miércoles, 26 de septiembre de 2012

Los Cuestionamientos a la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

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La CVR dice que este conflicto, el más grave de nuestra historia republicana, “ha dejado secuelas muy profundas en todos los planos de la vida nacional. La amplitud e intensidad del conflicto acentuaron los graves desequilibrios nacionales; destruyeron el orden democrático; agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad; agravaron formas de discriminación y exclusión; debilitaron las redes sociales y emocionales y propiciaron una cultura de temor y desconfianza” (n.153).  Además de resultar en la “masiva destrucción de la infraestructura productiva y pérdida de capital social y oportunidades económicas. Los departamentos que lo sufrieron con mayor intensidad se encuentran hoy en los últimos lugares en los índices de pobreza y desarrollo humano” (n.154).  Nos dice que “el sufrimiento extremo ha causado resentimiento y ha teñido de recelo y violencia la convivencia social y las relaciones interpersonales”.

El Informe Final de la CVR afirma que el conflicto armado interno que vivimos, entre 1980 y el 2000, ha dejado un saldo de 69,280 víctimas fatales, cifra que es casi el doble de lo que se había estimado hasta ese entonces.  Desde el comienzo esta afirmación disgustó a muchos sectores. Rafael Rey, destacado miembro del Opus Dei, llegó a decir “desafío a los comisionados a que muestren el DNI, la partida de nacimiento o algún documento de que estas personas existieron”[1]Su  pedido nos recordó cuán alejado está este señor de la realidad cotidiana de los peruanos, pues ignoraba el grave problema de indocumentación que padecen las poblaciones más postergadas. Efectivamente, el Censo Nacional de 1981 había señalado que en ese entonces habían dos millones de peruanos y peruanas sin documento de identidad. La CVR señaló que dicho número supera “el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente”, y cuyo periodo 1980-2000 “constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia republicana”.
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El Dr. Salomón Lerner Febres, hace entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al Presidente de la república, Dr. Alejandro Toledo.
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Los Cuestionamientos a la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
(CVR).
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Pilar Arroyo R.P.
                                                                       Instituto Bartolomé Las Casas.
Lima 24 de septiembre del 2012.
Con ocasión del noveno aniversario de la CVR, el veinteavo aniversario de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso; la muerte del francotirador terrorista “William” en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y la captura de tres terroristas (en Tayacaja, en un operativo de rescate de niños rehenes) han vuelto a arreciar, con fuerza y furia, los cuestionamientos al trabajo realizado por la CVR. Los argumentos para cuestionarla no han variado desde el 2003, fecha de presentación del Informe; y los cuestionadores tampoco. Veamos:
I.- LOS CUESTIONADORES
Aquí encontramos, sobre todo, al fujimorismo, a la mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a un sector eclesial ligado al Opus Dei, varios medios de comunicación y Sendero Luminoso.

a.- El fujimorismo

Es uno de los más encarnizados enemigos del Informe Final de la  CVR. Dicha agrupación política no perdona a la CVR el haber afirmado que “posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado Colina” (n.100). El juicio al que se sometió al ex presidente Fujimori probó que dicha afirmación no era falsa y por ello fue condenado a 25 años de prisión.

Sin embargo, de tiempo en tiempo,  connotados líderes fujimoristas vuelven a la carga contra la CVR, como lo  han hecho en estos días Kenyi Fujimori, Marta Chávez y María Luisa Cuculiza, entre otros. Esta vez, aprovechando los hechos mencionados líneas arriba han pedido que el Congreso revise el Informe Final de la CVR. Coincidimos con César Bazán Seminario, del colectivo Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal cuando señala que “Lo que parecen buscar los defensores de la revisión del informe de la CVR es negar la responsabilidad política y legal que les corresponde a determinados actores del conflicto”.

El pedido de revisión ha motivado un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo de 79 instituciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales de la persona, que “deplora la pretensión de revisar el Informe Final desde el Congreso de la República, lo que supondría, sin lugar a dudas, una manipulación política de la historia”.

b.- Las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional (PNP)

Este sector no perdona a la CVR haber señalado que “aplicaron una estrategia que en un primer periodo fue de represión indiscriminada contra la población. Y también que “en ciertos lugares y momentos del conflicto” la actuación de sus miembros “no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario” (nn.54-55).

Dicha afirmación, hecha en el 2003, ha sido posteriormente corroborada fehacientemente por numerosos  hallazgos, entre ellos Putis, Los Cabitos (sede del Comando Político Militar de Ayacucho) y Umasi (1983), todos ellos en Ayacucho; y también por las declaraciones del ex teniente Telmo Hurtado (implicado en la masacre de 69 comuneros de Accomarca en 1985); así como también por el Presidente de la República, Ollanta Humala.

Telmo Hurtado ha declarado, en el juicio que actualmente se le sigue por el caso Accomarca, que sus superiores permitieron una política de exterminio contra campesinos inocentes, entre ellos niños y ancianos. En su primera confrontación con el general EP (r) Wilfredo Mori Orzo, ex comandante General de la II División de Infantería y ex jefe del Comando Político Militar de Huamanga en 1985, Hurtado le exigió que asuma su responsabilidad, diciéndole "Ya es tiempo que tenga el aplomo y asuma su responsabilidad. Usted permitió que la guerra se lleve bajo esos procedimientos. Usted tiene que amarrarse los pantalones porque su unidad permitió procedimientos ilegales…". Lo mismo afirmó en otra audiencia, cuando fue confrontado con su ex jefe, el comandante en retiro Ricardo Sotero Navarro. Hurtado señaló que en Ayacucho se aplicó una política de exterminio de presuntos subversivos, avalada por altos oficiales. Hurtado le dijo a Sotero: "Usted estaba al tanto de lo que realizaban las patrullas”.

Por su parte, el Presidente Humala señaló en enero de este año, en una entrevista a Juan Luis Cebrián, del diario español El País reproducida por La República, que se negó a aplicar el Manual de Contrainsurgencia ME 41-7 que ordenaba matar a jefes y colaboradores de la insurgencia, aunque no estuvieran armados.

A pesar de esas evidencias,  miembros en actividad y en retiro de las FFAA y la PNP siguen afirmado que lo dicho por la CVR es una calumnia que sólo favorece a Sendero Luminoso y que el Informe desató una persecución judicial a sus valerosos miembros, afectando su moral combatiente.

En su afán por desprestigiar a la CVR ocultan lo que el Informe Final señala en sus Conclusiones Generales: que las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas “tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos [y] reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia. Asimismo, rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos miembros que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber” (n.39).

En el caso de la Policía, en número 50 del Informe la CVR dice: “el trabajo de inteligencia operativa de la DINCOTE (antes DIRCOTE) logró las impecables capturas de los principales dirigentes subversivos (…) estas capturas constituyeron un factor fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo”. Y por ello señala el Informe que la Nación tiene una deuda con esos valerosos soldados y policías que arriesgaron y en muchos casos ofrendaron sus vidas para librarnos del terrorismo.

Los enemigos de la CVR omiten señalar que lo que la CVR solicitó fue someter a juicio a aquellos militares y policías que no cumplieron con su deber y cometieron violaciones masivas de derechos humanos, lo que está penado por el derecho internacional. Y la CVR lo hizo no sólo como un deber de justicia, sino para evitar que la impunidad provoque que situaciones similares se repitan a futuro en nuestra Patria.

Ernesto de la Jara lo señaló bien hace dos años. En ese entonces el dijo “Los militares y policías que están siendo procesados y condenados por hechos vinculados a violencia política, no son los que se enfrentaron al terrorismo, sino los que violaron derechos humanos: desaparecieron, torturaron, asesinaron y violaron a personas (…) en el caso de la violencia política los asesinados, desaparecidos, torturados, violados, etcétera, no son ni lejanamente, en su mayoría, integrantes de SL o el MRTA [Movimiento Revolucionario Túpac Amaru], sino población local entre dos fuegos]

c.- El Opus Dei

Dicho sector eclesial nunca se ha caracterizado por su valoración del trabajo de la CVR, sobre todo porque el Informe Final trae un serio cuestionamiento a Monseñor Cipriani, Arzobispo de Ayacucho durante los años de la violencia política, y a otros prelados que tuvieron similar actitud. En efecto la CVR señala que ha encontrado que “la defensa de los derechos humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho” y que más bien “dicho arzobispado puso obstáculos a la labor de organizaciones de la Iglesia vinculadas al tema, a la vez que negaba violaciones de los derechos humanos”.  Lo mismo afirma para Huancavelica y Abancay.

Sin embargo, el mismo informe afirma que que tanto la iglesia católica como las evangélicas  “contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones de derechos humanos.  Institucionalmente la iglesia católica condenó desde temprano la violencia de los grupos alzados en armas e igualmente las violaciones de los DDHH por parte del Estado (...) en departamentos como Puno, Cajamarca, Ancash, Ucayali o Amazonas, el papel de sacerdotes, laicos y catequistas contribuyó a fortalecer el tejido social y construir una barrera que debilitó el avance del PCP-SL y el desborde la denominada “guerra sucia” (n.141).

El Opus Dei parece ignorar que la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en su mensaje de Navidad del 2003 respaldó a la CVR. En esa ocasión la CEP afirmó “Nosotros asumimos dicho Informe, con las limitaciones que pueda tener, porque es un trabajo valioso y punto de partida para seguir adelante” (n.1)

d.- Los medios de comunicación

A la mayoría de ellos no gustó la afirmación de la CVR de que “hubo medios que sostuvieron una posición ambigua e incluso en ciertos casos importantes avalaron la violencia arbitraria del Estado” (n.150).  También señala que “en muchos medios, el tema de la violencia subversiva y contra subversiva no fue tratado de una manera tal que significara un aporte significativo a la pacificación del país (…)  debido a una lógica de la violencia que imprimió un tratamiento poco sensible a los temas y a “la primacía de una lógica comercial, que en los peores casos condujo al amarillismo y se complicó a finales de la década de 1990 con el fenómeno de mega corrupción y compra de medios” (n.152).

Entre los diarios más anti CVR podemos ubicar a Correo, Expreso, La Razón y El Comercio. El Ex Presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres se quejó en una reciente entrevista en Caretas sobre la forma sesgada en que informa el grupo El Comercio (que tiene los diarios Perú 21, El Comercio y muchos otros más ) y agregó “es realmente infame lo que han hecho, esto huele feo” refiriéndose a como habían aprovechado el caso de “William” para atacar a la CVR.

e.- Sendero Luminoso (SL)

Lo que irrita a este grupo terrorista que hoy se presenta bajo la careta del MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y Defensa de Derechos Fundamentales) es que la CVR afirme que SL es el principal responsable de crímenes y violaciones de los derechos humanos, siendo responsable del 54% de las víctimas fatales (cf. n.13). Acusa también a SL de crímenes de lesa humanidad por desplegar una “extremada violencia e inusitada crueldad” (n.14) en la implementación de un proyecto fundamentalista “militarista y totalitario de características terroristas” (n.15) con una “falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes” (n.19).  Igualmente de tener “concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas” (n.21) y de que “buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil” (n.28).

II.- LO QUE SE CUESTIONA 

a.- Que tiene errores

Por supuesto que, como toda obra humana, el Informe de la CVR tiene errores. No olvidemos que son 9 tomos, con más de 8,000 páginas.  Sin embargo, como muchos miembros de la sociedad peruana, consideramos que dichos errores no descalifican el trabajo realizado.

Salomón Lerner Febres, señala que el documento es un punto de partida y añade “!Con qué desfachatez pueden venir a decir que nosotros hemos hablado ex cátedra y que hemos dicho que es la verdad que no se puede mover!”. Coincidimos con Carlos Reyna cuando afirma que “el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, si bien puede tener algunos vacíos o tesis polémicas, sigue siendo el documento que mejor retrata el violento período de los ochenta y noventa. Quienes lo deseen podrían aportar nuevos informes, pero no se justifica su descalificación”.

De la misma opinión es el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, quien señaló que si el Informe contiene errores, son "meramente formales, no son errores de fondo” y resaltó que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) es una fuente histórica que se ha utilizado incluso en procesos judiciales por violación de derechos humanos cometidos durante los años de violencia política.


La masacre de Putis está registrada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
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b.- Su imparcialidad

Se acusa al informe de sesgo ideológico, pues según sus cuestionadores muchos de sus miembros tenían una militancia de izquierda.  Por eso nos parece conveniente recordar la composición de sus miembros:

+  Más del 50% estaba ligado a sectores eclesiales católicos y evangélicos, estos son: Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, El P. Gastón Garatea Yori, sacerdote católico de los Sagrados Corazones, el Pastor  Humberto Lay (miembro del Concilio Nacional Evangélico-CONEP-), el polítólogo Rolando Ames Cobián, ligado a sectores católicos progresistas,  Mons. Antúnez de Mayolo (entonces obispo auxiliar de Ayacucho) y Monseñor Luis Bambarén (como miembro invitado).

+ Otros, efectivamente,  provenían de una antigua militancia de izquierda, como el antropólogo Carlos Iván Degregori, Carlos Tapia y Alberto Morote. Sin embargo, hay que resaltar que la razón por la que se les convocó es por que los dos primeros habían enseñado largo tiempo en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y Morote había sido presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional -CTAR- de Ayacucho, que equivalía a lo que hoy es el cargo de Presidente Regional de Ayacucho.

 + Los otros comisionados, el abogado Enrique Bernales y Sofía Macher estaban vinculados  a organismos de Derechos Humanos

+ Por su parte las FFAA tuvieron su representación a través del excomandante de la Fuerza Aérea, Luis Arias Graziani, quién al finalizar el trabajo de la CVR, aunque mostró sus reservas sobre el asunto de reparaciones y la afirmación de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de las FFAA y PNP  reconoció que la CVR cumplió “con seriedad y esmero encomiable su cometido”

+ La otra integrante fue Beatriz Alva Hart, que había sido viceministra de Trabajo en 1999 y congresista por el  fujimorismo en el 2000; aunque posteriormente se apartó de dicha agrupación argumentando objeciones éticas.

El número de víctimas señaladas.

El Informe Final de la CVR afirma que el conflicto armado interno que vivimos, entre 1980 y el 2000, ha dejado un saldo de 69,280 víctimas fatales, cifra que es casi el doble de lo que se había estimado hasta ese entonces.  Desde el comienzo esta afirmación disgustó a muchos sectores. Rafael Rey, destacado miembro del Opus Dei, llegó a decir “desafío a los comisionados a que muestren el DNI, la partida de nacimiento o algún documento de que estas personas existieron”.  Su  pedido nos recordó cuán alejado está este señor de la realidad cotidiana de los peruanos, pues ignoraba el grave problema de indocumentación que padecen las poblaciones más postergadas. Efectivamente, el Censo Nacional de 1981 había señalado que en ese entonces habían dos millones de peruanos y peruanas sin documento de identidad. La CVR señaló que dicho número supera “el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente”, y cuyo periodo 1980-2000 “constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia republicana” (n.1).

III.- LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA VIOLENCIA  POLITICA

El Informe de la CVR podría también llamarse “Radiografía de una Nación” pues señala una serie de características de la sociedad peruana que es urgente modificar si queremos que episodios como los que vivimos con la violencia política no se vuelvan a repetir. Sin ánimo de exhaustividad señalamos algunos de ellos:

+ la gran discriminación que existe entre peruanos, sobre todo por razones de etnia, económica (de clase) de género etc. Algo se ha avanzado desde entonces, pero todavía queda mucho camino por recorrer
+ el tipo de relaciones que hemos construido entre nosotros, marcada por:

a)     una ausencia de cultura democrática, donde todos tengan plena conciencia de sus derechos, pero también de sus responsabilidades
b)     una forma de relacionarnos que ve en el ejercicio de la violencia contra el otro como el método más eficiente, rápido y expeditivo de solucionar los conflictos y discrepancias entre peruanos y peruanas.
c)      la lejanía que sentimos frente al otro distinto o diferente a nosotros. Prima la indiferencia y el desprecio, nunca el sentimiento de igualdad.
En suma no hemos logrado construir relaciones humanas justas y respetuosas de los derechos de cada uno.

+ la pobreza y la desigualdad, como fuente de falta de oportunidades básicas para la mayoría de la población. Aunque algo hemos avanzado en lo primero, lo segundo se mantiene estable en los últimos 46 años.

+ el tipo de educación que recibe la mayoría de peruanos (85% del alumnado va a la escuela pública), marcada por el autoritarismo, versiones simplistas de la realidad y el no-ejercicio del espíritu crítico.

Recordemos que las dos últimas causa señaladas facilitaron a los terroristas, tener una cantera para reclutar sus cuadros

+ la deficiencia de nuestro sistema de partidos que impidió que los que ejercieron el gobierno durante la época de la violencia política asumieran sus responsabilidades. Estos fueron
1980-1985       Acción Popular con Fernando Belaúnde Terry
1985-1990     APRA, con Alan García Perez
1990-2000   El Fujimorismo con sus diversos membretes partidarios, con Alberto Fujimori

En el caso de la Izquierda si bien la CVR constata que “en muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el avance del PCP-SL” (n.105), también hace notar que “un deslinde ideológico insuficiente y en muchos casos tardío colocó a la mayoría de los partidos miembros de IU en una situación ambigua frente a las acciones del PCP-SL y más aún del MRTA (n.108)
+ unas Fuerzas Armadas que desde el inicio de nuestra época republicana (1821) se constituyeron como un estado dentro de otro estado, obligando a los gobiernos civiles a negociar con ellos y por lo tanto impidiendo una adecuada supervisión de su labor, lo que facilitó las masivas violaciones de derechos humanos que hubieron durante la lucha antisubversiva.
+ El Informe de la CVR también señala que el tipo de presencia estatal en zonas alejadas (marcado por autoridades abusivas, soberbias y corruptas) también favoreció el avance de SL. Pero también la ausencia estatal en otras zonas.

+ La CVR indica que conflictos ancestrales por la tierra fueron usados por los mismos pobladores para acusarse y eliminarse mutuamente.

+ El narcotráfico permitió a Sendero Luminoso tener el dinero que requería para su acción subversiva, así como conseguir armas. En los inicios del conflicto la implementación de una política estatal de erradicación forzosa de los cultivos de coca (por exigencia del gobierno norteamericano) hizo que los campesinos cocaleros también vieran con simpatía a Sendero Luminoso.
+ Por último una característica positiva que resalta el Informe de la CVR es que la larga tradición de organización de la población permitió construir una barrera que debilitó el avance del PCP-SL y el desborde la denominada “guerra sucia”.

Coincidimos plenamente con S., Lerner cuando señala que la obligación moral que emana del Informe de la CVR es “la obligación de hacer justicia, y de hacer prevalecer la verdad, la obligación de cerrar las brechas sociales que fueron el telón de fondo de la desgracia vivida”

IV.- SECUELAS Y NECESIDAD DE REPARACIÓN

La CVR dice que este conflicto, el más grave de nuestra historia republicana, “ha dejado secuelas muy profundas en todos los planos de la vida nacional. La amplitud e intensidad del conflicto acentuaron los graves desequilibrios nacionales; destruyeron el orden democrático; agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad; agravaron formas de discriminación y exclusión; debilitaron las redes sociales y emocionales y propiciaron una cultura de temor y desconfianza” (n.153).  Además de resultar en la “masiva destrucción de la infraestructura productiva y pérdida de capital social y oportunidades económicas. Los departamentos que lo sufrieron con mayor intensidad se encuentran hoy en los últimos lugares en los índices de pobreza y desarrollo humano” (n.154).  Nos dice que “el sufrimiento extremo ha causado resentimiento y ha teñido de recelo y violencia la convivencia social y las relaciones interpersonales” (n.158).

Por ello sostiene la necesidad de “reparar, en la medida de lo posible, los gravísimos daños que se han ocasionado” (n.163).  Para ello ha presentado un “Programa Integral de Reparaciones” “donde se combinan formas individuales y colectivas, simbólicas y materiales de resarcimiento” (n.167).  Asimismo sostiene que “el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas” (n.170).  Termina diciendo que “entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar; en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Los tres planos señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe.  Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana” (n.171).
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1 comentario:

oscar rojas dijo...

Este panorama, tan pobre de analisis, y un esquema al estilo Harnecker, no permite una cabal interpretación de la realidad, existe un sesgo prejuicioso y hasta de complacencia por defender una Entidad que hace agua hace mucho. El filosofo economista Silvio rendón ya ha quebrado al elefante blanco que fue la CVR. El afirma ¿Por qué los datos muestran pocos cruces para Sendero Luminoso?

Las ONGs de DDHH y la Defensoría del Pueblo recogieron testimonios casi exclusivos de muertes y desapariciones por el Estado, no de Sendero Luminoso. Cuando llega la CVR, institución creada por el estado que acaba de ganar la guerra, los reportes que recibe inicialmente son principalmente de muertes perpetradas por Sendero Luminoso. Esto es muy comprensible: se trata de una institución que es percibida por la población como más receptiva a las denuncias de muertes de Sendero que del estado. Mucha gente no había denunciado las muertes de Sendero a las dos organizaciones anteriores. En cambio muchos familiares de víctimas del estado ya habían hecho sus denuncias a las dos organizciones anteriores: tenían menos incentivos para hacer una tercera denuncia que quienes nunca habían hecho alguna. La CVR se ve con muchas denuncias contra Sendero, especialmente, al comienzo de su recolección de datos, y cree que sus datos son los correctos, mientras que los datos de las otras organizaciones están sesgados (De hecho, se plantea internamente que los datos de la CVR deben ser los únicos oficiales sobre el conflicto, para darle credibilidad a su trabajo). Sin embargo, considerando todos los casos reportados siempre resulta que el estado es el principal perpetrador. --- Esto en su blog, http://grancomboclub.com/2012/08/las-sobreestimaciones-de-la-cvr.html
OBVIAR INFORMACIÓN DE UN INVESTIGADOR ES POR DECIR NADA SERIO, PERO LA SOCIOLOGIA EN AREQUIPA HACE MUCHO QUE HA DEGENERADO CIENTIFICA Y MORALMENTE