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“Islandia aprendió
de 2008 que la soberanía
tiene un valor económico tangible al conservar la capacidad de
decidir sobre el capital, la moneda, los bancos y los recursos
estratégicos. La Argentina de Milei,
enfrentada a una escasez crónica de capital y dólares, está
tomando la decisión inversa: ofrecer al capital condiciones
extraordinarias de estabilidad, rentabilidad y libertad cambiaria para que
desarrolle sus recursos naturales.
“La cuestión no es si uno es
nacionalista y
el otro liberal. La cuestión es quién captura la renta y quién conserva
el poder de modificar las reglas. Islandia
dijo no a los banqueros en 2008, no a los acreedores
extranjeros en 2010 y no a la Unión Europea en 2026. Cada uno
de esos no fue una negativa obstinada, sino una afirmación de su
capacidad para decidir sobre su propio futuro. Argentina, por el
contrario, está diciendo sí a condiciones que atan su política económica
durante décadas a cambio de capital que, cuando finalmente llegue,
puede no quedarse en el país.
“La experiencia islandesa demuestra que la soberanía
no es un lujo para países ricos, sino una herramienta para
construir riqueza desde abajo. Y también demuestra que decir no,
en ocasiones, es la forma más poderosa de decir sí al futuro propio.
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Fuentes: El tábano economista.
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ISLANDIA II: DIOS SALVE A ISLANDIA,
¿Y QUIÉN SALVA A LA ARGENTINA?
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Por Alejandro Marcó del
Pont | 07/09/2026 | Economía
Fuentes. Revista Rebelión lunes 7 de
septiembre del 2026.
El valor de decir no (El Tábano
Economista)
Cuando Donald Trump confunde
Groenlandia con Islandia, el error suele provocar sonrisas en los pasillos
diplomáticos. Pero para quienes observan con atención el tablero geopolítico,
la confusión revela algo más profundo, la creciente relevancia de un pequeño
fragmento de roca volcánica en medio del Atlántico Norte, cuya población apenas
supera los 405.000 habitantes. Islandia ha logrado en las últimas dos décadas
algo que las grandes potencias económicas no han sabido replicar: una
recuperación soberana de su destino, sin rendir cuentas a los acreedores
internacionales ni entregar sus recursos estratégicos a cambio de oxígeno
financiero.
Hace doce años, cuando el mundo aún digería las
cenizas de la crisis de 2008, publiqué un artículo titulado «Dios salve a Islandia«. En aquel
entonces, la isla era el ejemplo perfecto de cómo no gestionar un sistema
financiero. Sus tres principales bancos habían colapsado con activos
equivalentes a once veces el Producto Interno Bruto nacional, una
burbuja especulativa de proporciones bíblicas que dejó al país al borde de
la quiebra. La receta que llegó desde Washington y Bruselas fue la de
siempre: el Estado debía hacerse cargo de la deuda privada, imponer un severo
programa de austeridad y vender sus activos públicos para pagar a los
acreedores extranjeros. Islandia hizo exactamente lo contrario, y ese
gesto de desobediencia financiera se convirtió en un hito de la economía
política moderna que aún hoy resuena en los debates sobre soberanía
monetaria.
El Gobierno islandés dejó caer a los
bancos. No rescató a
los accionistas ni a los tenedores de bonos extranjeros. Cuando el Reino
Unido y los Países Bajos exigieron que la isla reembolsara a sus ahorristas
minoristas, que habían perdido sus depósitos en la filial Icesave del
banco Landsbanki —una suerte de sucursal digital que ofrecía tipos de
interés muy por encima del promedio europeo— Reikiavik se negó
rotundamente. Londres y La Haya tuvieron que asumir las pérdidas de sus
propios ciudadanos, seducidos por las ganancias financieras de un banco
privado que quebró por su propia mala gestión.
Posteriormente enviaron la factura a
la isla, pero el
Gobierno islandés sometió la cuestión a referéndum popular en 2010.
El «No pagar» ganó con el 98% de los votos, un resultado tan
abrumador que dejó sin argumentos a los defensores de la socialización de
las pérdidas privadas. Finalmente, el Tribunal de la Asociación Europea
de Libre Comercio falló en 2013 que Islandia no estaba
legalmente obligada a garantizar aquellos depósitos con fondos públicos.
Los resultados de aquella rebeldía hablan por sí solos. Mientras que Irlanda
y Grecia, que gestionaron sus crisis de forma convencional y sumisa a
los dictados del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea,
siguen arrastrando dificultades estructurales, Islandia emergió del abismo
con un vigor que muchos calificaron de milagro económico. Pero tal
prodigio no tuvo lugar. Hubo decisiones políticas. Y una diferencia
sustancial respecto a lo ocurrido en Estados Unidos o en el corazón
de Europa: mientras en otros lugares los banqueros responsables de
la crisis fueron rescatados con dinero público, Islandia
investigó y condenó a prisión a decenas de ejecutivos bancarios
por fraude y mala gestión. El mensaje fue inequívoco: el riesgo financiero
no se socializa, y quienes juegan con el dinero de los demás deben asumir
las consecuencias.
Dieciocho años después de aquel
colapso, Islandia
volvió a votar sobre Europa. Pero esta vez no lo hizo desde la
desesperación de un país quebrado, sino desde la memoria viva de cómo
consiguió salir de aquella crisis. El referéndum del 29 de agosto de
2026 no preguntaba si Islandia quería ingresar en la Unión Europea,
sino si debía reanudar las negociaciones de adhesión. Un matiz
aparentemente menor, pero de enorme relevancia política.
El resultado fue del 52,8% de los
votantes, con una participación
del 82,5%, decidió que ni siquiera quería volver a abrir la
negociación. El electorado entendió que ese primer paso implicaba abrir
cuestiones consideradas demasiado sensibles: pesca, soberanía,
moneda, agricultura y el control de los recursos naturales. Las
reglas que más importan para la vida cotidiana y para la autonomía
del país son precisamente las que Islandia mantiene fuera
del marco comunitario europeo. Y eso no es casualidad, es una estrategia
deliberada que ha demostrado su eficacia.
Para comprender la posición islandesa, sin embargo, no basta con mirar su
producto interno bruto o su balanza comercial. Hay que mirar el mapa.
Islandia ocupa una posición geográfica excepcional,
un punto de control marítimo y aéreo en el Atlántico Norte que
conecta Europa con Groenlandia, América del Norte y el Ártico. Su
geografía le otorga una relevancia estratégica que ningún indicador económico
puede reflejar plenamente.
Y en este sentido, Argentina comparte con Islandia una
condición similar, aunque con recursos naturales mucho más abundantes.
La República Argentina se asienta sobre un punto de encuentro entre América
del Sur, el Atlántico Sur, el Pasaje de Drake y la Antártida, una
posición que le otorga el control de rutas marítimas esenciales y el acceso
directo al continente blanco, donde la competencia geopolítica se
intensifica año tras año.
Para la Unión Europea, Islandia aporta en el Atlántico Norte
la vigilancia de rutas marítimas y aéreas, una posición privilegiada en
el Ártico frente a la creciente competencia entre Estados Unidos,
Rusia y China, el acceso a una de las grandes reservas pesqueras del
mundo, una matriz energética extraordinariamente particular
basada en recursos geotérmicos e hidroeléctricos, y la posibilidad de
desplegar cables submarinos de comunicaciones y energía que serán
cada vez más importantes en las próximas décadas.
En 2008 la amenaza era Wall Street. En
2026 las amenazas son
la geopolítica, la seguridad, el comercio y la moneda. Las declaraciones
de Donald Trump sobre la compra de Groenlandia introdujeron una dimensión
completamente nueva en el debate islandés, acelerando la convocatoria
del referéndum y reforzando el argumento de quienes defienden que la
autonomía monetaria, cambiaria, fiscal y financiera tiene un valor económico
superior al de cualquier integración comunitaria.
En economía, el excedente o ganancia
que genera la extracción de
un recurso natural —ya sea pescado, petróleo o litio— es la
diferencias por encima de todos los costos normales de producción,
incluido el retorno normal del capital invertido. Dado que el recurso
es, en su estado natural, un bien público, esa renta debería
beneficiar a toda la sociedad y no únicamente a la empresa que lo
extrae.
Mientras que el modelo islandés se
basa en la premisa de
que el recurso natural es un activo estratégico cuya renta debe ser capturada
y distribuida por el Estado, los ciclos neoliberales en Argentina,
incluyendo el actual Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones
(RIGI), han tendido a tratar el recurso natural como un activo
financiero más, donde el objetivo es atraer capital mediante la, reducción
de costos fiscales y regulatorios, asumiendo que la renta generada, no se quedará en el país, sino que alimentará
el ciclo de fuga de capitales.
La distribución de la renta y la
captura fiscal en Islandia
generada por la pesca y la energía se queda en el país. El Estado captura
una parte significativa a través de impuestos corporativos y tasas,
y esa recaudación se traduce en un Estado de bienestar robusto,
infraestructura de alta calidad y un sistema educativo fuerte.
La extracción del recurso genera desarrollo interno y encadenamientos
productivos que se despliegan dentro de la propia isla.
Islandia prohíbe constitucionalmente y por ley la propiedad extranjera
de los derechos de pesca y de los recursos energéticos. El recurso
se considera un bien común nacional, y aunque utiliza un sistema de
cuotas individuales transferibles, el Estado mantiene un control
estricto sobre el volumen total extraído, basado en criterios
científicos y no en la demanda del mercado. Además, prohíbe que
estos activos sean comprados por fondos buitre o corporaciones
extranjeras, evitando así que la renta del recurso sea capturada por
actores externos. La negativa a la Unión Europea fue, en esencia,
una medida de protección de este activo estratégico.
Para entender si un modelo de gestión
de recursos naturales es exitoso o extractivista, no basta con mirar si el recurso
se conserva. Hay que mirar quién se queda con la renta. La industria
pesquera islandesa es hoy una de las más eficientes del mundo en
términos de captura y valor por trabajador. La recaudación fiscal
que recibe el Estado es significativa, a través de tasas
pesqueras, impuestos a la renta del recurso e impuestos corporativos
sobre las ganancias del sector. Pero hay un elemento central que a menudo
se pasa por alto: los salarios. A diferencia de muchos países
donde la pesca es un trabajo precario y mal remunerado,
en Islandia el sector pesquero es uno de los mejor pagados de la
economía.
La columna vertebral de la
remuneración en los barcos
islandeses no es un salario fijo por hora, sino un sistema de
reparto de ganancias. La tripulación no recibe solo un sueldo base,
sino un porcentaje del valor de la captura, generalmente entre el
20% y el 35% del valor neto de la venta del pescado, después de deducir
ciertos gastos operativos como el combustible. Este mecanismo alinea
los intereses de la tripulación con la eficiencia del barco: si
el barco pesca más y mejor, todos ganan más.
Gracias a este
sistema y a la alta valorización del producto, los salarios en la pesca activa
suelen estar entre un 15% y un 30% por encima del salario promedio
nacional. Y al estar formalizados, los pescadores islandeses aportan
y reciben los robustos beneficios del Estado de bienestar: salud
universal, pensiones obligatorias con un aporte adicional del 12% por parte del
empleador, y seguro de desempleo. Los sindicatos, como VR y Efling, son
extremadamente poderosos y negocian convenios colectivos que establecen pisos
salariales, límites de horas de descanso y condiciones de seguridad a bordo.
Islandia aprendió a lo largo de los
años noventa y dos
mil que regalar el acceso a un recurso público genera riqueza privada a
costa del erario. Por ello, implementó un sistema de captura de la renta
del recurso: el Estado no es dueño de los barcos, pero cobra
por el derecho a usar el recurso. El mayor problema al evitar la extranjerización
de la pesca fue la concentración de cuotas, ya que el 75% de ellas
pertenecen a las veinticinco empresas pesqueras más grandes. Esto
representa una alta concentración de la riqueza pesquera en pocas
manos.
El dilema islandés es que proteger la
soberanía nacional no
significa necesariamente proteger a los pequeños pescadores. El sistema logró
mantener el control nacional del recurso, pero al mismo tiempo permitió
una concentración progresiva de las cuotas en grandes empresas. Por eso
la verdadera batalla no es solo Islandia contra Bruselas, sino
también una batalla interna por quién es realmente dueño del mar
islandés.
Cuando un país con restricción externa
crónica, como Argentina,
atrae inversión extranjera en sectores extractivos con regímenes
de promoción sin políticas de contenido local o retención de divisas,
no se resuelve la restricción externa; se cambia su forma de financiamiento
y se agrava a mediano plazo. La inversión inicial entra, pero una
vez operativa, la repatriación de utilidades, el pago de regalías
a casas matrices y la importación de insumos generan una salida de
divisas estructural. Si a esto se suma el servicio de la deuda pública,
el saldo neto de divisas para el país suele ser negativo o marginal.
Islandia salió de 2008 con una
convicción sólida.
Nunca más permitir que las necesidades del capital determinen hasta dónde
llega la soberanía. El Estado argentino, después de décadas de crisis,
parece haber llegado a la conclusión inversa: necesita ofrecer
condiciones extraordinariamente favorables al capital para poder convertir
sus recursos naturales en dólares y crecimiento. Argentina puede
convertirse en una gran exportadora de recursos sin que
necesariamente todos los dólares generados por esos recursos ingresen inmediatamente
al mercado cambiario.
Pero eso es completamente diferente a
afirmar que la inversión extranjera traerá dólares y resolverá la restricción
externa. Puede
traerlos, pero el régimen también permite que una parte importante de
los flujos permanezca fuera o sea posteriormente remitida. Argentina
está haciendo casi lo contrario a Islandia: para conseguir capital, el
Estado ofrece al inversor una protección extraordinariamente
prolongada frente a futuros cambios fiscales, regulatorios y cambiarios.
El mensaje que transmite el Régimen de
Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es claro: venga a invertir,
puede disponer libremente de los productos, tiene un régimen cambiario privilegiado
y puede remitir utilidades y dividendos bajo condiciones especiales.
El problema del RIGI no es que atraiga inversión extranjera. El
problema es el precio que Argentina paga por atraerla: una renuncia
fiscal estimada en unos 1.813 millones de dólares anuales cuando los
proyectos estén en plena producción, estabilidad tributaria, aduanera,
cambiaria y regulatoria durante treinta años, y un régimen que
permite una creciente disponibilidad externa de las divisas generadas
por los proyectos.
Si los recursos son estratégicos y la
inversión se habría
producido aun con beneficios menores, el Estado está transfiriendo renta
innecesariamente y comprometiendo su capacidad futura. La cuestión
empírica es cuánta inversión adicional está generando realmente el RIGI
y cuánto beneficio habría obtenido igualmente el inversor sin esas concesiones
extraordinarias.
La integración de Argentina en lo que
podríamos llamar la Pax Silicia
dibuja una estructura clara. Estados Unidos →
capital financiero y tecnológico →
empresas multinacionales → RIGI→ litio → cobre → petróleo → gas y energía → exportaciones → deuda → fuga de capitales. La integración de Argentina a cadenas estratégicas estadounidenses y
occidentales. Buenos Aires está diseñando sus sectores estratégicos para insertarlos en cadenas
globales de capital y tecnología en lugar de construir primero
cadenas nacionales de control y agregación de valor.
Islandia aprendió de 2008 que la
soberanía
tiene un valor económico tangible al conservar la capacidad de
decidir sobre el capital, la moneda, los bancos y los recursos
estratégicos. La Argentina de Milei, enfrentada a una escasez
crónica de capital y dólares, está tomando la decisión inversa: ofrecer
al capital condiciones extraordinarias de estabilidad, rentabilidad y libertad
cambiaria para que desarrolle sus recursos naturales.
La cuestión no es si uno es
nacionalista y
el otro liberal. La cuestión es quién captura la renta y quién conserva
el poder de modificar las reglas. Islandia dijo no
a los banqueros en 2008, no a los acreedores extranjeros en 2010
y no a la Unión Europea en 2026. Cada uno de esos no fue una
negativa obstinada, sino una afirmación de su capacidad para decidir
sobre su propio futuro. Argentina, por el contrario, está
diciendo sí a condiciones que atan su política económica durante décadas
a cambio de capital que, cuando finalmente llegue, puede no quedarse
en el país.
La experiencia islandesa demuestra que la soberanía no es un
lujo para países ricos, sino una herramienta para construir riqueza
desde abajo. Y también demuestra que decir no, en ocasiones, es la
forma más poderosa de decir sí al futuro propio.
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