CIUDADANOS(AS) DEL PERÚ. VIVIMOS UN TIEMPO
HISTÓRICO DE GRAN DEFINICIÓN POLÍTICA. QUE SE VAYAN TODOS. MAFIOSOS Y CORRUPTOS. Tiempo No de
politiquería y menos de un gatopardismo político, a lo "lampedusiano"
- para cambiar algo y al final NO cambie
nada. Vivimos una Hora decisiva, así como el 2000 y el 2001 derrotamos a la más corrupta dictadura. Hoy nuestra
Misión histórica, nos obliga a luchar
frontal y con Dignidad para asegurar el Derecho al Futuro a las Nuevas Generaciones. Si ayer luchamos contra la corrupción metida en la Política, hoy nos enfrentamos a una CUÁDRUPLE ALIANZA MAFIOSA. Los sectores ultra-conservadores evangélicos
- metidos en la política y sus pastores
en el Congreso – “con mis hijos no te metas” -; con los sectores corruptos de la ultra derecha
política - el apro-fujimorismo y su
"banda" de aliados - parapetados en el Congreso; los Medios de
Comunicación, - algunos, no todos - convertidos en voceros de esta Mafia de estafadores y voceros de la
CONFIEP y el sector más peligroso LOS
CUELLOS BLANCOS presentes en el Poder
Judicial y el Ministerio Público. Miren
el PODER, los poderes facticos
internos “al negro más oscuro” que
tienen hoy y su muro de resistencia es
la IMPUNIDAD. La Ciudadanía en todas las Calles y
Plazas Públicas de todo el PERÚ: Que se vayan todos MAFIOSOS Y CORRUPTOS.
PERO EL PODER CIUDADANO es mucho más poderoso, porque está el PODER del
Pueblo, de la Sociedad Civil. EL PODER POPULAR. Nuestra Participación Ciudadana y vigilancia activa y permanente en las calles, en la
Plaza Pública - el hogar de
nacimiento histórico - de la DEMOCRACIA POPULAR - nuestra Democracia, nos da LEGITIMIDAD,
camino a fortalecer la CONFIANZA personal, social e institucional, única
garantía del Poder Popular Institucional
para derrotar a esta Mafia en DEMOCRACIA - único camino político - que nos
garantiza por primera vez en nuestra Historia forjar social y construir
políticamente GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA. Ciudadanos (as) de mi Patria, el Futuro es
nuestro y nadie nos puede arrebatar. VENCEREMOS a la MAFIA de la CORRUPCIÓN hoy y su Cuádruple Alianza. Todos en Democracia
a forjar un PERÚ NUEVO en NUESTRA AMÉRICA, la PATRIA GRANDE. Pablo Raúl
jueves 5 de setiembre del 2019.
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Miles de manifestantes, protestan frente al Congreso en la Ciudad de Lima.
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GUERRA DECLARADA AL FUJIMORISMO.
Miles de peruanos reclaman el cierre del Congreso.
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La rabia detrás del “que se vayan
todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo,
convertido en símbolo de corrupción.
Carlos
Noriega.
Página/12
domingo 8 de setiembre del 2019.
Desde
Lima
“Que se vayan todos”, fue el grito de indignación que
se escuchó en las calles durante las movilizaciones en Lima y las principales
ciudades del país exigiendo el adelanto de las elecciones presidenciales y
parlamentarias. La rabia detrás de ese “que se vayan todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado
por el fujimorismo, convertido en el símbolo más notorio de una clase política embarrada
por la corrupción.
El nivel de rechazo al Congreso bordea el 90
por ciento. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien
puso en el centro del debate, y de las demandas ciudadanas, el adelanto de
elecciones generales, al proponer una ley en ese sentido, medida que tiene 70
por ciento de respaldo. Esa propuesta,
la lucha contra la corrupción y su enfrentamiento contra el desacreditado
Congreso fujimorista suman a la popularidad de Vizcarra, ajeno a la clase política tradicional, pero
deficiencias de gestión, problemas relacionados con la política económica
neoliberal y conflictos sociales juegan en su contra. Los
sondeos le dan 47 por ciento de apoyo.
En
medio de una grave crisis política por los constantes choques entre el
Ejecutivo y el Congreso, Vizcarra presentó al Parlamento un
proyecto de ley para adelantar un año
las elecciones generales, de abril de 2021 al mismo mes de 2020. Argumenta que esa es “la única salida
posible” a la
crisis política. Esto implica que el
presidente, que no irá a la reelección,
recorta en un año su mandato
presidencial, pero que también debe hacerlo el Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados, entre ellos en primera fila el Partido
Aprista del fallecido ex presidente Alan García, que se suicidó en abril pasado acorralado por cargos de corrupción. La mayoría parlamentaria ha reaccionado
furiosa en contra de esa posibilidad. La
izquierda y sectores de una derecha liberal respaldan el adelanto de
elecciones.
Para que las elecciones puedan darse en abril de 2020 la
reforma
constitucional que lo haga posible debe ser primero aprobada por el Congreso y luego ratificada en un referéndum
que debe darse a más tardar en diciembre. Lo
segundo se da por descontentado, pero lo primero parece improbable. Y
ahí se traba todo. En un escenario poco favorable para aprobar el
adelanto de elecciones en el Congreso,
el gobierno tiene la carta de pedir al Legislativo un voto de confianza amarrado a la aprobación de esa propuesta, y si el adelanto de elecciones es rechazado
y por lo tanto el voto de confianza
en esas condiciones negado, el Ejecutivo
quedaría constitucionalmente habilitado para cerrar el Parlamento y llamar a elecciones. Ese mecanismo para
presionar al Congreso ya le ha dado
resultados al gobierno en otros temas. Esta vez, la mayoría parlamentaria, jugada para impedir elecciones adelantadas, amenaza
desconocer su eventual cierre y responder con la
destitución de Vizcarra.
En las principales Ciudades del Perú, la Ciudadanía expresó su total rechazo a los intentos golpistas desde el Congreso contra el Presidente Vizcarra. La lucha es frontal contra la Cuádruple Alianza de las Mafias de la Corrupción.
***
El fujimorismo y sus aliados están acosados por
procesos judiciales -la jefa del fujimorismo, Keiko Fujimori,
está bajo prisión preventiva acusada
de lavado de activos por el
financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero sucio de Odebrecht, y varios dirigentes de su
partido están comprometidos en ese caso- y buscan desesperadamente tumbarse los
procesos anticorrupción. Para ese objetivo necesitan controlar el mayor tiempo
posible el Congreso, desde el cual
vienen presionando en defensa de Keiko
y otros acusados, blindando a varios denunciados por corrupción, incluyendo
jueces y fiscales que juegan a su favor, y
atacando a los fiscales anticorrupción, a los que buscan destituir. Un
adelanto de elecciones -las que, según revelan las encuestas, perderían
abrumadoramente- afectaría sus planes de impunidad al tener que dejar el control del
Congreso un año antes de lo esperado.
Mientras
en el Congreso dilatan el debate sobre el adelanto de elecciones, los legisladores
fujimoristas y sus aliados maniobran para armar un golpe
parlamentario si no logran hacer
retroceder al presidente. Vizcarra ha asegurado que de ninguna manera dará
marcha atrás. Sacando al presidente no solamente esperan bloquear las elecciones adelantadas que no quieren, sino
también reemplazar a alguien incómodo para sus intereses por una persona amiga que les facilite sus planes
para acabar con los procesos
anticorrupción. Parecen haber encontrado en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien
ha roto con el presidente, a esa
persona amiga que necesitan en la presidencia. La vicepresidenta, quien hace una década fue ministra del segundo
gobierno de Alan García, ahora juega para el fujimorismo, despachándose en declaraciones contra el adelanto de
elecciones impulsado por el presidente y lanzando críticas contra el equipo fiscal anticorrupción.
La
mayoría fujimorista puede no tener argumentos válidos para destituir a Vizcarra, pero ya ha
demostrado la prepotencia con la que se manejan. Y ahora se mueven con la desesperación de quienes ven cerca la
cárcel. Para consumar el golpe parlamentario necesitan 87 votos, dos tercios
del total. No los tienen, pero sumando aliados seguros, como el Partido Aprista, y otros eventuales,
podrían llegar a esa cifra. Hace menos de dos meses ganaron la mesa directiva
del Congreso
con 76 votos. De ahí parten para buscar
seguir sumando.
La
guerra ha sido declarada. La batalla se da en el terreno político, pero también
en las calles. Están en juego
el futuro de los procesos judiciales contra la extendida corrupción política y
empresarial, que ha gatillado la ira ciudadana, y de la democracia misma. Este mes de septiembre puede ser decisivo.
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