EL CICLO DE LA CIVILIZACIÓN

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“El colapso y la sustitución de la civilización es una forma de destrucción creativa, algo que no es necesariamente «bueno» o «malo», sino necesario e inevitable. La civilización que se encuentra ahora mismo al final de su pasionaridad, de hecho, ha agotado hace mucho la asabiyya que alguna vez tuvo, tal y como es el caso del mundo liberal-capitalista occidental. Occidente es un cadáver hinchado, ya clínicamente muerto, pero mantenido con cierta vida gracias a intervenciones médicas desesperadas (como el sistema de moneda fiduciaria con el dólar como columna vertebral y el control de la economía mundial a través del FMI y el Banco Mundial). Pero este sistema no puede durar ni durará para siempre. Este monstruo de Frankenstein que es la sociedad occidental, que ha empezado a volverse contra su propio pasado y sus culturas originales al tiempo que se arroga una superioridad inherente frente a todas las demás, está condenado al fracaso. La única cuestión que queda por dilucidar es en qué términos acabará.

“Sin embargo, no quiero ser agorero en lo que se refiere a la posibilidad de Europa y su futuro. La tesis spengleriana parece a veces demasiado fatalista, aunque el propio Spengler también reservaba espacio a la posibilidad de que una civilización se salvara a sí misma. Es posible que Europa se reafirme como polo civilizatorio, lejos de la influencia mortífera de la corrupción angloamericana. Será difícil, pero no imposible. Europa puede renacer redescubriendo sus valores e identidad propia premoderna. De forma parecida a como se reafirmó el Imperio Romano de Oriente y a como China se reinventó a sí misma en la Revolución Xinhai.

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EL CICLO DE LA CIVILIZACIÓN.

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Brecht Jonkers sostiene que las civilizaciones en declive – como las analizadas por Ibn Jaldún, Lev Gumilev y Oswald Spengler – deben elegir entre revitalizarse mediante la reafirmación de los valores fundamentales o enfrentarse a un colapso inevitable debido a la decadencia interna o a la conquista externa, un patrón que se observa desde el Imperio Romano hasta las modernas sociedades occidentales liberal-capitalistas.

Brecht Jonkers, Arktos

 

Fuente. Jaque al neoliberalismo. Martes 6 de enero del 2025.

 

Por regla general, las civilizaciones y sociedades en declive tienen dos opciones:

Reafirmarse y reinventarse, tanto en la escena mundial como asegurándose de sobrevivir y posiblemente alcanzar una nueva prosperidad;

O continuar por la senda del declive hacia su inevitable perdición, ya sea por colapso interno o por la toma del poder por fuerzas externas con un mayor nivel de compromiso y solidaridad civilizatorios.

El ascenso y la caída de las civilizaciones se analizan, por supuesto, con gran claridad en los escritos de Oswald Spengler. Sin embargo, la dinámica interna de las civilizaciones o grupos étnicos también fue muy bien descrita por escritores como Abu Zayd, Ibn Jaldún y Lev Gumilev.

Ibn Jaldún, el historiador tunecino del siglo XIV, llamó a esta fuerza la «asabiyya», a menudo traducida como solidaridad tribal. La cohesión y la solidaridad internas son esenciales para la supervivencia y la prosperidad de una tribu, una cultura, una etnia y un reino. Y, en lo que Spengler describiría más tarde como una fuerza inevitable de la ley, la asabiyya de una civilización tiende a declinar constantemente con el tiempo, a medida que los que ostentan el poder se empantanan en la búsqueda de la comodidad y el lujo en lugar de la justicia y la gloria. La corrupción, la decadencia y la degeneración se instalan y, si no se toman medidas inmediatas y decisivas, la asabiyya se debilitará hasta tal punto que la civilización se derrumbará por completo. Su lugar lo ocupa entonces una tribu nueva, joven y moralmente más pura, cuya cohesión y solidaridad internas son más fuertes.

El historiador y etnólogo soviético Lev Gumilev describió este proceso con el término «passionarnost» o pasionaridad: la energía y el impulso dentro de una etnia para establecer y alcanzar objetivos comunes, incluso a un gran coste personal. Las civilizaciones experimentan procesos de nacimiento, crecimiento, clímax, inercia y declive o transformación, a medida que el nivel de pasionaridad de sus sociedades aumenta o disminuye. Gumilev creía firmemente en la influencia de los elementos geográficos y biosféricos en el desarrollo de las sociedades y las culturas, que infunden a ciertos líderes y grupos de personas una mayor energía parionaria como para llevar a cabo el cambio. Esta pasionaridad, al igual que la asabiyya de Ibn Jaldún, tiene una tendencia natural a disminuir e incluso puede desaparecer por completo.

Sin embargo, se puede argumentar que el concepto del historiador soviético de este ciclo continuo es menos determinista que el de Spengler. Gumilev veía las culturas nómadas de la estepa euroasiática como ejemplos de una etnia con una adaptabilidad y resistencia únicas a lo largo de la historia, debido por ejemplo a su gran complementariedad con el espacio geográfico y natural que ocupan. En este sentido, vuelve a parecerse mucho a Ibn Jaldún (aunque no hay indicios de que Gumilev se basara en el erudito árabe medieval), ya que este último expresó en múltiples ocasiones sus alabanzas por las tribus beduinas del desierto del norte de África, en contraste con el mundo urbano del Mediterráneo.

No se puede exagerar la gran influencia de Gumilev en la política rusa contemporánea y en la política militar y exterior. Fue uno de los impulsores del auge del neoeurasianismo, que ha encontrado un importante apoyo popular en la Federación Rusa desde el cambio de siglo, aunque el propio Lev Gumilev no viviría para ver este resultado.

El antiguo concepto chino del Mandato del Cielo expresaba un concepto similar, que ha reverberado a lo largo de la historia china desde su creación por los revolucionarios Zhou que derrocaron a la dinastía Shang en 1046 a.C.: el mandato de gobierno es otorgado por decreto divino, pero podía rescindirse y transferirse a otro si los gobernantes demostraban ser indignos. Una de las formas más claras de reconocer que el mandato divino había terminado, según pensadores confucianos tan influyentes como Mencio, era cuando el apoyo popular a la dinastía y al gobierno decaía debido a los continuos abusos de poder. La naturaleza cíclica de los reinos, los imperios y las familias gobernantes en el Todo Bajo el Cielo a lo largo de la historia se consideraba una ley inevitable.

Los mongoles establecieron el mayor imperio terrestre contiguo que el mundo haya visto jamás, partiendo prácticamente de la nada. Acabaron con superpotencias imperiales como Persia, China y Mesopotamia e incluso pusieron en jaque al califato abasí. La causa fue su pasionaridad, su empuje y devoción a su causa, así como los cambios revolucionarios que introdujeron en un mundo petrificado y atrofiado de gobernantes corruptos y aduladores. El propio Genghis Khan advirtió a sus hijos y compatriotas que no se dejaran seducir por las artimañas de la comodidad y el lujo de la «vida civilizada» en los reinos que acababan de conquistar, y su advertencia resultaría acertada una y otra vez.

En China, los restos decadentes de la dinastía Yuan, precisamente aquellos gobernantes mongoles que cedieron a las seducciones del lujo, fueron barridos por los revolucionarios populares que fundaron el Imperio Ming en el siglo XIV; y mucho más tarde, la última dinastía imperial, los emperadores Qing, notoriamente ineptos, fueron arrojados al basurero de la historia por la Revolución Republicana de 1911. Por el contrario, líderes apasionados de estirpe mongola, como Timur Lenk y Babur de Kabul, pasarían a fundar reinos deslumbrantes, como el Imperio mogol, cambiando para siempre el curso histórico de gran parte de Asia.

De vuelta a Occidente, el Imperio Romano en Occidente se marchitó y murió debido a su inercia y corrupción duraderas, para ser sustituido por «bárbaros» procedentes de Oriente con una cohesión social más fuerte y un sistema político más vivo que reemplazo al atrofiado imperio esclavista. Aunque los entusiastas de la historia romana y los derechistas de «abrazar la tradición» se lamenten por ello, lo cierto es que los hunos, los godos, los francos y los vándalos representaron el impulso de renovación civilizatoria que Europa necesitaba en aquel momento, aunque probablemente nunca se dieran cuenta de ello. Las podridas estructuras del abotargado Imperio Romano de Occidente tuvieron que derrumbarse para dar paso al sistema feudal, en aquel momento bastante revolucionario.

El Imperio Romano de Oriente, en cambio, renovado en su cultura y gran centro de un cristianismo vigoroso, logró reafirmar su razón de ser y perduró otros mil años. Cuando Constantinopla, a su vez, quedó inerte y atrofiada, fue la asabiyya de los otomanos de las estepas orientales la que los sustituyó. Y este Imperio Otomano irrumpió en la escena histórica en todo su esplendor durante siglos, pero acabó petrificándose hasta convertirse en el «enfermo de Europa» dominado por eunucos y soldados esclavos secuestrados de familias cristianas, momento en que su asabiyya se desvaneció.

El colapso y la sustitución de la civilización es una forma de destrucción creativa, algo que no es necesariamente «bueno» o «malo», sino necesario e inevitable.

La civilización que se encuentra ahora mismo al final de su pasionaridad, de hecho, ha agotado hace mucho la asabiyya que alguna vez tuvo, tal y como es el caso del mundo liberal-capitalista occidental.

Occidente es un cadáver hinchado, ya clínicamente muerto, pero mantenido con cierta vida gracias a intervenciones médicas desesperadas (como el sistema de moneda fiduciaria con el dólar como columna vertebral y el control de la economía mundial a través del FMI y el Banco Mundial). Pero este sistema no puede durar ni durará para siempre.

Este monstruo de Frankenstein que es la sociedad occidental, que ha empezado a volverse contra su propio pasado y sus culturas originales al tiempo que se arroga una superioridad inherente frente a todas las demás, está condenado al fracaso. La única cuestión que queda por dilucidar es en qué términos acabará.

Sin embargo, no quiero ser agorero en lo que se refiere a la posibilidad de Europa y su futuro. La tesis spengleriana parece a veces demasiado fatalista, aunque el propio Spengler también reservaba espacio a la posibilidad de que una civilización se salvara a sí misma. Es posible que Europa se reafirme como polo civilizatorio, lejos de la influencia mortífera de la corrupción angloamericana. Será difícil, pero no imposible. Europa puede renacer redescubriendo sus valores e identidad propia premoderna. De forma parecida a como se reafirmó el Imperio Romano de Oriente y a como China se reinventó a sí misma en la Revolución Xinhai.

O puede continuar por el camino de la autodestrucción en el que se encuentra ahora, seguir al Pentágono y a Wall Street hasta la tumba y optar por convertirse en un campo de batalla. En cuyo caso esta sociedad será barrida por las «hordas del Este», al igual que hicieron antes los hunos, los selyúcidas, los mongoles y los turcos otomanos. La pasionaridad de, como mínimo, los rusos, los chinos y los iraníes eclipsará los restos petrificados del mundo atlantista. El proyecto globalista dominado por Estados Unidos caerá entonces de forma muy parecida a como el Imperio Romano de Occidente cayó ante los «bárbaros», como Babilonia cayó ante Ciro el Grande y como el Reich fue derribado por las celosas fuerzas de la URSS.

La elección corresponde a Europa. El resultado será el mismo, el proceso depende de nosotros. Reafirmación creativa o destrucción creativa: nosotros elegimos.

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LA CUESTIÓN FISCAL COMO PARTE DE LA LUCHA DE CLASES.

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“Sin embargo, como las capas más ricas representan tan solo una fracción ínfima de la población total, ellas dependen de apoyo político de otros sectores sociales para imponer las directrices que se ajusten a sus intereses. Así, tratan de atraer a sus posiciones al menos a ciertas porciones de las clases medias y de los pobres, para que éstos también asuman como propias las propuestas y visiones que favorecen casi exclusivamente a los ricos. Por lo tanto, en lugar de expresar claramente que no quieren pagar impuestos y que no están de acuerdo en que los impuestos se utilicen para garantizar servicios que beneficien a las mayorías menos pudientes, los súper ricos recurrirán a su inmenso poder y control mediático para inducir a la gente de extracción popular a creer que la eliminación por parte del Estado de la provisión de servicios públicos y la no tributación impositiva a los más acaudalados son medidas que están en conformidad con los intereses de todos.

“Sin embargo, cuando analizamos cómo se produce la recaudación de impuestos en Brasil, nos damos cuenta de que, de hecho, el grueso de la tributación recae sobre quienes, por lógica, coherencia y decencia humanitaria, deberían pagar menos. Para expresarlo de una manera menos inequívoca: en nuestro país, los ricos no pagan casi nada en impuestos, mientras que la gente más humilde tiene que asumir un peso absurdamente alto del monto de recursos fiscales recaudados. El principal mecanismo utilizado para eximir casi totalmente a las clases dominantes del pago de impuestos es concentrarlos en los bienes de consumo y no en el rendimiento. Mientras que, en los países europeos, en los Estados Unidos y en Japón, por ejemplo, los ingresos se gravan directamente de forma mucho más rigurosa, superando en varios casos el 50%, en nuestro país la tasa máxima no supera el 27,5%. Así, no importa si tenemos un súper ejecutivo que gana alrededor de R$ 500.000,00 mensuales o un empleado asalariado de clase media que recibe alrededor de R$ 15.000,00, el porcentaje que se aplicará a ambos será el mismo, es decir, el 27,5%.

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Fuentes: Rebelión [Imagen: En Brasil los ricos pagan menos impuestos; en la imagen un grupo de personas reclamando un impuesto sobre las grandes fortunas. Créditos: Levante Popular da Juventude, tomada de Brasil de Fato]

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LA CUESTIÓN FISCAL COMO PARTE DE LA LUCHA DE CLASES.

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Por Jair de Souza | 06/01/2025 | Brasil.

Fuente. Revista Rebelión lunes 6 de enero del 2025.

 

En este texto el autor reflexiona sobre cómo se da la lucha de clases en relación con la recaudación impositiva y los destinos de la misma, cuyas características predominantes no se encuentran solo en Brasil, sino también en otros países, por lo que este texto puede servir para llevar adelante la lucha ideológica en otros países.

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Con la reciente aprobación por parte del Congreso de la propuesta de recorte de gastos enviada por el Gobierno Federal, se hicieron bastante evidentes algunos aspectos de cómo se libran las batallas dentro de la lucha de clases en nuestro país.

Si, aun haciendo enormes concesiones a los intereses de las clases dominantes, el proyecto del gobierno buscaba garantizar la defensa de algunos puntos favorables al campo popular, la acción de la mayoría reaccionaria en los cuerpos parlamentarios en el proceso de discusión de la medida terminó por encauzar la definición en una dirección en la que los trabajadores salieron en una situación aún peor de la que ya estaban.

Pero, ¿por qué este tema de la tributación impositiva y la exención fiscal tiene todo que ver con la lucha de clases? Esto es lo que trataremos de aclarar en las próximas líneas de este texto.

En primer lugar, es esencial que tengamos en cuenta que es a través de su capacidad de influir en el funcionamiento del aparato estatal que las diferentes clases que componen una sociedad pueden hacer valer el peso de sus reivindicaciones en relación con el conjunto de sus miembros. Como resultado, quienes tengan más fuerza estarán en condiciones más favorables para imponer al Estado la priorización en el atendimiento de los puntos que les son favorables y, a su vez, hacer que los costos para el mantenimiento del aparato estatal recaigan con mayor incidencia en los sectores más débiles.

Como es bien sabido, para su funcionamiento normal, todas las sociedades humanas modernas dependen de la recaudación de impuestos para mantener las actividades públicas esenciales que son suministradas por el Estado. La provisión de una educación pública de calidad aceptable, un servicio de atención médica eficiente y un esquema de seguridad pública que ofrezca protección y tranquilidad a sus habitantes, son tareas que le corresponden al Estado y que dependen de la recaudación de impuestos para mantenerse.

Cuáles son los servicios a prestar y de dónde sacar los fondos para sostenerlos son los principales interrogantes que las fuerzas componentes de la sociedad deben resolver para que el aparato estatal pueda seguir ejerciendo sus actividades. Por regla general, las clases más acomodadas se preocupan casi exclusivamente por la eficacia de los sistemas de represión policial y judicial, ya que estos son los que les sirven para contener más eficazmente la rebelión de los sectores populares y las protestas de los trabajadores y de los pobres en general. Ante esto, los más ricos no suelen albergar ninguna disposición a concordar con la idea de que las instituciones del Estado se preocupen con las necesidades básicas de las mayorías populares.

Así, nuestras clases dominantes optan por mantener a sus hijos en escuelas privadas, y no están propensas a contribuir para la existencia de escuelas públicas, donde los hijos de los trabajadores reciban una educación de buena calidad. Algo similar ocurre en relación con la atención médica. En este sentido, dado que los más acomodados pueden acceder a clínicas y hospitales privados, ellos generalmente se oponen a que recursos del Estados se empleen para financiar el sistema de atención médica que beneficia a los económicamente menos favorecidos. Por eso, se resisten a aceptar que los impuestos sean destinados a mantener servicios públicos dirigidos a la gente más carenciada.

Sin embargo, como las capas más ricas representan tan solo una fracción ínfima de la población total, ellas dependen de apoyo político de otros sectores sociales para imponer las directrices que se ajusten a sus intereses. Así, tratan de atraer a sus posiciones al menos a ciertas porciones de las clases medias y de los pobres, para que éstos también asuman como propias las propuestas y visiones que favorecen casi exclusivamente a los ricos. Por lo tanto, en lugar de expresar claramente que no quieren pagar impuestos y que no están de acuerdo en que los impuestos se utilicen para garantizar servicios que beneficien a las mayorías menos pudientes, los súper ricos recurrirán a su inmenso poder y control mediático para inducir a la gente de extracción popular a creer que la eliminación por parte del Estado de la provisión de servicios públicos y la no tributación impositiva a los más acaudalados son medidas que están en conformidad con los intereses de todos.

Sin embargo, cuando analizamos cómo se produce la recaudación de impuestos en Brasil, nos damos cuenta de que, de hecho, el grueso de la tributación recae sobre quienes, por lógica, coherencia y decencia humanitaria, deberían pagar menos. Para expresarlo de una manera menos inequívoca: en nuestro país, los ricos no pagan casi nada en impuestos, mientras que la gente más humilde tiene que asumir un peso absurdamente alto del monto de recursos fiscales recaudados.

El principal mecanismo utilizado para eximir casi totalmente a las clases dominantes del pago de impuestos es concentrarlos en los bienes de consumo y no en el rendimiento. Mientras que, en los países europeos, en los Estados Unidos y en Japón, por ejemplo, los ingresos se gravan directamente de forma mucho más rigurosa, superando en varios casos el 50%, en nuestro país la tasa máxima no supera el 27,5%. Así, no importa si tenemos un súper ejecutivo que gana alrededor de R$ 500.000,00 mensuales o un empleado asalariado de clase media que recibe alrededor de R$ 15.000,00, el porcentaje que se aplicará a ambos será el mismo, es decir, el 27,5%.

Sin embargo, esto está lejos de representar la injusticia más aberrante. En el caso de los ingresos obtenidos por medios no salariales, la aberración es todavía mayor, y llega a ser monstruosa. Las ganancias por dividendos simplemente no están sujetas al pago de impuestos. Brasil es uno de los pocos países del mundo donde esto ocurre. La tributación aplicada a los rendimientos derivados de actividades empresariales es mínima o inexistente.

Al final, lo que realmente sostendrá el funcionamiento del aparato estatal serán los impuestos que nos inciden indirectamente a través de los bienes de consumo.

Para tener una comprensión más realista de lo que esto significa, expondremos un cuadro hipotético (pero que dilucida bien el problema real) sobre el peso que soportan tanto los trabajadores como los capitalistas en la suma total de los impuestos aplicados a los bienes de consumo. En este caso, para facilitar la exposición y comprensión, admitiremos las hipótesis que enumeraremos a continuación. De hecho, la situación real es aún más crítica:

a) Consideremos que en el país hay 100 millones de contribuyentes, de los cuales 80 millones son trabajadores que ganan un promedio mensual de R$ 2.500,00, y otros 20 millones de empresarios cuyos ingresos son en promedio R$ 50.000,00 por mes;

b) Otra hipótesis realista es que todos los ingresos de aquellos que ganan un promedio de R$ 2.500,00 se gastan en bienes de consumo y, en el caso de aquellos que tienen un promedio de R$ 50.000,00, el gasto individual en consumo será de R$ 10.000,00;

c) A efectos prácticos, todos los bienes de consumo están gravados a una tasa del 25% sobre sus precios de mercado;

d) Ingresos totales del país: R$ 1.200.000.000.000,00, de los cuales R$ 200.000.000.000,00 para los trabajadores y R$ 1.000.000.000.000.00 para los empresarios.

Si aplicamos la tasa impositiva del 25% al consumo de cada grupo, llegamos a los siguientes números:

– Trabajadores: R$ 50.000.000.000,00 (25% de R$ 2.500,00 x 80.000.000)

– Empresarios: R$ 50.000.000.000,00 (25% de R$ 10.000,00 x 20.000.000)

Expresando en palabras el significado de estos cálculos, tenemos que los trabajadores pagan el 25% de sus ingresos totales de R$ 200.000.000.000,00, mientras que los empresarios se limitan a entregar para cubrir impuestos solo el 5% de sus ganancias totales de R$ 1.000.000.000.000,00.

Después de analizar este panorama, vamos a entender que no es mera casualidad que las clases dominantes quieran que la tributación se haga exclusivamente sobre los bienes de consumo, y no con impuestos directos en relación con los rendimientos.

Pues bien, somos conscientes de que a partir del diagnóstico la cura no viene de inmediato. La cuestión de quiénes cargan con las cuentas del funcionamiento del aparato estatal y a quiénes éste va a atender de modo prioritario se inserta en los choques de la permanente lucha de clases que se libra cada vez que en el escenario social se enfrentan clases con intereses opuestos. Por otro lado, también sabemos que, por mucho que Lula sea una persona profundamente imbuida de sentimientos favorables a la clase obrera, de la cual él mismo proviene, su gobierno no es un gobierno hegemonizado por los trabajadores.

A la vista del panorama que hemos acabado de exponer, debemos tener claro que el actual gobierno es un ente en disputa, en el que cada grupo social que lo integra busca conducirlo de acuerdo con sus intereses de clase. Por lo tanto, también les corresponde a los trabajadores librar la lucha para que sus aspiraciones sean respetadas y satisfechas. Pero esto no depende solo de los deseos y anhelos.

Evidentemente, no basta con contar con la presencia de Lula al frente del gobierno. Para que esto se transforme en una verdadera fuerza popular, es necesario que los trabajadores, sus organizaciones sindicales y sus partidos conozcan bien la realidad de la coyuntura prevaleciente y estén dotados de la necesaria conciencia de clase y disposición para aunar esfuerzos y marchar adelante con el propósito de construir una nueva sociedad, en la que injusticias como las expuestas en este texto se conviertan en cosas del pasado.

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UNA ALIANZA PARA EL PROGRESO CRIMINAL, POR ALBERTO VERGARA.

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“Lo paradójico es que aquello que se viene puede perfectamente convivir con dos situaciones que son, en principio, positivas. De un lado, puede coexistir con algún tipo de recuperación económica. Del otro, con unas elecciones generales que cumplan con los estándares democráticos mínimos.  Pero, además de paradójico, es peligroso. Lo que quiero decir es que, si a una sociedad criminalizada y desregulada como la peruana le entra dinero, el caos y la violencia será mayor. Y si le entra un chorro de plata conoceremos el estado de naturaleza. O el Ecuador. O como Trinidad y Tobago, una estrella del crecimiento económico caribeño, con un PBI per cápita de 19.000 dólares (el peruano bordea apenas los 8.000), que acaba de declarar el estado de emergencia por una ola tremenda de homicidios y criminalidad. El dinero en este contexto significa más problemas, no menos. Pero los ricos seguirán recibiendo su generoso bono anual y, desde un auto blindado, nos conminarán a resaltar que el Perú avanza. Y algo semejante podemos señalar de las elecciones del 2026. El Ejecutivo y el Legislativo han profundizado las reglas escritas y no escritas de la política peruana que nos trajeron hasta aquí. Bajo esas reglas, unas elecciones legítimas difícilmente alterarán nuestra trayectoria.  Así, la larga degradación peruana da una vuelta de tuerca perversa: aquello que debía ser antídoto ahora es veneno. Y la alianza para el progreso criminal ha acelerado el proceso.

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UNA ALIANZA PARA EL PROGRESO CRIMINAL,

POR ALBERTO VERGARA.

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El Ejecutivo y el Legislativo han establecido una alianza para el progreso de la criminalidad. Al desmontar el Estado de derecho y la democracia, empujan el país hacia la violencia. El asesinato de Andrea Vidal y el presunto homicidio de Nilo Burga ilustran bien la dinámica.

 

Por Alberto Vergara. Politólogo.

Fuente. La República Lima domingo 5 de enero del 2025.

Desde hace algunos años, cuando me invitan a hablar sobre el Perú, subrayo que lo que está en peligro aquí no es necesariamente el crecimiento económico; lo que está en riesgo es algo más elemental: la convivencia pacífica.

Martín Caparrós ha escrito con acierto que “la civilización es descuidarse”. Pues en el Perú se trabaja para producir lo contrario: el peligro interminable. Una vida regida por el susto sin fin y un perenne estado de alerta. El año pasado ya había sido de terror con 1.500 homicidios; en el 2024 se superaron los 2.000.

Este deslizamiento hacia el descontrol social es consecuencia inevitable de la demolición firme y a consciencia del Estado de derecho y de la democracia. El Estado de derecho —en breve: ser gobernados por la ley y no por los caprichos del mandamás— se encarga de resolver pacíficamente las disputas diarias y normales que produce cualquier sociedad. La democracia, a su turno, se aboca a procesar de manera pacífica los inevitables conflictos políticos que surgen en cualquier comunidad. Los mecanismos y agentes de ambos son diferentes, pero permiten la convivencia civilizada.

El presunto asesinato de Nilo Burga (aunque…  ¿alguien cree que se suicidó con una puñalada en la nuca?) y el de Andrea Vidal son un ejemplo más del tránsito hacia unos terrenos en los cuales ni la democracia ni el Estado de derecho son capaces ya de procesar los conflictos de una sociedad, cada vez más, salida de control. Y al colapso de la política siguen el desorden y la violencia.

Repasemos ambos crímenes, en primer lugar, desde el deteriorado Estado de derecho peruano. Los dos trasparentan hasta qué punto la criminalidad se ha impuesto sobre la legalidad. Demasiada gente, en todas las clases sociales, prospera burlando la ley o torciéndola. La economía del oro ilegal, del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de terrenos, del transporte informal, de la extorsión y un vasto etcétera se ampliaron y fortalecieron con consecuencias transversales. El 87% de los peruanos afirma en una encuesta que alguna actividad ilegal es un motor principal de la economía en su región.

Gradualmente, la sociedad acostumbrada a florecer gambeteando la ley se ha infiltrado en los espacios donde se produce la ley y ahora busca algo distinto: legislar a la medida de sus intereses. Brilla el legislador de arriendo para intereses criminales. Así, se ha pasado de burlar la ley a producirla —a veces desactivándola, a veces reformándola— para, justamente, ya no tener que burlarla. Por eso se trata de un país con leyes y sin Estado de derecho.    

Las dos muertes evidencian tal dinámica. En una, al inicio está la expansión de la trata de personas y de la prostitución filtrándose hacia la política y, en la segunda, se origina en la popular y extendida corrupción estatal, sin importar el nivel de Gobierno. La criminalidad no atajada por la ley se condensó y ascendió al centro del poder, con sus códigos y prácticas. Conflictos surgidos en actividades al margen de la ley se resuelven al margen de la ley. Pero ya no en los callejones de la ciudad ni en la lejana selva, sino en los predios del Congreso o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. O de comisarías donde se apaña el descuartizamiento y luego ocurren convenientes suicidios. La ley hizo agua en todas partes

(La manifestación más macabra de todo esto se aprecia en las cuestiones criminales, pero, en realidad, se trata de un hábito anti-institucional que lo impregna todo: si gastamos demasiado y transgredimos las reglas fiscales, se les modifica para legalizar el desmanejo económico; si la pobreza aumenta, alteramos los criterios para medirla. Y así sucesivamente).

Por tanto, el Estado de derecho es una coladera; la justicia o la policía son, para todo fin práctico, inútiles (se despide a los mejores policías o se captura los tribunales). Ahora bien, quiero subrayar que hay países en América Latina con actividades criminales presentes en la política que no se orillan hacia la violencia caótica. En Paraguay o Bolivia, por ejemplo, diversas economías ilícitas vulneran el Estado de derecho y también se infiltran en las instituciones nacionales y, sin embargo, la política pone algunos límites a la criminalidad y su violencia. Digamos que poseen un escenario de extensa criminalidad con baja violencia. (El politólogo Juan Pablo Luna ha desarrollado esto en varios trabajos recientes).

Y aquí es donde mete su cuchara la degradación democrática. Si el Estado de derecho no controla el crimen, la representación política puede ayudar a que la ilegalidad no engendre el caos violento. Tanto en Paraguay como en Bolivia hay partidos políticos que —aunque clientelares, corruptos y con más de un vínculo hacia las economías ilícitas— consiguen ordenar esa presencia criminal. No es la utopía republicana, desde luego, pero ofrecen un mecanismo de coordinación que ataja la expansión de la violencia.

En el Perú, en cambio, la ausencia de representación política facilita la expansión del crimen y anticipa más desorden. Regresemos a las dos muertes. Según las investigaciones periodísticas, Andrea Vidal y el resto de las visitadoras trabajaban bajo el mando de Jorge Torres Saravia, quien era el director del área legal del Congreso. Aunque resulta evidente que Torres ha sido cercano a Alianza para el Progreso, la verdad es que podría estar en cualquier otra agrupación y circulará por donde haga falta. Si lo miramos con frialdad, Torres es solamente otro personaje de reparto pateando la calle, viendo quién lo contrata y así ganarse alguito, seguramente adiestrado en el oficio de grabar y filtrar, franelear, chantajear y traicionar. Un ambulante de la política y la función pública. A cada temporada debe encontrar una nueva esquina donde ofrecer su know how. Su arte, como el de Juanito Alimaña, es alinearse con el que está arriba. Nada más. No hay partido ni líder partidario que lo domestique. 

Algo parecido ocurre con el presunto y muy probable homicidio de Nilo Burga. Más allá de dedicarse a una actividad digna de la historia universal de la infamia —enriquecerse alimentando a los niños más pobres del Perú con carne de caballo podrida—, los “políticos” con los cuales surge no son propiamente políticos. Son más como corsarios saltando de nave en nave para arranchar lo que puedan al Estado.

En este caso, Burga prospera en el universo del Midis —aquel ministerio presidido por Dina Boluarte durante toda la presidencia de Pedro Castillo (menos los últimos once días, vivaza)— y de Qali Warma, donde trabajó con Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta y exaprista. Es decir, hace la plaza con otros átomos libres de la política, viendo qué se destaza. Boluarte guarda silencio; Hinojosa no pudo ser detenido gracias a una ley del Congreso, el presidente del Legislativo se desentiende. Un asesinato con 40 balazos a quien laboraba en una presunta red de prostitución en el Congreso no les merece atención. (Como se decía en la colonia: el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura). Nuevamente, no hay partido ni líder que los ponga en vereda, ni a ellos ni a los intereses que movilizan. Los “políticos” reconocen que no tienen futuro y se saben muy mediocres; el incentivo es desfalcar hoy, ni siquiera hace falta ya guardar las apariencias.

Entones, en resumen, ni el Estado de derecho ni la representación política le ajustan las bridas a la industria de la ilegalidad. Para decirlo desde la salsa, se soltaron los caballos. Y nadie con algún poder buscar devolverlos a las caballerías. Galopan fueteados por la renta que las economías criminales secretan y por el entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo: la alianza para el progreso criminal.

Y no hace falta un diploma de Hogwarts para adivinar lo que viene.

Lo paradójico es que aquello que se viene puede perfectamente convivir con dos situaciones que son, en principio, positivas. De un lado, puede coexistir con algún tipo de recuperación económica. Del otro, con unas elecciones generales que cumplan con los estándares democráticos mínimos. 

Pero, además de paradójico, es peligroso. Lo que quiero decir es que, si a una sociedad criminalizada y desregulada como la peruana le entra dinero, el caos y la violencia será mayor. Y si le entra un chorro de plata conoceremos el estado de naturaleza. O el Ecuador. O como Trinidad y Tobago, una estrella del crecimiento económico caribeño, con un PBI per cápita de 19.000 dólares (el peruano bordea apenas los 8.000), que acaba de declarar el estado de emergencia por una ola tremenda de homicidios y criminalidad. El dinero en este contexto significa más problemas, no menos. Pero los ricos seguirán recibiendo su generoso bono anual y, desde un auto blindado, nos conminarán a resaltar que el Perú avanza.

Y algo semejante podemos señalar de las elecciones del 2026. El Ejecutivo y el Legislativo han profundizado las reglas escritas y no escritas de la política peruana que nos trajeron hasta aquí. Bajo esas reglas, unas elecciones legítimas difícilmente alterarán nuestra trayectoria. 

Así, la larga degradación peruana da una vuelta de tuerca perversa: aquello que debía ser antídoto ahora es veneno. Y la alianza para el progreso criminal ha acelerado el proceso.

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