viernes, 30 de junio de 2017

LOS DERECHOS DE LOS RÍOS.

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“Los motivos por reconocer los derechos de los ríos son variados; entre ellos destacan las prácticas ancestrales asociadas a estos cuerpos de agua y su importancia espiritual. Este año han surgido una serie de leyes que proponen cuidar un río como si fuera una persona….. Sin embargo, ante esta serie de reconocimientos nos preguntamos ¿Qué significa para un río tener los derechos de una persona? Si el derecho humano más fundamental es el derecho a la vida y la libertad, ¿significa que el río debería ser capaz de fluir libremente, libre de obstrucciones como las represas? ¿Se extiende el derecho del río a todas las criaturas del sistema fluvial? ¿Cómo puede un río, sin voz propia, asegurarse de que se respeten estos derechos o pedir compensación si son violados? ¿Quién recibiría alguna compensación? ¿Y esos derechos pueden deshacer los errores del pasado?”


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LOS DERECHOS DE LOS RÍOS.
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Jens Benóhr y Tomás González Astorga.

Rebelión viernes 30 de junio del 2017.

Cuatro límites planetarios ya han sido transgredidos (Rockström & Steffen, 2015): el calentamiento global, la extinción de especies, el ciclo del nitrógeno y el cambio de uso de suelo de bosques a pastizales. Otros tres están cerca de superarse: el uso del agua dulce, la acidificación de los océanos y el ciclo del fósforo. Actualmente gran parte de las iniciativas políticas “verdes”, en vez de revertir estos procesos de degradación del planeta, han sido cómplices de empeorarlo y de generar pobreza y guerras. Modelos de gestión centralizados, que en definitiva no son democráticos, generan desconfianza entre las poblaciones locales, acostumbradas a luchar contra alianzas entre Estado y empresas bien dispuestas a la extracción, pero sin interés en la protección de los bienes comunes.

De esta manera, podemos señalar una profunda contradicción en nuestro sistema jurídico, el cual trata a los seres vivos como objetos o propiedades mientras que las corporaciones (que son una forma de propiedad), son tratadas como sujetos de la ley con personalidad jurídica y derechos. Esto alimenta un paradigma económico basado en el crecimiento ilimitado a costa de la naturaleza, modelo que en última instancia no beneficia a nadie. Dentro de este panorama, en los últimos años han surgido una serie de propuestas legislativas, fundamentadas en cosmovisiones indígenas y filosofías ambientales, las cuales proponen el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y entre ellos, los derechos de los ríos.

Derechos de la naturaleza.

La idea de los derechos fundamentales de la naturaleza proviene de la comprensión de nuestra especie como una más entre muchísimas otras que habitan el planeta, donde cada ser tiene derecho a vivir y ser respetado. Estos seres no son sólo aquellos que tradicionalmente hemos definido como “vivos”; también se incluyen montañas, glaciares, ríos, lagos y bosques, elementos del paisaje y el territorio que son considerados seres sintientes y sagrados por diversas culturas. Esta idea no es nueva, pues hace siglos que gran cantidad de pueblos originarios de todo el mundo han pedido un reconocimiento distinto de la naturaleza, desde que los reinos europeos comenzaron a entrar en contacto con ellos y a explotar las riquezas naturales de sus territorios. Sin embargo, hace apenas unos 10 años que esta idea ha cobrado fuerza y voz en los sistemas de legislación occidental. Al respecto, en Sudamérica desde hace algunos años puede identificarse la proliferación de declaraciones y normas jurídicas que claramente se posicionan afirmando los derechos de la naturaleza.

En este contexto, destaca la Constitución de Ecuador de 2008, en la que en el capítulo séptimo, en el artículo 71, se expone que “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. De esta forma, Ecuador se ha instaurado como el primer el país en el mundo en reconocer formalmente los derechos de la naturaleza y establecer una Constitución biocéntrica.

Otros ejemplos que le siguen son: la Ley de Derechos de la Madre Tierra de Bolivia anunciada el 2010; la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada el 2010 en Bolivia; y la Declaración del Foro Alternativo Mundial del Agua, desarrollado en 2012 en Marsella, Francia, en el que se afirmó “el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas y especies, para su existencia, su desarrollo, su reproducción y perpetuación. Se apela a la elaboración y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para garantizar a la biosfera, y a sus habitantes, la protección necesaria de su equilibrio y perennidad”. (Berros, 2013).

Un caso en el que esta visión de la naturaleza propició resultados concretos es el de Colombia. El domingo 26 de marzo de 2017 y bajo el lema el “agua vale más que el oro” los habitantes del municipio de Cajamarca votaron en plebiscito en contra de la explotación de oro en su territorio. De esta manera, se opusieron al proyecto minero La Colosa, de la multinacional Anglo Gold Ashanti, que ponía en riesgo a 161 ríos que surten a 27 municipios del Tolima.

Derechos de los ríos.

Los ríos son una parte clave del gran sistema terrestre llamado biósfera. Son el soporte de diversos ecosistemas, repercuten en la regulación del clima, en el aprovisionamiento de agua y renuevan los suelos. Además, la relación entre los ríos y el bienestar humano se refleja directamente en nuestra supervivencia a través de la disponibilidad de agua potable y de riego. En su nacimiento en las montañas, los ríos obtienen sedimentos y minerales esenciales para la vida que redistribuyen aguas abajo, en los valles y desembocaduras.

Podemos repetir con certeza algo mil veces dicho: los ríos son las arterias de la tierra, y al igual que en el sistema circulatorio del cuerpo humano, que transporta nutrientes hacia órganos y tejidos, el mantener un río libre le permite transportar nutrientes hacia los territorios y el mar. Cuando alguien dice “el agua del río se pierde en el mar”, está ignorando las intrincadas relaciones y procesos entre el río y su cuenca, los bosques, la lluvia, el mar y toda la biodiversidad asociada a estos ecosistemas (existen estudios que señalan a represas y embalses en ríos como agentes significativos que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero que no están siendo contabilizadas). Un ejemplo de esta interdependencia son las diatomeas, pequeños microorganismos que son transportadas en el agua de los ríos hacia los océanos y las cuales están asociadas a la alta biodiversidad de los mares cercanos a desembocaduras (Pfister et al, 2009). Podríamos decir, por ejemplo, que la condición de Chile de país largo y estrecho repleto de ríos que desembocan con nutrientes en el océano Pacífico, sumado a la corriente de Humboldt, aporta a la riqueza específica del mar, es decir, la salud de nuestros ríos está directamente ligada a la salud marina.

Los motivos por reconocer los derechos de los ríos son variados; entre ellos destacan las prácticas ancestrales asociadas a estos cuerpos de agua y su importancia espiritual. Este año han surgido una serie de leyes que proponen cuidar un río como si fuera una persona. En Nueva Zelanda, en marzo de 2017, se ha otorgado el estatus de persona jurídica al río Whanganui, venerado por los maoríes. El parlamento neozelandés ha aprobado una ley que combina los precedentes legales occidentales con la cosmovisión maorí. La iniciativa es pionera en el mundo. Los maoríes, pueblo originario de Nueva Zelanda, llevaban 160 años pidiendo el reconocimiento del río como una entidad viva. El parlamento firmó un acuerdo para que el río Whanganui tenga los mismos derechos que una persona y ha asignado a la comunidad whanganui su administradora legal. Curiosamente, cinco días más tarde, el 20 de marzo, el Alto Tribunal de Uttarakhand declaró los ríos Ganges y Yamuna (el afluente más grande del Ganges) entidades vivas con derechos legales. Otro caso en India es el río Narmada, reconocido como una entidad viva hace algunas semanas.

Sin embargo, ante esta serie de reconocimientos nos preguntamos ¿Qué significa para un río tener los derechos de una persona? Si el derecho humano más fundamental es el derecho a la vida y la libertad, ¿significa que el río debería ser capaz de fluir libremente, libre de obstrucciones como las represas? ¿Se extiende el derecho del río a todas las criaturas del sistema fluvial? ¿Cómo puede un río, sin voz propia, asegurarse de que se respeten estos derechos o pedir compensación si son violados? ¿Quién recibiría alguna compensación? ¿Y esos derechos pueden deshacer los errores del pasado?

Un alentador ejemplo en Latinoamérica es el río Atrato en Colombia. La Corte Constitucional colombiana reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. La decisión fue tomada en noviembre del año pasado; establece que el río Atrato es un “sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Así, el alto tribunal le ordenó al gobierno de Colombia que cree una “comisión de guardianes del río Atrato” que proteja este afluente.

En Chile aún tenemos mucho que aprender de estas experiencias; podríamos partir conversando con las culturas que habitan nuestro territorio. Para el pueblo mapuche los ríos, y cuerpos de agua en general, son sagrados pues poseen ngenko, espíritu de la naturaleza que habita y protege los espacios de agua (Grebe, 1993). Además, distinguen entre trayenko, lil y menoko, los que podría considerarse como esteros, vertientes y pantanos (o humedales). Estos lugares son habitados por una gran diversidad de plantas y animales, y deben ser respetados, incluso hay que pedir permiso para entrar en ellos para buscar medicina, alimento o agua para beber (Neira et al., 2012).

A la luz de la actual degradación de los ecosistemas del planeta, producto de la contaminación del aire y el agua, la deforestación de bosques milenarios para el monocultivo o la construcción de enormes diques de hormigón para embalsar ríos; los derechos de la naturaleza, y dentro de ellos los derechos de los ríos, son cambios que sólo serán posibles si la voz de los pueblos originarios, y de los grupos de ciudadanos conscientes, es reconocida en las esferas públicas, como en Nueva Zelanda o Colombia. La abogada ambientalista Gloria Amparo Rodríguez cuenta que alguna vez le preguntó a un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, cuáles eran sus derechos. Su respuesta la dejó sorprendida: “No, no tengo derechos, pero tienen derecho el río, el viento, la montaña. Nosotros solo tenemos los deberes de protegerlos a ellos”.


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jueves, 29 de junio de 2017

BRUTALIDAD POLICIAL. EL PRECIO DE SER NEGRO Y CON DISCAPACIDAD EN ESTADOS UNIDOS.

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“Una de las últimas medidas del Ministerio de Justicia de la Administración Obama fue publicar un informe sobre el comportamiento policial en Chicago. Una evaluación devastadoramente cruda de las sistemáticas violaciones que comete la policía contra los derechos civiles de sus habitantes. En un primer momento, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, desestimó el informe por considerarlo "anecdótico", incluso después de admitir que no lo había leído. Sessions se mostró en contra de los llamados "decretos de consentimiento" entre el DOJ y los departamentos de policía, [pensados para que el Departamento de Justicia intervenga y ayude a mejorar el funcionamiento de las policías locales].

El informe del DOJ identificó la práctica generalizada de abusos y añadió una serie de recomendaciones, como la de "trabajar con los miembros de la comunidad procedentes de los diversos grupos raciales, religiosos, étnicos, de género y de discapacidad en Chicago para generar una conciencia cultural conjunta con la policía, informar y sumar propuestas de medidas posibles que mejoren la relación entre la policía y la comunidad".

La inclusión de la discapacidad en ese listado es una muestra del trabajo del AYLP, entre otros. Pero Trump y Sessions están tratando de tirar el informe a la basura. Como escribió Rachel Cohen en la revista Vice, los expertos en el tema y los activistas dicen que el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, está aprovechando el mensaje antireformista de Sessions para debilitar las reformas en la ciudad. Cuando terminábamos nuestra conversación, Huff admitió que, a veces sentía un "vínculo traumático" con esta zona de Chicago. "Sé que no soy la única persona que tiene un vínculo traumático con el lugar en que creció. ¿A quién se le ocurre alejarse de una experiencia traumática y volver a esa mierda?"."No es una coincidencia que estés viviendo aquí, que estemos en esta plaza. ¿En qué otro lugar podrías estar?", le dije.


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Protestas raciales en Estados Unidos tras la muerte de dos jóvenes negros a manos de la policía. EFE.

BRUTALIDAD POLICIAL. EL PRECIO DE SER NEGRO Y CON DISCAPACIDAD EN ESTADOS UNIDOS.

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David Perry.

The Guardian/ El Diario. España.

Rebelión jueves 29 de junio del 2017.


“Puede haber justicia sin abordar el estigma de la raza y de la discapacidad? Los procedimientos estándares de la policía a menudo obligan a las personas con diversidad funcional a aislarse, incluso para sí mismas.



En la mañana del pasado domingo, Charleena Lyles llamó a la policía de Seattle para informar de un robo. Lyles era una mujer negra, embarazada, madre de cuatro hijos (uno de ellos con síndrome de Down) y vivía en un piso de realojo para personas que antes habían estado en la calle. Los oficiales se presentaron en el lugar, encontraron a Lyles en medio de una crisis nerviosa, supuestamente armada con un cuchillo, y la mataron.

El asesinato provocó una gran indignación en todo el país, ¿pero que más se puede hacer para superar esto? ¿Cómo se termina, de una vez por todas, con la relación que hay entre violencia policial y racismo, clasismo y discriminación contra las personas con discapacidades psico-sociales o mentales ?

Cuando se difundió la noticia de la evitable muerte de Lyles, un grupo de activistas no blancos y con discapacidad de Chicago se tomó la noticia con una triste naturalidad. Ya se saben la canción. Y les preocupa que les estén quitando una de las mejores herramientas que tienen para frenar la violencia.

Internamientos forzados.

Chris Huff intentó suicidarse en 2005 y fue internado, contra su voluntad, en el hospital Michael Reese del barrio South Side de Chicago. "Mi mamá me llevó para un estudio. Solo iban a hacerme un estudio y, de repente, me estaban internando", contó Huff.

La internación no fue de mucha ayuda. Tres meses después, Huff llevó un arma a su escuela secundaria, presa del miedo y la paranoia, como luego lo describió. Se le abalanzaron, Huff sacó el arma y disparó. Le levantaron cargos como si fuera adulto: intento de homicidio, violencia física agravada y uso de un arma de fuego en un establecimiento público. Huff tenía 15 años.

Ahora tiene 27 y vive en Ogden Park (Englewood), un vecindario del South Side de Chicago. Conduje hasta allí para conocerlo. Mientras la calurosa tarde llegaba a su fin, pasamos una hora hablando a la sombra de unos plátanos, sentados en un banco inclinado de madera.

Huff estaba inquieto. Se sentaba. Se ponía de pie. Iba y venía fumando. Poco a poco, comenzó a desgranar sus teorías sobre discapacidad, raza, pobreza, vigilancia policial y sobre el círculo vicioso en el que se ven atrapados los residentes negros y con discapacidad de Chicago.

Chris Huff es miembro de Advance Youth Leadership Power, un grupo de apoyo que se organiza a través de Access Living (una de las principales organizaciones de Chicago en derechos de las personas con discapacidad) con el objetivo de luchar en dos complicados frentes. En primer lugar intentan mostrar a todo el que le interese el comportamiento policial (incluido el cuerpo especial creado en el Ministerio de Justicia para controlarlo), cómo se inscribe el factor de la discapacidad en la narrativa generalizada de abusos de la policía de Chicago: entre un tercio y la mitad de las personas asesinadas por la policía tenían algún tipo de diversidad funcional.

En segundo lugar, y tal vez aún más importante, los activistas de este grupo tienen la esperanza de ayudar a sus propias comunidades a comprender las conexiones que hay entre discapacidad y justicia racial y económica.



Charleena Lyles // Cortesía de su familia

Una ola de muertes por disparos de la policía

En 2015 hubo en Chicago una sucesión de muertes provocadas por disparos de la policía. Empezó con el caso de LaQuan McDonald y continuó con los también notorios de Philip Coleman, Quintonio Legrier y Bettie Jones. Los tres hombres tenían una discapacidad o patología psiquiátrica. La mujer, Jones, fue asesinada cuando la policía buscaba a Quintonio.

Las repercusiones políticas de esa ola de muertes terminaron provocando la dimisión del jefe de policía. El Ministerio de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) investigó las actuaciones policiales en la ciudad abriendo foros para que los vecinos pudieran compartir sus experiencias.

Fue en uno de esos foros donde conocí a Chris Huff. En pie frente a la multitud, contaba su historia de vida, instruía a los demás. "No creo que haya sido coincidencia que tres meses después de que me diagnosticaran mi patología, yo estuviera usando un arma en la escuela", recuerda Huff sobre su arresto.

En su opinión, fue afortunado por no haber pasado mucho tiempo en la cárcel. Con la ayuda del Instituto Northwestern su madre pudo ponerle abogados y lograr que un juez les permitiera mudarse al estado sureño de Georgia, lejos de Chicago, mientras esperaban el juicio.

En lugar de la sentencia de varias décadas que le podía haber caído si lo juzgaban como adulto (una posibilidad que contempla la ley), Huff terminó pasando unos pocos meses en un centro para delincuentes juveniles de Illinois. Cuando cumplió los 18, se borraron sus antecedentes penales. Después llegó el momento de la universidad, en el sur, y más tarde, el regreso al South Side de Chicago para un postgrado. Allí sigue hoy, en el Instituto Vera de Justicia, ayudando a jóvenes recién encarcelados.

Hombres negros con algún tipo de diversidad funcional.

Nadie sabe con certeza cuántas víctimas de la violencia policial son personas enfermas o con discapacidad. Para todo el país hay algunos datos (que en 2015 yo puse sobre papel para la Fundación Ruderman) pero dependen demasiado de los testimonios. Los distintos departamentos de policía y los gobiernos de los estados se han mostrado reacios a registrar y controlar el uso de la fuerza. Aún así, los testimonios siguen siendo reveladores. Los principales casos investigados por el DOJ en Chicago involucraban a hombres negros con una discapacidad.

LaQuan McDonald tenía trastorno por estrés postraumático (TEPT) y una discapacidad mental no especificada. Philip Coleman, muerto durante el arresto, estaba sufriendo una crisis nerviosa cuando la policía llegó a la casa después de que los padres llamaran al 911. "Nosotros no los llevamos al hospital, los llevamos a la cárcel", dijeron los agentes mientras lo detenían. En un vídeo publicado a finales de 2015, se puede ver a Coleman recibiendo descargas con una pistola eléctrica y siendo arrastrado de su celda sin oponer resistencia. Un policía de Chicago mató a Quintonio Legrier, un joven negro que sufría una crisis nerviosa, y también disparó contra la vecina que lo estaba vigilando, una mujer negra llamada Bettie Jones.

En julio de 2016, el grupo Advance Youth Leadership Power (AYLP) y sus activistas decidieron tomar cartas en el asunto con una manifestación en la puerta de la audiencia que trataba el caso, donde también entraron a declarar.

Yo estaba ahí y vi a un niño de 11 años, acompañado por su madre, hablar de su trauma. Cuando tenía 6, la policía entró violentamente en el patio de atrás de su casa con las armas desenfundadas. La persona que buscaban estaba en la misma manzana, pero a varias casas de distancia. Su madre, Melinda Manson, describió los años de pesadillas que había sufrido su hijo tras el episodio.

Timotheus Gordon, un estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois, de raza negra y autista (se describe a sí mismo como "un jugador de fútbol americano negro y con rastas"), habló sobre el temor constante a ser detenido por la policía y no responder rápido y de una manera que los agentes consideren satisfactoria. Los familiares de Stephon Watts, un joven negro autista asesinado por la policía en la cercana ciudad de Calumet, hablaron de la pérdida de su ser querido. Huff también contó su historia.

El mensaje era claro: no habría justicia para los habitantes de Chicago hasta que no se abordase el tema de la discapacidad tanto como el de la raza para entender el comportamiento de la policía.

Lo bueno es que los investigadores del DOJ entendieron el mensaje y colaboraron con el grupo AYLP en la organización de una serie de reuniones, algunas públicas y otras privadas (más seguras), para asegurarse de que estos habitantes de Chicago pudieran contar su historia.

El problema es del sistema y de la estigmatización.

Durante el otoño entrevisté a varios miembros del grupo AYLP para conocer su punto de vista. Aunque con formas diferentes, todo el tiempo escuché mencionar dos temas.

El primero, que estas personas creen que el sistema legal está diseñado para maximizar la opresión de la gente negra y con discapacidad. El segundo, que dentro de la comunidad negra del área de Chicago, la estigmatización hace que la gente evite hablar de la discapacidad. En otras palabras, muchos piensan que referirse a la discapacidad de LaQuan McDonald es una forma de minusvalorarlo, o que el debate sobre las enfermedades mentales y el accionar policial debería ser diferente al debate sobre el autismo.

Candace Coleman, coordinadora para la juventud en el AYLP, no está de acuerdo. "Soy negra, tengo discapacidad y soy del South Side, en Chicago", dice. Pero Coleman también sabe que la estigmatización existe. Siempre supo que tenía discapacidad (tiene varias afecciones, entre ellas parálisis cerebral y asma, y toda su vida ha estado entrando y saliendo de los hospitales), pero le llevó mucho tiempo poder sentirse verdaderamente orgullosa de esa parte de su identidad.

Coleman es hoy una de las líderes del movimiento de orgullo en la discapacidad, pero reconoce que va a pasar mucho tiempo antes de que todos sientan ese orgullo. En muchas comunidades, "no se puede hablar sobre salud mental". "Te automedicas, haces lo que tienes que hacer para salir adelante pero, incluso hoy, sigue sin estar bien hablar del tema", dice. Y cuando nadie habla del tema, ni siquiera los reformistas bienintencionados pueden escuchar.

Para Chris, la estigmatización es algo que le sirve a un sistema disfuncional. Ese día que nos encontramos en el parque me lo explicó por encima. En su análisis, las circunstancias opresivas generan estigmatización y profundizan los efectos negativos, especialmente de los problemas mentales; esos efectos negativos a su vez hacen que se provoque la interacción con las fuerzas policiales; como las fuerzas de seguridad manejan muy mal ese tipo de interacciones, castigan con demasiada frecuencia a los que se comportan de manera diferente, reforzando así la necesidad de aislarse (incluso de sí mismas) que tienen las personas con discapacidad.

La policía castiga a los que son diferentes.

"Una vez que salí al mundo, ya tenían una serie de sistemas listos para mí", dice Huff. "Ya tenían preparado mi vecindario, la comunidad... debido a la segregación. Ya estaba todo planeado de antemano. Lo que creo que está pasando verdaderamente es que una gran parte de la enfermedad sí tiene que ver con un factor genético, pero son desórdenes provocados por el hombre. Me tengo que adaptar al sistema y a la estructura actual para recibir educación, trabajo y vivienda".

Una de las últimas medidas del Ministerio de Justicia de la Administración Obama fue publicar un informe sobre el comportamiento policial en Chicago. Una evaluación devastadoramente cruda de las sistemáticas violaciones que comete la policía contra los derechos civiles de sus habitantes. En un primer momento, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, desestimó el informe por considerarlo "anecdótico", incluso después de admitir que no lo había leído. Sessions se mostró en contra de los llamados "decretos de consentimiento" entre el DOJ y los departamentos de policía, [pensados para que el Departamento de Justicia intervenga y ayude a mejorar el funcionamiento de las policías locales].

El informe del DOJ identificó la práctica generalizada de abusos y añadió una serie de recomendaciones, como la de "trabajar con los miembros de la comunidad procedentes de los diversos grupos raciales, religiosos, étnicos, de género y de discapacidad en Chicago para generar una conciencia cultural conjunta con la policía, informar y sumar propuestas de medidas posibles que mejoren la relación entre la policía y la comunidad".

La inclusión de la discapacidad en ese listado es una muestra del trabajo del AYLP, entre otros. Pero Trump y Sessions están tratando de tirar el informe a la basura. Como escribió Rachel Cohen en la revista Vice, los expertos en el tema y los activistas dicen que el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, está aprovechando el mensaje antireformista de Sessions para debilitar las reformas en la ciudad.

Cuando terminábamos nuestra conversación, Huff admitió que, a veces sentía un "vínculo traumático" con esta zona de Chicago. "Sé que no soy la única persona que tiene un vínculo traumático con el lugar en que creció. ¿A quién se le ocurre alejarse de una experiencia traumática y volver a esa mierda?".

"No es una coincidencia que estés viviendo aquí, que estemos en esta plaza. ¿En qué otro lugar podrías estar?", le dije.

Huff miró hacia otro lado. "Solo intento sumar una voz en el debate sobre la discapacidad. Me gustaría entender cómo la violencia estructural crea o perpetúa las discapacidades psico-sociales o las discapacidades mentales, cómo la violencia estructural crea o contribuye a las disfuncionalidades que se experimentan en la vida".

Huff siente que no tiene opción, que la disfunción del sistema está en todas partes y que tiene que adaptarse. Pero termina diciendo: "Creo que si uno se adapta a la disfunción, al final está adoptando esa disfunción".

David Perry es periodista por los derechos de las personas con discapacidad. Su trabajo se centra en la violencia y en la criminalización. Actualmente escribe un libro para la editorial Beacon Press, con el título provisional Disability Is Not a Crime (La discapacidad no es un crimen).

Traducido por Francisco de Zárate.


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miércoles, 28 de junio de 2017

PERÚ CUATRO JÓVENES TRABAJADORES MUERTOS POR LA DESREGULACIÓN LABORAL.

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PERÚ  CUATRO  JÓVENES TRABAJADORES MUERTOS  POR  LA DESREGULACIÓN  LABORAL. VIGENCIA SALVAJE E INHUMANA DE DECENAS DE FORMAS DE CONTRATOS Y EXPLOTACIÓN  DE LA JUVENTUD.- Incendio en Galerías Nicolini. Las Malvinas. Lima. Es producto de la flexibilización laboral. Sin Derechos Sociales. Presente en el Perú  desde 1990 – pero hasta hoy invisibilizado, esta brutal realidad - con la imposición de las políticas del Consenso de Washington.- No es nuevo, y menos están descubriendo la pólvora, esta es una práctica mundial que ha impuesto el capital financiero-especulativo, en tiempos de la globalización neoliberal y hoy más profunda y extensa con las mega-corporaciones del capital corporativo global- Hoy en el mundo hay más de mil millones de jóvenes sin Derechos Sociales, trabajando en condiciones inhumanas – La “Deslocalización Empresarial” en China, India, Hong-Kong, Tailandia, Singapur, Taiwán, Filipinas, Europa Oriental, etc. – son los nuevos centros de explotación  del hombre por el hombre a nivel mundial, como Las MAQUILAS en todo Centro América, El Caribe y el Norte de México, miles de jóvenes- el 80% mujeres entre 18 y 24 años – “presos”, encarcelados en las Maquilas, con trabajo de 12 a 14 horas diarias y salarios de sobrevivencia. Estos son los jóvenes llamados “Los ESCLAVOS ASALARIADOS DEL SIGLO XXI”. El objetivo de los empresarios, es la codicia, el lucro, la extorsión, la ganancia fácil y rápida y la práctica del fundamentalismo consumista de los monopolios imperialistas. Reconocer el trabajo de los BOMBEROS es un ejemplo de SOLIDARIDAD HUMANA.

“EL PASADO 22 DE JUNIO SE REGISTRÓ UN INCENDIO EN LA GALERÍA NICOLINI en la zona de Las Malvinas, en el centro de la ciudad de Lima. Hasta este momento están desaparecidos cuatro trabajadores de dicha galería comercial. Entre ellos están identificados Jovi Herrera Alania de 20 años y Jorge Luis Huamán Villalobos de 19 años y Luis Guzmán Taipe de tan solo 15 años. Hay un cuarto trabajador que aún no ha sido identificado. Todos ellos se desempeñaban como trabajadores de la empresa JPEG SAC laborando – trabajo informal e ilegal - en un contenedor metálico acondicionado de manera irregular como taller, en donde remarcaban tubos de neón para ser vendidos en dicha Galería, falsificando etiquetas, según se ha informado. Ellos laboraban sin contratos de trabajo, de lunes a sábado en jornadas de más de 11 horas pues ingresaban a las 7.00 am. y terminaban aproximadamente a las 6.30 de la tarde, cuando anochecía pues el contenedor no contaba con luz propia. Por una semana de trabajo recibían 100 soles, que equivalen a poco más de 30 dólares. No disponían de baños, y solamente unos tragaluces superiores iluminaban algo el reducido espacio”. Trabajo inhumano, salvaje, en pleno siglo XXI, es el resultado de la flexibilización laboral – la globalización neoliberal - con la liquidación de los Derechos Sociales – laborales – de millones de trabajadores a nivel mundial. 

“Lo más trágico, es que el empleador habitualmente cerraba el contenedor con un candado para impedir que los trabajadores salgan antes de tiempo. Los cuatro trabajadores mueren pues cuando se inicia el incendio, el empleador desaparece dejándolos encerrados. Hoy aparece una cadena de seudo-propietarios – la informalidad en su aspecto más criminal – NO, ninguno se responsabiliza, la Autoridad de Trabajo está pintada, la Autoridad Edil, es simple informes y justificaciones”. Señorees del Ministerio de Trabajo, asuman la responsabilidad y  comiencen un trabajo de Investigación Laboral a nivel Nacional y se encontraran con grandes sorpresas, que son realidades de explotación salvaje a los jóvenes trabajadores. Hoy en esta realidad brutal y salvaje emerge con fuerza los llamados SICARIOS SOCIALES de cuello y corbata que se apoderan de los Derechos de los Trabajadores – vacaciones, gratificaciones de Julio v Diciembre, etc. Los explotan sin que nadie asuma su defensa. Autoridades del Ministerio de Trabajo, están Invitados, nosotros explicaremos esta realidad sangrante e inhumana en el TRABAJO y los SALARIOS.

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PERÚ  CUATRO  JÓVENES TRABAJADORES MUERTOS  POR  LA DESREGULACIÓN  LABORAL.

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Carlos Mejía. Asesor de la CGTP.

Rebelión martes 27 de junio del 2017.

El pasado 22 de junio se registró un incendio en la Galería Nicolini en la zona de Las Malvinas, en el centro de la ciudad de Lima, capital del Perú. Hasta este momento están desaparecidos cuatro trabajadores de dicha galería comercial. Entre ellos están identificados Jovi Herrera Alania de 20 años y Jorge Luis Huamán Villalobos de 19 años y Luis Guzmán Taipe de tan solo 15 años. Hay un cuarto trabajador que aún no ha sido identificado.

Todos ellos se desempeñaban como trabajadores de la empresa JPEG SAC laborando en un contenedor metálico acondicionado de manera irregular como taller, en donde remarcaban tubos de neón para ser vendidos en dicha Galería. Ellos laboraban sin contratos de trabajo, de lunes a sábado en jornadas de más de 11 horas pues ingresaban a las 7.00 am. y terminaban aproximadamente a las 6.30 de la tarde, cuando anochecía pues el contenedor no contaba con luz propia. Por una semana de trabajo recibían 100 soles, que equivalen a poco más de 30 dólares. No disponían de baños, y solamente unos tragaluces superiores iluminaban algo el reducido espacio.

Lo más trágico, es que el empleador habitualmente cerraba el contenedor con un candado para impedir que los trabajadores salgan antes de tiempo. Los cuatro trabajadores mueren pues cuando se inicia el incendio, el empleador desaparece dejándolos encerrados.

El rol del Estado y la fiscalización laboral

En el Perú la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral cuenta a nivel nacional con 18 supervisores inspectores, 98 inspectores de trabajo y 275 inspectores auxiliares. No existe ni un solo inspector de trabajo en Loreto, Tumbes, Tacna, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Apurímac, Puno, Moquegua, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y San Martín.

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 131-2015-SUNAFIL se establece el Plan del Cuadrante Inspectivo que se basa en la sectorización por manzanas del ámbito distrital, sobre la base de la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En mayo del 2015, SUNAFIL inicia un plan piloto en el distrito de La Victoria para fiscalizar puerta por puerta los centros informales. De esta manera, se inspeccionaba galería por galería, piso por piso. Para fines del 2015 ya estaba aprobada la implementación de este plan de fiscalización laboral.

Sin embargo, en febrero del 2016, asume Sylvia Cáceres como superintendenta, (a pesar de la oposición de la CGTP) y una de sus primeras acciones fue desactivar el Plan del Cuadrante Inspectivo. El Sindicato Nacional de Inspectores Laborales señala que con esta decisión se ha desarticulado el grupo de inspectores encargado exclusivamente de fiscalizar la informalidad y se ha despedido a la persona que estaba a cargo.

Por su parte, el Gobierno ha dictado el DS N° 007-2017-TR del 31 de mayo del presente año que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo en tres aspectos importantes: limita a una inspección al año respecto de una misma empresa por un mismo caso. Es decir, ya no se puede hacer seguimiento de las infracciones. En segundo lugar; cuando una empresa comete varias infracciones, solamente se aplicará la multa más alta de manera que las otras infracciones menores no serán multadas. En tercer lugar, se reducen los montos de las multas en general.

Para rematar el actual gobierno plantea un Proyecto de Ley N° 1437/2016-PE que impide las inspecciones laborales cuando existen procesos judiciales sobre el caso denunciado. Es decir, si una empresa es enjuiciada por una infracción laboral, mientras dure el proceso (que puede ser varios años), no recibirá multas ni inspecciones.

Las inspecciones laborales en el país tienen una dinámica que se basa en denuncias recibidas de trabajadores. De este centro comercial no hemos recibido denuncias de trabajadores, por lo tanto no ha habido inspecciones a respuestas de situaciones irregulares manifestadas por trabajadores. Ojalá hubiera habido para poder atenderlo antes de que esta tragedia ocurriese" declara el Ministro de Trabajo Alfonso Grados.


Jóvenes denuncian sobre el trabajo esclavizado en los "conteiner" -últimospiso del Edificio Nicoloini, las Malvinas, sin que nadie pueda denunciar  esta arbitraridad, clara manifestación de trabajo esclavo en pleno siglo XXI..

Ahora bien, debe recordarse que legalmente el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL tienen la “obligación” de fiscalizar de oficio los centros que se presume están infringiendo las normas laborales.

Por otro lado, descargar la responsabilidad en los trabajadores por no denunciar su situación, es absurdo. ¿Trabajadores que por su precariedad económica se ven obligados a aceptar condiciones inhumanas de trato van a estar en condiciones de ir al Ministerio de Trabajo y poner una denuncia laboral arriesgándose a perder el trabajo y ser marcados por todas las empresas de ese conglomerado?

¿Quiénes son responsables?

Hay muchos responsables, ciertamente. La muerte de los cuatro trabajadores es consecuencia del proceso de desregulación laboral que se viene implementado en el país desde fines de los años 80s y con mayor fuerza durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Actualmente las relaciones laborales en el Perú se caracterizan por su precariedad. Predominan los contratos temporales, cuando existen. Se trata de un mercado laboral ampliamente desregulado, con varios regímenes laborales que en diversos sectores y por diferentes razones han eliminado derechos laborales importantes. Los trabajadores textiles y de agroexportación por ejemplo, pueden estar con contratos temporales a lo largo de toda su vida productiva. Los trabajadores de PYMES sólo gozan de 15 días de vacaciones y de media gratificación.

En general, la desregulación desincentiva la afiliación sindical que actualmente se encuentra en alrededor del 6% de la PEA Asalariada. La fórmula del crecimiento económico en el país tiene entre sus ingredientes un Estado que no desea fiscalizar a las empresas y más bien promueve el debilitamiento de los sindicatos. Sin sindicatos fuertes, los pocos que logran desarrollarse enfrentan una dura oposición por parte de los empresarios, que dilatan los procesos de negociación colectiva o persiguen a los activistas sindicales. Al final del anterior gobierno, la CGTP señalaba que había más de 500 dirigentes sindicales despedidos ilegalmente.

Los gremios de empresarios, como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), junto con la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias han defendido públicamente el modelo de libre mercado y desregulación laboral. Se habla de lobbys pro-empresa que inciden en las altas esferas del gobierno para mantener la actual legislación laboral y para impedir que se cambien por leyes a favor de los trabajadores que restablezcan por ejemplo la estabilidad laboral o impongan mayores niveles de regulación laboral.

En julio del 2014, el lobby logró que el gobierno modifique sustancialmente la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo mediante la Ley 30222. Entre otras cosas se cambió el Articulo 168-A incluyendo nuevas condiciones para la responsabilidad penal del empleador en caso de accidente con lesiones graves o muerte del trabajador. Con la modificación debe demostrarse que la falta sea deliberada, reiterada, que la autoridad haya notificado de la misma y que el empleador pudo prever las mismas.

También el Alcalde de Lima tiene responsabilidad al permitir que se instalen contenedores como lugares de trabajo y si bien el edificio fue administrativamente clausurado, no se dio el seguimiento respectivo y los dueños del mismo seguían operando tranquilamente.

Esto es así, porque todos los actores tienen la certeza de su impunidad. Los empresarios pueden operar en edificios clausurados y encerrar con candados a los trabajadores porque saben que la autoridad municipal y ministerial no los va a molestar.

La desregulación laboral precariza el empleo, debilita los sindicatos y reduce la fiscalización laboral. El incendio y muerte de los trabajadores en la Galería Nicolini no fue un hecho fortuito o azaroso. Hay una responsabilidad directa de los empresarios que explotan y encierran trabajadores, pero también el Estado a través del Ministro de Trabajo y la Superintendenta de Fiscalización, así como el alcalde de Lima son responsables indirectos. También los gremios empresariales que siguen considerando que no deben existir obstáculos, -es decir, derechos laborales-, para acceder a mayores utilidades.

Carlos Mejía A. Asesor CGTP (Perú)
 


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