EL OPERADOR FERNANDO CERIMEDO. ARRIBÓ A LIMA DURANTE LA JURAMENTACIÓN DE KEIKO FUJIMORI.

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 CERIMEDO DESDE LA CÁRCEL EN BOLIVIA: “NO TENGO INFLUENCIA EN EL GOBIERNO, LE DI CONSEJOS AL PRESIDENTE COMO AMIGO” 

 El exconsultor de Rodrigo Paz y Javier Milei cumple prisión preventiva por 180 días acusado de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito. La situación judicial de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y del argentino Javier Milei, se agrava cada vez más. Este fin de semana, la Justicia boliviana dictó una segunda prisión preventiva por 180 días por supuesto enriquecimiento ilícito. Se trata de otra de las causas abiertas contra él desde que el pasado 18 de agosto fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra acusado de planear el asesinato de su expareja, Nadia Beller. Desde la cárcel de Palmasola, la más grande de Bolivia, Cerimedo negó al borde del llanto las acusaciones que pesan contra él: “Me arruinaron la vida”. El exconsultor del presidente boliviano Rodrigo Paz y del argentino Javier Milei negó también cualquier influencia en el Gobierno de Paz: “No despedí ministros, no asigné ministros, no contraté personal. Le di consejos al presidente a modo colaborativo, como amigo”.

Detención de Fernando Cerimedo en Santa Cruz (Bolivia), el 21 de agosto. Ipa Ibanez (REUTERS)

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Cerimedo aseguró que, de tener la influencia que se le atribuye, hubiera podido ayudar a Paz a contrarrestar los intentos para debilitar su Gobierno: “No pueden medir que tenía un alto poder, una alta influencia. Si fuera así, muchas cosas que pasaron en Bolivia no hubieran ocurrido. No lo digo desde el elogio, pero me hubiese gustado aportar desde mi experiencia para que no existan intentos de desestabilizar al Gobierno”, declaró el consultor, haciendo referencia a los conflictos sociales que se extendieron por más de 50 días y pedían la renuncia del presidente. Los procesos contra Cerimedo se abrieron después de que Beller sobreviviera a tres tiros de arma de fuego y, desde el hospital, denunciara que había sido su exnovio quien intentó matarla para silenciarla. Beller dijo entonces que Cerimedo era quien gobernaba en Bolivia y que operaba por encima de los ministros. Además de las acusaciones por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, Cerimedo es investigado también por supuesto tráfico de sustancias controladas y violencia familiar. La semana pasada, Paz admitió que el consultor argentino lo acompañó en la segunda vuelta de las elecciones de 2025 y durante los primeros meses de Gobierno, pero que nunca existió una relación laboral formal. “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, dijo el presidente boliviano en un vídeo. Paz defendió también a su esposa como “intachable”, después de que Beller la señalara de participar en supuestas tramas de corrupción relacionadas con la gasolina, el oro y compañías de servicios junto a Cerimedo.

La Fiscalía allanó varias propiedades del argentino, donde dijo encontrar más de 40.000 dólares. En su defensa, el consultor aseguró que, por los servicios que ofrecen sus empresas en Estados Unidos y Argentina, gana anualmente alrededor de un millón de dólares y que la legalidad de sus ingresos fue respaldada por su defensa. “El dinero era para establecerme en Bolivia, pagar alquileres, comprar muebles, no tengo una cuenta bancaria en Bolivia (...) Alquilamos una oficina para abrir una empresa de marketing”. “Los edificios que allanaron son donde iba a estar mi familia, ahí están las cosas para mis hijos, las camas, los juguetes. No me va mal en Argentina, pero acá es más económico para las operaciones que llevo adelante, como recursos humanos o alquileres”, se defendió Cerimedo. El consultor cuestionó que la Fiscalía tome como pruebas las declaraciones de su expareja, quien lo habría amenazado con arruinarle la vida días antes del ataque armado. Se negó, ante la comisión de fiscales, a responder preguntas sobre su relación personal con Paz, aludiendo a que no tiene nada que ver con el delito del que se lo acusa. Mantuvo la versión de sus abogados de que el caso es un intento de golpe de Estado.

“El precedente que van a marcar es que cualquier empresario extranjero que quiera meter dinero y se reúna con las cámaras de hidrocarburos, productivas, y que haya un ministro presente, va a ser arrestado”. A pesar de que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó en conferencia de prensa que existe una investigación de oficio contra Cerimedo por tráfico de sustancias ilícitas y confabulación, el acusado aseguró que no tiene ningún proceso por narcotráfico. “Parte de las denuncias que tengo es de gente que hablaba en mi nombre. Cuando me llamen a declarar, voy a explicar qué miembros del Ministerio Público hablaban en mi nombre”.

El vicepresidente, Edmand Lara —peleado con Paz—, anunció este lunes que presentó un audio a la Fiscalía que vincularía a la esposa del presidente con Cerimedo. Por Caio Ruvenal. Fuente, España El País, Cochabamba lunes 31 de agosto del 2026.

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Fernando Cerimedo envió a Nadia Beller esta foto para contarle que la persona que aparece (aún no identificada) era su contacto con Keiko Fujimori, el 28 de julio de 2026. Foto: composición LR

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EL OPERADOR FERNANDO CERIMEDO.

ARRIBÓ A LIMA DURANTE LA JURAMENTACIÓN DE KEIKO FUJIMORI.

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La ruta del gaucho. Nadia Beller, la expareja del cerebro de las campañas presidenciales de la derecha en la región, informó que el consejero argentino estuvo relacionado con el equipo de campaña fujimorista y envió una fotografía para probarlo. El movimiento migratorio de Fernando Cerimedo ratifica la versión y da un giro extraordinario al caso.

La ruta del gaucho. Nadia Beller, la expareja del cerebro de las campañas presidenciales de la derecha en la región, informó que el consejero argentino estuvo relacionado con el equipo de campaña fujimorista y envió una fotografía para probarlo. El movimiento migratorio de Fernando Cerimedo ratifica la versión y da un giro extraordinario al caso.

Por Ángel Páez. Periodista.

Rosmeri Tapara. Periodista.

Fuente. La República miércoles 2 de septiembre del 2026.

El consultor y operador digital argentino Fernando Cerimedo, señalado como el cerebro de campañas de desprestigio y de noticias falsas al servicio de aspirantes presidenciales latinoamericanos de derecha, estuvo vinculado al equipo de la excandidata Keiko Fujimori.

La expareja de Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, afirmó a La República que el pasado 28 de julio el consejero mediático le remitió desde el hotel Marriott en Miraflores, una fotografía junto a una mujer que actuaba como enlace con Fujimori. Para corroborar su afirmación, Beller desde su celular remitió la imagen a este diario.

“Yo te acabo de mandar ahí una foto de una persona que entiendo que es política de tu país. Esa foto me la mandó (Fernando Cerimedo) el día de la posesión de Keiko (Fujimori)”, dijo Nadia Beller en una conversación grabada por este periódico.

De acuerdo con lo manifestado por Beller, la relación con el equipo fujimorista no era reciente, sino que comenzó en 2025, el año que arrancó la cuarta campaña presidencial de Fuerza Popular.

“(Cerimedo) me comentó que alguien del equipo con el que él trabajó allá, quería que se reúna con esta señora (no identificada). Entiendo que esta señora es política (la de la fotografía), que fue parte de la campaña de Keiko (Fujimori). Y él (Cerimedo) desayunó con ella el día de la posesión (el 28 de julio). Esto fue en un hotel (Marriot) del Perú”, indicó Nadia Beller.

Tras los pasos del operador.

El movimiento migratorio de Fernando Cerimedo obtenido por La República ratifica lo expresado por Beller.

Nacido el primero de mayo de 1981 (44 años), Fernando Cerimedo ingresó al país por primera vez, procedente de Argentina, el 28 de diciembre de 2025, y se retiró el 30 del mismo mes.

El 30 de octubre de 2025, Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial. Pocas semanas después, retornó. El 9 de noviembre de 2025 llegó a Lima desde Bolivia y el mismo día salió con dirección a Colombia. Lo mismo ocurrió el 9 de diciembre: arribó desde Bolivia y el mismo día dio la vuelta al país altiplánico, donde asesoraba al entonces candidato de derecha Rodrigo Paz Pereira.

Su siguiente visita fue el 27 de julio (aterrizó procedente de Bolivia) y salió el 28 de julio con el mismo destino, tal como señaló Nadia Beller.

El 17 de agosto del 2026, la abogada Nadia Beller acudió a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para recibir información relacionada a un caso que estaba investigando. Cuando llegó al punto del encuentro, dos sicarios le dispararon para quitarle la vida. Quedó herida por tres impactos de bala.

Beller acusó directamente a su expareja, de quien estaba embarazada. El incidente produjo la detención del consultor argentino y el allanamiento de varios inmuebles, entre los cuales se encontró una granja de trolls, que se dedicaban a difundir “fake news” desde cuentas simuladas para intoxicar las redes o generar tendencias de opinión con datos fraudulentos.

Fernando Cerimedo en Lima el día de la toma de mando de Keiko Fujimori. Foto: La República.

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Nadia Beller ha declarado que partidos políticos solían contratar o reclutar a Fernando Cerimedo para desatar campañas en beneficio de candidatos de derecha y que se jactaba de los triunfos electorales de Rodrigo Paz, en Bolivia; de Nasry Asfura, en Honduras; Santiago Peña, en Paraguay; Javier Milei, en Argentina; y José Kast, en Chile, entre otros.

Al estallar el escándalo del intento de asesinato protagonizado por Fernando Cerimedo en agravio de Nadia Beller, y al exponerse el papel del consejero argentino en las campañas presidenciales latinoamericanas de derecha, todos los mencionados negaron haber interactuado con este.

Cuando el viernes 21 de agosto la revista 'Hildebrandt en sus Trece' reveló que Keiko Fujimori tenía un asesor secreto, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, La República le preguntó si conocía a Fernando Cerimedo y respondió negativamente.

 

Cercanos. El director del Centro Adam Smith, Carlos Díaz-Rosillo (derecha) y Damián. Foto: The Adam Smith Center for Economic Freedom

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La punta de la madeja.

Y respecto a otro de los consejeros de Fujimori, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, Valenzuela, por intermedio de su abogado David Torres Barreto contestó:

“Carlos Díaz Rosillo y Damián Valenzuela se conocen desde hace tiempo, son amigos y mantienen entre ellos una relación de respeto profesional y académico. Ambos han coincidido y compartido distintos espacios con Keiko Fujimori, tanto en el ámbito de la amistad personal como durante su actividad académica”.

Pero resulta que Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que le paga US$45 mil anuales a Keiko Fujimori por dictar conferencias, coincidió con Fernando Cerimedo y Damián Valenzuela en Lima para la juramentación de la nueva presidenta.

Los movimientos migratorios de Fernando Cerimedo, Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, así lo confirman. Los tres coincidieron en Lima. Y sí, se parece a la trama de una de las series de Netflix, como escribió Damián Valenzuela, solo que en este caso es una historia verdadera.

 

El socio. El español Javier Negre con la recién juramentada presidenta Keiko. Foto: @javiernegre10.

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En este reparto de actores debe añadirse forzosamente al español Javier Negre, con quien Fernando Cerimedo fundó el periódico digital La Derecha Diario.

Durante la campaña presidencial, este medio publicó varios artículos a favor de la candidata Keiko Fujimori. Esto explicaría por qué Javier Negre fue uno de los invitados especiales de la juramentación presidencial, e incluso se tomó una fotografía con la mandataria.

Hay otro personaje que vincula a Fernando Cerimedo con el asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo. El representante del Centro Adam Smith en Uruguay, que dirige Díaz-Rosillo, el argentino Andrés 'Andy' Rivas, es socio de Cerimedo.

Los vínculos son estrechos, evidentes y comprobados.

Con la confirmación del nexo entre Fernando Cerimedo y la campaña de Keiko Fujimori ya tenemos la punta de la madeja. Ahora sí.

 

Otro tiempo. El argentino Fernando Cerimedo con Nadia Beller, su expareja boliviana. Foto: difusión.

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ISLANDIA RECHAZA LA REANUDACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES PARA SU ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA.

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“Islandia lleva décadas debatiendo si debiera o no convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Los temores que sienten los sectores pesquero y agrícola son el tema central de los mensajes de los euroescépticos y que, finalmente, ha provocado que los islandeses rechazaran el sábado pasado retomar las conversaciones de adhesión a la UE. El ganadero Stefán Geirsson comercializa leche y carne de vacuno procedentes del corazón agrícola del país. Teme que la plena adhesión a la UE suponga una avalancha de importaciones agroalimentarias más baratas, con las que los agricultores islandeses sencillamente no podrían competir. «Tenemos el ejemplo de Finlandia, donde el precio que recibían los agricultores por sus productos cayó un 40% cuando el país se incorporó a la UE y muchos agricultores tuvieron que cerrar sus explotaciones. Si perdemos el mercado, creo que ninguna subvención podría compensarlo», afirma.

“La pesca es el otro gran sector económico abiertamente euroescéptico. Las actividades relacionadas con los productos del mar representan alrededor del 8% del PIB del país y el 4% del empleo. Ágúst Jóhannesson trabaja en un arrastradero dedicado a la pesca del bacalao y el eglefino. Sostiene que los sistemas de cuotas de la UE perjudicarían al sector pesquero. «Además, la mayoría de las empresas pesqueras son de propiedad familiar», añade. «Si existe un mercado abierto en toda Europa, será muy fácil para las empresas europeas hacerse con ellas. Nuestra industria pesquera nunca desaparecerá. Pero sí cambiará». En la actualidad, alrededor del 75% de la legislación islandesa está en consonancia con la normativa de la UE en los ámbitos social, medioambiental o económico. «No hace falta nada más», afirma Haraldur Ólafsson, fundador del principal grupo euroescéptico del país.  «La economía islandesa se basa en los recursos naturales. No está tan industrializada como en Europa Central. Y, hasta cierto punto, la cultura también es diferente. Por ejemplo, Islandia carece por completo de tradición militar. Además, pertenecer a la Unión Europea sería muy costoso.»

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Fuentes: Rebelión.

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ISLANDIA RECHAZA LA REANUDACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES PARA SU ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA.

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Por Mario Hernandez | 01/09/2026 | Europa

Fuentes Revista Rebelión martes 1 de septiembre del 2026.

Por un estrecho margen del 52,8% frente al 47,2%, los votantes islandeses rechazaron la idea de reiniciar el proceso de adhesión, suspendido en 2013.

Si bien el referéndum no fue una votación directa sobre la pertenencia a la UE, los islandeses han cerrado la puerta, al menos en un futuro próximo. Y aunque Islandia ya está profundamente integrada en la UE a través del Espacio Económico Europeo y el espacio Schengen, la decisión de no reiniciar las conversaciones llega en un momento delicado para el bloque. Bruselas intenta urgentemente proyectar fortaleza estratégica en la región ártica frente a una administración estadounidense beligerante, mientras que su estrategia de ampliación tiene dificultades para ofrecer resultados tangibles en Europa del Este.

Una primera lectura del ajustado resultado sugiere que la firmeza del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la región ártica no ha acercado a Islandia a la UE.

Su reiterado interés en adquirir Groenlandia —y sus declaraciones que en ocasiones han desdibujado la distinción entre el territorio danés e Islandia— han subrayado la creciente importancia de una región crucial para el equilibrio de poder mundial.

La posición estratégica de Islandia en el Atlántico Norte ha adquirido, por lo tanto, una nueva relevancia. Para los partidarios de la adhesión a la UE, la postura estadounidense reforzó el argumento de que el país estaría más seguro dentro de la Unión.

El rechazo podría significar que, para la mayoría de la población de la isla, esos argumentos aún no eran lo suficientemente sólidos como para superar las preocupaciones sobre la soberanía y el control nacional.

Las razones por las que Islandia se ha alejado de la Unión Europea.

La campaña estuvo dominada, en cambio, por las divisiones habituales que han marcado el debate islandés sobre la adhesión a la UE: el control de la pesca y la agricultura, la soberanía y el modelo económico del país.

La perspectiva de negociar la gestión del sector pesquero en el marco de la Política Pesquera Común de la UE ha asustado a los islandeses más que las reivindicaciones de Trump sobre la vecina Groenlandia.

Los partidarios del ‘No’ también se han apoyado en las advertencias de que otorgar a Bruselas una mayor influencia en la política económica supondría una pérdida de autonomía nacional.

Los promotores de las negociaciones no lograron convencer a la opinión pública de que los beneficios de la plena integración política compensarían la pérdida de autonomía que implicaría la adhesión, en parte debido al escaso apoyo de la coalición gobernante.

La primera ministra Kristrún Frostadóttir ha descrito el referéndum principalmente como una oportunidad para decidir conjuntamente el futuro del país, señalando con cautela que es imposible saber si los beneficios superan los inconvenientes antes de negociar los términos de la adhesión.

Un revés para el mensaje de ampliación de Europa.

Para Bruselas, el simbolismo político de la votación es aún peor. La UE ha intentado revitalizar la ampliación como proyecto estratégico, especialmente desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, acelerando el proceso para Ucrania y Moldavia y manteniendo la cercanía con los países de los Balcanes Occidentales mediante inversiones y alianzas.

La incorporación de Islandia, una democracia estable alineada con las normas de la UE, al grupo de países candidatos habría ofrecido una perspectiva novedosa sobre la estrategia de ampliación, demostrando que la pertenencia sigue siendo atractiva para los países ricos y que la UE puede expandirse en cualquier dirección.

En cambio, lo que podría haber sido un éxito rotundo se ha convertido en un revés para la reputación de Bruselas: incluso un país estrechamente alineado puede considerar la adhesión como un paso demasiado arriesgado.

La derrota en el referéndum inevitablemente reaviva el recuerdo de algunos de los encuentros más dolorosos de la UE con las votaciones populares, tanto dentro como fuera del bloque.

En 2005, los votantes franceses y neerlandeses rechazaron el Tratado Constitucional propuesto, asestando un duro golpe al intento de la UE de dotar a su proyecto político de una ley fundamental.

Irlanda volvió a poner de manifiesto los riesgos políticos de los referendos al rechazar el Tratado de Lisboa -que sustituyó a la Constitución Europea- en 2008, antes de aprobarlo en una segunda votación al año siguiente.

El precedente más cercano al rechazo de Islandia es la decisión de Noruega de rechazar la adhesión a la UE en dos ocasiones, en 1972 y 1994. En ambos casos, la preocupación por la soberanía y el control de los recursos naturales -en particular la pesca- desempeñó un papel fundamental, algo que también podría aplicarse a los votantes islandeses.

Del mismo modo, Suiza ha rechazado repetidamente formas más profundas de integración europea, como la pertenencia al Espacio Económico Europeo, al tiempo que mantiene amplios vínculos económicos con el mercado único en un contexto específico.

Como en los casos anteriores, este ‘No’ a la reapertura de las negociaciones de adhesión no significa necesariamente que los islandeses sean antieuropeos, ni perjudicará la relación del país con la UE.

Islandia lleva décadas debatiendo si debiera o no convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea.

Los temores que sienten los sectores pesquero y agrícola son el tema central de los mensajes de los euroescépticos y que, finalmente, ha provocado que los islandeses rechazaran el sábado pasado retomar las conversaciones de adhesión a la UE.

El ganadero Stefán Geirsson comercializa leche y carne de vacuno procedentes del corazón agrícola del país. Teme que la plena adhesión a la UE suponga una avalancha de importaciones agroalimentarias más baratas, con las que los agricultores islandeses sencillamente no podrían competir.

«Tenemos el ejemplo de Finlandia, donde el precio que recibían los agricultores por sus productos cayó un 40% cuando el país se incorporó a la UE y muchos agricultores tuvieron que cerrar sus explotaciones. Si perdemos el mercado, creo que ninguna subvención podría compensarlo», afirma.

La pesca es el otro gran sector económico abiertamente euroescéptico. Las actividades relacionadas con los productos del mar representan alrededor del 8% del PIB del país y el 4% del empleo.

Ágúst Jóhannesson trabaja en un arrastradero dedicado a la pesca del bacalao y el eglefino. Sostiene que los sistemas de cuotas de la UE perjudicarían al sector pesquero.

«Además, la mayoría de las empresas pesqueras son de propiedad familiar», añade. «Si existe un mercado abierto en toda Europa, será muy fácil para las empresas europeas hacerse con ellas. Nuestra industria pesquera nunca desaparecerá. Pero sí cambiará».

En la actualidad, alrededor del 75% de la legislación islandesa está en consonancia con la normativa de la UE en los ámbitos social, medioambiental o económico.

«No hace falta nada más», afirma Haraldur Ólafsson, fundador del principal grupo euroescéptico del país.

«La economía islandesa se basa en los recursos naturales. No está tan industrializada como en Europa Central. Y, hasta cierto punto, la cultura también es diferente. Por ejemplo, Islandia carece por completo de tradición militar. Además, pertenecer a la Unión Europea sería muy costoso.»

Voces a favor de la integración.

La estabilidad económica es uno de los pilares fundamentales de los defensores de la integración europea. La divisa nacional ha sido históricamente propensa a sufrir devaluaciones repentinas con un enorme impacto económico, incluida una elevada inflación. Los tipos de interés rondan actualmente niveles tres veces superiores a los fijados por el Banco Central Europeo.

Según el diputado de origen polaco y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, Paweł Bartoszek, la plena adhesión a la UE y la adopción del euro serían la mejor solución para garantizar la estabilidad económica de las próximas generaciones.

«La contribución por la plena adhesión a la UE supondría entre 10 y 15.000 millones de coronas al año. Solo el ahorro para los hogares gracias a unos tipos de interés más bajos podría suponer un ahorro de 100.000 millones de coronas (unos 710 millones de euros) anuales para los consumidores islandeses. Los beneficios para los hogares y los consumidores son de tal magnitud que resulta muy fácil justificar ese coste», explica.

Las nuevas realidades geopolíticas internacionales pesan cada vez más en el debate. Los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, junto con las señales contradictorias de la Administración estadounidense, han alimentado un creciente sentimiento de aislamiento. El profesor de Ciencias Políticas Magnús Magnússon preside una plataforma que defiende un mayor acercamiento a la UE.

«Estamos sometidos a constantes ataques por parte de bots rusos, de la desinformación rusa y de todo tipo de actores que intentan influir en nuestra infraestructura, atacando nuestras páginas web y nuestras infraestructuras energéticas. Y necesitamos protegerlas. Así que hay muchas cosas en las que la UE puede ayudar en ese sentido», afirma.

Los defensores de la integración europea también sostienen que, aunque Islandia está sujeta a y alineada con numerosas políticas de la UE, al permanecer fuera de las instituciones europeas pierde capacidad de influencia en la elaboración de esas políticas.

Dagbjört Hákonnardóttir es diputada de la gobernante Alianza Socialdemócrata. Afirma que el respaldo inequívoco del actual Gobierno a la UE es la mejor manera de defender los intereses de los islandeses.

«Ahora no tenemos ninguna influencia. Esto afecta al mercado interior. Afecta a la energía y a las cuestiones medioambientales. Y las autoridades islandesas no están velando por esos intereses», concluye.

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OPERACIÓN «PARIA ECONÓMICO»: LA ÚLTIMA CARTA DE TRUMP EN EL CALLEJÓN IRANÍ.

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“La pregunta política es inevitable: ¿por qué Estados Unidos, bajo una administración que hizo campaña con «América First» y contra guerras interminables, está librando un conflicto que aumenta los precios de la gasolina para sus votantes, beneficia a Irán (su adversario declarado) con ingresos más altos, favorece a Rusia (otro adversario) con precios más elevados y contribuye a las empresas petroleras de Texas que no necesitan ayuda del gobierno? La respuesta incómoda es que la guerra se ha convertido en su propia justificación. Los actores que se benefician del caos (empresas petroleras, Irán, Rusia) tienen incentivos para mantener la tensión, mientras los perdedores consumidores estadounidenses y mundiales no tienen poder de veto. Como señaló Neil Quilliam de Chatham House: «Ahora que Ormuz ha sido cerrado, puede ser cerrado una y otra , y eso plantea una gran amenaza para la economía global».

“Esa prima de 40 dólares por barril es una transferencia de riqueza de los consumidores a los productores. Cuánto afectará a Trump esta contradicción en las urnas de noviembre dependerá de cuánto crean los votantes en la «Operación Paria Económico» sin mirar los resultados concretos. Pero la evidencia sugiere que los estadounidenses ya han hecho sus cálculos: 75% considera que la guerra no vale el costo, 41% cree que Trump carece de un plan coherente, y solo 15% piensa que ha cumplido sus objetivos. La «Operación Paria Económico» es, en última instancia, el reconocimiento de que Estados Unidos ha alcanzado los límites de lo que se puede lograr a través de sanciones y presión económica. El bloqueo mismo, un acto de guerra bajo derecho internacional, es un reconocimiento de que las sanciones empleadas durante décadas «no han cumplido su propósito previsto». Trump siempre ha tenido múltiples estrategias de salida. Pero como nota el análisis de CNN: «Las guerras tienen una manera de superar los planes de un presidente». La pregunta que queda abierta es si los votantes estadounidenses castigarán en noviembre esta contradicción entre la retórica de «América First» y una guerra que beneficia a adversarios declarados mientras perjudica a las familias estadounidenses. La respuesta, como algunas veces en política, la darán las urnas.

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Estados Unidos comenzó a instrumentar esta semana su nueva estrategia contra Irán, buscando asfixiar la economía iraní. Además la Casa Blanca aplicará sanciones  a cualquier país que intercambie con Teherán. 

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OPERACIÓN «PARIA ECONÓMICO»: 

LA ÚLTIMA CARTA DE TRUMP EN EL CALLEJÓN IRANÍ.

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Por Alejandro Marcó del Pont | 31/08/2026 | Economía

Fuentes Revista Rebelión lunes 31 de agosto del 2026.

«Seguimos luchando y presionando sin tener que enviar más tropas al terreno» (El Tábano Economista)

Cuando una potencia hegemónica no puede lograr sus objetivos máximos en una guerra y, al mismo tiempo, no puede permitirse el costo político de una rendición diplomática explícita, recurre a las sanciones económicas como cortina de humo. La «Operación paria económico», anunciada por el secretario del Tesoro Scott Bessent el 25 de agosto de 2026, es menos un arma de destrucción masiva contra Irán y más un escudo político doméstico para enmascarar un punto muerto estratégico, mientras el ciudadano medio subsidia esa ambigüedad con su inflación y su seguridad energética.

En la práctica, esta ofensiva económica representa una admisión tácita de que la opción militar está agotada, que la coalición internacional para un aislamiento total es imposible, y que lo único que queda es mantener una presión simbólica que permita a los políticos actuales sobrevivir a las elecciones de medio término sin tener que explicar por qué el conflicto no resolvió nada. Trump puede seguir diciendo que «seguimos luchando y presionando» sin tener que enviar más tropas al terreno, apelando a una base que apoya la presión máxima, pero se opone abrumadoramente a «botas en el suelo».

Los objetivos originales de la campaña militar estadounidense contra Irán eran ambiciosos y completamente imprecisos, por decir lo menos: asesinato del líder supremo Ali Khamenei, cambio de régimen, finalizar el enriquecimiento de uranio, desmantelamiento nuclear completo, eliminación del arsenal de misiles balísticos y drones, y ahora, como objetivo mínimo viable, la apertura del Estrecho de Ormuz. Casi siete meses después del inicio de la ofensiva en febrero de 2026, ninguno de estos objetivos se ha cumplido. Irán no solo mantiene su régimen intacto, sino que ha demostrado una resiliencia que pocos analistas occidentales anticiparon.

En el libro «Cómo funcionan las sanciones. Irán y el impacto de la guerra económica«, publicado en 2024 por Stanford University Press, se explora la eficacia limitada de las sanciones económicas contra la República Islámica. Aunque la obra tiene una perspectiva que no pudo considerar los cambios recientes en la región por su fecha de aparición, su tesis central se mantiene vigente: Irán lleva 47 años bajo sanciones occidentales y ha desarrollado una «economía de resistencia» sofisticada, con sustitución de importaciones, descentralización de plantas energéticas y un aparato bien aceitado para evadir sanciones petroleras. Como concluyen los autores, las sanciones

«no han obligado a Irán a estancarse», sino que, por el contrario, «lo han obligado a innovar, aunque no de maneras que resulten aceptables para Occidente».

Esta experiencia iraní no pasó desapercibida para otros actores globales. Rusia aprendió directamente de la experiencia iraní frente a sanciones. Un análisis de IUVM Press señala que

«la experiencia de tres años de Rusia frente a sanciones extensas, comparada con el casi medio siglo de sanciones integrales de Irán, prueba la resiliencia histórica de la nación y gobierno iraní «. Moscú ha adoptado un modelo asimilable al que otros países sancionados pueden seguir, adaptando las lecciones teheraníes a su propio contexto energético y financiero.

A esto se suma el factor chino, que ha advertido explícitamente a Washington que tomará represalias si se amplían las sanciones secundarias contra empresas chinas debido a su cooperación con Irán. China, el mayor importador de petróleo iraní, ha declarado que tomará todas las medidas necesarias contra la «represión del comercio con Teherán». El 7 y el 13 de abril de 2026, el Consejo de Estado de China promulgó dos reglamentos para contrarrestar las sanciones extranjeras: las Disposiciones sobre Seguridad Industrial y de la Cadena de Suministro (Ordenes del Consejo de Estado n.º 834 y 835) y las Disposiciones sobre Jurisdicción Extraterritorial.

Fuentes: El tábano economista [Imagen: "Callejón sin salida" de Jules Alfant]

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Estas normas complementan la autoridad existente de Beijing para tomar represalias contra sanciones extranjeras, incluyendo medidas contra empresas extranjeras que implementen dichas restricciones. La idea es clara: terminar con los tratados de empresas extranjeras que tomen acciones contra China, no permitir contratos o ventas de esas empresas en el mercado chino.

Todo da la impresión de que las sanciones son un juego de sombras, una venta de humo diplomático. El «Día D económico», en el vocabulario hiperbólico de Donald Trump, es tan limitado como hueco. Trump se refirió a la operación como «la operación económica más aplastante jamás emprendida contra país alguno». Sin embargo, casi siete meses después del inicio de la ofensiva estadounidense contra Teherán, la economía iraní, aunque dañada, está lejos de estar descarrilada. Las exportaciones de petróleo iraníes no solo se mantuvieron, sino que se recuperaron a niveles superiores a los del acuerdo nuclear en 2024, sosteniéndose en 2025 y principios de 2026.

Si las palabras ganaran guerras, el conflicto de Donald Trump con Irán habría terminado hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que Trump está atrapado en dos trampas que él mismo ha creado: una geopolítica y otra interna. La influencia de Irán sobre el Estrecho de Ormuz y su negativa a ceder le impiden poner fin a la guerra de forma definitiva a un precio militar aceptable. Meses después del ataque, la opinión generalizada es que es Trump quien necesita urgentemente poner fin a un conflicto que, con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina, ha hundido su índice de aprobación al 30%, el más bajo desde que asumió la presidencia y uno de los niveles más bajos con los que un líder estadounidense ha afrontado unas elecciones legislativas.

En medio de una campaña electoral donde los republicanos enfrentan riesgos significativos de perder al menos una cámara del Congreso, las sanciones contra Irán ofrecen beneficios políticos y estratégicos limitados para la administración Trump, mientras imponen costos económicos tangibles al ciudadano medio estadounidense. Las sanciones permiten a Trump proyectar acción decisiva sin comprometer tropas terrestres, apelando a votantes que apoyan la presión máxima, pero se oponen a «militares en el terreno» (58% de votantes de Trump se oponen a enviar tropas). Sin embargo, este beneficio es marginal: solo 38% de los estadounidenses apoyan las sanciones, y la guerra en general es vista como «no vale la pena el costo» por 75% de la población.

La administración argumenta que debilitar la economía iraní reduce la capacidad de Teherán para financiar proxis regionales y desarrollar armas nucleares. Sin embargo, 41% de los estadounidenses cree que Trump carece de un plan coherente para Irán, y solo 15% piensa que ha cumplido sus objetivos.

¿Qué le aportan las sanciones realmente al ciudadano medio estadounidense? El shock en los precios de la energía, derivado de la tensión en el Estrecho de Ormuz y las sanciones, han alterado la trayectoria de la inflación. La gasolina subió alrededor de un 17% desde el inicio del conflicto, impactando directamente el bolsillo de las familias. Los precios de alimentos y fertilizantes permanecen elevados debido a la guerra, afectando el costo de vida que los votantes identifican como su principal preocupación.

Lo que queda claro es que la «Operación Paria Económico» no es una estrategia ofensiva confiada, sino más bien un intento desesperado de enmarcar una derrota y encontrar una salida política a un conflicto que se ha convertido en una trampa electoral para los republicanos. Como señaló Kurt Bardella, ex asistente del Congreso:

«Lo que estamos viendo ahora es el completo desmoronamiento de todo lo que Donald Trump, MAGA y los republicanos dijeron que eran. Estaban contra los conflictos interminables en Medio Oriente y comenzaron un conflicto en Medio Oriente sin una estrategia de salida».

El Estrecho de Ormuz marca una contradicción fundamental entre los negocios de las élites y el impacto sobre la población y su voto. El cierre del Estrecho ha creado una economía de guerra que beneficia a actores específicos, mientras perjudica a la sociedad estadounidense promedio. Los datos confirman esta intuición de manera contundente.

¿Quiénes ganan con el Estrecho cerrado? La lista es ilustrativa. Irán vio sus ingresos petroleros aumentar 37% en marzo de 2026 frente al año anterior. Ahora vende petróleo con 20% de prima sobre precios previos a la guerra, cuando antes vendía con descuento de 10-15 dólares por barril por riesgo de sanciones. Arabia Saudita aumentó sus ingresos petroleros 4,3% a pesar de que las exportaciones cayeron 26%, gracias a que los precios más altos compensaron con creces la reducción de volúmenes. Omán aumentó 26% sus ingresos en marzo de 2026, gracias a sus puertos en el Mar Arábigo como salida alternativa del Estrecho.

Las empresas petroleras estadounidenses de Texas reportaron ganancias extraordinarias. Exxon Móvil informó una ganancia neta de 14.530 millones de dólares entre abril y junio, un incremento interanual del 105%, mientras que sus ingresos ascendieron a 116.020 millones de dólares, un 42% más que en igual período del año anterior. Chebrón casi cuadruplicó sus beneficios al registrar una utilidad de 12.070 millones de dólares, un salto del 385% respecto del segundo trimestre de 2025. Sus ingresos crecieron 56% y alcanzaron los 70.060 millones de dólares. La petrolera rusa Rosneft aumentó sus ventas en un mes 14.500 millones de dólares.

El Estrecho cerrado genera una redistribución de riqueza hacia productores petroleros y empresas energéticas, mientras impone costos a los consumidores y a países sin alternativas logísticas. La pregunta política es inevitable:

¿por qué Estados Unidos, bajo una administración que hizo campaña con «América First» y contra guerras interminables, está librando un conflicto que aumenta los precios de la gasolina para sus votantes, beneficia a Irán (su adversario declarado) con ingresos más altos, favorece a Rusia (otro adversario) con precios más elevados y contribuye a las empresas petroleras de Texas que no necesitan ayuda del gobierno?

La respuesta incómoda es que la guerra se ha convertido en su propia justificación. Los actores que se benefician del caos (empresas petroleras, Irán, Rusia) tienen incentivos para mantener la tensión, mientras los perdedores consumidores estadounidenses y mundiales no tienen poder de veto. Como señaló Neil Quilliam de Chatham House:

«Ahora que Ormuz ha sido cerrado, puede ser cerrado una y otra , y eso plantea una gran amenaza para la economía global».

Esa prima de 40 dólares por barril es una transferencia de riqueza de los consumidores a los productores. Cuánto afectará a Trump esta contradicción en las urnas de noviembre dependerá de cuánto crean los votantes en la «Operación Paria Económico» sin mirar los resultados concretos. Pero la evidencia sugiere que los estadounidenses ya han hecho sus cálculos: 75% considera que la guerra no vale el costo, 41% cree que Trump carece de un plan coherente, y solo 15% piensa que ha cumplido sus objetivos.

La «Operación Paria Económico» es, en última instancia, el reconocimiento de que Estados Unidos ha alcanzado los límites de lo que se puede lograr a través de sanciones y presión económica. El bloqueo mismo, un acto de guerra bajo derecho internacional, es un reconocimiento de que las sanciones empleadas durante décadas «no han cumplido su propósito previsto».

Trump siempre ha tenido múltiples estrategias de salida. Pero como nota el análisis de CNN: «Las guerras tienen una manera de superar los planes de un presidente». La pregunta que queda abierta es si los votantes estadounidenses castigarán en noviembre esta contradicción entre la retórica de «América First» y una guerra que beneficia a adversarios declarados mientras perjudica a las familias estadounidenses. La respuesta, como algunas veces en política, la darán las urnas.

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DAME MÁS PODER, POR ROSA MARÍA PALACIOS.

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“En este escenario, ¿qué puede hacer la oposición mayoritaria en Diputados? Tres caminos. El primero, perder. Recortan, modifican, va al Senado y pierden. El segundo, no aprobar nada. Si no hay aprobación, nada pasa al Senado. Si nada pasa al Senado, no hay ley. La tercera posibilidad es la negociación política global (a la espera de una reforma constitucional que arregle este engendro legislativo). Los seis partidos en el Congreso, o al menos 5, deberían hacer un acuerdo global que se aprueba en Diputados y en Senadores. Puede no gustarle al oficialismo, pero la alternativa es que no les aprueben nada por el temor de ser contradichos radicalmente en el Senado.

“Entonces, hoy la delegación de facultades es una prueba de fuego triple. Primero, para la reforma constitucional que nos llevó, sin mucho debate y con mala técnica, a un bicameralismo entrampado. Segundo, para el Ejecutivo. Diputados solo tiene poder mientras la decisión está en sus manos y ese poder, que puede ser obstruccionista sin duda (hay ya una larga experiencia desde el 2016 por parte del fujimorismo) desaparece en el Senado. ¿Van a perderlo tan rápido? No lo creo y, frente a esta realidad política, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo? Tercero, es una prueba de lo que podrían ser capaces de articular Nieto, López, Sánchez y Belmont. Lograron la mesa directiva de Diputados, pero si no son capaces de unir y mantener al menos 66 votos, le entregarán todo el poder a Keiko Fujimori, contradiciendo la voluntad de sus electores.

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DAME MÁS PODER,

POR ROSA MARÍA PALACIOS.

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"¿Cómo se resolverá esta negociación, si es que se da? Muy pronto para saberlo. Pero en este episodio político me temo que se juega mucho más que una delegación de facultades. Puede ser la primera ley de un Congreso bicameral, 34 años después".

Por Rosa María Palacios.

Abogada Master en Derecho. Periodista.

Fuente. La República domingo 30 de agosto del 2026.  

El gobierno ya aprobó formalmente su solicitud de facultades legislativas al Congreso. En comparación con el abortado proyecto que circuló los primeros días de gobierno, cambia el orden y el lenguaje, pero no la intención. En esta oportunidad la estrategia del Ejecutivo consiste en solicitar legislar en una combinación de asuntos sumamente específicos, a la vez que se requieren facultades para reformar grandes cuerpos legislativos.

Por ejemplo, se requiere regular la participación excepcional y transitoria de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Un asunto bastante puntual. Pero, más adelante, se piden facultades para modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal y todo el Código Penal Militar Policial. Es decir, la columna vertebral de todo el derecho penal peruano. ¿Modificar qué artículos y en qué sentido? ¿Se derogarán a través de estas modificaciones las leyes procrimen? Ni una pista.

No faltan las normas demagógicas. Es decir, anuncios que venden bien, pero no resuelven nada, como cambiar de nombre al crimen organizado para llamarlo organización terrorista. Como si saber que el sicario que asesina ya no es “asesino” sino “terrorista”, fuera a cambiar en algo la situación de la víctima. O, por ejemplo, crear la enésima norma para sobre regular la legítima defensa.

En materia laboral, sucede lo mismo que en seguridad. Van de lo particularísimo (la revisión de los feriados queda, triunfo del MEF) a lo absolutamente gaseoso.

“Fortalecer el marco legal de la actividad privada, contemplando un régimen que fomente la formalización, incluyendo la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido”, dice el proyecto.

Con ese texto puedes hacer toda la reforma laboral que quieras. Es decir, si quieres formalizar, ¿por qué no abolir el despido arbitrario y sustituirlo por uno libre sin reposición, ni indemnización? Eso va a formalizar muy rápido, ¿verdad? El texto da para lo que quieras. No lo dice, pero un lenguaje así de abierto, lo permite.

Hay algunos regalos a la oposición, en desmedro de los intereses particulares de Fernando Rospigliosi, como derogar la ley del colegio profesional de artistas. Un guiño de respaldo de Galarreta a Beingolea, que está soportando una serie de intrigas moduladas internamente para fomentar su pronto despido del Ministerio de Cultura. Pero, de nuevo, el mismo proyecto regresa al Big Bang normativo con una reforma “estructural” del Ejecutivo, lo que anuncia una reducción del aparato del Estado que puede mandar toda la cultura, como apéndice de otro ministerio.

Vale la pena mencionar un pedido que afecta directamente la contratación de personal de confianza en el sector público. Ataron de manos a Castillo para impedir a su gobierno contratar, poniendo requisitos rígidos y a veces imposibles como, por ejemplo, años de experiencia previa.

“Regular los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente los funcionarios, directivos y personal de confianza” es un grito de ayuda. Galarreta tiene que desatar lo que ellos ataron. De nuevo, el lenguaje no dice “bajar” los requisitos, pero como en 1984 de Orwell, la neo lengua se deja entender. Es para eso.

¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? Como el pedido viene con carácter de urgencia, los plazos son cortos y no puede pasar por muchas comisiones (a pesar de la cantidad de temas que trae sobre actividades productivas). Es posible que, a la antigua, veamos largos debates para recortar, acotar, reformular lo solicitado en diputados. En un congreso unicameral aquello tenía todo el sentido del mundo. Ese debate producía un texto que luego era votado y, de aprobarse, se convertía en ley luego de su promulgación. Sin embargo, con las actuales reglas, esto ya no es así.

Supongamos que luego de una cruenta negociación, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto muy acotado. Son 74 congresistas de oposición (aunque ya empezaron a verbalizarse algunas, siempre esperadas, disidencias) los que se imponen. ¿Todos felices? No. El proyecto pasa al Senado y este tiene el poder constitucional de modificarlo y restituirlo a los términos exactos de lo enviado por el Ejecutivo. La correlación de fuerzas políticas de mayoría y oposición es de 30 a 30. Pero, ya hemos visto en la elección de la mesa directiva del Senado, lo sencillo que le resultó al oficialismo agenciarse el silencio de un solo adversario para ganar la partida. Si repiten la operación, todo queda consumado.

Por supuesto, Renovación y Fuerza Popular pueden tener sus propios intereses, que el gabinete Galarreta no ha considerado. Es posible que en el Senado ellos sean los que recorten o agreguen texto. Pero la coordinación de los vicepresidentes de Fujimori debería garantizar que el proyecto final aprobado quede, al menos, al gusto de Galarreta, con toda la amplitud necesaria, casi para hacer lo que quieran. ¿Se podrá derogar lo que salga mal? Difícil, porque otra vez, el que corta el jamón es el Senado.

En este escenario, ¿qué puede hacer la oposición mayoritaria en Diputados? Tres caminos. El primero, perder. Recortan, modifican, va al Senado y pierden. El segundo, no aprobar nada. Si no hay aprobación, nada pasa al Senado. Si nada pasa al Senado, no hay ley. La tercera posibilidad es la negociación política global (a la espera de una reforma constitucional que arregle este engendro legislativo). Los seis partidos en el Congreso, o al menos 5, deberían hacer un acuerdo global que se aprueba en Diputados y en Senadores. Puede no gustarle al oficialismo, pero la alternativa es que no les aprueben nada por el temor de ser contradichos radicalmente en el Senado.

Entonces, hoy la delegación de facultades es una prueba de fuego triple. Primero, para la reforma constitucional que nos llevó, sin mucho debate y con mala técnica, a un bicameralismo entrampado. Segundo, para el Ejecutivo. Diputados solo tiene poder mientras la decisión está en sus manos y ese poder, que puede ser obstruccionista sin duda (hay ya una larga experiencia desde el 2016 por parte del fujimorismo) desaparece en el Senado. ¿Van a perderlo tan rápido? No lo creo y, frente a esta realidad política, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo? Tercero, es una prueba de lo que podrían ser capaces de articular Nieto, López, Sánchez y Belmont. Lograron la mesa directiva de Diputados, pero si no son capaces de unir y mantener al menos 66 votos, le entregarán todo el poder a Keiko Fujimori, contradiciendo la voluntad de sus electores.

¿Cómo se resolverá esta negociación, si es que se da? Muy pronto para saberlo. Pero en este episodio político me temo que se juega mucho más que una delegación de facultades. Puede ser la primera ley de un Congreso bicameral, 34 años después.

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