jueves, 23 de febrero de 2017

PERÚ: EL SIGNIFICADO DE LAS MOVILIZACIONES LIDERADAS POR LA CGTP.

&&&&&
LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA ANTI-CORRUPCIÓN.- EL Pueblo, la Sociedad Civil emergente, popular, plural, democrática, la Ciudadanía del Perú, representado por sus gremios Sindicales – CGTP a nivel Nacional – Magisterio Nacional, organizaciones políticas del pueblo, con una amplia participación, colectivos Sociales, Gremios Universitarios, al FIN vamos comprendiendo la dimensión de la CORRUPCIÓN en nuestro país, y como en especial en los últimos 30 años entre dictadura y  democracia representativa, liberal y electoral,(Democracia mediática. Novelada, procedimental) el virus venenoso visible e invisible de la corrupción, ha logrado penetrar, capturar todas las Instituciones – unas en su total dimensión, otras que aún pelean por sacarse de encima el dominio de distintas formas de corrupción.

Señores la CORRUPCIÖN no es solo, en la “clase política” esta generación, hoy destrozada, liquidada y en su crisis final, no es solo Odebrecht, es total, sistémica – es en toda la estructura nacional del modelo vigente hoy: El Modelo neoliberal, que en sus propias entrañas lleva consigo el virus de la corrupción, modelo que hoy a nivel mundial se debate en su crisis final. Hoy los pueblos luchamos y advertimos a las clases dominantes y sus gobiernos corruptos que la traición tiene un límite – que hoy genera una total pérdida de CONFIANZA del Ciudadano, en relación con los políticos, empresarios, medios, funcionarios y cuantos ladrones y corruptos estén metidos en este sistema, que esto se acabó y si continua llegará en momento en democracia de exigir y luchar en calles y plazas públicas, QUE SE VAYAN TODOS.

Hoy los Ciudadanos de a pie, la sociedad civil emergente, el Poder Popular Local, está “destapando la olla de la corrupción” y logran comprender la dimensión del veneno impuesto por la corrupción; este modelo vigente nos está ahogando – y si a ello sumamos las consecuencias dramáticas del cambio climático global -, consecuencias inhumanas que pone en riesgo absoluto  la vida de los pueblos del mundo, la situación realmente es para estar en alerta permanente -; por ello en protesta contra este virus que envenena, la Salud, la Educación, el bienestar social, los servicios públicos, el Deporte, los Gobiernos Regionales, Municipios, Universidades, Medios de Comunicación, la Iglesia, militares, policías, transporte, Congreso y sus Comisiones de fantasía y engaño, Ejecutivo – Gobierno y su Proyecto de Aeropuerto Chinchero y sus Adendas y las Alianzas Público-Privadas APP, pestilente realidad de la corrupción que es múltiple, compleja en su estructura, y diversa en su composición y aún más diversificada en cuanto a los personajes que intervienen o que gozan de la distribución de las coimas.

Ahora, sí hemos destapado la olla de la corrupción nacional, por eso salimos los CIUDADANOS del Perú,  Arequipa, Tacna, Puno, Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima, Junín, Pucallpa, Huánuco, Loreto, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y en general todo el Perú Profundo – y seguiremos saliendo – a decirle a las clases dominantes, corruptas y sus gobiernos, que sus formas de gobernar están contaminadas por la corrupción tienen un límite, - el escenario nacional huela a podredumbre - porque seguiremos luchando en las calles y plazas públicas - que es nuestro hogar democrático – si no hay una Política de Estado para acabar con este veneno, nuestra protesta social irá hasta el final: QUE SE VAYAN TODOS, por corruptos, ladrones, farsantes y traidores a la Patria. Pablo Raúl. Viernes 17 de febrero del 2017.

/////




PERÚ: EL SIGNIFICADO DE LAS MOVILIZACIONES LIDERADAS POR LA CGTP.

*****

Durante el fujimorato, 1,800 millones de dólares se evaporaron por corrupción comprobada por el equipo de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Valentín Paniagua. En dicho gobierno, los expertos internacionales estiman que al menos US$6,000 millones se perdieron como consecuencia de la corrupción

Gustavo Guerra García.

Otra Mirada. ALAI miércoles 22 de febrero del 2017.


La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha contra la corrupción y contra la impunidad. Yo me adherí a esa marcha como muchos y lo ocurrido me anima a decir lo siguiente:

En el mundo y en el Perú existe la pequeña corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la logística policial que no tenemos, etc.

Históricamente, la gran corrupción se ha registrado en varias privatizaciones, en compras o ventas de armas, en los grandes proyectos de riego, en las grandes carreteras o en algunos sistemas de transporte como Metros o Aeropuertos. En los últimos 35 años, tenemos registro de la corrupción de la gran obra desde el primer gobierno de Alan García con Chavimochic y Charcani V. En estas dos obras, ejecutadas por Odebrecht, hay pruebas de sobornos en Brasil con registro de depósitos al ex presidente de INADE, el señor Jorge Ramos Roncero, ocurrido durante el primer gobierno de Alan García. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución de la Línea 1 del metro, que en ese entonces se denominaba Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti, que era el Maiman de aquellos tiempos. La Línea 1 del Metro debe ser el único proyecto en el que se han demostrado sobornos durante 30 años. Los otros escándalos de corrupción del primer gobierno de Alan García no estuvieron vinculados a obras públicas sino a Los Mirage, los depósitos de las reservas en el BCCI, la política del tipo de cambio múltiple (dólar MUC) y otros temas que no estaban relacionados a proyectos.

Luego, durante el fujimorato, 1,800 millones de dólares se evaporaron por corrupción comprobada por el equipo de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Valentín Paniagua. En dicho gobierno, los expertos internacionales estiman que al menos US$6,000 millones se perdieron como consecuencia de la corrupción y ello convirtió al gobierno del ex presidente Fujimori en uno de los más corruptos de la historia de la humanidad.

Entre 1990 y el año 2001, se firmaron 30 contratos de los 67 contratos firmados por Odebrecht con entidades públicas peruanas y 35 más (firmados por el gobierno nacional y entidades subnacionales) se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó gastos en armamento cuantiosos gastados después del conflicto con el Ecuador, algunas privatizaciones que desnacionalizaron la economía estuvieron asociadas a corrupción y también se registraron obras sobredimensionadas como la presa de Cucho quesera (ejecutada por Odebrecht) en Ayacucho en donde cada hectárea irrigada costó US$50,000 dólares cuando el valor de mercado de las mejores tierras del Perú estaban en ese entonces en US$7,000 dólares: US$43,000 dólares de pérdidas en un solo proyecto ejecutado durante el fujimorismo por Odebrecht. Una muestra de un sobredimensionamiento generado en un proyecto de riego.

Luego de unos pocos años de purificación temporal con Valentín Paniagua y el inicio del gobierno de Toledo, el poder corruptor de las empresas brasileras logró que el gobierno del Perú pase de las obras a las Mega Obras. El punto de inflexión fue la Interoceánica del Sur. Una obra en la que se mintió al país con beneficios falsos para la carretera. Se inventó que aumentarían las hectáreas cultivables de 90,000 a 180,000 sólo como consecuencia de la carretera y que la rentabilidad promedio sería de 85%. Con esas mentiras se inflaron US$600 millones de dólares de beneficios para justificar una obra en concreto asfáltico, que es el tipo de solución más cara para una carretera. Para ocultar que el estudio de factibilidad era mentiroso se exoneró el proyecto vial del Sistema de Inversión Pública. Esa fue la primera obra vial que se exoneró del SNIP. Una decisión que no es ilegal, pero que desencadena otras decisiones que tampoco eran ilegales, pero que ponen al Estado y a la sociedad peruana en una posición de indefensión. Luego el gobierno decidió licitar, por primera vez, una Carretera sin estudio definitivo de ingeniería. Eso encarecía la formulación de las ofertas y reducía la competencia. Se licitó sólo con tramos muy grandes que generaba que las empresas nacionales no puedan competir con las brasileras. Se licitó a velocidad de crucero perjudicando la competencia. Como consecuencia de lo anterior no hubo competencia y sólo se presentó un postor. Se licitó a menor subsidio, pero como nadie sabía cuánto costaba la obra, se incluyó una clausula en el contrato que establecía que el presupuesto de las obras dependería de los estudios definitivos de ingeniería que elaborarían los ¡concesionarios! y que revisaría, posteriormente, OSITRAN. Esto permitió que las obras pasen de US$890 millones a US$2,300 millones durante el gobierno de Alan García a través de múltiples adendas. Al no tener estudios definitivos de ingeniería, no hubo estudio de impacto ambiental antes de la firma de contrato. Menos evaluación estratégica ambiental. Las pérdidas para la sociedad equivalen a US$1,700 millones y las sobre-ganancias de los constructores ascienden a US$340 millones. La obra de la Interoceánica del Sur tenía un tráfico muy bajo y bastaba con unos US$600 millones para edificarla con pavimentos económicos.




12 años después el único bosque de la selva no desforestado el 2005, es el reino de la tala ilegal, la minería ilegal y la trata de personas. Una lástima haber desaprovechado una oportunidad de utilizar esos recursos para definir intervenciones que hubieran cambiado el paradigma de desarrollo de la selva.

La interoceánica del Sur no estaba en las prioridades del MTC. No estaba en el Plan 2006-2023. Debieron hacerse primero IIRSA Centro e IIRSA norte, pero fueron postergadas porque costaban menos que la Interoceánica del Sur (aunque tenían mucho más impacto económico).

A finales del gobierno de Toledo se dio una Ley con nombre propio cambiando las causales de impedimento para contratar con el Estado (aprobada por la Comisión Permanente) y volando los límites de endeudamiento. Eso permitió que Odebrecht pueda firmar la Interoceánica del Sur, IRSA Norte, IIRSA Centro, Olmos, Línea 1 del Metro etc. Esto generó un cambio. Nadie en el Perú antes del 2005 había logrado tener contratos por entre US$3,000 y US$4,000 millones. El volumen de estos contratos genera que se produzca un enorme cambio de poder. Esos recursos que nadie tenía en el Perú de forma concentrada en fechas previas provocaron que muchas de las firmas de ingeniería, estudios de abogados, medios de comunicación, comunicadores y empresas constructoras nacionales se articularan a este nuevo poder como proveedores o socios en consorcios. Los que señalamos los problemas de las decisiones que pusieron en posición de indefensión al Estado fuimos aislados laboral y mediáticamente y en mi caso, además, declarado persona no grata en Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa con avisos pagados a toda página.

Todas las decisiones irregulares y que ponían en posición de indefensión al Estado fueron señaladas desde la izquierda –principalmente por el PDS, germen de Fuerza Social- desde el 2005 y estuvieron sobre la superficie. No requerían más investigación que mirar las bases y el modelo de contrato. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las Comisiones del Congreso no hicieron nada efectivo en 11 años.

Las decisiones de política pública eran tan equivocadas que no es extraño que hoy sepamos que fueron lubricadas por un sistema de coimas que se conocen hoy por la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y fiscalías de otros países. Pero, por mucho, tiempo no existieron las pruebas que hoy sí tenemos desde el 2014 gracias a los sistemas judiciales de Brasil, Reino Unido, Suiza y EE.UU.

Esta es una BUENA época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años yo no pensé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras con sentencias de más de 15 años. El crecimiento depende del tamaño de la inversión y del retorno de la inversión. Proyectos como la Interoceánica del Sur que han costado mucho más que sus beneficios generan una reducción de las oportunidades para todos los peruanos y un achicamiento del bienestar. Decenas de miles de empleos se pierden en todas las obras que se dejan de hacer por la corrupción.

El gobierno del Perú ha dado decretos que señalan que las empresas brasileras deben pedir permiso al Estado peruano para vender sus activos. Tardía y débil decisión. La norma llega muy a destiempo pues el alcalde de Lima ya autorizó la venta del 100% de la concesión de OAS y del 77% de las acciones de la concesión de Odebrecht. Y, además debe decirse que se han hecho varios cambios ilegales sólo para facilitar las ventas de los concesionarios brasileños. A Lima el alcalde actual le ha quitado obras como Río Verde en el Rímac, Intercambio Vial Canta Callao en Los Olivos, Los Viaductos entre San Juan de Lurigancho y el centro Histórico y el viaducto de la Separadora Industrial (La Molina), que ya estaban en los contratos con el único objetivo de bajar las inversiones privadas y mejorar el valor de venta para que fuguen los capitales brasileros hacia su país en donde a Odebrecht si le exigen reparaciones grandes de alrededor de US$3,000 millones.

El Perú merece un enorme plan de reparaciones por las pérdidas sociales que han ocasionado las empresas brasileras que han sobornado funcionarios. Por ello, debe decirse que están dadas todas las condiciones políticas y jurídicas para el embargo de todos los bienes, cuentas y activos de estas empresas como viene ocurriendo en todos los países afectados menos el Perú. Y como ni la fiscalía ni la procuraduría se lo ha solicitado al Poder Judicial, sólo nos quedan el pueblo organizado, la CGTP y los ciudadanos del Perú para reclamar. Esa es una de las razones por las que la marcha terminó en el Poder Judicial. Por eso, apoyo la movilización convocada por la CGTP que ha tenido la adhesión de las organizaciones políticas de izquierda y seguiré apoyando y participando en sus convocatorias.

Quiero terminar diciendo que hoy tenemos un presidente preso y 3 presidentes más están en riesgo de terminar presos. Pero al lado de estos problemas, hay peruanos que en su actividad política actuaron con total integridad personal como José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y Víctor Raúl Haya de la Torre. En tiempos más recientes, Fernando Belaunde, Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar demostraron su integridad de forma plena. Otros peruanos íntegros que, además, siguiendo la estela de Mariátegui tuvieron el valor de enfrentarse a los poderosos y siempre estuvieron del lado del pueblo son: Horacio Zeballos, Jorge del Prado, Alfonso Barrantes y Javier Diez Canseco. Y creo que sobre el ejemplo y el legado de estos cuatro líderes, la CGTP edifica un segundo piso de ciudadanía en momentos difíciles para la patria. Y con esto cierro diciendo que por cada político que cayó en las redes de la corrupción hay miles de peruanos esforzados y muy trabajadores que son personas honestas y resueltas a defender los intereses de la Nación. Creo que hoy las movilizaciones que convoca la CGTP nos devuelven la fe en el destino del Perú y de los peruanos. Nos vemos el 14 de marzo en la Plaza 2 de mayo.


*****

miércoles, 22 de febrero de 2017

MÉXICO, RUMBO AL PRECIPICIO FINANCIERO.

&&&&&


“No está mal el gesto de Peña de preguntar si tuviera correspondencia con el afán de consultar, pero si negó con argucias legales ese derecho constitucional para imponer la reforma energética, resulta un despropósito formular la interrogante sobre hechos consumados que produjeron más de un millar de encarcelados, al parecer tres muertos y cientos de comercios asaltados por turbas generalmente ajenas al hambre y no mal coordinadas y dirigidas, tanto que las fuerzas del orden, incluida la Marina que en Veracruz disparó al aire dentro de un supermercado, tardaron 72 horas para controlar las acciones vandálicas sin precedente en un siglo. Está muy bien que el maestro en administración de empresas explique las razones socioeconómicas de una decisión pospuesta durante años, incluido el gobierno de Felipe Calderón al que como gobernador del estado de México Peña Nieto aplaudió sin reservas. Pero su capacidad explicativa “racional”, ajena a las “emociones”, elude que las refinerías propiedad del Estado trabajan al 40 por ciento de la capacidad instalada y también quiénes son los funcionarios beneficiados con el fabuloso negocio de la importación de gasolinas de Estados Unidos. “El moche” es institución intocada y en el sexenio alcanzó ya 70 por ciento del costo de un contrato en operación realizada entre particulares y una dependencia vinculada a Gobernación. Conste que no tengo nada en contra del precandidato Miguel Osorio ni de ningún otro, esa aspiración es de él y de otros, pero que no asalten al país a la luz del día, como los vándalos, y desde los tres niveles de gobierno, pues así México va directo al precipicio más temprano que tarde. Salvo que la sociedad lo impida, pero no sé si a tiempo”.

 “Sin embargo, el discurso “racional” no es convincente cuando una y otra vez se ordena la cadena nacional al muy disciplinado oligopolio mediático y sus figuras estelares se regodean con resúmenes y “análisis”. Y luego el secretario de Hacienda descubre que “las incomprensiones” por el gasolinazo, el amplio rechazo ciudadano, es de naturaleza comunicacional. Mas resulta inaceptable el afán de Enrique Peña por colocar en el mismo plano la protesta social y las acciones vandálicas. Dijo sin ruborizarse:

“No es a través de la protesta ni del vandalismo, ni del robo ni de tomar hoy esta actitud como habrá de cambiarse la realidad. Y sin darnos cuenta, más la descomponemos, porque el mundo nos ve así. A final de cuentas, o proyectamos como mexicanos un rostro de confianza en nuestro país o el mundo empieza a desconfiar de nosotros, y eso se vuelve todavía más crítico.”

Es decir, para que la plutocracia de la aldea decida invertir más en México, no debe ejercerse el derecho de manifestación. Y qué decir de las críticas a los partidos y organizaciones por “pretender sacar ventaja de la inestable condición social”. Ni idea tiene Peña sobre para qué son los institutos políticos, aparte de para firmar el Pacto por México y suscribir alianzas con el Revolucionario Institucional”. Fuente. ¿Qué, Hubieran hecho Ustedes?. ALAI.

/////


Indignante, el "enemigo" N°1 hoy de México, invitado en pleno proceso electoral, a Palacio de Gobierno, por el propio Presidente Peña Nieto.
***



MÉXICO, RUMBO AL PRECIPICIO FINANCIERO.
*****

Ulises Noyola Rodríguez.

Revista Globalización enero del 2017.


Al cierre del cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública de México alcanzó un máximo histórico de 9.38 billones de pesos, monto equivalente a 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación pone de manifiesto la crisis estructural que padece la economía mexicana, agudizada a raíz del estallido de la crisis global en septiembre de 2008.

Desde mediados de 2014, las finanzas públicas fueron afectadas por la caída del precio del petróleo y el nivel de producción de Petróleos Mexicanos, ambos factores disminuyeron la participación del sector petróleo en el gasto público de 40 a 13% entre 2008 y 2016, con lo cual, se puso en riesgo el financiamiento de la inversión pública, el presupuesto de los estados y los programas sociales[1].

Frente a la debacle, el gobierno mexicano decidió apostar por el endeudamiento público, principalmente a través de la emisión de deuda interna (67% de la deuda pública), que se contrata con acreedores nacionales y se liquida en pesos mexicanos, lo cual disminuyó la vulnerabilidad externa ante una restricción del financiamiento externo denominado en dólares[2].

Sin embargo, la emisión de deuda pública no sirvió para impulsar el crecimiento económico sustentado en una mayor inversión pública, sino que las entidades estatales con un mayor nivel de endeudamiento público estuvieron caracterizadas por tener gobiernos con altos índices de corrupción (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz)[3].

La falta de supervisión del gobierno mexicano sobre la deuda pública permitió el endeudamiento excesivo de las entidades estatales, sin comprobar la canalización de los fondos recaudados para el financiamiento de proyectos de infraestructura, que evitaran su uso inadecuado auspiciado por la corrupción de los gobernadores estatales.

Uno de los casos más dramáticas es Veracruz, entidad que fue recientemente declarada en emergencia financiera debido a la incapacidad de la administración estatal de cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y servicios de sus funcionarios públicos; esto pone en evidencia las graves consecuencias derivadas de la adquisición de un elevado nivel endeudamiento público bajo un contexto político plagado de corrupción[4].

Por otra parte, para el gobierno mexicano será cada vez más difícil encontrar condiciones accesibles de financiamiento a través de costos reducidos en los mercados nacionales debido a la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, situación que ha provocado cinco incrementos de la tasa de interés de referencia por un total de doscientos cincuenta puntos base por parte del Banco de México durante 2016.
 




Destapan otra enorme mancha de corrupción del gobierno de Peña Nieto.
***



De esta manera, el aumento sistemático de la tasa de interés de referencia del Banco de México que se situó en un nivel de 5.75% en diciembre de 2016, elevará aún más el costo del financiamiento del gobierno mexicano en los mercados financieros; la situación será cada vez peor toda vez que se esperan tres aumentos más de la tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal para el año 2017.

Las condiciones adversas de financiamiento para el gobierno mexicano ya se ha hecho sentir en la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2017 por una cantidad de 240,000 millones de pesos, que afectó seriamente la disponibilidad de recursos de varias dependencias estatales (Petróleos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud)[5].

La perspectiva de la economía mexicana es desfavorable ya que se prevén mayores ajustes en el sector público que todavía tuvo un déficit primario de 217,570 millones de pesos (1.3% del PIB) en 2015, que se espera convertir en un superávit primario de 73,800 millones de pesos (0.4% del PIB) con el fin de fortalecer la confianza de las finanzas públicas en los mercados financieros en 2017[6].

La restricción de financiamiento público por parte de las autoridades estatales se realiza en un contexto crítico para la economía mexicana luego del triunfo electoral del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate se comprometió a construir un muro fronterizo que sostiene, será financiado por el gobierno mexicano, además de llevar a cabo una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante los primeros meses de su mandato.

La negociación para reformular los términos del TLCAN corre el riesgo de desencadenar aún más incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre Estados Unidos y México. El panorama es muy amenazante ante la posibilidad de reducir la inversión privada de origen estadounidense hacia la economía mexicana, situación que no haría sino apuntalar las tendencias recesivas sobre México ante la ausencia de un estímulo fiscal.

El desarrollo de las negociaciones sobre el TLCAN podría resultar grave para la economía mexicana, puesto que la proyección de crecimiento del PIB se encuentra actualmente en 1.9% para el próximo año, mientras que un caso adverso de las negociaciones podría suscitar una caída de 2.7 % del PIB en 2017 [7], de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.

Por añadidura, si Donald Trump hace realidad algunas de sus amenazas en contra de México (congelamiento de las remesas, aplicación de un arancel de 35% sobre las exportaciones mexicanas, salida de Estados Unidos del TLCAN), provocará una salida abrupta de capitales, situación que reducirá considerablemente el margen de maniobra del gobierno para apoyar la actividad económica por medio del endeudamiento.

La perspectiva negativa de las calificadoras de crédito internacionales (Fitch, Standard & Poors, Moody’s) sobre la economía mexicana a partir del triunfo electoral de Donald Trump, apunta a la disminución de la nota asignada a los títulos de deuda pública por las calificadoras de crédito, lo cual se traducirá en mayores ajustes en el sector público a fin de conseguir un saldo positivo en las finanzas públicas en 2017.

En conclusión, el porvenir de la economía mexicana se vislumbra bastante negativo tras el triunfo electoral de Donald Trump, que indudablemente causará estragos para las finanzas públicas de México, pero solamente mostró la vulnerabilidad de la economía nacional derivada de la desarticulación del sistema productivo, la corrupción y nuestra extrema dependencia de la economía de Estados Unidos.

- Ulises Noyola Rodríguez es colaborador en la División de Estudios de Posgrado de Economía en la UNAM.


Notas.- 

[1] El Economista. Ingresos petroleros tocan mínimos, solventan sólo 13% del gasto público. Fecha de publicación: 19/06/2016.
[2] Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Análisis y Evolución de la Deuda Pública. Fecha de publicación: 21/06/2016.
[3] Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas. Fecha de publicación: 01/04/2016.
[4] El Financiero. Veracruz declara emergencia financiera. Fecha de publicación: 12/12/2016.
[5] El Financiero. Hacienda propone otro recorte por 70 mmdp en 2017. Fecha de publicación: 09/09/2016.
[6] Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fortalecer economías y apoyar inversión, prioridad internacional en 2017. Fecha de publicación: 02/12/2016.
[7] El Economista. CEPAL recorta expectativas de crecimiento para México a 1.9%. Fecha de publicación: 14/12/2016.

*****