CAMPAÑA DE TRUMP CONTRA MADURO Y AMENAZA DE INTERVENCIÓN MILITAR. El Turno de Venezuela.

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AMERICA LATINA. NUESTRA AMERICA. LA PATRIA GRANDE. EN DEFENSA DE LA PATRIA DE  BOLIVAR.

“Entre la invasión y la amenaza. Es evidente que detrás de la campaña de intervención militar en Venezuela y el derrocamiento del gobierno presidido por Maduro está la facción liderada por María Corina Machado, quien coordina el lobby para supuestamente llevar la democracia de regreso a Venezuela, de forma similar al que realiza Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, quien gestiona todo tipo de sanciones para Brasil con el fin de impedir el juicio que tiene pendiente su padre por intentar dar un golpe de Estado el 8 de enero de 2023. A pesar de la campaña mediática contra Maduro y su equipo al acusarlos de liderar un cártel del narcotráfico, no parece viable que una operación con intervención militar de Estados Unidos pudiera tener éxito. Este tipo de amenazas externas producen reacciones de unificación de las fuerzas políticas, como ha ocurrido en Brasil con el tema arancelario. Por otro lado, los propios informes de la DEA del año 2024 y 2025 no mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con lo cual las acusaciones podrían no calzar con la realidad.

“Estados Unidos evalúa los regímenes autoritarios con un doble rasero. Es simple: te sometes a mi esfera de influencia o el costo será muy alto. Así, poco se difunde que el Presidente Nayib Bukeke, de El Salvador, haya modificado la Constitución para poder ser reelecto indefinidamente, además de haber incurrido en múltiples casos de violación de derechos humanos. En cualquier caso, es inadmisible que muchos países latinoamericanos respalden con su silencio estrategias que, aun cuando solo queden como amenazas, involucren la intervención militar de Estados Unidos, o de cualquier otro país en nuestra región, bajo acusaciones, en este caso de narcoterrorismo internacional, que nos acerquen a una guerra.

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Fuentes: El Cohete a la Luna - Imagen: Estados Unidos envió tres destructores y 4.500 marines al mar Caribe.

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CAMPAÑA DE TRUMP CONTRA MADURO Y AMENAZA DE INTERVENCIÓN MILITAR.

El Turno de Venezuela.

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Por Ariela Ruiz Caro | 25/08/2025 | EE.UU.

Economista Peruana. 

Fuente. Revista Rebelión lunes 25 de agosto del 2025.

La imagen acechante de los tres buques de guerra estacionados en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela y el prepotente mensaje del Presidente Trump a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, constituyen otro hecho injerencista que se suma a los que ya han tenido lugar en el continente entre Estados Unidos y Canadá, Panamá, Colombia, México y Brasil. El martes, consultada sobre la posibilidad de enviar militares a Venezuela, Leavitt dijo que Trump había sido claro y consistente al señalar que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país. Asimismo, señaló que

“Maduro no es un Presidente legítimo, es un fugitivo, líder de un cártel narcoterrorista, y tenemos que traer a los responsables a la justicia” de Estados Unidos.

Después de esas declaraciones, la agencia de noticias Reuters informó que se habían enviado tres destructores estadounidenses con misiles guiados y 4.000 efectivos y marines cerca del límite marítimo de Venezuela. Un funcionario estadounidense, quien declaró bajo condición de anonimato, dijo que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo y las aguas internacionales. Señaló también que los navíos pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se tomaba la decisión. Maduro, además de prohibir el vuelo y la comercialización de drones en Venezuela, señaló que no toleraría ninguna incursión extranjera dentro del territorio y convocó a una campaña de alistamiento del ejército en todo el país, además de la movilización de 4,5 millones de milicianos.

Reacciones

La Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó el despliegue naval estadounidense frente a la costa venezolana como “inaceptable” por violar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”. Sheinbaum siente en carne propia las presiones de la Casa Blanca por querer incursionar en territorio mexicano. De hecho, esta semana tuvo que desmentir que en la frontera norte del país estuviera en marcha un “operativo especial” de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y reclamó para que la entidad dependiente de la Casa Blanca diera una explicación de por qué publicó un comunicado referente al denominado proyecto Portero, destinado a desmantelar a “los guardianes” de los cárteles del narcotráfico en la frontera, como si estuviera vigente.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que

“cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”. Recordó que Colombia y Venezuela “son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, y advirtió que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería “el peor error” y traería consecuencias negativas para la región. Asimismo, el asesor internacional del Presidente Lula, Celso Amorim, expresó su “preocupación” por el riesgo de una escalada y reiteró que “el principio de la no intervención es fundamental” en la política exterior brasileña.

Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA) se manifestaron en contra de cualquier operativo militar estadounidense que suponga la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano o caribeño, con independencia del motivo esgrimido por la Casa Blanca. Otros gobiernos de la región como Ecuador y República Dominicana han respaldado la decisión de Estados Unidos de declarar a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas; Paraguay ha comprado por completo la posición de Trump y ha calificado al Cártel de los Soles como grupo terrorista.

En cuanto a países fuera de la región, la portavoz de la cancillería china dijo que su país se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, expresó su solidaridad con el gobierno venezolano y respaldó sus esfuerzos para defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional, en medio de las crecientes presiones externas sobre Caracas. El gobierno de Irán también lo ha respaldado y ha denunciado la intervención de Estados Unidos por la presencia de buques cerca de la costa del país.

Petróleo y otras riquezas.

Durante su campaña electoral, Trump llegó a decir, en una velada crítica a su adversario Joseph Biden:

“Cuando me fui, Venezuela estaba lista para colapsar. Si la hubiéramos tomado, tendríamos todo ese petróleo, pero ahora estamos comprando petróleo de Venezuela, así que hacemos a un dictador rico. ¿Pueden creerlo?”

Es así que, apenas asumió el gobierno el 20 de enero, Trump emitió una orden ejecutiva que estableció un proceso mediante el cual ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones (como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha) serían clasificados como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, toda vez que constituían una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según la orden ejecutiva –sin ningún atisbo de crítica sobre la permisividad de la actuación de los narcotraficantes en el territorio de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo–,

“los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”.

Como si el dramático tema de las drogas solo tuviera que abordarse desde el lado de la oferta –y no de su consumo–, la orden señala que, en ciertas zonas de México, los cárteles funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad y sus actividades. Por lo tanto, su proximidad e incursiones en el territorio físico de Estados Unidos representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de este país.

Un mes después, el Departamento de Estado anunció la designación del cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco “nueva generación”, el cártel del Noreste, la nueva familia michoacana, el cártel del Golfo y “Cárteles Unidos” como organizaciones terroristas extranjeras; y Tren de Aragua, Mara Salvatrucha –la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles en la década del ‘80 y que durante décadas causó estragos en El Salvador– como terroristas globales especialmente designados.

Muchos analistas consideran que la calificación de los cárteles de drogas como organizaciones terroristas

“no garantiza una intervención militar, pero se acerca”, por lo que resulta polémica. “Todos queremos combatir a los cárteles de la droga”, había dicho ya la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero “ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio”, aclaró, y recordó que el nuevo secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Marco Rubio, había apostado por privilegiar la cooperación.

Los partidos políticos de oposición en México cerraron filas con el oficialismo y rechazaron cualquier posibilidad de intervencionismo extranjero. A pesar de ello, en abril, Trump insistió en que Sheinbaum permitiera al ejército estadounidense combatir a los cárteles de la droga en territorio de su país. Ella rechazó la idea.

A fines de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó al cártel de los Soles como una organización terrorista internacional, por ser un grupo criminal que, según Washington, había corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde finales de los años 90 para enviar drogas a Estados Unidos. En su comunicado, el Departamento del Tesoro acusa directamente al Presidente Nicolás Maduro de liderar el grupo.

Días después, Marco Rubio emitió una declaración en la que acusaba a Maduro de haber robado las elecciones, afirmaba que no era el Presidente de Venezuela y que su

“régimen no es el gobierno legítimo (…) Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles, y es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”. Añadió que “Maduro está actualmente imputado por nuestra nación, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al plan criminal de narcotráfico del cártel hacia Estados Unidos”.

El 8 de agosto una publicación del New York Times dio cuenta de un paso clave en la estrategia injerencista de Trump en México y Venezuela: la firma, en secreto, de una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga que el gobierno califica como organizaciones terroristas. Según el diario, la orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles. Cuatro días después, Marco Rubio confirmó el despliegue de fuerzas navales y aéreas al sur del mar Caribe para combatir el narcotráfico, aunque no ahondó en detalles que permitieran dar cuenta de la duración y alcances de la operación.

Paralelamente a este anuncio, los Presidentes de Colombia y Venezuela anunciaron la articulación de sus ejércitos para hacerle frente al tráfico internacional de drogas en la extensa frontera común. Maduro detalló que el objetivo terminal es garantizar que las zonas fronterizas estén libres de violencia, mientras que su par colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la estrategia ha dado frutos, especialmente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que “ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente”.

Apuntando al Presidente Maduro, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció un incremento de 25 a 50 millones de dólares por información conducente a su captura. Maduro es acusado por las autoridades estadounidenses desde hace años de encabezar un cártel de drogas, sin la presentación de pruebas. Además, la fiscal acusó a Venezuela de pagar sobornos a cambio de espacio aéreo e informó que el gobierno de Trump había confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro (que incluían dos aviones de uso oficial confiscados en la República Dominicana), mansiones en La Florida y República Dominicana, vehículos, granjas de caballos y millones de dólares en joyas, además de efectivo. Las autoridades venezolanas calificaron esos dichos de “circo mediático” y “brutal, criminal y feroz campaña”.

Entre la invasión y la amenaza.

Es evidente que detrás de la campaña de intervención militar en Venezuela y el derrocamiento del gobierno presidido por Maduro está la facción liderada por María Corina Machado, quien coordina el lobby para supuestamente llevar la democracia de regreso a Venezuela, de forma similar al que realiza Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, quien gestiona todo tipo de sanciones para Brasil con el fin de impedir el juicio que tiene pendiente su padre por intentar dar un golpe de Estado el 8 de enero de 2023.

A pesar de la campaña mediática contra Maduro y su equipo al acusarlos de liderar un cártel del narcotráfico, no parece viable que una operación con intervención militar de Estados Unidos pudiera tener éxito. Este tipo de amenazas externas producen reacciones de unificación de las fuerzas políticas, como ha ocurrido en Brasil con el tema arancelario. Por otro lado, los propios informes de la DEA del año 2024 y 2025 no mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con lo cual las acusaciones podrían no calzar con la realidad.

Estados Unidos evalúa los regímenes autoritarios con un doble rasero. Es simple: te sometes a mi esfera de influencia o el costo será muy alto. Así, poco se difunde que el Presidente Nayib Bukeke, de El Salvador, haya modificado la Constitución para poder ser reelecto indefinidamente, además de haber incurrido en múltiples casos de violación de derechos humanos.

En cualquier caso, es inadmisible que muchos países latinoamericanos respalden con su silencio estrategias que, aun cuando solo queden como amenazas, involucren la intervención militar de Estados Unidos, o de cualquier otro país en nuestra región, bajo acusaciones, en este caso de narcoterrorismo internacional, que nos acerquen a una guerra.

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DIEGO GARCÍA-SAYÁN: “LA DBA OPINA BARBARIDADES SIN HABERSE INFORMADO”.

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“En este escenario, ¿Qué le queda al Derecho como tal: resistir? -Sí, por eso hay instancias internacionales. Si se da una amnistía que viola todos los principios, esa amnistía no tiene valor internacional. Y si viene un régimen democrático después, tendrá en cuenta que esa amnistía no vale. Esa amnistía confronta estándares básicos del derecho internacional, del cual el Perú es parte. No es un derecho extranjero. Ha sido construido con el voto, las firmas y la aprobación de los países que son parte del sistema interamericano. Hace unos días escribí aquí en La República cómo fue el tratado internacional con China en 1874, cuando Perú empezó a revisar las atrocidades que se estaban cometiendo contra los chinos en el Perú. Muchos eran colgados con cadenas, maltratados con clavos en los pies. Estas comisiones mixtas chino-peruanas fueron levantando actas que están disponibles en la Biblioteca Nacional y en la Cancillería, que dan cuenta de un horror en donde solamente un tratado internacional pudo permitir que ese horror se conociera. De manera que tenemos en Perú, no diría un currículum, sino un prontuario como país en el que se han cometido atrocidades, en donde han sido los eslabones internacionales lo que ha permitido conocer esas atrocidades y pararlas.

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Dr. Diego García Sayán.

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DIEGO GARCÍA-SAYÁN:

“LA DBA OPINA BARBARIDADES SIN HABERSE INFORMADO”.

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“La cantidad de personas inocentes que habían sido condenadas como terroristas liberadas fue muchísimo mayor durante el gobierno de Fujimori que durante el gobierno de Valentín Paniagua”. Diego García-Sayán conversó con La República sobre su libro "Derecho en tensión".

 

Por Gabriel Ruiz Ortega. Entrevista.

Fuente. La República. domingo 24 de agosto del 2025-

En la última edición de la Feria del Libro de Lima, el reconocido abogado y columnista de La República Diego García-Sayán presentó su último libro: Derecho en tensión (Fondo Editorial PUCP). En esta publicación, García-Sayán reúne artículos en los que, partiendo del derecho, enhebra un diálogo con temas históricos y actuales de la vida democrática, y no solo la referida a la realidad peruana. Desde el momento que se acordó esta entrevista, hasta su realización, muchas cosas relacionadas a la temática del libro pasaron en poco tiempo, como la amnistía de Dina Boluarte a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos. ¿Borrado de la historia? ¿Petardeo al registro de la CVR? ¿Qué hay detrás de este escenario? La República conversó con Diego García Sayán.

Dr. Diego García Sayán en la presentación e su libro "Derecho en Tensión" en la FIL de Lima.
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-En Derecho en tensión, tenemos un capítulo dedicado a la experiencia de la Comisión de la Verdad. Tras, por ejemplo, la reciente amnistía dada por la presidenta y apoyada por el Congreso, resulta indudable que hay un retroceso.

-Cuando surge la idea de con Valentín Paniagua de crear una comisión de la verdad, la pregunta que nos hicimos con Valentín era cuál será el sentimiento del país.

Hagamos no solamente una encuesta, sino debates con las comunidades locales a ver qué cosas piensan. Entonces, conseguimos un fondo internacional para traer al Perú como invitados a las personas que habían conducido otras comisiones de la verdad en Argentina, Chile, Centroamérica, en los años anteriores, para que contaran su experiencia en Huancayo, en Ayacucho, en Cajamarca, en Cerro de Pasco. Y lo que encontramos fue un sentimiento unánime a favor de que eso había que hacer, un sentimiento unánime de que ese era un espacio que la gente quería para poder contar su experiencia, su sufrimiento, su dolor y que haya alguien que los escuche. Entonces, la Comisión de la Verdad fue una inmensa catarsis. Los testimonios que ahí se recogieron por miles están todos disponibles en el Lugar de la Memoria, por eso el LUM es un sitio tan apetecido por las mentes cavernarias que han querido intervenir ahí o ridiculizar el LUM como si fuera un homenaje al terrorismo. Ahí está la memoria del Perú, está archivada, está disponible para quien quiera conocerla, y es una historia de opresión, de sufrimiento, pero también de reacción y de comunidades que han sabido salir adelante.

-Una historia de dolor que se está borrando.

-Muchos hijos e hijas esperan que se haga justicia contra criminales como aquellos que, en la base naval de Huanta, en Ayacucho, al que pasaba por ahí a averiguar algo, simplemente lo desaparecían y lo mataban. Era el pan de cada día en ese escondrijo del crimen. Entonces, todas esas cosas han salido en estas reuniones que han sido, creo yo, uno de los procesos de expresión democrática más importantes en el Perú en las últimas décadas. Todas las asambleas que había a lo largo y ancho del Perú con la CVR era para escuchar algo que está disponible, las grabaciones están en el Lugar de Memoria. Espero que el Ministerio de Cultura no las desaparezca y no las destruya, porque eso es una pieza que vale oro y que es la historia viva del Perú a través de la ciudadanía. No hay ahí un historiador, un Jorge Basadre, un José Antonio del Busto que lo haya sistematizado, eso está en el informe de la CVR, pero todos esos testimonios espectaculares están ahí y creo que sería muy bueno que esa llamada DBA, que es tan extremista, tan ignorante y tan desconocedora del Perú, calle un poco la boca y escuche sus testimonios.

-La CVR es clara en su discurso, pero ¿crees que ha faltado una mejor comunicación? Por ejemplo, la DBA e incluso la derecha suelen decir que los policías y militares no están representados y que se victimiza a los terroristas.

-Por supuesto. El Ejército ha publicado su informe de la verdad también. Es un documento que ha pasado desapercibido, que es tremendamente importante, porque, entre otras cosas, mencionan la discriminación étnica que determinados destacamentos del ejército tenían contra la población andina en esos años. O sea, es un testimonio valiosísimo que ha pasado desapercibido y es cierto la CVR fue de alguna manera satanizada por los extremistas de derecha, como si fuera una especie de testimonio de las ONG. Yo creo que la CVR probablemente no supo comunicar adecuadamente sus resultados y fue básicamente percibida como una elaboración intelectual de sus miembros que sacaban una serie de conclusiones y recomendaciones. Cierto, eso es parte de la realidad. Pero esas conclusiones y recomendaciones salían de miles de testimonios y de vivencias expresadas que están en los centenares de páginas de la CVR que muy poca gente ha leído, pero que debieran ser parte de una comunicación sistemática a la población.

-¿Qué pasó después?

-Cuando terminan esos años de la transición, viene una especie de ola más bien oscurantista. Todo lo que olía a CVR, a revisión, a derechos humanos, no gozó de simpatías mayores por los gobiernos que siguieron, como el de Kuczynski o el de ahora, para poner los dos extremos. Quien critica a la CVR está, por supuesto, en su derecho, pero lo primero que tienen que hacer es informarse de qué cosa generó esa comisión, dónde están esos testimonios y protegerlos, y asegurar que el Ministerio de Cultura saque la garra del LUM y lo respete, lo promueva y vea que ahí está la memoria del Perú, del sufrimiento de millones de personas. La DBA opina barbaridades sin haberse informado.

En la última edición de la Feria del Libro de Lima, el reconocido abogado y columnista de La República Diego García-Sayán presentó su último libro: Derecho en tensión (Fondo Editorial PUCP). En esta publicación, García-Sayán reúne artículos en los que, partiendo del derecho, enhebra un diálogo con temas históricos y actuales de la vida democrática, y no solo la referida a la realidad peruana. Desde el momento que se acordó esta entrevista, hasta su realización, muchas cosas relacionadas a la temática del libro pasaron en poco tiempo, como la amnistía de Dina Boluarte a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos. ¿Borrado de la historia? ¿Petardeo al registro de la CVR? ¿Qué hay detrás de este escenario? La República conversó con Diego García Sayán.

-¿La amnistía de Boluarte es uno de los mayores golpes a la CVR?

-Bueno, ha habido varias de esta naturaleza y por cierto una amnistía no es algo con lo cual alguien puede estar genéricamente en contra, pero sí uno puede estar en contra de que no se haya investigado, de que no se haya sancionado. Miremos lo que se está haciéndose en Colombia. Oficiales del ejército están reconociendo sus responsabilidades y de ahí no se van a la cárcel. Son materia de un debate público, de críticas públicas, y la sociedad aprende con eso. Yo creo que eso es algo que tendríamos que ver de cerca, no tenemos que mirar a Suecia o a Noruega, sino ver que, en Colombia, en la justicia transicional, hay exdirigentes de las FARC que están reconociendo sus responsabilidades y la sociedad está aprendiendo con ellos y ahí hay una pieza de reconciliación a la que se está contribuyendo. En el Perú parecería que eso no debía haber ocurrido y han pasado cosas horrendas, sin investigación, sin sanción, y sale una amnistía como esta entre gallos y medianoche, proveniente de un gobierno y un parlamento de los que menos legitimidad ha tenido en la historia republicana, un pacto corrupto en donde es el crimen organizado el que ha tomado control del Ejecutivo y del Legislativo.

Abogados del gobierno de Boluarte en defensa de la Ley de Amnistía ante la CIDH. Abogados que defiende  Ley que favorece a los criminales y Asesinos de poblaciones en tiempos de la guerra interna. 
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-En este escenario, ¿Qué le queda al Derecho como tal: resistir?

-Sí, por eso hay instancias internacionales. Si se da una amnistía que viola todos los principios, esa amnistía no tiene valor internacional. Y si viene un régimen democrático después, tendrá en cuenta que esa amnistía no vale. Esa amnistía confronta estándares básicos del derecho internacional, del cual el Perú es parte. No es un derecho extranjero. Ha sido construido con el voto, las firmas y la aprobación de los países que son parte del sistema interamericano. Hace unos días escribí aquí en La República cómo fue el tratado internacional con China en 1874, cuando Perú empezó a revisar las atrocidades que se estaban cometiendo contra los chinos en el Perú. Muchos eran colgados con cadenas, maltratados con clavos en los pies. Estas comisiones mixtas chino-peruanas fueron levantando actas que están disponibles en la Biblioteca Nacional y en la Cancillería, que dan cuenta de un horror en donde solamente un tratado internacional pudo permitir que ese horror se conociera. De manera que tenemos en Perú, no diría un currículum, sino un prontuario como país en el que se han cometido atrocidades, en donde han sido los eslabones internacionales lo que ha permitido conocer esas atrocidades y pararlas.

-El título del libro es preciso para entender este contexto. A saber, fue inaudito que durante mucho tiempo no se sepa quién estaba a cargo de la Fiscalía de la Nación. Se tuvo la sensación de que cualquiera podía hacer lo que le diera la gana con el Derecho.

-El título del libro fue una propuesta muy inteligente del Fondo Editorial PUCP. El derecho existe, pero está en tensión por poderes absolutos que quieren mutilarlo, anularlo. Y es clave para satisfacción no de abogados y de juristas, sino de una sociedad que ve cómo se desmadejan las herramientas para hacer que el Derecho funcione.

-Es como si la corrupción estuviese en el mismo Derecho.

-Por supuesto. Y por eso la independencia judicial no es un valor filosófico abstracto que concierne a jueces o abogados, sino que concierne a toda la ciudadanía para que los fiscales y los jueces funcionen de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones. Y por eso es que ha sido ya durante la gestión del pacto corrupto tan tensa la dinámica con la Junta Nacional de Justicia. Porque justamente quien designa a los jueces y juezas, quien evalúa a los jueces y juezas, es donde está el verdadero poder de un sistema democrático. Y si eso es atacado como ha sido, de manera sistemática, durante estos años donde no ha habido una voz dentro del gobierno de Dina Boluarte para parar eso, quiere decir que tenemos una ofensiva muy seria para poner en tensión el Derecho, para arrasar con la independencia judicial, que es algo esencial para la comunidad nacional, que los jueces resuelvan conforme a la ley.

-Una de las críticas más recurrentes que te hacen, es que avalas la liberación de terroristas.

-Cuando fui ministro de Justicia, todas las personas liberadas fueron inocentes, debidamente calificadas por la comisión del padre Lanssiers en base a una ley que había dictado y aplicado Fujimori para liberar a inocentes injustamente condenados. Hay que ver las cifras para que las personas que dicen esa tontería vean lo equivocadas que están. La cantidad de personas inocentes que habían sido condenadas como terroristas liberadas fue muchísimo mayor durante el gobierno de Fujimori que durante el gobierno de Valentín Paniagua. Esa es la verdad, de manera que lo que está ahí la herida respirando no es el tema de liberación de terroristas, sino la transición a la democracia que hizo que la corrupción de Fujimori y de Montesinos terminara con procesos judiciales, con Fujimori finalmente encarcelado y condenado. Esa es la madre del cordero.

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NOTAS SOBRE LA TRAGEDIA POLÍTICA BOLIVIANA.

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“Pero al día de hoy no se perciben esos signos de insurgencia popular en el clima político imperante y mucho menos que la correlación de fuerzas existente en los terrenos de la economía, la política, la cultura y lo militar, como siempre advertía Gramsci, ofrezcan indicios de que hay algo que, subterráneamente, se orienta hacia un estallido popular. Mientras tanto, la existencia de una Asamblea Nacional en cuyo Senado el MAS ha desaparecido por completo y apenas conserva una ínfima minoría en la Cámara de Diputados demuestra que el voto nulo para lo que ha servido es para facilitarle a la derecha la construcción de los dos tercios de los votos que se necesitan para que la Asamblea Nacional reforme la Constitución Política del Estado anulando los grandes avances plasmados en esa luminosa pieza constitucional surgida del auge del MAS. Y sabemos que, a diferencia de las izquierdas, cuando la derecha tiene una oportunidad no pierde tiempo en debates filosóficos o en pujas discursivas. Actúa rápida y letalmente. Para quienes duden de este aserto aconsejo que examinen el caso argentino. Ojalá que otro, y mejor, sea el desenlace de la actual coyuntura boliviana.

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NOTAS SOBRE LA TRAGEDIA POLÍTICA BOLIVIANA.

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Por Atilio A. Boron.

Sociólogo. Politólogo.  Dr. en Ciencias Políticas.

Maestro Universitario. Buenos Aires Argentina.

Fuente. Prensa Latina sábado 23 de agosto del 2025.

La imagen que acompaña esta nota ilustra los profundos cambios experimentados por la Asamblea del Estado Plurinacional y el carácter catastrófico de la derrota del MAS en Bolivia.

Esta puso fin a un ciclo iniciado con el triunfo de Evo Morales en la elección presidencial de diciembre del 2005 y su ingreso al Palacio Quemado de La Paz el 22 de enero del 2006. Período, hay que subrayar, en donde la hegemonía electoral del MAS fue aplastante, ganando una sucesión de seis elecciones con porcentajes que salvo en un caso se empinaban bien por encima del 50 por ciento de los votos.

Esta supremacía en las urnas era el reflejo de la hegemonía política del MAS y de la capacidad de conducción del líder indiscutido del movimiento popular, Evo Morales. En los casi 14 años de su gestión, interrumpida por el golpe de Estado fascista del 10 de noviembre del 2019, la gestión de Evo cambió radicalmente y para bien el rostro de Bolivia, dando lugar a que muchos observadores y medios de prensa hablasen del “milagro económico boliviano.” No solo económico sino también social y cultural, terrenos en donde los avances fueron quizás más espectaculares que en el área económica.

Pero no es este el lugar para examinar ese fascinante proceso emancipatorio, sus grandes conquistas, así como algunos de los aspectos más deficitarios de esos años. La urgencia de la coyuntura nos obliga a mirar hacia lo inminente.

 

Más productivo es, por eso mismo, preguntarnos qué puede esperarse de un derrumbe tan espectacular como el que se verificara el pasado domingo en las urnas, pero que se fue gestando casi desde el momento en que Luis Arce Catacora asumiera la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre de 2020. Esta tesis, sin embargo, es cuestionada por Javier Larraín, Director de la revista Correo del Alba cuando aporta una visión más pesimista, y probablemente más apegada a la realidad.

Larraín sitúa el origen de esta decadencia mucho antes. Así se lo comentó a Gustavo Veiga, en una entrevista para Página/12: al decir que:

“el proceso de descomposición del MAS comenzó en 2013, 2014 y si recordamos que en 2019 sacó la votación más baja con Evo del 47 por ciento y (antes) había perdido un referéndum cuyo resultado desconoció, entonces lo que hemos venido viendo es esa caída”. [1]

Desde ese entonces cobró ímpetus una lucha intestina por el liderazgo popular y la conducción del proceso de cambios. Como bien lo señala Sacha Lorenti en una nota acertadamente titulada “Autopsia preliminar de las elecciones en Bolivia” (porque desgraciadamente el MAS, ese gran movimiento popular boliviano ha muerto),

“el gobierno de Luis Arce hizo todo lo que estuvo a su alcance para intentar destruir el liderazgo de Evo Morales: el robo de la sigla del MAS-IPSP, la anulación de toda posibilidad de participación con otra sigla, la toma violenta de las organizaciones sociales, la inhabilitación de Evo Morales, el atentado contra su vida, la persecución y el encarcelamiento de más de cien personas que protestaron contra la proscripción y, como fue denunciado por Diario Red, pagos a jueces y vocales del Tribunal Supremo Electoral para sacarlo del tablero electoral.” [2]

Esto es cierto, pero no puede pasarse por alto que Evo, que no por casualidad durante su gestión presidencial era popularmente conocido como “el jefazo”, nunca terminó de digerir la imposibilidad legal que tenía para ser candidato a presidente en 2020 y que siempre consideró a Arce -su ministro estrella en los años de esplendor económico, no olvidemos eso- como un usurpador por lo cual tampoco ahorró durísimas críticas a quien por entonces ocupaba el Palacio Quemado.

Una interpretación más equidistante de este lamentable conflicto, iniciado como una feroz lucha personalista por el poder y que solo en su desarrollo posterior se convirtió en una divergencia política e ideológica más amplia, la ofrece una nota que publicara Álvaro García Linera en vísperas de la elección boliviana y en la cual describía esta fractura en durísimos términos:

“Por un lado, un mediocre economista que está por casualidad como presidente y que creyó que podía desplazar al líder carismático indígena (Evo) proscribiéndolo electoralmente. Por otro, el líder que, en su ocaso, ya no puede ganar elecciones, pero sin cuyo apoyo tampoco se gana, y que se venga ayudando a destruir la economía sin comprender que en esta hecatombe también está demoliendo su propia obra. El resultado final de este miserable fratricidio es la derrota temporal de un proyecto histórico y, como siempre, el sufrimiento de los humildes que nunca fueron tomados en cuenta por los dos hermanos embriagados de estrategias personales.”[3]

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y sobre todo eso de un “miserable fratricidio” que pone término -¿o apenas una pausa?- a una revolución en curso, le asiste toda la razón a Carlos Figueroa Ibarra, profesor de la Universidad de Puebla, cuando en su esclarecedor análisis de las elecciones bolivianas asegura que tanto Rodrigo Paz Pereira- hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993)- como sus contendientes, Jorge “Tuto” Quiroga con quien eventualmente medirá fuerzas en el balotaje en caso de que este a última hora no desista de participar debido a sus pocas chances de triunfar, y quien llegara en tercer lugar en la primera vuelta, Samuel Doria Medina, comparten las grandes líneas que definirán la marcha del próximo gobierno, casi con seguridad presidida por Paz Pereira.[4]

Este nuevo consenso neoliberal, como correctamente lo denomina nuestro autor, contempla la

“eliminación de la república plurinacional, la agroindustria como el corazón de la economía boliviana, legalización de los transgénicos, represión de la protesta social, privatización de las empresas estatales, apertura al capital transnacional, eliminación de subsidios a los combustibles, eliminación de la propiedad comunitaria de la tierra.”

Pero, además, en el plano político, el indulto de los golpistas Jeanine Añez y de uno de los líderes de la extrema derecha racista y exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de la persecución de Evo Morales y Álvaro García Linera. O sea, una pesadilla política.

En este lamentable escenario, habida cuenta de una muy dolorosa derrota no solo para las clases populares de Bolivia, sino que me atrevería a decir para todos los pueblos de Nuestra América, sorprenden las declaraciones triunfalistas de Evo Morales exaltando el 19,2 por ciento del voto nulo que, según él, lo proyectan como el líder de la oposición al nuevo régimen reaccionario. Pero esa euforia, que tiene como fundamento innegable la lealtad de una parte importante del campo popular a las directivas de Evo, oculta la inoperancia del voto nulo, su esterilidad práctica, salvo cuando este es el preludio de un momento insurreccional capaz de desafiar al poder constituido, cosa que quien esto escribe no advierte en este momento en Bolivia.

Cierto es que no debiera descartarse esta posibilidad si se tiene en cuenta la prolongada experiencia de lucha y la extraordinaria combatividad de las masas plebeyas bolivianas. Tal vez se produzca ese enfrentamiento entre el poder institucionalizado y la potencia creadora de la calle, como siempre recordaba Maquiavelo en sus estudios sobre la república romana.

 

Pero al día de hoy no se perciben esos signos de insurgencia popular en el clima político imperante y mucho menos que la correlación de fuerzas existente en los terrenos de la economía, la política, la cultura y lo militar, como siempre advertía Gramsci, ofrezcan indicios de que hay algo que, subterráneamente, se orienta hacia un estallido popular.

Mientras tanto, la existencia de una Asamblea Nacional en cuyo Senado el MAS ha desaparecido por completo y apenas conserva una ínfima minoría en la Cámara de Diputados demuestra que el voto nulo para lo que ha servido es para facilitarle a la derecha la construcción de los dos tercios de los votos que se necesitan para que la Asamblea Nacional reforme la Constitución Política del Estado anulando los grandes avances plasmados en esa luminosa pieza constitucional surgida del auge del MAS.

Bolivia. Los responsables políticos de haber "asesinado en vivo y en directo un Proyecto Político Democrático, Nuevo y Superior" del Estado Plurinacional de Bolivia. Con su enconado enfrentamiento también "han Matado al MAS", único Movimiento Popular, Social y Político en el Poder por 20 años.

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Y sabemos que, a diferencia de las izquierdas, cuando la derecha tiene una oportunidad no pierde tiempo en debates filosóficos o en pujas discursivas. Actúa rápida y letalmente. Para quienes duden de este aserto aconsejo que examinen el caso argentino. Ojalá que otro, y mejor, sea el desenlace de la actual coyuntura boliviana.

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