jueves, 16 de julio de 2026

SUDÁFRICA: De la lucha contra el apartheid a la cruzada popular contra la inmigración africana.

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LA XENOFOBIA DESTRUYE EL SUEÑO PANAFRICANO. 

"Mientras en abril Pretoria reivindicaba haber deportado a más de 100.000 personas en los dos años previos, el pasado lunes anunciaba la ejecución de 53.000 deportaciones, solo en unas semanas.  La reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada. Respecto a la reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada, introduciendo nuevas fórmulas como las residencias para nómadas digitales. Otra pata de la nueva legislación es el control a través de la toma de información biométrica en la estela de otros actores como la UE.

"En este marco, a principios de julio se anunciaba que el Ministerio del Interior de Sudáfrica está trabajando en un sistema biométrico de gestión de expedientes, que incluirá dispositivos para que los inspectores de inmigración puedan verificar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros en los controles que realiza sobre terreno. Para ello Pretoria busca un contratista que suministre este tipo de tecnologías en un tiempo récord, con el 24 de julio como límite.  No son pocas las voces de alarma ante lo que consideran una vuelta de tuerca de vigilancia que puede conducir a errores y vulnerar más los derechos humanos de las personas migrantes. Cientos de miles de personas que temen enfrentarse un jueves más a la violencia de las patrullas de vigilantes que han popularizado la persecución racial en el país que venció el apartheid.

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Fuentes: El salto0 [Imagen: Manifestación antiinmigración en Sudáfrica. Captura de video]

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SUDÁFRICA: De la lucha contra el apartheid a la cruzada popular contra la inmigración africana.

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Por Sarah Babiker | 16/07/2026 | África

Fuentes Revista Rebelión jueves 16 de julio del 2026.

En las últimas semanas el país se ha convertido en escenario de violentas movilizaciones contra las personas extranjeras africanas exigiendo su deportación. El Gobierno ha endurecido su política migratoria, anunciando un récord de expulsiones.

Sarah Babiker

La canción se llama Abahambe, y su versión oficial supera el millón de visualizaciones en youtube y cuenta con numerosos comentarios que explican cómo el tema les emociona y comparten el mensaje. ¡Que se vayan!, es el título del hit, y refleja un lema popularizado durante los disturbios antipersonas inmigrantes que han tomado Sudáfrica en las últimas semanas. En estilo Amapiano, un género musical urbano surgido en Sudáfrica en la pasada década, popular ya por todo el continente, tres personas cantan en inglés y lengua zulú: son Jacinta Ngobese-Zuma, Ngizwe Mchunu y Phakelumthakathi. 

La primera de las intérpretes de esta canción, Jacinta Ngobese-Zuma es conocida por hechos ajenos a la música: se trata de la fundadora de March to March, la organización que está detrás de una campaña contra las personas inmigrantes de otros países africanos que tuvo el pasado 30 de junio su punto álgido. El movimiento de Ngobese-Zuma junto a otros actores afines, como la Fundación para el Desarrollo Insizwa Nobusizwa habían fijado una fecha límite para que los extranjeros sin documentación, de países como Malaui, Mozambique, Zimbabue, Nigeria y Ghana, abandonaran el país. 

 “Gracias por compartir este himno, pues no podré ir a la marcha”, lamenta un usuario de youtube sobre la canción, que llama a luchar por el país frente a las personas extranjeras, e invoca la memoria de Nelson Mandela para justificar su objetivo de “limpiar el país”. La marcha del día 30 dejó decenas de escenas de persecución y acoso a personas extranjeras por todo el país. Una semana después, el jueves 9 de julio, una nueva marcha se convirtió en una redada popular puerta a puerta para expulsar a las personas que se consideraban migrantes irregulares. En ciudades como Johannesburgo, los manifestantes sacaban directamente a las personas de sus domicilios y las entregaban a la policía. 



La líder de March to March Jacinta Ngobese-Zuma aseguraba el 30 de junio que se manifestarían cada jueves hasta conseguir que el gobierno tome en serio sus demandas. Así, el jueves 16 de julio se esperaba con cierta tensión, aun cuando no hay grandes movilizaciones anunciadas. La persecución a extranjeros ha sembrado el terror en las últimas semanas, con multitudes tomando las calles en ocasión del mencionado ultimátum. 

Las personas migrantes se han convertido en el chivo expiatorio ante un desempleo que supera el 30%, con dos tercios de su población viviendo en situación de pobreza. OJO (Raíz estructural de la Inmigración. Población de países en extrema pobreza migran ahora hacia un país de los BRICS. Sudáfrica de economía emergente, con fuerte predominancia del neoliberalismo).

Según Médicos Sin Fronteras, durante las últimas semanas de junio y primeras de julio se registraron al menos cuatro muertos y miles de personas huyeron del país. Las principales zonas urbanas afectadas serían las provincias de KwaZulu-Natal, donde se ubica la ciudad de Durban, Cabo Occidental, cuya capital es Ciudad del Cabo, y Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. La organización denunciaba que, si bien los grupos agresores dicen perseguir solo a las personas indocumentadas, muchos de quienes habían sido atacados no estaban en situación de irregularidad administrativa. 

El 3,9% de la población sudafricana (unos 2,4 millones de personas) ha nacido en el extranjero (frente a más de 10 millones en España que representan en torno a un 20% de la población). En los últimos meses miles de personas migrantes han sido retornadas por sus países o han dejado ellas mismas una Sudáfrica en la que se han convertido en el chivo expiatorio ante un desempleo que supera el 30%, con dos tercios de su población viviendo en situación de pobreza.



Una historia de beligerancia antiinmigración.

March to March es heredero de otro importante actor contra las personas migrantes, la Operación Dudula, un movimiento que se generó en 2021, aún en plena pandemia, en las calles de Soweto, las mismas de las que proviene Nelson Mandela. Dudula significa “expulsar” y sus prácticas en este sentido se hicieron ya visibles en aquella época en la que cientos de personas arrasaron negocios de extranjeros e instauraron el terror entre la población migrante.

Los discursos antinmigración han prevalecido en el país desde el fin del apartheid, pero han tomado particular fuerza en los últimos años. La comunidad virtuaPut South African First, que tomó impulso en la pandemia con una campaña online, comparte temores con otros movimientos similares en el resto del mundo, agitando la teoría del gran reemplazo y viendo cómo sus discursos se viralizan. Pero el último empujón a la crisis actual llegaría en abril, cuando Mazwi Kubheka, propietario de una Spaza Shop (pequeños colmados en los que se venden bienes de primera necesidad) desapareció durante dos meses. Desde estos movimientos apuntaban a que el secuestro se debía a la negativa de Kubheka de vender su negocio a extranjeros. 

La campaña online #BringMazwiBack que se presentaba como una forma de coordinar a las comunidades para conseguir la liberación del joven, derivó en “un ecosistema de movilización contra la inmigración coordinado digitalmente”, según denunciaron algunos críticos, que señalaban cómo referentes en las redes en la línea de Jacinta Ngobese-Zuma construyeron una narrativa contra la migración a partir del caso.

El suceso, que seguía a la muerte de otro dueño de unos de estos establecimientos en Sowetopuso patas arriba el país, con patrullas de vigilantes persiguiendo a las personas extranjeras, en un marco de señalamiento contra los nacionales de otros paísesNaciones Unidas denunciaba en abril, alarmada, la situación. La reaparición del joven, dos meses después, no aplacó los ánimos. Declaraba que había sido secuestrado y torturado, y acusaba a personas etíopes como autores. El gobierno sigue investigando, señalando que aún se desconoce la causa del secuestro, y que habría también ciudadanos sudafricanos implicados.

Tras el fin del apartheid, Sudáfrica abrazó el neoliberalismo, cristalizándose la desigualdad económica agravada por la privatización y el alza del paro

Lasspaza shop brotan en suburbios y en barrios populares, y son una parte importante de la economía local, y una forma de supervivencia para los sectores más empobrecidos de la sociedad.  Como explican autores como David Harvey, tras el fin del apartheid, Sudáfrica abrazó el neoliberalismo, cristalizándose la desigualdad económica agravada por la privatización y el alza del paro. Las spaza shops se convirtieron en una opción para muchos ciudadanos, considerados ahora iguales por ley, pero excluidos por el abandono estructural y la pérdida de sus fuentes de subsistencia. También las personas migrantes entraron en este sector económico, lo que sembró tensiones.

En el universo anti migraciones sudafricano caben también formaciones políticas como el partido Action SA, encabezado por quien fuera el alcalde de Johannesburgo y que pide mano dura contra las personas africanas. Este espacio político antiinmigración pedía protección al gobierno en los últimos días tras el asesinato de uno de los líderes de March to MarchAndile Mvuyelwa Somgxada, quien fue disparado a finales del pasado mes cuando salía de su casa. Pese a que la causa de su muerte sigue bajo investigación, sus seguidores ya lo han convertido en referente, definiendo al crimen como un “Acto de represalia”, y describiéndolo como: “un asesinato orquestado, del tipo que cometen los sicarios”.


La xenofobia, destruye el sueño panafricano.

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Endurecimiento de la ley migratoria y biometría. 

El estallido de violencia en Sudáfrica ha causado el temor entre las personas migrantes que se han visto asediadas y convertidas en el chivo expiatorio de las dificultades del país. Cientos de ciudadanos han sido evacuados por sus gobiernos durante las últimas semanas y muchos otros han abandonado sus hogares por miedo a las represalias. 

La persecución tomó tal dimensión que diversos gobiernos africanos han pedido explicaciones por el ataque a sus nacionales, provocándose una crisis diplomática con países como Nigeria, que acusan a Pretoria de inacción ante el racismo. En Pretoria, el presidente Ciryl Ramaphosa, ofrecía un discurso a la nación el pasado 9 de junio en el que manifestaba su comprensión hacia la frustración de la ciudadanía ante el desempleo los problemas económicos pero recordaba que las personas migrantes no eran culpables de esta situación, para poco después, describir la migración irregular como un gran desafío y prometía dejar atrás una época de políticas migratorias “débiles”, mientras que recordaba que solo el estado tenía potestad de perseguir la migración irregular. 

El gobierno ha optado por una cierta ambigüedad. Con motivo de las marchas del 30 de junio, Ramaphosa se encontró con dos de los líderes de los movimientos antiinmigración, mostrando comprensión hacia sus demandas e insistiendo en que el gobierno estaba por ello endureciendo sus leyes migratorias, y pidiendo a los líderes que las manifestaciones fueran pacíficas. Además, pocos días después recordaba que solo las fuerzas de seguridad del estado están habilitadas para pedir la documentación o retener a las personas y ha insistido en la necesidad de respetar los derechos de las personas migrantes, de otro lado, ha hecho eco de los argumentos que relacionan la presencia de personas migrantes con la inseguridad o el desempleo.

No se ha tratado solo del discurso, el pasado abril se aprobaba una reforma legislativa más restrictiva presentada como una forma de mejorar el control de los flujos migratorios. Bajo el nombre de “Libro blanco”, la ley se propone como objetivo

“poner freno al fraude y los abusos, reforzar la seguridad y digitalizar los servicios, al tiempo que se atrae talento e inversión. Estos cambios sitúan a Sudáfrica en línea con las tendencias mundiales”, explica una agencia informativa dependiente del gobierno.

Mientras en abril Pretoria reivindicaba haber deportado a más de 100.000 personas en los dos años previos, el pasado lunes anunciaba la ejecución de 53.000 deportaciones, solo en unas semanas. 

La reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada.

Respecto a la reforma en las políticas migratorias, esta endurece los requisitos de entrada en el país, prioriza a las personas extranjeras que puedan invertir, y favorece la migración cualificada, introduciendo nuevas fórmulas como las residencias para nómadas digitales. Otra pata de la nueva legislación es el control a través de la toma de información biométrica en la estela de otros actores como la UE.

En este marco, a principios de julio se anunciaba que el Ministerio del Interior de Sudáfrica está trabajando en un sistema biométrico de gestión de expedientes, que incluirá dispositivos para que los inspectores de inmigración puedan verificar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros en los controles que realiza sobre terreno. Para ello Pretoria busca un contratista que suministre este tipo de tecnologías en un tiempo récord, con el 24 de julio como límite. 

No son pocas las voces de alarma ante lo que consideran una vuelta de tuerca de vigilancia que puede conducir a errores y vulnerar más los derechos humanos de las personas migrantes. Cientos de miles de personas que temen enfrentarse un jueves más a la violencia de las patrullas de vigilantes que han popularizado la persecución racial en el país que venció el apartheid.

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miércoles, 15 de julio de 2026

LA RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA CON TRUMP. EE. UU. impulsa un nuevo macartismo contra la izquierda.

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"Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters: Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre. Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.

"Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años “Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel. A todos se los consideró “culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.

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President Trump Meets With His Cabinet At The White House Marco Rubio, el halcón del Departamento de Estado. ANDREW HARNIK. Getty Images via AFP-

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LA RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA CON TRUMP.

EE. UU. impulsa un nuevo macartismo contra la izquierda.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos 60 países para este jueves a una reunión para agitar un plan contra el “terrorismo transnacional de extrema izquierda”.

Por Gustavo Veiga.

Fuente. Página /12 miércoles 16 de julio del 2026.

Los vientos de un nuevo macartismo soplan con fuerza desde Washington. Este jueves tendrá su punto de partida el impulso a una estrategia de persecución ideológica y reconfiguración geopolítica en EE. UU. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos sesenta países para analizar y legitimar con su presencia un plan de alcance planetario, aunque también con implicancias fronteras adentro.

Su objetivo es diseñar una política criminal ante “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Un emergente más de los enemigos que Estados Unidos suele crear mientras el régimen que lidera Donald Trumpen alianza con un grupo de magnates tecnológicos, sigue descomponiéndose camino a las elecciones de medio término en noviembre.

Ya lo dijo a fines de junio el presidente condenado por abuso sexual que ayer le pagó la indemnización a su víctima, Jean Carroll, por un delito cometido en 1996: “Tenemos que frenar esta amenaza horrible del cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”. Una amenaza con buenas dosis de paranoia que oculta otra. La de Trump y su política que ahora enfila hacia el neomacartismo.



La búsqueda de un otro al cual estigmatizar que se maquilla con ciertas distracciones. Lo mismo da si se trata de inmigrantes deportables o militantes antifa (la apócope de antifascistas), el “peligro” que atenta contra la invocada “seguridad nacional”.

El doctor en filosofía Fernando Buen Abad, un especialista en la guerra cognitiva que lleva adelante EE. UU., es un referente para el tema. Sobre el encuentro convocado por Rubio —el agitador principal de estas políticas nacidas en la Guerra Fría—, escribió el 13 de julio:

“Cada nueva categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria”.

Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters:

Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre.

Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.

Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años.

“Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel.



A todos se los consideró

“culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.

El abogado de Song, Philip Hayes, declaró que el problema con los cargos levantados a los condenados

“siempre ha sido que no se trata de un grupo de terroristas. Se trata de un grupo de jóvenes con un gran corazón que realmente querían que se escuchara su voz”. Y agregó: “Song, salvo por este día, ha tenido una vida intachable. Fue infante de marina. Un buen estudiante. Tenía muchas cualidades que simplemente se ignoraron. El juez procedió a darle todo lo que pudo”.

Las condenas fueron defendidas por un alto funcionario del ICE, el organismo que secuestra encarcela y asesina a inmigrantes, con un récord notorio de casos en 2025.

“Las sentencias dictadas envían un mensaje inequívoco: los ataques contra agentes e instalaciones federales no serán tolerados. Los hombres y mujeres de ICE sirven con integridad y valentía, a menudo en entornos difíciles y peligrosos. La violencia premeditada perpetrada por estos miembros de la célula Antifa en Prairieland fue un ataque contra las fuerzas del orden y contra el Estado de derecho mismo”, declaró el director interino de ICE, David J. Venturella.

Muy distinto ha sido el papel de la Justicia en los crímenes del ICE contra migrantes, bajo custodia de sus miembros, durante operativos en la calle o en domicilios violentados. Incluso contra ciudadanos estadounidenses. La situación procesal de los integrantes de esa fuerza que mataron a Renee Good y Alex Pretty en Mineápolis lo confirma. Todavía no fueron llevados a juicio y en su momento el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el asesino de la mujer gozaba de “inmunidad absoluta”.

El investigador mexicano Buen Abad definió la convocatoria a reunión contra el “terrorismo de izquierda” del halcón Rubio como “hija de la anorexia intelectual de las derechas”. Simplemente porque no tiene solidez conceptual ni demostración empírica verificable. A no ser por los fantasmas de Trump y su gobierno.

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martes, 14 de julio de 2026

HUGO ERIC FLORES Y LA ULTRADERECHA EVANGÉLICA. Diputado Mexicano.

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"Con la ayuda de sus amigos en el gobierno federal y en el de la Ciudad de México, Flores fue designado por la Cámara de Representantes como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que se encargó de redactar y aprobar la primera Constitución de la capital del país. Allí intentó articular un bloque para obstruir el reconocimiento de derechos LGBT+, aborto o muerte digna. 

"Su paso como superdelegado en la tierra del Caudillo del Sur, se asocia con el asesinato a manos de pistoleros, del dirigente indígena de Amilcingo, Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), que Hugo Eric defendió. El 20 de febrero de 2020, tan sólo un día después de que el representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala confrontó a Hugo Eric verbalmente en Jonacatepec, durante una asamblea informativa para promover el PIM, fue ultimado a balazos en su domicilio.  Cuauhtémoc Blanco era entonces gobernador del estado (y antes presidente municipal de Cuernavaca), postulado por el PES. Y, cuando el exfutbolista fue denunciado por violación por su media hermana, el diputado Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, lo absolvió, a pesar de sus desavenencias.  Aunque pretenda presentarse como centrista, PAZ es un partido de ultraderecha, que aspira a expresar corporativamente el voto evangélico, al que da cobijo la 4T

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El fundamentalista Hugo Eric Flores considera que es un error “haber sacado a Dios de la vida política” y aspira a romper el “Estado jacobino”. Foto Marco Peláez/Archivo

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HUGO ERIC FLORES Y LA ULTRADERECHA EVANGÉLICA.

Diputado Mexicano.

“Un verdadero tránsfuga de la política”. Nosotros los tenemos por decenas y corruptos.

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Por Luis Hernández Navarro.

Fuente. La Jornada martes 14 de julio del 2026.

El fundamentalismo neopentecostal tiene un nuevo partido político. El tercero al hilo, después de perder dos registros previos. Está encabezado –faltaba más– por el impulsor de la Teología de la prosperidad evangélica, okupa de los espacios seculares y diputado de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes. 

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, felicitó a su líder y le deseó la mejor de las suertes en su nuevo partido.

“Él siempre ha estado cerca de la Transformación. Es alguien que ha sido muy consecuente”, dijo en redes sociales. El diputado Flores reconoció que son muy buenos amigos y “hay mucha coincidencia de ideas”. 

El nuevo instituto político se llama PAZ, y, como sus antecesores, mezcla religión con política y aspira a capturar corporativamente el voto de los cristianos evangélicos. Toma el relevo del fracasado Encuentro Social (2014-2018), surgido de la Asociación Política del mismo nombre, y de Encuentro Solidario (2020-2021), todo con un claro corte confesional y de ultraderecha. 

El liderazgo de Hugo Eric en el nuevo instrumento político es incuestionable. Según explicó a Enlace Judío,

“quien fundó el partido fue mi mamá, porque me puso el chip en la cabeza, y cuando yo llegué de Estados Unidos (donde estuvo cuatro años y medio), regresé diciendo: Voy a hacer un partido político. Fue en Estados Unidos donde diseñé la ideología del partido. Dije: en lugar de una lucha de clases, mejor un encuentro de clases” (https://shorturl.at/VMPsM). 



El fundamentalista Flores considera que es un error “haber sacado a Dios de la vida política” y aspira a romper el “Estado jacobino”. Se define como pro-Israel (donde tiene muchos amigos), defiende la ocupación de ese país de la franja de Gaza y le fascinan los “símbolos hebreos”. Es enemigo del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, se opone a la legalización del aborto y está convencido de que el matrimonio homosexual “es una moda”. Considera que el alma de la nación mexicana está en la familia. Demanda que las asociaciones religiosas tengan estaciones de radio y televisión y un régimen fiscal que las beneficie. Logró convertir la Cámara de Diputados en púlpito, convocando desde allí a grupos evangélicos a una Marcha por Jesús. 

Padece lo que el especialista en protestantismo Carlos Martínez García llamó en las páginas de La Jornada “la tentación constantiniana”. Es decir, hacer de la fe cristiana, fieramente perseguida, una religión tolerada y, posteriormente, la oficial del imperio romano. Sostiene que los valores de su partido provienen de la Biblia, y busca el poder para crear un modelo de gobierno para que el pueblo voltee a ver a Dios. 

Ligado a la Iglesia de Dios y a Amistad Cristiana, colaboró estrechamente con la denominación pentecostal Casa sobre la Roca. PAZ está integrado, en su mayoría, por fieles de denominaciones neopentecostales y grupos carismáticos. 

Políticamente inescrupuloso, Hugo Eric ha pasado por las filas de innumerables partidos. Asesoró al mandatario Ernesto Zedillo a través de Liébano Sáenz y fue subsecretario del comité nacional del PRI. En 2000 fue coordinador de asesores políticos e internacionales del presidente Fox. En 2003, su asociación Encuentro Social se alió a Convergencia (hoy, Movimiento Ciudadano). En 2006, se arrimó al PAN, para apoyar la candidatura de Felipe Calderón. Fue designado oficial mayor de la Semarnat pero, tiempo después, corrido por falsificar documentos. 



Sin embargo, la historia no quedó allí. Marcelo Ebrard lo recogió en la Ciudad de México y lo hizo director general de Gobierno. Colaboró también con la administración de Miguel Ángel Mancera y participó en la Constituyente capitalina. Prominentes políticos priístas apoyaron a su partido en estados como Hidalgo. A pesar de su plataforma abiertamente reaccionaria, en 2018 fue parte de la coalición Juntos Haremos Historia, que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Fue nombrado superdelegado en Morelos del 1º de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2020. En 2024 Morena lo hizo diputado. 

Hugo Eric Flores ha defendido las peores causas. Apoyó la liberación de los paramilitares que, el 21 de diciembre de 1997, asesinaron salvajemente a 45 integrantes de Las Abejas, cuando oraban pacíficamente en la ermita de Acteal. Participó, de manera central, en la operación para rescribir el crimen de Estado y disfrazarlo de conflicto interreligioso, para exculpar en la opinión pública a sus autores intelectuales. Ofreció a quienes eran abogados de los presos interceder ante el mandatario Ernesto Zedillo y su secretario particular. 

Con la ayuda de sus amigos en el gobierno federal y en el de la Ciudad de México, Flores fue designado por la Cámara de Representantes como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que se encargó de redactar y aprobar la primera Constitución de la capital del país. Allí intentó articular un bloque para obstruir el reconocimiento de derechos LGBT+, aborto o muerte digna. 

Su paso como superdelegado en la tierra del Caudillo del Sur, se asocia con el asesinato a manos de pistoleros, del dirigente indígena de Amilcingo, Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), que Hugo Eric defendió. El 20 de febrero de 2020, tan sólo un día después de que el representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala confrontó a Hugo Eric verbalmente en Jonacatepec, durante una asamblea informativa para promover el PIM, fue ultimado a balazos en su domicilio. 

Cuauhtémoc Blanco era entonces gobernador del estado (y antes presidente municipal de Cuernavaca), postulado por el PES. Y, cuando el exfutbolista fue denunciado por violación por su media hermana, el diputado Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, lo absolvió, a pesar de sus desavenencias. 

Aunque pretenda presentarse como centrista, PAZ es un partido de ultraderecha, que aspira a expresar corporativamente el voto evangélico, al que da cobijo la 4T

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lunes, 13 de julio de 2026

LA MILITARIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL.

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"La pregunta fundamental que debe hacerse cualquier ciudadano consciente es si este sistema es sostenible. Históricamente, los imperios y las naciones que han priorizado el gasto militar sobre la inversión civil, que han financiero sus guerras mediante la devaluación monetaria y la deuda oculta, han colapsado. La Unión Soviética se desmoronó en parte porque no podía sostener la carga de su complejo militar-industrial. Roma cayó bajo el peso de sus legiones y la devaluación de su moneda. El sistema actual de economía de guerra permanente puede parecer sostenible a corto plazo, impulsado por la inercia financiera y la impresión de dinero, pero a largo plazo es una bomba de relojería.

"Eventualmente, los costes superarán a los beneficios, la base imponible de los estados se erosionará por la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales, y la ciudadanía, empobrecida por la inflación y los recortes sociales, se rebelará contra una élite que le ha vendido seguridad a cambio de esclavitud financiera.

"La paradoja final de este sistema es que requiere la escalada continua de amenazas, la perpetuación del miedo y la imposibilidad de la paz para justificar su propia existencia. La paz no es rentable para BlackRock; la paz es un riesgo sistémico que amenaza con quebrar el modelo de negocio. Por eso, la militarización bancaria no es solo una política económica; es la declaración de guerra de las finanzas contra la sociedad, la conversión definitiva de la muerte en el activo financiero más perfecto, y la confirmación de que, en el nuevo orden mundial, la única guerra que importa es la que se libra en los balances de los bancos.

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Fuentes: El tábano economista [Foto: Luc Frieden, el Primer Ministro de Luxemburgo, y Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá]

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LA MILITARIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL.

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Por Alejandro Marcó del Pont | 13/07/2026 | Economía

Fuente. Revista Rebelión lunes 13 de julio del 2026.

La paz es mala para los negocios (El Tábano Economista)

Nos encontramos en una era donde la retórica de la paz es meramente el guante de terciopelo que oculta el puño de hierro del complejo militar-industrial-financiero. La transformación de la OTAN de una simple alianza militar defensiva a un ecosistema financiero-industrial permanente ya no es una teoría de conspiración marginal; es la política oficial y declarada de la élite occidental. En el centro de este cambio de paradigma histórico se encuentra una propuesta que ha sido presentada con el lenguaje estéril y tranquilizador de la salvación tecnocrática: el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, conocido por sus siglas en inglés como DSRB.

Para el ojo no entrenado, o para aquel que se conforma con los comunicados de prensa institucionales, esta iniciativa suena como un mecanismo burocrático más, diseñado para garantizar la seguridad continental frente a las amenazas del siglo XXI. Pero para los que saben leer la letra pequeña de las finanzas globales y entender los flujos de capital subterráneos, el DSRB es el plano arquitectónico para la mayor transferencia de riqueza en la historia de Occidente. Estamos presenciando la financiarización absoluta de la guerra, un sistema donde la propia arquitectura del crédito está diseñada matemáticamente para hacer que la paz sea económicamente inviable y el conflicto armado una necesidad permanente, estructural y, sobre todo, extraordinariamente rentable.

Para comprender la verdadera naturaleza financiera, uno debe mirar primero a sus arquitectos, porque en el mundo de las altas finanzas, el mensajero siempre revela la verdadera naturaleza del mensaje. No es ninguna coincidencia, ni mucho menos un accidente histórico, que los principales promotores de este leviatán bancario sean Luc Frieden, el Primer Ministro de Luxemburgo, y Mark Carney, el Primer Ministro de Canadá en un artículo firmado por ambos en el Financial Times (FT) periódico de origen británico favorable a la globalización. La geografía y el currículum de estos dos líderes son la clave de todo el engranaje.

Luxemburgo no es un país normal en términos financieros; es la gran catedral de la optimización fiscal europea, el domicilio legal donde los fondos de inversión más grandes del planeta, incluido BlackRock, estacionan sus billones de dólares para evitar la tributación nacional y esquivar el escrutinio democrático. Frieden no propone un banco por un repentino y fervoroso patriotismo por la defensa de las fronteras europeas; lo propone para crear una nueva clase de activos altamente lucrativa, un nuevo vehículo de deuda soberana para los fondos domiciliados en su paraíso fiscal.



Al otro lado del Atlántico se encuentra Mark Carney, la encarnación perfecta y acabada de la élite financiera globalista. Su currículum se lee como el directorio de un gobierno en la sombra que opera por encima de las naciones. Goldman Sachs, Gobernador del Banco de Canadá, Gobernador del Banco de Inglaterra y alto ejecutivo de Brookfield Asset Management. Carney no ve el mundo a través de la lente de un político tradicional preocupado por construir escuelas, mantener hospitales o fortalecer el tejido social; lo ve exclusivamente como un gestor de carteras buscando rentabilidad en una economía global estancada que carece de activos seguros.

La fusión del poder estatal y la especulación financiera en la esfera pública es absoluta, y se manifiesta de manera descarada a través de la vertiginosa puerta giratoria que conecta los más altos cargos del gobierno con las salas de juntas de Wall Street y la City de Londres. Cuando Carney necesitaba dirigir el nuevo y masivo gasto de defensa de Canadá, no buscó a diplomáticos experimentados, ni a estrategas militares, ni a expertos en relaciones internacionales. Nombró a Doug Guzman, un ex colega de Goldman Sachs y viejo amigo de sus días en la banca de inversión, como el CEO de la nueva Agencia de Inversión en Defensa.

Mientras tanto, en Ottawa, el papel crucial de viceministro de Comercio Internacional fue entregado a Glenn Purves, quien fue economista en jefe del Instituto de Inversión de BlackRock. Este nombramiento no es un mero movimiento de personal; es la institucionalización explícita de un conflicto de intereses colosal. El gestor de activos más grande del planeta, el fondo que lo posee todo y que tiene participaciones cruzadas en todas las grandes empresas de defensa del mundo, ahora tiene un conducto directo y oficial hacia las políticas comerciales y de defensa del gobierno canadiense. El Estado ya no regula al mercado; el mercado ha capturado al Estado de manera formal, y sus ejecutivos ahora escriben las leyes de la guerra desde los despachos ministeriales.

¿Pero cómo funciona realmente esta magnífica máquina de extracción de riqueza? ¿Por qué insisten Frieden y Carney en que el DSRB es una necesidad absoluta e ineludible? Su argumento público está envuelto en el lenguaje de la frustración regulatoria y la urgencia geopolítica. Afirman que las regulaciones bancarias internacionales actuales, específicamente los acuerdos de Basilea III y IV, están obstaculizando la acumulación militar y frenando la reestructuración de las fuerzas armadas occidentales. Bajo las reglas de Basilea, que fueron diseñadas tras la crisis de 2008 para evitar que los bancos se endeuden hasta el cuello, prestar a empresas de defensa, especialmente a las de tamaño medio que están expandiendo sus líneas de producción, se considera una actividad riesgosa.



Los bancos están obligados por ley a mantener una cierta cantidad de su propio capital en reserva como colchón de seguridad contra estos préstamos. La regla de oro de Basilea dicta que un banco comercial solo puede prestar aproximadamente doce euros por cada euro de capital propio destinado a cubrir el riesgo de la deuda. Los bancos, que están ansiosos por financiar el auge de los armamentos porque es un negocio extremadamente lucrativo, encuentran sus manos atadas por estas normas de prudencia financiera. La solución propuesta por los banqueros globalistas reconvertidos en políticos es crear el DSRB, una institución multilateral que no funcionará prestando su propio dinero, sino que operará como una magnífica y sofisticada máquina de transferencia de riesgo.

El truco del DSRB opera en tres pasos engañosamente simples, diseñados para evadir el sentido común y las regulaciones financieras. El primer paso es la emisión de bonos con calificación AAA, lo que ellos llaman eufemísticamente «dinero barato». El DSRB sale a los mercados de capital globales y emite deuda masiva. Debido a que este nuevo banco está respaldado por las garantías soberanas de los estados miembros de la OTAN y la Unión Europea, inversores institucionales como BlackRock, los fondos de pensiones globales y las compañías de seguros consideran que estos bonos son tan seguros como la deuda de una nación rica y estable. Reciben la calificación crediticia más alta posible, la AAA, y, por lo tanto, el DSRB puede pagar tasas de interés muy bajas.

Este es dinero barato, extraído directamente de los ahorros globales de la clase trabajadora y de los fondos de pensiones de los ciudadanos. El segundo paso es la garantía multilateral, que funciona como el truco de la varita mágica. El DSRB toma este dinero barato y no se lo presta directamente a los contratistas de defensa. En su lugar, proporciona una garantía soberana a los bancos comerciales como Deutsche Bank, JPMorgan, ING o Santander. El DSRB les dice a estos bancos: presten todo el dinero que necesiten a Rheinmetall o Leonardo para construir misiles, drones y munición. Si la empresa de defensa quiebra, sufre un revés tecnológico o no puede pagaros, el DSRB, y por ende los estados contribuyentes a través de sus tesorerías nacionales, los devolverá el dinero íntegramente.

El tercer paso es la multiplicación milagrosa del capital, donde la magia contable alcanza su cenit. Al poner una garantía soberana AAA sobre un préstamo de defensa que originalmente era riesgoso, las regulaciones de Basilea cambian repentinamente su cálculo de riesgo. El banco comercial ya no ve en su balance un fabricante de misiles de tamaño medio y volátil; ve un instrumento de deuda soberana libre de riesgo. Los requisitos de capital del banco para ese préstamo caen en picado, acercándose a cero.

De repente, en lugar de estar limitado a prestar doce euros por cada euro de capital, el banco puede prestar el doble, el triple o incluso más. El DSRB ha desbloqueado mágicamente miles de millones de euros que estaban atrapados en las bóvedas de los bancos por las regulaciones de prudencia. Un sistema de garantías que, según sus propios folletos,

«desbloqueará préstamos comerciales a estas empresas, manteniendo las cadenas de suministro en movimiento y los precios estables». Esto significa que los bancos comerciales, que normalmente serían cautelosos al prestar a empresas de defensa en etapas de crecimiento, ahora tendrán garantías soberanas que eliminan el riesgo mientras mantienen las ganancias estrictamente privatizadas.





Esto nos lleva a la alquimia definitiva del DSRB, la transformación del dinero del contribuyente en un misil, y la extracción de beneficios en cada paso del viaje. Imagina el circuito de esta transferencia de riqueza, un ciclo perfecto de ingeniería financiera. Comienza con el ciudadano, que sin saberlo proporciona la garantía a través de la firma soberana de su gobierno. El estado firma un papel que establece que, si el contratista de defensa incumple, el tesoro nacional cubrirá la pérdida con los impuestos de su gente.

El ciudadano asume el riesgo total sin haber votado nunca un presupuesto militar específico para ello. A continuación, los bancos comerciales utilizan esta garantía estatal para multiplicar sus préstamos, originando miles de millones en crédito y cobrando fuertes comisiones por el privilegio de actuar como intermediarios. Los gobiernos, a su vez, compran estas armas a precios inflados, comprometiendo presupuestos nacionales a largo plazo. Los contratistas de defensa, inundados con capital barato a largo plazo, construyen sus fábricas y elaboran sus municiones. Las empresas de defensa obtienen ganancias garantizadas por contratos estatales a décadas de vista. Sus beneficios se disparan, el precio de sus acciones se aprecia en las bolsas de valores y pagan dividendos gigantescos a sus accionistas.

Y aquí es donde el genio oscuro del sistema alcanza su máxima expresión, pues BlackRock y los megafondos de inversión cierran el círculo y ganan en ambos lados del tablero, sin importar el resultado. En el lado de la deuda, los fondos de inversión gestionados por BlackRock, muchos de los cuales están domiciliados en el paraíso fiscal de Luxemburgo que tanto defiende Luc Frieden, compran los bonos AAA emitidos por el DSRB. Cada bono AAA genera comisiones de suscripción del 2% del valor nominal. Para lograr los 850 mil millones de euros, significa 17 mil millones de euros en comisiones, además de cobrar un interés seguro y constante, pagado en última instancia por los contribuyentes europeos y canadienses.

En el lado del capital, BlackRock es uno de los mayores accionistas de Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems y Thales a través de su fondo de inversión que permite invertir en empresas europeas del sector militar y de defensa (ETF iShares Europe Defence). A medida que estas empresas recaudan miles de millones de los contratos estatales financiados por el DSRB, el precio de sus acciones se dispara, y BlackRock cobra masivas comisiones de gestión sobre los fondos y obtiene ganancias de capital extraordinarias. El contribuyente financia el riesgo, el banco origina el préstamo y cobra comisiones, la fábrica construye el misil y obtiene márgenes garantizados, y BlackRock cobra los intereses del bono y los dividendos de la acción. El dinero público se privatiza en forma de beneficios financieros de manera sistemática e incesante.

Este ciclo crea lo que los economistas críticos llaman el negocio de la guerra permanente, un sistema donde todos los actores con poder tienen un incentivo financiero directo, matemático y estructural para oponerse a la paz y promover la perpetuación del conflicto. Es la forma definitiva y perversa de keynesianismo militar, una doctrina económica que utiliza el gasto en armamento para estimular la economía y mantener el empleo.

Pero en realidad, este keynesianismo militar desvía recursos masivos lejos de la provisión social, de la transición ecológica y de la innovación civil. Es un callejón sin salida, tanto económica como políticamente, porque destruye el tejido productivo real de la nación en favor de una industria que no produce bienestar, sino capacidad de destrucción. El término «economía de guerra permanente» ya no es una advertencia de los años cincuenta; es el modelo de negocio operativo del siglo XXI.

La gran mentira que se le vende al electorado es que este sistema no va a endeudar a los países. Los políticos saldrán en las pantallas de televisión a asegurar que el DSRB es dinero privado, que no cuenta como deuda pública y que no afectará a los servicios sociales. Pero esto es una falacia contable basada en los llamados «pasivos contingentes«. La deuda está ahí, oculta en las sombras del balance, esperando el momento de la crisis para materializarse.

Cuando la burbuja estalle, o cuando los costes de los proyectos se disparen por la corrupción y la ineficiencia inherentes a los monopolios de defensa, la garantía soberana será ejecutada. En ese momento, la deuda privada de las empresas de defensa se convertirá mágicamente en deuda pública soberana. Los estados tendrán que rescatar al sistema, y lo harán subiendo los impuestos a la clase media, recortando las pensiones y privatizando aún más los servicios públicos. La estrategia de Mark Carney de construir un eje financiero entre Canadá y Europa no es más que la materialización de esta visión. Carney, con su experiencia en Goldman Sachs y Brookfield, está utilizando su posición como Primer Ministro de Canadá para canalizar flujos de capital hacia el sector de defensa, beneficiando directamente a Brookfield, BlackRock y los grandes bancos internacionales que conforman su círculo íntimo.

El complejo militar-industrial está evolucionando hacia un complejo militar-industrial-financiero, donde el capital de riesgo fluye hacia industrias cada vez más militarizadas, y donde la frontera entre el estado, la banca y la fábrica de armas ha desaparecido por completo. Los beneficiarios concretos de este nuevo orden son fácilmente identificables. En el sector de las empresas de defensa, los gigantes europeos y americanos como Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Thales, Lockheed Martin y RTX están experimentando una edad de oro, con pedidos que superan los cientos de miles de millones de euros.

En el sector bancario, las instituciones internacionales como JP Morgan, Deutsche Bank, ING, Royal Bank of Canada y Commerzbank se llenan los bolsillos con comisiones de emisión, garantía y gestión de deuda. Los gestores de activos, encabezados por el oligopolio de BlackRock, Vanguard y State Street, canalizan los ahorros globales hacia este ciclo de destrucción creativa. Los centros financieros como Luxemburgo, Londres, Nueva York y Frankfurt se consolidan como los nodos por donde fluye esta riqueza extraída. Y los políticos, desde Frieden hasta Carney, pasando por la Comisión Europea y la administración de la OTAN, actúan como los gerentes de esta gran corporación transnacional, asegurándose de que el grifo del gasto público nunca se cierre.



Sin embargo, para entender el tablero completo de esta geopolítica del despojo, es imperativo analizar la fisura transatlántica que subyace a toda esta arquitectura financiera. Detrás de la «militarización bancaria» y el DSRB, se está librando una guerra comercial y geopolítica feroz por quién se queda con el pastel de los billones de euros que se van a gastar en rearme. Esta realidad fue brillantemente expuesta en un reciente análisis de Politico que revela las tensiones internas de la alianza.

Por un lado, tenemos la postura de la OTAN, liderada por su Secretario General Mark Rutte, que promueve la doctrina del «Made in NATO». Rutte y la administración estadounidense exigen que el dinero europeo se gaste comprando y coproduciendo armas con la industria militar de Estados Unidos. El objetivo de Washington es mantener a su propia industria militar en niveles de producción récord, abaratando costes por escala y asegurando que los billones de dólares del rearme europeo terminen en las arcas de Texas, Virginia y Connecticut.

Por otro lado, la Comisión Europea intenta resistir con la doctrina del «compra en Europa», argumentando que, si los contribuyentes europeos pagan la factura, la industria y los empleos deben quedarse en Europa. Para ello, han diseñado mecanismos como el programa Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), que moviliza 150.000 millones de euros para financiar la producción militar y la compra de armamento. Permite a los Estados miembros obtener préstamos a largo plazo para reforzar su defensa, con un mínimo del 65% del material exigido de origen europeo.

Pero esta fisura transatlántica es, en gran medida, una ilusión óptica diseñada para ocultar la realidad del saqueo. El Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB) actúa como el puente perfecto que reconcilia ambas posturas en beneficio del capital financiero. A BlackRock o a JPMorgan les da exactamente igual si el misil lleva la etiqueta «Made in NATO» o «compra europea». Si el misil es estadounidense, BlackRock cobra dividendos en Wall Street; si es europeo, cobra en Fráncfort o Milán.

Las empresas estadounidenses no están perdiendo el mercado europeo; lo están capturando mediante empresas conjuntas y acuerdos de coproducción, llevándose el know-how, los márgenes de beneficio y el respaldo financiero del DSRB, mientras que los europeos ponen la mano de obra, las fábricas y el riesgo político. La supuesta «autonomía estratégica» europea es una quimera. Al aceptar la arquitectura financiera del DSRB, Europa está permitiendo que la Reserva Federal y los bancos de Wall Street dicten las condiciones de su rearme. Europa está diciendo que va a gastar el cinco por ciento de su PIB en defensa, pero en lugar de emitir deuda europea conjunta para pagarlo directamente, va a dejar que los bancos privados le presten ese dinero a través del DSRB, cobrándole intereses usureros.

La pregunta fundamental que debe hacerse cualquier ciudadano consciente es si este sistema es sostenible. Históricamente, los imperios y las naciones que han priorizado el gasto militar sobre la inversión civil, que han financiero sus guerras mediante la devaluación monetaria y la deuda oculta, han colapsado. La Unión Soviética se desmoronó en parte porque no podía sostener la carga de su complejo militar-industrial. Roma cayó bajo el peso de sus legiones y la devaluación de su moneda. El sistema actual de economía de guerra permanente puede parecer sostenible a corto plazo, impulsado por la inercia financiera y la impresión de dinero, pero a largo plazo es una bomba de relojería.

Eventualmente, los costes superarán a los beneficios, la base imponible de los estados se erosionará por la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales, y la ciudadanía, empobrecida por la inflación y los recortes sociales, se rebelará contra una élite que le ha vendido seguridad a cambio de esclavitud financiera.

La paradoja final de este sistema es que requiere la escalada continua de amenazas, la perpetuación del miedo y la imposibilidad de la paz para justificar su propia existencia. La paz no es rentable para BlackRock; la paz es un riesgo sistémico que amenaza con quebrar el modelo de negocio. Por eso, la militarización bancaria no es solo una política económica; es la declaración de guerra de las finanzas contra la sociedad, la conversión definitiva de la muerte en el activo financiero más perfecto, y la confirmación de que, en el nuevo orden mundial, la única guerra que importa es la que se libra en los balances de los bancos.

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