LA PROTESTA MASIVA EN COLOMBIA EN MEDIO DE LA PANDEMIA. EL SONIDO DE LA CACEROLA EN UNA PROTESTA SOCIAL INÉDITA

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COLOMBIA: EL SONIDO DE LA CACEROLA EN UNA PROTESTA SOCIAL INÉDITA

Una multitud de quejas contra el Gobierno de Iván Duque, marchas que no mueren en un día, toques de queda y cacerolazos; la inconformidad ciudadana se toma las calles como nunca antes en el país sudamericano. ¿Qué está pasando en Colombia?

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‘Somos la generación que no tiene nada que perder; ni empleo, ni salud, ni educación, ¿qué miedo vamos a tener?’ Esta es la frase que se repite, se replica y se modifica con toques de humor o crudeza en los carteles que muestran muchos de los jóvenes manifestantes en Colombia, que este 27 de noviembre cumplieron siete días protestando. Esta consigna expresa el sentimiento que ha llevado a que la protesta que comenzó el 21 de noviembre sea diferente a las anteriores. Un sistema de salud deficiente, condiciones de empleo cada vez más precarias y políticas del Gobierno de Iván Duque que, de acuerdo con organizaciones estudiantiles, constituyen un incumplimiento a los acuerdos logrados el pasado 14 de diciembre, son algunas de las quejas.

Sin embargo, la protesta va mucho más allá. El Comité Nacional del Paro, del que hacen parte sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales, resumió sus quejas en lo que ha llamado 'El paquetazo de Duque': la reforma tributaria, los proyectos de reforma pensional y laboral, la creación de un 'holding financiero' que agrupe a todas las empresas en las que el Gobierno tiene participación y una sobretasa a la energía aplicada a la industria y los hogares de los estratos medio- altos y altos. Según el Comité, se trata de reformas neoliberales promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial BM.

Los colombianos que han salido a marchar también protestan por el aumento de asesinatos de líderes sociales e indígenas durante el Gobierno Duque y por la falta de compromiso en la implementación del Acuerdo de Paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos en 2016.  Las acciones militares del Gobierno, -como el ataque a un campamento de disidencias de la ex guerrilla de las FARC, en el que murieron al menos 8 menores de edad-, y el regreso de políticas que recuerdan los 'falsos positivos' del gobierno de Álvaro Uribe, son otra razón para protestar. Por su parte, los ambientalistas se han movilizado para rechazar el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato, la caza de tiburones, la inacción frente al aumento de la deforestación y el cambio de opinión del presidente Duque frente al uso del fracking. Y si los reclamos contra el Gobierno se acumulan, al Congreso no le va mejor. De los siete proyectos de ley que hacían parte de la consulta anticorrupción que tuvo más votos que Duque (11.645.000 frente a 10.398.689), tres se han hundido, otros tantos están en trámite y solo uno ha sido aprobado. Otro argumento de los colombianos para tomarse las calles. Continúa ------

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LA PROTESTA MASIVA EN COLOMBIA EN MEDIO DE LA PANDEMIA.

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Paro nacional para manifestar el rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque y a un proyecto de reforma a la salud que, en contra de toda evidencia, pretende profundizar el modelo fracasado de privatización.

El Paquetazo de DUQUE y el impuesto a los ENTIERROS. (Increíble, otra estupidez neoliberal). 

 

Pedro Santana Rodríguez. | 29/04/2021|Opinión.

ALAI viernes 30de abril del 2021.

 

Este miércoles 28 de abril fue un día de paro nacional y de movilización callejera. Los ciudadanos nuevamente ocupan masivamente las calles, el espacio público, para manifestar su rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque y a un proyecto de reforma a la salud que, en contra de toda evidencia, pretende profundizar el modelo fracasado de privatización y lucro que se instauró en el sistema de salud desde el año de 1993 con la aprobación de la ley 100 y que ha hecho agua en esta crisis ocasionada por la pandemia del covid-19. Dos factores debieron sortear los manifestantes para decidirse a concurrir al espacio público. El primero el tercer pico de la pandemia que tiene a Colombia sumida en la crisis con 87.312 muertos, pues, las cifras del Ministerio de salud tienen un sub registro superior al 15%. Los datos del DANE corresponden a mediados del mes de abril. La cifra del Ministerio de Salud para este 28 de abril era de 72.725 muertos. Una de las cifras más elevadas del mundo por millón de habitantes, por supuesto, superior a la de la India y a la de EEUU.

Un segundo factor que debieron sortear los manifestantes fue la prohibición judicial de la protesta. Una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca horas antes de la movilización ordenó a las autoridades y a los organizadores la suspensión del paro y de las marchas, supuestamente para proteger a la ciudadanía y al personal de la salud, por el contagio que se presentaría. Según la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, solo se podría protestar cuando se haya conseguido la inmunidad de rebaño. Es decir que al paso que va la lenta vacunación que no llega aún al 5% del total de la población colombiana la protesta solo se podría ejercer por allá a finales del año 2022. Este exabrupto jurídico que viola flagrantemente la Constitución Política no fue atendido ni por los organizadores ni por las autoridades locales que no tienen atribuciones para desautorizar las protestas ciudadanas. Es obvio que la magistrada extralimito sus funciones, pues, claramente el artículo 37 de la Constitución Nacional estipula: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Y esa ley ha establecido que solo pueden limitarse estos derechos en razón de graves hechos que conlleven la declaratoria de los estados de excepción y este no es el caso hoy en el país.

Así pues, deberían superar estos dos grandes obstáculos y por supuesto los temores por contagiarse con el temible virus. Aún con estos factores en contra y del gobierno y los grandes medios de comunicación que se fueron en contra de la protesta ciudadana. Pues bien, pese a todo, la protesta fue multitudinaria en por lo menos 600 de los 1100 municipios del país. Se calcula por los organizadores que tomaron parte en el paro y en las marchas por lo menos 7 millones de personas, destacándose la movilización en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira y otras muchas ciudades del país. En algunas ciudades del país al final de las multitudinarias marchas se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y los escuadrones del Escuadrón antidisturbios, ESMAD, que es un organismo provocador al cual las autoridades judiciales han ordenado su reforma, sin que ello haya ocurrido. Los enfrentamientos fueron severos en Cali y en Bogotá. En la primera ciudad se decretó el toque de queda a partir de las 3 de la tarde para controlar las manifestaciones. Este es un verdadero problema que no se puede ocultar. Muchas de estas provocaciones como se comprobó en las marchas del 21 de noviembre de 2019 fueron ocasionadas por infiltrados de la propia policía sin que se haya investigado y sancionado. El vandalismo es enemigo de la movilización y los movimientos sociales no han podido controlarlos pese a las brigadas que se han organizado para ello. Hay que insistir en que la masividad de la protesta depende del carácter pacífica de la misma. Hay que insistir en deslegitimar la violencia y la presencia de los vándalos en las manifestaciones. Así lo han hecho los organizadores, pero, falta mucha pedagogía ciudadana. Los grandes medios de comunicación se centran en cubrir los desmanes ocultando los motivos de la protesta. Esto vuelve a ocurrir ahora ante esta expresión de fuerza ciudadana que no puede ser desconocida.

Manifestación de un profundo descontento con el gobierno y sus políticas     

La masividad de las protestas aún en medio de la pandemia se expresó además en un cacerolazo que se realizó a partir de las ocho de la noche, que fue particularmente nutrido en las principales ciudades del país. Una encuesta previa realizada el 27 de abril ya presagiaba que la jornada iba a ser masiva. El 73% de los encuestados manifestó su apoyo al Paro Nacional y el 35% señaló que estaría dispuesto a salir a las calles a la protesta. Fue lo que ocurrió con las marchas y con el posterior cacerolazo.

Para que esto ocurra y para tratar de explicarlo hay que entender que la crisis es muy profunda. Esta crisis viene de tiempo atrás, pero, se ha profundizado con la pandemia. Esto no lo puede ocultar ni el indolente desgobierno que nos rige. La semana pasada el gubernamental Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, volvió a señalar que un 32% de los y las colombianas no consumen sino dos comidas al día, es decir, 17 millones de colombianos, mientras que cerca de 6 millones no consumen sino una comida al día. Hoy jueves este mismo organismo publicó su último estudio sobre pobreza en Colombia. En el último año la pobreza por ingresos monetarios avanzó 6.8% y se ubicó en 42.5% lo que significa que 21.2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. La línea de pobreza en Colombia está fijada en 327 mil pesos mensuales por persona, es decir, unos 93 dólares. La pobreza extrema también cubre ahora a más personas y familias, el 15.1%, el país pasó de 4.6 millones de personas en esta condición a 7.4 millones de los cuales Bogotá puso más de 764.000 personas. Las personas en pobreza extrema tienen recursos mensuales inferiores a 135.000 pesos mensuales o menos de 500.000 pesos por hogar.

 

 

En medio de esta situación de hambre y de miseria, este gobierno ha presentado una reforma tributaria que busca gravar con un Iva de 19% a una parte de los productos básicos de la canasta familiar como los huevos, la carne, el pescado, el café, la sal, por ejemplo, y de gravar insumos para su producción también con un Iva del 19% lo que se traduciría en un aumento de otro paquete de productos de la canasta básica que ha sido calculado entre el 5 y el 10%, propone poner a pagar renta sobre los salarios superiores de 2.4 millones de pesos mensuales, congelar por cinco años los salarios de los trabajadores y empleados públicos, gravar las pensiones superiores a 7 millones de pesos mensuales, es lo que los colombianos llaman el paquetazo de Duque. En medio de la mortandad por el virus proponen en la reforma un impuesto a los entierros. Esto último ha sido tan escandaloso que se le pregunto a Duque porque estaba incluido ese impuesto a lo que respondió que no sabía por qué. Con ello confeso su desfachatez pues tácitamente reconoció que no conocía al detalle el proyecto de la reforma. Ese es el talante de este desvergonzado presidente. Su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla por su parte señaló que la docena de huevos costaba 1.800 pesos cuando en la realidad cuesta más del doble de este precio. Con ello han dejado ver que no conocen como vive la gente sencilla y humilde, la clase trabajadora de nuestro país.

Pero a esta difícil situación económica se suma el asesinato de los líderes y lideresas sociales, cerca de mil desde el inicio del proceso de paz en el mes de noviembre de 2016, el asesinato de 267 excombatientes de las FARC en proceso de reinserción, según cifras de la JEP en reciente estudio presentado al país, a la comunidad internacional y en el cual solicita medidas eficaces y políticas públicas para enfrentar el fenómeno, pues, las que se están aplicado han fracasado. Este gobierno hace todo lo posible por llevarnos de nuevo a la guerra. Esto lo entiende un cada vez mayor número de colombianos/as que no están de acuerdo con esta fallida política. El orden público es crítico en vastas regiones del país en dónde mandan las bandas criminales y los grupos armados. Los programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca no tienen los recursos para ello y en cambio se pretende retornar a las fumigaciones aéreas que han sido un completo fracaso.

Bueno esta es la realidad. Una tasa de desempleo superior al 16%, más de 500 mil pequeñas y medianas empresas quebradas y el gobierno pretendiendo que para pagar la deuda externa y mantener los privilegios de los ricos y super ricos se debe gravar con Iva los productos de la canasta familiar ha llenado de indignación a las mayorías en el país. Esta es la razón por la que la gente salió aún a riesgo de contagiarse con el coronavirus. Como dijo lucidamente un poblador colombiano no es que vayamos a salir pues desde hace muchos meses tenemos que salir porque tenemos que rebuscarnos como sea lo del sustento ahora vamos a salir, pero a protestar. Esta indignación debe transitar al campo de la política hay que derrotar al régimen oligárquico representado en el uribismo y en la coalición política que lo sustenta. Este es el reto, de la indignación social a la indignación política.

 Bogotá 29 de abril de 2021.       

 - Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur.

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¿LA MANO INVISIBLE O LA INTERVENCIÓN ESTATAL?

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“Sentido y destino de la integración No es ocioso el debate de las posiciones sustentadas por los ministros, que de alguna manera recoge la discusión protagonizada hace un mes entre el presidente uruguayo y el argentino. En aquella ocasión, en un cónclave conmemorativo de los treinta años de la creación del Mercosur (1991-2021), Lacalle Pou, titular del ejecutivo uruguayo, sustentó la necesidad de abrir la institución y sus integrantes a las variadas formas de la liberalización económica. Fernández, gobernante de la Argentina, replicó con dureza en su calidad de presidente pro tempore de MERCOSUR, invitando a retirarse a quienes no comulguen con las decisiones compartidas. La polémica sobre el sentido y destino del Mercosur y de la integración regional está sobre la mesa de discusión. El tema es que Brasil y su ministro, o el Uruguay y su presidente, expresan políticas económicas de liberalización del orden económico. Sustentan un discurso con base en un diagnóstico y propuestas en dónde el eje se asienta en la liberalización y por ende, privilegian el mercado. Desde la Argentina, el ministro y el presidente, parten de la crítica a la orientación del gobierno anterior de Mauricio Macri, de orientación liberalizadora, entre 2015 y 2019, y sustentan un imaginario de corte desarrollista, o si se quiere, neo desarrollista.

Más allá de la polémica y las especificidades de los gobiernos de Brasil y de Argentina, por lo menos desde el 2003, con sintonía ideológica y política (Lula y Dilma, con Kirchner y Cristina Fernández), hasta el desembarco por elecciones de gobiernos de derecha en ambos países (Macri y Bolsonaro), lo real es un desarrollo asociado a los límites estructurales de la economía en la región latinoamericana y caribeña. Sin perjuicio de los discursos, lo que se despliega es el orden capitalista con predominio en ambos países de un modelo productivo asociado al agro negocio y la producción primaria de exportación, en donde la hegemonía es detentada por el capital transnacional más concentrado, los que impulsan una lógica liberalizadora que impregna los procesos de integración. Resulta de interés recuperar el momento histórico de surgimiento del MERCOSUR, cuando hacia 1991 estaba en pleno apogeo la propuesta neoliberal, potenciada en nuestros territorios por el llamado Consenso de Washington, de estímulo a la iniciativa privada, la liberalización y la apertura de las economías. Solo las condiciones políticas derivadas de la lucha popular y su expresión en gobiernos con discursos críticos a la hegemonía neoliberal hicieron posible ciertas y relativas adecuaciones a la institucionalidad del MERCOSUR y su concepción originaria de integración subordinada. Ahora, con otras condiciones políticas, más afines al clima político de comienzos de los noventa, los debates sobre la integración y el papel del MERCOSUR retoman los objetivos originarios de libre comercio.

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¿LA MANO INVISIBLE O LA INTERVENCIÓN ESTATAL?

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Por Julio Gambina. |29/04/2021 |Economía.

Rebelión jueves 29 de abril del 2021.

 

Interesante debate se transitó en una reunión virtual de ministros del Mercosur el pasado lunes 26. La polémica la protagonizaron los titulares de Economía de Argentina y de Brasil.

Se trató de un debate teórico y político que trasciende la preocupación relativa a la institucionalidad del Mercosur y se proyecta sobre el orden cotidiano. El tema es que Paulo Guedes, en defensa de la liberalización de la economía, aludió en su intervención a Adam Smith y a la “mano invisible” como organizador de la actividad económica. La respuesta de Martín Guzmán no se hizo esperar y en tono académico respondió “que la mano invisible de Adam Smith es invisible porque no existe”. La réplica del ministro de Brasil se sustentó como criterio de verdad en que más de la mitad de los “Premios Nobel” obtenidos fueron para economistas referenciados en la Escuela de Chicago, obviando la caracterización de la entidad que ofrece los galardones.

Hay que recordar que desde 1969 se otorga el premio del “Banco de Suecia en homenaje a Nobel”, intentando un símil a los galardones otorgados por la Fundación Nobel desde 1901. Tal como sostiene el ministro del Brasil, por abrumadora mayoría fueron beneficiados por el Banco de Suecia, referentes de la corriente principal en la disciplina, o sea, neo-clásicos o liberales y entre ellos destacan los ortodoxos. Solo en momentos muy especiales de crisis económica mundial, recibieron los galardones referentes de la heterodoxia. A modo de ejemplo puede citarse en plena crisis del 2001 estadounidense, a Joseph Stiglitz, con quien trabajó Guzmán en el equipo de investigación de la Universidad de Columbia en Nueva York hasta su designación en el Ministerio de Economía de la Argentina. Stiglitz es conocido como ex directivo del Banco Mundial y crítico de los organismos internacionales y las políticas de ajuste ortodoxo. Últimamente se lo ve cercano al Papa Francisco y convergen en visiones críticas del orden hegemónico, con especial dedicación en el tema del endeudamiento externo, asunto al que se asoció Guzmán como investigador y ahora como funcionario del gobierno argentino. También fue premiado por los banqueros suecos en 2008 el estadounidense Paul Krugman, columnista del “demócrata” New York Times. El año de la premiación remite al apogeo de la gran crisis desplegada entre 2007 y 2009, la que aun condiciona la perspectiva de recuperación de la economía mundial. Ni en 2001, ni en 2008 se podía premiar a ortodoxos y por eso era el tiempo de premiación de la heterodoxia.

Ambos contendientes, Guedes y Guzmán, expresan un debate actual en el sistema mundial, entre quienes pretenden recuperar al orden capitalista desde una lógica sustentada en la ortodoxia liberal, y aquellos que imaginan superar el momento actual retomando tiempos de reformas progresivas. Los primeros actúan y piensan con una orientación favorable al régimen de la ganancia y las aspiraciones del sector privado concentrado de la economía, por lo que sustentan políticas de “libre mercado”. Los segundos imaginan un escenario de reformas progresistas desde la “intervención estatal”, reiterando en esta tercera década del Siglo XXI las condiciones que estaban presentes hace un siglo. Eran aquellos, tiempos de desafío al orden capitalista desde la Rusia soviética, que provocaba un imaginario social a la ofensiva de la conciencia social crítica y anticapitalista. Esa situación hoy no existe, por eso, junto a la irrealidad de la liberalización sustentada por derecha, existen dudas sobre la posibilidad de ejecutar reformas progresivas en el orden contemporáneo.

Lo que no está en el horizonte del Banco de Suecia y menos en el debate entre los funcionarios del Mercosur es la posibilidad de un enfoque teórico en contra y más allá del capitalismo.

Sentido y destino de la integración

No es ocioso el debate de las posiciones sustentadas por los ministros, que de alguna manera recoge la discusión protagonizada hace un mes entre el presidente uruguayo y el argentino. En aquella ocasión, en un cónclave conmemorativo de los treinta años de la creación del Mercosur (1991-2021), Lacalle Pou, titular del ejecutivo uruguayo, sustentó la necesidad de abrir la institución y sus integrantes a las variadas formas de la liberalización económica. Fernández, gobernante de la Argentina, replicó con dureza en su calidad de presidente pro tempore de MERCOSUR, invitando a retirarse a quienes no comulguen con las decisiones compartidas.

La polémica sobre el sentido y destino del Mercosur y de la integración regional está sobre la mesa de discusión. El tema es que Brasil y su ministro, o el Uruguay y su presidente, expresan políticas económicas de liberalización del orden económico. Sustentan un discurso con base en un diagnóstico y propuestas en dónde el eje se asienta en la liberalización y por ende, privilegian el mercado. Desde la Argentina, el Ministro y el Presidente, parten de la crítica a la orientación del gobierno anterior de Mauricio Macri, de orientación liberalizadora, entre 2015 y 2019, y sustentan un imaginario de corte desarrollista, o si se quiere, neo desarrollista.

Más allá de la polémica y las especificidades de los gobiernos de Brasil y de Argentina, por lo menos desde el 2003, con sintonía ideológica y política (Lula y Dilma, con Kirchner y Cristina Fernández), hasta el desembarco por elecciones de gobiernos de derecha en ambos países (Macri y Bolsonaro), lo real es un desarrollo asociado a los límites estructurales de la economía en la región latinoamericana y caribeña. Sin perjuicio de los discursos, lo que se despliega es el orden capitalista con predominio en ambos países de un modelo productivo asociado al agro negocio y la producción primaria de exportación, en donde la hegemonía es detentada por el capital transnacional más concentrado, los que impulsan una lógica liberalizadora que impregna los procesos de integración.

Resulta de interés recuperar el momento histórico de surgimiento del Mercosur, cuando hacia 1991 estaba en pleno apogeo la propuesta neoliberal, potenciada en nuestros territorios por el llamado Consenso de Washington, de estímulo a la iniciativa privada, la liberalización y la apertura de las economías. Solo las condiciones políticas derivadas de la lucha popular y su expresión en gobiernos con discursos críticos a la hegemonía neoliberal hicieron posible ciertas y relativas adecuaciones a la institucionalidad del Mercosur y su concepción originaria de integración subordinada. Ahora, con otras condiciones políticas, más afines al clima político de comienzos de los noventa, los debates sobre la integración y el papel del Mercosur retoman los objetivos originarios de libre comercio.

La discusión de fondo es sobre el arancel externo y la potencialidad de cada país para suscribir acuerdos de libre comercio. Es una concepción hegemónica por décadas, tributaria de la Iniciativa para las Américas promovida por Bush padre en 1990 y recreada como ALCA entre 1994 y 2005, incluso las iniciativas de las Cumbres de Presidentes Iberoamericanos desde 1991, cuya última versión se acaba de realizar, de modo virtual, bajo la presidencia de Andorra. Sea desde EEUU o desde España, puerta de ingreso a Europa, la preocupación es por la subordinación de los bienes comunes de la región a la dominación capitalista y su disputa en el sistema mundial. En rigor, en los últimos años quien apura acuerdos económicos en la zona es China, lo que evidencia la importancia de la América Latina y el Caribe, desafiada a encontrar caminos propios de integración no dependiente ni subordinada a la lógica de la ganancia.

Cuba y el intento de ir más allá

La CEPAL insiste es que estamos a punto de vivir una nueva década perdida en toda la región, memorando la de los años ochenta del siglo pasado. Sin perjuicio de ello, la UNCTAD pone de manifiesto que hace por lo menos una década que la región no está en la mira de inversores externos, motores de la inversión y el crecimiento económico, base de cualquier posibilidad de distribución del ingreso o la riqueza según el ideario capitalista.

Hace años, los transcurridos desde los tempranos setenta del siglo pasado, que la discusión está contenida en la visión “liberal” o la “neo desarrollista”, por lo menos en gran parte de los procesos nacionales. La excepción ha sido Cuba y su experiencia por el socialismo desde hace sesenta años (1961-2021), la que se entusiasmó con las novedades que trajo el nuevo siglo en materia de recreación de proyectos en contra y más allá del capitalismo. En estos días, Cuba reafirmó el rumbo por el socialismo en el VIII° Congreso del PC, con las expectativas de acompañamiento en otros países de la región.

Resulta de interés el debate, porque no solo existe “mercado” o “estado”, en tanto que ambas constituyen relaciones sociales y, por lo tanto, vale incluir una interrogación sobre el tipo de mercado o de estado. No es lo mismo la relación mercantil asentada en el lucro derivado de la producción y circulación capitalista, que en un sistema de relaciones mercantiles asumidas desde los bienes de uso y no de cambio. En el mismo sentido opera el debate sobre el estado. Una cosa es la institución de sustento a la lógica del capital, de la explotación y del saqueo, que aquella que asuma un estado para la transición del capitalismo hacia otro rumbo, el socialista o si se quiere en la lógica de algunas constituciones recientes, las que sustentan sociedades del “buen vivir” o el del “vivir bien”.

Hay que seguir los debates de la calle, la prensa y en el gobierno de Cuba con relación a estos temas. ¿Qué tipo de relaciones monetario-mercantiles son las que deben impulsarse en la Cuba actual? ¿Cuál es la función del estado en estos momentos de cambio económico y reordenamiento monetario? ¿Cuál es el espacio para la autogestión y protagonismo de los sujetos concretos en el proceso de producción y circulación de la economía cubana? Las respuestas son diversas, de quienes imaginan un fuerte estímulo a la iniciativa privada, incluidos sectores estratégicos, hasta quienes, con base en algunas experiencias concretas impulsan la mejora de la productividad sustentada en la cooperación y la autogestión.

Es un debate abierto el que existe en Cuba y vale la pena seguirlo de cerca porque es la experiencia regional que en condiciones adversas intenta la construcción de un proyecto de transformación social en condiciones de bloqueo. Solo hay que constatar que el proyecto socialista cubano se formuló en asociación con un bloque que sostenía ese rumbo por treinta años, entre 1961 y 1991. Eran tiempos de bipolaridad del sistema mundial, facilitando expectativas de cambios. Desarticulado el bloque socialista, el camino tortuoso de Cuba, entre 1991 y 2021, se despliega en la búsqueda de una dinámica de la lucha de clases global que pueda restablecer una contraofensiva por la emancipación social. Por eso, la vista está puesta en la dinámica interna y la que acontece en todo el mundo.

Por ello es que tiene sentido el debate sobre el “mercado” y la función del “estado”. En la polémica que inicia esta nota está el rumbo del capitalismo ante la emergencia sanitaria y económica, y al traer a Cuba a la discusión, pretendemos instalar la potencia de un discurso y una propuesta para imaginar una sociedad en contra y más allá del capitalismo.

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