lunes, 23 de octubre de 2017

¿DE QUÉ VAN LAS REFORMAS LABORALES?. Menos y peor empleo.

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AMÉRICA LATINA, las Reformas laborales conseguidas en los últimos tiempos por los trabajadores organizados, representados por sus SINDICATOS, hoy están en serio peligro de ser evaporados, desmantelados, liquidados por el retorno de los gobiernos de la derecha político-empresarial neoliberal - estamos viendo en vivo y en directo, como son borrados de un plumazo, las reivindicaciones conquistadas por los trabajadores y como se está precarizando el trabajo, derechos y reivindicaciones que no fueron reforzados, consolidados por POLÍTICAS DE ESTADO, situación real y objetiva que se dejó - la mesa con mantel bien puesto - sin protección, - sabiendo que en el misma habitación merodeaba una “banda de asaltantes”, negociantes, aventureros y oportunistas que utilizan la Política que sus mezquinos intereses de clase, antes de tener una mirada nacional en relación, no a destruir los derechos de los trabajadores - sino a reforzarlos - con el objetivo de entrar en un proceso de alta COMPETITIVIDAD, contando con una base de trabajadores con sus derechos sociales vigentes - asumir acciones de CAPACITACIÓN - pero esta propuesta jamás la asumirían las clases dominantes - por su clásica conducta de negociar con el propio Estado, nuevos y variados métodos de “esclavización laboral”, es decir, cortando, liquidando los derechos de los trabajadores - la recuperación, la salida a la gran-crisis que ellos mismos son los responsables, consideran que deben estar por las acciones de precarizar las condiciones sociales de los trabajadores.

 


Uno de los mejores resultados - vigentes en toda su extensión salvaje e inhumana - de la globalización neoliberal - hoy en "crisis final" - es tener en su propia estructura sistémica más de mil millones de "NUEVOS ESCLAVOS ASALARIADOS DEL SIGLO XXI", la JUVENTUD, producto de un modelo mundializado de la Deslocalización Empresarial, trabajadores a quienes se les niega en forma absoluta desde el Estado y las mega empresas transnacionales del capital corporativo global, todos los Derechos Sociales - laborales - . Un mundo negro y esclavizado de generaciones de Jóvenes en condiciones de absoluta PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO.
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Obviamente, conocemos que en el epicentro de un escenario mundial propio de la gran-crisis del 2008 y sus consecuencias económico-sociales y políticas - que básicamente son recargadas, destruidas -cuando existen derechos sociales de los Nuevos trabajadores - la JUVENTUD a nivel global  está siendo sometida a fornas esclavistas de explotación salarial - trabajo totalmente PRECARIZADO . y a pesar de los años de vigencia del modelo de DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL y la propia POLI-CRISIS DEL SISTEMNA, aún no se ha encontrado un camino, una alternativa para salir del inmenso atolladero neoliberal. Los gobiernos neoliberales de América latina - Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia, Chile, etc. - consideran dentro de sus Políticas de Gobierno y los intereses de clase que representan, que son los derechos sociales - para comenzar - de los trabajadores, los que tienen que ser Reajustados - una REFORMA - que limpie, que liquide para siempre aquellos derechos alcanzados en una etapa donde el “Populismo izquierdista” - como manifiestan los “teóricos y Opinologos”  de la Derecha política latinoamericana - son precisamente hechos y acontecimientos que no generan confianza en el empresariado - según ellos - para ser altamente COMPETITIVOS - en un mundo propio de la globalización neoliberal - que hoy se encuentra en crisis y con serias consecuencias estructurales - crisis producto de sus propias armas y mecanismos - que utilizó contra el sistema mundo vigente - la crisis estructural del “viejo” capitalismo industrial - hoy se revierte en su contra como virus incrustado que lo está destruyendo - pero sin embargo, se dan tiempo -para seguir atacando y destruyendo - si aún queda lago - de los derechos sociales y laborales de los trabajadores.

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¿DE QUÉ VAN LAS REFORMAS LABORALES?.
Menos y peor empleo.


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Luis Salas Rodríguez.

CELAG.

Lunes 23 de octubre del 2017.

En respuesta a una solicitud de la principales centrales sindicales de Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), convocó para el 23 de octubre próximo en Montevideo, Uruguay, una audiencia pública sobre la reforma laboral promovida por el gobierno de facto de Michel Temer y aprobada por el congreso brasileño a mediados de este año.

Por más que la OEA sea una instancia desacreditada a la hora de tratar conflictos regionales, y por más que quepa depositar pocas esperanzas en su accionar dada su complicidad tanto con el golpe de estado brasileño como con los factores de poder económico que lo impulsaron -que son los mismos que están tras esta reforma-, no se puede pasar por alto la importancia de esta convocatoria. No solo por lo que, en estricto sentido, concierne a los trabajadores y trabajadoras de Brasil; sino también porque dicha reforma afecta a los trabajadores y trabajadoras del resto de los países de la región.

Considérese el siguiente dato: según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), durante 2016, unos 132 países enfrentaron “presiones/discursos de necesidad de ajuste fiscal” y 105 realizaron, en consecuencia, reformas laborales y a sus sistemas de pensiones. En todos estos casos los perjudicados fueron los trabajadores y trabajadoras, quienes salieron de dichas “reformas” con menos derechos, estabilidad e ingresos.

Una de las más recientes y sonadas fue la promovida en septiembre pasado por el presidente francés Emmanuel Macron, en medio de violentas protestas de los sindicatos que sacudieron París. Sin embargo, desde España hasta Puerto Rico, pasando por Colombia, México o Grecia, con mayor o menor intensidad, bien por la vía de hecho o bien la de derecho, la misma ofensiva contra los trabajadores se ha venido imponiendo en los últimos años.

En lo que tiene de fundamental, esta oleada de precarización laboral es la consecuencia a largo plazo de la consolidación de un diseño institucional global que ya avanza hacia su cuarta década, basado en impulsar la competitividad y la productividad de las economías y las empresas, no mediante la promoción de la innovación tecnológica, el combate contra los monopolios o las malas prácticas corporativas, sino poniendo a competir a los trabajadores entre ellos a ver quién gana menos o queda más precarizado.

Esto lo explicó muy bien en una nota de 2015 para CELAG el economista argentino Guillermo Oglietti:

el diseño institucional de la llamada “globalización” desencadenó una competencia salarial desleal de carácter internacional. Con el modelo de economías más cerradas de la postguerra, tanto los trabajadores como las agencias reguladoras (ministerios del trabajo, etc.) tenían mayor capacidad para establecer los salarios en niveles compatibles con el interés común y la voluntad democrática. Incluso, si no había sindicatos, los trabajadores influían sobre las decisiones políticas a través del voto. Y así fue como los pueblos con frecuencia consiguieron que las agencias reguladoras representasen los intereses de los trabajadores.




Pero este diseño fue herido de muerte por la globalización neoliberal. El nuevo sistema permitió que las empresas de desplacen por el globo buscando reducir sus costos, en especial los laborales. Y lo consiguieron plenamente porque ni el poder sindical ni la capacidad regulatoria del Estado, pudieron globalizarse de la misma forma.

Así las cosas, como es sabido, bajo este esquema las empresas y capitales están hoy habilitados para moverse a lo largo y ancho del mundo buscando abastecerse de las materias primas e insumos más baratos, de suerte que si un país cuenta con una legislación o institucionalidad proteccionista en materia laboral, el sistema crea el incentivo para la competencia salarial desleal. En consecuencia, el gobierno de dicho país tanto como sus trabajadores, quedan expuestos al chantaje de los célebres “inversionistas” (tanto locales como extranjeros), quienes obligan a los primeros a precarizar a los segundos, y su vez, a los segundos a aceptar pasivamente la precarización, so pena de quedarse sin empleos y sin nada cuando los capitales en cuestión se marchen a otros país que sí lo hizo o se nieguen a venir al suyo hasta tanto la reformas no se hagan.

La competencia salarial desleal es análoga, en este sentido, a lo que ocurre con las devaluaciones y las llamadas guerras monetarias, a través de las cuales bajo la misma excusa de aumentar la competitividad, se fuerza a la baja el peso de los salarios en la distribución de ingreso y los costos corporativos. En la medida en que un país lo hace –es decir, devalúa- el resto se ve presionado a hacer lo mismo para seguir siendo “competitivo”, desencadenándose un espiral devaluacionista cuyos platos rotos pagan los ciudadanos de dichos países.

Así las cosas, en el momento mismo en que el congreso brasileño aprueba el proyecto precarizador de Temer, no solo establece un cúmulo de derechos y garantías que los trabajadores y trabajadoras de Brasil deben perder para “seguir siendo competitivos”, sino además un nuevo rasero mediante el cual tanto ellos como sus pares regionales y del mundo serán medidos. Es decir, si el costo que han tenido que pagar los trabajadores y las trabajadoras brasileñas para seguir siendo atractivos a la explotación de los empresarios –que es lo que en el fondo significa “ser competitivos- es perder el derecho a la sindicalización, tener que trabajar jornadas de 12 horas, desproteger el embarazo y la lactancia, etc., entonces los trabajadores de los países vecinos deben sacrificar más derechos aún.

En los tiempos que corren, tras el derrape financiero de 2008 y la consiguiente paralización del comercio global causante de una fuerte restricción externa para nuestras economías periféricas, la fórmula encontrada para “reanimar” los mercados es explotar a los trabajadores al máximo, apoyándose para ello en lo ya consolidado tras la globalización neoliberal de principios de los 80. Lo paradójico de este asunto es que esta fórmula es exactamente la misma que trajo a la economía global a la situación en que se encuentra. Tras la primera oleada neoliberal a comienzos de los 80, hubo que recurrir al endeudamiento privado como mecanismo para no deprimir el consumo, que es la consecuencia lógica de la depresión salarial. Este modelo se hizo insostenible en 2008, cuando estalló de la burbuja de las hipotecas. Ahora, para esta segunda gran oleada, se desea avanzar sobre lo que dejo la primera y lo que se pudo reconstruir durante la Década Ganada. Ya el gobierno peruano anunció que reformará su legislación laboral para no rezagarse Mauricio Macri con respecto a la brasileña.

Lo propio anunció Mauricio Macri en Argentina, también lo exigen los empresarios en Uruguay e inclusive en Venezuela, así como es esperable que sea el corazón del menú de condiciones planteadas por el FMI (Fondo Monetario Internacional) al gobierno ecuatoriano tras su reunión pautada para noviembre próximo. En determinado momento, todos los países de la región estarán compitiendo entre sí para ver quién remata mejor a sus trabajadores y trabajadoras ante el altar del neoliberalismo recargado del siglo XXI, tan solo para descubrir tempranamente que eso del ajuste expansivo es una quimera ortodoxa con resultados desastrosos en la vida real.

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Luis Salas Rodríguez, @salasrluis76, investigador CELAG.

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domingo, 22 de octubre de 2017

RAJOY INTERVINO EL AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA..- BARCELONA: “RAZÓN, DIGNIDAD Y PACIENCIA”. EL GOBIERNO CATALÁN SERÁ REEMPLAZADO Y EL PARLAMENT, CON PODERES LIMITADOS.

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OPINIÓN DE LOS LÍDERS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN. PABLO IGLESIAS. “PODEMOS” Y PEDRO SÁNCHEZ, “SOCIALISTA”.-. “Es un día terrible. Se ha suspendido la democracia en Cataluña. Se han roto los pactos del 78”, destacó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa tras conocerse las medidas propuestas por Rajoy. “El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España” fue, por su parte, la reacción en Twitter del líder de la formación izquierdista, Pablo Iglesias. A la lluvia de críticas que desde el minuto siguiente al anuncio de la intervención le cayó al Partido Popular se sumaron todos los grupos independentistas y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien lamentó que Rajoy haya suspendido “el autogobierno de Cataluña por el cual tanta gente luchó”.

El partido socialista, en cambio, no duda que la aplicación del 155 es lo correcto si se quiere “hacer frente a la situación de inestabilidad política institucional, ante la amenaza de una declaración unilateral de independencia, situándose en la legalidad y la convivencia”, tal como lo expresó su secretario general, Pedro Sánchez, minutos antes de la comparecencia de Rajoy. “El PSOE ha decidido apostar por la Constitución, como ha hecho siempre en toda la etapa democrática”, se justificó a la vez que intentó marcar cierta distancia con el PP, con quien, afirmó Sánchez, tiene “profundas discrepancias sobre el modelo territorial, pero sobre la integridad territorial de España, ninguna”. 

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El presidente Mariano Rajoy anuncia la intervención de Cataluña, que votará el viernes en el Congreso español. 
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RAJOY INTERVINO EL AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA.
Suspendió la autonomía regional al destituir al gobierno regional e intervenir el Parlamento.
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El Ejecutivo central aplica el artículo 155 en su vertiente más dura: destitución y control desde Madrid del Parlamento y las Consejerías. Rajoy quiere elecciones anticipadas y Puigdemont lo considera “el peor ataque desde Franco”.

Por Flor Ragucci.

Página/12 domingo 22 de octubre del 2017.

Desde Barcelona

Mariano Rajoy anunció la destitución del actual Govern de Cataluña y la restricción prácticamente total de las funciones de su Parlament,  mientras aseguró que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno” de la región.

“Se cesa a las personas que han puesto a esa comunidad al margen de la ley”, afirmó el jefe del Ejecutivo español en su comparecencia después de que en el Congreso extraordinario de ministros que tuvo lugar ayer se decidiera cómo se aplicará el artículo 155 de la Constitución. “El gobierno ha tenido que aplicarlo. No era nuestro deseo. Es un artículo constitucional que sólo se aplica en circunstancias excepcionales. Pero ningún gobierno puede aceptar que se ignore la ley, se viole la ley imponiendo sus criterios a los demás”, insistió Rajoy para justificar la decisión inédita en la historia de España de intervenir la autonomía de una de sus regiones.

“La facultad de disolver el Parlament pasa al presidente del gobierno. El presidente tendrá que convocar elecciones en un máximo de seis meses, pero mi voluntad es que sea tan pronto como recuperemos la normalidad”, anunció el líder del Partido Popular (PP) como primera medida. La capacidad de convocar urnas es exclusiva del presidente de la Generalitat pero como Carles Puigdemont será destituido, junto con su vicepresidente Oriol Junqueras y sus consejeros de gobierno, Mariano Rajoy asumirá ese rol si el viernes próximo el Senado ratifica lo propuesto ayer por el Ejecutivo central (lo cual previsiblemente así será porque en la Cámara alta el PP cuenta con mayoría absoluta). Además de vetar que la presidenta del Parlamento catalán pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y que la Cámara regional celebre el debate y votación de investidura, Rajoy determinó que el Parlament tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña ni adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

“Celebrar elecciones es el objetivo que quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común: abrir una nueva etapa en la que los derechos de la gente se recuperen, así como la normalidad y la convivencia, que se ha deteriorado mucho en Cataluña”, siguió argumentando el presidente de la Nación. “En pocas horas se liquidó la Constitución española, el Estatut, se aprobó la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Todo esto fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se celebró el referéndum suspendido y todo este proceso tuvo su último punto el pasado día 10 de octubre”, relató Rajoy. “El gobierno requirió si habían o no declarado la independencia, esperando una rectificación que no se produjo. No respondieron en plazo ni en tiempo. No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron; tengo la convicción de que querían que se aplicase el 155”, afirmó el presidente español, culminando así su férrea defensa de una medida que resolvió activar en su vertiente más dura.

Desde las calles de Barcelona y desde el Palacio de la Generalitat la respuesta fue contundente. La manifestación convocada para expresar el rechazo al encarcelamiento, la semana pasada, de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se convirtió, además, en pancarta gigante contra la suspensión de la autonomía dispuesta por Rajoy. Más de 450 mil personas marcharon al grito de “ni un paso atrás”, siguiendo a los miembros del Gobierno catalán que, ante el anuncio de Moncloa, decidieron encabezar la protesta. El president Carles Puigdemont se pronunció al finalizar la intensa jornada con un duro mensaje en catalán, en español –para el resto del país– y en inglés –para toda Europa–.

“El 155 es el peor ataque a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco”, afirmó el líder catalán en su declaración institucional y solicitó al Parlament la convocatoria de un pleno esta semana para valorar las medidas de Rajoy y “actuar en consecuencia”.

Larga fue la lista de motivos que enumeró Rajoy, arropado por sus ministros, para ejecutar esta norma excepcional; “volver a la legalidad y recuperar la normalidad y la convivencia”, sus principales bazas. Pero la que él llama “recuperación económica” también ocupó buena parte de su discurso, insistiendo en que ahora, con la fuga de 1200 empresas de Cataluña durante las últimas dos semanas, “esa recuperación está en evidente peligro por las decisiones caprichosas y unilaterales de algunos”. Así es que el gobierno español enfocó también su intervención en el terreno económico, pasando a controlar –si se aprueba la aplicación del 155– todo tipo de recaudación de Cataluña.

Otras dos áreas que irán a manos del Ejecutivo central serán la de seguridad y la de telecomunicaciones. Desde el Ministerio de Interior se podrán dictar instrucciones directas “y de obligado cumplimiento a los Mossos d’Esquadra (la policía catalana)”, así como “acordar el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña” e, incluso, en caso de ser necesario, “los miembros de los Mossos d’Esquadra serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, según expresa el documento presentado por el equipo de Rajoy.

En el ámbito de los medios de información, la aplicación del 155 tampoco deja títere con cabeza, manifestando que “corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto el Gobierno de la Nación [...] garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución”. Los medios de comunicación públicos catalanes, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña quedarán, de ratificarse el viernes próximo la propuesta, también bajo el control del Poder central.

“Es un día terrible. Se ha suspendido la democracia en Cataluña. Se han roto los pactos del 78”, destacó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa tras conocerse las medidas propuestas por Rajoy.

“El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España” fue, por su parte, la reacción en Twitter del líder de la formación izquierdista, Pablo Iglesias. A la lluvia de críticas que desde el minuto siguiente al anuncio de la intervención le cayó al Partido Popular se sumaron todos los grupos independentistas y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien lamentó que Rajoy haya suspendido “el autogobierno de Cataluña por el cual tanta gente luchó”.

El partido socialista, en cambio, no duda que la aplicación del 155 es lo correcto si se quiere

“hacer frente a la situación de inestabilidad política institucional, ante la amenaza de una declaración unilateral de independencia, situándose en la legalidad y la convivencia”, tal como lo expresó su secretario general, Pedro Sánchez, minutos antes de la comparecencia de Rajoy. “El PSOE ha decidido apostar por la Constitución, como ha hecho siempre en toda la etapa democrática”, se justificó a la vez que intentó marcar cierta distancia con el PP, con quien, afirmó Sánchez, tiene “profundas discrepancias sobre el modelo territorial, pero sobre la integridad territorial de España, ninguna”. 

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Banderas y pancartas independentistas cubrieron ayer el centro de Barcelona.
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BARCELONA: “RAZÓN, DIGNIDAD Y PACIENCIA”.
Cerca de medio millón de independentistas marcharon en Barcelona
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Página/12, domingo 22 de octubre del 2017.

“Libertad”, “independencia” y “fuera las fuerzas de ocupación” fueron algunas de las consignas que más se escucharon en el centro de la ciudad, que se llenó de banderas secesionistas y pancartas en contra del artículo 155.

“Tenemos razón, dignidad y paciencia. Vamos a seguir resistiendo”. Así se expresaban Pere Solà y su esposa, Carme Martí, durante la marcha independentista celebrada ayer en Barcelona que atrajo a 450,000 personas, horas después de que Madrid anunciara su intención de destituir al Ejecutivo de Cataluña y de convocar elecciones en la región. 

“Algunos dicen que volvemos a 1936”, dijo él, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, citando el año de inicio de la guerra civil española (1936-1939). “Y Rajoy es un heredero de Francisco Franco, como lo es el rey”, añadía a su lado su mujer.

El matrimonio se mostraba enfadado con las medidas anunciadas por el gobierno español de Mariano Rajoy para tratar de frenar el desafío independentista en Cataluña, que abrió en las últimas semanas la crisis institucional más grave que se recuerda en España, pero también con “el silencio cobarde” de Europa ante el conflicto. “Eramos europeístas pero 
europeístas de la democracia, no de esta Europa”, aseguraron con indignación.
Como ellos, miles de personas (450.000, según la Guardia Urbana de Barcelona) salieron ayer a la calle de forma pacífica en la capital catalana en protesta por las actuaciones del Estado español. “Libertad”, “independencia” y “fuera las fuerzas de ocupación” fueron algunas de las consignas que más se escucharon en el centro de la ciudad, que se llenó de banderas secesionistas (esteladas). Los participantes también exhibieron pancartas en contra del artículo 155 de la Constitución española, activado por el gobierno de Rajoy para aplicar una serie de medidas sobre Cataluña que serán aprobadas previsiblemente el viernes por el Senado español.
 La marcha había sido convocada para protestar por el ingreso en prisión de dos líderes secesionistas catalanes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes están investigados por un presunto delito de sedición por las manifestaciones que hubo el 20 de septiembre en Barcelona contra el operativo policial que intentaba impedir la celebración del referéndum soberanista del 1 de octubre, que fue declarado inconstitucional por la Justicia.
Pero la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de Madrid marcó finalmente la protesta. “No es una sorpresa. Miedo no tengo, como mucho, respeto”, aseguró Pau, un profesor de catalán de 26 años que cree que su profesión “peligra”. A su lado, su compañera Laura sentía lo mismo. “No sé si podré seguir enseñando mi lengua, porque si hay que españolizar a los alumnos, quizá volvamos a la época de mis abuelos”, dijo en referencia a la dictadura franquista (1939-1975), en la que según los independentistas, la lengua catalana estuvo censurada.
 Entre los manifestantes había indignación e incertidumbre. Algunos, como Pau, confiaban en que el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, formalice en los próximos días la independencia de la región. “Mientras haya unidad entre los partidos secesionistas y la gente siga saliendo a la calle, esto tiene vida”, dijo.
 Para los independentistas, la convocatoria de elecciones en Cataluña no es una solución. “Ya votamos el 1º de octubre”, dijo Ramón, de 52 años, en alusión a la consulta que se celebró sin garantías y con una participación de unos dos millones de personas, de las que el 90 por ciento dijo sí a la secesión, según el “Govern” catalán. Algunos temen que la Justicia ilegalice los partidos independentistas de cara a la posible cita electoral, como ocurrió en 2003 como el partido vasco Batasuna, considerado brazo político del grupo armado ETA. “Si no se ilegaliza a los partidos independentistas, a priori iré a votar. En caso contrario, no”, aseguraba hoy Roger, un ingeniero de 45 años.
 A la manifestación de Barcelona asistieron todos los miembros del gobierno catalán, incluido su presidente, así como importantes figuras políticas del secesionismo, como el ex jefe del Ejecutivo regional Artur Mas o la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, quién habló de golpe de Estado. “Cuando hemos querido dialogar nos han contestado con la suspensión de la autonomía y cuando hemos querido votar nos han contestado con la porra”, dijo Mas, quien acusó a Madrid de “miopía política”.
Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, el partido de Puigdemont, agregó: “Lo que han hecho es una verdadera barbaridad, una vergüenza democrática”.
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Manifestantes marcharon ayer por la libertad de dos prisioneros políticos.
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EL GOBIERNO CATALÁN SERÁ REEMPLAZADO Y EL PARLAMENT, CON PODERES LIMITADOS.
Una por una, las medidas que tomó Rajoy.
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Página/12, 22 de octubre del 2017.

Mientras el Poder Ejecutivo del autogobierno catalán será el más golpeado por las medidas de control anunciadas por el presidente español, otras áreas del gobierno, así como infraestructura clave, quedarán bajo el control directo de Madrid.

Tras más de un mes de alta tensión entre Madrid y Cataluña, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer las medidas tomadas para frenar el desafío independentista en la región, que serán aprobadas previsiblemente por el Senado el viernes. A continuación, las más importantes:

Destitución del “Govern”. La Cámara autorizará a Rajoy a destituir al Gobierno catalán al completo: a su presidente, Carles Puigdemont; vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consejeros. El cese implica “la sustitución en el ejercicio” de todas sus funciones, que serán asumidas por los distintos ministerios del gobierno.

Elecciones en menos de seis meses. Rajoy decretará “la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura”, que arrancó en enero de 2016, para convocar elecciones regionales “en el plazo máximo de seis meses” desde la aprobación del Senado de estas medidas. Su voluntad es hacerlo “tan pronto” como se recupere “la normalidad institucional”, según dijo hoy.

Límites al Parlamento catalán. El Parlament seguirá ejerciendo la “función representativa” que tiene encomendada, pero se establecen algunos límites a sus competencias: la presidenta de la Cámara no podrá proponer un candidato a la presidencia del Gobierno catalán, ni celebrar un debate o votación de investidura. El Parlamento regional tampoco podrá ejercer las funciones de control sobre los órganos y autoridades que sustituyan al “Govern” ni tramitar iniciativas contrarias a las medidas adoptadas.

Funcionamiento del gobierno regional. La Administración catalana continuará “funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas” y lo hará “bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno” español “en sustitución” de los responsables destituidos. Estos órganos podrán dictar y adoptar las disposiciones, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de sus competencias y serán “de obligado cumplimiento” para los funcionarios y personal laboral de la Administración. También podrán acordar el cese, sustitución o nombramiento de cargos públicos y personal.

Policía y seguridad. El ejercicio de las funciones de Seguridad Pública, incluidas en el artículo 164 del Estatuto catalán, corresponderá al Gobierno español, que podrá dar “instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a la Policía regional de Cataluña, los Mossos d’Esquadra. El acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros prevé 

También que Madrid pueda acordar “el despliegue” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil española en Cataluña, “coordinando la actuación de la Policía” catalana. Además, en caso necesario, los Mossos “serán sustituidos por efectivos” de las fuerzas de seguridad españolas.

Competencias económicas. El Senado también habilitará al gobierno central para ejercer en Cataluña competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El objetivo es “garantizar que la totalidad de los fondos” transferidos por Madrid y los ingresos recaudados por la región “no se destinen a actividades o fines vinculados con el proceso secesionista”. 

Telecomunicaciones y televisión. Madrid asumirá el control de las telecomunicaciones y los servicios digitales en Cataluña para garantizar “la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial”, así como “el conocimiento y respeto” de la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña, una suerte de Carta Magna regional.

Incumplimiento y sanciones. El incumplimiento de las medidas acordadas por el Gobierno español se entenderá “como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto. El Ministerio Fiscal podrá exigir responsabilidades penales.

Plazos. Las medidas se mantendrán hasta la toma de posesión del Gobierno que salga de las elecciones catalanas. Durante su vigencia, el Ejecutivo español podrá plantear modificaciones o actualizaciones ante el Senado. También podrá anticipar su cese “si cesasen las causas que lo motivan”.

* Las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros español fueron remitidas al Senado a tenor del artículo 155 de la Constitución española, un mecanismo inédito hasta ahora que permite al Gobierno central tomar las “medidas necesarias” para que una región cumpla sus obligaciones, en este caso Cataluña.

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