martes, 9 de abril de 2024

¿POR QUÉ EL GOBIERNO ECUATORIANO ASALTÓ LA EMBAJADA MEXICANA?

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“ECUADOR, REFLEJOS DE UNA CRISIS.  La crisis política que se vive en Ecuador desde meses atrás, ha rebasado las leyes internacionales y violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, tras el violento asalto a la Embajada mexicana en dicho país sudamericano, autorizada por el presidente Daniel Noboa, cuyo Gobierno vive una serie de cuestionamientos populares por el retroceso que ha generado en los aspectos económicos, políticos, de seguridad y soberanía. El reciente secuestro del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, quien desde diciembre de 2023 se encontraba en la Embajada mexicana luego de solicitar asilo político, es una acción, además de ilegal a nivel internacional y neofascista, que muestra de la sumisión del régimen ecuatoriano de Noboa al imperialismo estadounidense, pues después de aquellas escenas donde se observó a un grupo de criminales tomar las instalaciones de una televisora y del incremento de la violencia por el narcotráfico, se establecieron con mayor rigor una serie de “alianzas”, o más bien de imposiciones imperialistas, que entre otras cosas han mostrado la presencia del Comando Sur de EE.UU., siendo que la general Laura Richardson, jefa de dicho Comando, ya había declarado que “Estados Unidos tiene un plan de seguridad de 5 años para Ecuador”, y esto no es otra cosa, que la imposición de la agenda político económica de Washington. Jorge Glas, además de haber denunciado la corrupción del Gobierno y de negar las acusaciones que sobre su persona recaen actualmente, también se posicionaba como el contendiente electoral contra la derecha, por lo que su actual detención ilegal busca incriminarlo y desplazarlo de la posibilidad de ser presidente. Algo que ya vimos con Lula da Silva en Brasil.



Por su parte, el Gobierno mexicano ha iniciado una serie de procedimientos legales que buscan la defensa de su soberanía, cuyo primer paso ha sido la ruptura de la relaciones diplomáticas con Ecuador, lo que representa un cisma para la unidad latinoamericana, y esto tampoco es casual, pues no se olvide que México ya había dado asilo a Evo Morales y demás funcionarios bolivianos después del Golpe de Estado que se vivió en ese país, algo que para el imperialismo y las oligarquías sudamericanas quedó pendiente de ser cobrado, y tan poco debe dejarse de lado la figura tan ejemplar que para Latinoamérica recae en México por su historia diplomática en la región. Esto último es otro objetivo de desestabilizar, ya que se sabe que las oligarquías y el imperialismo no son amigos de la idea de unidad e integración que México ha vuelto a representar tras varios años de dudosa diplomacia.

“Ecuador vivirá disputas internas, la acción violenta en la Embajada mexicana desenmascaró más el carácter neofacista del régimen de Noboa, siendo que ni las dictaduras sangientas de Argentina y Chile llegaron a violar la Convención de Viena, y aquellos años fueron de verdadero terror. Además, si bien para algunos el seguir al pie de la letra los dictados de Washington pudieran darle puntos a Noboa, en realidad siempre debe considerarse la recuperación internacional de este tipo de actos, y ante el rechazo mayoritario, Noboa corre el riesgo de ser descartado por el imperio estadounidense, cuyo discurso habla de “democracia”, aunque ya sepamos muy bien que subvenciona bombas en Medio Oriente, grupos criminales en Sudamérica y oposiciones en países gobernados por la izquierda o el “progresismo”. La región vuelve a encenderse, veremos cómo se desarrolla esta nueva crisis que en nada beneficia a los pueblos de Nuestra América.

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¿POR QUÉ EL GOBIERNO ECUATORIANO ASALTÓ LA EMBAJADA MEXICANA?

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Por Lautaro Rivara.

Fuente. Página /12. martes 9 de abril del 2024.

El asalto ordenado por el presidente Daniel Noboa a la sede de la embajada mexicana en Quito en la noche de 5 de abril desató un escándalo internacional sin precedentes. El objetivo del procedimiento, comandado por la policía local, fue la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que se encontraba refugiado en la sede diplomática de México y vio aprobada un día antes su petición de asilo.

Cabe destacar que el derecho al asilo es un pilar fundamental de la política exterior mexicana, y que históricamente el país acogió, incluso bajo gobiernos conservadores, a multitud de exiliados y perseguidos, desde los republicanos de la Guerra Civil Española hasta las víctimas del Plan Cóndor.

Pero la posición mexicana no se explica sólo por los tratados vigentes o por su doctrina de política exterior. Diferentes especialistas consideran al ecuatoriano como una de las víctimas más notorias del lawfare regional. Con tres causas gravitando en su contra y tras purgar ocho años de prisión por condenas viciadas de irregularidades, Glas es uno de lo tantos dirigentes de la Revolución Ciudadana que fueron encarcelados o forzados al exilio, ya sea por la comisión de presuntos delitos económicos o bien acusados por “instigación” y “rebelión” tras las multitudinarias protestas de octubre de 2019.



Además, la defensa de Glas considera que su vida corre riesgo en Ecuador; tanto por la violencia carcelaria que ha ido in crescendo en los últimos años –con recurrentes y sangrientos motines– como por su precario estado de salud. De hecho, el 9 de abril de 2022 fue excarcelado por la concesión de un hábeas corpus interpuesto con tal motivo.

La violación flagrante de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, llevó a que la totalidad de las cancillerías se pronunciasen, con más o menos entusiasmo, contra este hecho completamente inédito. Pocas veces en la historia reciente América Latina vio tal unanimidad de posturas frente a un conflicto internacional. La casi totalidad de los mandatarios de la región –incluso conservadores–, pero también la ONU, la OEA, la Unión Europea y hasta el Departamento de Estado, salieron en apoyo de la parte agredida y ratificaron la normativa vigente.

De momento, la aventura de Noboa le costó al Ecuador no sólo la ruptura de relaciones con México, país por el que transitan anualmente miles de emigrantes ecuatorianos que se dirigen hacia los Estados Unidos, sino el que otros países como Bolivia o Nicaragua estén evaluando proceder de la misma manera. Además, miembros del Parlasur de Argentina y Uruguay solicitarán la exclusión de Ecuador del Mercosur, bloque del que la nación andina participa como estado asociado desde hace 20 años.



La inviolabilidad de las sedes y las garantías del personal diplomático eran hasta hace poco una de las escasas líneas rojas del derecho internacional que aún no habían sido profanadas: ni durante las dictaduras del Plan Cóndor, cuando numerosos perseguidos buscaron seguridad en las embajadas europeas y latinoamericanas; y ni siquiera en el caso de Julián Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres entre 2012 y 2019, hasta que el expresidente Lenin Moreno negoció la entrega del fundador de WikiLeaks con Inglaterra y los Estados Unidos.

Los motivos tras la aventura

Es por todo lo antedicho que la aventura de Noboa ha generado incluso más desconcierto que rechazo. Hay una extraña sincronía en los hechos que en las últimas semanas destemplaron gravemente las relaciones latinoamericanas. Al asalto ecuatoriano debemos sumar los ataques verbales de Javier Milei a sus homólogos de México y Colombia, así como la entrega a los Estados Unidos del avión venezolano de Emtrasur, hechos recientes que también sacudieron el avispero regional. No casualmente, tanto Ecuador como Argentina intensificaron en los últimos meses los contactos con altos funcionarios estadounidenses, tanto civiles como militares.



Tras asumir la presidencia en noviembre de 2023, Noboa visitó Washington en uno de sus primeros actos como mandatario. Apenas un mes después, una delegación presidida por la canciller ecuatoriana se reunió, de nuevo en Estados Unidos, con el Secretario de Estado Antony Blinken. El 22 de enero la Jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, visitó Quito y sostuvo reuniones con Noboa, con las fuerzas armadas locales y también con la fiscal Diana Salazar, sindicada como la principal responsable de la guerra judicial desatada contra el partido del ex presidente Rafael Correa.

Además de la violación flagrante de lo estipulado en Viena, Noboa impulsa una interpretación capciosa de los acuerdos de Ginebra, invocados para declarar a más de 22 cárteles de la droga y bandas armadas como “actores no estatales beligerantes”. Este encuadre permite al gobierno presentar la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno” y militarizar el país, tanto por parte de las fuerzas armadas locales como a través de los acuerdos suscritos con el Comando Sur, el Pentágono y el Departamento de Estado.

El respecto, Richardson afirmó que Estados Unidos prevé desarrollar en Ecuador un plan de seguridad quinquenal, a lo que se suman tres acuerdos de cooperación militar ya suscritos, que incluyen, además de la formación y el envío de equipos, la presencia “temporal” de militares norteamericanos para

"visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias", así como para “actividades de cooperación frente a retos de seguridad compartidos”. Retos que, como la propia Richardson se ha encargado de explicar, encarnan en el hemisferio China y Rusia.



Problemas domésticos y urgencias electorales

Pero la explicación del accionar ecuatoriano no es tan sólo internacional. El frente doméstico tampoco luce fácil para el flamante presidente, que a una crisis de seguridad desbocada y a una situación económica nada halagüeña, suma la convocatoria a una consulta popular que puede encaminarse hacia la derrota.

Además, Noboa corre una carrera contra el tiempo, dado que el suyo es un breve gobierno surgido de la “muerte cruzada” decretada por Guillermo Lasso en noviembre de 2023. El joven empresario, sin ser ni de cerca el favorito, ganó la segunda vuelta de unas elecciones atípicas, profundamente trastocadas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.

De hecho, la autoridad electoral ya puso fecha a los próximos comicios, que se celebrarán en febrero del año 2025, por lo que Noboa busca asegurarse desde ya el comando de la transición política. Para eso debe desalentar a los posibles competidores del espectro conservador, así como profundizar el asedio político, mediático y judicial contra sus adversarios progresistas. Su temeraria aventura diplomática le garantiza dejar fuera de juego a Glas (el candidato original en las elecciones del año pasado), además de que complace a un aliado que, como los Estados Unidos, ve con buenos ojos cualquier síntoma de discordia que profundice la desintegración regional.

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