¿HA MUERTO EL KEYNESIANISMO?

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“Para Haldane, la consolidación fiscal (es decir, la austeridad) ayudará a impulsar el crecimiento. Para los keynesianos, el “estímulo fiscal” (el gasto público) impulsará el crecimiento. En mi opinión, ambos se equivocan. Lo que impulsa el crecimiento es la inversión en los sectores productivos (que crean valor) de la economía, y lo que impulsa la inversión productiva es el aumento de la rentabilidad del sector capitalista, que aporta entre el 15 % y el 18 % del PIB en inversión, frente a la inversión pública, que representa menos del 3 % del PIB. Mientras se mantenga esa proporción, serán las voces de los capitalistas las que prevalezcan. Y dirán que una deuda pública elevada provoca recesiones, por lo que la única forma de recuperar el crecimiento es reducir la deuda mediante la austeridad. Y, sin embargo, está claro que son precisamente la deuda excesiva y las posteriores crisis del sector capitalista las que llevan a una deuda pública elevada.

“Hay varias formas de reducir la carga de la ratio de deuda: una mayor inflación, que reduce el valor real de la deuda y aumenta el PIB nominal. Esta solución traslada las pérdidas a los tenedores de la deuda, por eso el sector financiero se opone con tanta vehemencia a la inflación. Pero también traslada la carga a la mayoría de los trabajadores a través del aumento del coste de la vida. La otra forma de reducir la ratio de deuda es aumentar el crecimiento del PIB real mediante una mayor inversión. Pero eso no va a pasar mientras la inversión dependa de las expectativas de rentabilidad (“espíritus animales”) del sector capitalista. Y ningún gobierno actual está dispuesto a nacionalizar los sectores estratégicos de la economía capitalista (bancos y grandes empresas) para permitir una expansión de la inversión del sector público. Así que la “consolidación fiscal expansionista” (Haldane) o lo que antes se llamaba austeridad fiscal seguirá siendo la política de los gobiernos procapitalistas. 

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Fuentes: Sin permiso [Foto: Keynes junto al filósofo Bertrand Russell (izquierda) y el escritor Lytton Strachey (derecha) en 1915]

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¿HA MUERTO EL KEYNESIANISMO?

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Por Michael Roberts /25/09/2026/ Economía.

Fuentes. Revista Rebelión viernes 25 de septiembre del 2026.

¿Ha muerto el keynesianismo?, se pregunta Andy Haldane, execonomista jefe del Banco de Inglaterra, en un artículo publicado en el Financial Times. La respuesta de Haldane es: “El keynesianismo, si no está muerto, podría estar en desuso”.

¿Qué quiere decir con eso y por qué plantea esta pregunta? En resumen, Haldane considera que la teoría keynesiana (es decir, que las crisis económicas o el estancamiento se pueden superar aumentando el gasto público, lo que “podría reavivar el espíritu animal del sector privado y, con él, el crecimiento”) ya no funciona. La razón es que “cuando la deuda es la enfermedad, la medicina fiscal puede ser tan perjudicial como curativa”, ya que hace subir los rendimientos de los bonos y, por lo tanto, aumenta el coste de financiación para el sector privado.

Entonces, ¿Cuál es la solución? Haldane dice que, en lugar de gastar más, los gobiernos tienen que ahorrar más, es decir, recortando el gasto y/o subiendo los impuestos para que el sector privado pueda expandirse. En esencia, Haldane está planteando un nuevo (o viejo) argumento a favor de la austeridad: recortar los servicios públicos, excepto en defensa (suponiendo que consideres la defensa como un servicio público), y subir los impuestos para que la mayoría de nosotros paguemos la deuda creciente.

Hay tantas cosas que fallan en esta llamada “consolidación expansionista”, como la llama Haldane (la idea de que recortar la deuda pública puede, de hecho, fomentar el gasto privado y la confianza), que cuesta saber por dónde empezar.

En primer lugar, ¿por qué son tan altos los niveles de deuda pública en las principales economías capitalistas? ¿Se debe al gasto desmesurado de los gobiernos en servicios públicos, prestaciones sociales, infraestructuras y pensiones? Esto es, sencillamente, falso.

En la OCDE, el gasto público social representaba menos del 10 % del PIB en 1960, pero desde entonces se ha más que duplicado hasta situarse, de media, en algo más del 20 % en toda la OCDE. Pero dos tercios de este gasto se destinan a pensiones y servicios sanitarios, ya que la población de las principales economías está envejeciendo. El resto del gasto social es una mezcla de ayudas a los ingresos para la población en edad de trabajar y servicios sociales distintos de la sanidad. No supera, de media, el 6,5 % del PIB. Las ayudas a los ingresos, que representan el 1,6 % del PIB, corresponden a prestaciones en efectivo por enfermedad y discapacidad; el 1,1 %, a prestaciones familiares en efectivo; y el 0,6%, a prestaciones por desempleo. Este gasto es minúsculo comparado con las ayudas públicas a la industria (1,5 %, ahora en su nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2008) y a la defensa (que ahora ronda de media el 2,0-2,5 % y se prevé que suba al 3,0-5,0 % del PIB para finales de esta década).

Basta con fijarse en el Reino Unido. El grupo de expertos Resolution Foundation calcula que el gasto total en seguridad o asistencia sociales en Gran Bretaña en 2025-26 será del 10,8 % del PIB. Esto supone un 0,8 % del PIB más que en vísperas de la crisis financiera mundial de 2007-08. Pero en comparación con 2012-13 (el punto álgido de la recesión posterior a la crisis financiera global), el gasto total en asistencia social ha disminuido un 1,2 % del PIB. Además, se prevé que el gasto en asistencia social solo aumente un 0,1 % del PIB hasta 2029-30.

Así que cuando Haldane habla de la necesidad de poner fin al “estímulo fiscal” al estilo keynesiano debido a la deuda pública excesiva, esto no se puede achacar al gasto en bienestar social.

Además, Haldane no explica por qué los niveles de deuda pública han aumentado tanto en las principales economías. Pero si se observa la serie temporal de la deuda pública en relación con el PIB, se ve claramente que los aumentos más bruscos y discontinuos se produjeron coincidiendo con las crisis financieras y las recesiones de la economía capitalista. Fueron estas las que obligaron a los gobiernos a rescatar a los bancos y otras instituciones financieras en 2008-2009 y a financiar a los empresarios y las empresas durante la caída provocada por la pandemia de la COVID. Tanto antes, como entre estos dos acontecimientos, los niveles de deuda pública apenas subieron.

En cuanto a los déficits presupuestarios anuales, de nuevo los mayores déficits se registraron durante el periodo de las dos crisis económicas, ya que los gobiernos destinaron más fondos al desempleo y otras prestaciones, al tiempo que recibían menos ingresos fiscales.

En los periodos de crecimiento relativamente más rápido (1991-2007), los déficits presupuestarios anuales se situaron de media en el 3 % del PIB, al igual que entre 2014 y 2019. Los déficits anuales han sido más elevados desde el final de la recesión provocada por la pandemia, lo cual se debe al aumento de los costes por intereses a medida que se acumulaba la deuda y subían los tipos de interés, junto con un crecimiento económico muy débil en la mayoría de las principales economías. A lo largo de los periodos de austeridad, mientras que la mayoría de la gente se enfrentaba a impuestos más altos, otros se beneficiaron de recortes en el impuesto sobre la renta (sobre todo los grupos con rentas más altas) y en el impuesto de sociedades. Eso significó que los ingresos fiscales del gobierno, como porcentaje del PIB, se mantuvieron estables en torno al 36 % del PIB, lo que garantizó un aumento de los déficits presupuestarios anuales.

Haldane sostiene que las políticas keynesianas de gestión macroeconómica (es decir, el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos para impulsar el crecimiento económico) han “quedado obsoletas” en el mundo actual de elevada deuda pública, ya que las medidas keynesianas harán que aumente la deuda, no el crecimiento. Haldane considera que esto significa que el famoso “multiplicador” keynesiano ya no funciona. El multiplicador keynesiano sostiene que el aumento del gasto público impulsa el consumo y la inversión, lo que a su vez conduce a un mayor crecimiento del PIB real. Ese crecimiento del PIB real superará el gasto adicional y la deuda pública, por lo que se autofinanciará.

Lo que yo planteo aquí es que el problema del multiplicador no es que no funcione en un contexto de elevada deuda pública, sino que no funciona en una economía capitalista si la rentabilidad del capital no aumenta gracias al gasto público.  Como Guglielmo Carchedi y yo ya explicamos allá por 2013, la diferencia entre el multiplicador keynesiano (la relación entre la variación del gasto público y el crecimiento) y el multiplicador marxista (es decir, la relación entre la variación de los beneficios y el crecimiento) es que

“en el multiplicador keynesiano, … la rentabilidad juega un papel secundario y los efectos (del gasto público) sobre la economía son siempre aparentemente positivos. En el multiplicador marxista, la rentabilidad es fundamental… La cuestión es sin rondas de inversiones sucesivas generan una tasa de ganancia superior, inferior o igual a la tasa media de ganancia original”.

Como explicamos en nuestro artículo, lo que importa en una economía capitalista no es la evolución de la “demanda agregada”, sino la evolución de la rentabilidad del capital. El multiplicador keynesiano es un motor de crecimiento débil en comparación con el multiplicador marxista de la rentabilidad (véase World in Crisis, p. 26, gráfico 1.10).

Tras el fin de la Gran Recesión, hay pocas pruebas de que los países que registraron déficits presupuestarios más elevados y, por lo tanto, aumentaron la deuda del sector público, se recuperaran más rápido y aumentaran más el PIB que los que no lo hicieron. Varios estudios muestran que el llamado multiplicador keynesiano (la relación entre el crecimiento real del PIB y el aumento del gasto público o del déficit presupuestario) está poco correlacionado con la recuperación económica tras 2009. La Comisión Europea constató que el multiplicador keynesiano se situó muy por debajo de 1 en el periodo posterior a la Gran Recesión. El coste medio en términos de producción de un ajuste fiscal equivalente al 1 % del PIB no superó el 0,5 % del PIB para la UE en su conjunto.

El argumento de Haldane contra el multiplicador keynesiano es diferente. Afirma que el aumento del gasto público, incluso si se destina a inversión pública en lugar de a “bienestar” o servicios públicos, en realidad frenará el crecimiento.

“En un estudio de 44 países, Ilzetzki, Mendoza y Végh encuentran pruebas de que el estímulo fiscal frena el crecimiento (un multiplicador fiscal negativo) cuando la deuda pública de los países supera el 60 % del PIB. Dado que todos los países del G7 tienen ratios de deuda por encima de este umbral, ¿podríamos estar entrando ahora en la zona gris de las políticas keynesianas?”

Aquí Haldane recurre a la desacreditada teoría de Rogoff y Reinhart, quienes argumentaban en su malogrado libro, Esta vez es diferente, que las economías con altos ratios de deuda pública (ellos proponían un umbral del 90 % del PIB) tendrían un crecimiento menor y, finalmente, sufrirían una crisis financiera. El estudio empírico en el que se basaba esta afirmación quedó posteriormente en evidencia por estar plagado de errores de codificación y estadísticos. Es cierto que otros estudios, como el que cita Haldane, muestran una correlación entre una elevada deuda pública y un menor crecimiento. Pero ¿implica eso que es la elevada deuda pública la que frena el crecimiento o es al revés: que la ralentización del crecimiento o las recesiones propiamente dichas provocan un aumento de la deuda pública? Es claramente lo segundo, como demuestran los datos anteriores.

Y si buscamos en el aumento de la deuda la causa del menor crecimiento y de las crisis financieras, la deuda del sector privado (en particular, la deuda corporativa excesiva y la deuda financiera, es decir, lo que Marx llamaba capital ficticio) es una culpable mucho más probable que la deuda pública. El aumento de la deuda privada empezó a superar a la deuda pública en relación con el PIB en el llamado periodo neoliberal y se mantuvo mayor que la deuda pública hasta la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Y como señaló recientemente la OCDE:

“Desde 2008, la emisión de bonos corporativos ha crecido significativamente por encima de la tendencia, mientras que la inversión empresarial no lo ha hecho. La emisión acumulada de bonos por parte de empresas no financieras entre 2009 y 2023 fue 12,9 billones de dólares superior a la tendencia anterior a 2008, mientras que la inversión empresarial fue 8,4 billones de dólares inferior. En lugar de destinarse a la inversión productiva, gran parte de la deuda de los últimos años se ha utilizado para financiar operaciones financieras como refinanciaciones y repartos de dividendos a los accionistas. Esto sugiere que es poco probable que la deuda existente se amortice por sí sola a través de los rendimientos de la inversión productiva”.

Para Haldane, la consolidación fiscal (es decir, la austeridad) ayudará a impulsar el crecimiento. Para los keynesianos, el “estímulo fiscal” (el gasto público) impulsará el crecimiento. En mi opinión, ambos se equivocan. Lo que impulsa el crecimiento es la inversión en los sectores productivos (que crean valor) de la economía, y lo que impulsa la inversión productiva es el aumento de la rentabilidad del sector capitalista, que aporta entre el 15 % y el 18 % del PIB en inversión, frente a la inversión pública, que representa menos del 3 % del PIB. Mientras se mantenga esa proporción, serán las voces de los capitalistas las que prevalezcan. Y dirán que una deuda pública elevada provoca recesiones, por lo que la única forma de recuperar el crecimiento es reducir la deuda mediante la austeridad. Y, sin embargo, está claro que son precisamente la deuda excesiva y las posteriores crisis del sector capitalista las que llevan a una deuda pública elevada.

Hay varias formas de reducir la carga de la ratio de deuda: una mayor inflación, que reduce el valor real de la deuda y aumenta el PIB nominal. Esta solución traslada las pérdidas a los tenedores de la deuda, por eso el sector financiero se opone con tanta vehemencia a la inflación. Pero también traslada la carga a la mayoría de los trabajadores a través del aumento del coste de la vida. 

La otra forma de reducir la ratio de deuda es aumentar el crecimiento del PIB real mediante una mayor inversión. Pero eso no va a pasar mientras la inversión dependa de las expectativas de rentabilidad (“espíritus animales”) del sector capitalista. Y ningún gobierno actual está dispuesto a nacionalizar los sectores estratégicos de la economía capitalista (bancos y grandes empresas) para permitir una expansión de la inversión del sector público. Así que la “consolidación fiscal expansionista” (Haldane) o lo que antes se llamaba austeridad fiscal seguirá siendo la política de los gobiernos procapitalistas. 

Michael Roberts es un economista marxista británico afincado en la City de Londres, que habitualmente publica en su blog

Texto original: TeNetxRecession

Traducción: viento sur

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DEMOCRACIA CERO: EL SOBORNO DE TRUMP A LOS VOTANTES.

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“Entre una y otra sentencia, subraya La Jornada, la Suprema Corte permitió también donaciones ilimitadas por parte de individuos y el uso de recursos donados para que los candidatos se paguen a sí mismos todos los trámites propios que hayan destinado a la campaña. O sea, un aspirante puede comprarse el cargo con su dinero y luego recaudar fondos de los interesados al ser “amigos” de un senador, gobernador o presidente. Además, cualquier organización con registro sin fines de lucro puede gastar sin ningún tope en las elecciones y reservar la identidad de sus donantes. Es decir, en Estados Unidos los grupos criminales a los que Washington dice combatir tienen las puertas abiertas para financiar legalmente a un político y nadie puede preguntar de dónde salió el dinero.

“En esas campañas electorales fluyen además abundantes capitales como los del lobby judío; empresarios millonarios y de cualquier organización adinerada que les sea necesario para sus intereses y negocios pueden apoyar a un candidato determinado sin importar que haya sido corrupto, narcotraficante, pedófilo o malversador. Y al que le sirva el saco que se lo ponga. Todo eso sería considerado como una flagrante corrupción para cualquier país del orbe, pero para Estados Unidos no. Así son las llamadas «elecciones democráticas capitalistas»: todo para los poderosos, poco para los pobres. Otra trumpada de las que acostumbra a realizar el magnate estadounidense.

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Fuentes: Rebelión.

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DEMOCRACIA CERO:

EL SOBORNO DE TRUMP A LOS VOTANTES.

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Por Hedelberto López Blanch | 24/09/2026 | Opinión.

Fuentes Revista Rebelión, jueves 24 de septiembre del 2026.

Lo que propuso el convicto presidente estadounidense Donald Trump acaba de romper todos los esquemas electorales de la llamada «democracia capitalista» al proponer públicamente que, si el Partido Republicano logra retener la Cámara de Representantes y el Senado en los comicios legislativos de noviembre, entregará a cada votante 5.000 dólares.

Semejante soborno echa por tierra toda la propaganda referente a que el modelo de las elecciones en los países occidentales es «democráticas».

Por un momento piensen la enorme campaña que desatarían los medios hegemónicos de comunicación si un candidato progresista y nacionalista de Brasil, México, Nicaragua o Cuba, por citar algunos ejemplos, expresaran que entregarían miles de pesos a los votantes que los apoyaran.

Sin mediar espacio, los grandes titulares de prensa arremeterían contra éstos con epítetos de dictadura, autocracia, violación de la democracia y muchos otros. Pero en el caso que nos asiste, los medios propagandísticos de occidente han ignorado la grave propuesta realizada por Trump y en contraste se han dedicado a tratar de edulcorar ese claro soborno con disquisiciones sobre si es válido o no el ofrecimiento.

El magnate presentó el denominado «Dividendo Trump» durante la convención republicana celebrada el jueves 11 de septiembre en Dallas, Texas. Con su habitual prepotencia, sostuvo que no cree necesitar la aprobación del Congreso para poner en marcha el programa y afirmó que los legisladores lo respaldarían en caso de que finalmente fuera necesaria una autorización.

La insólita propuesta tendría un costo aproximado de 1,2 billones de dólares, tomando como referencia los cerca de 245 millones de ciudadanos adultos del país. Economistas y expertos fiscales han cuestionado la idea, en momentos en que el Gobierno federal registra déficits anuales cercanos a los dos billones de dólares.

La deuda pública estadounidense supero los 40 billones de dólares, equivalentes aproximadamente a 123-125 % del PIB del país. Entre octubre de 2025 y julio de 2026, Washington gastó 963.000 millones de dólares solamente en intereses de la deuda, una cifra superior incluso al gasto de las Fuerzas Armadas durante ese período.

En un reciente editorial, el diario mexicano La Jornada significó:

«Lo preocupante es que, cumpla o no con su promesa, el hecho de ofrecer un pago directo a cambio del triunfo electoral de su partido supone la demolición de los restos de democracia que pudieran quedar en esa nación. La muestra más clara del deterioro de la institucionalidad estadounidense es que, en cualquier otro momento y en cualquier otro país, una declaración semejante sería un escándalo mayúsculo que derivaría en sanciones y posiblemente pondría fin a la carrera política del implicado, pero en el Washington de Trump es sólo un día más».

En ese sentido, el editorial explica que el desmantelamiento de la democracia estadounidense y la destrucción de los controles sobre el financiamiento electoral comenzaron hace medio siglo y se han incrementado con la llegada de Trump a la Casa Blanca.

En 1976 la Suprema Corte determinó que limitar el gasto en campañas viola la libertad de expresión y desde entonces no hay límite alguno al gasto independiente ni al dinero que un candidato puede dilapidar de su propio bolsillo. En junio de este año eliminó los límites sobre la cantidad que los partidos políticos pueden gastar en publicidad y otros conceptos en coordinación con los candidatos.

Entre una y otra sentencia, subraya La Jornada, la Suprema Corte permitió también donaciones ilimitadas por parte de individuos y el uso de recursos donados para que los candidatos se paguen a sí mismos todos los trámites propios que hayan destinado a la campaña. O sea, un aspirante puede comprarse el cargo con su dinero y luego recaudar fondos de los interesados al ser “amigos” de un senador, gobernador o presidente.

Además, cualquier organización con registro sin fines de lucro puede gastar sin ningún tope en las elecciones y reservar la identidad de sus donantes. Es decir, en Estados Unidos los grupos criminales a los que Washington dice combatir tienen las puertas abiertas para financiar legalmente a un político y nadie puede preguntar de dónde salió el dinero.

En esas campañas electorales fluyen además abundantes capitales como los del lobby judío; empresarios millonarios y de cualquier organización adinerada que les sea necesario para sus intereses y negocios pueden apoyar a un candidato determinado sin importar que haya sido corrupto, narcotraficante, pedófilo o malversador. Y al que le sirva el saco que se lo ponga.

Todo eso sería considerado como una flagrante corrupción para cualquier país del orbe, pero para Estados Unidos no.

Así son las llamadas «elecciones democráticas capitalistas»: todo para los poderosos, poco para los pobres. Otra trumpada de las que acostumbra a realizar el magnate estadounidense.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

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A 475 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO.

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“La experiencia acumulada condujo a revisar las formas de representación. La modificación a la integración del Consejo Universitario aprobada en 2011 permitió la incorporación de voces adicionales y reflejó la heterogeneidad de los integrantes de nuestra universidad. Por ello destaca que el Consejo Universitario ocupa un lugar fundamental en la vida de la máxima casa de estudios; en él confluyen disciplinas, experiencias y perspectivas diversas. El alcance de sus deliberaciones se aprecia mejor cuando pensamos en las personas a quienes sirve la universidad. En el último ciclo escolar, la UNAM atendió a más de 371 mil estudiantes. El cometido del Consejo comprende desde las condiciones para ingresar, aprender, permanecer y concluir los estudios con una preparación sólida y pertinente, hasta ofrecer alternativas de educación continua que permitan seguir formándose a lo largo de la vida.

“Las revoluciones tecnológicas y científicas, impulsadas por la inteligencia artificial, las redes y las plataformas digitales, reconfiguran rápidamente la creación y difusión del conocimiento. Ante este reto, la prioridad de la UNAM es formar estudiantes con pensamiento crítico, criterio para verificar información, capacidad de análisis, argumentación y de ejercicio responsable de su juicio. De igual forma, la confianza pública exige revisar nuestras decisiones y corregir aquello que sea necesario. Cuando un procedimiento presenta fallas, corresponde admitirlas, esclarecer sus causas, adoptar medidas pertinentes y precisar la intervención de cada parte. Por estas razones, nuestra facultad de autodeterminación exige transparencia, rigor, prudencia, integridad y rendición de cuentas.

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Imagen de la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM a 475 años de su creación. Foto Roberto García Ortiz.

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A 475 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO.

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Por Dr. Leonardo Lomeli Vanegas.

Rector de la UNAM.

Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente,

Este 21 de septiembre conmemoramos casi 500 años de la fundación de la Real Universidad de México. La real cédula expedida en 1551 por Carlos V simboliza el inicio de un recorrido caracterizado por inestabilidad política, el surgimiento de debates intelectuales novedosos y profundas reorganizaciones de la enseñanza. La Real y Pontificia Universidad de México, surgida en el siglo XVI, perteneció a un mundo muy distinto del nuestro y no puede establecerse entre aquella institución y la actual una línea de continuidad simple.

Sin embargo, ahí se encuentran algunos de nuestros orígenes más antiguos: la construcción e intercambio de saberes, la formación de generaciones y una tradición colegiada que, bajo distintas expresiones, ha acompañado la historia de la educación superior en México.

Las transformaciones del siglo XIX modificaron aquel horizonte. Las sucesivas clausuras de la antigua universidad, la implementación y consolidación de la educación laica y científica influida por el positivismo y la creación de la Universidad Nacional en 1910 representaron giros determinantes.

Comprender el peso de nuestra historia requiere         tanto los elementos que perduran como los puntos de ruptura. La institución actual es el fruto de estos procesos y de mujeres y hombres tenaces que imaginaron nuevos cursos de desarrollo para la educación superior pública, la ciencia y la cultura.

La legitimación de la acotada autonomía universitaria en 1929 abrió una nueva etapa, en tanto que la ley orgánica de 1933 le otorgó la autonomía plena, pero también la descobijó presupuestalmente, apostando a que la universidad renunciaría a su autonomía en aras de recuperar la protección gubernamental.

El gobierno universitario se restructuró con la ley orgánica de 1945, la cual redefinió las atribuciones del Consejo Universitario y distribuyó competencias entre éste, la Junta de Gobierno y el Patronato, dos creaciones virtuosas del nuevo ordenamiento legal. Con ese marco, nuestra casa de estudios pudo acompañar un crecimiento académico y territorial más amplio y complejo.

En 1968, el Consejo Universitario exigió respeto a la autonomía, en un contexto marcado por la represión y la defensa de nuestra institución, que encabezó el entonces rector Javier Barros Sierra. Aquel año dejó una huella profunda y dolorosa en la comunidad universitaria, pero contribuyó al desarrollo de la conciencia cívica y reafirmó la importancia de las libertades universitarias para la vida democrática del país.

En 1980, la incorporación de la autonomía universitaria al artículo 3 constitucional ratificó al más alto nivel normativo el derecho de las universidades a gobernarse a sí mismas.

Los debates de los años 80 y el Congreso Universitario de 1990 mostraron nuevamente la disposición de nuestra comunidad para discutir sus diferencias y pensar colectivamente su porvenir. La huelga de 1999-2000 abrió un periodo complejo y volvió a colocar en el centro asuntos como la gratuidad, la participación y los mecanismos para construir acuerdos.

La experiencia acumulada condujo a revisar las formas de representación. La modificación a la integración del Consejo Universitario aprobada en 2011 permitió la incorporación de voces adicionales y reflejó la heterogeneidad de los integrantes de nuestra universidad.

Por ello destaca que el Consejo Universitario ocupa un lugar fundamental en la vida de la máxima casa de estudios; en él confluyen disciplinas, experiencias y perspectivas diversas.

El alcance de sus deliberaciones se aprecia mejor cuando pensamos en las personas a quienes sirve la universidad. En el último ciclo escolar, la UNAM atendió a más de 371 mil estudiantes.

El cometido del Consejo comprende desde las condiciones para ingresar, aprender, permanecer y concluir los estudios con una preparación sólida y pertinente, hasta ofrecer alternativas de educación continua que permitan seguir formándose a lo largo de la vida.

Las revoluciones tecnológicas y científicas, impulsadas por la inteligencia artificial, las redes y las plataformas digitales, reconfiguran rápidamente la creación y difusión del conocimiento. Ante este reto, la prioridad de la UNAM es formar estudiantes con pensamiento crítico, criterio para verificar información, capacidad de análisis, argumentación y de ejercicio responsable de su juicio.

De igual forma, la confianza pública exige revisar nuestras decisiones y corregir aquello que sea necesario. Cuando un procedimiento presenta fallas, corresponde admitirlas, esclarecer sus causas, adoptar medidas pertinentes y precisar la intervención de cada parte. Por estas razones, nuestra facultad de autodeterminación exige transparencia, rigor, prudencia, integridad y rendición de cuentas.

A la comunidad universitaria en su conjunto corresponde cuidar las libertades recibidas y ampliar las oportunidades de quienes nos sucederán. Debemos demostrar, mediante nuestro empeño cotidiano, que la autonomía, la educación superior pública y el gobierno colegiado son pilares insustituibles para expandir las fronteras del conocimiento y servir de mejor manera a la sociedad a la que nos debemos.

Al volver la mirada sobre estos 475 años, encontramos avances y momentos difíciles, acuerdos y controversias. De todos ellos se ha aprendido. Honremos esta tradición universitaria con el trabajo que México espera de su Universidad.

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GIBRALTAR, LA PRÓXIMA GUERRA DE LOS ESTRECHOS.

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“La OTAN ha incorporado la seguridad energética como parte de la defensa colectiva desde su Concepto Estratégico de Madrid (2022), con énfasis en proteger infraestructuras críticas (desgasificadoras, gasoductos, cables submarinos). En abril de 2026, aliados de la OTAN y la industria se reunieron en Bruselas para discutir implicaciones de los desarrollos en Oriente Medio sobre la seguridad de infraestructuras críticas submarinas y energía. Las respuestas de la OTAN se articulan en tres pistas: operaciones marítimas en el Báltico y el Mediterráneo para vigilar infraestructuras y disuadir sabotajes; sanciones y presión económica contra la flota fantasma rusa y redes de evasión; y diversificación de suministros: contratos con Catar, Argelia, Noruega y EE. UU., y desarrollo de terminales de GNL flotantes en el Mediterráneo y el Mar del Norte.

“Paradójicamente, la OTAN también ejercita con Argelia: fragatas griegas e italianas hicieron escala en Orán (septiembre 2026) y realizaron ejercicios PASSEX con la marina argelina, visitando la base de Mers El-Kébir. Esto muestra un enfoque dual: Argelia es a la vez socio energético clave y espacio de influencia rusa, por lo que la OTAN busca mantener canales de comunicación y disuasión al mismo tiempo. Pero la tensión es evidente. Mientras el eje Washington-Tel Aviv-Rabat busca asegurar el flanco sur del Estrecho de Gibraltar con capacidades A2/AD marroquíes, Argelia responde reforzando su rol como centro gasístico y manteniendo la puerta abierta a Rusia en el Mediterráneo occidental.

“Sí, Gibraltar será el próximo escenario de crisis. Se encuentra en esta rivalidad su fundamento más sólido. El Estrecho ya no es solo un paso marítimo, es el nudo gordiano donde se anudan la rivalidad Marruecos-Argelia, la expansión de la influencia israelí, la seguridad energética europea, la contención de Rusia, China e Irán, y la competencia sinoestadounidense por el comercio global. La próxima crisis en la «cerrajería marítima» mundial tiene todos los números para escribirse en sus orillas. Y cuando eso ocurra, Europa se dará cuenta de que ha estado demasiado ocupada mirando hacia el este como para notar que el sur se le escapaba de las manos.

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Fuentes: El tábano economista.

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GIBRALTAR, LA PRÓXIMA GUERRA DE LOS ESTRECHOS.

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Por Alejandro Marcó del Pont | 21/09/2026 | Economía

Fuente. Revista Rebelión, martes 22 de septiembre del 2026.

Estrecho de Gibraltar el escenario de múltiples rivalidades geopolíticas (El Tábano Economista)

La pregunta ya no es retórica. En un mundo donde los mares abiertos dejan de ser espacios neutrales para convertirse en campos de batalla silenciosos, los estrechos marítimos son las nuevas trincheras de la geopolítica. Y en el extremo occidental del Mediterráneo, donde el Atlántico se cuela entre dos continentes, se está jugando una partida que define el futuro energético y comercial de Europa. Mientras el planeta miraba hipnotizado hacia el, Mar Rojo las fichas se movían en el Estrecho de Gibraltar, ese paso de apenas 14 kilómetros que separa Europa de África y que hoy se ha convertido en el eslabón lógico de una cadena de puntos de estrangulamiento que el comercio global no puede permitirse perder.

Los mapas dicen siempre la verdad. Y los mapas muestran que el grueso del comercio mundial no circula por el océano abierto, aunque lo atraviese. Circula por ocho o nueve puertas: Ormuz, Malaca, Suez, Bab el-Mandeb, el Bósforo, Panamá, los estrechos daneses y Gibraltar. Así como Ormuz y Bab el-Mandeb se convirtieron en armas geopolíticas en manos de actores estatales y no estatales, el Estrecho de Gibraltar está dejando de ser un «paso seguro» para transformarse en un tablero de ajedrez donde se decide el futuro energético de Europa y el dominio de su flanco sur. La era de los mares abiertos podría estar llegando a su fin, y cada potencia debe prepararse para la próxima lucha por el poder marítimo y la seguridad de sus rutas.

El centro de gravedad marítimo se ha desplazado hacia el oeste. La inversión de Marruecos de 7.000 millones de dólares en el puerto de Tánger Med ya ha superado a la de Algeciras en España. Al mismo tiempo, el Estrecho de Gibraltar se ha convertido en un elemento esencial para la seguridad energética europea. España opera seis terminales de regasificación, el 40% de la capacidad de la UE. Tres gasoductos cruzan el lecho marino: el GME (Argelia-Marruecos-España, suspendido en 2021), el Medgaz (Argelia-España) y el Transmed (Argelia-Italia). Cualquier interrupción tendría consecuencias inmediatas para los precios de la energía en Europa. Y en un contexto de Ormuz y Bab el-Mandeb bloqueados o severamente amenazados, Gibraltar se perfila como la única puerta mediterránea fiable para el comercio y la energía intercontinentales, con cerca de 100.000 tránsitos anuales y alrededor del 20% del comercio marítimo mundial pasando por allí.

Pero Gibraltar no es solo un paso marítimo. Es el nudo gordiano donde se anudan la rivalidad Marruecos-Argelia, la expansión de la influencia israelí en África, la seguridad energética europea, la contención de Rusia, China e Irán, y la competencia sinoestadounidense por el comercio global. La reconfiguración del flanco sur de Europa no es una hipótesis, es un proceso en marcha que se articula en dos proyectos estratégicos contrapuestos. Por un lado, el eje Washington-Tel Aviv-Rabat busca consolidar el control del Estrecho de Gibraltar como eslabón de una arquitectura de seguridad occidental. Por otro, Argelia despliega una estrategia de resistencia que combina alianzas con Rusia, China e Irán con un uso sofisticado de su posición como proveedor energético clave de Europa. Lo que se disputa no es solo el control de un paso marítimo, sino la arquitectura de seguridad y energía del Mediterráneo occidental.

La alianza entre Marruecos, Tel Aviv y Washington es, en 2026, un eje trilateral que redibuja el equilibrio de poder en el Magreb y coloca a Gibraltar en el centro de una estrategia occidental de control del Mediterráneo y de contención de rivales. No es solo un acuerdo diplomático: es una arquitectura de seguridad, tecnología militar, inteligencia y energía que busca asegurar el Estrecho de Gibraltar como «puerta única» segura del Mediterráneo y, al mismo tiempo, dar a EE. UU. e Israel un socio regional con capacidad de presión sobre Europa.

Esta alianza no busca simplemente «influir» en Gibraltar, busca controlarlo. Según el análisis del especialista español Enrique Arias Gil, «lo que buscaban Israel y EE. UU., utilizando a Marruecos como proxy contra España, es el control total del Estrecho de Gibraltar». La lógica es la siguiente: dado que Gibraltar pertenece al Reino Unido y Ceuta pertenece a España, si Marruecos obtuviera el control de Ceuta, Washington y Tel Aviv tendrían control completo sobre ambas orillas del Estrecho.

El punto de inflexión son los Acuerdos de Abraham (2020), que normalizan relaciones entre Marruecos e Israel a cambio del reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Ese reconocimiento se mantiene bajo Biden y se refuerza en la práctica. Israel también reconoce formalmente la integridad territorial marroquí (2023) y, en 2026, ambos países anuncian nuevos acuerdos de protección de inversiones y cooperación económica. Para EE. UU., Marruecos es un «pivote de estabilidad» en África: aliado predecible, útil para contener yihadismo, frenar influencia china y rusa en el Sahel y asegurar el flanco occidental del Mediterráneo. Para Israel, Rabat es profundidad estratégica en el mundo árabe y un mercado clave para su industria de defensa (drones, defensa aérea, satélites, guerra electrónica).

¿Qué implica esta alianza para Gibraltar? Marruecos ha montado en el norte una red de capacidades Anti-Acceso y Denegación de Área (A2/AD) que cubre el espacio aeronaval del Estrecho, Ceuta, Melilla y el Mar de Alborán. Esa arquitectura incluye defensa aérea de largo y medio alcance, fuegos de precisión de largo alcance, y drones MALE y satélites de vigilancia para vigilancia 24/7 del Estrecho.

El objetivo no es invadir territorio español, sino encarecer y condicionar cualquier acción militar en el Estrecho, creando una «burbuja de exclusión» que disuada o limite la libertad de acción de España y la OTAN en la zona. Desde la perspectiva de Washington, esto es «inversión estratégica en la estabilidad del Estrecho»: un aliado directo (Marruecos) con capacidades avanzadas para vigilar y, si fuera necesario, negar el uso del Estrecho a actores hostiles. Desde el punto de vista israelí, es profundidad estratégica y venta de armas. El eje redefine el flanco sur de la OTAN y la UE: ya no es España el interlocutor privilegiado en el Magreb, sino Marruecos, con respaldo directo de EE. UU. e Israel.

La alianza también tiene una dimensión energética. El Gasoducto Atlántico Nigeria-Marruecos (AAGP) es impulsado por Marruecos como un corredor de 6.900 km que transportaría gas desde África Occidental a través de 13 países costeros hasta Marruecos, y de allí a Europa a través de las conexiones marítimas con España. De su capacidad total de 30.000 millones de metros cúbicos anuales, 15.000 millones se dirigirían a la industria marroquí y a las redes energéticas europeas. A esto se suman proyectos de cables eléctricos Marruecos-Portugal y Marruecos-Europa (Sila Atlantik a Alemania, Qantara Med a Francia).

En este esquema, Marruecos se posiciona como respaldo energético para Europa, reduciendo la dependencia de Argelia y Rusia, pero aumentando su propia relevancia estratégica frente a la UE. Gibraltar es el embudo por donde pasan (o pueden pasar) los flujos energéticos atlánticos hacia el Mediterráneo, lo que refuerza el interés de EE. UU. e Israel en que ese paso esté bajo influencia occidental y no sujeto a vetos europeos o españoles.

Frente al cerco estratégico occidental, Argelia despliega una carta que ningún actor puede ignorar, su posición como proveedor energético clave de la Unión Europea. En 2025, Argelia entregó 40 mil millones de metros cúbicos a la UE, aproximadamente el 13-14% de las importaciones totales europeas. La mayor parte de este gas se transporta por gasoducto: TransMed hacia Italia (26,4 bcm) y Medgaz hacia España (8,0 bcm), evitando así los puntos de estrangulamiento marítimos vulnerables como Ormuz.

La UE ha reconocido explícitamente a Argelia como «socio estratégico fiable», incluyéndola en la lista de países exentos de controles adicionales de origen, junto a Estados Unidos, Catar y Noruega. Argelia ha destinado el 95% de sus exportaciones totales de GNL al mercado europeo en 2025, y la UE ha eximido los cargamentos argelinos de procedimientos de preauditoria, un privilegio concedido hasta ahora solo a Estados Unidos y Catar.

Argelia vende no solo gas, lo utiliza como instrumento de influencia política. Aprovechando la crisis energética europea, Argel ha renegociado precios con Italia y España, exigiendo incrementos del 15% al 20% para cualquier suministro adicional, ya sea por gasoducto o por vía marítima. En 2025, el país destinó cerca de 30.000 millones de metros cúbicos a Europa, de los cuales 21.000 millones fueron a Italia y 9.000 millones a España.

La rivalidad Argelia-Marruecos se proyecta también sobre el futuro del gas africano hacia Europa. Existen dos megaproyectos rivales para transportar gas nigeriano al Mediterráneo: Gasoducto Transahariano (TSGP): impulsado por Argelia, con 4.128 km que unirían Nigeria con Argelia a través de Níger, conectando con las terminales de exportación del Mediterráneo que alimentan a Italia y España. Argelia puso en marcha la construcción de su tramo en junio de 2026, con la participación de Sonatrach, la NNPC nigeriana y Sonidep de Níger

Y el Gasoducto Atlántico Nigeria-Marruecos: impulsado por Marruecos con apoyo de Israel y Estados Unidos, un corredor de 6.900 km que transportaría gas desde África Occidental a través de 13 países costeros hasta Marruecos, y de allí a Europa a través de las conexiones marítimas con España. De su capacidad total de 30.000 millones de metros cúbicos anuales, 15.000 millones se dirigirían a la industria marroquí y a las redes energéticas europeas. (ver mapa)

La reconfiguración del flanco sur de Europa no es una hipótesis, es un proceso en marcha. El eje Washington-Tel Aviv-Rabat busca consolidar un cordón sanitario que contenga a Rusia, China e Irán, utilizando a Marruecos como pivote militar y logístico, y el control del Estrecho como cerrojo estratégico. La crisis de Ceuta, la presión migratoria y el rearme israelí de Marruecos son instrumentos de esta estrategia. Rusia, por su parte, mantiene presencia en el Mediterráneo a través de su relación con Argelia, con visitas regulares de la flota del Norte a Argel y Orán, y el despliegue de fragatas modernas cerca de las rutas de la OTAN. El objetivo ruso no es reemplazar a Argelia como proveedor, sino mantener presencia e inteligencia en el flanco sur de la OTAN, y tener capacidad de disuadir o perturbar rutas energéticas y navales occidentales en caso de escalada.

La OTAN ha incorporado la seguridad energética como parte de la defensa colectiva desde su Concepto Estratégico de Madrid (2022), con énfasis en proteger infraestructuras críticas (desgasificadoras, gasoductos, cables submarinos). En abril de 2026, aliados de la OTAN y la industria se reunieron en Bruselas para discutir implicaciones de los desarrollos en Oriente Medio sobre la seguridad de infraestructuras críticas submarinas y energía. Las respuestas de la OTAN se articulan en tres pistas: operaciones marítimas en el Báltico y el Mediterráneo para vigilar infraestructuras y disuadir sabotajes; sanciones y presión económica contra la flota fantasma rusa y redes de evasión; y diversificación de suministros: contratos con Catar, Argelia, Noruega y EE. UU., y desarrollo de terminales de GNL flotantes en el Mediterráneo y el Mar del Norte.

Paradójicamente, la OTAN también ejercita con Argelia: fragatas griegas e italianas hicieron escala en Orán (septiembre 2026) y realizaron ejercicios PASSEX con la marina argelina, visitando la base de Mers El-Kébir. Esto muestra un enfoque dual: Argelia es a la vez socio energético clave y espacio de influencia rusa, por lo que la OTAN busca mantener canales de comunicación y disuasión al mismo tiempo. Pero la tensión es evidente. Mientras el eje Washington-Tel Aviv-Rabat busca asegurar el flanco sur del Estrecho de Gibraltar con capacidades A2/AD marroquíes, Argelia responde reforzando su rol como centro gasístico y manteniendo la puerta abierta a Rusia en el Mediterráneo occidental.

Sí, Gibraltar será el próximo escenario de crisis. Se encuentra en esta rivalidad su fundamento más sólido. El Estrecho ya no es solo un paso marítimo, es el nudo gordiano donde se anudan la rivalidad Marruecos-Argelia, la expansión de la influencia israelí, la seguridad energética europea, la contención de Rusia, China e Irán, y la competencia sinoestadounidense por el comercio global. La próxima crisis en la «cerrajería marítima» mundial tiene todos los números para escribirse en sus orillas. Y cuando eso ocurra, Europa se dará cuenta de que ha estado demasiado ocupada mirando hacia el este como para notar que el sur se le escapaba de las manos.

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CONTINENTE CON MULETAS. El sueño de la equidad latinoamericana y caribeña.

 

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“En busca de respuestas más de fondo, el Programa Regional para América Latina y el Caribe (ALC) 2026-2029 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe los cuatro pilares sobre los que asienta su visión estratégica y sus prioridades operativas para continuar progresando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante los próximos cuatro años. Se trata de la resiliencia como camino hacia el desarrollo, la gobernanza efectiva para que el desarrollo sea inclusivo y centrado en las personas, la salud del planeta y prosperidad para todos por igual mediante economías inclusivas y resilientes. Además, propone tres “aceleradores” para impulsar el progreso en todos los sectores: igualdad de género e inclusión, transformación digital y financiamiento sostenible e innovador.

“Al vincular la gobernanza, el medio ambiente, la economía y la inclusión social a través de enfoques integrados y un financiamiento innovador, este Programa procura ayudar a los países de América Latina y el Caribe a anticipar y gestionar riesgos, reducir desigualdades y promover prosperidad siempre dentro de los límites planetarios aceptables. Y visualiza una región donde el desarrollo humano sea más inclusivo y equitativo respaldado por instituciones que cumplen, comunidades que se adaptan y sociedades que prosperan en medio de la incertidumbre.

“Los conceptos teóricos, así como las evaluaciones analíticas, no faltan en un escenario multilateral donde a veces sobreabunda la tecnocracia. Sin embargo, la dinámica cotidiana, la de abajo, casi de sobrevivencia, la de una gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe, parece exigir no solo conceptos teóricos y evaluaciones analíticas, sino también decisiones del poder –ni más ni menos que eso– y una voluntad política más clara de los gobiernos para que los Objetivos y las promesas de 2015 se puedan llevar a cabo. La deuda social y ecológica planetaria es inmensa y los pueblos esperan propuestas viables y soluciones.

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Fuentes: Rebelión [Imagen: La agricultura sostenible un aporte hacia un desarrollo justo en el continente. Foto Rachel Richardson, PNUMA. Oaxaca, México].

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CONTINENTE CON MULETAS.

El sueño de la equidad latinoamericana y caribeña.

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Por Sergio Ferrari | 21/09/2026 | América Latina y Caribe

Fuentes Revista Rebelión lunes 21 de septiembre del 2026.

Hacia 2030, América Latina habrá logrado solamente un 19% de las metas que se propuso para ese año. El desarrollo sostenible se vislumbra como una quimera para un continente que avanza con muletas.

Cuando apenas faltan cinco años para evaluar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la comunidad internacional consensuó en 2015 y que Naciones Unidas (ONU) adoptó como una hoja de ruta para el mejoramiento de la vida en el planeta, la señal de fracaso ya aparece en el horizonte. En particular, en lo referente al combate contra la pobreza y la reducción de las desigualdades.

Esta magra proyección de un 19%, que Naciones Unidas reiteró el 5 de septiembre, es peor que la de un 23% que la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anticipaba apenas hace un año. Es decir, cuatro puntos menos en tareas y metas ejecutadas en el marco de un continente que según la misma organización regional reconoce una “desaceleración del crecimiento” en 2026 en 24 de sus 33 países, prolongando así un ciclo de “baja expansión”.

Minúsculos avances sociales.

Según la ONU, son múltiples las causas que pueden explicar el cumplimiento tan limitado de unos objetivos consensuados que han sido y siguen siendo “un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad”. Fundamentalmente, el escaso margen de maniobra de los gobiernos a nivel fiscal, el bajo crecimiento, la desigualdad y las propias debilidades institucionales. Todas ellas, dificultades que impiden convertir las políticas públicas y las inversiones en mejoras reales y sostenidas para la población. De acuerdo con las últimas estimaciones, aun cuando el 42% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible avanza en la dirección correcta, lo está haciendo demasiado lentamente, mientras que el 39% restante ha quedado “estancado o retrocede”. 

¿Falta de medios y de voluntad política?

A la luz de este balance a tres cuartos del camino, la pregunta no consiste en qué hacer para mejorar el cumplimiento de estos ODS, algo que Latinoamérica ya tiene bastante en claro, como lo evidencian sus numerosos planes, estrategias y compromisos, sino por qué resulta tan difícil invertir medios a escala suficiente como para que el continente progrese en sus esfuerzos por un mejoramiento social. 

Según CEPAL, la brecha de financiamiento para el cumplimiento de los Objetivos, aproximadamente 650 mil millones de dólares anuales, se corresponde con presupuestos públicos sometidos a fuertes presiones, economías de bajo crecimiento y, no menos toral, países que deben destinar una parte importante de sus ingresos al elevado costo del servicio, o repago, de sus respectivas deudas externas. 

Otro factor es la dificultad que tienen estos países para generar y movilizar dinero dentro de su propia región. En 2023, la recaudación impositiva representó apenas el 21,3% del Producto Interno Bruto (PBI), es decir, más de 10 puntos porcentuales por debajo del 34% de lo que recaudan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el bloque de las naciones más avanzadas del planeta. 

Significativamente, ese mismo año la evasión tributaria en América Latina y el Caribe representó casi el 7% de su PBI. En otras palabras: mientras los gobiernos del continente necesitan centenares de miles de millones de dólares adicionales para educación, infraestructura, protección social, agua y acción climática, una cantidad extraordinaria de sus recursos potenciales escapa de sus sistemas tributarios. 

Por otra parte, mientras los recursos internos van en caída libre, la otrora significativa cooperación externa sigue disminuyendo debido a que en esta nueva coyuntura bélica mundial los países más enriquecidos están priorizando sus propios presupuestos de seguridad y defensa por encima de su histórica solidaridad internacional. En 2024, esta cooperación cayó un 4,5% a nivel mundial, y solo un escaso 6,7% de la misma se destinó a América Latina y el Caribe. De allí que CEPAL concluya que estamos ante un panorama por demás problemático, al que

“se le suma un escenario internacional más fragmentado y menos previsible que limita las posibilidades de financiar el desarrollo sostenible en la región”.

En artículo que Noticias ONU publicó recientemente, Joe Atencio señala que América Latina también confronta una contradicción singular debido a que muchos de sus países son clasificados internacionalmente como economías de ingreso medio o medio-alto, lo cual puede limitar su acceso a financiamiento, aun cuando en la práctica siguen enfrentando profundas brechas sociales y productivas.

Ejemplo elocuente de esta contracción de la asistencia financiera internacional es la reciente decisión del Estado suizo de retirar totalmente su “cooperación” de la región latinoamericana y caribeña a partir de 2029. La reducción gradual de estos fondos comenzó en 2024. Uno de los argumentos detrás de esta decisión ha sido la necesidad de priorizar países de renta baja en África y Asia, pero en el marco de una reducción significativa de la cooperación al desarrollo en general. 

Los recursos no son todo.

Sin embargo, contar con recursos tampoco garantiza, necesariamente, un buen resultado. El gran desafío continental tiene que ver con su capacidad para convertir una inversión en un servicio público que funcione y perdure en el tiempo.

Según Atencio, el agua y el saneamiento constituyen uno de los ejemplos más contundentes de retos y desafíos. En 2024, 140 millones de personas en América Latina y el Caribe no tenían acceso a servicios de agua potable gestionados sin riesgos y 324 millones carecían de servicios de saneamiento sin riesgos. Las diferencias subregionales son significativas: el acceso al agua potable ese año fue de 83,1% en América del Sur, 58,9% en el Caribe y 49,2% en Centroamérica. 

Pero la falta de inversión no siempre ha sido el único problema. Como advierte CEPAL, varios recursos destinados al sector agua (Objetivo número 6, Agua limpia y saneamiento para todos) no han podido generar aumentos sostenidos de capacidad y calidad debido a redes incompletas, plantas subdimensionadas y mecanismos insuficientes para cubrir costos de energía, operación y mantenimiento. Construir una planta de tratamiento puede generar una fotografía de repercusión mediática, un acto oficial de inauguración y una cifra de inversión; sin embargo, mantenerla operativa durante décadas demanda mucho más, como tarifas viables, personal capacitado, regulación, mantenimiento, coordinación entre instituciones y presupuestos futuros, exigencias básicas que no siempre se respetan.

En busca de respuestas más de fondo, el Programa Regional para América Latina y el Caribe (ALC) 2026-2029 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) describe los cuatro pilares sobre los que asienta su visión estratégica y sus prioridades operativas para continuar progresando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante los próximos cuatro años. Se trata de la resiliencia como camino hacia el desarrollo, la gobernanza efectiva para que el desarrollo sea inclusivo y centrado en las personas, la salud del planeta y prosperidad para todos por igual mediante economías inclusivas y resilientes. Además, propone tres “aceleradores” para impulsar el progreso en todos los sectores: igualdad de género e inclusión, transformación digital y financiamiento sostenible e innovador.

Al vincular la gobernanza, el medio ambiente, la economía y la inclusión social a través de enfoques integrados y un financiamiento innovador, este Programa procura ayudar a los países de América Latina y el Caribe a anticipar y gestionar riesgos, reducir desigualdades y promover prosperidad siempre dentro de los límites planetarios aceptables. Y visualiza una región donde el desarrollo humano sea más inclusivo y equitativo respaldado por instituciones que cumplen, comunidades que se adaptan y sociedades que prosperan en medio de la incertidumbre.

Los conceptos teóricos, así como las evaluaciones analíticas, no faltan en un escenario multilateral donde a veces sobreabunda la tecnocracia. Sin embargo, la dinámica cotidiana, la de abajo, casi de sobrevivencia, la de una gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe, parece exigir no solo conceptos teóricos y evaluaciones analíticas, sino también decisiones del poder –ni más ni menos que eso– y una voluntad política más clara de los gobiernos para que los Objetivos y las promesas de 2015 se puedan llevar a cabo. La deuda social y ecológica planetaria es inmensa y los pueblos esperan propuestas viables y soluciones.

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