SE BUSCA UN PRESIDENTE CON AMOR POR EL PAÍS. POR MARIANELLA LEDESMA.

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“Necesitamos un presidente que tenga amor por el país, que tenga amor por los ciudadanos, que tome al Estado como un instrumento enfocado al servicio del bien común. No queremos un presidente político sino un presidente estadista, que no viva el hoy, pensando en las próximas elecciones, sino que mire y camine hacia el mañana, pensando en las futuras generaciones. Quien mira el hoy y se agota en el hoy, mira simplemente ya el pasado. Una muestra de ello es la clase política actual que integra el Congreso. Su acción política se ha desarrollado en la búsqueda de votos para alcanzar su reelección, sin importarles el bienestar de los ciudadanos.

“Un presidente estadista no permitiría seguir precarizando la explotación minera ilegal, extendiendo los plazos del REINFO; es un sistema laboral sin derechos ni protección; que promueve la trata de personas, que agrede y contamina los recursos naturales, medioambientales, afectando muchos ecosistemas donde interviene. Un presidente estadista tiene una visión estratégica a largo plazo, enfocada en el bien común y el futuro del país, por encima de intereses electorales inmediatos. Esto implica que debe actuar con prudencia, integridad y experiencia para tomar decisiones estructurales que beneficien a las próximas generaciones.   Un presidente estadista requiere conocimiento del funcionamiento del Estado, sabiduría, capacidad de diálogo para construir puentes y generar consensos en temas del bien común.

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SE BUSCA UN PRESIDENTE CON AMOR POR EL PAÍS.

POR MARIANELLA LEDESMA.

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"No queremos un presidente político sino un presidente estadista, que no viva el hoy, pensando en las próximas elecciones, sino que mire y camine hacia el mañana, pensando en las futuras generaciones"

Por Dra. Marianela Ledesma Narváez.

Ex presidenta del Tribunal Constitucional.

Fuente. La Republica domingo 5 de abril del 2026.

Estamos cerca de elegir a quien dirigirá el destino de nuestro país por cinco años y para ello, tenemos un pelotón de postulantes, 36 para ser precisa. Por mandato constitucional (art. 118), quien sea elegido presidente dirigirá la política general de gobierno, velará por el orden interno, administrará la hacienda pública, entre otras atribuciones. Los ciudadanos tenemos el poder-deber de elegir a quien guiará nuestro destino como país.

Los candidatos presidenciales han expuesto sus propuestas sobre uno de los problemas que nos agobia: la inseguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Tenemos una lluvia de propuestas para enfrentar a la criminalidad, que pasan desde la pena de muerte, la cadena perpetua, el trabajo forzado, las cárceles con serpientes, etc. Hay un festival de ofertas sobre quien ofrece más mano dura contra la delincuencia, como si el problema se agotara con ello.

Otros ofrecen desarrollar una mayor inteligencia policial, dotar de mayor armamento y patrulleros a la PNP; sin embargo, ningún candidato ha explicado de dónde se va a obtener el presupuesto para su implementación. Esto es importante precisar, sobre todo si en estos últimos tiempos, los grupos políticos que integran el Congreso vienen aprobando leyes que aumentan el gasto público y exoneraciones tributarias.

Se mira el árbol, pero no el bosque.

Se pretende luchar contra el crimen sin visibilizar las causas que lo generan; por ahí, algunos candidatos como Mesias Guevara y Jorge Nieto pusieron en la palestra a las leyes que este Congreso ha aprobado para beneficiar el juzgamiento y sanción de los criminales; para proteger los dineros ilícitos que ingresan a la economía, vaciando de contenido a la Ley de extinción de dominio; y ni qué decir del allanamiento a las moradas de los investigados, donde el factor sorpresa (propio de ese tipo de actuaciones) ya no es posible, reduciendo así la eficacia del allanamiento.

Los candidatos se han preguntado antes de proponer los severos castigos, ¿qué genera el aumento de la criminalidad? Ninguno ha ensayado una respuesta que contenga una explicación objetiva y razonable; por decir, el candidato Ronald Atencio atribuye la criminalidad a la Constitución actual y considera que la solución es el cambio de Constitución; sin embargo, bajo una lógica marxista son las condiciones materiales las que se reflejan en la respuesta jurídica y no a la inversa. Hay que transformar las condiciones materiales.

La desigualdad material y la delincuencia.

En el debate presidencial, ningún candidato visibilizó a la desigualdad material como causa de la criminalidad. Esta desigualdad es estructural y no se ha transformado. Las brechas sociales no se han reducido. Una muestra de ello es el aumento de la anemia infantil. La desnutrición crónica infantil afecta al 20% de niños menores de cinco años en zonas rurales. El 36,5% de la población -dice el INEI- sufre de un déficit calórico (hambre real). El Perú registra su peor situación nutricional de los últimos 10 años, según el Índice Global del Hambre 2023.

La desigualdad hace que los jóvenes que provienen de hogares con bajos recursos económicos no tengan la posibilidad de continuar estudios superiores o técnicos, lo que tendrá un impacto directo en su futuro laboral.

La posibilidad de lograr un cupo en el programa social Beca 18 es reducida. De los 20.000 jóvenes que cada año postulan, solo 5.000 logran alcanzar el apoyo estatal. Nos preguntamos,

¿qué hacen los jóvenes que no alcanzaron un cupo en Beca 18? ¿Qué actividad asumen para sobrevivir?

¿Qué proyecto de vida pueden emprender los jóvenes en un modelo que no ha permitido en décadas construir un Estado social, donde las oportunidades sean para todos y no para un puñado de ellos?

Por ello, no debe llamar la atención que nuestros jóvenes busquen emigrar del país y que sea el robo agravado el delito que más cometen. Además, en el caso de delitos graves como el sicariato, se reporta que ocho de cada nueve detenidos son menores de edad.

Las cifras macroeconómicas de nuestro país ubican el crecimiento del PBI en un 3,4%; frente a ello, nos preguntamos cómo se traduce esto en la mejoría de los servicios de los ciudadanos (educación, salud, trabajo, transporte, seguridad, etc.) y sobre todo, en la población del interior del país. Necesitamos una transformación en la gestión del presupuesto público que apunte a la satisfacción de dichos servicios, de manera universal.

Estado precario frente al crimen.

La precariedad del Estado se busca deliberadamente mantener, para evitar la construcción de un Estado profesional, fuerte, robusto que haga frente a las imperfecciones del mercado bajo este modelo de economía liberal.

Basta mirar la respuesta que brinda la burocracia estatal para encontrar ineficiencia. Cuando se pide protección frente a la criminalidad, encontramos que quien está llamado a realizar esa tarea está infestado también por la criminalidad. No es una novedad que el apoyo policial tenga un costo económico ilegal, tampoco lo es que los miembros de las organizaciones criminales estén integrados por algunos miembros de la PNP. La reorganización radical de la PNP es una variable para considerar en esta lucha.

La capacidad en las cárceles, frente al incremento de la población penitenciaria, ha rebalsado. ¿Qué acciones se han tomado al respecto? El hacinamiento carcelario es una problemática que se ha incrementado exponencialmente en esta última década y se requiere ampliar la capacidad de los centros penitenciarios.

La migración venezolana es otro tema al que recurren los postulantes a la presidencia, como si ella fuera la causa de los males. No se tiene una lectura de la real dimensión de grupo. La estadística del INPE refiere que ella representa el 1% de la población carcelaria.

Se busca un estadista.

Necesitamos un presidente que tenga amor por el país, que tenga amor por los ciudadanos, que tome al Estado como un instrumento enfocado al servicio del bien común. No queremos un presidente político sino un presidente estadista, que no viva el hoy, pensando en las próximas elecciones, sino que mire y camine hacia el mañana, pensando en las futuras generaciones. Quien mira el hoy y se agota en el hoy, mira simplemente ya el pasado. Una muestra de ello es la clase política actual que integra el Congreso. Su acción política se ha desarrollado en la búsqueda de votos para alcanzar su reelección, sin importarles el bienestar de los ciudadanos.

Un presidente estadista no permitiría seguir precarizando la explotación minera ilegal, extendiendo los plazos del REINFO; es un sistema laboral sin derechos ni protección; que promueve la trata de personas, que agrede y contamina los recursos naturales, medioambientales, afectando muchos ecosistemas donde interviene.

Un presidente estadista tiene una visión estratégica a largo plazo, enfocada en el bien común y el futuro del país, por encima de intereses electorales inmediatos. Esto implica que debe actuar con prudencia, integridad y experiencia para tomar decisiones estructurales que beneficien a las próximas generaciones. 

Un presidente estadista requiere conocimiento del funcionamiento del Estado, sabiduría, capacidad de diálogo para construir puentes y generar consensos en temas del bien común.

Ya Winston Churchill decía:

“el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.”

Necesitamos encontrarlo y pronto. Esa es nuestra tarea en estas próximas elecciones.

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