lunes, 18 de marzo de 2024

EDUARDO BALLÓN: “SI A LOS PARTIDOS SE LES APLICARA LA VALLA QUE PONEN A LOS MOVIMIENTOS REGIONALES, NO PODRÍAN PARTICIPAR”

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-Usted señaló que los partidos en el Congreso buscaban sostenerse hasta el 2026. Parece que ahora quieren quedarse más allá de esa fecha. -Los partidos buscaban que el Gobierno llegue al 2026 porque era el tiempo que requerían para llevar adelante sus intereses privados, minería ilegal, transporte ilegal, tala de madera, etc. Buscaban, adicionalmente, seguir manteniendo las gollerías y remuneraciones que tienen, que muchos no han tenido jamás y, seguramente, salvo que sigan en el Congreso, no tendrán después. En tercer lugar, buscaban un escenario que les permita mantenerse en la posición en la que están. A esto, que tiene que ver con intereses individuales, se añadiría el interés político, que supone prolongar el modelo económico en una suerte de fujimorismo 2.0, que les garantizaría impunidad a los cerca de 80 congresistas con carpetas fiscales y acusaciones bastante concretas.

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Análisis. Los Movimientos Regionales, son más fuertes que los partidos en el interior del país. Por eso se busca obstruir su participación política. Dice Ballón. Foto La República.

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EDUARDO BALLÓN: “SI A LOS PARTIDOS SE LES APLICARA LA VALLA QUE PONEN A LOS MOVIMIENTOS REGIONALES, NO PODRÍAN PARTICIPAR”

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El investigador alega que los partidos políticos buscaban que el Gobierno llegue al 2026, porque era el tiempo que requerían para llevar adelante sus intereses privados: minería ilegal, tala ilegal, etc.

 

Entrevista al Antropólogo Eduardo Ballón.

Por Raúl Mendoza. Periodista.

Fuente. La República lunes 18 de marzo del 2024.

El antropólogo Eduardo Ballón es un agudo observador de la política nacional y aquí repasa las decisiones tomadas en el Congreso buscando obstaculizar la presencia de los movimientos regionales en futuros comicios. Para Ballón, los partidos representados en el Parlamento buscan asegurar el control electoral con miras al 2026.

-El Congreso retrocedió en su intento de desaparecer a los movimientos regionales. Ahora propone que tengan presencia en cuatro quintos de las provincias y los distritos de su región para inscribirse. ¿Esto cancela la participación de los movimientos regionales en elecciones?

-Esa valla busca limitar la posibilidad de inscribirse y participar (en elecciones). Si los partidos nacionales tuvieran esa valla y los juzgáramos por los resultados de las últimas elecciones, veríamos que solo dos, Acción Popular y Somos Perú, han obtenido Gobiernos regionales. Veríamos que Perú Libre, Fuerza Popular y Acción Popular no obtuvieron ningún Gobierno regional. Y Renovación Popular, Podemos, el Partido Morado y demás no lograron nada en regiones. Si lo miramos a nivel de provincias, descubriremos que en 120 los ganadores fueron movimientos regionales y los partidos regionales obtuvieron solo 75 provincias. Otro tanto ocurre en los distritos. Dicho de otra forma, si a los partidos nacionales que están aprobando esta valla se les aplicara la misma norma, no podrían participar. Es una demostración de la arbitrariedad y de lo que están buscando.


¿Todos desaparecieron? La corrupción se los comió íntegros.

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-Buscan cerrar el paso a los eventuales rivales en las próximas elecciones

-Sin duda. Ahora, esto no quiere decir que la mayoría de los movimientos regionales sean distintos o mejores que los partidos nacionales.

-El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales asegura que esa valla no sería problema, porque sí pueden tener esa presencia o hacer alianzas con partidos para conseguirlo.

-Por los números que le he dado, es claro que en el interior del país los movimientos regionales, son más fuertes que los partidos nacionales. Quiere decir que tienen asentamiento territorial, que tienen figuras que son identificadas por la gente, y eso les da una capacidad de negociación enorme con los partidos nacionales que buscan poner su logo al precio que sea en esos territorios. Si uno observa la historia de alguna de las autoridades regionales provinciales y distritales que han ganado con algún partido político, uno descubre que se inscribieron poco antes de las elecciones.


-Los movimientos regionales son parte del juego democrático, pero muchas veces han encumbrado a caudillos corruptos. ¿Cómo mejorar la oferta de estos movimientos?

-La representación política no mejora a partir de normas y leyes. Estamos frente a un problema sistémico que exige repensar el tema de la representación, lo mismo que repensar la organización del Estado y su funcionamiento. Las barreras de entrada deben concentrarse en la cantidad de firmantes. Es decir, en el porcentaje del padrón que apoya a esa organización. Los dos tercios que establecía la norma vigente eran eficientes. La tercera ecuación es que a los movimientos regionales no se les puede poner condiciones distintas a las de los partidos nacionales. Y a los partidos nacionales, para postular en las regiones, hay que exigirles un tiempo de militancia, de antigüedad de quienes serán sus candidatos, para evitar esa lógica de microbuses buscando y atrayendo pasajeros.

-¿Cómo ve el panorama regional? ¿Las protestas del año pasado fortalecieron a los movimientos regionales y debilitaron a los partidos nacionales?

-Diría que hay una desconfianza enorme en la política y en los políticos. Esa desconfianza alcanza a los movimientos regionales, pero en menor medida que a los partidos nacionales. Recordemos que muchas de las autoridades regionales se pronunciaron defendiendo el derecho de quienes protestaban y por el adelanto de elecciones. Terminada la tercera oleada (de protestas), julio del 2023, estas se fueron debilitando y hoy la lógica de las autoridades regionales y municipales es la lógica del presupuesto. Eso los obliga a vivir negociando el presupuesto con el Gobierno nacional y así obtener ventajas para su gestión.

-El Congreso ha avanzado contra varias instituciones del Estado. Esta valla a los movimientos regionales sería parte del plan para asegurar el triunfo en las próximas elecciones.

-El objetivo del Congreso es el mayor control institucional para garantizar su manejo electoral. Eso tiene que ver con el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Reniec. Simultáneamente, buscan eliminar toda posibilidad de competencia. En algunos casos juegan en pared con instituciones como la Fiscalía y, en otros, establecen leyes como esta que pretende ir eliminando paulatinamente a los movimientos regionales. Recordemos que alguno de los proyectos de ley presentados planteaba eliminar los movimientos regionales.



-Usted señaló que los partidos en el Congreso buscaban sostenerse hasta el 2026. Parece que ahora quieren quedarse más allá de esa fecha.

-Los partidos buscaban que el Gobierno llegue al 2026 porque era el tiempo que requerían para llevar adelante sus intereses privados, minería ilegal, transporte ilegal, tala de madera, etc. Buscaban, adicionalmente, seguir manteniendo las gollerías y remuneraciones que tienen, que muchos no han tenido jamás y, seguramente, salvo que sigan en el Congreso, no tendrán después. En tercer lugar, buscaban un escenario que les permita mantenerse en la posición en la que están. A esto, que tiene que ver con intereses individuales, se añadiría el interés político, que supone prolongar el modelo económico en una suerte de fujimorismo 2.0, que les garantizaría impunidad a los cerca de 80 congresistas con carpetas fiscales y acusaciones bastante concretas.

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domingo, 17 de marzo de 2024

INDÍGENAS Y PALESTINAS, POR CECILIA MÉNDEZ.

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“En Lima los manifestantes fueron invisibilizados y terruqueados por autoridades, medios y políticos. El alcalde de Lima les cerró las plazas; la policía les cerró las calles, los golpeó tan brutalmente que uno de ellos, Manuel Quilla, murió, víctima de las torturas, cuando regresó a Puno. Fue el muerto número 50 de Dina. Muchos vimos, además, en videos, cómo un policía disparaba directamente a la cabeza a Víctor Santisteban Yacsavilca, que caminaba con la multitud, desarmado, matándolo. Pero en el discurso oficial y mediático, los manifestantes eran delincuentes terroristas, narcotraficantes, “ponchos rojos”. Boluarte llegó a decir: “Se mataron entre ellos”. Un ministro dijo que las mujeres aimaras eran “peor que animales”.

“Aroni vivió y sufrió todo eso, pero fue mucho más que una víctima. A mediados de marzo participó en un conversatorio de mujeres lideresas organizado al calor de las protestas, en Lima, transmitido por Facebook. Sin desprenderse de su bandera, pero esta vez con la Constitución en la otra mano, Aroni reveló no tener primaria completa, pero dijo sentirse “contenta y feliz porque tengo mi cerebro”. Sobre los congresistas dijo: “No quieren que nosotros hablemos lo que está escrito en esta Constitución”. “Basta”, acotó,  “yo también tengo hambre, yo también tengo derecho, yo también soy el Estado. Somos el Estado. No solamente 130 congresistas son el Estado”.

“Aída Aroni era consciente de que la Constitución podía proteger sus derechos, pero no todos, y se encontraba entre el grupo mayoritario de peruanos que exigía una nueva Constitución, en la que mujeres como ella se vieran representadas. No iba a contentarse con “pedir obras” ni recibir caramelos, como hubiera deseado Boluarte. Para Aroni, una ciudadanía plena no podía existir sin el derecho de todas y todos a hacer política.

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INDÍGENAS Y PALESTINAS, POR CECILIA MÉNDEZ.

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"Aída Aroni era consciente de que la Constitución podía proteger sus derechos, pero no todos (...) Para Aroni, una ciudadanía plena no podía existir sin el derecho de todas y todos a hacer política”.

Por Cecilia Méndez.

Fuente. La República domingo 17 de marzo del 2024.

“No quieren que nosotros hablemos lo que está escrito en esta Constitución”, Aída Aroni. Marzo, 2023.

Aída Aroni está enferma y necesita ayuda. ¿Quién es Aída Aroni? Si asististe o estuviste al tanto de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte hace un año en Lima no puedes no haberla visto. En foto, al menos, porque es inconfundible. Aída Aroni es la mujer ayacuchana y quechuahablante de 53 años que asistía a las marchas en primera fila, vestida con polleras y sombrero huancapinos (de Huancapi, su pueblo) con una bandera peruana que hacía ondear muy cerca de los policías, increpándoles que no dispararan a la gente. Sus fotos ondeando su bandera frente a ejércitos de policías armados recorrieron el mundo y se convirtieron en memes simbolizando a las mujeres como ella que, sorteando insultos racistas o misóginos, maltrato físico y terruqueo, nunca se rindieron en su reclamo de justicia.  

Una vez, mientras Aída increpaba a unos policías, pasaron unos jóvenes y les dijeron mirando con el rabo del ojo a Aída Aroni: “Métele bala, huevón”. Pero Aída no se amilanó por eso, incluso cuando, poco después, fue detenida si explicaciones por exigir la renuncia de Boluarte y “pedir piedad” a los policías. Allí prosigue, le arrancharon su bandera, le “pegaron en la espalda” y le “jalaron todo el pelo”, según declaró a La República (9-2-2023). Aída fue retenida en el calabozo de una comisaría por 48 horas, pero salió con la voluntad inquebrantada:

Yo no lucho con palo, yo no lucho con piedras. No me importa que me discriminen, que me digan chola, serrana, india, lo que sea; yo me siento orgullosa. Yo lucho por mi país”, declaró al mismo medio. Su valor inspiró a más que fotoperiodistas. La historiadora Marissa Bazán le dedicó un poema.



Entre enero y marzo del año pasado miles de peruanas y peruanos como Aída Aroni llegaron a Lima desde diversos lugares del Perú para hacer oír su voz después de haber marchado en las capitales de sus provincias y departamentos sin éxito. Llegaron en caravanas de buses o camiones, sorteando insultos y maltratos en los controles de carreteras, pero también recibiendo aliento, agua, víveres y muestras de solidaridad a lo largo del camino. Los peruanos más pobres de las zonas rurales, los que habían apostado mayoritariamente por Pedro Castillo con la esperanza de un cambio no se resignarían así nomás. Llevaban demasiado tiempo esperando.

Primero protestaban por la traición de Dina, la vicepresidenta de Castillo, una mujer mendaz y sin escrúpulos. Luego de haber declarado con falaz emoción que si a Castillo lo vacaban ella se iría con él, fue ungida presidenta por el mismo Congreso que ayer nomás le decía terrorista y buscaba destituirla. Hasta que se dieron cuenta que le salía más a cuenta utilizarla para quedarse en el poder. No fue difícil convencerla de no llamar a elecciones tras la caída de Castillo, a quien estaban a punto de destituir cuando él se autoinmoló con su conato de golpe. Dina pensó en los banquetes, los Rolex, la ropa fina y viajes por el mundo… Era irresistible. Accedió.

Pero no había pasado una semana desde que se puso la banda presidencial cuando la sangre de campesinos empezó a correr. Los primeros asesinados con su inacción o consentimiento fueron adolescentes de Andahuaylas, su propia tierra. Luego vinieron los de Ayacucho, Juliaca, Macusani, Pichanaki, Arequipa, Cuzco, Lima, La Libertad, todo negado con cinismo por ella y su ministro y arquitecto de la brutal represión, Otárola. Fue así que Dina traidora devino en Dina asesina. A las consignas de “nuevas elecciones”, “renuncia, Dina” y  “nueva Constitución”, se sumaron las de justicia para a los muertos y heridos, el derecho a la vida.



En Lima los manifestantes fueron invisibilizados y terruqueados por autoridades, medios y políticos. El alcalde de Lima les cerró las plazas; la policía les cerró las calles, los golpeó tan brutalmente que uno de ellos, Manuel Quilla, murió, víctima de las torturas, cuando regresó a Puno. Fue el muerto número 50 de Dina. Muchos vimos, además, en videos, cómo un policía disparaba directamente a la cabeza a Víctor Santisteban Yacsavilca, que caminaba con la multitud, desarmado, matándolo. Pero en el discurso oficial y mediático, los manifestantes eran delincuentes terroristas, narcotraficantes, “ponchos rojos”. Boluarte llegó a decir: “Se mataron entre ellos”. Un ministro dijo que las mujeres aimaras eran “peor que animales”.

Aroni vivió y sufrió todo eso, pero fue mucho más que una víctima. A mediados de marzo participó en un conversatorio de mujeres lideresas organizado al calor de las protestas, en Lima, transmitido por Facebook. Sin desprenderse de su bandera, pero esta vez con la Constitución en la otra mano, Aroni reveló no tener primaria completa, pero dijo sentirse “contenta y feliz porque tengo mi cerebro”. Sobre los congresistas dijo: “No quieren que nosotros hablemos lo que está escrito en esta Constitución”. “Basta”, acotó,

“yo también tengo hambre, yo también tengo derecho, yo también soy el Estado. Somos el Estado. No solamente 130 congresistas son el Estado”.



Aída Aroni era consciente de que la Constitución podía proteger sus derechos, pero no todos, y se encontraba entre el grupo mayoritario de peruanos que exigía una nueva Constitución, en la que mujeres como ella se vieran representadas. No iba a contentarse con “pedir obras” ni recibir caramelos, como hubiera deseado Boluarte. Para Aroni, una ciudadanía plena no podía existir sin el derecho de todas y todos a hacer política.

A miles de kilómetros del Perú, a orillas del Mediterráneo, en Gaza, vive Bisan Owda, una periodista palestina de 24 años con más de 4 millones de seguidores en Instagram. A diferencia de Aída, Bisan ha leído muchos libros. Pero a semejanza de ella, vive con su ciudadanía recortada por ser indígena en un el régimen de apartheid impuesto por el ejército de ocupación de Israel, que ahora conduce un genocidio de palestinos.

No tengo espacio para explayarme en por qué es legítimo decir que los palestinos son indígenas, pero así los llaman los libros que empecé a leer después del 7 de Octubre para salir de mi ignorancia sobre su historia. Muchas de mis colegas palestinas y palestinos en la Universidad de California sienten la misma identificación debido a historias paralelas de despojo de tierras y exterminación.



En sus últimas transmisiones, Bisan ha empezado a contar la historia antigua de Palestina alrededor de una fogata en el campamento donde se haya refugiadaIsrael ha destruido todas las universidades, museos y archivos de Gaza. Bisan parece querer compensar la destrucción de la memoria material de su pueblo con la memoria del relato. El mensaje es de pertenencia e identidad, pero también de justicia. Porque sin memoria no hay justicia.  

Por eso he querido recordar hoy a Aída Aroni y a otros peruanos que luchan por sus derechos, que son los nuestros, aun a costa de sus vidas. Le deseo una pronta recuperación.

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sábado, 16 de marzo de 2024

PERÚ: EL REINO DEL REVÉS JURÍDICO.

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“Hay que romper el silencio. No se puede ocultar la gravedad de lo que sucede en Perú. No se puede seguir mirando para otro lado. Se criminaliza la protesta. Se facilita la censura. Se persigue el disenso. Hay libros académicos, de derecho penal alemán, prohibidos. El Congreso aprueba la bicameralidad, cuando en un referéndum la propia población votó, en 2020, lo contrario: la unicameralidad. El Congreso, que vacó en forma ilegal a Castillo, violando su propio reglamento y con cinco votos menos de los que exige la ley (algo que reconoció en una audiencia judicial el procurador del Congreso), gobierna de espaldas al pueblo.

“Castillo no estaba equivocado en su denuncia: la fiscalía, que tanto lo hostigaba a él y a su familia (fue el primer presidente en ejercicio a quien le requisan el palacio presidencial, a ningún otro presidente le hicieron eso en toda la historia, a Castillo sí, porque es un indio) fue suspendida por liderar, la fiscal misma, una organización criminal. La fiscal mintió para ganar un concurso. Nada de eso fue tenido en cuenta. Esta es la organización criminal que inició el proceso de destitución de Pedro Castillo, violando, en la vacancia, tres artículos de la Constitución y el reglamento del Congreso. La vacancia es nula tanto por la forma procesal como porque ninguno de los tipos penales (rebelión, ni conspiración) se configuran. No han encontrado una sola prueba en su contra.

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PERÚ: EL REINO DEL REVÉS JURÍDICO.

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Por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto.

Fuente. Página/. Sábado 16 de marzo del 2024.

 

La condena de Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad en el caso Barrios Altos significó un avance para Perú y para toda América latina: esa condena fue una de las más simbólicas del sistema interamericano y marcó una hoja de ruta en materia de derechos humanos. 

Muchos tribunales locales tomaron las sentencias contra Fujimori como paradigma o modelo a seguir. Como criterio. El indulto en materia de lesa humanidad está prohibido. La libertad de Fujimori en Perú hoy significa no sólo un retroceso para el hermano país, que ve en libertad y con indignación a uno de sus mayores verdugos, sino para toda América latina, ya que su libertad significa una interpelación y una cachetada directa al sistema interamericano y a su jurisprudencia, replicada en muchos países, como Argentina. Aún hoy cientos de mujeres esterilizadas por la fuerza no consiguen que se reconozca el crimen que han padecido en sus cuerpos por la dictadura de Fujimori, como denuncia AMPAEF.

La libertad de Fujimori está lejos de representar un acto aislado. Se enmarca dentro de un proceso de degradación institucional que viene viviendo el Perú desde la inconstitucional destitución del presidente Pedro Castillo, arbitrariamente preso hace más de un año: no han encontrado una sola prueba en su contra. Todas las acusaciones resultaron falsas. Aun así, Castillo sigue preso. Y Fujimori, cuyo indulto Castillo se negaba a instrumentar o autorizar, está libre. 

Castillo derrotó en el balotaje presidencial Keiko Fujimori, hija del dictador, ahora liberado. Fujimori acaba de constituirse en "garante" de la continuidad del actual gobierno hasta 2026, cuando vence el mandato de Castillo. Hasta 2026 vencen las concesiones de recursos naturales de la época de Fujimori, que Castillo ya había anunciado que no iba a renovar. Por eso Castillo fue ilegalmente destituido. Su prisión es una infamia para todo el sistema internacional de justicia. Y un severo llamado de atención para los gobiernos progresistas de toda América latina. 

Castillo no está preso por haber dado un discurso. Castillo está preso porque no quería negociar nada con el fujimorismo, que ha cooptado una a una todas las instituciones del Perú, incluyendo el penoso tribunal constitucional, que no ha dicho aun una sola palabra sobre la ilegalidad con la que fue instrumentada la vacancia presidencial contra Castillo por supuesta” incapacidad moral" del presidente. Quienes votaron esa incapacidad fueron muchos partícipes directos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Fujimori, ahora liberado. El reino del revés jurídico.



Mas allá de esta incoherencia ética, el proceso contiene innumerables incoherencias formales, jurídicas. Se ha violado el debido proceso. La vacancia se llevó adelante violando la inmunidad, el derecho de defensa y los pasos formales requeridos por la Constitución para vacar a un presidente. Nada de lo que prevee la constitucional para estos casos fue respetado. Por eso la vacancia es nula. La detención de Castillo es arbitraria. Esta conclusión no es un capricho de la defensa. Es la única conclusión posible de una mera y desapasionada subsunción normativa. No es una discusión política. Es una cuestión técnica procesal sencilla. Vale para Castillo y para cualquier otro presidente. Hoy le toca a Castillo. Mañana le puede tocar a cualquier otro presidente. Arévalo, Petro, AMLO, o Xiomara. Se trata de preservar los procedimientos constitucionales.

En solo pocas semanas se han aprobado en Perú 3 iniciativas de enorme impacto: una ley que facilita la deforestación de la amazonia peruana, una norma que permite remover –invadir- la junta nacional de justicia, coaccionando y medrando contra la poca imparcialidad de los magistrados, y una iniciativa reciente para amnistiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Fujimori por cualquier agente del ejército. Esta última iniciativa se suma al indulto instrumentado contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por eso el Congreso peruano proyecta abandonar el sistema interamericano. Darle la espalda, otra vez. No es la primera. ("Apuran ley de impunidad para delitos de lesa humanidad cometidos durante el fujimorismo", titula el Diario La República el 14 de marzo)



Perú está cada vez más lejos de la senda democrática y del estado de derecho. El régimen actual gobierna en alianza con Fujimori, "garante" de su continuidad, pero Boluarte, que designó en Ginebra a su renunciada canciller para bloquear allí cualquier denuncia, ganó con Castillo derrotando al fujimorismo. Esa alianza espuria configura pues, como sostiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un fraude político y no solo jurídico a los millones de electores campesinos que eligieron a su primer presidente rural de la historia. Cuesta creer el nivel de retroceso jurídico e institucional que está viviendo el Perú. También cuesta creer la inacción o el silencio de los organismos regionales e internacionales encargados de velar por la legalidad y la democracia constitucional

Hay que romper el silencio. No se puede ocultar la gravedad de lo que sucede en Perú. No se puede seguir mirando para otro lado. Se criminaliza la protesta. Se facilita la censura. Se persigue el disenso. Hay libros académicos, de derecho penal alemán, prohibidos. El Congreso aprueba la bicameralidad, cuando en un referéndum la propia población votó, en 2020, lo contrario: la unicameralidad. El Congreso, que vacó en forma ilegal a Castillo, violando su propio reglamento y con cinco votos menos de los que exige la ley (algo que reconoció en una audiencia judicial el procurador del Congreso), gobierna de espaldas al pueblo.



Castillo no estaba equivocado en su denuncia: la fiscalía, que tanto lo hostigaba a él y a su familia (fue el primer presidente en ejercicio a quien le requisan el palacio presidencial, a ningún otro presidente le hicieron eso en toda la historia, a Castillo sí, porque es un indio) fue suspendida por liderar, la fiscal misma, una organización criminal. La fiscal mintió para ganar un concurso. Nada de eso fue tenido en cuenta. Esta es la organización criminal que inició el proceso de destitución de Pedro Castillo, violando, en la vacancia, tres artículos de la Constitución y el reglamento del Congreso. La vacancia es nula tanto por la forma procesal como porque ninguno de los tipos penales (rebelión, ni conspiración) se configuran. No han encontrado una sola prueba en su contra.

La destitución es ilegal y la detención, arbitraria. Castillo es el único presidente legítimo del Perú. Si lo quieren vacar, primero lo deben suspender. Y la suspensión solo puede ser la consecuencia de un juicio político conforme a derecho. Algo que hasta ahora Castillo no tuvo. Hablando con rigor jurídico, Castillo aun no fue "vacado". Fue "removido" de manera ilegal, violando sus derechos y el procedimiento establecido en la Constitución para destituir un presidente. Sea un indio. O no. La Constitución no dice nada al respecto. La Constitución peruana no dice que los indios tengan menos derechos. Aunque de la práctica procesal se desprenda la doble vara. No es lo mismo ser un maestro pobre de Cajamarca que ser la hija de Fujimori. Aun así, el pueblo, cuando tuvo que decidir, eligió al primero. No a la segunda, que gobierna actualmente junto a su padre, que se erige en "garante" de la "continuidad". 

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