jueves, 29 de noviembre de 2012

ESPAÑA: El rescate bancario: préstamos a cambio de despidos. Quiebre económico y quiebre moral.

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Pero, claro, hay reestructuraciones y reestructuraciones y la que se nos ha impuesto es de las que, más que ayudar a una transición suave y a amortiguar sus costes sociales y personales, deja a los pies de los caballos a los trabajadores, convirtiéndolos en moneda de cambio de unos beneficios que difícilmente aparecerán en una economía en caída libre como es la española. Aunque eso no debe quitar el sueño a la Comisión que sabe que detrás de las instituciones rescatadas se encuentra el erario público y, por tanto, el dinero de todos los contribuyentes por si aquéllas no pueden devolver por sí mismas los fondos recibidos. Y es que, si algo no debemos olvidar, es que los préstamos del presente son los recortes sociales del futuro; así de torcidos son los renglones con los que escribe la troika sus pactos mefistofélicos y sólo de esa forma puede calificarse la reestructuración llegada desde Bruselas en el día de ayer cargada de argumentos para la indignación. En cuanto al orden moral, el que procedía del régimen fue desapareciendo paulatinamente, quedando ahora reductos de la vieja moral sólo entre las generaciones de más edad, pero sin que las nuevas hayan llenado el vacío con otras reglas que no sean fruto de cada capricho individual. Tras el ordine nuovo político y la crisis moral, llega la crisis económica que está haciendo tambalear los fundamentos de la estabilidad social y suscita la necesidad de otro orden que no acaba de establecerse. Sin embargo lo cierto es que con anomia prolongada (ausencia de normas más allá de las impuestas por el poder), una sociedad no puede ir muy lejos sin descomponerse o desplomarse socialmente con estrépito.
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ESPAÑA: El rescate bancario: préstamos a cambio de despidos.
"Quiebre económico y quiebre moral".
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Alberto Montero Soler.

Rebelión. Jueves 29 de noviembre del 2012.

Ya tenemos aquí el tan esperado rescate bancario y, como no podía ser de otra forma, llega dando una nueva vuelta de tuerca sobre la economía española y, más concretamente, sobre los trabajadores del sector y sobre el conjunto de los contribuyentes.

Hasta ahora, la condicionalidad asociada al rescate, contenida de forma convenientemente difusa en el Memorándum de Entendimiento, había afectado al conjunto de la economía tanto por la vía de los ajustes asociados a la persecución draconiana de un equilibrio fiscal imposible como por la de las reformas estructurales centradas en el mercado de trabajo y destinadas a quebrar cualquier tipo de capacidad negociadora de los trabajadores. Una condicionalidad que se ha convertido en la línea directriz de una política económica que empuja de manera suicida a la economía española hacia un abismo sin fondo, tal y como acaban de poner de manifiesto las previsiones recién publicadas de la OCDE para el año 2013.

Pero en el Memorándum también se decía que el rescate tendría implicaciones sobre el sistema financiero y que éste debería verse sometido a un proceso de reestructuración. Dada la hipertrofia adquirida por el mismo durante su proceso de cebado de la burbuja inmobiliaria, esto era, hasta cierto punto, lógico y esperable. Nadie puede dudar de que era necesaria una reestructuración del sistema financiero que eliminara parte de su excedente de capacidad y lo readecuara a las necesidades de una economía en proceso de desapalancamiento.

Pero, claro, hay reestructuraciones y reestructuraciones y la que se nos ha impuesto es de las que, más que ayudar a una transición suave y a amortiguar sus costes sociales y personales, deja a los pies de los caballos a los trabajadores, convirtiéndolos en moneda de cambio de unos beneficios que difícilmente aparecerán en una economía en caída libre como es la española. Aunque eso no debe quitar el sueño a la Comisión que sabe que detrás de las instituciones rescatadas se encuentra el erario público y, por tanto, el dinero de todos los contribuyentes por si aquéllas no pueden devolver por sí mismas los fondos recibidos.

Y es que, si algo no debemos olvidar, es que los préstamos del presente son los recortes sociales del futuro; así de torcidos son los renglones con los que escribe la troika sus pactos mefistofélicos y sólo de esa forma puede calificarse la reestructuración llegada desde Bruselas en el día de ayer cargada de argumentos para la indignación. Veámoslos.

En primer lugar hay algo que, aunque pudiera parecer una cuestión meramente nominal, creo que no lo es. Hablamos de ayudas para instituciones nacionalizadas a las que se aporta fondos públicos directamente y a las que se respalda el monto del rescate con el dinero de nuestros impuestos y, sin embargo, sigue sin plantearse ningún tipo de participación pública activa en la gestión de las instituciones, no sólo por ejercer mínimamente el derecho de propiedad, sacrosanto en el capitalismo, sino para reconducir su actividad hacia la recuperación del crédito. Pues no, se les entrega el dinero de todos y se les permite que sigan con su negocio, que si no responden ya lo hará el resto de españoles por ellos.

En segundo lugar, nos encontramos con que tan sólo cuatro instituciones van a recibir, en total y de momento, una inyección de 67.000 millones de euros de ayudas públicas (37.000 millones aportados por Europa y 30.000 millones aportados por España, tal y como recoge el comunicado de prensa de la Comisión Europea), es decir, más del 6% del PIB español, mientras se recortan cada día derechos sociales que afectan al bienestar de todos nosotros porque, según nos dicen, no hay recursos para atenderlos.

Las preguntas, entonces, son claras: ¿por qué motivo estas instituciones deben ser rescatadas y no se podía permitir su quiebra y que fueran los accionistas y acreedores quienes cargaran con el coste de la mala gestión? ¿Es realmente sistémica Bankia como para que se le inyecten 36.000 millones de euros? ¿Cuánto de sistémicos tienen NovaGalicia o Catalunya Caixa para que nos cuesten 10.000 y 14.000 millones de euros, respectivamente? Y ya el colmo es el caso de Banco de Valencia que, en lugar de dejarlo quebrar, se lo sanea completamente con dinero público por valor de 7.000 millones de euros y se vende a CaixaBank por 1 euro. Ahora que cada cual piense lo que quiera de la operación.

Si ninguna de las entidades rescatadas tenía carácter sistémico, ¿qué podría justificar entonces que no se les dejara quebrar? Eso nos lleva al tercer argumento para la indignación. La única razón que podría esgrimir el gobierno para legitimar el rescate sería su voluntad de proteger los puestos de trabajo del sector intentando que la reestructuración fuera lo menos traumática posible. Pero tampoco es el caso. Lo que acaba de hacer Bruselas con la aquiescencia del gobierno, que es quien avala los planes de reestructuración de cada entidad, es cortar por lo sano y facilitar que las empresas traten de conseguir beneficios por la vía de despedir masivamente trabajadores. Es decir, nuevamente el empleo se convierte en la variable de ajuste del sistema, su única vía para recomponer la tasa de ganancia.

¿Qué más da si para conseguir beneficios Bankia tiene que despedir a 6000 personas o NovaGalicia a 2500? ¿Por qué no probamos a hacer los números del rescate sobre otros parámetros y dividimos los 1.000 millones de euros aprobados para Bankia en el plan de rescate entre los 6000 despedidos? El resultado no puede dejar indiferente a nadie: por cada despido Bankia recibirá de Bruselas 3 millones de euros que es, paradójicamente, casi la misma cantidad que se llevó Miguel Blesa al abandonar Caja Madrid (2,7 millones de euros). Ahora, si lo deseamos, podemos devolver el análisis a los parámetros financieros convencionales y relacionar las ayudas con los ratios de capital y las provisiones o podemos, por el contrario, preguntarnos cuánto, de esos tres millones de euros por despido, se destinará a pagar la respectiva indemnización de cada trabajador. ¿Correrán todos ellos la misma suerte que Blesa? Un Blesa que, para más inri, se enorgullecía en su comparecencia parlamentaria de haber multiplicado el balance del banco por seis como si eso no tuviera nada que ver con la quiebra de la institución, como si el incremento de cantidad no tuviera ningún tipo de relación con la calidad.

Eso sí, en cualquier caso que sepan esos trabajadores que serán inmolados por una causa superior y que, por tanto, “su sacrificio no será baldío”, como ha declarado Goirigolzarri, porque sus despidos se harán en aras de una “auténtica refundación” del banco nacionalizado. Ofrecer un consuelo de esa naturaleza a 6.000 trabajadores a punto de ser despedidos es de una inmoralidad que raya en lo obsceno.

Y, para concluir, hay algo que todos deberíamos tener meridianamente claro: nada garantiza que con estas reformas se puedan obtener beneficios o, si lo prefieren lo digo en roman paladino, lo más probable es que todas estas ayudas tengan que ser devueltas con el dinero de los contribuyentes. Y es que con las limitaciones a las que se ha sometido a las instituciones rescatadas tanto en términos de negocio (centrado en las pymes y particulares cuya situación financiera es de todos conocida), como geográficas (lo cual no deja de ser sorprendente: Bruselas ha restringido el derecho de establecimiento a nivel autonómico para estas cuatro entidades. ¿Podría salir alguien de este gobierno a explicarlo, por favor?) o para la captación de financiación, mucho tendría que cambiar la coyuntura económica para que las entidades pudieran generar los beneficios necesarios para cubrir el monto del rescate. Así que, por lo que pueda pasar, vayan pensando que de aquí a unos años la factura de estas “ayudas” la tendremos sobre la mesa para digerirla entre todos. Y, si no, al tiempo.
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Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro "Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona", en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
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España: Quiebra económica y quiebra moral.
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Jueves 29 de noviembre del 2012.

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Hay crisis cuando un orden o sistema, sea biológico u orgánico, social o económico, ético o moral quiebra y desaparece en espera de ser reemplazado por otro. En España el orden político y jurídico nuevo reordenó algunas cosas administrativas del régimen anterior, pero luego el statu quo se ha mantenido sin variaciones perceptibles.

En cuanto al orden moral, el que procedía del régimen fue desapareciendo paulatinamente, quedando ahora reductos de la vieja moral sólo entre las generaciones de más edad, pero sin que las nuevas hayan llenado el vacío con otras reglas que no sean fruto de cada capricho individual. Tras el ordine nuovo político y la crisis moral, llega la crisis económica que está haciendo tambalear los fundamentos de la estabilidad social y suscita la necesidad de otro orden que no acaba de establecerse. Sin embargo lo cierto es que con anomia prolongada (ausencia de normas más allá de las impuestas por el poder), una sociedad no puede ir muy lejos sin descomponerse o desplomarse socialmente con estrépito.

En buena medida la explicación, aunque tiene varias causas y admite varios enfoques, puede encontrarse en que España, durante la dictadura y tras una guerra fratricida, en lo moral fue sometida por la Iglesia, y en lo político y social, por unas cuantas familias amparadas por el dictador. El poder de la Iglesia continuó y continúa y al poder de esas familias le sucedió el de sus herederos, a los que se unieron otras familias arribistas que progresan por medios rápidos y sin escrúpulos. Entre todos han ido envileciendo poco a poco a este país… Las últimas noticias deprimentes e indignantes están relacionadas con el indulto de unos policías torturadores. Y tan indignante y deprimente como ésa, ese derecho de gracia, propio de las satrapías (no recogido en la Constitución y por tanto inconstitucional), que se arrogan los gobiernos sucesivos, que desautoriza al poder judicial y quiebra el equilibrio entre los tres poderes del Estado.

Por otro lado, oír a esa chusma que, desde la solemnidad de las instituciones, miente, maquina y se confabula contra todo lo que se mueve en la dirección que no es la suya, saca lo peor de uno. Hasta tal punto eso es sí que no extraña que muchos empiecen a pensar en el cuerpo a cuerpo. Tanta desvergüenza, descaro y cinismo tras años de provocación e hipocresía, no son propios de un país que se precie de avanzado. La crisis económica que causa millones de desempleados a la fuerza, oleadas de desahucios y desalojos, y millones de ciudadanos que subsisten sólo gracias a la filantropía, con los consiguientes dramas familiares e individuales sin interrupción, es el reflejo de una absoluta desmoralización de la sociedad en su conjunto.

Bancos, Cajas y políticos oportunistas, empresarios, directivos y periodistas al acecho de la ocasión para exprimir hasta las heces todo cuanto pueda convertirse en dinero, hacen de este país el último en honestidad y el primero en contracultura y decadencia de Europa. Un país, cuyos dirigentes en todas las esferas, incluida la del periodismo, se contenta con el Código Penal como único fundamento ético, es un país en quiebra política, económica y moral aun antes de declararse las tres oficialmente. Un país donde la investigación y la Ciencia, las bellas artes y los nobles oficios, la educación y la enseñanza sufren una involución desastrosa, no puede esperar nada del presente y menos del futuro. En todo caso la práctica "neoliberal", de inspiración anglosajona, es una ideología que ha sintonizado de una manera cabal con el espíritu absolutista, dictatorial y caciquil que subyace en las clases sociales de este país acostumbradas a mandar. Por eso los gobiernos de la derecha en España funcionan no como organización política al servicio de la colectividad, sino como lobby; esto es, como colectivo con intereses comunes sólo atento a promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. De ahí que su principal objetivo sea privatizarlo todo y obtener el máximo beneficio particular, sin que le importe la exclusión de una gran parte de la ciudadanía.

Las siguientes generaciones valorarán la realidad que vivimos ahora de un país en manos de pícaros, de marrulleros, de tramposos y de ladrones que vienen mangoneando a lo largo de estos últimos 37 años. Unos pertenecientes a una clase política deplorable, otros al periodismo decadente, otros a una familia real no menos lamentable, y otros a la banca, a la empresa o como simples detentadores de dinero improductivo. Todos lo han zarandeado a niveles de rapiña y manipulación incluso superiores a los de la dictadura precedente...

La única solución que tiene España para cerrar una larga etapa canallesca, es la abrogación de la Constitución, la redacción de una nueva y la reconstrucción política, económica y ética del país, situándose intelectualmente los constituyentes en el mismo instante en que se liquidó la dictadura al morir el dictador. Es decir empezando todo desde cero.
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