitó las atribuciones del Jefe del Estado –estableció la vacancia de la Presidencia de la República por atentar contra la forma de gobierno o disolver el Congreso, recortó el período gubernamental de seis a cuatro años, creó el Consejo de ministros, etc.–; suprimió los fueros eclesiásticos, los diezmos y las primicias; abolió la pena de muerte; estableció el sufragio popular directo para todos los peruanos que supieran leer y escribir; restableció las Juntas Departamentales y las Municipalidades; etc. A pesar de no estar de acuerdo con ella, Castilla promulgó y juró la Constitución, manifestando, al mismo tiempo, su disconformidad con el recorte de sus atribuciones.

El 31 de octubre, en Arequipa, el general Manuel Ignacio de Vivanco, encabezando un movimiento de carácter conservador, se sublevó contra el gobierno y quemó públicamente la Constitución recién aprobada. La revolución se extendió a Moquegua, Ayacucho y Piura. La Marina de Guerra respaldó al movimiento. Entre los de los marinos rebeldes se contaban Miguel Grau y Lizardo Montero. Cuando intentaron tomar el control del puerto del Callao la población chalaca se resistió en defensa del orden constitucional, representado por Castilla (22/4/1857). En premio a este acto el Callao recibió la denominación de Provincia Constitucional. El 2 de noviembre de 1857, estando ausente de la capital Castilla, debido a la necesidad de hacer frente a los revolucionarios –a quienes finalmente sometería–, el teniente coronel Pablo Arguedas disolvió la Convención Nacional. Si bien Castilla condenó este acto, era evidente que dicha situación le convenía, por lo que cuando regresó a Lima no la restableció.

El 30 de setiembre de 1853 el Congreso de la República había aprobado una ley que creó la Comisión encargada de elaborar el primer Código Penal que tuvo nuestro país. El 18 de octubre el Senado Nacional designó como sus representantes en dicha Comisión a los Senadores doctores Gervasio Álvarez, Pablo Cárdenas y Santiago Távara. El 16 de noviembre la Cámara de Diputados eligió para similares fines a los Diputados Carlos Pacheco, Mariano Gómez Farfán, Manuel Toribio Ureta, Ignacio Noboa y Gregorio Galdós. El 6 de setiembre de 1856 la Convención Nacional, a través de la respectiva Resolución Legislativa, estableció una Comisión Revisora del Proyecto de Código Penal. Asimismo, el 6 de abril del año siguiente designó a sus integrantes: José Simeón Tejada, José Gálvez Egúsquiza, Santiago Távara, Ignacio Noboa y Tomás Lama. Tejeda presidió esta Comisión, cuyos trabajos darían origen al Código Penal de 1862, el que entró en vigencia a partir del 2 de marzo de 1863.Una de las principales modificaciones realizadas fue la supresión de la pena de muerte. El 8 de mayo de 1861 el Congreso nombró una tercera Comisión para que hiciese una revisión final del Proyecto. Esta Comisión la integraron los doctores Manuel Macedo, José Silva Santisteban, Juan de la Cruz Lizárraga, José María Pérez, Epifanio Serpa, Isaac Suero y Evaristo Gómez Sánchez. Finalmente, el 23 de setiembre de 1862 el Congreso aprobó el Código Penal, el que fue promulgado el 1 de octubre.

Tras de culminar su accionar legislativo, Tejeda fue designado auditor de guerra, conjuez adjunto a los fiscales de la Corte Suprema y miembro del Tribunal de Responsabilidad. El 16 de noviembre de 1861 contrajo matrimonio con Matilde Ygarza Sarrio (1832 - 5/1/1900).

En las elecciones de 1862 fue elegido Presidente Constitucional de la República el mariscal Miguel San Román, quien falleció a los pocos meses de iniciada su gestión. Al hallarse ausentes de la capital los dos vicepresidentes –el Primer Vicepresidente, general Juan Antonio Pezet, en Europa; y el Segundo Vicepresidente, general Pedro Diez Canseco Corbacho. en Arequipa– el mariscal Castilla se encargó interinamente del Mando Supremo. El 10 de abril fue relevado por Diez Canseco, quien estuvo encargado hasta el 5 de agosto, fecha en que Pezet asumió la Presidencia.

Le tocó enfrentar la grave crisis internacional ocasionada por la agresión española a nuestro país. En agosto de 1862 partió de Cádiz una “expedición científica”, transportada por una escuadra española, conformada por cuatro buques de guerra, con destino a América. Estaba comandada por el almirante Luis Hernández-Pinzón Álvarez, quien había recibido instrucciones que le indicaban que respaldase las acciones de sus representantes diplomáticos. La presencia de la armada española en aguas americanas evidenciaba la intención de su gobierno de presionar a sus antiguos dominios. Por otra parte, España aún no había reconocido nuestra independencia.

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El conflicto se inició a raíz de un desafortunado incidente en la Hacienda Talambo, donde resultaron dos muertos (uno peruano y otro español) y varios heridos. El asunto, como correspondía, pasó a los tribunales de justicia nacionales. España envió a nuestro país a Eusebio Salazar y Mazarredo con el título de comisario extraordinario para el Perú, lo que fue rechazado porque tal nombramiento implicaba el desconocimiento de nuestra independencia. El 14 de abril de 1864 la escuadra española ocupó las islas de Chincha –las que producían el guano, principal ingreso fiscal–, arriaron nuestro pabellón e izaron su bandera. Adicionalmente, España reforzó su escuadra con más buques. Ante la imposibilidad material de atacar a la escuadra enemiga, el Presidente Pezet inició negociaciones mientras adquiría los buques y otros armamentos necesarios para el resguardo de nuestra soberanía.

En medio de este complicado contexto, en cumplimiento del mandato constitucional, el Presidente Pezet acudió al Congreso de la República a dar lectura a su mensaje a la Representación Nacional. Antiguamente el mensaje leído por el Presidente de la República era contestado por el Presidente del Congreso. Esta respuesta fue una costumbre desde inicios de nuestra vida republicana, aunque ni la Constitución Política del Perú, ni el Reglamento del Congreso, ni ley alguna obligaba a ella. Generalmente la contestación era una formalidad de simple cortesía más que un análisis del mensaje del Presidente de la República. Sin embargo, en esta oportunidad se produjo un serio incidente. Por entonces era Presidente del Senado Nacional el Gran Mariscal Ramón Castilla. En su discurso de contestación Castilla dirigió unas breves, pero significativas, palabras, llenas de patriotismo, en que le exigía cuentas al Jefe de Estado por las acciones desarrolladas frente a la amenaza española, acusándolo de actuar por descuido o por “connivencias criminales”, permitiendo que se aprovechará...

7 El Gran Mariscal Ramón Castilla fue Senador por el departamento de Tarapacá.

“El pérfido gobierno castellano para humillarnos, arrastrando nuestro pabellón de las islas, y sustituyéndolo con el suyo en tierra, y en el más pequeño buque de transporte de la República que existía el aciago 14 de abril en aquellos importantes establecimientos; vergüenza y perjuicios que sólo pueden castigarse derramando y mezclando nuestra sangre con la de nuestros aleves agresores, hasta lavar la negra mancha que han impreso sobre nuestra bandera.

Por lo que respecta, ciudadano Presidente, a vuestro mensaje, que acabáis de leer y presentar al Congreso, éste lo tomará oportunamente en cuenta y resolverá lo que más convenga a la justicia nacional, al sistema republicano que nos rige, y a la muy noble y muy grande causa de la América”.

Ante tal contestación el general Pezet, Presidente de la República, rompiendo el protocolo, pidió la palabra y dijo:

“S. E. el Presidente del Congreso ha creído que debía formular de una manera perentoria ciertas exigencias relativas al servicio público. Su señoría se ha separado de los usos parlamentarios; pero debo asegurar que cuando las peticiones formuladas se hagan en la forma y tiempo debido los ministros del despacho se apresurarán a satisfacerlas”.

A su turno, el Senador Ramón Castilla agregó:

“Las exigencias de la situación son demasiado imperiosas y es indispensable aprovechar los instantes. Al hablar, no he pretendido formular el pensamiento de la Representación Nacional; exclusivamente mías son las opiniones que he emitido y abrigo la persuasión de que las podría sostener con éxito en el seno del Congreso o fuera de él”.

El 11 de agosto de 1864, en medio de la crisis, el general Pezet designó a Manuel Costas Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Gobierno, cargo que desempeñó hasta el 14 de octubre. Tal nombramiento tuvo como base la influencia que Costas tenía sobre los parlamentarios de los departamentos del sur, lo que hipotéticamente podría contribuir a que el gobierno lograra un entendimiento con el Congreso. Su gabinete lo completaban el general Isidro Frisancho, Ministro de Guerra y Marina; Julián de Zaracondegui, Ministro de Hacienda y Comercio; Toribio Pacheco, Ministro de Relaciones Exteriores; y José Simeón Tejeda, Ministro de Justicia. Se creía que Costas implementaría una política firme frente a la agresión española, tal como lo quería la opinión pública. En el Congreso dicha posición nacionalista estaba encabezada por el Gran Mariscal Ramón Castilla. Sin embargo, Costas se mostró moderado, manteniendo las negociaciones, mientras el gobierno realizaba adquisiciones para la defensa nacional. Ante la oposición del Congreso los ministros solicitaron facultades extraordinarias, pedido que inicialmente contó con el apoyo de Pezet, aunque luego se retractó. La pérdida de confianza del Presidente de la República llevó a Costas y a su gabinete a renunciar 8.

8. Libre de las responsabilidades ministeriales Costas apoyaría abiertamente la posición de Castilla, y cuando éste fue apresado, el 6 de febrero de 1865, también lo sería Costas.

El 14 de noviembre se instaló en Lima el Segundo Congreso Americano, el cual sesionó en cincuenta y seis conferencias hasta su clausura el 13 de marzo de 1865. El 27 de enero de 1865, a bordo de la fragata Villa de Madrid, los ministros del Perú, Manuel Ignacio Vivanco, y de España, José Manuel Pareja, firmaron un tratado que incluía la desocupación de las islas y el pago a España de 3 millones de pesos como indemnización. Su firma originó una justa corriente nacionalista contestataria. El mariscal Ramón Castilla y Marquesado, Presidente del Senado Nacional, protestó por la conducta del gobierno, acusando a Pezet, quien había asistido al recinto legislativo a leer su mensaje a la Representación Nacional, de cobardía o traición. El 28 de febrero de 1865 el prefecto de Arequipa, coronel Mariano Ignacio Prado Ochoa, encabezó una revolución contra Pezet. Tras su renuncia asumió la Jefatura del Estado el Vicepresidente, Pedro Diez Canseco, quien, debido a su falta de energía, pronto perdió el respaldo popular. El 26 de noviembre Prado fue proclamado Jefe Supremo de la Nación. Inmediatamente nombró un gabinete integrado por don José Gálvez Egúsquiza, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra y Marina; Toribio Pacheco, Ministro de Relaciones Exteriores; José Químper, Ministro de Gobierno; Manuel Pardo, Ministro de Hacienda; y José Simeón Tejeda, Ministro de Justicia. 9 Fuente: http://perusigloxix.blogspot.pe/2013/08/jose-s-tejeda.h

José Simeón Tejeda Mares-Febres.

El 27 de enero de 1865, a bordo de la fragata Villa de Madrid, el ministro plenipotenciario del Perú, general Manuel Ignacio de Vivanco, y el comandante general de la escuadra española del Pacífico, José Manuel Pareja –nombrado en reemplazo de Pinzón-Álvarez–, firmaron un tratado que incluía la desocupación de las islas y el pago a España de 3 millones de pesos como indemnización. Su firma originó una justa corriente nacionalista contestataria encabezada por Castilla, quien acudió a Palacio de Gobierno a entrevistarse con el Presidente Pezet, quien ordenó su detención y lo deportó con rumbo al Peñón de Gibraltar en febrero de 1865. Esto debilitó más al gobierno y terminó por alimentar la corriente revolucionaria. El 28 de febrero el coronel Prado, prefecto de Arequipa, encabezó la revolución, que adoptó el nombre de “Restauradora”, la que rápidamente se extendió por el sur del país. Para ello marchó hacia el Cuzco y a Ayacucho, preparando su campaña sobre la capital.

En el norte otro movimiento revolucionario desestabilizaría más aún al régimen. En Chiclayo se sublevó el coronel José Balta y Montero. El 25 de abril Prado se proclamó Jefe Supremo Provisorio de la República y acusó a Pezet de traición a la patria. Los demás líderes revolucionarios, buscando mantener la legalidad constitucional, le solicitaron al Segundo Vicepresidente, general Pedro Diez Canseco, que asumiese el Mando Supremo, quien aceptó la petición. El 24 de junio, estando en Ayacucho, Prado cesó en el cargo y reconoció a Diez Canseco. A fines de setiembre los ejércitos de Prado y Balta, que contaban con alrededor de 10.000 efectivos, se reunieron en Chincha. El 27 de octubre las huestes revolucionarias ingresaron a Lima y, tras un combate de algunas horas, tomaron el Palacio de Gobierno. El 6 de noviembre el Vicepresidente Pedro Diez Canseco asumió el Mando Supremo como Presidente Provisorio. Sin embargo, sus indecisiones frente a la agresión española motivarían su destitución. El 25 de noviembre de 1865 los jefes del Ejército lo depusieron y al día siguiente el pueblo, reunido en cabildo abierto en la Plaza Mayor, proclamó dictador al coronel Mariano Ignacio Prado.

Apenas iniciando la dictadura Prado nombró un nuevo gabinete ministerial – denominado por Jorge Basadre “Gabinete de los talentos”, por la calidad académica de sus miembros–, el cual estuvo integrado por el doctor José Gálvez, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra y Marina; doctor José Simeón Tejeda, Ministro de Justicia, Instrucción y Beneficencia; doctor José María Químper, Ministro de Gobierno y Policía; Manuel Pardo y Lavalle, Ministro de Hacienda y Comercio; y el doctor Toribio Pacheco y Rivero, Ministro de Relaciones Exteriores.

El 24 de setiembre de 1865 Chile le declaró la guerra a España. El 5 de diciembre Prado firmó una alianza defensiva y ofensiva con Chile. El 14 de enero de 1866 el Perú le declaró la guerra a España. El 30 Ecuador se adhirió a la alianza y el 22 de marzo lo hizo Bolivia. Así se constituyó la denominada Cuádruple Alianza. Las principales acciones bélicas fueron los combates navales de Papudo (26/11/1865) y Abtao (7/2/1866), el bombardeo del Valparaíso (31/3/1866); y el combate del Callao (2/5/1866). En este último el íntegro de la escuadra española bombardeó el puerto con la intención de arrasar sus defensas e incendiarlo. Tras cinco horas de combate la escuadra invasora se tuvo que replegar por los daños que le causaron 8 sus heroicos defensores. La victoria nacional reafirmó nuestra independencia. En dicho combate se inmortalizaría el siete veces Presidente del Congreso (Convención Nacional de 1855-1857) y por entonces Ministro de Guerra, José Gálvez Egúsquiza10.

El Presidente de la República, coronel Mariano Ignacio Prado –sentado al centro–, y los miembros del “Gabinete de los Talentos” (de izq. a der.): José Gálvez, José Simeón Tejeda, José María Químper, Manuel Pardo y Lavalle, y Toribio Pacheco y Rivero.

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Aprovechando la popularidad obtenida tras el conflicto con España, el 28 de julio de 1866 el gobierno convocó a elecciones generales, las que se efectuaron en octubre. La victoria obtenida por el Perú el 2 de mayo había aumentado significativamente la popularidad de Prado, quien resultó electo Presidente Constitucional de la República, mientras que en el Congreso Constituyente los liberales lograron una cómoda mayoría. El Congreso se instaló el 15 de febrero de 1867. Ese mismo día designó a Prado como Presidente Provisorio de la República. 10 Por entonces el periodo de gestión de la Mesa Directiva del Congreso tenía una duración de un mes. José Gálvez fue Presidente en varios periodos legislativos.

El 29 de agosto de 1867 el gobierno promulgó la nueva Constitución, la cual había sido elaborada por el Congreso Constituyente, la que tuvo un carácter marcadamente liberal y reemplazó, por unas semanas, a la Constitución moderada de 1860. El mismo día el Congreso proclamó a Prado Presidente Constitucional de la República. Poco después estalló una revolución conservadora en Arequipa. El 11 de setiembre la población se alzó en defensa de la Constitución de 1860 y en la Plaza Mayor quemó la nueva Constitución. Como jefe de la revolución fue reconocido el general Pedro Diez Canseco, por ser el Segundo Vicepresidente elegido en las elecciones de 1862, antes del establecimiento de la dictadura de Prado. Recordemos que el Presidente Constitucional de la República, mariscal Miguel San Román, había fallecido; y el Primer Vicepresidente de la República, general Juan Antonio Pezet, había sido depuesto. Prado viajó al sur buscando restablecer el orden público y dejó como encargado del Poder Ejecutivo al Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra, general Luis La Puerta. En la ciudad de Chiclayo volvió a sublevarse el coronel José Balta, quien nombró como Secretario General a Ricardo Palma.

Prado no pudo vencer la resistencia de los arequipeños y regresó a Lima, con sus huestes diezmadas. Tampoco logró recuperar el control de Chiclayo y, por el contrario, la revolución se extendió por el norte. El 5 de enero de 1868 Prado desembarcó en el Callao. Los fracasos militares y el creciente descontento de la población de la capital lo llevaron a renunciar el Mando Supremo en el general La Puerta el día 7 y emprender viaje a Chile, donde radicaría, dedicado a sus múltiples actividades comerciales. Al día siguiente llegó al Callao el general Francisco Diez Canseco, quien provisionalmente se encargó del Poder Ejecutivo hasta que el 22 lo hizo su hermano, el general Pedro Diez Canseco. El nuevo mandatario restableció la Constitución de 1860 y convocó a elecciones presidenciales, en las que resultó electo el coronel José Balta y Montero.

José Simeón Tejeda fue miembro de la Junta de Notables de Lima (1869) y presidió el Círculo Literario y el Consejo Superior de Instrucción Pública. Asimismo, estuvo entre los miembros fundadores del Partido Civil. El 24 de abril de 1871, en la casa de José Antonio García y García, un grupo de 114 notables, con la intención de respaldar la postulación de Manuel Pardo a la Presidencia de la República, estableció la Sociedad Independencia Electoral, más conocida como Partido Civil, el primer partido político del país. Esta organización agrupaba a acaudalados comerciantes, banqueros, consignatarios del guano, industriales, hacendados, profesionales, intelectuales. Además, repudiaba al militarismo, es decir, al predominio de militares en la vida política nacional. El 2 de mayo se realizó la presentación oficial de la mencionada Sociedad en el Teatro Odeón.

 

El 1 de junio se realizó la convocatoria oficial para las elecciones. Se presentaron como candidatos el fiscal supremo doctor Toribio Ureta, el ex Presidente Constitucional de la República general José Rufino Echenique, el doctor Evaristo Gómez Sánchez y Manuel Pardo. El Presidente Constitucional de la República, coronel José Balta Montero, al principio pensó apoyar la candidatura de su hermano Juan Francisco Balta; pero poco después prefirió respaldar la de Echenique. Durante la campaña electoral Manuel Pardo logró captar la simpatía de la mayoría de la población. El 6 de agosto de 1871 logró congregar en la Plaza de 10 Acho, en lo que fue el primer mitin civilista, alrededor de 14.000 ciudadanos, cifra muy apreciable para la época. Por entonces las elecciones se desarrollaban en dos fases: en la primera los ciudadanos elegían a los electores, quienes se agrupaban en Colegios Electorales. En la segunda, los electores elegían al Presidente y a los miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores. El 15 de octubre de 1871 tuvo lugar la primera elección, cuyos resultados fueron favorables a Pardo. Ante su inminente derrota Echenique renunció. El 2 de noviembre Balta, rompiendo la neutralidad a la que estaba obligado, lanzó la candidatura del doctor Antonio Arenas. El Perú se polarizó entre ambos candidatos: el opositor Pardo y el gobiernista Arenas. El gobierno hizo todo lo posible para lograr la victoria de Arenas. En abril de 1872 se reunieron los Colegios Electorales. Manuel Pardo resultó victorioso.

El 22 de julio de 1872, intentando impedir la asunción al mando de Pardo, el Ministro de Guerra y Marina, coronel Tomás Gutiérrez –con el apoyo de sus hermanos, los también coroneles Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez– depuso al Presidente Constitucional de la República, coronel José Balta Montero, y se proclamó Jefe Supremo Provisorio de la República. Tomás Gutiérrez envió una comunicación al Comandante General de Marina, capitán de navío Diego de la Haza, para que secundase el movimiento. Miguel Grau, indignado por la trasgresión de la Constitución, promovió una reunión de los comandantes de la escuadra. El día 23 de julio, los jefes y oficiales de la Marina, entre ellos Grau y Aurelio García y García, suscribieron una proclama contra el golpe de Estado y reafirmaron su decisión de luchar por el restablecimiento del orden constitucional. 11

El papel desempeñado por la Marina de Guerra fue muy importante para frustrar el golpe de Estado. 1872------ 1872

“A las dos y media de la tarde el Presidente de la República fue preso y encerrado en un cuartel. Se trató de hacer lo mismo con Pardo, pero éste tuvo aviso de lo ocurrido y tiempo para ocultarse. Tomás Gutiérrez, que sin moverse del Ministerio de la Guerra lo había dirigido todo, montó a caballo a las cuatro de la tarde, salió a la plaza y en presencia de sus tropas se proclamó Jefe Supremo del Perú. Su hermano Silvestre confirmó la proclamación, dando un viva al dictador y mandando presentar las armas. Concluido el acto, Tomás visitó los cuarteles, y su mismo hermano Silvestre ocupó la cárcel situada en la plaza de Bolívar, tuvo en ella un altercado con el vocal de la Corte Suprema José Eusebio Sánchez y por encima de él puso en libertad a varios presos políticos. En el cuartel de Santa Catalina el dictador separó de sus puestos al coronel Federico La Fuente, al comandante Vidal García y García y a los mayores Llosa y Carbajal. Como es de suponer, a las cuatro de la tarde la alarma en Lima era general. El comercio cerró sus puertas y los vecinos que no estaban en las calles habían se apostado en los balcones y ventanas”.

Las Cámaras Legislativas, que desde el 13 estaban reunidas en Juntas Preparatorias y hacían su labor de calificación en sesiones secretas, se reunieron en Congreso pleno y por unanimidad pusieron fuera de la ley a Gutiérrez y a sus cómplices. Presidió la sesión José Rufino Echenique y redactó la protesta José Simeón Tejeda. Antes de terminar el acto, ochenta policías invadieron el salón de sesiones y a culatazos arrojaron a la calle a los Representantes. El general Echenique fue el último en salir acompañado de su hijo Pío. Más tarde le pusieron guardias en su casa.

Al día siguiente, o sea el 23, la Independencia, el Huáscar, la Apurímac y el Chalaco se retiraron de la bahía del Callao y anclaron en el cabezo de la isla de San Lorenzo. Aurelio García y García y Miguel Grau, que comandaban respectivamente los dos primeros buques, iniciaron la protesta hecha por los jefes de Marina, y en acta especial desconocieron al titulado Jefe Supremo. En la tarde, Tomás Gutiérrez anunció en hojas volantes que, invitado por el Ejército, por la Marina y por el pueblo, aceptaba la jefatura de la República12”.

Ante los primeros indicios de que el Gobierno intentaba impedir la transferencia del Mando Supremo al elegido por la ciudadanía, los civilistas organizaron un comité que debía actuar en la capital de la República y el vecino puerto del Callao. Dicho Comité estuvo presidido por José Antonio García e integrado por José de la Riva Agüero, Miguel Grau, Aurelio García y García, y Ernesto Malinowsky.

 12 Dávalos y Lissón, Pedro, La primera centuria: causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente, tomo 4, pp. 304-305. Imprenta Gil, Lima, 1926.

El Congreso de la República rechazó la tentativa golpista. El pueblo condenó la actitud de los Gutiérrez. Silvestre Gutiérrez fue asesinado cuando se disponía a tomar el tren que lo conduciría al Callao. En venganza el Presidente Balta fue asesinado en su prisión. La población de Lima se sublevó. Marcelino Gutiérrez también fue asesinado. Tomás se refugió en el cuartel Santa Catalina. Vidal García y García, junto con algunos militares leales al régimen constitucional, levantaron barricadas frente al cuartel y por la fuerza lograron recuperar el control de este recinto poniéndolo a órdenes de las autoridades legítimas (26/7/1872). Tomás Gutiérrez fue apresado cuando intentaba escapar. Los restos de tres de los hermanos Gutiérrez terminaron colgados en una de las torres de la Catedral, luego de lo cual fueron incinerados (27/7/1872).

Fracasada la intentona golpista, el Congreso proclamó Presidente Constitucional de la República a Manuel Pardo y Lavalle; y Primer y Segundo Vicepresidentes a Manuel Costas y Francisco Garmendia, respectivamente. Pardo fue el primer civil elegido Presidente Constitucional de la República. Anteriormente ya habíamos tenido gobernantes civiles –entre ellos Manuel Menéndez, Justo Figuerola y Domingo Elías–, pero solo en calidad de encargados o interinos, sin mediar elección popular. El primer civil en postular a la presidencia fue Domingo Elías, pero fue vencido por el general José Rufino Echenique (1850). Manuel Pardo asumió el cargo el 2 de agosto de 1872.

En las elecciones de 1872 el doctor José Simeón Tejeda nuevamente había resultado electo Diputado por la provincia de Condesuyos. El mismo año sus colegas lo eligieron Presidente de la Cámara de Diputados. Tejeda le colocó la Banda Presidencial a Manuel Pardo y Lavalle, el primer civil elegido Presidente Constitucional de la República, al asumir este el Mando Supremo del país.

En el sepelio del Dr. José Simeón Tejeda.

El doctor José Simeón Tejeda fue Decano del Colegio de Abogados de Lima (1864) y representante de nuestro país en la Comisión Mixta Peruano-norteamericana. En 1873 el doctor José Simeón Tejeda fue elegido alcalde de Lima. Por entonces era uno de los principales líderes del Partido Civil y se le voceaba como candidato del gobierno para las elecciones presidenciales de 1876. Sin embargo, el 30 de agosto de1873, siendo aún Presidente de su Cámara, falleció en la ciudad de Lima, cuando tan solo contaba con 47 años de edad (13).

13. Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la Inquisición.

Reproducido el 20 de noviembre del 2023.

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