NO TODOS LOS IMPERIOS SE PARECEN.

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“Un imperio no siempre se anuncia a sí mismo por medio de decretos coloniales, a veces llega a través de puertos. En los últimos 15 años los EAU han extendido su presencia en toda África por medio de inversiones en infraestructuras portuarias, aeropuertos y redes logísticas, y un puerto nunca es un lugar neutro. El poeta e investigador palestino Rafeef Ziadah ha escrito acerca de la intervención de los EAU para controlar los puertos yemeníes y las rutas comerciales en todo el océano Índico y el mar Rojo, y ha indicado que el mismo puerto que se utiliza para la ayuda humanitaria se utiliza para suministrar material militar. La línea entre ayuda y guerra es deliberadamente difusa, no es casual. El oro es el recurso que permite entender el circuito de retroalimentación. Un informe publicado en abril de 2026 por el Center for Environmental and Social Studies detalla cómo el oro de Sudán, que se extrae mediante violencia y coacción, se mueve por medio de redes informales a través de las fronteras hasta llegar a Dubái. Las cadenas de suministro permiten que los materiales se atribuyan erróneamente, se vuelvan a etiquetar o se mezclen para ocultar su origen; la línea entre el oro de origen legal y el ilegal se difumina durante el transporte. El oro se cambia por armas y liquidez financiera, y la guerra se mantiene.

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Fuentes: Rebelión.

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NO TODOS LOS IMPERIOS SE PARECEN.

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Por Cheriese Dilrajh | 23/06/2026 | Mundo

Fuentes Revista Rebelión martes 23 de junio del 2026.

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Aunque los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no ocupan ningún territorio, arman a milicias, controlan los puertos y camuflan la violencia con el lenguaje del desarrollo. El precio lo paga Sudán.

Un imperio nunca ha consistido únicamente en la ocupación colonial. Estados Unidos y Gran Bretaña siguen siendo los artífices más visibles de la muerte y la destrucción a gran escala, pero los EAU representan un modelo diferente y en cierto modo más insidioso: uno que funciona por medio de la adquisición de capital, de armar a fuerzas que actúan por intermediación y del control de las infraestructuras en vez del control territorial directo.

La alianza entre Occidente y el Golfo funciona por medio del poder militar, el secretismo financiero y la inversión extractivista. La característica que la define es la externalización de la violencia, que se camufla con el lenguaje del desarrollo, la logística y la diplomacia humanitaria, y se esconde detrás de una arquitectura de lujo.

Recientemente se ha presentado a los EAU como la desafortunada víctima de las represalias iraníes tras la guerra regional que iniciaron Israel y Estados Unidos. Donald Trump ha indicado que está considerando conceder ayuda financiera a los EAU por ser un «aliado fiel» que ha sufrido un golpe económico. Es extremadamente irónico: los EAU han utilizado todo su aparato autoritario para detener a cualquier persona que documente públicamente la magnitud de los ataques iraníes sobre su territorio; una investigación de Bellingcat concluyó que se había detenido a al menos cinco personas simplemente por compartir grabaciones con el teléfono de ataques de misiles. Pero el relato victimista no debe ocultar el papel que desempeñan los EAU como potencia subimperialista que ha facilitado guerras y crímenes de guerra en toda la zona, sobre todo en Sudán.

Los EAU tienen un valor estructural para Estados Unidos. Fue el primer Estado del Golfo que normalizó sus relaciones con Israel, es uno de los principales compradores del armamento estadounidense y actúa como centro neurálgico para la inteligencia, las finanzas y la logística militar. Han creado una red de bases e instalaciones que se extiende desde Yemen hasta Somalia, en torno al mar Rojo y al golfo de Adén, y que se construyó con la participación de Estados Unidos e Israel. Se trata de la infraestructura de una potencia regional que busca tener influencia sin asumir sus responsabilidades.

La mayor crisis humanitaria del mundo tiene lugar en Sudán. En abril de 2023 empezó una catastrófica guerra civil provocada por una violenta lucha de poder entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF, por sus siglas en inglés) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) que devastó Jartún, El Fasher y otras docenas de ciudades. Se podría ver desde el espacio la sangre derramada en El Fasher.

Desde abril de 2023 han sido desplazadas unos 15 millones de personas, mientras que otros varios millones más siguen necesitando ayuda para sobrevivir. Las mujeres están particularmente expuestas a la violencia sexual y la tortura. Más de 33.7 millones de personas de una población de 50 millones necesita actualmente ayuda humanitaria urgente. Más de la mitad del país sufre una inseguridad alimentaria severa, los servicios sanitarios esenciales han colapsado y los brotes de enfermedades agravan una situación que ya es de por sí catastrófica. Se calculaba que a fecha de finales del año pasado la cantidad de víctimas mortales ascendía a 400.000 personas, aunque es muy difícil de calcular.

La guerra en Sudán es una de las que financian directamente los Emiratos Árabes Unidos. No parece una ocupación colonial clásica y por ello se la considera secundaria, aunque las consecuencias que tiene son de las más catastróficas del mundo.

El escritor sudanés Husam Mahjoub ofrece el marco analítico más claro:

«El papel de los EAU en Sudán no es una anormalidad, sino que forma parte de un proyecto coherente, bien financiado y de alcance regional: una agenda subimperialista que combina extracción económica, el establecimiento de alianzas autoritarias y políticas contrarrevolucionarias bajo la cobertura de la sofisticación diplomática y alianzas globales. Por desgracias, Sudán es uno de sus principales laboratorios».

¿Como y porque caen los Imperios?

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Mahjoub explica que los EAU se han posicionado como una fuerza contrarrevolucionaria en toda la zona, que canaliza el apoyo a las RSF (una milicia que ha cometido atrocidades generalizadas) por medio de transferencias de armas y apoyo logístico. La organización The Sentry reveló en abril de 2026 que el líder de RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) y sus hermanos habían acumulado inversiones en 20 propiedades de lujo por valor de 24 millones de dólares, todas ellas situadas en la misma urbanización cerrada de Dubái.

Los EAU no actúan solos. Egipto y otras potencias regionales trabajan juntamente con la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos para mantener la inestabilidad en Sudán mientras obtienen beneficios estratégicos y económicos: reservas de oro, goma arábiga, tierras agrícolas y acceso a las rutas comerciales del mar Rojo. Los EAU han negado todas las acusaciones contra ellos, pero ello no ha ido acompañado de transparencia, de modo que siguen sin asumir sus responsabilidades.

Un imperio no siempre se anuncia a sí mismo por medio de decretos coloniales, a veces llega a través de puertos. En los últimos 15 años los EAU han extendido su presencia en toda África por medio de inversiones en infraestructuras portuarias, aeropuertos y redes logísticas, y un puerto nunca es un lugar neutro. El poeta e investigador palestino Rafeef Ziadah ha escrito acerca de la intervención de los EAU para controlar los puertos yemeníes y las rutas comerciales en todo el océano Índico y el mar Rojo, y ha indicado que el mismo puerto que se utiliza para la ayuda humanitaria se utiliza para suministrar material militar. La línea entre ayuda y guerra es deliberadamente difusa, no es casual.

El oro es el recurso que permite entender el circuito de retroalimentación. Un informe publicado en abril de 2026 por el Center for Environmental and Social Studies detalla cómo el oro de Sudán, que se extrae mediante violencia y coacción, se mueve por medio de redes informales a través de las fronteras hasta llegar a Dubái. Las cadenas de suministro permiten que los materiales se atribuyan erróneamente, se vuelvan a etiquetar o se mezclen para ocultar su origen; la línea entre el oro de origen legal y el ilegal se difumina durante el transporte. El oro se cambia por armas y liquidez financiera, y la guerra se mantiene.

En enero de 2026 la misión naval «Will for Peace» llevó un convoy de buques de guerra procedentes de Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos a atracar en la ciudad sudafricana de Simon’s Town bajo la etiqueta de un «ejercicio marítimo». Ahí se vio perfectamente la confusión deliberada que identifica Ziadah entre logística humanitaria, militar y comercial. Sudáfrica no es un mero espectador en estas redes. Open Secrets ha sacado a la luz a Integrated Convoy Protection (ICP), una empresa sudafricana, y el papel que desempeña suministrando a la maquinaria de guerra emiratí con envíos que pasan por el puerto de Durban hasta Jebel Ali, en Dubái. Este es el rostro de la violencia silenciosa: se mueve a través de infraestructuras ordinarias, oculta en la rutina del comercio mundial.

Pero el puerto de Durban también ha sido el escenario de un plante: en 2021 sus estibadores se negaron de descargar un barco de mercancías israelí en un acto de solidaridad con el pueblo palestino, y los movimientos sindicales se sumaron en señal de apoyo. Los puertos son políticos, es donde se sustentan las guerras y donde los trabajadores conservan el poder de interrumpirlas.

El papel subimperial de los EAU no es una anomalía, es la expresión lógica de un sistema global en el que la alineación estratégica tiene prioridad sobre la vida humana, tanto en Jartún como en Gaza; tanto en Sudán como en Yemen. Los Estados del Golfo contribuyeron a neutralizar la liberación palestina. Ahora se está abandonando a Sudán con los mismos mecanismos. La alianza entre Occidente y el Golfo no es una relación entre iguales que comparten los mismos valores, sino que es una estructura que produce y mantiene la muerte generalizada y hay que llamarla por su nombre.

Se debe ver Dubai como es: una isla artificial construida sobre la esclavitud.

Cheriese Dilrajh es una artista, escritora e investigadora de Open Secrets.

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LA GEOPOLÍTICA DETRÁS DEL TRATADO ENTRE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ. (T-MEC)

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"Específicamente la crítica estructuralista sostiene que México logró integrarse exitosamente a las cadenas globales de valor, pero sin capturar una proporción equivalente del valor agregado generado por ellas. El ejemplo más evidente es la industria automotriz, pocas actividades ilustran mejor las virtudes y limitaciones del modelo. México es uno de los principales exportadores de vehículos del mundo. Produce millones de automóviles al año. Alberga plantas de prácticamente todos los grandes fabricantes globales. Sin embargo, gran parte de las decisiones estratégicas continúan tomándose fuera del país. Las patentes se registran fuera del país. Los centros de investigación más importantes permanecen fuera del país. La ingeniería de mayor complejidad suele desarrollarse fuera del país.  México fabrica, otros diseñan. México ensambla. Otros controlan la propiedad intelectual. La revisión de 2026 podría comenzar a responderla. Si la nueva arquitectura norteamericana incorpora a México como socio tecnológico, como participante en la producción de semiconductores, baterías, minerales críticos y productos farmacéuticos avanzados, el país podría ascender dentro de la cadena de valor. En ese escenario, la competencia con China podría transformarse en una oportunidad histórica para la industrialización mexicana.

"Pero existe otro camino. Si la revisión del tratado se limita a endurecer reglas de origen para excluir a China y proteger industrias estadounidenses, México corre el riesgo de quedar atrapado en un papel conocido. Ensamblar productos diseñados en otro lugar, producir componentes desarrollados en otro lugar y capturar apenas una fracción del valor generado. Ese es el verdadero dilema del nuevo T-MEC. Estados Unidos necesita una América del Norte integrada porque ya no posee por sí solo la capacidad industrial suficiente para enfrentar el desafío chino. México necesita que esa integración se traduzca en desarrollo tecnológico propio y no únicamente en más fábricas. La revisión de 2026 no decidirá solamente el futuro de un tratado comercial. Decidirá si América del Norte puede convertirse en un bloque económico capaz de competir con China y, al mismo tiempo, determinará si México logra finalmente dejar atrás su condición de plataforma manufacturera para transformarse en un protagonista pleno de la nueva revolución industrial.

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Fuentes: El tábano economista.

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LA GEOPOLÍTICA DETRÁS DEL TRATADO ENTRE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ.

(T-MEC)

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Por Alejandro Marcó del Pont | 22/06/2026 | Economía

Fuentes- Revista Rebelión lunes 22 de junio del 2026.

La interdependencia destructiva, la paradoja del costo (El Tábano Economista)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 constituye el momento más delicado para la integración económica norteamericana desde la renegociación impulsada por Donald Trump entre 2017 y 2020. Lo que inicialmente fue concebido como un mecanismo técnico de evaluación se ha transformado en una negociación estratégica donde convergen disputas comerciales, rivalidades tecnológicas, seguridad fronteriza, política industrial y competencia geopolítica global.

Es decir, la revisión ya no trata solamente de aranceles o exportaciones. Lo que está en juego es quién controlará las cadenas productivas críticas del continente, cómo se distribuirán los beneficios del nearshoring y si México logrará transformar su extraordinaria integración manufacturera en un verdadero proyecto de desarrollo nacional. La disputa fundamental no es comercial; es una disputa por el modelo de desarrollo de América del Norte y la capacidad que esta unidad tiene para enfrentar a China desde el punto de vista económico y geopolítico. Si América del Norte no se integra, la probabilidad que EE. UU. compita con China es inexistente

La pregunta que domina las discusiones en Washington ya no es cuánto exporta México o cuántos automóviles cruzan diariamente la frontera. La pregunta es mucho más inquietante: ¿puede Estados Unidos competir con China durante las próximas décadas sin integración completa de América del Norte?

La respuesta, que se abre paso entre republicanos y demócratas, es la misma: no puede hacerlo solo. Durante treinta años, Estados Unidos organizó la globalización bajo la premisa de que la producción podía dispersarse por el mundo sin consecuencias estratégicas. El resultado fue una extraordinaria reducción de costos para las empresas estadounidenses, pero también una creciente dependencia de Asia en sectores críticos. La pandemia, las interrupciones logísticas y la guerra tecnológica con Pekín terminaron por revelar una realidad incómoda. La primera economía del planeta había perdido parte del control sobre las cadenas productivas que sostienen su prosperidad.

China no solamente se convirtió en la fábrica del mundo. Se convirtió en el centro gravitacional de sectores estratégicos. Controla una parte sustancial del procesamiento mundial de minerales críticos, domina la producción de baterías para vehículos eléctricos, lidera el mercado de paneles solares y ocupa posiciones centrales en numerosas cadenas de suministro industriales. Incluso en aquellos sectores donde Estados Unidos conserva ventajas tecnológicas, como los semiconductores avanzados, la dependencia de insumos, materiales y procesos distribuidos por Asia sigue siendo enorme.

Desde la perspectiva estadounidense, la conclusión es evidente. La competencia con China ya no puede librarse únicamente mediante aranceles o restricciones comerciales. Requiere reconstruir una base industrial continental. Por eso la revisión del T-MEC ha adquirido una importancia estratégica sin precedentes. Lo que está en juego es la construcción de una América del Norte capaz de funcionar como una plataforma integrada de producción, innovación y seguridad económica. Sin esa integración, Washington corre el riesgo de enfrentar a China con una estructura productiva fragmentada y dependiente.

La paradoja es que el país indispensable para ese proyecto es precisamente México. Estados Unidos necesita a México porque ninguna estrategia seria de reindustrialización puede funcionar sin aprovechar la capacidad manufacturera, la ubicación geográfica y la integración logística que el país ha desarrollado durante tres décadas. Los semiconductores requieren plantas de ensamblaje y prueba. Las baterías requieren una enorme red de proveedores industriales. Los minerales críticos necesitan capacidad de procesamiento y manufactura. La industria farmacéutica demanda cadenas regionales resilientes. Ninguna de estas actividades puede escalarse exclusivamente dentro del territorio estadounidense sin disparar costos y perder competitividad.

Sin México no existe una verdadera estrategia norteamericana de nearshoring. Sin México no existe una alternativa regional a las cadenas asiáticas y tampoco existe una masa crítica suficiente para competir con China.

Sin embargo, esa necesidad convive con una creciente desconfianza. Washington observa con preocupación cómo las inversiones chinas aumentan en territorio mexicano. Para muchos funcionarios estadounidenses, el riesgo no consiste solamente en la presencia de capital chino. El temor es que México termine funcionando como una plataforma indirecta para que empresas chinas accedan al mercado norteamericano aprovechando los beneficios del tratado.

La inversión china en México representa un dilema geopolítico fundamental para América del Norte. Aunque cuantitativamente modesta (menos del 2% del total de IED en México), su impacto cualitativo en sectores estratégicos (automotriz, electrónica, baterías, minerales críticos) amenaza con convertir a México en una plataforma para evadir los aranceles estadounidenses a China.

Los datos revelan una concentración sectorial alarmante desde la perspectiva de Washington: el 72% de la inversión china anunciada en 2023 se destinó al sector automotriz, mientras que las ventas de vehículos chinos en el mercado mexicano pasaron del 0.5% al 11.2% en apenas tres años. Esta penetración acelerada, combinada con el dominio chino en la cadena de suministro de vehículos eléctricos (baterías, motores, minerales críticos), ha provocado una respuesta regulatoria sin precedentes por parte de EE. UU., incluyendo aranceles del 57.6% a importaciones chinas y restricciones a las reglas de origen del T-MEC.

Si EE. UU. bloquea agresivamente la IED china en México bajo el pretexto de seguridad nacional, encarecerá drásticamente la transición energética en América del Norte. China controla actualmente más del 60% de la extracción y el 85% del procesamiento de minerales críticos globales, y domina el 80% de la producción de celdas de baterías y paneles solares. Sin las baterías y paneles solares chinos, Norteamérica no será competitiva globalmente.

La palabra que resume esa preocupación es triangulación. Desde la perspectiva estadounidense, una fábrica china instalada en México que exporta hacia Estados Unidos puede convertirse en una vulnerabilidad estratégica si mantiene dependencias tecnológicas, financieras o de suministros provenientes de China. Lo que está en discusión no es el origen geográfico de una planta, sino quién controla realmente la cadena de valor.

Por eso las reglas de origen se han convertido en el verdadero campo de batalla de la revisión de 2026. Detrás de los porcentajes de contenido regional y de los requisitos técnicos se esconde una disputa geopolítica de enormes dimensiones. Washington pretende utilizar esas reglas para reducir progresivamente la presencia de insumos y componentes chinos dentro de las cadenas productivas norteamericanas. Cada punto adicional de contenido regional representa un intento de desplazar producción desde Asia hacia América del Norte.

Las reglas de origen son el mecanismo que determina qué porcentaje de un producto debe ser producido dentro de Norteamérica para acceder a arancel cero. Bajo el NAFTA, un automóvil necesitaba aproximadamente 62,5% de contenido regional. Con el T-MEC: el 75% de contenido debe ser regional, el 70% del acero y aluminio debe provenir de Norteamérica y entre 40% y 45% del vehículo debe producirse en plantas con salarios superiores a US$16 por hora.

Ante la presión de la Casa Blanca por cerrar las puertas al capital de Beijing, México no puede permitirse una ruptura total con China, pero tampoco una confrontación abierta con su principal socio comercial. El gobierno mexicano está implementando una estrategia de «Pragmatismo Defensivo y Compartimentación». Es decir, sacrificio de sectores de los autos eléctricos y el acero. En las industrias donde EE. UU. considera la presencia china como una amenaza existencial (como las plantas de ensamblaje final de vehículos eléctricos de BYD o la fundición de acero), México aplicará restricciones severas. El gobierno ya ha establecido aranceles de hasta el 50% a más de 1,400 productos asiáticos para frenar la triangulación y mitigar las quejas de Washington.

Pero aquí aparece otra contradicción. Estados Unidos necesita integrar a México para competir con China. México necesita mantener cierto margen de maniobra para aprovechar inversiones provenientes de China. Para el gobierno mexicano, las inversiones chinas representan una fuente potencial de capital, empleo, infraestructura y transferencia tecnológica. En un contexto internacional caracterizado por la desaceleración económica y la incertidumbre global, renunciar completamente a esos flujos de inversión sería una decisión extremadamente costosa.

México se encuentra así en una posición delicada. Debe demostrar a Washington que no será una puerta trasera para China, pero al mismo tiempo busca beneficiarse de la rivalidad entre las dos mayores economías del mundo. Esta tensión revela un problema más profundo. Estados Unidos imagina una integración regional orientada a fortalecer la seguridad económica norteamericana. México aspira a una integración que impulse su propio desarrollo.

No necesariamente son los mismos objetivos. La experiencia del NAFTA, y posteriormente del T-MEC, alimenta ese debate. Los defensores del modelo destacan que México multiplicó sus exportaciones, se convirtió en una potencia manufacturera y consolidó una industria automotriz de escala global. Sus críticos responden que el crecimiento económico fue decepcionante, que la productividad avanzó lentamente y que buena parte de los beneficios fueron capturados por corporaciones multinacionales y élites empresariales a ambos lados de la frontera. La pregunta sigue abierta: ¿la integración generó desarrollo o simplemente integración?

Específicamente la crítica estructuralista sostiene que México logró integrarse exitosamente a las cadenas globales de valor, pero sin capturar una proporción equivalente del valor agregado generado por ellas. El ejemplo más evidente es la industria automotriz, pocas actividades ilustran mejor las virtudes y limitaciones del modelo. México es uno de los principales exportadores de vehículos del mundo. Produce millones de automóviles al año. Alberga plantas de prácticamente todos los grandes fabricantes globales. Sin embargo, gran parte de las decisiones estratégicas continúan tomándose fuera del país. Las patentes se registran fuera del país. Los centros de investigación más importantes permanecen fuera del país. La ingeniería de mayor complejidad suele desarrollarse fuera del país.  México fabrica, otros diseñan. México ensambla. Otros controlan la propiedad intelectual.

La revisión de 2026 podría comenzar a responderla. Si la nueva arquitectura norteamericana incorpora a México como socio tecnológico, como participante en la producción de semiconductores, baterías, minerales críticos y productos farmacéuticos avanzados, el país podría ascender dentro de la cadena de valor. En ese escenario, la competencia con China podría transformarse en una oportunidad histórica para la industrialización mexicana.

Pero existe otro camino. Si la revisión del tratado se limita a endurecer reglas de origen para excluir a China y proteger industrias estadounidenses, México corre el riesgo de quedar atrapado en un papel conocido. Ensamblar productos diseñados en otro lugar, producir componentes desarrollados en otro lugar y capturar apenas una fracción del valor generado.

Ese es el verdadero dilema del nuevo T-MEC. Estados Unidos necesita una América del Norte integrada porque ya no posee por sí solo la capacidad industrial suficiente para enfrentar el desafío chino. México necesita que esa integración se traduzca en desarrollo tecnológico propio y no únicamente en más fábricas.

La revisión de 2026 no decidirá solamente el futuro de un tratado comercial. Decidirá si América del Norte puede convertirse en un bloque económico capaz de competir con China y, al mismo tiempo, determinará si México logra finalmente dejar atrás su condición de plataforma manufacturera para transformarse en un protagonista pleno de la nueva revolución industrial.

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¿QUO VADIS KEIKO FUJIMORI?

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"El ataque al Poder Judicial (el culpable de sus 18 meses de prisión) será feroz. La JNJ será el instrumento de destrucción de la Corte Suprema y de todos los jueces que no se sometan a los designios de Rospigliosi. El TC se mantendrá un quinquenio más al no lograrse 40 votos en el Senado. En este escenario, la política de seguridad ciudadana justificará todas las restricciones a la libertad en el altar del orden. Tal vez, al principio, pueda mostrar algunos resultados, pero lo que se viene frente a una política salvajemente represiva siempre es peor en la experiencia comparada. Obviamente, las restricciones a los derechos de tránsito, reunión, protesta, creencias y, por supuesto, la libertad de expresión serán el pan nuestro de cada día.

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NOTA. NO COMPARTO con el contenido del presente Artículo, pero por respeto a la Oposición y quienes asumen "doble posición" o critican levemente la Política del Fujimorismo, hasta los que se oponen con principios, siempre es necesario conocerlos, como hoy apoyan , mañana asumen una seudo crítica y al final con el "devenir de los meses del gobierno" ahí se los vera en su plena y auténtica dimensión Política,. No compartimos, pero por respeto lo consideramos en nuestro Blogger de Sociología Política.

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¿QUO VADIS KEIKO FUJIMORI?

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Por Rosa maría Palacios.

Fuente. La República 21 de junio del 2026.

¿Qué escenarios son posibles en una presidencia de Keiko Fujimori? El Congreso es, hoy, otro. Solo han sido elegidos seis partidos. Su único aliado natural es Renovación Popular. Fujimori no sabe gobernar con oposición. Su padre nunca pudo. No sabía negociar. La gran pregunta es: ¿ella podrá?

Si bien aún no hay una proclamación oficial, a nadie le quedan dudas de que Keiko Fujimori ha ganado limpiamente la elección presidencial. Hasta aquí, lo que sabemos. Lo que se abre delante del país es una incógnita indescifrable este miércoles. Su historia política no ayuda a despejar los temores, las preocupaciones y los acertijos que dejan sus misteriosas intenciones. Su plan de gobierno dice poco (respetar la inversión privada y expandir el gasto público); su historia personal, mucho más. En los últimos 10 años, cada vez que pudo tomar una decisión democrática, optó por el fraudismo y el obstruccionismo, cuando no por el autoritarismo y el mercantilismo. Su antiizquierdismo no le impidió una alianza con los hermanos Cerrón ni sostener a Boluarte en el poder. Se alió con todos ellos y con todo el resto del actual Congreso para controlarlo todo, y lo consiguió.

¿Qué escenarios son posibles en una presidencia de Keiko Fujimori? El Congreso es, hoy, otro. Solo han sido elegidos seis partidos. Su único aliado natural es Renovación Popular, pero hay una larga historia de desencuentros en el actual Congreso y una serie de injurias recientes de López Aliaga. Van a tener una unión de hecho, forzada por la necesidad, pero no necesariamente por la afinidad. En la Cámara de Diputados, las dos fuerzas oficialistas suman 56. La oposición, si se une, suma 74 votos. En ese contexto, la oposición es invencible. ¿Qué puede hacer? Censurar ministros de Estado, procesar penalmente a altos funcionarios y controlar la mesa directiva para evitar cuestiones de confianza y ser, eventualmente, disueltos por Fujimori. En el Senado, los dos bloques están empatados: 30 a 30.

Fujimori no sabe gobernar con oposición. Su padre nunca pudo. No sabía negociar. La gran pregunta es: ¿ella podrá? Tiene una gran experiencia desde la oposición tumbando presidentes; ¿le servirá para evitar su propia impopularidad? La calle le viene dura de entrada. Sacó más de 2.800.000 votos en primera vuelta y más de 9.000.000 en la segunda. Suficiente, con las justas, para ganar. Pero triunfa solo en Lima y en siete regiones. Con un universo de más de 27.000.000 de electores, su impopularidad puede crecer muy rápidamente si no tiene, al menos, algunos gestos democráticos y conciliadores. Es decir, si no sabe ganar (ha demostrado no saber perder), su aprobación popular se va a parecer muy pronto a la de Boluarte.

Primer escenario, optimista. Fujimori hace una lectura política correcta del país y entiende que no puede pretender controlarlo todo en su beneficio como hasta hoy. Primero, entierra las banderas de la demagogia económica y le quita la iniciativa de gasto al Congreso con un profundo mea culpa por el daño fiscal causado. Se acaban los privilegios tributarios y el gasto se ordena de manera técnica, atendiendo prioridades reales. Un impulso a la inversión privada, con una política desreguladora y
garantías a la propiedad (se paga lo que se confisca) y a los contratos (se honra lo pactado), y el país puede disparar sus indicadores económicos. Esto requiere un MEF de verdad, no un títere de políticos codiciosos. Solo así se reduce la pobreza.

Pero, además, Fujimori tiene que poner fin a las locuras de Fernando Rospigliosi. Un equivalente a Antauro Humala en lo que se refiere a la independencia del sistema de justicia. Mientras que la JNJ actúe bajo el mandato de “barrer el Poder Judicial”, no hay forma de garantizar derechos fundamentales. Por eso, tiene que derogar las leyes procrimen, como iniciativa propia. Los diputados lo pueden hacer sin ella y están a un voto en el Senado. No estaría mal que, luego del gesto, se negocie la Comisión Revisora del Código Penal y, si quiere, que ponga al abogado de su gusto de presidente. Pero no puede seguir usando el poder político para regalar impunidad a las fuerzas armadas (a quienes parece estar pagando una deuda política por adelantado), ni para cubrir a los responsables de los 50 asesinados en el sur. Esa deuda sí tiene que pagarla con ese pueblo que quiere gobernar. Si, además, indulta, por lo menos, a Castillo y a Humala, puede dar un giro inesperado a su destino. Por supuesto, su lista de venganzas también se entierra y la política de seguridad ciudadana se asienta en pilares democráticos, los únicos que la hacen eficaz y duradera en el largo plazo. Reconciliación consigo misma y con el país.

Segundo escenario, realista. La lista de venganzas se ejecuta. Pero necesita del Congreso. Por ello, se procede a la “captación disuasiva” de curules. No es algo que no conozcamos. Siempre hay una buena excusa para formar microbancadas con intereses particulares que se acoplan al que más dé. Con seis partidos, es más difícil hacerlo que con 10, pero no duden de que ocurrirá. Cada cambio de sitio alterará el paisaje político. Fujimori hará algunas concesiones en materia gremial al empresariado (en la ruta de un mercantilismo muy lejano de un mercado libre), incrementará el gasto público clientelista en sus bases de apoyo y desmantelará toda política que promueva derechos fundamentales básicos.

El ataque al Poder Judicial (el culpable de sus 18 meses de prisión) será feroz. La JNJ será el instrumento de destrucción de la Corte Suprema y de todos los jueces que no se sometan a los designios de Rospigliosi. El TC se mantendrá un quinquenio más al no lograrse 40 votos en el Senado. En este escenario, la política de seguridad ciudadana justificará todas las restricciones a la libertad en el altar del orden. Tal vez, al principio, pueda mostrar algunos resultados, pero lo que se viene frente a una política salvajemente represiva siempre es peor en la experiencia comparada. Obviamente, las restricciones a los derechos de tránsito, reunión, protesta, creencias y, por supuesto, la libertad de expresión serán el pan nuestro de cada día.

Me encantaría vivir el primer escenario y puedo asegurar que los millones de votantes que Fujimori logró en la segunda vuelta también lo quieren. Huyeron de Sánchez porque una propuesta socialista y estatista destruye la economía (ahí tienen la buena noticia de la liberación parcial de la economía cubana después del yugo de 60 años) y porque la aspiración a vivir libres es universal. Pero suelo equivocarme, ¿verdad? Dios nos libre del segundo escenario, pero si no hay señales rápidas, hacia ahí vamos. No hay nadie del entorno de Fujimori que nos haga pensar lo contrario. El discurso del 28 de julio será el disparo de salida. Si se pone a enumerar obras, como cuando tenía que hablar de derechos humanos en el debate presidencial, tómenlo como una señal. Una mala señal.

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EL MOMENTO WATERLOO DE DONALD TRUMP.

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“Lo que ha firmado Trump no es el acta de una victoria. En la práctica equivale al reconocimiento de una derrota negociada. El fracaso militar de Estados Unidos en Irán no ha sido tan claro como la derrota de Napoleón en Waterloo. Y, obviamente, no supone su fin como potencia imperial, como Waterloo tampoco fue el fin inmediato del poder francés. Simplemente marcó el fin de su forma de ejercer el poder, la creencia de que la voluntad del líder y el tamaño de sus ejércitos bastan para torcer la historia.

“Por eso es aceptable decir que Trump se enfrenta a su momento Waterloo. El memorándum del 14 de junio certifica que la potencia que fue a la guerra para demostrar su dominio absoluto la ha tenido que concluir pidiendo permiso al Consejo de Seguridad de unas Naciones Unidas con las que hace unos meses quería acabar a base de no contribuir a su financiación. Es sabido que los imperios no respetan los acuerdos que firman en declive y Estados Unidos no será la excepción. Pero, de momento, lo ocurrido en Irán revela que Washington ya no dispone de la capacidad de imponer unilateralmente su voluntad como hizo durante décadas y que la conversión de su complejo militar-industrial en un negocio financiero está empezando a traducirse en límites geopolíticos visibles que pueden resultarle muy pronto demoledores.

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Fuentes: Rebelión [Foto: Trump con Macron en Versalles, adonde fue para firmar la paz]

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EL MOMENTO WATERLOO

DE DONALD TRUMP.

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Por Juan Torres López | 20/06/2026 | Opinión

Fuente. Revista Rebelión sábado 20 de junio del 2026.

Los imperios en declive siempre actúan así: cuanto más inseguros están de su poder real, más necesitan monumentalizarlo, mientras que las potencias en fase de apogeo genuino no necesitan nunca proclamarlo en piedra y oro. Lo demuestran y ejercen con hechos

No parece que Donald Trump sea muy aficionado a los libros de historia, así que no creo que sepa lo que le ocurrió a Napoleón en Waterloo. Si lo supiera no pararía de tener pesadillas con ello.

El economista Blair Fix publicó en mayo de 2026 un artículo que derrumba el mito del poderío militar estadounidense. Su título (traducido: El negocio de la guerra y la mala medición del poder militar) lo dice casi todo: el ejército de Estados Unidos ha dejado de ser una máquina de ganar guerras porque se ha convertido en una de generar beneficios financieros. Y cuando Fix buscó un referente histórico para ilustrar ese tránsito, no eligió Vietnam ni Irak. Encontró a Napoleón.

La comparación no es caprichosa. Napoleón construyó el mayor aparato militar que Europa había conocido, lo financió con deuda y conquistas, y lo administró como un instrumento de poder personal más que como una herramienta al servicio de una estrategia sostenible. El resultado fue Waterloo: no sólo una derrota puntual, sino el colapso de un modelo que había confundido la apariencia del poder con su sustancia. Fix argumenta que Estados Unidos lleva décadas recorriendo ese mismo camino. Gasta cada año más, pero si se mide bien, su peso no es el aparente.

Según los cálculos de Fix, su poder adquisitivo global en términos relativos se sitúa ahora en tan solo el 4% de su máximo alcanzado durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo más revelador: esa cifra monetaria probablemente sobreestima el poder militar real, porque una parte creciente de ese gasto no compra capacidad combativa, sino rentabilidad para los accionistas de los grandes contratistas de defensa. El economista Michael Hudson compara las armas que fabrica Estados Unidos con un Rolls-Royce: sirve para ir al trabajo, pero a un coste prohibitivo. Otros países, como ha puesto de manifiesto la reciente guerra en Irán, las fabrican más baratas y operativas -porque no buscan alimentar el negocio financiero- y con ellas pueden neutralizar o destruir sistemas de armamento estadounidenses enormemente más caros gastando mucho menos dinero.

Lo curioso del caso es que, aunque el análisis de Fix es original, brillante y riguroso, en realidad viene a confirmar lo que el propio presidente Trump reconoció en enero de 2026. En su Orden Ejecutiva 14372 para dar prioridad al personal militar en la contratación de defensa lo afirma sin matices:

«Tras años de prioridades equivocadas, los contratistas de defensa tradicionales se han visto incentivados a priorizar la rentabilidad para los inversores por encima de las fuerzas armadas de la nación (…) Numerosos contratistas de gran tamaño, a la vez que incumplen sus contratos actuales, buscan contratos nuevos y más lucrativos, recompras de acciones y dividendos excesivos para los accionistas, a costa de la capacidad de producción, la innovación y la puntualidad en las entregas».

Y no deja de ser igualmente significativo que, mientras Fix publicaba su análisis, Trump mostraba los planos de un arco del triunfo de 75 metros de altura, el mayor del mundo, que piensa construir, coronado por una figura alada con antorcha y flanqueado por águilas y leones dorados, frente al Memorial Lincoln en Washington. Tal y como reconoció el propio Trump, a imagen y semejanza del Arc de Triomphe parisino encargado por Napoleón en 1806, en el momento de su máxima ilusión imperial.

Los imperios en declive siempre actúan igual. Cuanto más inseguros están de su poder real, más necesitan monumentalizarlo, mientras que las potencias en fase de apogeo genuino no necesitan nunca proclamarlo en piedra y oro. Lo demuestran y ejercen con hechos.

El Waterloo de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos anunció y celebró el acuerdo preliminar de paz del pasado 14 de junio de 2026 con Irán como una gran victoria. Pero quien lo lea con mínimo detalle tiene que llegar a una conclusión diferente.

Estados Unidos había exigido en marzo que Irán desmantelara sus tres principales instalaciones nucleares, pusiera fin al enriquecimiento de uranio en suelo iraní, suspendiera su programa de misiles balísticos y garantizara la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

Lo que el memorándum firmado contiene es otra cosa: el programa nuclear no se desmantela; el uranio enriquecido existente se diluirá en suelo iraní bajo supervisión de la AIEA, y las actividades de enriquecimiento se discutirán en el marco del acuerdo final; Irán conserva sus instalaciones y el enriquecimiento se negocia, no se elimina; no hay mención alguna a los misiles; Estados Unidos se compromete a levantar todas las sanciones y a desarrollar un plan de reconstrucción económica para Irán valorado en al menos 300.000 millones de dólares, con todos los permisos y licencias necesarios para las transacciones financieras; Irán se compromete a garantizar el paso libre de buques comerciales sin cobrar tasas tan sólo durante 60 días; Estados Unidos no tendrá allí soberanía y acuerda retirar sus fuerzas de la proximidad de Irán en un plazo de 30 días tras la conclusión del acuerdo final. Y las dos guindas del pastel. Una, el punto 14 que establece que el acuerdo requiere aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que otorga a Moscú y Pekín veto efectivo sobre el resultado. La potencia que declaró la guerra unilateralmente necesita el aval de sus adversarios estratégicos para cerrarla. La otra perla, que Israel queda en fuera de juego, al no aparecer como actor determinante en la arquitectura final del acuerdo.

Lo que ha firmado Trump no es el acta de una victoria. En la práctica equivale al reconocimiento de una derrota negociada.

El fracaso militar de Estados Unidos en Irán no ha sido tan claro como la derrota de Napoleón en Waterloo. Y, obviamente, no supone su fin como potencia imperial, como Waterloo tampoco fue el fin inmediato del poder francés. Simplemente marcó el fin de su forma de ejercer el poder, la creencia de que la voluntad del líder y el tamaño de sus ejércitos bastan para torcer la historia.

Por eso es aceptable decir que Trump se enfrenta a su momento Waterloo. El memorándum del 14 de junio certifica que la potencia que fue a la guerra para demostrar su dominio absoluto la ha tenido que concluir pidiendo permiso al Consejo de Seguridad de unas Naciones Unidas con las que hace unos meses quería acabar a base de no contribuir a su financiación.

Es sabido que los imperios no respetan los acuerdos que firman en declive y Estados Unidos no será la excepción. Pero, de momento, lo ocurrido en Irán revela que Washington ya no dispone de la capacidad de imponer unilateralmente su voluntad como hizo durante décadas y que la conversión de su complejo militar-industrial en un negocio financiero está empezando a traducirse en límites geopolíticos visibles que pueden resultarle muy pronto demoledores.

Publicado en La Voz del Sur el 19 de junio de 2026

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MEXICO. LAS REFORMAS LABORALES DE LA 4T. “Gobierno de la Cuarta Transformación”.

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“También se sabe que muchos trabajadores se encuentran en la inmovilidad y no reclaman sus derechos por temor al despido, tampoco se organizan en un sindicato ajeno a los intereses de la empresa por lo mismo y esto ¿no lo conocen los legisladores cuatroteístas?, ¿no saben que esta reforma la hizo Felipe Calderón para favorecer a los patrones y maniatar a los trabajadores? Claro que lo saben, pero en el fondo también están de acuerdo con la “estabilidad laboral” que a los patrones conviene. Si estuvieran a favor de los trabajadores, con la mayoría que tienen en las Cámaras, y que obtuvieron gracias a millones de trabajadores que votaron por ellos, ya hubieran restituido el derecho de los obreros a recibir los salarios caídos durante el tiempo que tardaran en resolverse las demandas por despido injustificado y hubieran prohibido en la ley el despido por motivos sindicales que hoy es tan frecuente y que obliga a los obreros a soportar sindicatos venales y patronales.

“Para los trabajadores mexicanos es una tragedia vivir bajo la amenaza del despido y del desempleo ante el menor reclamo de mejores condiciones de trabajo y de vida, y debemos reconocer que el gobierno de la 4T, al dejar intactas las reformas que hizo la derecha mexicana, contribuye alegremente al sometimiento de la clase obrera al yugo patronal. La 4T, pues, en el fondo no está para favorecer a los trabajadores, está para apoyar a los patrones, está para administrar y fortalecer al Estado capitalista que oprime y engaña a las clases trabajadoras de este país. Las ayudas que proporciona son sólo mecanismos de engaño para que, el Estado que representa, viva fuerte y vigoroso por muchos años más, haciendo creer a la clase obrera y a la clase campesina que en él y en el sistema capitalista está la solución a sus problemas.

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Fuentes: Rebelión.

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MEXICO. LAS REFORMAS LABORALES DE LA 4T.

“Gobierno de la Cuarta Transformación”.

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Por Humberto Castro | 16/06/2026 | México.

Fuente. Revista Rebelión viernes 19 de junio del 2026.

Para darle contenido a lo que el gobierno de la 4T ha dado en llamar la “primavera laboral” se ha desatado en las Cámaras de diputados y senadores toda una serie de iniciativas de reformas, sobre todo, de la ley laboral de nuestro país. La gran mayoría son reformas intrascendentes que no impactan en el magro ingreso de los trabajadores, pero que “visten” a los políticos que las proponen y “prestigian” a las fuerzas políticas que las impulsan.

De todas las reformas laborales que ha emprendido la 4T, pocas son las que algo han significado en la mejora de la vida laboral de los obreros mexicanos: la reforma laboral de justicia laboral y democracia sindical de 2019 que impuso a México el imperialismo norteamericano; el incremento salarial que sólo ha mejorado un poco al salario mínimo lo cual no sucede con los salarios contractuales; el incremento a las vacaciones en seis días; y la reducción de la jornada a 40 horas semanales, que se aplicará totalmente hasta el año 2030.

Tal como lo hemos dicho en otros análisis, estas reformas han sido aprobadas con el consentimiento de las clase de los patrones porque para todas ellas tienen un antídoto: en el caso de la reforma de 2019 legitimaron los contratos con los sindicatos charros con los que ya tenían convenio; para anular los incrementos salariales sólo aumentan el precio de los productos de primera necesidad; para el incremento de vacaciones no las entregan completas o se las proporcionan a los trabajadores a cuentagotas o a cambio de días libres que los trabajadores necesitan para atender asuntos personales o familiares; y para la semana de 40 horas, los empresarios apretaron al Gobierno para que no declare obligatorio el descanso de dos días semanales y para que la disminución de horas se aplique “de común acuerdo” entre patrón y empleado, en este caso, sigue vigente la regla de que por cada seis días de trabajo se tiene uno de descanso.

Todas las demás reformas, unas más y otras menos, son repeticiones con ligeros cambios de otras leyes o convenios ya antes establecidos o que tienen muy poca trascendencia para la economía de los trabajadores, las cuales también han recibido la aprobación patronal porque la afectación que reciben es mínima. Así, se aprobó el reconocimiento de los derechos laborales para trabajadoras del hogar, en su mayoría no se cumple; la regulación en el teletrabajo, tampoco; prohibición en el outsourcing, solo se aplicó parcialmente; la ley silla, su aplicación es mínima; regulación del trabajo para plataformas digitales, el beneficio fue para el Gobierno porque al registrar los trabajadores al IMSS, Hacienda ya puede cobrar impuestos; hubo reforma en las utilidades, pero para ponerles un tope que perjudica a muchos trabajadores; otra reforma fue para promover la igualdad, evitar la violencia y tomar como base la perspectiva de género, asunto que tiene décadas aprobado en los tratados internacionales y que México tiene firmados, pero cuyo cumplimiento sigue esperando.

En una nota informativa titulada “6 reformas laborales que quedaron congeladas” nos dice Gerardo Hernández que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y que hubo reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que quedaron pendientes

“todos ya son dictámenes y la mitad cuentan con el aval de una de las dos Cámaras, es decir, sólo requieren la aprobación de la colegisladora” (El Economista, 07/05/2026).

A decir del mencionado comunicador, las reformas pendientes son: la desconexión digital, que las personas al terminar su horario de trabajo ya no reciban llamados de la empresa; transparencia salarial, que al ofertarse empleo sea poniendo el salario que se obtendrá; buró laboral, que se prohíban las “listas negras” y el empleo de datos personales de los trabajadores con el propósito de usarlos en su contra o para condicionar el acceso o permanencia en un empleo; permiso por luto, por el fallecimiento de un familiar; violencia laboral, que se considere el acoso o mobbing, el ciberacoso y discriminación como comportamientos violentos en el trabajo; y, por último, inspecciones en igualdad salarial.

Como es fácil notar, varias de estas reformas con anterioridad han sido aprobadas de diferentes maneras, pero el único defecto es que no se han cumplido y, aunque se aprueben otras nuevas, los trabajadores seguirán sufriendo los mismos problemas en el trabajo porque no hay verdadera voluntad de corregir los excesos del capital.

Sólo a manera de ejemplos y para no dejarlo como una simple afirmación, tenemos el caso de las listas negras que desde hace mucho tiempo han estado prohibidas, pero funcionarios sin escrúpulos transmiten la información a despachos patronales para registrar y no dar empleo a los trabajadores que demandan ante las autoridades laborales; también tenemos el caso de la discriminación que está prohibida en la Constitución mexicana, en los tratados internacionales, en la LFT y ahora hasta en el T-MEC, sin embargo, se sigue presentando en miles de centros laborales; la desigualdad salarial también está prohibida y en miles de empleos sigue siendo una práctica común, etc.

Por una parte, se aprueban y hasta se repiten muchas reformas y se hace gran alharaca de ellas, pero por otra, este gobierno no hace nada para que se cumplan. Si hubiera verdadera voluntad de corregir, todos los días habría miles de inspectores vigilando su cumplimiento en los centros de trabajo, y miles de sanciones para los infractores, pero eso no sucede. Las propias autoridades del Gobierno han reconocido que para una vigilancia adecuada se requieren más de 4 mil inspectores, sin embargo, el propio director de Inspección del Trabajo ha reconocido que, para vigilar millones de empresas en el país, la Secretaría del Trabajo cuenta sólo con 660 inspectores, muchos de los cuales, esto lo afirmamos nosotros, se corrompen y realizan las inspecciones todas favorables al cumplimiento de normas que deben reportar las empresas.

No hay pues tal “primavera laboral” hay una simulación de hacer justicia a los trabajadores porque las reformas que se aprueban solo quedan en el papel, pero, además, son reformas que buscan afectar lo menos posible a la clase empresarial. Ahora pretenden los legisladores ya

“no aprobar pisos mínimos…porque están transitando a un enfoque de mejora de prácticas, sin agregar más cargas patronales de manera general”.

Por ejemplo, en este periodo de sesiones que está finalizando, desecharon cinco iniciativas para ampliar los días festivos en la LFT, se negaron a aprobar y reconocer más días de descanso obligatorio para los trabajadores.

Ante algunas de las reformas que verdaderamente favorecerían a los trabajadores los legisladores de la 4T cierran los ojos. Entre ellas, es sabido que con la reforma laboral de 2012 se abarató para los patrones el despido de los trabajadores mexicanos, tal abaratamiento se realizó reduciendo los salarios caídos a un año y estableciendo un tope de dos salarios mínimos a la prima de antigüedad.

También se sabe que muchos trabajadores se encuentran en la inmovilidad y no reclaman sus derechos por temor al despido, tampoco se organizan en un sindicato ajeno a los intereses de la empresa por lo mismo y esto ¿no lo conocen los legisladores cuatroteístas?, ¿no saben que esta reforma la hizo Felipe Calderón para favorecer a los patrones y maniatar a los trabajadores? Claro que lo saben, pero en el fondo también están de acuerdo con la “estabilidad laboral” que a los patrones conviene. Si estuvieran a favor de los trabajadores, con la mayoría que tienen en las Cámaras, y que obtuvieron gracias a millones de trabajadores que votaron por ellos, ya hubieran restituido el derecho de los obreros a recibir los salarios caídos durante el tiempo que tardaran en resolverse las demandas por despido injustificado y hubieran prohibido en la ley el despido por motivos sindicales que hoy es tan frecuente y que obliga a los obreros a soportar sindicatos venales y patronales.

Para los trabajadores mexicanos es una tragedia vivir bajo la amenaza del despido y del desempleo ante el menor reclamo de mejores condiciones de trabajo y de vida, y debemos reconocer que el gobierno de la 4T, al dejar intactas las reformas que hizo la derecha mexicana, contribuye alegremente al sometimiento de la clase obrera al yugo patronal.

La 4T, pues, en el fondo no está para favorecer a los trabajadores, está para apoyar a los patrones, está para administrar y fortalecer al Estado capitalista que oprime y engaña a las clases trabajadoras de este país. Las ayudas que proporciona son sólo mecanismos de engaño para que, el Estado que representa, viva fuerte y vigoroso por muchos años más, haciendo creer a la clase obrera y a la clase campesina que en él y en el sistema capitalista está la solución a sus problemas.

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