EL JUICIO A LOS GOLPISTAS Y SUS DESDOBLAMIENTOS PARA LA DEMOCRACIA.

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“En un país que ha tenido a lo largo de su historia innumerables asonadas golpistas, dictaduras e intervenciones militares, la sanción ejemplar a esta última amenaza contra las instituciones democráticas, puede adquirir una dimensión pedagógica para la ciudadanía en la medida en que la sociedad advertirá que quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos sediciones que culminaron el 8 de enero de 2023, tendrán que responder legalmente por sus actos. Con ello se refuerza la idea de que la democracia no es solo una cuestión formal, sino que para su permanencia y profundización se requiere de una responsabilidad compartida y de mecanismos efectivos de punición contra quienes realicen actividades antidemocráticas. Lo anterior debería aislar a los grupos extremistas de la extrema derecha y permitir la recomposición de una centroderecha que esté dispuesta a respetar las reglas del juego democrático. Finalmente, el juicio a los golpistas y las rigurosas penas que de allí se deriven puede representar una gran oportunidad para que la democracia brasileña -pese a sus limitaciones- demuestre su robustez y capacidad de resiliencia y, de esta manera, el país pueda cerrar la puerta a nuevas aventuras sediciosas, inviabilizando la salida golpista como una práctica política aceptable, tolerable o banal.

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Fuentes: Rebelión / Socialismo y Democracia [Imagen: La Sala Primera del Supremo Tribunal Federal de Brasil durante la sesión en que fueron rechazadas las 'cuestiones preliminares' interpuestas por los militares golpistas el 20 de mayo de 2025. Créditos: Rosinei Coutinho/STF]

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EL JUICIO A LOS GOLPISTAS Y SUS DESDOBLAMIENTOS PARA LA DEMOCRACIA.

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Por Fernando de la Cuadra | 04/09/2025 | Brasil.

 

Fuentes. Revista Rebelión jueves 4 de septiembre del 2025.

En este artículo el autor sostiene que el juicio en el que se sentará Bolsonaro en el banquillo de los acusados, tiene que ser ejemplar para garantizar la supervivencia de la democracia en Brasil y para frenar el avance de la ultraderecha que amenaza con poner en peligro todos los avances sociales conquistados durante los gobiernos progresistas.

De manera inédita, un expresidente de Brasil se encuentra en el banco de los reos juzgado por cometer crímenes graves contra la Constitución como intento de Golpe de Estado y conspiración para abolir el Estado democrático de Derecho. El ahora reo Jair Bolsonaro es apuntado por la Procuraduría General de la República como el líder de una organización criminal armada que trató de subvertir el resultado de las urnas, infringir un Golpe de Estado y mantenerse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones en octubre de 2022. Al lado de Bolsonaro otros siete acusados de los mismos crímenes esperan la absolución o condenación por parte de los miembros de la Primera Turma (Sala Primera) del Supremo Tribunal Federal.

Este juicio es especialmente significativo en un país marcado en su historia por prácticas autocráticas impuestas desde los tiempos de la colonización. En efecto, Brasil ha sido desde sus orígenes y luego de la instauración de la República una sociedad de cuño esclavista, caracterizada por la prescindencia de las formas democráticas de convivencia y, consecuentemente, reconocible por la existencia de un tipo de dominación autoritaria que permanentemente ha obstaculizado la representación y participación de los sectores populares y de la clase trabajadora en las principales decisiones que competen al conjunto de la nación.

En ese sentido, la intentona golpista que tiene sus antecedentes casi desde el momento en que Bolsonaro asumió la presidencia, se vio reforzada con los campamentos montados frente a los cuarteles y la consiguiente invasión de la Plaza de los Tres Poderes, exigiendo a las Fuerzas Armadas una intervención por las armas. Lo anterior, diseñó un escenario que mostraba una democracia fragilizada pasible de ser violentada por medio de una escalada autocrática sin retorno. Por lo mismo, el juicio a quienes tramaron dicho Golpe de Estado es relevante en términos de sus efectos para la superación de la impunidad y la ampliación de la propia democracia. La mayoría de los acusados son representantes del alto escalón de la jerarquía militar (cuatro del Ejercito y uno de la Marina) y otros ocuparon puestos de relevancia en la estructura del anterior gobierno de ultraderecha.

Después de todo lo sucedido, continúa incomodando la constatación de como un militar agitador expulsado de las filas de ejercito por una secuencia de actos ilicititos y luego transformado en un político del bajo clero, irrelevante y caricaturesco, llegó a transformarse en el líder de la extrema derecha con un discurso primario y radical que fue captando respaldo popular en función de la crisis sistémica del país. El mismo Bolsonaro siempre repetía que era una persona mediocre, sin un ideario relevante, aunque supo convertirse en el representante de la anti política y la antítesis de los proyectos de inclusión social y garantía de los derechos de las minorías implementados por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Paradójicamente, las políticas sociales y de inclusión montadas por ese ciclo progresista de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016) generó su contraparte en un movimiento reaccionario, que fusionaba visiones ultraliberales en la economía con una perspectiva conservadora radical apoyada por diversas denominaciones del pentecostalismo en auge, por militares y policías en la activa o jubilados y por ganaderos y empresarios extractivistas inescrupulosos que se refugiaron en una administración que les permitió realizar todo tipo de ilegalidades para aumentar sus lucros.

Para enfrentar este ciclo de retroceso, el juicio a los golpistas posee una importancia decisiva en los rumbos futuros que seguirá la democracia brasileña. Las condenas de los integrantes de los cinco núcleos que actuaron en la trama golpista -partiendo por el núcleo crucial- debe expresar un enfrentamiento vehemente hacia quienes conspiraron contra la República y dar un mensaje claro de que no habrá impunidad para aquellos que intentaron acabar con el Estado democrático de Derecho. Si este juicio termina siendo tolerante, tibio e ineficaz, abrirá un peligroso precedente para futuras acciones golpistas.

En un país que ha tenido a lo largo de su historia innumerables asonadas golpistas, dictaduras e intervenciones militares, la sanción ejemplar a esta última amenaza contra las instituciones democráticas, puede adquirir una dimensión pedagógica para la ciudadanía en la medida en que la sociedad advertirá que quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos sediciones que culminaron el 8 de enero de 2023, tendrán que responder legalmente por sus actos. Con ello se refuerza la idea de que la democracia no es solo una cuestión formal, sino que para su permanencia y profundización se requiere de una responsabilidad compartida y de mecanismos efectivos de punición contra quienes realicen actividades antidemocráticas. Lo anterior debería aislar a los grupos extremistas de la extrema derecha y permitir la recomposición de una centroderecha que esté dispuesta a respetar las reglas del juego democrático.

Finalmente, el juicio a los golpistas y las rigurosas penas que de allí se deriven puede representar una gran oportunidad para que la democracia brasileña -pese a sus limitaciones- demuestre su robustez y capacidad de resiliencia y, de esta manera, el país pueda cerrar la puerta a nuevas aventuras sediciosas, inviabilizando la salida golpista como una práctica política aceptable, tolerable o banal.

Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia, autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021) y coeditor del libro EP Thompson en Chile: solidaridad, historia y poesía de un intelectual militante (Ariadna Ediciones, 2024).

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UN SIGLO DE HUMILLACIÓN PARA EUROPA.

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“Además, la UE debería renunciar a todos los aranceles y sanciones impuestos por los Estados Unidos sobre las tecnologías verdes y digitales chinas esenciales, con el fin de llegar a un acuerdo con Pekín que incluya medidas coordinadas de expansión fiscal y garantías de seguridad mutua. Se espera que introduzca un impuesto en la nube del 5% sobre todas las transacciones digitales para las empresas con una facturación superior a 500 millones de euros al año (independientemente de su lugar de domiciliación). Además, la UE debería derogar las leyes de propiedad intelectual draconianas y anticompetitivas impuestas por Estados Unidos, que hacen ilegal el uso de cartuchos de tinta genéricos más baratos en su impresora, que prohíben a los agricultores reparar sus tractores John Deere y que impiden que las personas con discapacidad realicen ajustes, incluso menores, en la dirección de sus sillas de ruedas eléctricas. Por último, la UE podría dejar de comprar gradualmente gas natural licuado fracturado de origen estadounidense para su combinación energética y armas fabricadas en Estados Unidos para sus ejércitos. El hecho de que tal conjunto de respuestas ni siquiera se discuta en Bruselas nos ilumina sobre Europa. Con toda la sutileza de una bola de demolición, Donald Trump reveló que la UE ni siquiera es capaz de imaginarse a sí misma como una potencia soberana, dispuesta a seguir siendo el vasallo de un imperio atlantista. A diferencia de la China de 1842, la Unión Europea ha elegido libremente la humillación permanente.

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Fuentes: Sub permiso.

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UN SIGLO DE HUMILLACIÓN PARA EUROPA.

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Por Yanis Varoufakis | 02/09/2025 | Economía

Fuente. Revista Rebelión miércoles 3 de septiembre del 2025.

En 1842, rota y derrotada, China envió a su más alto burócrata, Qiying, a Nanjing para reunirse con Sir Henry Pottinger, el despiadado administrador colonial británico, que dictó los términos de la capitulación. El tratado de Nanjing resultante hizo que China perdiera todo lo que tenía, sin obtener nada a cambio, excepto la humillación. Entonces se habló de “acuerdo comercial”, mientras que los comerciantes brindaban en Londres y los poetas chinos inmortalizaban en verso la vergüenza que aún persigue a su gran nación.

El mes pasado, rota y derrotada, la Comisión Europea envió a su máxima diplomática, Ursula von der Leyen, a un campo de golf escocés propiedad de Trump, para firmar un tratado igualmente vergonzoso. Una vez más, se habló de un “acuerdo comercial” para enmascarar cómo Europa le dio todo al presidente estadounidense sin recibir nada a cambio, excepto la humillación. A diferencia de China en 1842, Europa no sucumbió a una derrota militar, sino después de unos meses de «asfixia arancelaria», una técnica de tortura («waterboarding», asfixia por agua) de la que los estúpidos líderes europeos, inspirados por los impotentes demócratas estadounidenses, se habían burlado en su día bajo el acrónimo TACOS («Trump Always Chickens Out», Trump siempre se desinfla).

Aunque los poetas europeos no tendrán nada lírico que decir sobre esta humillación que se cernirá durante décadas en el continente, sus políticos ya la han reconocido. Un “día oscuro”, en palabras de François Bayrou, el primer ministro francés. Una “confesión de debilidad”, gritó Michel Barnier, el negociador europeo del Brexit, que sin embargo sabe lo que es negociar con una arrogancia sin límites.

Los detalles del acuerdo comercial UE-Estados Unidos son realmente vergonzosos para Europa. Mientras que los productos estadounidenses entrarán en Europa sin derechos de aduana, un impuesto generalizado del 15% afectará a las exportaciones europeas a Estados Unidos, con una tasa monstruosa del 50% sobre el acero y el aluminio. Y esto es solo el principio.

Europa se comprometió a eliminar todos los impuestos actuales o previstos sobre las actividades en internet de los gigantes tecnológicos, y luego ofreció un enorme tributo para apaciguar a Donald Trump: 600 mil millones de dólares en nuevas inversiones en la economía estadounidense y 750 mil millones de dólares en compras de petróleo y gas de esquisto para finales de 2028. Es decir, un cheque gargantuesco de 1.350 millones de dólares, sin contar los innumerables miles de millones en armas estadounidenses que los gobiernos europeos tendrán que comprar (si quieren cumplir con sus compromisos de gasto militar en la OTAN).

Al hacer estas promesas, von der Leyen olvidó la lección esencial que Europa debería haber aprendido del primer mandato de Trump: no ofrecerle dinero puede ser peligroso, pero hacer promesas imposibles de cumplir es mucho peor. Además del hecho de que la Comisión no puede obligar a las empresas a invertir en Estados Unidos, surge otro problema: no existe ni el dinero prometido ni las capacidades necesarias. Por supuesto, los fabricantes de automóviles y las empresas químicas alemanas ya están invirtiendo en Estados Unidos para eludir los aranceles de Trump, pero están lejos de los 600 mil millones de dólares prometidos para los próximos dos años y medio. Peor aún, la promesa de comprar 750 mil millones de dólares en energía estadounidense (250 mil millones de dólares al año durante tres años) es pura fantasía: las necesidades energéticas anuales de la UE están lejos de absorber esta cantidad, sin mencionar que los fracturadores de hidrocarburos estadounidenses no tienen la capacidad de vender a Europa tanto petróleo y gas, incluso si los europeos tuvieran la voluntad y la capacidad de comprarlos.

¿No lo sabe Trump? Él lo sabe, por supuesto. ¿Ha olvidado las promesas incumplidas de Jean-Claude Juncker? Nadie recuerda estas cosas tan bien como el presidente estadounidense. Lo vemos en sus ojos. Le encanta. Es la oportunidad perfecta para matar a una Unión Europea que odia con una pasión intacta desde hace tanto tiempo. Además de reducir el déficit comercial de Estados Unidos y embolsar sustanciales ingresos arancelarios en el proceso, el Sr. Trump no puede esperar a que la UE viole los compromisos de inversión y energía de la Sra. von der Leyen. Una vez que lo haya hecho, después de 2028, durante su último año en la Casa Blanca, podrá obtener concesiones más humillantes, citando las promesas europeas incumplidas.

Si comparamos el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos con el firmado entre el Reino Unido y Estados Unidos el pasado mes de mayo, es innegable que Trump trató a Keir Starmer con guantes de seda. No tenía mucho que ver con la economía. Tampoco estaba motivado por la anglofilia ni por su aversión a la Sra. von der Leyen. Algo más grande, desde su punto de vista, lo empujó a ser más amable con Gran Bretaña, incluso hasta el punto de indignar a los fabricantes de automóviles estadounidenses que no pueden creer que ahora sea más barato importar un automóvil británico a los Estados Unidos (sin piezas fabricadas en los Estados Unidos) que un vehículo Ford o General Motors fabricado en México o Canadá (pero de los cuales la mayoría de las piezas han sido fabricadas en los Estados Unidos).

¿Por qué eligió provocar la ira de su propio electorado MAGA a favor de los fabricantes de automóviles británicos, muchos de los cuales no tendrán británicos como propietarios? Es simple: al establecer aranceles globales de solo el 10% (incluso para los automóviles), es decir, un 5% menos que el equivalente europeo, al tiempo que elimina los aranceles sobre el acero y el aluminio, ha abierto una brecha tan profunda entre Londres y Bruselas que el más ferviente partidario del Brexit no hubiera soñado ni hubiera tenido la voluntad de imponer hasta hoy. Por lo tanto, Trump se alegra de la idea de que el Brexit, un símbolo de su primer triunfo electoral, sea irreversible.

Antes de resignarse a su propia versión del Tratado de Nanjing, los líderes de la UE pasaron por las mismas cuatro etapas de duelo que los negociadores británicos del Brexit: desde «Responderemos si se atreven a presionarnos» a «Podríamos tomar represalias si nos empujan», de «Ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo» a «Cualquier acuerdo, por favor, estamos desesperados». Ahora que las recriminaciones sobre el Tratado de Nanjing del siglo XXI están en pleno apogeo en Bruselas y en todas las capitales europeas, dos preguntas requieren respuestas. ¿En qué se equivocaron los líderes europeos? ¿Y qué podrían haber hecho para evitar este acuerdo humillante, al tiempo que evitaban un sufrimiento económico aún mayor?

Yanis Varoufakis. Ex ministro de Finanzas de Grecia,. Hoy Docente Universitario. Produce sobre el Tecnofeudalismo.
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En primer lugar, los negociadores europeos cometieron tres errores de juicio involuntarios. En primer lugar, asumieron que el tamaño del mercado único de la UE era lo más importante. No es así. Si hay una magnitud que importa más que todas las demás, es la del superávit comercial de Europa frente a los Estados Unidos. Con más de 240 mil millones de dólares al año, garantiza que una verdadera guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea perjudicaría mucho más a Europa que a EEUU.

En segundo lugar, como explicó mi colega Wolfgang Munchau, los europeos sobreestimaron el efecto palanca que el déficit de servicios de la UE frente a Estados Unidos confería a Bruselas. Mientras que los estadounidenses pueden vivir cómodamente sin pañuelos Hermès, champán francés, aceitunas Kalamata y Porsches, los europeos no pueden aguantar una hora sin Google, YouTube, Instagram y WhatsApp.

En tercer lugar, y sobre todo, se mecieron en la ilusión de que los mercados de bienes y los mercados monetarios estadounidenses sufrirían ataques espasmódicos, lo que obligaría a Trump a desinflarse. Durante demasiado tiempo, se han aferrado a la idea de que los aranceles impulsarían la inflación de los precios al consumidor y la deflación de los mercados de valores estadounidenses a niveles políticamente inaceptables. Esto no ocurrió por razones que Bruselas debería haber previsto.

La demanda de los consumidores estadounidenses es relativamente más receptiva (“elástica”, en el lenguaje económico) a las subidas de precios que la demanda de los consumidores europeos y la oferta de los exportadores europeos. Por eso un Mercedes-Benz fabricado en Alemania siempre ha sido más barato en Nueva York que en Stuttgart y por qué, hoy en día, una parte sustancial de los aranceles son absorbidos por los exportadores europeos que solo repercuten una fracción de los aranceles aduaneros a los consumidores estadounidenses, lo que tiene el efecto de reducir el impacto en la inflación de los precios al consumidor en los Estados Unidos. En cuanto a los mercados de valores estadounidenses, parecen cautivados por su propio entusiasmo en la inversión en IA, por las reducciones fiscales irrazonablemente importantes con las que Trump les ha recompensado y por los ingresos anuales por aranceles de 300 mil millones de dólares que recauda el Tesoro de los Estados Unidos. Demasiado embriagados por esta “exuberancia irracional”, se niegan a preocuparse por los efectos macroeconómicos perjudiciales del juego arancelario de Trump.

Pero supongamos por un momento que los líderes de la UE han previsto todo esto. Un principio fundamental de las negociaciones es que, si no puedes imaginar cómo salir de la habitación sin un acuerdo, es inútil negociar; porque en ese caso no serías más que un mendigo como von der Leyen.

Entonces, ¿qué podría haber hecho la UE de manera diferente, dado que no tiene el arma de negociación cuidadosamente desarrollada por China, es decir, minerales raros y una amplia gama de productos básicos de los que los estadounidenses no pueden prescindir? Aquí va una sugerencia.

La primera tarea de Europa sería planificar la sustitución de los 240 mil millones de dólares de demanda interna global debido a la posible pérdida de su superávit comercial con Estados Unidos. Por ejemplo, el Consejo Europeo podría anunciar un programa global de inversión productiva de 600 mil millones de euros al año, financiado por la emisión neta de bonos del Banco Europeo de Inversiones. El mero hecho de que el Banco Central Europeo insinúe que, en su caso, apoyará estas obligaciones del BEI sería suficiente para mantener los costes de financiación en un nivel extremadamente bajo. De repente, Europa ya no dependería de América para mantener la demanda global.

Además, la UE debería renunciar a todos los aranceles y sanciones impuestos por los Estados Unidos sobre las tecnologías verdes y digitales chinas esenciales, con el fin de llegar a un acuerdo con Pekín que incluya medidas coordinadas de expansión fiscal y garantías de seguridad mutua. Se espera que introduzca un impuesto en la nube del 5% sobre todas las transacciones digitales para las empresas con una facturación superior a 500 millones de euros al año (independientemente de su lugar de domiciliación). Además, la UE debería derogar las leyes de propiedad intelectual draconianas y anticompetitivas impuestas por Estados Unidos, que hacen ilegal el uso de cartuchos de tinta genéricos más baratos en su impresora, que prohíben a los agricultores reparar sus tractores John Deere y que impiden que las personas con discapacidad realicen ajustes, incluso menores, en la dirección de sus sillas de ruedas eléctricas. Por último, la UE podría dejar de comprar gradualmente gas natural licuado fracturado de origen estadounidense para su combinación energética y armas fabricadas en Estados Unidos para sus ejércitos.

El hecho de que tal conjunto de respuestas ni siquiera se discuta en Bruselas nos ilumina sobre Europa. Con toda la sutileza de una bola de demolición, Donald Trump reveló que la UE ni siquiera es capaz de imaginarse a sí misma como una potencia soberana, dispuesta a seguir siendo el vasallo de un imperio atlantista. A diferencia de la China de 1842, la Unión Europea ha elegido libremente la humillación permanente.

Yanis Varoufakis. Exministro de Finanzas de Grecia, dirigente del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas. Su último libro es “Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo” (Ed. Argentina, 2024).

Traducción: Enrique García

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PERÚ. SALIR DEL SISTEMA., Drs. Zaffaroni y Croxatto.

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“La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de violaciones a derechos humanos en Perú recoge una historia valiosa (Barrios Altos, La Cantuta) que se ha extendido a todo el continente y ha impregnado positivamente a los diversos tribunales, incluyendo a los argentinos. Retroceder en ese camino no será posible, por más que el régimen irregular actual, encabezado por Dina Boluarte, proponga “salir del sistema interamericano” de derechos humanos, pensando que de ese modo consolidará las normas irregulares que acaban de promulgarse, y que van en sintonía con el indulto a Alberto Fujimori: normas que prescriben crímenes que por su naturaleza son imprescriptibles y normas de amnistía a militares condenados por crímenes graves. Todo esto ha sido cuestionado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Nada de esto es compatible con una democracia constitucional.

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Imagen: Xinhua.

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PERÚ. SALIR DEL SISTEMA.

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Por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto

Fuente. Página /12 martes 2 de septiembre del 2025.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de violaciones a derechos humanos en Perú recoge una historia valiosa (Barrios Altos, La Cantuta) que se ha extendido a todo el continente y ha impregnado positivamente a los diversos tribunales, incluyendo a los argentinos. Retroceder en ese camino no será posible, por más que el régimen irregular actual, encabezado por Dina Boluarte, proponga “salir del sistema interamericano” de derechos humanos, pensando que de ese modo consolidará las normas irregulares que acaban de promulgarse, y que van en sintonía con el indulto a Alberto Fujimori: normas que prescriben crímenes que por su naturaleza son imprescriptibles y normas de amnistía a militares condenados por crímenes graves. Todo esto ha sido cuestionado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Nada de esto es compatible con una democracia constitucional. Tampoco con el sistema interamericano del que Perú es parte. Ahora su régimen propone “salir del sistema”. Pero esa “salida”, respaldada por “constitucionalistas” locales, no operará ningún rol respecto de lo que sucede ahora. La salida solo funciona para lo que suceda eventualmente después de concretada. Es decir, que no “garantizara” impunidad, que al parecer es lo único que se busca.

Hoy Perú atraviesa un momento institucional y social crítico sobre el que es menester volver a llamar la atención. Por diversos motivos, entre los cuales el racismo es uno, la detención y vacancia arbitraria de un presidente legítimo (primer presidente rural de la historia) no despierta mucho interés, tampoco en una parte del progresismo (no en toda, por suerte). Pero como abogados nuestra tarea no es aportar un análisis político sino jurídico de lo que sucede en el hermano país. Un magistrado constitucional que votó en disidencia, otorgando la razón a un amparo de Castillo, sostuvo que, si bien éste fue “vacado violando los procedimientos constitucionales”, como sostiene la defensa, el daño cometido “es irreparable”.

No es así. El “daño” cometido es reparable (y debe ser reparado): se puede volver a realizar un juicio político a Castillo, pero esta vez sí, conforme a Derecho. Los procedimientos no pueden ser inválidos jurídicamente. No se pueden saltear. Se trata de la representación política de todo un país. Ni más ni menos. “Irreparable” es el daño que quedará para la democracia del Perú si este daño a los derechos políticos no se “repara”. Y no alcanza con nuevas elecciones. Tampoco si las gana Castillo, como Lula o el MAS en Bolivia. Aun así: el Derecho debe decir algo concreto de la vacancia inconstitucional de un presidente. No puede permanecer callado.

La defensa no sostiene que no lo pueden vacar o destituir a Castillo, solo sostiene una cosa: que, si lo quieren hacer, (y por supuesto lo pueden hacer), no lo deben hacer de cualquier manera, sino con apego estricto a la ley. Con respeto a las formas y requisitos constitucionales. No pasando por encima de ellos, que es lo que sucedió hasta aquí. No con menos votos del piso mínimo indicado en forma expresa en los reglamentos.

Por eso le hemos propuesto, para el proceso penal, un juicio de ruptura. Porque al ser un presidente mal destituido o mal vacado, no corresponde un proceso penal. El juicio es nulo, como la vacancia. La única forma de “reparar” institucionalmente este proceso, podemos responder al estimado Andrés Tapia, evitando que Perú incurra en responsabilidad internacional (que reconocen como posible, por eso quieren salir rápido del sistema interamericano, por temor a una condena en el caso Castillo, presidente mal vacado) es garantizando a Castillo un juicio político justo, conforme a Derecho. Con los votos mínimos que manda la ley. No con menos votos. No con 101. Sino con 104. Si no alcanzan los votos mínimos que manda la ley, no pueden (o no podían) vacar a un presidente. O esa vacancia, de la que no existe ni siquiera moción formal, carece de validez jurídica. Es inconstitucional. No es un asunto menor. Y sí debe ser “reparado”. No alcanza con reconocerlo “formalmente”. Porque el presidente legítimo sigue preso. Y el policía que lo detuvo reconoció en una audiencia judicial reciente que “no sabía” si ya habían “vacado o no” a Castillo cuando lo detuvieron. Una democracia no funciona así. La policía no detiene presidentes. Se parece más bien a un golpe de Estado, como el padecido por Manuel Zelaya en Honduras o el intento contra Lula en Brasil. Debemos volver a llamar la atención sobre esto. Los “tecnicismos” procesales (las garantías) edifican un estado de derecho. Por eso figuran en la constitución.

Abandonar el sistema interamericano de derechos humanos no es una novedad para el Perú. Fujimori también lo hizo, cuando buscaba la impunidad de sus delitos. La historia se repite. El sistema interamericano ya se ha pronunciado en contra de la normativa reciente de auto amnistías generalizadas. 

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HAITÍ, UCRANIA Y ARGENTINA: Elaborando el Estado fallido.

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“La tesis subyacente es mucho más cruda y reveladora, lo que se diagnostica como «fallido» rara vez es un Estado que ha colapsado por sí solo, sino más bien uno que ha sido metódica y deliberadamente rediseñado, despojado de su capacidad para servir al bien común y reconvertido en una máquina de extracción de rentas. Lo que denominamos Estado fallido constituye la máxima expresión de un poder distorsionado que ha encontrado en la fachada del caos, en el teatro de la ingobernabilidad, su instrumento de dominación y enriquecimiento más perfecto y opaco. Haití, Ucrania y Argentina, tres naciones en contextos aparentemente dispares, ofrecen un prisma devastador para observar este fenómeno global. No son ejemplos de Estados que han fracasado, sino de élites que han triunfado en su objetivo final: desmantelar el concepto de bien común y establecer, sobre sus ruinas, un Estado paralelo donde operan con total impunidad. El caos no es el problema; es la solución que han implementado para disfrazar el mayor de los saqueos.

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Fuentes: El tábano economista.

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HAITÍ, UCRANIA Y ARGENTINA: Elaborando el Estado fallido.

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Por Alejandro Marcó del Pont | 01/09/2025 | Economía

Fuente. Revista Rebelión lunes 1 de septiembre del 2025.

Lo que llamamos “falla” es, en realidad, un modo de gobierno muy exitoso para unos pocos (El Tábano Economista)

La narrativa convencional de las relaciones internacionales presenta al «Estado fallido» como una anomalía, un desastre político, un vacío de poder; un territorio sumido en el caos donde la ley ha sido reemplazada por la violencia primaria y donde la comunidad internacional debe debatir, con una mezcla de conmiseración y fastidio, la posibilidad de una intervención humanitaria o de estabilización, dependiendo siempre de su beneficio estratégico inmediato.

La tesis subyacente es mucho más cruda y reveladora, lo que se diagnostica como «fallido» rara vez es un Estado que ha colapsado por sí solo, sino más bien uno que ha sido metódica y deliberadamente rediseñado, despojado de su capacidad para servir al bien común y reconvertido en una máquina de extracción de rentas. Lo que denominamos Estado fallido constituye la máxima expresión de un poder distorsionado que ha encontrado en la fachada del caos, en el teatro de la ingobernabilidad, su instrumento de dominación y enriquecimiento más perfecto y opaco.

Haití, Ucrania y Argentina, tres naciones en contextos aparentemente dispares, ofrecen un prisma devastador para observar este fenómeno global. No son ejemplos de Estados que han fracasado, sino de élites que han triunfado en su objetivo final: desmantelar el concepto de bien común y establecer, sobre sus ruinas, un Estado paralelo donde operan con total impunidad. El caos no es el problema; es la solución que han implementado para disfrazar el mayor de los saqueos.

El caso de HAITÍ es el arquetipo más puro y brutal de esta dinámica. La narrativa internacional lo reduce a una tragedia perpetua, una sucesión de desastres naturales, golpes de Estado y violencia pandilleril que condenan a su población a una miseria insoluble. Esta lente ignora deliberadamente la ingeniería política que ha manufacturado esta realidad. Las pandillas que hoy siembran el terror en Puerto Príncipe y controlan el 90% de la capital no son entidades orgánicas surgidas de la marginalidad social. Son el producto de una estrategia deliberada de las élites económicas y políticas haitianas, en connivencia con intereses externos.

La ventaja estratégica para esta élite es monumental y multifacética. Bajo el manto protector de la «ingobernabilidad», operan con una impunidad absoluta, libres de cualquier fiscalización tributaria, laboral o judicial. El colapso deliberado del aparato estatal formal no significa una ausencia de gobierno, sino su privatización selectiva, donde las funciones más lucrativas son acaparadas por actores no estatales leales a sus patrocinadores. Las pandillas, en este esquema, actúan como brazo armado y socios comerciales, es decir, controlan los puertos críticos, imponiendo sus propios aranceles paralelos; dominan la cadena de suministros esenciales, desde alimentos hasta combustible; monopolizan la distribución de energía, creando escasez artificial para multiplicar sus ganancias en el mercado negro, y extorsionan a toda la actividad económica formal e informal, estableciendo un sistema de impuestos predatorios.

Los grandes conglomerados empresariales haitianos, dueños de la importación y la exportación, negocian con estas mismas pandillas para garantizar la seguridad de sus mercancías, externalizando el costo de la «protección» e integrando el precio de la extorsión como un simple gasto operativo más. La élite económica se beneficia de un sistema de extracción de riqueza que no requiere proporcionar servicios públicos, aportes, educación o salud a la población. La violencia pandilleril actúa como un muro de contención social, fragmentando cualquier posibilidad de organización popular que pueda desafiar el statu quo.

UCRANIA presenta una variante de este modelo, pero sofisticada, militarizada y legitimada por una guerra de defensa nacional. La narrativa dominante en Occidente es la de un Estado unificado, heroicamente defendiéndose de una agresión imperialista, mientras avanza por un camino virtuoso de reformas democráticas y lucha contra la corrupción. Esta visión, esencial para mantener el flujo de ayuda militar y financiera, choca frontalmente con una realidad interna mucho más compleja y adversa.

La guerra no ha erradicado las viejas estructuras de poder oligárquico; en muchos sentidos, las ha fortalecido y les ha proporcionado una cobertura patriótica perfecta. El caso del batallón Azov, ahora integrado formalmente en la Guardia Nacional, conservando una identidad, una cadena de mando y una ideología marcadamente autónomas, es quien gobierna Ucrania. Lo que comenzó como un regimiento de voluntarios se ha convertido en dos cuerpos de ejército con decenas de miles de soldados, un poder militar dentro del Estado.

Este poder no es neutral. Azov y otras unidades similares funcionan, en la práctica, como el brazo armado de una facción específica de la oligarquía y la ultraderecha ucraniana. Su función va más allá del campo de batalla. Garantizan un control territorial y económico sobre las zonas en las que operan, protegiendo los intereses de sus patrocinadores oligarcas y participando en el saqueo sistemático de los recursos que deberían estar destinados al esfuerzo de guerra. La corrupción endémica, denunciada incluso por los aliados occidentales de Ucrania, no es un fallo del sistema; es el sistema mismo. Es el Estado paralelo en acción, una estructura que utiliza los instrumentos formales del poder —leyes, decretos, sanciones— para enriquecer a una red de actores privados.

La movilización masiva, lejos de ser un acto de unidad nacional perfecta, ha expuesto la profunda fractura de clase que recorre la guerra. Como documentan analistas, se ha convertido en «una guerra librada por los pobres«. Las leyes de movilización, su aplicación, muestran una selectividad perversa. Mientras los jóvenes de las zonas rurales y las clases bajas son reclutados de forma compulsiva en las trincheras, las élites urbanas y los conectados con el poder pueden eludir el servicio con sobornos, certificados médicos falsos o simplemente abandonando el país. Simultáneamente, el gobierno de Zelensky, bajo la presión de la necesidad financiera y el mandato del FMI, ha implementado políticas fiscales profundamente regresivas, aumentando impuestos a la población ya agotada y recortando gastos sociales.

La guerra, por tanto, funciona como una pantalla de humo gigantesca que permite un doble movimiento: la concentración extrema de la riqueza en manos de una oligarquía militarizada extranjerizada y la transferencia de todo el costo humano y económico hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. El heroísmo del soldado en el frente es la narrativa que esconde la impunidad del saqueo en la retaguardia.

ARGENTINA ofrece la versión posmoderna y financiarizada del Estado fallido fabricado, la obsesión de un Estado paralelo. Aquí, el instrumento de dominación no son las pandillas armadas o los batallones ultranacionalistas, sino el capital financiero internacional y sus socios locales. El relato fantasma que se vende es el de un país crónicamente ingobernable, víctima de su propio populismo, que existe al borde del abismo macroeconómico por su incapacidad para vivir dentro de sus posibilidades (déficit fiscal). Este relato omite cuidadosamente que el colapso fiscal permanente es un negocio extraordinariamente lucrativo para una élite específica.

El mecanismo es diabólico en su simpleza: un sector de la oligarquía argentina, profundamente vinculado a los monopolios de exportación de commodities (agro, energía y minería) y los grandes grupos económicos financieros, necesita evadir impuestos, quitar regulaciones, fugar capitales externalizando sus ganancias en dólares. Para ello, requiere mantener al Estado en una situación de crisis de deuda perpetua.

El endeudamiento externo masivo no es un accidente; es una herramienta de política económica. Cada préstamo del FMI, cada emisión de bonos de deuda, viene acompañado de condicionalidades que exigen recortes salvajes en el gasto público, privatizaciones y desregulaciones. Estos ajustes, presentados como «medidas de saneamiento», tienen un efecto inmediato: debilitan al Estado como regulador y como proveedor de servicios, transfiriendo ese poder y esos recursos al sector privado.

Los «dueños del sector externo», se benefician doblemente, primero, especulan con los dólares para pagar la deuda externa, después con la deuda interna (comprando bonos a precios de quiebra y cobrando su valor total o prestándole al estado con tasas de interés inaceptables), y segundo, operan en un mercado laboral cada vez más desregulado donde pueden maximizar sus ganancias sin restricciones, exportar en dólares y pagar en pesos. El gobierno de Javier Milei, lejos de ser un iconoclasta que rompe con el sistema, es la expresión más pura y radical de esta lógica. Su «plan de ajuste hasta los huesos» no es más que la aceleración final de un proceso de décadas: el desmantelamiento metódico del Estado nacional para servir a los intereses de una plutocracia financiera.

Los recientes casos de corrupción que acechan a su gobierno, incluyendo las acusaciones contra su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la contratación de funcionarios con sobresueldos en negro y la manipulación de la cadena de pagos del Estado, sobre todo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sacarles a los discapacitados para su bolsillo, no es una anomalía. Son la consecuencia natural de un proyecto que concibe el Estado no como un árbitro del bien común, sino como un botín a repartir entre los leales. La retórica anarcocapitalista de «destruir el Estado» se traduce, en la práctica, de entregar lo que queda de él.

La «libertad» que pregona es, en esencia, la libertad de que esa élite opere sin fiscalización, sin impuestos y sin rendir cuentas a una sociedad a la que se mantiene en un estado de shock permanente mediante la inflación, variaciones en el tipo de cambio y recesión. El caos económico no es un efecto colateral no deseado; es el ambiente necesario para este gran rediseño a favor de que unos pocos concentren los dólar. El Estado fallido argentino es una hoja de cálculos en Excel, una crisis de deuda cuidadosamente orquestada que enriquece a los mismos que predican la austeridad para los demás.

La conclusión que emerge de este análisis trilateral es tan contundente como inquietante para el orden internacional establecido. La idea convencional del Estado fallido como un accidente de la historia o una patología exclusiva del Sur global es un mito útil, un relato que debe ser deconstruido con urgencia. Haití, Ucrania y Argentina, cada uno a su manera, demuestran con crudeza que el «fracaso» estatal es, con frecuencia, la forma más pura de éxito para las élites depredadoras locales y globales.

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