domingo, 20 de septiembre de 2026

JOSÉ RAGAS: "LO QUE HACE EL MINISTRO CHANG NO ES UNA CUESTIÓN TÉCNICA, ES ALGO MÁS PROPAGANDÍSTICO"

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Esta misma semana, luego del anuncio de Chang, Rosangella Barbarán visitó el LUM. ¿Qué opinión le merece su video?

“gracioso si no fuera algo patético o trágico. El LUM ha sido objeto de ataque predilecto. Y eso que el LUM ha sufrido la salida de dos directores, le han quitado financiamiento, le han quitado capacidad autónoma. Aun así, es tan poderosa la narrativa alrededor del LUM que no dejan de atacarlo. Barbarán no hace esto por ignorancia; su capital en el fujimorismo no viene de su preparación como política. Su rol viene de ser rival del comunismo, y ya lo hemos visto en las pintas en las marchas. Es una forma de seguir en el fujimorismo ante cualquier posible falta de talento político. Es algo peligroso, porque no es una persona a quien le interese debatir, sino que desinforma de manera deliberada para seguir estando en ese espacio.

“Llega un punto en el que toda esta administración de la memoria genera un caldo de cultivo para que mañana aparezca un movimiento posfujimorista aún más radical…

“Sí, creo que es un buen punto. Parte del éxito del fujimorismo está en marcar un bloque de derechas. El fujimorismo es un poco de todo y nada. Quiso ser democrático y no lo fue, quiso ser de las élites y no tiene quien pueda acogerlo ahí y, al final, quiere ser un movimiento más cercano a las calles. Es como un trumpismo antes de Trump. Pero no puede converger en esas tres líneas. Es muy difícil que surja algo más radical, pero eso no significa que no haya grupos que quieran radicalizarse para obtener beneficios —la resistencia, los combatientes o estos youtubers que piden auspicios y hacen cosas de historia—. Va a haber de todo, pero la cuestión es hasta qué punto el fujimorismo podrá controlar todo eso. Hemos visto que la campaña confrontacional de López Aliaga, la de insultar, tiene un público limeño potente.

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REESCRIBIR LA HISTORIA. El Ministro de Educación José Antonio Chang, anunció una reestructuración de la Curricula Escolar Nacional, durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026 - 2031 junto a la Presidenta. 
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JOSÉ RAGAS: "LO QUE HACE EL MINISTRO CHANG NO ES UNA CUESTIÓN TÉCNICA, ES ALGO MÁS PROPAGANDÍSTICO"

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El historiador analiza el pedido del ministro José Antonio Chang de retirar las ideologías de los textos escolares y advierte que detrás hay una estrategia retórica y un proyecto político que busca imponer una narrativa sobre el pasado.

Por. Mauricio Muñoz. Periodista.

Fuente La República domingo 20 de septiembre del 2026.

Vi su reacción a las palabras del ministro José Antonio Chang, quien pidió que se retiren las ideologías de los textos escolares. ¿Por qué puede generar molestia en un historiador que un político diga algo así?

Creo que hay varias razones; yo diría que dos centrales. Una es que viene de un ministro fujimorista, de un tipo de gobierno con una ideología muy clara: la de crear una historia neutral que en la práctica no lo es, sino que sigue una línea compartida con la escuela naranja. No es algo nuevo, es algo que también han hecho gobiernos como el de Augusto Leguía, Juan Velasco Alvarado y el propio Alberto Fujimori. Es un intento muy burdo, bastante torpe, pero es parte de este proyecto ultraconservador que Keiko Fujimori avala con el ministro Chang.

El otro punto tiene que ver con una cuestión de manipulación. Extender la palabra ideología a todo lo que el Gobierno vea como malo es una estrategia. Es darle un uso retórico a la palabra, planteando que solo los otros tienen ideología y nosotros no, que somos neutros. Bajo esa línea dicen que hay que limpiar todo de ideología para que no se contaminen.

Esa estrategia ha calado muy bien. Buena parte de la población entiende la palabra ideología como una variable negativa: mientras más ideologizado esté alguien, peor. ¿Eso es así?

No realmente. El fujimorismo siempre ha querido crear una suerte de quiebre, mostrándose como un partido nuevo, tecnócrata, modernizador y, sobre todo, sin ideología; dando a entender que todo lo que hacen es por el bien del país. Pero, en verdad, cuando uno habla de ideología habla de una cosmovisión, de una manera de ver el mundo y de cambiarlo. La puede tener una persona de la calle que consume contenido de derecha, de izquierda o incluso de centro. No es un término cargado, sino neutro; hay que entender que todos tenemos una forma de ver el mundo y eso, por sí mismo, no está mal.

¿No existe entonces algo como una educación sin ideología?

No, porque incluso la investigación histórica está sometida a revisiones constantes. En nuestro gremio, la cuestión de la objetividad ya se asume como algo que no es puro. Se basa en la cantidad de debates que tenemos, y con ellos se busca afinar lo que sabemos. Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico.


José Ragas acaba de publicar el libro 'Las guerras de la historia', junto al también historiador Charles Walker | Foto: Carlos Félix / La República.

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Ahora, en su libro 'Las guerras de la historia', se señala que parte de esta ultraderecha regional ha utilizado eslóganes que, en la práctica, han resultado nocivos para grupos vulnerables. Una persona simpatizante de estos movimientos podría responder que buena parte de la izquierda ha tenido un control de la cultura tal que ha impuesto su matriz de valores por encima de la de otras personas conservadoras.

Es algo que no se ha debatido mucho y que en otras partes ha adoptado el nombre de batalla cultural: esta reacción de los sectores ultraconservadores o de derecha. Antonio Gramsci señalaba muy bien que existe una hegemonía que no es solo política, sino también cultural, que es donde se debaten las visiones del mundo. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido un giro en el cual elementos que venían de Mayo del 68 o de algunas reformas liberales se convirtieron en sentido común. Por ejemplo: está mal atacar a comunidades LGBT, está mal ser racista. Todo eso se volvió sentido común y políticas públicas.

Tanto que, como dice Pablo Stefanoni, la derecha aprovechó eso para mostrarse como rebelde. Lo que vemos ahora es una primera ola. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en otros países de la región, y siempre con categorías facilistas: ideología, caviar, el DEI utilizado por Elon Musk, Ceuta utilizada en España, la cuestión de los jubilados en Argentina. Entonces, no es algo aislado. En el libro queremos ampliar ese debate para mostrar cómo Perú ha sido parte de eso.

En estos momentos, los militares tienen la facultad de vetar los textos escolares…

Algo que investigamos acá es que, en las editoriales, los textos que abordan el periodo del conflicto armado interno tienen que pasar por el filtro de los militares. Es algo que me parece inconcebible.



¿Y quiénes han permitido eso?

En verdad, desde la academia debieron aparecer figuras que —desde las universidades y los centros culturales— impidieran esto, como la Academia Nacional de la Historia y los departamentos académicos de las universidades. Pero eso no ha ocurrido. Quizás sea porque están fragmentados y cumplen un rol mucho más senatorial en el debate nacional.

¿Les ha faltado carácter a los académicos?

Ha faltado presencia y carácter para plantarse ahí. Se entiende por las condiciones mismas de la academia. Es una academia precaria, donde muchas universidades se han despolitizado voluntariamente para evitar conflictos y donde el curso de historia cumple el rol de un curso de información y no de análisis. Incluso ha habido una suerte de retroceso en la enseñanza de la historia. Los debates se dan solo al inicio, cuando estos gobiernos y estos grupos conservadores deciden intervenir en estos textos para imponer una narrativa específica.

Hay un pasaje en su libro sobre la gestión del Fondo Editorial del Congreso durante el periodo anterior, que tiene como protagonista a Karina Beteta, hoy diputada de Fuerza Popular. Durante esa gestión, ella publicó una historieta en la que se blanquea el autogolpe del 92. Es un revisionismo de algo que ni siquiera viene de siglos atrás, sino de hace pocas décadas. ¿Cómo se responde a ese gaslighting histórico?

Es un poco la hipocresía del ministro de Educación cuando dice que quiere retirar el contenido ideológico. Un punto que planteamos en el libro es que estos debates, que pueden parecer anecdóticos, son parte de una narrativa impuesta para erosionar el sentido democrático y favorecer la impunidad de aquellos agentes del Estado que puedan cometer actos en el futuro. Todo queda justificado con tal de defender el Estado, la Constitución, el modelo económico y demás.

¿Por qué es tan potente esa narrativa? Algo debe de haber hecho bien el fujimorismo de los noventa para imponer su narrativa.

Hay dos cosas ahí. En mi anterior libro 'Los años de Fujimori' repasé que Fujimori fue de los pocos presidentes que se dio el trabajo de ir. Belaúnde solo lo hizo en campaña, y Alan García también. El candidato usualmente recorre el país; el presidente, no. Para muchos, el recuerdo de ver al presidente recorrer tu localidad, estar en tu colegio o estrechar la mano de una persona es una imagen muy potente. Eso le ha servido para mantener bolsones importantes.

¿Y usted ve a Keiko con la posibilidad de hacer algo así?

No. Keiko no tiene el carisma de su padre. No es que el padre sea míster simpatía, pero a Keiko no le nace. Alberto Fujimori aprovechó una cultura de caos para solucionar, a su manera, las cosas. Tomó el proyecto económico de su contrincante e impuso una narrativa: el país fue pacificado. Es algo que no es del todo cierto. Pero Fujimori combinó esa narrativa con la presencialidad. De ahí que se expandiera esa estrategia.

Si uno se pone más estricto con las revisiones históricas, también cabe la posibilidad de que la manipulación de textos escolares dé espacio a voces que han sido más románticas con otros elementos históricos. La corona española es vista con buenos ojos por influencers y youtubers que tienen cada vez más espacio en el debate público.

Totalmente. Además, creo que algo que manejan es que no hay una diferencia entre estas exposiciones narrativas del presente y lo que hay del pasado. Muchos youtubers aventureros que se creen historiadores apoyan a partidos —en España, por ejemplo, Vox o el PP—. En Perú también operan sin distinguir si son monarquistas o si son de ultraderecha. Lo que hacen es tergiversar la historia a partir de argumentos que no se sostienen en la investigación. Todo bajo la idea de esto no te lo enseñaron en el colegio o esto es la verdad oculta.

En el caso de la conquista, se sostiene esta idea de que hubo una suerte de transferencia pacífica. Además, junto con esto se da la idea de que los incas pensaban que la divinidad cristiana era el sol y que por eso fue más fácil dar paso a la transferencia religiosa. Es otra forma de hacer imperar la idea de que el cristianismo y el catolicismo son las únicas formas de religión en el Perú. Y es algo que vemos, por ejemplo, con Muñante, quien dice que el catolicismo es la religión única y que no exportaremos religiones del Medio Oriente.



Esta misma semana, luego del anuncio de Chang, Rosangella Barbarán visitó el LUM. ¿Qué opinión le merece su video?

Sería gracioso si no fuera algo patético o trágico. El LUM ha sido objeto de ataque predilecto. Y eso que el LUM ha sufrido la salida de dos directores, le han quitado financiamiento, le han quitado capacidad autónoma. Aun así, es tan poderosa la narrativa alrededor del LUM que no dejan de atacarlo. Barbarán no hace esto por ignorancia; su capital en el fujimorismo no viene de su preparación como política. Su rol viene de ser rival del comunismo, y ya lo hemos visto en las pintas en las marchas. Es una forma de seguir en el fujimorismo ante cualquier posible falta de talento político. Es algo peligroso, porque no es una persona a quien le interese debatir, sino que desinforma de manera deliberada para seguir estando en ese espacio.

Llega un punto en el que toda esta administración de la memoria genera un caldo de cultivo para que mañana aparezca un movimiento posfujimorista aún más radical…

Sí, creo que es un buen punto. Parte del éxito del fujimorismo está en marcar un bloque de derechas. El fujimorismo es un poco de todo y nada. Quiso ser democrático y no lo fue, quiso ser de las élites y no tiene quien pueda acogerlo ahí y, al final, quiere ser un movimiento más cercano a las calles. Es como un trumpismo antes de Trump. Pero no puede converger en esas tres líneas. Es muy difícil que surja algo más radical, pero eso no significa que no haya grupos que quieran radicalizarse para obtener beneficios —la resistencia, los combatientes o estos youtubers que piden auspicios y hacen cosas de historia—. Va a haber de todo, pero la cuestión es hasta qué punto el fujimorismo podrá controlar todo eso. Hemos visto que la campaña confrontacional de López Aliaga, la de insultar, tiene un público limeño potente.

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sábado, 19 de septiembre de 2026

TIEMPOS OSCUROS.

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"No sabemos lo que le espera a la comunidad migrante que vive en EU, lo que sí sabemos es que continuarán resistiendo y luchando para sobrevivir. Tal como lo hace la pequeña Lupita que a pesar de todo se mantiene firme, mirando al frente y repitiendo a los demás niños “qué todo estará bien”. Ese valor se observa en los más de 11 millones de mexicanos y mexicanas que viven de aquel lado de la frontera, que a pesar del miedo día a día salen a trabajar para mantener a sus familias. Su lucha ha sacado a flote a regiones como La Montaña de Guerrero donde las remesas sostienen a la economía. 

"Lo irónico de esto es que el gobierno de México, en lugar de solidarizarse, ha comenzado con la retórica de que tener dobles nacionalidades es un riesgo para gobernar. Más allá del argot legal y constitucional, la narrativa es lo que duele a la comunidad mexicana en el exterior. El discurso que se repite una y otra vez es lo que ha calado en lo más profundo de su corazón; pues a pesar de la distancia siguen siendo fieles a la patria que los vio nacer. Todos ellos, viven con orgullo su identidad a pesar de la adversidad. Esa misma identidad les ha costado hasta la vida. Es por eso que se vuelve muy doloroso escuchar los discursos de los políticos en sus debates, donde cuestionan su lealtad a la patria. Hablando de todos ellos y ellas como extraños, en lugar de que sus palabras den un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Confiamos en que la empatía les haga corregir sus discursos, que nos sientan como hermanas y hermanos más que enemigos.

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"Esta cruenta historia no es única, se repite día a día a lo largo y ancho de la Unión Americana; donde se puede ver a niñas, como Lupita de tan sólo seis años, respondiendo solas a las preguntas que les hace el juez de migración". Foto Afp / archivo
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TIEMPOS OSCUROS.

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Por Fabiola Mansilla Castillo.

Fuente. La Jornada Ciudad de México sábado 19 de septiembre del 2026. 

Recorriendo los pasillos de la County Courthouse en El Paso, Texas se encontraba el pasado viernes 11 de septiembre la pequeña Lupita del pueblo ñuu savi. Ella con tan sólo seis años tuvo que enfrentar “la justicia” de Estados Unidos. Es originaria de la comunidad de Xalpatláhuac de La Montaña de Guerrero. Su historia comenzó después de una persecución donde fue detenida por la patrulla fronteriza. Su madre María, –con engaños–, confió a su hija al pollero que las llevaba bajo el argumento de que así “era más fácil para el cruce”. Nunca pensó que esa decisión la marcaría de por vida, pues al ir Lupita sin sus padres, fue considerada como menor no acompañada; condenándola sin saberlo a lidiar con el sistema legal estadunidense. En el país de las barras y las estrellas, el debido proceso se ha vuelto discrecional, pues después de la reducción presupuestal hacía varios programas, entre ellos la defensa de los menores migrantes, obligando a las y los niños a defenderse ellos mismos. 

Esta cruenta historia no es única, se repite día a día a lo largo y ancho de la Unión Americana; donde se puede ver a niñas, como Lupita de tan sólo seis años, respondiendo solas a las preguntas que les hace el juez de migración. Parece inverosímil, que en una sociedad donde hasta el más sanguinario criminal cuenta con representación legal gratuita, una niña o niño tiene que defenderse por sí solo. A pesar de esta dura prueba, Lupita ha mostrado la casta del pueblo de la lluvia, que en lugar de intimidarse, le da fortaleza a sus compañeros en la Corte y les sostiene la mano. 



Este duro relato sólo nos muestra los momentos tan oscuros que se encuentran enfrentando Estados Unidos; aquella nación que se levantó por migrantes, ahora les da la espalda. La sensación de miedo e incertidumbre nos contagia a todas las personas con o sin documentos. Las familias toman decisiones y muchas de ellas han empezado el retorno a sus países de origen, ejemplo de esto, es lo que se encuentran viviendo las comunidades de Honduras, Haití, Venezuela o Nicaragua con el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que los están dejando como indocumentados. Mientras tanto, grupos radicales y el mismo gobierno siguen perpetuando el discurso de xenofobia donde responsabiliza a la comunidad migrante de todos los males de su nación. 

El futuro político de aquel país está en juego, pues con las elecciones intermedias de la vuelta de la esquina, en medio de una frágil economía, la popularidad de Trump en declive y la guerra en Medio Oriente dividendo opiniones, pareciera que lo único que pueden usar para obtener más votos es el “éxito” de las deportaciones – su administración recopila la cifra de más de 570 mil –. Sumado a esto, el temor que existe por parte de los integrantes del Partido Republicano de perder la mayoría en ambas cámaras, hace que la narrativa antinmigrante sea el mejor de sus recursos. 

No sabemos lo que le espera a la comunidad migrante que vive en EU, lo que sí sabemos es que continuarán resistiendo y luchando para sobrevivir. Tal como lo hace la pequeña Lupita que a pesar de todo se mantiene firme, mirando al frente y repitiendo a los demás niños “qué todo estará bien”. Ese valor se observa en los más de 11 millones de mexicanos y mexicanas que viven de aquel lado de la frontera, que a pesar del miedo día a día salen a trabajar para mantener a sus familias. Su lucha ha sacado a flote a regiones como La Montaña de Guerrero donde las remesas sostienen a la economía. 

Lo irónico de esto es que el gobierno de México, en lugar de solidarizarse, ha comenzado con la retórica de que tener dobles nacionalidades es un riesgo para gobernar. Más allá del argot legal y constitucional, la narrativa es lo que duele a la comunidad mexicana en el exterior. El discurso que se repite una y otra vez es lo que ha calado en lo más profundo de su corazón; pues a pesar de la distancia siguen siendo fieles a la patria que los vio nacer. Todos ellos, viven con orgullo su identidad a pesar de la adversidad. Esa misma identidad les ha costado hasta la vida. Es por eso que se vuelve muy doloroso escuchar los discursos de los políticos en sus debates, donde cuestionan su lealtad a la patria. Hablando de todos ellos y ellas como extraños, en lugar de que sus palabras den un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Confiamos en que la empatía les haga corregir sus discursos, que nos sientan como hermanas y hermanos más que enemigos.

*Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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viernes, 18 de septiembre de 2026

ARGENTINA. LA OBSESIÓN LIBERTARIA NO TIENE LÍMITES. Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia, universidades y discapacidad.

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“La ciencia, afuera. El campo de la ciencia será otro de los afectados, en caso de que el Presupuesto 2027 se apruebe tal como lo proyectaron Luis Caputo y Milei. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibirá apenas un 0,2 % más que en 2026, una fuerte caída presupuestaria en términos reales si se contempla la inflación, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) recibirá 6,6 % menos que este año. En Conicet, las partidas pasarán de $743,681 millones en 2026 a $824.539 millones el próximo año, una suba del 10,9 %, por debajo de la pauta inflacionaria prevista. En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el recorte será superior al 5 % nominal: se asignarán $4.712 millones menos que en 2026. En términos reales, la caída será superior al 19 %. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ocurre algo similar. El presupuesto pasará de $360.124,0 millones en 2026 a $315.538,0 millones en 2027 (-12,4% nominal), lo que equivale a un ajuste real del -25,8%.

“El grado de recorte depende mucho de cada área. El lineamiento general es que la Agencia de Promoción Científica seguirá desfinanciada, con lo cual no habrá financiamiento para proyectos de investigación”, dijo a Página|12 el físico Jorge Aliaga, miembro del Directorio del Conicet. “Es lo más crítico, junto con la pérdida salarial del 40 %”, resaltó. Para Aliaga, el desfinanciamiento golpea especialmente a los proyectos de investigación cuyos fondos se vieron recortados o directamente suspendidos, y afecta en especial a investigadores jóvenes.“La gente tiene problemas de salario, los más jóvenes lo sufren más porque tienen salarios más bajos y mayor necesidad. Hoy los sueldos son bajísimos”, dijo. “Sin un modelo en ciencia y tecnología, pareciera que todo es prescindible”, lamentó.

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Milei con la motosierra Archivo.

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ARGENTINA. LA OBSESIÓN LIBERTARIA NO TIENE LÍMITES.

Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia, universidades y discapacidad.

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El proyecto profundiza el ajuste a tres de los sectores más golpeados en la gestión libertaria, mientras el gobierno reafirma su obsesión por el equilibrio fiscal a expensas de los sectores medios y bajos de la sociedad.

Por Agustín Gulman.

Fuente. Página /12 jueves 17 de septiembre del 2026.

La obsesión del gobierno por lograr el equilibrio fiscal como ancla principal de la política económica y sin tocar los intereses del poder económico sumó un nuevo capítulo en el proyecto de Presupuesto 2027, que profundizará el ajuste en discapacidad, universidades y ciencia, áreas donde los recortes son sistemáticos desde diciembre de 2023. Así, el mantra repetido hasta el hartazgo por Javier Milei y compañía — “no hay plata” — se cristalizó nuevamente en el proyecto que entró este martes a última hora a la Cámara de Diputados. El ajuste a los más vulnerables llegará a quitar la actualización por inflación a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El presupuesto 2027 ratifica la política de ajuste de la Casa Rosada para sostener el equilibrio fiscal como eje central de la política económica. En los lineamientos generales, el gobierno espera un crecimiento del PBI del 4 % anual, inflación de 18 % y un dólar a $1.847,6 para fin de año, todo un desafío tratándose de un año electoral que, como es habitual en la historia argentina, promete turbulencias cambiarias. De hecho, para 2026 el Ejecutivo esperaba 10,1 % de inflación y en los primeros ocho meses acumuló más del doble (21,3%).

Así, el gobierno libertario busca mantener un equilibrio de las cuentas ficticio, profundizando la injusticia distributiva y afectando a los sectores más vulnerables, ya castigados por los ajustes y recortes desde su asunción.

La Casa Rosada podría impulsar el cobro de impuestos más altos a los sectores más acaudalados o la eliminación de beneficios fiscales para corporaciones. Pero el modelo Milei se ancla, además, en una enorme transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos, a través del vaciamiento del impuesto a los Bienes Personales, los generosos blanqueos de capitales y la eliminación de gravámenes para la compra de autos de lujo, yates y mansiones.

Discapacidad, una obsesión del Gobierno.

El presupuesto impulsado por el gobierno ratifica una política sostenida desde el día 1: el ajuste contra las personas con discapacidad, incluso a pesar de leyes y fallos judiciales que ordenan al Ejecutivo cumplir con las prestaciones y garantizar fondos, que de igual modo incumplió sistemáticamente.

Ahora, el proyecto asesta un nuevo golpe al eliminar la actualización obligatoria, mensual y automática, de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

 

Marcha discapacidad y endeudados Delfina Corbera Pi

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De acuerdo con el texto del proyecto enviado al Congreso, la Casa Rosada busca que el nomenclador de las prestaciones básicas no contemple valores universales.

Así, cada prepaga u obra social quedará autorizada a fijar sus propios valores.

“La universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común”, dice el texto.

Las actualizaciones mensuales serán suprimidas y, en cambio, se reemplazarán por una pauta trimestral discrecional.

Además, de avanzar será un retorno al modelo de “invalidez laboral”: así, Argentina podría quedar al margen de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que afirma que la discapacidad no es una enfermedad individual, sino el resultado de la interacción entre las condiciones de una persona y las barreras impuestas por el entorno que le impiden participar de forma plena en la sociedad.

En cambio, la propuesta busca el regreso a un modelo de criterio médico anacrónico, estrictamente clínico, por lo que la otorgación de las pensiones dependerá de dictámenes médicos.

También se elimina el Certificado Único de Discapacidad como herramienta para el acceso a las pensiones y se establece la incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector formal, actualmente compatibles (tanto en empleos en relación de dependencia como monotributo hasta dos salarios mínimos). Si se aprueba el Presupuesto, cualquier trabajo o alta tributaria extinguirá las pensiones.

Las universidades, $4 billones abajo.

En medio de las críticas y denuncias por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, el Presupuesto 2027 prevé 7,3 billones de pesos para el sostenimiento de las universidades, muy por debajo de lo establecido por las autoridades del Consejo Federal Interuniversitario (CIN), que solicitaron 11 billones para todo el sistema de cara al próximo año.

Para el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, el proyecto 

“profundiza el desfinanciamiento” y “no incorpora los fondos previstos en la ley de Financiamiento, que está vigente”. “Está muy lejos de lo que las universidades requerimos para funcionar bien”, dijo a Página|12. “La diferencia de 11 billones a 7 es muy importante”, enfatizó.

 


marcha universitaria. Marcha Universitaria Guido Piotrkowski, Guido Piotrkowski. AFP

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Los $11 billones que proyectó el CIN contemplan a todo el sistema y abarcan los salarios de docentes y no docentes con la recomposición salarial prevista en la ley de Financiamiento, presupuesto para investigación, equipamiento y hospitales universitarios y becas, entre otros aspectos.

Pero según Bartolacci, este nuevo recorte proyectado en el Presupuesto 2027 profundizará el conflicto que atraviesa el sistema universitario a nivel nacional.

“Si no encontramos la manera de revertir la situación, será cada vez más difícil. Hacemos un esfuerzo fenomenal, este año las partidas crecieron a la mitad, estamos a la mitad de nuestra capacidad, y llega un momento en que no se podrá sostener más”, afirmó.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el recorte en el sistema universitario trepa al 25 % en comparación con el presupuesto de 2023.

“El ajuste grande ya ocurrió: por eso varias de estas partidas suben contra 2026 y aun así siguen muy por debajo de 2023”, concluyó el informe.

Para Bartolacci, es fundamental sostener el reclamo por fondos en el ámbito legislativo, judicial y, por supuesto, en las calles: ya anticipan que en octubre habrá una nueva marcha federal, en un contexto donde el gobierno incumple de forma sistemática artículos clave de la ley de Financiamiento Universitario votada dos veces en el Congreso, vetada por Milei, ratificada por el Parlamento y luego por un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia.

Aun así, la Casa Rosada se niega a actualizar los salarios de docentes y no docentes en base a la inflación acumulada, mientras los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo que supera el 30 % y el gobierno dispone aumentos discrecionales y acerca propuestas irrisorias: en la última reunión paritaria ofrecieron 3 % de incremento.

Además, Nación mantiene los recortes operativos a pesar de que la ley obliga a actualizar periódicamente las partidas destinadas al mantenimiento edilicio y el gasto de servicios básicos; así como también se sostuvo el congelamiento de las becas estudiantiles.

“Ya nos estamos achicando en todos los aspectos. Las universidades se sostienen por el amor de la comunidad, no hay otra explicación, no hay condiciones objetivas”, dijo Bartolacci. Y concluyó: “Una profundización del ajuste somete al sistema universitario a una situación más grave”.

La ciencia, afuera.

El campo de la ciencia será otro de los afectados, en caso de que el Presupuesto 2027 se apruebe tal como lo proyectaron Luis Caputo y Milei.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibirá apenas un 0,2 % más que en 2026, una fuerte caída presupuestaria en términos reales si se contempla la inflación, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) recibirá 6,6 % menos que este año.

  


Conicet Las protestas de los científcos se multiplican Gentileza

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En Conicet, las partidas pasarán de $743,681 millones en 2026 a $824.539 millones el próximo año, una suba del 10,9 %, por debajo de la pauta inflacionaria prevista.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el recorte será superior al 5 % nominal: se asignarán $4.712 millones menos que en 2026. En términos reales, la caída será superior al 19 %.

En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ocurre algo similar. El presupuesto pasará de $360.124,0 millones en 2026 a $315.538,0 millones en 2027 (-12,4% nominal), lo que equivale a un ajuste real del -25,8%.

“El grado de recorte depende mucho de cada área. El lineamiento general es que la Agencia de Promoción Científica seguirá desfinanciada, con lo cual no habrá financiamiento para proyectos de investigación”, dijo a Página|12 el físico Jorge Aliaga, miembro del Directorio del Conicet. “Es lo más crítico, junto con la pérdida salarial del 40 %”, resaltó.

Para Aliaga, el desfinanciamiento golpea especialmente a los proyectos de investigación cuyos fondos se vieron recortados o directamente suspendidos, y afecta en especial a investigadores jóvenes.

“La gente tiene problemas de salario, los más jóvenes lo sufren más porque tienen salarios más bajos y mayor necesidad. Hoy los sueldos son bajísimos”, dijo. “Sin un modelo en ciencia y tecnología, pareciera que todo es prescindible”, lamentó.

Camuflar el recorte a las AUH

Por otra parte, el gobierno también intentó camuflar el recorte a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la eliminación de una normativa que actualiza el monto de la asistencia.

En concreto, deroga tres artículos clave del Régimen de Asignaciones Familiares dispuesto en la ley 27.160, la norma sancionada hace una década que establece la movilidad de esos beneficios en función del índice de inflación.

Por esa legislación, mes a mes las familias perciben un incremento de las asignaciones y prestaciones no contributivas como la AUH y la asignación por embarazo y por discapacidad. También podría afectar a las asignaciones por nacimiento o adopción, por matrimonio y por ayuda escolar.

Si el proyecto es aprobado tal como lo envió el Ejecutivo al Congreso, el gobierno podrá ejecutar a discreción los aumentos de estas asignaciones o congelarlas, ya que el texto no establece parámetros que indiquen de cómo se actualizarán. Hasta ahora, se hacía de forma mensual y por decreto, ya que están atadas de forma automática a la movilidad previsional, que depende del índice de inflación.

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jueves, 17 de septiembre de 2026

BRASIL EN ALERTA ROJA.

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“Para derrotar a la extrema derecha. La elección puede tener un desenlace terrible. Ajustar la línea para vencer en las elecciones es, por lo tanto, imperioso. Queda claro que una táctica basada en la defensa del legado del gobierno no es suficiente. Levantar nuevas banderas de expansión de derechos, asumir compromisos con los intereses populares y hacer promesas no es «demagogia»: debe ser una estrategia de movilización. Defender el fin inmediato de la jornada laboral «6×1» (seis días de trabajo por uno de descanso) y el límite de 40 horas semanales, el transporte público gratuito en las grandes ciudades, la regulación del impuesto sobre las grandes fortunas, la reforma agraria contra el latifundio, la prohibición de las apuestas en línea, el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y tantas otras causas justas será vital.

Al mismo tiempo, será necesario mantener la firmeza frente a la exigencia de una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado, como señal de que no pasarán. Aquellos que, en el campo de la izquierda radical, apostaron durante los últimos años a que el centro de la táctica debía ser la «superación por izquierda» del gobierno de Lula, a partir de sus límites y vacilaciones reales, pero subestimando el peligro de la extrema derecha, están ahora también ante el desafío de luchar para impedir una victoria de Flávio Bolsonaro. No podemos permitir que ocurra en Brasil lo que sucedió en Alemania con las elecciones de Sajonia-Anhalt.

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Fuentes: Jacobinlat [Imagen: Lula da Silva en un vídeo emitido en su canal oficial el 9 de septiembre de 2026 en el que le solicitaba al STF que levantase el secreto de sumario que pesa sobre el banco Master. Créditos: Lulaoficial]

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BRASIL EN ALERTA ROJA.

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Por Valerio Arcary | 17/09/2026 | Brasil.

Fuente. Revista Rebelión jueves 17 de septiembre del 2026.

La ofensiva de la extrema derecha y la crisis abierta en el Supremo Tribunal Federal amenazan con alterar la relación de fuerzas de cara a las elecciones brasileñas. Para derrotar al bolsonarismo, la campaña de Lula deberá recuperar la iniciativa y asumir nuevas demandas populares.


Las elecciones presidenciales de Brasil se aproximan en medio de una tormenta perfecta: mientras las encuestas marcan una alarmante paridad entre Lula y la ultraderecha, un estallido institucional en el Supremo Tribunal Federal vuelve a poner en jaque al sistema político. Entre maniobras judiciales para garantizar la impunidad del bolsonarismo, el hostigamiento del poder mediático y las vacilaciones del oficialismo, la crisis abierta amenaza con alterar definitivamente la relación de fuerzas. El peligro de una restauración neofascista en el país más grande de la región se vuelve cada vez más real.

La escalada de la crisis política ha cobrado un giro explosivo. La decisión de André Mendonça, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), de remover a Andrei Rodrigues de la dirección de la Policía Federal constituye una maniobra subversiva al servicio de una operación golpista. Se trata de una arbitrariedad institucional que incurre en un claro abuso de autoridad: un juez de la máxima corte no tiene atribuciones para nombrar o destituir al jefe de la Policía Federal, potestad que le corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.

La destitución de Rodrigues —justificada bajo el pretexto de su supuesta afinidad con el también ministro del STF, Alexandre de Moraes— busca interferir en el proceso electoral para favorecer a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, consolidado como el principal candidato de la extrema derecha. No es un hecho aislado: Flávio Bolsonaro lleva tiempo agitando a las bases ultraderechistas bajo la consigna «Fuera Moraes, Fuera Lula».

Ante esto, la solicitud de la Abogacía General de la Unión (AGU) para que el propio STF anule la remoción de Rodrigues es ineludible y debe ser aceptada. Se especula con que Edson Fachin, presidente del tribunal, podría retirar a Mendonça de la relatoría sobre las investigaciones del Banco Master y del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), lo que sería positivo. Sin embargo, resulta poco probable que Fachin encuentre dentro del propio STF un remedio jurídico capaz de frenar la embestida. La crisis empeorará antes de encontrar una salida.


La ofensiva de la extrema derecha.

La extrema derecha brasileña se ha anotado un triunfo táctico en toda la línea a través de tres frentes. En primer lugar, la campaña contra Alexandre de Moraes cobró impulso cuando Mendonça filtró mensajes entre el juez y Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master y figura central de un entramado de corrupción. Esta filtración ilegal e inédita buscó quitar la mancha de la sospecha sobre Flávio Bolsonaro y golpear directamente a Lula.

En segundo lugar, la maniobra sirvió para revitalizar la movilización del 7 de septiembre en la Avenida Paulista de São Paulo. Con casi treinta mil manifestantes, el núcleo duro del bolsonarismo mostró un músculo político renovado. Si bien fueron menos que las cuarenta mil de 2025 que marcharon —a la defensiva— por la amnistía de los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero, aun así, fue una demostración poderosa. Más allá de la cifra en un momento y otro, el dato que sobresale es la postura: hoy esos mismos sectores movilizados pasan a la ofensiva y exigen el impeachment de Moraes.

En tercer lugar, su impacto en la opinión pública es innegable: las últimas encuestas ubican un aumento de la desaprobación del gobierno de Lula que parece avanzar por encima del 50%, y proyectan un virtual empate técnico en una eventual segunda vuelta.

En paralelo, la burguesía liberalexpresada en el dominio de los grandes medios de comunicación, los principales periódicos de São Paulo y Río de Janeiro y el peso nacional de la cadena Rede Globo— se sumó al embate de Mendonça contra Moraes, consciente de que favorece a Flávio Bolsonaro. Pese a esto, sería apresurado todavía interpretar este alineamiento táctico como un respaldo cerrado al proyecto neofascista.

Este sector responde a un programa propio: exige un freno recesivo con duros recortes del gasto público para asegurar el superávit primario y reduzca la deuda pública, aun a costa de los hondos costos sociales que tendrían esas medidas. Paradójicamente, sabe también que sin algún grado de crecimiento Brasil sería ingobernable. Pero no comparte la apuesta bolsonarista por la subordinación a los Estados Unidos de Donald Trump. Tampoco el proyecto político de la extrema derecha de conquistar la presidencia y una mayoría absoluta en el Senado, destituir a Moraes y nombrar una mayoría de ministros del STF, abriendo el camino hacia un endurecimiento del régimen bajo la forma de un «poder total».

A diferencia de 2022 (cuando apoyó a la candidata centrista Simone Tebet en primera vuelta y a Lula, a regañadientes, en la segunda), la burguesía liberal no parece estar dispuesta a definir su apoyo desde ahora. Su plan parece pasar más bien por hostigar a Lula para mejorar sus condiciones de negociación ante lo que vendrá.

En esa línea, lo más probable es que su giro favorable a Mendonça responda a otros objetivos: desgastar el poder adquirido por Alexandre de Moraes a partir de su papel en el juicio por el intento de golpe de Estado y enterrar la investigación sobre las redes de desinformación de la extrema derecha. En el camino, desgastar a Lula y mantener incierto el desenlace de una eventual segunda vuelta, chantajear al gobierno e intentar imponerle, antes de las elecciones, un ajuste fiscal severo con compromisos públicos claros de recortar el gasto público al menos en dos puntos porcentuales del PIB.



Una elección abierta.

La idea de que la reelección de Lula en primera vuelta estaba asegurada —un cálculo instalado en la dirección de la campaña— ya era errónea antes del vertiginoso ascenso del escritor y psiquiatra Augusto Cury, quien escaló al tercer lugar en los sondeos representando al partido Avante. En los últimos diez días, la ventaja relativa de Lula se evaporó, y el riesgo de una derrota se convirtió en un peligro real e inmediato. Sin embargo, si el triunfalismo ingenuo es una postura equivocada, también lo es el derrotismo. La contienda sigue abierta.

En lo que va del ciclo, la coyuntura atravesó varios giros: tras un inicio de año en el que Flávio Bolsonaro logró consolidarse como la referencia opositora —desplazando a figuras como Tarcísio de Freitas—, la filtración de sus audios con Vorcaro en mayo cambió el panorama. Gilberto Kassab, dirigente del Partido Social Democrático (PSD) y uno de los principales articuladores políticos del centro y la derecha brasileños, se animó a impulsar la candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, entonces gobernador de Goiás. También se presentó Renan Santos, dirigente surgido del Movimento Brasil Livre (MBL) y candidato presidencial del nuevo partido de derecha Missão. Ambos intentaron explotar un espacio a la derecha en competencia con el bolsonarismo y fracasaron, lo que le devolvió la iniciativa a Lula y desarticuló los intentos de instalar alternativas centroderechistas.

Si el escenario cambió radicalmente antes, puede volver a hacerlo. Pero, en buena medida, esto depende de que la izquierda reaccione.


Una crisis del régimen.

No estamos ante una marejada política coyuntural como las otras tantas que se sucedieron desde que Lula asumió la presidencia en 2023. Se trata esta de una crisis de una verdadera crisis del régimen. La ultraderecha está desafiando la arquitectura institucional misma, combinando sus posiciones en el Congreso y el STF con la agitación callejera y mediática.

En el fondo opera un factor estructural: la renuencia de las élites sociales a clausurar definitivamente el ciclo golpista, oscilando entre la amnistía a los insurgentes y el freno a cualquier reforma popular. A esto se le añaden los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, o entre el gobierno de Lula y el Centrão, que ya habían abierto la puerta a una suerte de «semipresidencialismo» improvisado. Esa fue la forma que asumió la «defensa del orden» incluso contra reformas democráticas moderadas y limitadas. La alianza entre el Ejecutivo y el STF favoreció la defensa de la democracia, pero la presión reaccionaria es ahora tan grande que amenaza con modificar cualitativamente la relación de fuerzas dentro del propio STF.

Por si no fuera suficiente, la interferencia de los Estados Unidos de Donald Trump en el proceso electoral se hace cada vez más evidente, como también lo fue en Perú y en Colombia.

Para derrotar a la extrema derecha.

La elección puede tener un desenlace terrible. Ajustar la línea para vencer en las elecciones es, por lo tanto, imperioso. Queda claro que una táctica basada en la defensa del legado del gobierno no es suficiente.

Levantar nuevas banderas de expansión de derechos, asumir compromisos con los intereses populares y hacer promesas no es «demagogia»: debe ser una estrategia de movilización. Defender el fin inmediato de la jornada laboral «6×1» (seis días de trabajo por uno de descanso) y el límite de 40 horas semanales, el transporte público gratuito en las grandes ciudades, la regulación del impuesto sobre las grandes fortunas, la reforma agraria contra el latifundio, la prohibición de las apuestas en línea, el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y tantas otras causas justas será vital.

Al mismo tiempo, será necesario mantener la firmeza frente a la exigencia de una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado, como señal de que no pasarán. Aquellos que, en el campo de la izquierda radical, apostaron durante los últimos años a que el centro de la táctica debía ser la «superación por izquierda» del gobierno de Lula, a partir de sus límites y vacilaciones reales, pero subestimando el peligro de la extrema derecha, están ahora también ante el desafío de luchar para impedir una victoria de Flávio Bolsonaro. No podemos permitir que ocurra en Brasil lo que sucedió en Alemania con las elecciones de Sajonia-Anhalt.

Valerio Arcary es historiador, militante del PSOL (Resistencia) y autor de O Martelo da História. Ensaios sobre a urgência da revolução contemporânea (Sundermann, 2016).

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