¿COMO AFECTARÁ EL FENÓMENO DEL NIÑO AL PERÚ?

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¿Qué otros impactos generan el fenómeno de El Niño?

“Pueden producirse efectos secundarios en el ambiente como consecuencia del aumento de la temperatura y la humedad, entre ellos la sobrepoblación de hongos e insectos. Si bien, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha informado que actualmente no existen plagas que pongan en riesgo la producción agrícola del país, podrían aparecer cinco: langosta, roedores, mosca de la fruta, ántrax en animales y roya amarilla.

¿Qué zonas del país afectarían estas plagas?

“Sin un plan de contingencia, la langosta afectaría a Piura, Lambayeque y la sierra sur del país; la mosca de la fruta, la costa, desde Tacna hasta Piura; la roya amarilla impactaría en las regiones de Junín, Cusco, Puno, San Martín, Pasco, Cajamarca y Amazonas; y el ántrax las zonas ganaderas como el valle de Lurín, en Lima, y el sur del país. Entre los cultivos que podrían verse afectados se encuentran la papa, cebolla, maíz y el café. La plaga de roedores, que tendría presencia principalmente en La Libertad y Lambayeque, puede ocasionar un problema de salud pública con la peste bubónica si sus pulgas infectadas pican a los humanos.

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¿COMO AFECTARÁ EL FENÓMENO DEL 

NIÑO AL PERÚ?

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Por Rocío Romero*

Fuente. Otra Mirada. Lima jueves 31 de agosto del 2023.

 

El fenómeno de El Niño traerá lluvias intensas e inundaciones en la costa norte del Perú, mientras que un período de sequía en el sur. Este evento, que ocurre en un contexto de cambio climático, eleva las vulnerabilidades que tiene el país para la prevención, control y reducción de daños de los desastres. Si bien este evento climático global ya empezó, tendrá mayor impacto en nuestro país en noviembre y diciembre de 2023 y en el verano de 2024.

En esta nota, Salud con lupa ofrece datos esenciales para comprender lo que significa El Niño, sus efectos en la salud humana y las actividades económicas del país, así como las medidas que hasta ahora el gobierno peruano ha dispuesto.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

Es un fenómeno climático que ocurre cada dos a siete años y que se caracteriza por el aumento de la temperatura de la superficie del océano Pacífico tropical, principalmente en Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Central. El pasado 8 de junio, el Centro de Predicción Climática de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció el inició de este fenómeno a nivel global con el 84% de probabilidad de que en el invierno tenga una fuerza más que moderada y 56% de que sea fuerte. Este anuncio se dio luego de que la temperatura de las aguas superficiales del Pacífico tropical llegó a 0.8 grados Celsius en mayo, el doble de lo que se había registrado en abril.

¿Por qué se le conoce como El Niño?

Porque los pescadores del norte del Perú observaron a finales del siglo XIX que, en diciembre, cerca de la celebración de la Navidad, la temperatura del agua del mar empezaba a incrementarse. Entonces, atribuyeron ese calentamiento a la llegada de una corriente marina de aguas cálidas a la que denominaron El Niño.

¿El fenómeno de El Niño se da en simultáneo con El Niño Costero?

Sí. El Niño Costero se caracteriza por la presencia de aguas cálidas en el Océano Pacífico, que actualmente tienen tres grados de temperatura más de lo habitual. Empezó en el Perú en marzo, ocasionando fuertes lluvias e inundaciones, principalmente en la costa norte del país, y se proyecta que culmine a finales de año. Rina Gabriel, vocera de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), explica que el fenómeno de El Niño puede favorecer a que El Niño Costero se extienda hasta el siguiente verano, y se generen lluvias intensas.

¿Cuándo se verán los impactos del fenómeno de El Niño?

Si bien el fenómeno de El Niño ya empezó, tendrá mayor impacto en noviembre y diciembre de este año y entre enero y marzo de 2024. Durante esos meses se presentarán lluvias intensas principalmente en la costa norte y en la sierra occidental, y sequías en la zona sur del país, sobre todo en los Andes. Estas sequías podrían golpear más a las regiones de Arequipa, Puno y Cusco, dado que en septiembre de 2022 y en el verano de este año hubo llovió mucho menos de lo esperado, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

¿Qué pasa si no llueve?

Cusco, por ejemplo, cuenta con cinco sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano: Jaquira, Kor Kor, Vilcanota, Salkantay y Piuray. Este último brinda el servicio de agua potable a cerca del 30% de la población; sin embargo, este año su principal fuente de abastecimiento, la laguna Piuray, no ha llegado al nivel que normalmente debe tener para abastecer a la población, por la ausencia de lluvias. El presidente del directorio de la Empresa Municipal de Agua, Juan Figueroa, advirtió que la zona alta de la ciudad imperial podría quedarse sin agua en los próximos tres meses. Una de las medidas de contención sería llevar agua desde el sistema Vilcanota hacia el sistema Piuray. Para ello, Figueroa pide al gobierno que incluya a Cusco en el decreto supremo que declara en emergencia varias regiones del país para poder ejecutar la obra.

La ausencia de lluvias también impacta en la agricultura, y con ello la alimentación de las personas, y en la mortalidad de la ganadería dada la escasez de pastos.

¿Cuáles son las consecuencias en la salud de las poblaciones?

Las temperaturas se mantendrán más altas en la costa del país. Ello, sumado a las lluvias e inundaciones, generan un escenario propicio para la propagación de infecciones por los vectores del dengue, chikunguña, zika y malaria. También pueden aparecer enfermedades gastrointestinales, como diarrea o cólera, o leptospirosis, que se contrae tras beber o tener contacto con agua contaminada por la orina o líquidos corporales de animales enfermos, entre ellos los roedores. En la sierra sur y centro del país, por las bajas temperaturas, suelen aumentar las infecciones respiratorias, principalmente en niños y niñas menores de cinco años.

¿Se verá afectado el sector pesquero?

El calentamiento de la superficie del mar como consecuencia de El Niño ahuyentará hacia la profundidad a diversas especies marinas y pescados, entre ellos la anchoveta, la materia prima en la industria de harina y aceite de pescado. No obstante, favorecerá la presencia de cardúmenes de corrientes cálidas y con ello la pesca de consumo humano directo.

 ¿Qué otros impactos generan el fenómeno de El Niño?

Pueden producirse efectos secundarios en el ambiente como consecuencia del aumento de la temperatura y la humedad, entre ellos la sobrepoblación de hongos e insectos. Si bien, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha informado que actualmente no existen plagas que pongan en riesgo la producción agrícola del país, podrían aparecer cinco: langosta, roedores, mosca de la fruta, ántrax en animales y roya amarilla.

¿Qué zonas del país afectarían estas plagas?

Sin un plan de contingencia, la langosta afectaría a Piura, Lambayeque y la sierra sur del país; la mosca de la fruta, la costa, desde Tacna hasta Piura; la roya amarilla impactaría en las regiones de Junín, Cusco, Puno, San Martín, Pasco, Cajamarca y Amazonas; y el ántrax las zonas ganaderas como el valle de Lurín, en Lima, y el sur del país. Entre los cultivos que podrían verse afectados se encuentran la papa, cebolla, maíz y el café. La plaga de roedores, que tendría presencia principalmente en La Libertad y Lambayeque, puede ocasionar un problema de salud pública con la peste bubónica si sus pulgas infectadas pican a los humanos.

Temperatura superficial de la mar registrada el 12 de julio de 2023. IMAGEN: SENAMHI

¿Se ha declarado el estado de emergencia por El Niño?

Sí. A raíz del peligro inminente ante las intensas lluvias que se presenten en el periodo 2023- 2024 y el posible fenómeno de El Niño, el gobierno declaró el 8 de junio el estado de emergencia por 60 días en 855 distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes. Esta medida busca reducir el impacto de las inundaciones a través de la compra de maquinarias y la ejecución de obras de prevención en estas 18 regiones.

¿Qué otras medidas han adoptado el gobierno?

El gobierno ha transferido más de S/ 1,446 millones para la adquisición de maquinarias y vehículos, y la contratación de servicios para la limpieza y descolmatación de cauces y defensas ribereñas a nivel nacional, así como otras actividades que ayuden a mitigar los impactos del fenómeno de El Niño. Se sabe que S/ 48.3 millones fueron destinados al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, S/ 225.7 millones a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, (esta semana fue eliminada, y será sustituida por La Autoridad Nacional para la Infraestructura) S/ 975.9 millones a la Autoridad Nacional del Agua, y S/ 196.5 millones al Ministerio de Defensa.

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(*) Rocío Romero. Es Licenciada en Comunicación Social. Laboro en la plataforma digital de periodismo Salud con Lupa. He sido becaria del Centro Internacional de Periodistas (Professional Fellow - Propublica) y la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas. Integré la Unidad de Investigación de Latina, además de los equipos periodísticos de RPP y Ojo Público.

Publicado en Salud con Lupa.

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EL AGUA HIERVE Y DESAPARECE, LOS DILUVIOS Y LAS INUNDACIONES LLEGAN. La emergencia hídrica en la estrategia popular frente al cambio climático.

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“EL AGUA HIERVE Y DESAPARECE SOBRE LA TIERRA; pero, en este enloquecimiento del clima producido por el Capitaloceno, regresa furiosamente en formidables tormentas, diluvios, huracanes e inundaciones. Allí se cuentan las terribles lluvias e inundaciones recientes en el este y oeste de los EE.UU., en la India, en la propia China, en el sur de Sudamérica.    Frente a estos diferentes procesos, la convocatoria institucional reciente a la “semana global del agua” -recuperando los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de marzo de este año, la primera de este tipo desde 1977- reconoce que  “la mayoría de nuestros sistemas actuales se basan en el supuesto de que siempre habrá un suministro fiable de agua, pero eso ya no será así” y que, en ese sentido, afrontamos “una crisis mundial del agua en la que por primera vez hemos traspasado el límite planetario de seguridad para el agua…[una] metacrisis de riesgos crecientes” que requiere “innovación y replanteamiento de la forma en que utilizamos, valoramos y gestionamos el agua” (Water World Week, 2023, la traducción es nuestra).

Entonces ¿Cuál es ese replanteamiento en el uso, valorización y gestión del agua que promueven hoy los organismos y las élites globales? En relación con la primera dimensión, se trata de modificar hábitos y costumbres para promover, en el mejor de los casos, -o imponer a la población, si la transformación subjetiva falla- un creciente racionamiento en el uso del agua. La segunda dimensión justifica y promueve la valorización monetaria; es decir, la mercantilización del recurso, como parte de la pretendida gestión neoliberal eficiente de la escasez. Y la tercera impulsa el despliegue de una gobernanza público-privada del bien capaz de asegurar el control y monitoreo de las fuentes hídricas conocidas y la búsqueda y apropiación de nuevas fuentes, incluso, haciendo gala del solucionismo tecnológico, con la reprocesamiento de aguas residuales o contaminadas o la desalinización del agua de mar.

“Así, lejos de modificar, regular o prohibir las actividades o matriz productiva responsables de la crisis hídrica, el paradigma global avanza decisivamente en su control y apropiación institucional-corporativa impulsado y legitimado por discursos y prácticas que promueven poderosos actores globales. Se trata de actores que conforman el llamado “gobierno mundial del agua”, desde organismos internacionales -en especial el Banco Mundial-, corporaciones multinacionales y fondos de inversión, instituciones académicas y científicas, y una vasta red de las ONG, que desde hace al menos tres décadas tienen un papel importante en la elaboración y difusión a escala global de paradigmas hídricos pro-mercado. Estos se traducen en recomendaciones a los gobiernos (en particular, de los países del Sur global) de políticas públicas que fortalecen el proceso de mercantilización del agua y que atentan contra la vigencia del derecho universal a su acceso como bien público y gratuito.

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EL AGUA HIERVE Y DESAPARECE, LOS DILUVIOS Y LAS INUNDACIONES LLEGAN.

La emergencia hídrica en la estrategia popular frente al cambio climático.

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Por José Seoane, Emilio Taddei | 30/08/2023 | Ecología social

Fuente Rebelión miércoles 30 de agosto del 2023.

Fuentes: Rebelión

La anteúltima semana de agosto se celebró a nivel global la llamada “semana del agua”. Promovida desde 2015 por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (Stockholm International Water Institute), con la participación de cientos de expertos, funcionarios, empresarios y miembros de las ONG.

Replicada por todos los organismos internacionales y regionales, la convocatoria oficial se hizo bajo la consigna “semillas de cambio: soluciones innovadoras para un mundo con conciencia hídrica”. Más allá del título esperanzador, la preocupación de las instituciones y elites globales no podía estar más justificada. Como lo admitió el propio Secretario General de Naciones Unidas recientemente, hemos entrado en la “era del hervor global” (Seoane, 2023b)

Vivimos la aceleración del cambio climático, con el mes de julio más cálido desde que se tienen registros, que conllevará, muy posiblemente, alcanzar un nuevo récord anual en la elevación de la temperatura del planeta en 2023. Allí está la ola de calor que golpea el hemisferio norte, con un reguero de incendios que, como cinturón de fuego, cruza el globo, paralelo a la línea del ecuador, de punta a punta. Esa es la realidad climática de Sudamérica experimentando uno de los inviernos más calientes de su historia, llegando en ciertas regiones a marcas que hacen empalidecer a la primavera y auguran un verano más tórrido y abrasador del pasado ya signado por sucesivas olas de calor bajo el efecto prolongado del fenómeno de La Niña. Presente que plantea hacia adelante un escenario más que preocupante bajo los estimados efectos del despliegue de un “Super Niño” en el contexto del agravamiento de la crisis climática (Seoane, 2023a).  

En este contexto, tanto por su dimensión como por sus consecuencias sobre la vida humana y no humana en el planeta, el deterioro de las fuentes de agua, particularmente del agua dulce y/o potable, constituye la dimensión más dramática de este cambio climático en curso. No se trata de un futuro posible, sino de un proceso que está ocurriendo ahora mismo, acentuado además por un modelo de apropiación y explotación de bienes naturales que llamamos “extractivismo” y que sobreutiliza y contamina volúmenes crecientes de recursos hídricos bajo la lógica del saqueo; es decir, en beneficio de un sector reducido de empresas y productores y, en la mayoría de los casos, para su comercio y consumo fuera de las regiones donde se realiza tal despojo y orientado a sostener un “modo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2021).

Numerosas son las evidencias de esta crisis hídrica que hoy afrontamos; crisis hidrológica deberíamos decir, para dar cuenta de su raíz social no natural; o más específicamente la transformación capitalista neoliberal de un bien abundante, reproducido en ese ciclo del agua que fue natural durante millones de años, en escaso. Hemos conocido en las semanas pasadas la problemática de la falta de agua dulce que abastecía a la región metropolitana de Montevideo y alrededores y que llevó a utilizar fuentes salobres, transformando el agua de grifo en imbebible; una situación más aguda de lo ya vivido en San Pablo (Brasil) y El Cabo (Sudáfrica) en los años pasados y que amenaza repetirse en esas y otras urbes del Sur del mundo. Conocemos también los efectos socioeconómicos de la falta de lluvias y los calores intensos en la producción agrícola siguiendo la experiencia reciente de la Argentina que perdió casi la mitad de sus cosechas y un tercio de sus exportaciones, agravando la crítica situación de endeudamiento externo y presiones devaluatorias. También Centroamérica ha sido afectada por las sequías y, en particular, la falta de lluvias ha situado en un punto crítico el nivel del agua en el Canal de Panamá. 

La sequía del viejo e histórico Lago delos Incas, el Lago 

Hoy se avista alrededor de su entrada casi un centenar de buques esperando, por la reducción obligada en su cruce debido a la escasez de agua; un verdadero atascamiento marítimo que da cuenta también del impacto económico global de la crisis que vivimos. También lagos y ríos se han visto afectados por esta situación; entre ellos, el lago Titicaca –centro socioeconómico y religioso del imperio incaico y hoy de la vida en el altiplano- registra actualmente una disminución histórica en el marco de la sequía que viene sufriendo la región. Similares consecuencias afectan hoy al Lago Ness –el del afamado monstruo-, al Mar Caspio, y a la mitad de los lagos del mundo. Y también, en estos últimos meses, se ha alertado por la baja del caudal del río Rin en Alemania o sobre el avance de los procesos de desertificación en España o en regiones del África, solo muestras de la proyección global de estos fenómenos.

Pero, como señalamos, la responsabilidad de esta crisis no sólo corresponde al cambio climático –y su impulsor, el capitalismo fósil- sino también al extractivismo incluido el llamado “extractivismo verde”, que avanza sobreconsumiendo, y contaminando el agua.

Allí están, entre otros, los proyectos megamineros presentes y los futuros que se anuncian como pretendida solución al subdesarrollo o, más modestamente, a la falta de divisas. Por ejemplo, con el avance del Proyecto José María de explotación de cobre, oro y plata localizado en el extremo noroeste de la provincia argentina de San Juan, afectada en los últimos años por una intensa crisis hídrica. Y también están allí las resistencias, de tantas poblaciones que se levantan contra este despojo y destrucción de las condiciones de vida. Son esos cuestionamientos los que impugnan hoy, por ejemplo, al proyecto Tambor en el departamento de Tacuarembó (Uruguay) que avanza en la producción de hidrógeno “verde” para exportar a Europa en base a la apropiación de abundantes recursos hídricos, particularmente de las aguas subterráneas de los acuíferos Arapey y guaraní, este último compartido por Uruguay con Brasil, Paraguay y Argentina.

Asimismo, las olas de calor invernales están provocando el deshielo y evaporación de nieves y glaciares, comprometiendo el aprovisionamiento de agua dulce en el periodo seco de los próximos meses de primavera y verano. Por otra parte, la Antártida registra los niveles de hielo más bajos para esta época del año desde que comenzaron los registros hace casi medio siglo atrás.

Pero el agua no sólo desaparece, sino que también hierve. La elevación de la temperatura no solo afecta a los continentes sino también a los océanos y mares. Un incremento sostenido que viene siendo consignado en los últimos años y que durante los meses recientes ha alcanzado récords históricos, superando en agosto el máximo registrado para estas fechas en 2016, año en el que El Niño estaba en su momento más álgido. El calentamiento de mares y océanos tiene y puede tener consecuencias gravísimas sobre los ecosistemas y las corrientes oceánicas. Sobre ello, científicos vienen alertando respecto de la ralentización e inestabilidad de la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) corriente oceánica que, de cierto modo, regula la temperatura global y sirve a preservar la vida en el planeta.

El agua hierve y desaparece sobre la tierra; pero, en este enloquecimiento del clima producido por el Capitaloceno, regresa furiosamente en formidables tormentas, diluvios, huracanes e inundaciones. Allí se cuentan las terribles lluvias e inundaciones recientes en el este y oeste de los EE.UU., en la India, en la propia China, en el sur de Sudamérica.  

Frente a estos diferentes procesos, la convocatoria institucional reciente a la “semana global del agua” -recuperando los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de marzo de este año, la primera de este tipo desde 1977- reconoce que

“la mayoría de nuestros sistemas actuales se basan en el supuesto de que siempre habrá un suministro fiable de agua, pero eso ya no será así” y que, en ese sentido, afrontamos “una crisis mundial del agua en la que por primera vez hemos traspasado el límite planetario de seguridad para el agua…[una] metacrisis de riesgos crecientes” que requiere “innovación y replanteamiento de la forma en que utilizamos, valoramos y gestionamos el agua” (Water World Week, 2023, la traducción es nuestra).

Entonces ¿Cuál es ese replanteamiento en el uso, valorización y gestión del agua que promueven hoy los organismos y las élites globales? En relación con la primera dimensión, se trata de modificar hábitos y costumbres para promover, en el mejor de los casos, -o imponer a la población, si la transformación subjetiva falla- un creciente racionamiento en el uso del agua. La segunda dimensión justifica y promueve la valorización monetaria; es decir, la mercantilización del recurso, como parte de la pretendida gestión neoliberal eficiente de la escasez. Y la tercera impulsa el despliegue de una gobernanza público-privada del bien capaz de asegurar el control y monitoreo de las fuentes hídricas conocidas y la búsqueda y apropiación de nuevas fuentes, incluso, haciendo gala del solucionismo tecnológico, con la reprocesamiento de aguas residuales o contaminadas o la desalinización del agua de mar.

Así, lejos de modificar, regular o prohibir las actividades o matriz productiva responsables de la crisis hídrica, el paradigma global avanza decisivamente en su control y apropiación institucional-corporativa impulsado y legitimado por discursos y prácticas que promueven poderosos actores globales. Se trata de actores que conforman el llamado “gobierno mundial del agua”, desde organismos internacionales -en especial el Banco Mundial-, corporaciones multinacionales y fondos de inversión, instituciones académicas y científicas, y una vasta red de las ONG, que desde hace al menos tres décadas tienen un papel importante en la elaboración y difusión a escala global de paradigmas hídricos pro-mercado. Estos se traducen en recomendaciones a los gobiernos (en particular, de los países del Sur global) de políticas públicas que fortalecen el proceso de mercantilización del agua y que atentan contra la vigencia del derecho universal a su acceso como bien público y gratuito.

Un ejemplo reciente de estas políticas es la elaboración y difusión del modelo de “almacenamiento hídrico” hecha por el Banco Mundial (Taddei, 2023). Un esquema que propone enfrentar los problemas derivados de la creciente falta de este bien mediante la construcción y/o el aprovechamiento de infraestructuras artificiales (represas, piletas de almacenamiento, etc.) y/o naturales (lagos, humedales, espejos de agua). De forma no explícita e invocando el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático, se pretende así garantizar el acceso y la disponibilidad de agua para las actividades productivas consideradas estratégicas priorizando los imperativos de grandes empresas privadas (en particular, de las extractivistas que demandan grandes volúmenes) en detrimento del acceso y consumo doméstico de la mayoría de la población.

Un modelo que, contrariamente a lo que enuncia, tiende a profundizar el sobreconsumo hídrico que actualmente distingue al patrón productivo y de especulación financiera del capitalismo neoliberal que reproduce y profundiza las causas de la crisis hídrica y del calentamiento global que retóricamente se postula mitigar. La novedosa presencia en la Argentina de la empresa de agua israelí Mekorot, denunciada en foros internacionales por las reiteradas violaciones a los derechos humanos al impedir el acceso al agua al pueblo palestino, constituye un ejemplo de la promoción de estas políticas de “almacenamiento hídrico”. En base al acuerdo firmado con el gobierno argentino a comienzos de 2023 y de acuerdos específicos rubricados con distintas provincias (Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y San Juan), esta empresa apunta a realizar estudios sobre las reservas hídricas de nuestro país e intervenir en la formulación de los planes provinciales; lo que ya ha suscitado la emergencia de movimientos y protestas en el marco de la campaña nacional “Fuera Mekorot” y en defensa de la preservación del agua como bien público de acceso gratuito y universal.

Lo que hemos descripto no deja lugar a dudas de la urgencia de promover una estrategia popular unitaria para enfrentar esta situación crítica. No se trata de una invención individual o de una receta programática, allí está en la nervadura de las resistencias, de las prácticas subalternas y populares desplegadas en las últimas décadas. La articulación de estas prácticas y demandas da cuenta de los puntos centrales de la emergencia hídrica que es urgente promover. Una emergencia que:

a) detenga inmediatamente todas los emprendimientos extractivistas y avance en un sistema popular de evaluación de sus impactos socioambientales;

b) que incremente las regulaciones y tarifas para los sectores sociales que sobreconsumen el agua o para aquellas actividades socialmente necesarias en base al deterioro socioambiental que conllevan;

c) que proteja efectivamente bosques, selvas, humedales y territorios desplegando una política efectiva de reforestación y una reforma urbana que incremente el arbolado y las plazas;

d) que detenga la política de apropiación estatal – corporativa de las reservas de agua y su mercantilización asegurando su carácter público y universal;

e) que desarrolle sistemas de distribución y acceso al agua para los sectores populares al tiempo que desarrolle la infraestructura en los barrios populares que evite los peores efectos de las lluvias y las inundaciones;

f) que despliegue una regulación a nivel nacional al tiempo de brindar creciente participación a las comunidades en la defensa y administración del agua. Solo retomando algunos de los señalamientos que emergen de las luchas y movilizaciones recientes. Es urgente, porque ya no habrá suministro fiable del agua, como lo afirma la Water World Week, si los pueblos no se organizan e imponen un cambio de paradigma.  

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José Seoane. Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL), Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, UBA; y del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Emilio Taddei. Politólogo y Dr. en Ciencias Políticas. Investigador UBA-CONICET, miembro del GEAL, IEALC, Fac. de Cs. Soc. Docente-investigador de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMa).

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ESPAÑA. PLURILINGÜISMO EN EL CONGRESO: ¡EL MOMENTO ES AHORA, SEPHARAD!

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“Avanzar, indesinenter. Sea como fuere, estos antecedentes muestran que, con la actual legalidad en la mano, la presidenta del Congreso cuenta con instrumentos jurídicos y con mayorías de apoyo suficientes para que el plurilingüismo gane peso ya en los plenos del 26 y 27 de septiembre, cuando se debata la investidura de Feijoo. Podría ocurrir, desde luego, que ese debate tuviera lugar sin que los sistemas de traducción necesarios estuvieran listos. En ese caso, no sería imposible acordar con los grupos un margen suficiente de flexibilidad para que, junto al castellano, las lenguas de Rosalía de Castro, de Gabriel Aresti, de Montserrat Roig y de Ovidi Montllor, resuenen en el hemiciclo con la fuerza y la dignidad que merecen. Los diputados y diputadas que las utilizaran deberían, seguramente, autolimitarse para que sus intervenciones resultaran comprensibles para todos y permitieran el debate. Pero esta autolimitación, a diferencia de otros momentos, no implicaría renuncia ni apuntalamiento del status quo. Sería un pequeño primer paso hacia una reforma más profunda, previamente pactada, que blinde de una vez el uso normalizado en el Congreso de las lenguas peninsulares, para orgullo de todos, incluidas las personas castellanoparlantes. 

“El efecto de un cambio de esta naturaleza sería enorme, internamente y desde el punto de vista internacional. Hacia adentro, porque ayudaría a que las propias lenguas peninsulares se conozcan mejor entre ellas, algo que hoy por desgracia ocurre poco. También serviría para que se asuma que el propio castellano que se habla en el Congreso bien puede sonar a la manera andaluza, canaria o argentina, como es mi caso, o a la manera saharaui de nuestra compañera Tesh Sidi. El efecto hacia afuera no sería menor. Porque el mundo entero advertiría el simbolismo de un reconocimiento jurídico y práctico de la pluralidad lingüística interna, nada menos que en el Congreso de los Diputados. Dicho reconocimiento nos permitiría acercarnos mejor a Portugal, a América Latina o, incluso, a África. Y sobre todo, lanzaría un mensaje claro a Europa sobre la necesidad de que las lenguas que ya se escuchan o leen con naturalidad en las instituciones estatales, se escuchen y se lean de modo similar en Bruselas o Estrasburgo. 

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PLURILINGÜISMO EN EL CONGRESO: ¡EL MOMENTO ES AHORA, SEPHARAD!

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Por Gerardo Pisarello | 28/08/2023 | España

Fuente Rebelión martes 29 de agosto del 2023.

Hay palabras que llegan de imprevisto y deshacen nudos como piedras, retiran mordazas y alientan cambios que parecían imposibles. Así sonaron las que pronunció la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la sesión constitutiva de la Cámara del pasado 17 de agosto. Irrumpieron de pronto, sin que nadie las esperara, tras una emotiva evocación de La pell de brau, el poemario que convirtió a Salvador Espriu en una referencia de la lucha antifranquista. 

“Quiero manifestar mi compromiso con el catalán, el euskera, el gallego y la riqueza lingüística que suponen, y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá el uso de estas lenguas en el Congreso desde esta sesión constitutiva”. Así de rotundo, así de claro. Ni durante la Primera República, ni durante la Segunda, ni después de la Transición, la tercera autoridad del Estado había defendido el pluralismo lingüístico con convicción semejante.  

La densidad histórica de las palabras

Desde luego, ese compromiso inédito con las hablas peninsulares pedía concreciones y anunciaba también resistencias. En ningún caso, sin embargo, se trataba de flatus vocis, de palabras destinadas a desvanecerse o a quedar en mero artificio retórico. Por el contrario, si pudieron ser pronunciadas fue porque encarnaban una fuerza de siglos. La de millones de mujeres y hombres que a través del tiempo lucharon con orgullo por conservar y enriquecer esas voces propias, que fueron a la vez la de sus hijos o sus madres. Esa fuerza, nacida del fondo de la historia, no emergió por casualidad en uno de los congresos más plurinacionales y plurilingües de la historia reciente. Y tampoco fue por azar que tuvo como intérprete a una mujer, mallorquina, que como presidenta del Gobierno de Baleares había hecho de la defensa de la memoria democrática una política pública irrenunciable.

El Plurilingüismo en el Congreso, el momento es ahora. Shepharad.
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Naturalmente, semejante desafío no podía quedar sin respuesta. Aquel 17 de agosto, sin embargo, los reticentes de siempre estaban desconcertados. Divididas las derechas, torcieron el gesto, pero sin aspavientos excesivos, como si intuyeran que enfrente tenían a una exigencia de los tiempos, y por ello, difícil de parar.

En la primera reunión de la nueva Mesa del Congreso, ya repuesto, el PP mostró su lado más recio. Apuntó directamente contra la legalidad de la decisión y exigió que se congelara todo. En otras ocasiones, esa simple invocación paralizadora hubiera bastado para desactivar el anuncio y restaurar el status quo de siempre. Pero no esta vez. El pacto que había posibilitado la nueva composición de la Mesa había dejado fuera a Vox, que no estaba allí para socorrerlo. El PSOE no secundaba sus argumentos, como había ocurrido tantas veces en la legislatura anterior. Sumado a ello, el propio PP comparecía en el debate con un candidato a la presidencia del Gobierno de Ourense, que hizo gran parte de su carrera política en gallego, sin que nadie en su partido lo considerara la ‘anti-España’ por ello. 

Una reforma reglamentaria impostergable

Tras este fallido movimiento restaurador, que hubiera implicado desactivar toda la potencia del anuncio del 17 de agosto, la presidenta del Congreso propuso otro camino.  Escuchar a los grupos parlamentarios y a partir de allí plantear una propuesta jurídicamente sólida que pueda aplicarse en el próximo pleno, probablemente el que deberá debatir la investidura de Alberto Núñez Feijoo. 

Si se atiene a lo ocurrido en estos últimos años, lo lógico sería que de estas rondas de consultas surja lo que ha sido un clamor compartido por un amplio espectro de fuerzas políticas: la necesidad de reforma del Reglamento del Congreso. Esta reforma no se produciría en el vacío. Tendría como antecedente las que ya se produjeron en el Senado en 1994 y 2005. Fueron aquellas iniciativas, en efecto, las que abrieron camino en la dirección de lo que ahora se pretende: normalizar el uso del euskera, el gallego y el catalán, en escritos y debates parlamentarios. 

Curiosamente, estas reformas, que incluían la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en algunas intervenciones y escritos parlamentarios, tuvieron el apoyo del PP. Es más, en algún caso no solo las apoyó, sino que llegó a quejarse de su insuficiencia. “Aspirábamos a más”, sostuvo en 2005 el senador gallego Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Y no se quedó allí: prometió ir más lejos si había cambios futuros y acabó invocando, para justiciar su moderación, las célebres palabras de Confucio: “Más vale encender una humilde vela que maldecir la oscuridad”.

Aquella reforma echó por tierra muchos tabúes. De entrada, corroboró lo que hoy se acepta con naturalidad en la Unión Europa, en países como Suiza, Bélgica o Canadá, o en parlamentos como el de la Comunidad Autónoma Vasca: que es perfectamente posible, sin riesgo de trauma psicológico ni gran dispendio económico, entenderse y debatir en diferentes lenguas, mediante sistemas de traducción previa o simultánea. Y que negarse a ello con el argumento de la humillación del pinganillo, es más un signo de inseguridad que de confianza en la vitalidad de la propia lengua. 

Precisamente porque los antecedentes del Senado y del derecho comparado son numerosos y funcionan, la reforma del reglamento del Congreso resulta una iniciativa impostergable. El último intento de llevarla adelante tuvo lugar en junio de 2022. Con la firma de ERC, PNV, JXCat, PDeCAT, la CUP y el BNG, la iniciativa ya planteaba la posibilidad de la traducción simultánea de estas lenguas en las intervenciones en comisiones y de plenos. 

Por primera vez en la historia, la propuesta contó con el apoyo decidido de partidos con presencia en el ejecutivo. Este fue el caso del grupo confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, cuyos diputados subieron a la tribuna a defender la iniciativa. En ese entonces, no obstante, se toparon con la oposición de un PSOE demasiado temeroso y condicionado tanto por el PP como por Vox. 

Congreso en todas las lenguas.
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En una sesión memorable por su significado, el diputado sabadellense de En Comú Podem, Joan Mena, afeó al PSOE su posición y le recordó que el problema no lo tenían

“los hablantes de las lenguas oficiales” sino “aquellos que no son capaces de aceptar y de sentirse orgullosos de una realidad que nos enriquece y mucho como país”.

Tras las elecciones del 23 de julio de este año, el escenario para la reforma se ha vuelto mucho más propicio. Primero, porque el voto que hoy permitiría a Pedro Sánchez hacerse con la presidencia del Gobierno es un voto con un fuerte componente antifascista, contrario a las retiradas de revistas en catalán de las bibliotecas públicas y, más en general, a los ataques a las lenguas cooficiales perpetrados por los gobiernos pactados entre el PP y Vox. 

Una de las primeras en reaccionar contra estas medidas de tintes neofranquistas fue la propia vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Durante la campaña electoral, Díaz defendió la necesidad de una ley de uso y enseñanzas de lenguas oficiales y minorizadas. El 2 de agosto, por su parte, también anunció que impulsaría una reforma del Reglamento para blindar jurídicamente la diversidad lingüística en el Congreso. 

Las exigencias en materia lingüística por parte de ERC y Junts como condición para aprobar la constitución de la nueva Mesa y una eventual investidura futura hicieron el resto. El propio PSOE accedió a cambiar su posición en la materia, propuso a una federalista genuina como Armengol como nueva presidenta del Congreso y luego respaldó su anuncio histórico de un cambio inmediato en el uso del euskera, del catalán y del gallego, en los plenos de la Cámara. 

La estrategia contrarreformista. 

Todavía en estado de shock, el PP intentó, en la primera reunión de la nueva Mesa, apuntarse a una eventual reforma del Reglamento del Congreso, pero no para avanzar en el cambio, sino para frenarlo. Sus representantes, en efecto, fueron los primeros en exigir “que todo quede congelado” mientras la reforma no se acometiera y mientras no hubiera informes jurídicos. 

Esta actitud no solo buscaba desplegar una táctica dilatoria que desnaturalizara el mandato nítido de la presidencia de la Cámara del 17 de agosto. También desconocía que los propios diputados y diputadas, como representantes de la voluntad popular, son los primeros obligados a cumplir el principio constitucional que manda proteger las lenguas de toda la ciudadanía y de “los pueblos de España”. 

De existir acuerdo entre las fuerzas partidarias de este avance en materia de plurilingüismo, el cambio sería imparable. Primero, porque la tramitación de una reforma que blinde jurídicamente la diversidad lingüística, bien podría realizarse en lectura única, como prevé el artículo 150 del Reglamento. Segundo, porque incluso sin ese trámite, la presidenta podría comenzar a flexibilizar el uso de las lenguas amparándose en el artículo 32, que la faculta a dirigir los debates, mantener el orden en los mismos e interpretar el propio Reglamento en los casos de duda.

También aquí existen antecedentes. Ya en 2005, el entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, del PSOE, aprobó una Resolución con el visto bueno de la Mesa y de la Junta de Portavoces con el objetivo de flexibilizar el uso de las lenguas mediante la autotraducción al castellano a cargo de los propios intervinientes. Incluso en la última legislatura, con Meritxell Batet de presidenta, se utilizaron fórmulas similares sin que nadie sintiera que se le privaba por ello del derecho a entender lo que se estaba debatiendo. Durante el debate de la proposición de reforma reglamentaria de 2022, el diputado Ferran Bel, del PDeCAT, realizó toda su intervención en catalán, auto traduciéndose al castellano. Lo mismo hizo, en euskera, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu. Y no solo eso: algunos diputados de Unidas Podemos, como Pablo Echenique o Sofía Castañón, pronunciaron alocuciones breves en las que utilizaron otras modalidades lingüísticas reconocidas en sus territorios como el aragonés o el bable. 

Es verdad que durante aquella sesión la presidencia acabó llamando al orden a las diputadas y diputados Montse Bassa, de ERC, Míriam Nogueras, de Junts, Albert Botran, de la CUP, y Néstor Rego, del BNG, por su insistencia en hablar solo en catalán o gallego. Pero en aquel caso, la decisión de no autotraducirse no era un simple capricho. Era una forma deliberada de protestar contra la oposición del PSOE a tramitar una propuesta que ya se había abierto paso parcialmente en el Senado.

Avanzar, indesinenter

Sea como fuere, estos antecedentes muestran que, con la actual legalidad en la mano, la presidenta del Congreso cuenta con instrumentos jurídicos y con mayorías de apoyo suficientes para que el plurilingüismo gane peso ya en los plenos del 26 y 27 de septiembre, cuando se debata la investidura de Feijóo.

Podría ocurrir, desde luego, que ese debate tuviera lugar sin que los sistemas de traducción necesarios estuvieran listos. En ese caso, no sería imposible acordar con los grupos un margen suficiente de flexibilidad para que, junto al castellano, las lenguas de Rosalía de Castro, de Gabriel Aresti, de Montserrat Roig y de Ovidi Montllor, resuenen en el hemiciclo con la fuerza y la dignidad que merecen. Los diputados y diputadas que las utilizaran deberían, seguramente, autolimitarse para que sus intervenciones resultaran comprensibles para todos y permitieran el debate. Pero esta autolimitación, a diferencia de otros momentos, no implicaría renuncia ni apuntalamiento del status quo. Sería un pequeño primer paso hacia una reforma más profunda, previamente pactada, que blinde de una vez el uso normalizado en el Congreso de las lenguas peninsulares, para orgullo de todos, incluidas las personas castellanoparlantes. 

El efecto de un cambio de esta naturaleza sería enorme, internamente y desde el punto de vista internacional. Hacia adentro, porque ayudaría a que las propias lenguas peninsulares se conozcan mejor entre ellas, algo que hoy por desgracia ocurre poco. También serviría para que se asuma que el propio castellano que se habla en el Congreso bien puede sonar a la manera andaluza, canaria o argentina, como es mi caso, o a la manera saharaui de nuestra compañera Tesh Sidi. El efecto hacia afuera no sería menor. Porque el mundo entero advertiría el simbolismo de un reconocimiento jurídico y práctico de la pluralidad lingüística interna, nada menos que en el Congreso de los Diputados. Dicho reconocimiento nos permitiría acercarnos mejor a Portugal, a América Latina o, incluso, a África. Y sobre todo, lanzaría un mensaje claro a Europa sobre la necesidad de que las lenguas que ya se escuchan o leen con naturalidad en las instituciones estatales, se escuchen y se lean de modo similar en Bruselas o Estrasburgo. 

Nada de esto, obviamente, implica desconocer las férreas inercias uniformistas de la historia más reciente y de la más lejana. Precisamente por eso, el ilusionante cambio anunciado en la sesión constitutiva del Congreso el pasado 17 de agosto no puede darse por descontado. Exige compromiso y presión por parte de quienes aspiramos a una investidura lo más plurinacional, lo más progresista, lo más feminista y lo más republicana posible. El mismo Salvador Espriu, que llamaba a construir ponts de diàleg entre los hijos e hijas de Sepharad, sabía que eso no se podía conseguir, como también dijo en un poema, sin perseguir la libertad propia y de los demás indesinenter, adverbio latino que quiere decir “sin pausa, incesantemente”. 

De eso se sigue tratando en esta difícil coyuntura que nos toca vivir. De perseverar, sin descanso, en la defensa de libertades y derechos que nos ayuden, justamente, a hablar, falar, hitz egin, a parlar. Y de aprovechar esta grieta que se ha abierto para recordar a Sepharad que no hay tiempo que perder, que el momento es ahora.

Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem. Profesor de Derecho Constitucional de la UB.

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