LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE DEFIENDE EN CHILE, ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA.

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“Como señalamos, expresa Marisol Durán Santis, Rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile; en un reciente pronunciamiento desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), en nuestro país, después de 50 años, “no hemos logrado superar un paradigma basado en concepciones mercantiles para entender la educación pública”. “Las restricciones y precariedades que subyacen en los modelos de aranceles universitarios basados en subsidio a la demanda o la privatización forzosa del conocimiento científico y tecnológico, mediante la estrangulación del aporte fiscal a las Universidades e instituciones de investigación académica, lleva inevitablemente a la pérdida de soberanía nacional sobre los datos científicos y merma las posibilidades de usar el avance de la ciencia y la tecnología en beneficio de las personas”, consignó el comunicado del CUECH.

“Por ello, “nos sumamos como Sistema de Universidades Estatales (de Chile) a las voces que alertan sobre este mal camino que toma Argentina”. Desde este lado de la Cordillera de Los Andes, manifestamos nuestra solidaridad y amistad con nuestras y nuestros colegas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), así como con el conjunto de las comunidades universitarias de la Argentina. No tenemos duda alguna de que, como en otros momentos del devenir de la historia, quedará atrás este momento gris y amargo que hoy enfrenta la tierra del Libertador José de San Martín.

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LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE DEFIENDE EN CHILE, ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA.

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Por Marisol Duran Santis.

Fuentes. Página /. 12 lunes 29 de abril del 2024.

Mientras recibíamos informaciones procedentes desde Buenos Aires sobre la movilización multitudinaria y pacífica de cientos de miles de estudiantes, académicos y funcionarios de las universidades argentinas, quienes marcharon con libros en las manos, conocimos con emoción e impacto el pronunciamiento oficial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Frente Gremial de Universidades Nacionales y la de Federación Universitaria Argentina. Su juicio era clarísimo:

“La universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional”; en circunstancias que “las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”.

No podemos sino compartir sus consideraciones. 

“La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad (…) Asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías”, señala la declaración de las comunidades universitarias trasandinas.

“No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos”, manifiestan.

Asimismo, subrayan que la ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de

“soberanía, desarrollo y progreso”, y que “un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”. Añaden que “el desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico”.

Concluyen:

“Defendemos el acceso a la educación superior pública como derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que permitan a Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla”.

En nombre del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), me correspondió suscribir un Memorándum de Entendimiento con el CIN de Argentina, en el contexto de la Feria Internacional de Educación (FIESA), realizada en noviembre de 2022 en la ciudad de Mar del Plata, evento de clase mundial en que participaron unas 200 instituciones de educación superior de América y Europa. El CIN, por otra parte, es el principal espacio de articulación de la educación superior trasandina, agrupando a 72 instituciones universitarias.

La firma del Memorándum fue antecedida por un Conversatorio sobre

“Los desafíos de la educación superior en Chile y Argentina”, el cual formó parte del programa oficial de FIESA. Tuvimos la oportunidad de expresar nuestra convicción en la necesidad del fortalecimiento en Chile de la educación superior de carácter estatal y el imperativo de “consagrarla como un derecho social universal”.

Pudimos exponer los históricos esfuerzos de las comunidades educativas en nuestro país por superar el proyecto de educación de mercado impuesto en tiempos del autoritarismo y sus negativos impactos sobre la sociedad chilena.

Todo indica que en Argentina ha irrumpido la ilusoria idea de que el mercado puede ser un mejor regulador de la educación, y que debe abandonarse la noción de la educación como un bien público y un derecho social garantizado por el Estado… ¡Las comunidades de las universidades públicas de Chile decimos un No rotundo! Hemos vivido en carne propia lo que significa resistir los embates de una educación superior mediada por los intereses de un mercado que beneficia a pocos y no a la sociedad en su conjunto, y una producción de conocimiento limitada por lo que se transa en el mercado, lo que sigue dejando a nuestras comunidades, a nuestro país, en los límites del subdesarrollo y en el debilitamiento del camino hacia el horizonte del buen vivir.

Como señalamos en un reciente pronunciamiento desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), en nuestro país, después de 50 años,

“no hemos logrado superar un paradigma basado en concepciones mercantiles para entender la educación pública”.

“Las restricciones y precariedades que subyacen en los modelos de aranceles universitarios basados en subsidio a la demanda o la privatización forzosa del conocimiento científico y tecnológico, mediante la estrangulación del aporte fiscal a las Universidades e instituciones de investigación académica, lleva inevitablemente a la pérdida de soberanía nacional sobre los datos científicos y merma las posibilidades de usar el avance de la ciencia y la tecnología en beneficio de las personas”, consignó el comunicado del CUECH.

Por ello,

“nos sumamos como Sistema de Universidades Estatales (de Chile) a las voces que alertan sobre este mal camino que toma Argentina”.

Desde este lado de la Cordillera de Los Andes, manifestamos nuestra solidaridad y amistad con nuestras y nuestros colegas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), así como con el conjunto de las comunidades universitarias de la Argentina. No tenemos duda alguna de que, como en otros momentos del devenir de la historia, quedará atrás este momento gris y amargo que hoy enfrenta la tierra del Libertador José de San Martín.

Marisol Durán Santis es Rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Integra el Directorio del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH).

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LAS “NUEVAS” DEMOCRACIAS EN AMÉRICA LATINA. Por Juan De la Puente.

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“En los países como el Perú, donde el Estado ha sido capturado, la épica democrática se funda en la recuperación de las instituciones, elecciones libres y el alejamiento de los grupos corruptos del poder, una agenda institucionalista legítima que no despierta la desconfianza de la sociedad, pero que es insuficiente al subestimar derechos que hacen la vida cotidiana de la gente, como los derechos de las mujeres, pensionarios, ambientales, alimentarios, educativos y en salud y consumo. A menudo se orilla esta agenda porque implica encarar el poder económico. Reforma política sin reforma económica o defensa de las instituciones sin defensa de los derechos básicos, es una receta que se ubica en el núcleo del fracaso de la mayoría de los programas del llamado centro político. No es casual, por eso, que desde hace una década ningún centrismo gane elecciones en Sudamérica, y haya tenido contados triunfos en Centroamérica. No se puede defender la democracia desde el fracaso y cerrando los ojos a los derechos básicos.  

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LAS “NUEVAS” DEMOCRACIAS EN AMÉRICA LATINA.

Por Juan De la Puente.

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“La tendencia de la ‘nueva’ democracia que se instala en la región se encuentra lejos de combinar las reglas institucionales, las libertades y los resultados”.

Por Juan De la Puente.

Fuente La República domingo 28 de abril del 2024.

El Barómetro de las Américas –estudio del Proyecto de Opinión Pública de A. Latina, LAPOP–, que se presenta en varios países de la región (1), recoge un pesimismo regional insistente sobre la democracia, con dos resultados asociados: el declive del apoyo a la democracia que cayó de 68% en 2004 a 59% en 2023, y que se presume arrastra a la baja a otro indicador, la satisfacción con la democracia, situada en 40% en 2023.

Podría ser, sin embargo, que las crisis en su estado actual, más destructivas en unos países que en otros, hace menos dependientes entre sí estos indicadores. Tras su desagregación, se aprecia una inicial reformulación de la democracia en la percepción ciudadana en varios países de América Latina impulsada por nuevas y decisivas variables.

Hasta hace poco era entendible la brecha entre el respaldo a la democracia, que suele ser más alta –por encima del 50%–, y la satisfacción sobre su funcionamiento, que es más baja, una distancia que se explicaba por la diferencia entre la ideología y la realidad, es decir, el apoyo a la democracia a pesar de sus resultados deficitarios.

Estamos ante dos grupos de países, aquellos donde la distancia entre el apoyo a la democracia y la satisfacción con ella es corta y aquellos donde es más pronunciada. De acuerdo con el Barómetro, la brecha es menor en México, Uruguay y Costa Rica (2, 6 y 9 puntos porcentuales, respectivamente) y más profunda en Haití (32 puntos porcentuales), Perú (32 puntos), Chile y Argentina (29 puntos), Ecuador (25 puntos), Bolivia (23 puntos) y Colombia (21 puntos). En Brasil, la distancia es menos profunda (16 puntos).

Fuera de este parámetro se encuentran dos países. El primero es Guatemala, donde tanto el respaldo a la democracia (48%) como la satisfacción con ella (38%) en 2023 eran notoriamente bajos; y el segundo es El Salvador, donde en 2023 la brecha fue inversa, es decir, más satisfacción con la democracia (77%) que el apoyo mismo a ella (65%).

Ambos presentan dos percepciones ciudadanas de la democracia, una que se agota y otra que emerge. En 2023, Guatemala era un Estado capturado por poderes corruptos dispuestos a reelegirse a través de procesos que creían totalmente amañados hasta que, por una rendija, se coló el presidente Arévalo que debió transitar un vía crucis de seis meses desde su elección hasta la toma de mando, bajo el acoso mafioso. Las cifras del Barómetro sobre Guatemala en ese contexto –bajo apoyo y baja satisfacción democrática– exponían en 2023 dos puntos de llegada, el fin de la ilusión democrática y de su exigencia.

En la opinión pública de El Salvador emerge, en cambio, una percepción afirmativa de la democracia que contradice el consenso académico y político que considera autoritario al régimen de Bukele, y donde también el Estado fue capturado. El Índice de la Democracia de The Economist en 2024 lo considera un régimen híbrido. Sin duda, es debatible que lo que ocurre en El Salvador sea un proceso democrático, pero es igualmente indudable que la mayoría de sus ciudadanos cree que lo suyo es una democracia.

Esta mezcla híbrida entre  la "democracia" del Salvador, con Bukele con un 77% de satisfacción y Milei en Argentina, en sentido contrario, destruyendo, barriendo todas las Instituciones comenzando por el Estado, y exterminio de la Democracia y el surgimiento de un "Anarco-colonialismo".

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En El Salvador, en el mejor de los casos, tendríamos un caso de ambivalencia, a la que se refiere el reciente Informe de Desarrollo Humano 2023/2024 del PNUD (“Cooperar e imaginar para cambiar el mundo”), que reporta que, aunque 9 de cada 10 personas muestran un apoyo inquebrantable al ideal de la democracia, ha aumentado el número de quienes apoyan a líderes que la socavan, y que por primera vez, más de la mitad de la población mundial apoya a tales líderes.

¿Qué se agota y qué emerge? Si tomamos en cuenta la tipología de democracia representativa descrita en 2013 por Barrueto y Navía (“Tipologías de democracia representativa en América Latina”), precisamente a propósito de las encuestas de LAPOP, que las clasifica, en minimalista, procedimental, maximalista y resultadista, lo que ha empezado a emerger en la región es la democracia resultadista, un régimen que no califica para los estándares tradicionales, con su principal emblema, El Salvador, y lo que ha empezado a morir son las democracias minimalistas y procedimentales, cuya expresión más aguda pudo ser Guatemala en 2023 (donde el futuro es igualmente desafiante). Tras esa experiencia se forma una lista de varios países que van quedándose sin “saldo disponible” democrático, es decir, sin capacidad para garantizar sus resultados, con una mayor brecha entre el apoyo y satisfacción con la democracia: Haití, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia. Son los candidatos a la “nueva” democracia.

Son también países donde otras respuestas en el Barómetro guardan coherencia respecto a la insuficiencia del minimalismo y procedimentalismo. En estos seis países sin saldo disponible solo entre 19% y 26% de ciudadanos cree que sus derechos básicos están protegidos, menos del 40% cree que sus gobiernos hacen lo correcto (en el Perú esta cifra baja a 21%) y más de 2/3 cree que la situación económica de sus países empeoró en 2023. Son asimismo países que registran las más altas percepciones de inseguridad y corrupción política.

Perú es el país latino con menos satisfacción, con la Democracia, según Informe de Latino barómetro 2023. ¿Ahora el 2024 si estaremos por los suelos?

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La tendencia de la “nueva” democracia que se instala en la región se encuentra lejos de combinar las reglas institucionales, las libertades y los resultados, que es lo que pugnan, de acuerdo a las percepciones del Barómetro, los programas de los mayoría de partidos en México, Uruguay y Costa Rica, y en menor medida Brasil. Al contrario, a los “demócratas de los resultados” les resulta más rentable la oferta de políticas populistas y el sacrificio de las reglas y, con ese discurso, emparejarse más fácilmente con la reacción ciudadana radical y legítima contra la pobreza, hambre, inseguridad y corrupción.

En los países como el Perú, donde el Estado ha sido capturado, la épica democrática se funda en la recuperación de las instituciones, elecciones libres y el alejamiento de los grupos corruptos del poder, una agenda institucionalista legítima que no despierta la desconfianza de la sociedad, pero que es insuficiente al subestimar derechos que hacen la vida cotidiana de la gente, como los derechos de las mujeres, pensionarios, ambientales, alimentarios, educativos y en salud y consumo. A menudo se orilla esta agenda porque implica encarar el poder económico.

Reforma política sin reforma económica o defensa de las instituciones sin defensa de los derechos básicos, es una receta que se ubica en el núcleo del fracaso de la mayoría de los programas del llamado centro político. No es casual, por eso, que desde hace una década ningún centrismo gane elecciones en Sudamérica, y haya tenido contados triunfos en Centroamérica. No se puede defender la democracia desde el fracaso y cerrando los ojos a los derechos básicos.        

(1) En el Perú, fue presentado el 24.4.2024 por el IEP.

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