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"Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de
sus ciudadanos. Pero también es necesario preguntarse si una dinámica
permanente de rearme puede acabar desplazando recursos necesarios
para sostener el Estado del bienestar. La seguridad colectiva no
depende únicamente del gasto militar. También exige sociedades
cohesionadas, servicios públicos fuertes, empleo decente, protección
social y oportunidades para las nuevas generaciones.
"El futuro de Europa no está escrito. Lo que hoy está en juego no es
únicamente una determinada orientación política o económica, sino el
rumbo mismo del proyecto europeo. Frente a quienes pretenden
abrir paso a una Europa más desigual, más fragmentada y menos solidaria,
la defensa de la democracia económica y social, de la igualdad
de derechos y de la cohesión social adquiere una
importancia decisiva.
"La batalla por la Europa social es también una lucha por
preservar y ampliar las conquistas que han definido a la Europa
democrática durante décadas: los derechos laborales, la negociación
colectiva, los servicios públicos, la igualdad y el Estado
del bienestar. Lo que hoy está en juego no es solo un conjunto de
políticas sociales, sino una determinada idea de Europa basada en
la democracia, la justicia social y la solidaridad. El futuro del proyecto europeo dependerá
en buena medida de la capacidad para defender y fortalecer esos principios.
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Fuentes: Nueva tribuna [Foto: Comisión Europea].
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LA BATALLA POR LA EUROPA SOCIAL.
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Por Toni Ferrer | 26/06/2026 | Europa
Fuentes. Revista Rebelión viernes 26 de junio del 2026.
El futuro de Europa no está escrito.
Lo que hoy está en juego no es únicamente una determinada orientación política
o económica, sino el rumbo mismo del proyecto europeo.
La gran movilización del sindicalismo
europeo celebrada
en Madrid el pasado 18 de junio lanzó un mensaje claro: el
futuro de Europa dependerá de su capacidad para defender la democracia,
el trabajo decente, la justicia social y la paz. Convocada
por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) junto
con CCOO y UGT, reunió a cerca de once mil sindicalistas de
España y otros países europeos. En un momento marcado por las guerras,
las desigualdades y el avance de propuestas que cuestionan derechos
sociales y laborales, la movilización reivindicó la vigencia del
modelo social europeo.
La elección de Madrid respondió a razones de fondo.
Durante los últimos años, España se ha convertido en una referencia en
el debate social europeo gracias a los avances alcanzados
mediante el diálogo social entre el Gobierno progresista,
los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Las mayores conquistas democráticas
llegaron de la mano de la ampliación de los derechos laborales y sociales.
Los acuerdos logrados durante la pandemia para
proteger el empleo, la reforma laboral, la recuperación de la negociación
colectiva, las subidas del salario mínimo, la regulación del teletrabajo
o la Ley Rider han demostrado que es posible mejorar las
condiciones de trabajo y reducir la precariedad sin renunciar al crecimiento
económico ni a la creación de empleo.
La revalorización de las pensiones conforme a la inflación media
y las medidas destinadas a reforzar la financiación y sostenibilidad de
la Seguridad Social son otros ejemplos de esa experiencia. Estos
acuerdos han convertido a España en una referencia para buena parte
del sindicalismo europeo y han confirmado que el diálogo
social sigue siendo una herramienta eficaz para ampliar derechos,
afrontar las transformaciones económicas y sociales y reducir desigualdades.
La invasión rusa de Ucrania ha devuelto la guerra al
continente y los conflictos provocados por Estados Unidos e Israel
en Oriente Próximo continúan provocando sufrimiento humano e inestabilidad. A ello se añaden las dificultades de acceso a la vivienda,
el aumento de las desigualdades y la incertidumbre que generan las
transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales que atraviesan
nuestras sociedades.
La democracia no se sostiene únicamente sobre
elecciones e instituciones. Las mayores conquistas democráticas llegaron
de la mano de la ampliación de los derechos laborales y sociales.
El Estado del bienestar y los servicios públicos no son
elementos ajenos a la democracia; son un pilar central de ella.
La negociación colectiva, el diálogo social y la capacidad de los trabajadores para organizarse y defender sus intereses fortalecen la vida democrática. También lo hace la participación de las personas trabajadoras en la empresa.
La democracia económica y
social constituye uno
de los rasgos más valiosos del modelo europeo. Cuando aumentan
las desigualdades, se debilitan los servicios públicos y la protección social o
se precarizan las condiciones de vida, no solo empeora la situación de quienes
lo padecen. También se debilita la propia democracia. No puede haber una
democracia fuerte allí donde avanzan la desigualdad, la precariedad y la
exclusión social.
Este escenario favorece el crecimiento de fuerzas de
ultraderecha que transforman el malestar social en desconfianza
hacia las instituciones democráticas y en enfrentamiento entre grupos
sociales. Frente a problemas complejos ofrecen respuestas simples, buscan
culpables y apelan al miedo. Lo preocupante es que parte de ese discurso ha
dejado de ser patrimonio exclusivo de la ultraderecha y encuentra cada vez más
eco en sectores de la derecha tradicional.
Detrás de ese discurso suelen encontrarse propuestas
de desregulación económica, laboral y social, debilitamiento de
los servicios públicos y cuestionamiento de los sindicatos.
Son políticas que erosionan derechos conquistados durante décadas, ponen en
peligro la cohesión social y debilitan los pilares sobre los que se ha
construido el modelo social europeo.
La política del miedo y del odio no resuelve los problemas; los agrava
y divide a quienes comparten intereses y necesidades comunes.
Frente a ello, el sindicalismo reivindica la solidaridad, la ampliación
de derechos y la defensa de intereses colectivos. Los sindicatos
siguen siendo actores fundamentales de la democracia económica y social. No solo negocian salarios y condiciones de
trabajo; también amplían espacios de participación y contribuyen a equilibrar
relaciones de poder.
El trabajo decente es una cuestión clave para el futuro europeo. Tener empleo ya no garantiza por sí solo una vida digna. La precariedad, los bajos salarios, las dificultades para acceder a una vivienda y las nuevas formas de empleo vinculadas a las plataformas digitales afectan a millones de personas. Por ello, el sindicalismo europeo defiende empleos estables con derechos, salarios suficientes y condiciones laborales dignas. Las transiciones digital y ecológica solo serán sostenibles si generan empleo decente y si sus beneficios se distribuyen de forma más justa.
La inmigración se ha convertido en uno de los principales blancos de
los discursos reaccionarios. Se presenta a las personas
migrantes como una amenaza para el empleo, los salarios o los servicios
públicos. Sin embargo, la realidad económica y demográfica muestra algo
muy distinto.
Las sociedades europeas necesitarán millones de
trabajadores para sustentar su actividad económica, garantizar el
relevo generacional y contribuir a la financiación de las pensiones. Las personas
migrantes trabajan, cotizan, pagan impuestos y participan en la creación
de riqueza. Su aportación ya es esencial y lo será aún más en
el futuro.
Los retos migratorios no se resolverán alimentando el
miedo ni levantando muros. Tampoco mediante deportaciones masivas
o el traslado de personas migrantes y solicitantes de asilo a terceros
países. Europa necesita políticas de integración, igualdad
de derechos y condiciones laborales dignas para todos. Convertir
a las personas migrantes en chivos expiatorios no resuelve los problemas
reales; solo alimenta la división social y desvía la atención de los
verdaderos desafíos económicos y sociales que compartimos.
La jornada de Madrid abordó también una cuestión decisiva
para el futuro europeo: la relación
entre seguridad, paz y Estado del bienestar. Por eso la paz
formó parte del lema de la movilización sindical. La construcción
europea nació de la voluntad de superar los conflictos que devastaron
el continente durante el siglo XX y de construir un espacio
basado en la cooperación, la democracia y el progreso social.
Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de
sus ciudadanos. Pero también es necesario preguntarse si una dinámica
permanente de rearme puede acabar desplazando recursos necesarios
para sostener el Estado del bienestar. La seguridad colectiva no
depende únicamente del gasto militar. También exige sociedades
cohesionadas, servicios públicos fuertes, empleo decente, protección
social y oportunidades para las nuevas generaciones.
El futuro de Europa no está escrito. Lo que hoy está en juego no es
únicamente una determinada orientación política o económica, sino el
rumbo mismo del proyecto europeo. Frente a quienes pretenden
abrir paso a una Europa más desigual, más fragmentada y menos solidaria,
la defensa de la democracia económica y social, de la igualdad
de derechos y de la cohesión social adquiere una
importancia decisiva.
La batalla por la Europa social es también una lucha por
preservar y ampliar las conquistas que han definido a la Europa
democrática durante décadas: los derechos laborales, la negociación
colectiva, los servicios públicos, la igualdad y el Estado
del bienestar. Lo que hoy está en juego no es solo un conjunto de
políticas sociales, sino una determinada idea de Europa basada en
la democracia, la justicia social y la solidaridad. El futuro del proyecto europeo dependerá
en buena medida de la capacidad para defender y fortalecer esos principios.
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