viernes, 17 de julio de 2026

¿ES CHINA UN CAPITALISMO DE ESTADO?

 

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“La prueba de fuego será 2035. En realidad, la discusión probablemente no pueda resolverse hoy. Será la evolución del propio sistema la que determine cuál de las interpretaciones resulta finalmente correcta. Por eso adquiere tanta importancia el experimento iniciado en Zhejiang. Si durante la próxima década China consigue reducir las desigualdades, reforzar la prosperidad común, mantener subordinado al capital privado, profundizar la transición ecológica y preservar el liderazgo público sobre los sectores estratégicos, aumentarán los argumentos de quienes consideran que está desarrollando una modalidad inédita de socialismo. Si, por el contrario, la lógica de la acumulación privada termina imponiéndose sobre los objetivos sociales, el concepto de capitalismo de Estado adquirirá una fuerza explicativa mucho mayor. En consecuencia, el debate permanece abierto. No tanto porque falten datos, sino porque el objeto de estudio continúa transformándose.

Una última observación. La mayoría de los análisis -tanto favorables como críticos- intentan responder a la pregunta «¿qué es China?». Sin embargo, el propio PCCh formula otra distinta: «¿hacia dónde va China?». Es una diferencia metodológica de enorme importancia. Mientras gran parte de la literatura occidental clasifica el sistema atendiendo a su estado actual, el Partido lo define por su dirección histórica. Es decir, sostiene que una sociedad puede contener elementos capitalistas sin ser capitalista si esos elementos constituyen una fase transitoria subordinada a un proyecto socialista de largo plazo. Ahí reside, probablemente, el auténtico núcleo del debate: no en si China utiliza mercados o empresas privadas pues eso es evidente, sino en si esos instrumentos están transformando el socialismo o si, por el contrario, es el socialismo el que está instrumentalizando al mercado para alcanzar unos objetivos políticos previamente definidos. Esa es la cuestión que la evolución de China durante las próximas dos décadas ayudará a responder.

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Fuentes: Rebelión

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¿ES CHINA UN CAPITALISMO DE ESTADO?

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Por Xulio Ríos | 17/07/2026 | Mundo

Fuentes, Revista Rebelión viernes 17 de julio del 2026.

La naturaleza del modelo económico y político chino seguirá siendo objeto de debate durante mucho tiempo. Pocas etiquetas han suscitado tanta controversia como la de «CAPITALISMO DE ESTADO», utilizada con frecuencia para describir el sistema vigente en la República Popular China. Se trata, además, de una expresión que en China provoca un rechazo frontal, no solo por sus implicaciones ideológicas, sino porque se considera incapaz de explicar la singularidad de un proyecto que sus dirigentes insisten en presentar como una forma inédita de desarrollo socialista.

La discusión no es menor. Si China fuera simplemente un capitalismo de Estado, cabría interpretarla como una variante autoritaria del capitalismo contemporáneo. Si, por el contrario, estuviera construyendo una modalidad original de socialismo, nos encontraríamos ante una experiencia histórica distinta, todavía inacabada y cuyo desenlace permanece abierto.

Oficialmente, el modelo chino se define como una economía socialista de mercado. La expresión no es casual. Desde la perspectiva del Partido Comunista de China (PCCh), no se trata de una economía de mercado en sentido liberal, sino de una economía con mercado, donde este constituye un instrumento de asignación de recursos subordinado a objetivos políticos definidos mediante la planificación. El mercado no determina el rumbo del desarrollo; lo hace el Partido. El objetivo declarado continúa siendo la construcción de una sociedad socialista moderna hacia 2049, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular, y no la culminación de una sociedad capitalista.

Precisamente ahí reside una de las primeras diferencias conceptuales. En las economías capitalistas el mercado constituye el principio organizador del sistema; en China, al menos en el plano doctrinal e institucional, el mercado se presenta como una herramienta al servicio de un proyecto político de alcance superior


Los argumentos del capitalismo de Estado.

Quienes califican a China como capitalismo de Estado parten de elementos objetivos.

Desde posiciones liberales o conservadoras se subraya la coexistencia de propiedad pública y privada, la búsqueda sistemática de beneficios, la integración plena en el comercio internacional, la existencia de grandes corporaciones competitivas o una creciente acumulación de riqueza. A ello se añade un Estado extremadamente activo que protege sectores estratégicos, dirige la política industrial, controla el sistema financiero y orienta la innovación tecnológica. Para estos analistas, China habría sustituido el libre mercado por un capitalismo gobernado desde el poder político.

Paradójicamente, parte de la izquierda llega a una conclusión similar, aunque por razones muy distintas. Su principal argumento es que la expansión de la propiedad privada, la aparición de una poderosa clase empresarial, las desigualdades sociales, la existencia de relaciones salariales plenamente mercantiles y la utilización del beneficio como incentivo económico revelarían un abandono de los principios clásicos del socialismo. Desde esta óptica, el discurso socialista funcionaría como una legitimación ideológica de un sistema esencialmente capitalista.

Resulta llamativo que esta crítica apenas se formulara durante las primeras décadas de la reforma, cuando China seguía siendo un país relativamente pobre. Solo cuando el desarrollo económico alcanzó dimensiones extraordinarias comenzó a generalizarse la idea de que semejante éxito únicamente podía explicarse mediante una conversión al capitalismo. Es como si el socialismo solo resultara creíble mientras administraba la escasez y dejara automáticamente de serlo al generar prosperidad.

Esta lectura, sin embargo, tiende a minimizar la importancia de las singularidades chinas y presupone que cualquier utilización del mercado conduce necesariamente al capitalismo, una equivalencia que ni la teoría económica ni la experiencia histórica permiten establecer de forma automática.

La respuesta china.

El rechazo chino a la etiqueta de capitalismo de Estado no responde únicamente a una cuestión terminológica. Aceptarla implicaría reconocer que el proyecto iniciado en 1949 habría abandonado sus fundamentos ideológicos para transformarse en una variante del capitalismo.

Por ello, el PCCh insiste en que las reformas introducidas desde finales de los años setenta representan una evolución del socialismo, adaptada a nuevas circunstancias históricas. La incorporación del mercado, de la empresa privada o incluso del capital extranjero no modificaría la naturaleza del sistema porque todos esos instrumentos permanecerían subordinados al liderazgo político del Partido.

Desde esta perspectiva, el criterio decisivo no consiste en determinar si existen mercados o propiedad privada -presentes, en diferentes grados, en numerosas economías- sino en establecer quién fija las prioridades del desarrollo y quién controla los resortes fundamentales del poder económico.

En China, el Partido mantiene el control absoluto sobre los sectores considerados estratégicos; conserva la propiedad pública de la tierra urbana y limita profundamente la privatización del suelo rural; dirige el sistema financiero; mantiene una presencia orgánica dentro de las grandes empresas privadas; controla los principales instrumentos de comunicación y planificación; y, sobre todo, impide que el empresariado pueda constituirse como una fuerza política autónoma capaz de condicionar al Estado.

Esta diferencia resulta esencial. En las economías capitalistas son los grandes intereses privados quienes terminan condicionando la acción pública. En China ocurre, al menos hasta el presente, el fenómeno inverso: es el Estado, dirigido por el Partido, quien subordina el capital privado a prioridades políticas definidas previamente.



El papel de la planificación.

Una idea ampliamente extendida atribuye el éxito chino exclusivamente a la apertura económica y a la inversión extranjera. Sin embargo, esa explicación resulta claramente insuficiente.

La apertura fue importante, pero probablemente lo decisivo haya sido la extraordinaria capacidad del Estado para planificar el desarrollo durante más de cuatro décadas. El capital extranjero fue admitido, aunque bajo condiciones compatibles con los objetivos nacionales de industrialización, transferencia tecnológica y creación de capacidades propias.

El resultado no ha sido únicamente la recepción de inversiones internacionales, sino la construcción deliberada de uno de los ecosistemas industriales más completos del mundo bajo una lógica de soberanía económica que hoy se extiende a ámbitos tan diversos como la seguridad alimentaria, las infraestructuras críticas, la energía o las tecnologías avanzadas.

Esta diferencia puede apreciarse comparando el caso chino con experiencias clásicas de capitalismo de Estado, como la desarrollada durante décadas por el Kuomintang en Taiwán. Allí el Estado impulsó la industrialización, pero con la finalidad de consolidar una economía plenamente capitalista e integrada en la estrategia geopolítica estadounidense. En China continental, por el contrario, el discurso oficial insiste en que la industrialización constituye una etapa dentro de un proceso histórico cuyo horizonte continúa siendo socialista.

¿Qué debemos observar?

El verdadero problema quizá no consista en decidir hoy si China es o no capitalismo de Estado, sino en identificar qué parámetros permitirán responder a esa pregunta en el futuro.

Reducir el análisis al crecimiento del PIB, al volumen exportador o al número de millonarios resulta claramente insuficiente. Si la propia legitimidad del modelo descansa sobre la promesa de construir una sociedad distinta, será necesario evaluar también otros indicadores.

Entre ellos destacan la evolución de la desigualdad; el grado de universalización de los servicios públicos; la erradicación de la pobreza extrema; la efectividad de las políticas de prosperidad común; la capacidad para limitar la influencia política del gran capital; la persistencia de la propiedad pública en los sectores estratégicos; el mantenimiento del liderazgo político del Partido sobre la economía; la transición ecológica; la lucha contra la corrupción y la consolidación de formas de desarrollo menos dependientes de la lógica exclusiva del beneficio.

En este sentido adquiere especial relevancia el experimento desarrollado en Zhejiang, una de las provincias más dinámicas del país. Allí se ensayan políticas que pretenden anticipar la siguiente fase del modelo: fortalecimiento del liderazgo del Partido, desarrollo verde y civilización ecológica, ampliación de las políticas de prosperidad común, regulación del capital privado y profundización de la lucha contra la corrupción. Su evaluación hacia 2035 probablemente ofrecerá algunas de las evidencias más sólidas para valorar hacia dónde evoluciona realmente el sistema chino.



China es otra experiencia histórica.

Quizá el principal error consista en intentar encajar a China dentro de categorías elaboradas para explicar otras experiencias históricas.

No cabe duda de que incorpora numerosos elementos que asociamos al capitalismo: mercados, empresas privadas, competencia, acumulación, innovación o apertura internacional. Pero tampoco cabe ignorar que el poder político mantiene un grado de dirección económica, planificación estratégica y control sobre el capital privado difícilmente comparable con las economías capitalistas convencionales.

El «secreto» del modelo chino parece residir menos en la economía que en la política. No es el Estado actuando como un gran capitalista, sino un Estado que pretende alinear la actividad económica con objetivos sociales, nacionales y estratégicos de largo plazo. Que esa pretensión logre materializarse plenamente o termine siendo absorbida por las dinámicas propias del capitalismo constituye precisamente la gran incógnita.

En última instancia, será la propia evolución de China la que responda a esta cuestión. Nadie puede afirmar con certeza que el actual modelo desemboque en una sociedad socialista plenamente desarrollada. Pero tampoco resulta metodológicamente riguroso dar por supuesto que la presencia del mercado u otros atributos “capitalistas” invalida automáticamente esa posibilidad.

Cabe, por otra parte, hacer mención de la persistencia de las campañas de educación ideológica que apela a mantener a ultranza la fidelidad a la misión fundacional o la revalidación del marxismo, especialmente en el xiismo, como guía inspiradora de los más de cien millones de militantes del PCCh. Es este mandarinato el que vertebra las políticas del país en todos los órdenes.

China continúa siendo, ante todo, una especificidad histórica. Su proyecto combina una fuerte tradición civilizacional, una reivindicación permanente de la soberanía nacional y una experimentación institucional sin precedentes. Tal vez por ello las categorías heredadas resulten insuficientes para comprender una realidad cuya definición definitiva todavía pertenece más al futuro que al presente.

Un debate todavía abierto.

La definición del sistema económico chino constituye probablemente uno de los mayores debates intelectuales de las últimas décadas. Lo menos que puede decirse es que no existe un consenso académico. Al contrario, economistas, politólogos e historiadores utilizan categorías diferentes para explicar una realidad que combina planificación estatal, mercados, empresas privadas, empresas públicas y un partido único que mantiene el monopolio del poder político.

La dificultad deriva de que China reúne características propias de sistemas aparentemente incompatibles. Quienes privilegian el peso del mercado concluyen que el país ya es esencialmente capitalista. Quienes ponen el acento en la estructura del poder sostienen que el socialismo sigue siendo el principio ordenador del sistema. Entre ambos extremos abundan las posiciones intermedias.



La interpretación liberal: un capitalismo dirigido.

Desde una perspectiva liberal, China representa una modalidad de capitalismo de Estado. Autores como Barry Naughton, Nicholas Lardy o Yasheng Huang, aun con diferencias importantes entre ellos, coinciden en señalar que la economía china funciona mayoritariamente mediante mecanismos de mercado. Los precios se determinan esencialmente por la oferta y la demanda, existe competencia entre empresas, proliferan las compañías privadas, el trabajo asalariado constituye la relación económica dominante y la integración en el capitalismo global es prácticamente completa.

La diferencia con las economías occidentales residiría en que el Estado conserva un papel mucho más activo. Controla el sistema financiero, dirige la política industrial, protege determinados sectores, interviene sobre los flujos de capital y utiliza las empresas públicas como instrumentos estratégicos.

Desde esta perspectiva, el socialismo habría quedado reducido a una legitimación política mientras el funcionamiento cotidiano respondería, en esencia, a la lógica capitalista.

La crítica marxista: una restauración capitalista.

Curiosamente, buena parte de la crítica procedente de la izquierda llega a una conclusión semejante, aunque por caminos completamente distintos.

Autores como David Harvey, Minqi Li o Au Loong Yu consideran que las reformas iniciadas por Deng Xiaoping condujeron progresivamente a una restauración del capitalismo.

Su argumento principal no se centra en la existencia de mercados -que también existieron parcialmente en otras experiencias socialistas- sino en la transformación de las relaciones sociales de producción.

Subrayan varios elementos como el crecimiento de la propiedad privada; la formación de una poderosa clase empresarial; la ampliación de las desigualdades sociales; la mercantilización creciente del trabajo; la aparición de grandes fortunas; la integración plena en el capitalismo mundial.

Desde esta óptica, el Estado continúa siendo fuerte, pero actúa esencialmente para garantizar la acumulación de capital, aunque bajo dirección del Partido.

No obstante, esta interpretación suele enfrentarse a una objeción relevante. Si el capitalismo se hubiera restaurado plenamente, ¿cómo explicar que el Estado siga controlando los principales bancos, los sectores estratégicos, la política monetaria, la tierra urbana y una parte sustancial de la inversión nacional?

Una tercera interpretación: un modelo híbrido.

Otros investigadores consideran insuficiente la dicotomía entre socialismo y capitalismo.

El caso más conocido probablemente sea Giovanni Arrighi. En “Adam Smith en Pekín”, Arrighi sostenía que China no estaba reproduciendo el desarrollo capitalista occidental sino construyendo una vía distinta basada en una fuerte tradición estatal, un elevado grado de planificación y una utilización pragmática del mercado.

Más recientemente, Isabella Weber ha insistido en que muchas de las instituciones económicas chinas no proceden únicamente del marxismo soviético, sino también de tradiciones administrativas imperiales que concebían el mercado como un mecanismo útil siempre que permaneciera bajo supervisión pública.

Desde esta perspectiva, el mercado no sería incompatible con el socialismo siempre que no determinase por sí mismo la orientación estratégica del desarrollo.



¿Qué responde el PCCh?

La posición oficial del Partido Comunista de China parte de un razonamiento diferente. El criterio fundamental no consiste en determinar si existe propiedad privada o mercado. La verdadera cuestión consiste en responder quién ejerce el poder político y qué finalidad persigue la economía.

Para el PCCh, el mercado constituye únicamente un instrumento. El sujeto dirigente continúa siendo el Partido. Esta diferencia no es meramente retórica. Como se ha señalado, en China la tierra sigue sin privatizarse plenamente; los bancos fundamentales permanecen bajo control estatal; las grandes empresas estratégicas siguen siendo públicas; las compañías privadas incorporan estructuras permanentes del Partido; el Estado determina las grandes prioridades industriales, tecnológicas y territoriales mediante planes quinquenales; el capital privado carece de autonomía para convertirse en una fuerza política independiente.

Desde la lógica oficial, precisamente estos elementos impedirían definir el sistema como capitalista. Aceptar esa etiqueta supondría reconocer que el Partido ha abandonado su misión histórica, algo incompatible con toda su construcción ideológica desde Deng Xiaoping hasta Xi Jinping.

¿Dónde está realmente la diferencia?

Quizá la cuestión más interesante consista en comparar el capitalismo de Estado clásico con el modelo chino.

En las experiencias habitualmente definidas como capitalismo de Estado -Japón de la posguerra, Corea del Sur, Singapur o el citado Taiwán gobernado por el Kuomintang- el Estado intervino intensamente para acelerar la industrialización. Pero esa intervención perseguía consolidar economías plenamente capitalistas. El éxito empresarial acababa traduciéndose, tarde o temprano, en influencia política de las élites económicas.

China presenta, hasta ahora, una lógica diferente. Los grandes empresarios pueden acumular riqueza, pero no pueden constituirse como un poder autónomo frente al Partido. No controlan el sistema financiero. No controlan los grandes medios de comunicación. No determinan la orientación de la planificación. NO financian partidos políticos alternativos.

Y cuando el liderazgo considera que determinados sectores concentran un poder excesivo -como ocurrió recientemente con las plataformas digitales o el sector inmobiliario- interviene directamente para reequilibrar el sistema. Esta subordinación permanente del capital al poder político constituye probablemente la principal diferencia respecto del capitalismo de Estado convencional. Es más, el Partido conserva intacta toda la capacidad para condicionar e incluso revertir la política del país.

El verdadero criterio.

Por ello, quizá la pregunta adecuada no sea si China tiene mercado. La inmensa mayoría de las economías contemporáneas utilizan mercados. La cuestión verdaderamente relevante consiste en averiguar quién gobierna a quién. ¿Gobierna el mercado al Estado? ¿O gobierna el Estado al mercado?

En las economías liberales, el poder económico tiende progresivamente a condicionar el poder político. En China, al menos hasta el presente, sucede justamente lo contrario. Ello no demuestra automáticamente que el modelo sea socialista. Pero sí obliga a reconocer que las categorías tradicionales resultan insuficientes para describirlo.

La prueba de fuego será 2035.

En realidad, la discusión probablemente no pueda resolverse hoy. Será la evolución del propio sistema la que determine cuál de las interpretaciones resulta finalmente correcta. Por eso adquiere tanta importancia el experimento iniciado en Zhejiang.

Si durante la próxima década China consigue reducir las desigualdades, reforzar la prosperidad común, mantener subordinado al capital privado, profundizar la transición ecológica y preservar el liderazgo público sobre los sectores estratégicos, aumentarán los argumentos de quienes consideran que está desarrollando una modalidad inédita de socialismo.

Si, por el contrario, la lógica de la acumulación privada termina imponiéndose sobre los objetivos sociales, el concepto de capitalismo de Estado adquirirá una fuerza explicativa mucho mayor.

En consecuencia, el debate permanece abierto. No tanto porque falten datos, sino porque el objeto de estudio continúa transformándose.

Una última observación.

La mayoría de los análisis -tanto favorables como críticos- intentan responder a la pregunta «¿qué es China?». Sin embargo, el propio PCCh formula otra distinta: «¿hacia dónde va China?».

Es una diferencia metodológica de enorme importancia. Mientras gran parte de la literatura occidental clasifica el sistema atendiendo a su estado actual, el Partido lo define por su dirección histórica. Es decir, sostiene que una sociedad puede contener elementos capitalistas sin ser capitalista si esos elementos constituyen una fase transitoria subordinada a un proyecto socialista de largo plazo.

Ahí reside, probablemente, el auténtico núcleo del debate: no en si China utiliza mercados o empresas privadas pues eso es evidente, sino en si esos instrumentos están transformando el socialismo o si, por el contrario, es el socialismo el que está instrumentalizando al mercado para alcanzar unos objetivos políticos previamente definidos. Esa es la cuestión que la evolución de China durante las próximas dos décadas ayudará a responder.

Xulio Ríos es autor de Marx & China. La sinización del marxismo (Akal, 2025).

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jueves, 16 de julio de 2026

SUDÁFRICA: De la lucha contra el apartheid a la cruzada popular contra la inmigración africana.

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LA XENOFOBIA DESTRUYE EL SUEÑO PANAFRICANO. 

"Mientras en abril Pretoria reivindicaba haber deportado a más de 100.000 personas en los dos años previos, el pasado lunes anunciaba la ejecución de 53.000 deportaciones, solo en unas semanas.  La reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada. Respecto a la reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada, introduciendo nuevas fórmulas como las residencias para nómadas digitales. Otra pata de la nueva legislación es el control a través de la toma de información biométrica en la estela de otros actores como la UE.

"En este marco, a principios de julio se anunciaba que el Ministerio del Interior de Sudáfrica está trabajando en un sistema biométrico de gestión de expedientes, que incluirá dispositivos para que los inspectores de inmigración puedan verificar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros en los controles que realiza sobre terreno. Para ello Pretoria busca un contratista que suministre este tipo de tecnologías en un tiempo récord, con el 24 de julio como límite.  No son pocas las voces de alarma ante lo que consideran una vuelta de tuerca de vigilancia que puede conducir a errores y vulnerar más los derechos humanos de las personas migrantes. Cientos de miles de personas que temen enfrentarse un jueves más a la violencia de las patrullas de vigilantes que han popularizado la persecución racial en el país que venció el apartheid.

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Fuentes: El salto0 [Imagen: Manifestación antiinmigración en Sudáfrica. Captura de video]

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SUDÁFRICA: De la lucha contra el apartheid a la cruzada popular contra la inmigración africana.

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Por Sarah Babiker | 16/07/2026 | África

Fuentes Revista Rebelión jueves 16 de julio del 2026.

En las últimas semanas el país se ha convertido en escenario de violentas movilizaciones contra las personas extranjeras africanas exigiendo su deportación. El Gobierno ha endurecido su política migratoria, anunciando un récord de expulsiones.

Sarah Babiker

La canción se llama Abahambe, y su versión oficial supera el millón de visualizaciones en youtube y cuenta con numerosos comentarios que explican cómo el tema les emociona y comparten el mensaje. ¡Que se vayan!, es el título del hit, y refleja un lema popularizado durante los disturbios antipersonas inmigrantes que han tomado Sudáfrica en las últimas semanas. En estilo Amapiano, un género musical urbano surgido en Sudáfrica en la pasada década, popular ya por todo el continente, tres personas cantan en inglés y lengua zulú: son Jacinta Ngobese-Zuma, Ngizwe Mchunu y Phakelumthakathi. 

La primera de las intérpretes de esta canción, Jacinta Ngobese-Zuma es conocida por hechos ajenos a la música: se trata de la fundadora de March to March, la organización que está detrás de una campaña contra las personas inmigrantes de otros países africanos que tuvo el pasado 30 de junio su punto álgido. El movimiento de Ngobese-Zuma junto a otros actores afines, como la Fundación para el Desarrollo Insizwa Nobusizwa habían fijado una fecha límite para que los extranjeros sin documentación, de países como Malaui, Mozambique, Zimbabue, Nigeria y Ghana, abandonaran el país. 

 “Gracias por compartir este himno, pues no podré ir a la marcha”, lamenta un usuario de youtube sobre la canción, que llama a luchar por el país frente a las personas extranjeras, e invoca la memoria de Nelson Mandela para justificar su objetivo de “limpiar el país”. La marcha del día 30 dejó decenas de escenas de persecución y acoso a personas extranjeras por todo el país. Una semana después, el jueves 9 de julio, una nueva marcha se convirtió en una redada popular puerta a puerta para expulsar a las personas que se consideraban migrantes irregulares. En ciudades como Johannesburgo, los manifestantes sacaban directamente a las personas de sus domicilios y las entregaban a la policía. 



La líder de March to March Jacinta Ngobese-Zuma aseguraba el 30 de junio que se manifestarían cada jueves hasta conseguir que el gobierno tome en serio sus demandas. Así, el jueves 16 de julio se esperaba con cierta tensión, aun cuando no hay grandes movilizaciones anunciadas. La persecución a extranjeros ha sembrado el terror en las últimas semanas, con multitudes tomando las calles en ocasión del mencionado ultimátum. 

Las personas migrantes se han convertido en el chivo expiatorio ante un desempleo que supera el 30%, con dos tercios de su población viviendo en situación de pobreza. OJO (Raíz estructural de la Inmigración. Población de países en extrema pobreza migran ahora hacia un país de los BRICS. Sudáfrica de economía emergente, con fuerte predominancia del neoliberalismo).

Según Médicos Sin Fronteras, durante las últimas semanas de junio y primeras de julio se registraron al menos cuatro muertos y miles de personas huyeron del país. Las principales zonas urbanas afectadas serían las provincias de KwaZulu-Natal, donde se ubica la ciudad de Durban, Cabo Occidental, cuya capital es Ciudad del Cabo, y Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. La organización denunciaba que, si bien los grupos agresores dicen perseguir solo a las personas indocumentadas, muchos de quienes habían sido atacados no estaban en situación de irregularidad administrativa. 

El 3,9% de la población sudafricana (unos 2,4 millones de personas) ha nacido en el extranjero (frente a más de 10 millones en España que representan en torno a un 20% de la población). En los últimos meses miles de personas migrantes han sido retornadas por sus países o han dejado ellas mismas una Sudáfrica en la que se han convertido en el chivo expiatorio ante un desempleo que supera el 30%, con dos tercios de su población viviendo en situación de pobreza.



Una historia de beligerancia antiinmigración.

March to March es heredero de otro importante actor contra las personas migrantes, la Operación Dudula, un movimiento que se generó en 2021, aún en plena pandemia, en las calles de Soweto, las mismas de las que proviene Nelson Mandela. Dudula significa “expulsar” y sus prácticas en este sentido se hicieron ya visibles en aquella época en la que cientos de personas arrasaron negocios de extranjeros e instauraron el terror entre la población migrante.

Los discursos antinmigración han prevalecido en el país desde el fin del apartheid, pero han tomado particular fuerza en los últimos años. La comunidad virtuaPut South African First, que tomó impulso en la pandemia con una campaña online, comparte temores con otros movimientos similares en el resto del mundo, agitando la teoría del gran reemplazo y viendo cómo sus discursos se viralizan. Pero el último empujón a la crisis actual llegaría en abril, cuando Mazwi Kubheka, propietario de una Spaza Shop (pequeños colmados en los que se venden bienes de primera necesidad) desapareció durante dos meses. Desde estos movimientos apuntaban a que el secuestro se debía a la negativa de Kubheka de vender su negocio a extranjeros. 

La campaña online #BringMazwiBack que se presentaba como una forma de coordinar a las comunidades para conseguir la liberación del joven, derivó en “un ecosistema de movilización contra la inmigración coordinado digitalmente”, según denunciaron algunos críticos, que señalaban cómo referentes en las redes en la línea de Jacinta Ngobese-Zuma construyeron una narrativa contra la migración a partir del caso.

El suceso, que seguía a la muerte de otro dueño de unos de estos establecimientos en Sowetopuso patas arriba el país, con patrullas de vigilantes persiguiendo a las personas extranjeras, en un marco de señalamiento contra los nacionales de otros paísesNaciones Unidas denunciaba en abril, alarmada, la situación. La reaparición del joven, dos meses después, no aplacó los ánimos. Declaraba que había sido secuestrado y torturado, y acusaba a personas etíopes como autores. El gobierno sigue investigando, señalando que aún se desconoce la causa del secuestro, y que habría también ciudadanos sudafricanos implicados.

Tras el fin del apartheid, Sudáfrica abrazó el neoliberalismo, cristalizándose la desigualdad económica agravada por la privatización y el alza del paro

Lasspaza shop brotan en suburbios y en barrios populares, y son una parte importante de la economía local, y una forma de supervivencia para los sectores más empobrecidos de la sociedad.  Como explican autores como David Harvey, tras el fin del apartheid, Sudáfrica abrazó el neoliberalismo, cristalizándose la desigualdad económica agravada por la privatización y el alza del paro. Las spaza shops se convirtieron en una opción para muchos ciudadanos, considerados ahora iguales por ley, pero excluidos por el abandono estructural y la pérdida de sus fuentes de subsistencia. También las personas migrantes entraron en este sector económico, lo que sembró tensiones.

En el universo anti migraciones sudafricano caben también formaciones políticas como el partido Action SA, encabezado por quien fuera el alcalde de Johannesburgo y que pide mano dura contra las personas africanas. Este espacio político antiinmigración pedía protección al gobierno en los últimos días tras el asesinato de uno de los líderes de March to MarchAndile Mvuyelwa Somgxada, quien fue disparado a finales del pasado mes cuando salía de su casa. Pese a que la causa de su muerte sigue bajo investigación, sus seguidores ya lo han convertido en referente, definiendo al crimen como un “Acto de represalia”, y describiéndolo como: “un asesinato orquestado, del tipo que cometen los sicarios”.


La xenofobia, destruye el sueño panafricano.

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Endurecimiento de la ley migratoria y biometría. 

El estallido de violencia en Sudáfrica ha causado el temor entre las personas migrantes que se han visto asediadas y convertidas en el chivo expiatorio de las dificultades del país. Cientos de ciudadanos han sido evacuados por sus gobiernos durante las últimas semanas y muchos otros han abandonado sus hogares por miedo a las represalias. 

La persecución tomó tal dimensión que diversos gobiernos africanos han pedido explicaciones por el ataque a sus nacionales, provocándose una crisis diplomática con países como Nigeria, que acusan a Pretoria de inacción ante el racismo. En Pretoria, el presidente Ciryl Ramaphosa, ofrecía un discurso a la nación el pasado 9 de junio en el que manifestaba su comprensión hacia la frustración de la ciudadanía ante el desempleo los problemas económicos pero recordaba que las personas migrantes no eran culpables de esta situación, para poco después, describir la migración irregular como un gran desafío y prometía dejar atrás una época de políticas migratorias “débiles”, mientras que recordaba que solo el estado tenía potestad de perseguir la migración irregular. 

El gobierno ha optado por una cierta ambigüedad. Con motivo de las marchas del 30 de junio, Ramaphosa se encontró con dos de los líderes de los movimientos antiinmigración, mostrando comprensión hacia sus demandas e insistiendo en que el gobierno estaba por ello endureciendo sus leyes migratorias, y pidiendo a los líderes que las manifestaciones fueran pacíficas. Además, pocos días después recordaba que solo las fuerzas de seguridad del estado están habilitadas para pedir la documentación o retener a las personas y ha insistido en la necesidad de respetar los derechos de las personas migrantes, de otro lado, ha hecho eco de los argumentos que relacionan la presencia de personas migrantes con la inseguridad o el desempleo.

No se ha tratado solo del discurso, el pasado abril se aprobaba una reforma legislativa más restrictiva presentada como una forma de mejorar el control de los flujos migratorios. Bajo el nombre de “Libro blanco”, la ley se propone como objetivo

“poner freno al fraude y los abusos, reforzar la seguridad y digitalizar los servicios, al tiempo que se atrae talento e inversión. Estos cambios sitúan a Sudáfrica en línea con las tendencias mundiales”, explica una agencia informativa dependiente del gobierno.

Mientras en abril Pretoria reivindicaba haber deportado a más de 100.000 personas en los dos años previos, el pasado lunes anunciaba la ejecución de 53.000 deportaciones, solo en unas semanas. 

La reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada.

Respecto a la reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada, introduciendo nuevas fórmulas como las residencias para nómadas digitales. Otra pata de la nueva legislación es el control a través de la toma de información biométrica en la estela de otros actores como la UE.

En este marco, a principios de julio se anunciaba que el Ministerio del Interior de Sudáfrica está trabajando en un sistema biométrico de gestión de expedientes, que incluirá dispositivos para que los inspectores de inmigración puedan verificar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros en los controles que realiza sobre terreno. Para ello Pretoria busca un contratista que suministre este tipo de tecnologías en un tiempo récord, con el 24 de julio como límite. 

No son pocas las voces de alarma ante lo que consideran una vuelta de tuerca de vigilancia que puede conducir a errores y vulnerar más los derechos humanos de las personas migrantes. Cientos de miles de personas que temen enfrentarse un jueves más a la violencia de las patrullas de vigilantes que han popularizado la persecución racial en el país que venció el apartheid.

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miércoles, 15 de julio de 2026

LA RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA CON TRUMP. EE. UU. impulsa un nuevo macartismo contra la izquierda.

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"Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters: Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre. Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.

"Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años “Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel. A todos se los consideró “culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.

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President Trump Meets With His Cabinet At The White House Marco Rubio, el halcón del Departamento de Estado. ANDREW HARNIK. Getty Images via AFP-

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LA RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA CON TRUMP.

EE. UU. impulsa un nuevo macartismo contra la izquierda.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos 60 países para este jueves a una reunión para agitar un plan contra el “terrorismo transnacional de extrema izquierda”.

Por Gustavo Veiga.

Fuente. Página /12 miércoles 16 de julio del 2026.

Los vientos de un nuevo macartismo soplan con fuerza desde Washington. Este jueves tendrá su punto de partida el impulso a una estrategia de persecución ideológica y reconfiguración geopolítica en EE. UU. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos sesenta países para analizar y legitimar con su presencia un plan de alcance planetario, aunque también con implicancias fronteras adentro.

Su objetivo es diseñar una política criminal ante “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Un emergente más de los enemigos que Estados Unidos suele crear mientras el régimen que lidera Donald Trumpen alianza con un grupo de magnates tecnológicos, sigue descomponiéndose camino a las elecciones de medio término en noviembre.

Ya lo dijo a fines de junio el presidente condenado por abuso sexual que ayer le pagó la indemnización a su víctima, Jean Carroll, por un delito cometido en 1996: “Tenemos que frenar esta amenaza horrible del cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”. Una amenaza con buenas dosis de paranoia que oculta otra. La de Trump y su política que ahora enfila hacia el neomacartismo.



La búsqueda de un otro al cual estigmatizar que se maquilla con ciertas distracciones. Lo mismo da si se trata de inmigrantes deportables o militantes antifa (la apócope de antifascistas), el “peligro” que atenta contra la invocada “seguridad nacional”.

El doctor en filosofía Fernando Buen Abad, un especialista en la guerra cognitiva que lleva adelante EE. UU., es un referente para el tema. Sobre el encuentro convocado por Rubio —el agitador principal de estas políticas nacidas en la Guerra Fría—, escribió el 13 de julio:

“Cada nueva categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria”.

Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters:

Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre.

Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.

Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años.

“Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel.



A todos se los consideró

“culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.

El abogado de Song, Philip Hayes, declaró que el problema con los cargos levantados a los condenados

“siempre ha sido que no se trata de un grupo de terroristas. Se trata de un grupo de jóvenes con un gran corazón que realmente querían que se escuchara su voz”. Y agregó: “Song, salvo por este día, ha tenido una vida intachable. Fue infante de marina. Un buen estudiante. Tenía muchas cualidades que simplemente se ignoraron. El juez procedió a darle todo lo que pudo”.

Las condenas fueron defendidas por un alto funcionario del ICE, el organismo que secuestra encarcela y asesina a inmigrantes, con un récord notorio de casos en 2025.

“Las sentencias dictadas envían un mensaje inequívoco: los ataques contra agentes e instalaciones federales no serán tolerados. Los hombres y mujeres de ICE sirven con integridad y valentía, a menudo en entornos difíciles y peligrosos. La violencia premeditada perpetrada por estos miembros de la célula Antifa en Prairieland fue un ataque contra las fuerzas del orden y contra el Estado de derecho mismo”, declaró el director interino de ICE, David J. Venturella.

Muy distinto ha sido el papel de la Justicia en los crímenes del ICE contra migrantes, bajo custodia de sus miembros, durante operativos en la calle o en domicilios violentados. Incluso contra ciudadanos estadounidenses. La situación procesal de los integrantes de esa fuerza que mataron a Renee Good y Alex Pretty en Mineápolis lo confirma. Todavía no fueron llevados a juicio y en su momento el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el asesino de la mujer gozaba de “inmunidad absoluta”.

El investigador mexicano Buen Abad definió la convocatoria a reunión contra el “terrorismo de izquierda” del halcón Rubio como “hija de la anorexia intelectual de las derechas”. Simplemente porque no tiene solidez conceptual ni demostración empírica verificable. A no ser por los fantasmas de Trump y su gobierno.

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