miércoles, 4 de mayo de 2022

«SER DIRIGENTE INDÍGENA EN UNA ZONA PETROLERA O DONDE HAY MUCHOS RECURSOS NATURALES ES UNA SENTENCIA DE MUERTE» Entrevista a Gregorio Díaz Mirabal

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—¿Qué significa para usted la palabra territorio?

—El territorio es la casa, la maloca, la chacra, el agua, es la vida. Si quiere destruir a los pueblos indígenas, quítele el territorio, porque ya dejarían de ser indígenas. Serían mendigos en las ciudades. El territorio es la vida, es tu farmacia, es tu escuela, es tu sitio de entretenimiento, de sanación, es tu sitio espiritual, de fiesta también. Lo tienes todo allí y no necesitas salir. Pero tenemos la maldición de siempre, desde que llegaron los españoles. Antes querían oro, ahora quieren petróleo, minerales estratégicos, y nunca ven al territorio como agua, como alimento, como espíritu y como ser vivo, sino como un negocio. Siempre ha sido así y nosotros somos los incomprendidos. Nosotros somos unos seres extraños que no queremos explotar a la naturaleza, sino que queremos convivir con ella siempre, histórica y milenariamente. Nadie entiende que nosotros dormimos encima de tanta riqueza y nosotros queremos seguir viviendo como siempre.

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Fuentes: Mongabay [Imagen: José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena wakuenai kurripaco. Foto: COICA]

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«SER DIRIGENTE INDÍGENA EN UNA ZONA PETROLERA O DONDE HAY MUCHOS RECURSOS NATURALES ES UNA SENTENCIA DE MUERTE»

Entrevista a Gregorio Díaz Mirabal

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Por Astrid Arellano | 04/05/2022 | Ecología social

 

Fuente Rebelión miércoles 4 de mayo del 2022.


La ausencia generalizada de los gobiernos de los nueve países amazónicos ha provocado la muerte de líderes indígenas en las zonas donde predomina la violencia, señala el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización vocera de pueblos de nueve países.

José Gregorio Díaz Mirabal recuerda que el río Atabapo, con sus aguas color negro, rodeado de selva y montañas, hace 200 años estaba en territorio indígena. Hoy atraviesa tres países: Colombia, Brasil y Venezuela. “Nos han dividido los Estados, pero nosotros somos una gran familia”, dice el líder indígena wakuenai kurripaco.

Aunque la Amazonía aún es un sitio de escenarios naturales increíbles, agrega Díaz Mirabal, está amenazada por la ambición del ser humano, con sus economías legales o fuera de la ley, pero criminales de igual forma. “Buscan el oro, el petróleo, la riqueza y el poder”, sostiene. “Parece que todos nuestros gobiernos no han podido controlar o monitorear esos territorios fronterizos y, así como la lucha de los pueblos indígenas se ha hecho global, la delincuencia también lo es”.

Díaz Mirabal es el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización con casi cuatro décadas como vocera de los pueblos indígenas de nueve países amazónicos: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Colombia, Surinam y Guyana Francesa, con la que llevan las demandas de las comunidades a escenarios internacionales.

“Es una realidad muy compleja por la violencia que se vive; los carteles ya son un poder mundial, están en todas partes y han llegado a todos nuestros países de la cuenca amazónica”, asegura. “Creo que se maneja un Estado paralelo con ellos por el poder de fuego, de armas, de dinero y de corromper cualquier estructura; eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo y a nosotros nos ha tocado empezar a convivir con esa realidad”.

Mongabay Latam conversó con Díaz Mirabal sobre los retos y amenazas que enfrentan los nueve países amazónicos, donde se busca una cooperación transfronteriza para la defensa de la naturaleza, de los pueblos indígenas y sus derechos, además de la necesidad de que estos se encuentren en el centro de la toma de decisiones y negociación respecto al cambio climático y extinción de la biodiversidad.

—¿Qué problemas comparten los pueblos indígenas amazónicos? ¿Qué es lo que están detectando desde la Coica.


La ganadería está matando la Amazonía.
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—Las principales amenazas son el extractivismo y la minería ilegal, que crece cada segundo, sin control, legal o ilegal. Pero también están los monocultivos —como la soya— y la ganadería extensiva, que está sobre todo en Brasil, en Bolivia y en casi todos los países productores de carne que están buscando tierra y deforestando la selva. También el narcotráfico y, por supuesto, la ampliación de la frontera hacia la Amazonía por parte de los gobiernos, para cualquier tipo de proyecto que ellos llaman “de desarrollo”.

Consideramos que, en este momento, la más grave de todas las amenazas es la falta de reconocimiento de los derechos territoriales: no hay titulación suficiente. Hay más de 300 millones de hectáreas por titular. Es una amenaza grave, porque el Estado o las empresas pueden invadir los territorios indígenas en cualquier momento.

Las consecuencias de negarte a un proceso de desarrollo con los Estados y las empresas, al final, terminan en asesinato, persecución y criminalización de los dirigentes, dirigentas o de las organizaciones indígenas.


Deforestación en la Amazonía. Foto: Luis Barreto – WWF.

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—¿En qué país amazónico han detectado la mayor dificultad para enfrentar los asedios a los territorios y a los derechos de los pueblos?

—El tema de titulación es transversal en los países. Pero donde hay más conflicto, y en donde están los índices más altos de criminalización y de asesinato en el planeta, son: Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. En este momento, por ser los territorios indígenas ricos en agua, petróleo, oro, minerales estratégicos y también en oxígeno, creo que tienen múltiples amenazas.

Vivir en un territorio indígena es una amenaza, a menos que lo vendas y lo entregues para proyectos de desarrollo, para empresas o negocios mixtos con el Estado, para las economías criminales o que están al margen de la ley.

—En Latinoamérica existen numerosos casos de defensores de la tierra que han sido asesinados y también pueblos desplazados por los proyectos extractivos y la violencia; ¿cómo estos hechos están afectando a las comunidades indígenas de la Amazonía?

—Comenzando por Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha hecho leyes para invadir los territorios indígenas, está permitiendo la ganadería extensiva, está permitiendo la minería ilegal, pero con decreto; eso ha causado un altísimo nivel de violencia y destrucción de la naturaleza en la Amazonía brasileña.

Luego estaría Colombia, donde acaban de asesinar a tres líderes indígenas en Putumayo; eso es de cada día y se ve que hay complicidad del gobierno y las Fuerzas Armadas, con los grupos criminales.

Después estaría Perú que, en estos momentos, también está fuertemente atacado por los temas petrolero y minero, que son los grandes causantes de toda esta criminalización.


Y bueno, aquí en Ecuador, últimamente, a pesar de que ha habido amnistías de más de 250 hermanos —la mayoría de ellos por oponerse a proyectos extractivos o proyectos petroleros y mineros—, el mismo gobierno está pidiendo que se revoquen esas amnistías y está promoviendo decretos para el extractivismo.

Entonces, aquí estamos enfrentando un montón de juicios; algunos se han logrado ganar, otros están en espera de respuesta, pero al final el Estado quiere seguir imponiendo esa política extractiva, de intervención de la selva y, sobre todo, de búsqueda de petróleo y minerales.

—Las amnistías, además de Ecuador, también están ocurriendo en otros países porque la persecución es una constante. ¿Qué está pasando con esos procesos? ¿Cuál es la situación de los líderes que están bajo alguna presión judicial y en qué países sí se está avanzando o logrando que esto cambie?

—Ecuador ha sido el que ha logrado más amnistías en estos últimos años, que superaron los 250. Hay líderes, quizá muy visibles, como Leonidas Iza, Jaime Vargas y Antonio Vargas, que tenían que ver con el levantamiento del 2019 y con la paralización de pozos petroleros y de entidades mineras en movilizaciones grandes. Esos son los más visibles porque han sido noticia mundial, porque el movimiento indígena ecuatoriano es muy fuerte.

En otros países, como Brasil, se está batallando en las cortes. En Colombia hay más asesinatos, pero muchos hermanos siguen en la cárcel. Nosotros vemos con preocupación que las leyes se logran cuando hay movilizaciones fuertes, pero, en otros países, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, siguen los mismos problemas, porque el movimiento indígena está dividido o es poca la población realmente en esos países.

Pero la situación es igual con el tema del extractivismo. Parece que esa es la única solución que tienen los Estados en los países de Suramérica y nosotros estamos planteando que el delito de ecocidio se reconozca, que los Estados puedan ser interpelados, puedan ser monitoreados por la justicia internacional, porque están destruyendo un patrimonio de la humanidad, porque ahora los territorios indígenas garantizan agua, alimento, aire puro y, si se destruyen, se está jugando con la desaparición de los seres humanos en el planeta también.


José Gregorio Díaz Mirabal durante la Marcha del Clima en Glasgow, Escocia, en el marco de la COP26. Foto: Cortesía COICA.

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—En ese contexto, ¿qué significa ser líder indígena? ¿Cómo es vivir bajo amenazas, criminalización, persecución y ver a otras compañeras y compañeros pasando por este tipo de presiones?

—Ser un líder o lideresa indígena, en este momento, significa muchas cosas. Primero, cuando tú defiendes un río, un territorio, una o varias culturas —como el caso de COICA, que son nueve países, más de 500 pueblos y más de 100 pueblos en aislamiento voluntario y el bosque tropical más grande del planeta— es una responsabilidad muy grande.

Nosotros, básicamente, acompañamos los procesos nacionales, territoriales y vemos cómo compañeros han muerto, han sido asesinados o están en la cárcel, algunos han muerto allí por la violencia que hay. Entonces, tú evalúas por qué están presos si no han asesinado a nadie, no son narcotraficantes, simplemente están defendiendo el territorio, su identidad, su familia, los pueblos, el agua, la montaña y eso parece ser un delito.

Ser dirigente en una zona petrolera o donde hay muchos recursos naturales es una sentencia de muerte o estás condenado a la criminalización si no negocias, si no aceptas las condiciones de las empresas o de los gobiernos. Pero también hay un gran respeto de los pueblos, de los territorios, a todos los dirigentes, hombres y mujeres, que asumen con valentía esta vocería, cuando sabemos que denunciar a una empresa o al gobierno y exigir derechos, consulta previa, la titulación del territorio, es ir en contra de muchos poderes económicos y políticos.

Allí los dirigentes indígenas saben que salen a luchar, pero no saben si regresan. Y eso ha pasado mucho. La región más peligrosa del planeta para defender la biodiversidad, los territorios, las montañas, los ríos y la selva, lamentablemente, es Sudamérica.

—Usted dijo que el mayor problema de los pueblos indígenas es el tema de titulación, ¿cómo van los pueblos de Sudamérica en ese tema? ¿Este retraso es el centro del avance de las amenazas?

—En este momento, en la cuenca amazónica, nosotros estamos diciendo que, si se quiere garantizar que el cambio climático no supere los niveles del 1.5, —lo planteamos ahora en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) de Ginebra— se tienen que titular, como mínimo, 100 millones de hectáreas. Si se llega a 300 millones de hectáreas sería ideal. Nosotros estamos diciendo esto desde hace casi 15 o 20 años. Se ha avanzado muy poco, porque todos los estudios científicos dicen que los territorios indígenas son los mejor conservados porque estamos allí, pero muchos de ellos no tienen garantía de titulación, entonces, en cualquier momento, el Estado o las empresas pueden intervenir porque no hay una garantía legal del territorio.

Es una gran contradicción porque en la Conferencia Mundial de Cambio Climático y de Biodiversidad, el discurso de los Estados, es que van a proteger, van a luchar contra el cambio climático, pero en realidad son los primeros que promueven la deforestación y lo hacen a través de decretos, de leyes, muchas de ellas desconociendo los derechos de los pueblos indígenas.

Si eso no se resuelve, la deforestación va a seguir creciendo, la extinción de la biodiversidad va a seguir aumentando cada día, habrá más fenómenos climáticos y, por supuesto, no va a haber mucho alimento ni agua potable suficiente si los territorios conservados —ya sean áreas protegidas o territorios indígenas— siguen siendo forzados a ser áreas de destrucción por el extractivismo o cualquier otra actividad económica que promueva la deforestación.

Perú. Región Madre de Dios. Minería artesanal (ilegal y criminal) está destruyendo la Amazonía.
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—El año pasado, durante la COP26, precisamente se dijo que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza. En el caso de los países amazónicos, ¿qué debe suceder para que sus propuestas sean escuchadas, ejecutadas y que los recursos verdaderamente lleguen a los territorios?

—En Glasgow se hicieron muchos anuncios. Ya han pasado casi cinco meses, vamos por seis meses, y ese anuncio de 1.7 billones de dólares para la lucha contra el cambio climático y que también apoya los pueblos indígenas, en este momento todavía no tiene un mecanismo sobre cómo esos recursos bajarán a los pueblos. Hasta el momento, se mantiene esto de que el 1 % llega a los territorios indígenas y el 99 % se queda en consultorías, en burocracia gubernamental y en mantenimiento de nómina de las grandes ONG mundiales. Recientemente, volvimos a tener una reunión con los donantes de ese 1.7 y hemos exigido un mecanismo.

El problema es la burocracia. Nosotros estamos tratando, realmente exigiendo, que confíen en los pueblos indígenas y que busquen un mecanismo directo, porque realmente no hay mucho tiempo y ese dinero serviría para parar un poco la deforestación en los territorios.

—¿Cómo ha servido contar con la COICA como una organización política para defender todas estas causas de los pueblos indígenas amazónicos? ¿En qué medida están siendo escuchados y atendidos por los diferentes gobiernos de los nueve países amazónicos?

—En Sudamérica no existe una organización del nivel de la COICA. Hemos tratado de asumir con responsabilidad la vocería internacional y también hemos tenido un impacto global porque, al unirnos con Asia, África, Centroamérica y los pueblos con esas organizaciones, hemos logrado sentar a algunos gobiernos de Europa y sentarnos con nuestros gobiernos en Europa. Es increíble: no podemos hablar aquí en Sudamérica, pero tenemos que hablar con ellos en esas conferencias mundiales.

Estamos buscando esos diálogos con los gobiernos para ver si cumplen lo que prometen a nivel internacional. Estamos haciendo ese esfuerzo, vamos a estar los nueve países presentes, las organizaciones de COICA, para buscar un plan de acción, porque son muchas promesas, pero las acciones tardan demasiado.

Si no participamos en la gobernanza climática y de biodiversidad —porque tenemos propuestas probadas milenariamente— si no somos el centro de la toma decisión, de la participación, ejecución, planificación y la implementación de un plan, seguiremos en ese camino que estamos viendo y que parece que es de guerra, de que se destruyan el agua potable, la biodiversidad y la vida. Viene una crisis alimentaria fuerte si no se toman esas decisiones. Somos parte de la solución de esta crisis mundial y eso tiene que reflejarse en una acción, en una coordinación con los Estados que son responsables de eso.

—A pesar de esto, ¿usted piensa que se ha avanzado en los últimos años?

—Nosotros hemos avanzado con mucho dolor. La pandemia se llevó a muchos hermanos, cuando el Estado pudo actuar mucho mejor y no llegó a los territorios indígenas como debió hacerlo. También por el índice de asesinatos de hermanos en las cárceles. A pesar de todo eso, a pesar del dolor y que tengamos que estar en las calles —porque los mejores logros se han hecho en la calle y no porque el Estado ha regalado el derecho— nosotros creemos que las organizaciones son quienes están luchando en los territorios. Todas las organizaciones que están en los países defendiendo derechos, son necesarias, son clave para la vida de los pueblos indígenas.

Tenemos voz, tenemos derecho, eso es cierto; pero se ha logrado con mucho dolor, con mucho sacrificio, con muchas pérdidas. No ha sido regalado. Pero eso no es suficiente todavía, necesitamos que nuestros derechos se implementen realmente, que se materialicen en acciones.

—¿Qué fue lo más fuerte y lo que más ha marcado a los pueblos indígenas durante la pandemia?

—La pandemia fue algo que nadie se esperaba. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que alertar a los territorios y, con sus guardias indígenas, cerrar las comunidades. Darnos cuenta que no había medicamentos, que no había puestos de salud, ni siquiera había escuelas. La pandemia agarró a las comunidades en total abandono por su situación geográfica y, bueno, terminó la pandemia y muchas veces no llegaron los gobiernos.

Nosotros hicimos un plan de emergencia y logramos conseguir oxígeno, alimento, medicamento, y se hizo un esfuerzo grande por llegar a las comunidades a las que no llegó el Estado. Pero lo más duro fue ver a los compañeros morir, contagiarse y que, igual que todas las familias en el mundo, perdieran a sus seres queridos. A nosotros también nos pasó eso.

—¿Qué significa para usted la palabra territorio?

—El territorio es la casa, la maloca, la chacra, el agua, es la vida. Si quiere destruir a los pueblos indígenas, quítele el territorio, porque ya dejarían de ser indígenas. Serían mendigos en las ciudades. El territorio es la vida, es tu farmacia, es tu escuela, es tu sitio de entretenimiento, de sanación, es tu sitio espiritual, de fiesta también. Lo tienes todo allí y no necesitas salir.

Para los Pueblos Originarios el Territorio es la vida.

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Pero tenemos la maldición de siempre, desde que llegaron los españoles. Antes querían oro, ahora quieren petróleo, minerales estratégicos, y nunca ven al territorio como agua, como alimento, como espíritu y como ser vivo, sino como un negocio. Siempre ha sido así y nosotros somos los incomprendidos. Nosotros somos unos seres extraños que no queremos explotar a la naturaleza, sino que queremos convivir con ella siempre, histórica y milenariamente. Nadie entiende que nosotros dormimos encima de tanta riqueza y nosotros queremos seguir viviendo como siempre.

*Imagen principal: José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena wakuenai kurripaco. Foto: COICA

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martes, 3 de mayo de 2022

LOS LATINOAMERICANOS EN EE.UU., ¿LA SÉPTIMA ECONOMÍA DEL MUNDO?

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Los latinoamericanos han desempeñado un papel importante en el impulso del crecimiento de la población de Estados Unidos durante la última década. Asimismo, la cantidad que dicen ser multiétnicos ha aumentado dramáticamente. Más de 20 millones de latinoamericanos se identificaron con más de una etnia en el censo de 2020, en comparación con solo 3 millones en 2010. El crecimiento de latinos multirraciales proviene principalmente de los que se identifican como blancos y “alguna otra etnia”. Asimismo, los latinoamericanos se han convertido en el grupo racial o étnico más grande del estado de California, y representan el 39% del total de la población. En 2020 había alrededor de 15,6 millones en California, frente a 14,0 millones en 2010. La población blanca no latinoamericana, el siguiente grupo más grande, disminuyó de 15,0 millones a 13,7 millones durante este tiempo. En los siguientes dos estados con mayor población latinoamericana, Texas (11,4 millones) y Florida (5,7 millones), los latinos constituyen el 39% y el 26% de los residentes. Nuevo México tiene un millón y son el 48% de la población, la proporción más alta de la nación. El crecimiento demográfico más rápido se ha producido entre aquellos con orígenes en Venezuela, Guatemala y Honduras.

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LOS LATINOAMERICANOS EN EE.UU., ¿LA SÉPTIMA ECONOMÍA DEL MUNDO?

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Por Álvaro Verzi Rangel | 03/05/2022 | EE.UU.

Fuente Rebelión martes 3 de mayo del 2022.

La contribución de la población migrante y de origen latinoamericano en Estados Unidos alcanzó dos billones 750 mil millones de dólares en 2020, lo que le permitiría ser la séptima economía más grande del mundo, por arriba de Francia, de acuerdo con el «Informe PIB Latino: El poder de una comunidad en cifras».

Denostados, agredidos, discriminados, ninguneados, perseguidos, explotados, los latinoamericanos son puntal de la economía estadounidense, mal le pese a muchos, tanto conservadores como demócratas. Para ser más claros, el peso económico de los latinoamericanos en EE.UU. es por sí mismo equivalente al de una potencia mundial. 

Si fueran un país independiente, su PIB estaría empatado con el séptimo mayor del mundo. Eso con datos para 2019, pero cálculos para 2020 indican que se encuentra por arriba de Francia, Italia, Brasil o Canadá.

De acuerdo con el más reciente censo de Estados Unidos, hay 62.1 millones de hispanos en ese país (frente a 50,5 millones en 2010), que representan 18.7% de la población; seis de cada 10 son mexicanos. Este aumento del 23% fue más rápido que la tasa de crecimiento de la nación (+7%), pero un aumento más lento que en la población asiática (+36 %). En 2020, los latinoamericanos constituían casi una de cada cinco personas en los Estados Unidos (19%), frente al 16% en 2010 y solo el 5% en 1970.


En un entorno en que la retórica antimigrante se extiende, como las reciente declaraciones del expresidente Donald Trump y también de funcionarios de la administración de Joe Biden, el documento Informe PIB Latino presentado en México por David Hayes-Bautista, uno de sus coautores, muestra que en tan sólo en los pasados dos años, el crecimiento del PIB real latinoamericano fue en promedio de 5.63%, el doble de la tasa de la economía estadunidense.

En una década, la producción de la población de origen latinoamericanos en Estados Unidos creció 57% más rápido que el PIB general de ese país, al grado de que representan poco más de una décima parte de la economía más grande del mundo y prácticamente el doble de la mexicana.

La producción económica total de los latinoamericanos en Estados Unidos fue de dos billones 700 mil millones de dólares en 2019, por encima de los dos billones 100 mil millones de 2015, y del billón 700 mil millones de dólares en 2010. Es decir, aumentó en un billón de dólares en una década.

El estudio recalca que la producción de latinos no sólo es un motor de crecimiento, sino también una amplia base de apoyo para la economía de Estados Unidos en general. En la educación y la sanidad se encuentra 16.4%; le siguen los servicios profesionales y empresariales con 12% y el sector financiero e inmobiliario con 9.3%.

Latinos en Estados Unidos: la séptima potencia económica a nivel mundial.

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Tan sólo el consumo de esta comunidad, un billón 850 millones de dólares, es casi idéntico en tamaño a toda la economía de Texas. De 2010 a 2019, el consumo real de los latinoamericanos creció 123% más rápido que el de los no latinos, impulsado por las grandes ganancias en los ingresos personales, que se derivan de las rápidas ganancias en el logro educativo y la fuerte participación en la fuerza laboral.

Mientras, el déficit comercial de EE.UU. se amplió a un récord en marzo, quizá porque las empresas preocupadas por la escasez adelantaron las importaciones después de la invasión rusa a Ucrania. El déficit se elevó en 17.8% a un máximo histórico de 125 mil 300 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio. 

El mapa de los latinoamericanos en EE.UU.

Investigadores del Pew Research Center, un think tank con sede en Washington DC, analizaron cómo el grupo de latinoamericanos que migraron a EE.UU. ha cambiado con el tiempo. A continuación, los datos más importantes de la encuesta.

 Los latinoamericanos han desempeñado un papel importante en el impulso del crecimiento de la población de Estados Unidos durante la última década. Asimismo, la cantidad que dicen ser multiétnicos ha aumentado dramáticamente. Más de 20 millones de latinoamericanos se identificaron con más de una etnia en el censo de 2020, en comparación con solo 3 millones en 2010. El crecimiento de latinos multirraciales proviene principalmente de los que se identifican como blancos y “alguna otra etnia”.

Asimismo, los latinoamericanos se han convertido en el grupo racial o étnico más grande del estado de California, y representan el 39% del total de la población. En 2020 había alrededor de 15,6 millones en California, frente a 14,0 millones en 2010. La población blanca no latinoamericana, el siguiente grupo más grande, disminuyó de 15,0 millones a 13,7 millones durante este tiempo.


En los siguientes dos estados con mayor población latinoamericana, Texas (11,4 millones) y Florida (5,7 millones), los latinos constituyen el 39% y el 26% de los residentes. Nuevo México tiene un millón y son el 48% de la población, la proporción más alta de la nación.

El crecimiento demográfico más rápido se ha producido entre aquellos con orígenes en Venezuela, Guatemala y Honduras.

Los recién nacidos han impulsado el crecimiento de la población latinoamericana de EE.UU., una tendencia que se aceleró en la década de 2010 debido a una disminución en la inmigración. De 2010 a 2019, 9,3 millones de bebés latinoamericanos nacieron en EE.UU., cifra similar al total de la década de 2000, mientras 3,5 millones de inmigrantes llegaron al país de 2010 a 2019, sustancialmente menos que los 6,5 millones que llegaron durante la década de 2000. 

La proporción de latinoamericanos que hablan inglés con soltura está creciendo. Los nacidos en EE.UU. impulsan este crecimiento. El 37% de los inmigrantes latinoamericanos hablaban inglés con competencia en 2019, mientras que la proporción de latinos que hablan español en casa disminuyó de 2000 a 2019 (78% a 70%).

La proporción de los que tienen experiencia universitaria ha aumentado desde 2010 (de 36 a 42%), con preminencia de las mujeres. La cantidad de latinoamericanos matriculados en la universidad también aumentó de 2010 a 2019, de 2,9 millones a 3,6 millones, de 14 a 19% del total.

Las personas de origen mexicano representaron casi el 62% (alrededor de 37,2 millones) de la población latinoamericana en EE.UU. en 2019. Las personas de origen puertorriqueño son el siguiente grupo más grande, con 5,8 millones (otros aproximadamente 3,3 millones viven en la isla a partir de 2020. Otros seis grupos de tienen aproximadamente un millón o más de personas cada uno: cubanos, salvadoreños, dominicanos, guatemaltecos, colombianos y hondureños.

Los números de la hispanidad: los Latinos somos casi 59 millones en Estados Unidos.

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El crecimiento demográfico más rápido entre los latinos de Estados Unidos se ha producido entre aquellos con orígenes en Venezuela, Guatemala y Honduras. De 2010 a 2019, la población venezolana en los Estados Unidos aumentó un 126% a 540.000, con mucho la tasa de crecimiento más rápida. Los guatemaltecos vieron un aumento del 49%, seguido de un aumento del 47% entre la población hondureña.

Cuatro de cada cinco latinoamericanos migrantes son ciudadanos estadounidenses. Esto incluye a las personas nacidas en EE.UU. y sus territorios (incluido Puerto Rico), los nacidos en el extranjero de padres estadounidenses e inmigrantes que se han convertido en ciudadanos naturalizados.

 Entre los grupos de origen, prácticamente todos los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Los españoles (93%), los panameños (88%) y los mexicanos (81%) tienen algunas de las tasas de ciudadanía más altas, mientras que los hondureños (51%) y los venezolanos (48%) tienen las tasas más bajas.

Pese a estos guarismos, los inmigrantes representaron una proporción decreciente de la población latinoamericana en EE.UU., disminuyendo del 40% al 33% en los últimos años a medida que aumentaba el número de latinos nacidos en EE.UU. y la represión desaceleraba la llegada de nuevos inmigrantes.

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*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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lunes, 2 de mayo de 2022

ESTADOS UNIDOS: UNA ECONOMÍA DE GUERRA CONTRA LA SOCIEDAD. En sólo 17 años desde que declaró su independencia en 1776 no estuvo en guerra

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El inmenso gasto militar

El presupuesto militar para 2022 fue 778.000 millones de dólares, y para 2023 se solicitó 813.000 millones. Con casi 40 por ciento del presupuesto militar mundial, Estados Unidos supera lo que gastan en ese rubro los próximos once países juntos. El Departamento de Defensa con de 715.000 millones en el presupuesto de 2022 es el segundo mayor ítem del gasto fiscal después de Seguridad Social. Otras agencias también están vinculadas al esfuerzo militar: los Departamentos de Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional, y el FBI. Además, como Operaciones de Contingencia en el Extranjero, con un presupuesto de 69.000 millones de dólares, aparece el costo de las guerras pasadas. Así, el gasto militar total en 2021 terminó siendo casi de 934.000 millones. Al analizar el tamaño del gasto militar, Kori Schake cita al ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell: “muéstrame tu presupuesto y te diré tu estrategia”, para concluir que Estados Unidos debe expandir su presupuesto en 50% para cumplir los objetivos que expresan sus líderes. Schake sostiene que “las fuerzas armadas estadounidenses actuales están dimensionadas para pelear una sola guerra” a la vez, por debajo de lo que se procura. Matthew Kroenig, del Atlantic Council, postuló que Estados Unidos debía prepararse para ganar guerras simultáneas contra Rusia y China, por lo que considera que el Congreso podría hasta “duplicar los gastos de defensa”. 

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Desde 1991, sólo en 1997 y 2000 Estados Unidos no estuvo en un enfrentamiento bélico. En este período se involucró en cerca de 15 guerras, sin contar otras intervenciones.

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ESTADOS UNIDOS: UNA ECONOMÍA DE GUERRA CONTRA LA SOCIEDAD.

En sólo 17 años desde que declaró su independencia en 1776 no estuvo en guerra

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Con casi 40% del presupuesto militar mundial, Estados Unidos supera lo que gastan en ese rubro los próximos once países juntos. El presupuesto militar para 2022 fue 778.000 millones de dólares, y para 2023 sube a 813.000 millones. Por otro lado, de 1975 a 2018, la participación de los ingresos de 90% de los estadounidenses cayó de 67 a 50%, mientras que la del 1% de mayores ingresos aumentó de 9 a 22%. 

Por Andrés Ferrari Haines

Página /12 lunes 2 de mayo del 2022.                         

En 1965, el presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson describió su proyecto de ‘La Gran Sociedad’, que se basaba “en la abundancia y la libertad para todos”, por lo que exigía “el fin de la pobreza y la injusticia racial”. Poco después, Johnson añadiría “creo que podemos continuar con 'La Gran Sociedad' mientras luchamos en Vietnam”.

La ‘Gran Sociedad’ constituía “el programa más ambicioso de reforma interna desde el New Deal”, procurando profundizar en derechos civiles, luchar contra la pobreza, mejorar la educación, establecer cobertura médica y limpiar el medio ambiente, entre otras cosas. Este proyecto social avanzaría con una escalada bélica. Johnson había incrementado las tropas de su país en Vietnam de 16.000 a 537.000 a lo largo de su gobierno entre 1963-1968.

Los fondos destinados a la guerra en Vietnam superaron fuertemente los que Johnson conseguía pasar en el Congreso para financiar su proyecto social. Estados Unidos gastó 300.000 dólares por cada enemigo asesinado en Vietnam, mientras asignaba 88 dólares por persona a los programas de alivio de la pobreza. Entre 1965 y 1973, se gastaron 15.500 millones de dólares en la Gran Sociedad y 120.000 millones de dólares en la Guerra de Vietnam.


El costo de la guerra de Vietnam

Francis M. Bator, asesor de seguridad nacional durante 1965-1967, sostiene que Johnson creía que, si abandonaba la guerra en Vietnam, su presidencia sería destruida y, por ende, la Gran Sociedad también porque los proyectos sociales hubieran llegado muertos al Congreso. Años después, Johnson admitiría que no le fue posible poseer "la mujer que realmente amaba, la Gran Sociedad", y también "esa perra de guerra en el otro lado del mundo".

En toda la guerra de Vietnam entre 1961-1975, Estados Unidos gastó más de 141.000 millones de dólares. Sumados otros gastos militares relacionados al conflicto, el monto llega a 168.000 millones (un billón en dólares actuales). Una secuela de la guerra es que las pensiones a veteranos de Vietnam y sus familias aún cuestan 22.000 millones por año: entre 1970-2021 han costado 270.000 millones de dólares.

Para Martin Luther King la Gran Sociedad fue "abatida en el campo de batalla de Vietnam". King condenaba el expansionismo estadounidense, declarando que estaba basado en “racismo, materialismo y militarismo”, caracterizado por “socialismo para los ricos” e “individualismo para los pobres”, porque los recursos al sector militar se obtenían a través de la reducción de las leyes sociales progresistas.

King afirmó que vio a la Gran Sociedad como un

“programa roto y destripado, como si fuera un juguete político de una sociedad enloquecida por la guerra, y supe que Estados Unidos nunca invertiría los fondos o energías necesarias en la rehabilitación de sus pobres mientras continuaran aventuras como Vietnam. King concluiría que Estados Unidos afrontaba “dos guerras al mismo tiempo, la guerra en Vietnam y la guerra contra la pobreza, y estaba perdiendo ambas”.

El shock neoliberal de Nixon


Con la llegada de Richard Nixon a la presidencia en reemplazo de Johnson en 1968, no sólo Estados Unidos acabaría perdiendo la guerra de Vietnam, sino que el proyecto de Gran Sociedad sería barrido por el proyecto neoliberal. El pacto social que había permitido la ‘era dorada del capitalismo’, con el Estado actuando para mitigar desigualdades, se rompió. A partir de ahí los beneficiarios indudables de estas políticas han sido los dueños del capital, siendo una de las principales pruebas la reducción de la participación de los salarios en el PBI.

La política económica que se conoció como el “shock de Nixon”, explica Jude Folly, congeló precios y salarios por 90 días. Pero mientras los precios recuperaron su trayectoria alcista, no así los salarios que sufrieron con el aumento del costo de vida. A partir de ahí, afirma, “la comunidad empresarial incorporó la supresión de salarios” como la nueva forma de funcionamiento de la economía. 

Un informe en 2019 de la Cámara de Diputados reconoce la falta de poder de negociación de trabajadores de bajos salarios, y admite su responsabilidad porque en los últimos 40 años “el Congreso no ha logrado aumentar lo suficiente el salario mínimo nacional para mantener el nivel de vida.”

La Cámara aprobó un proyecto de ley para aumentar, por primera vez desde 2007, el salario mínimo a 15 dólares por hora para 2024 e indexarlos al crecimiento del salario medio, lo que más que duplicaría su nivel anterior de 7,25 dólares. Folly señala que desde la sanción de la ley de salario mínimo en 1938 hasta 1968, el Congreso había aprobado constantemente aumentos en paridad con las ganancias de productividad. Si eso hubiera continuado hasta la actualidad, el salario mínimo hoy sería de 24 dólares.

En cambio, de 1975 a 2018, la participación de los ingresos de 90% de los estadounidenses cayó de 67 a 50%, mientras que la del 1% de mayores ingresos aumentó de 9 a 22. 

Así, mientras el PBI per cápita creció 118% en el período, el de la parte inferior lo hizo en cerca de 20% y el del 1% lo hizo más de 300%. En particular, el pago (ajustado por inflación) de los principales ejecutivos aumentó un 1322% entre 1978 y 2020, equivalente a 351 veces más que el salario de un trabajador medio en 2020.

Como resultado, a partir de 1975, a diferencia de lo sucedido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los ingresos del 90% inferior de las personas crecieron más lentamente que la economía en su conjunto, mientras que los ingresos del 10% superior lo hicieron más rápido. En 2018, significó una transferencia de 2,5 billones y entre 1975-2018, una acumulada de 47 billones. Consecuentemente, la riqueza en Estados Unidos a fines de 2021 es la más alta desde la Segunda Guerra Mundial.


El poder del complejo militar - industrial

En 1961, al despedirse de la presidencia, Dwight D. Eisenhower alertaba que, por la Guerra Fría, el país estaba desarrollando 

“un inmenso establecimiento militar y una gran industria armamentística” cuya influencia se sentía en todos los aspectos de la vida del país. Si bien reconocía “la necesidad imperiosa de este desarrollo”, no dejaba “de comprender sus graves implicaciones.”

En particular, advertía que había que cuidarse “de una influencia injustificada” de ese “complejo militar-industrial” dentro del gobierno. Eisenhower afirmó que

“cada arma que se fabrica, cada buque de guerra lanzado, cada cohete disparado significa, en última instancia, un robo a los que tienen hambre y no se alimentan, a los que tienen frío y no tienen ropa.”

Habiendo llegado a 13% del PBI en 1952, el gasto militar fue cayendo hasta cerca del 6% al final de la Guerra Fría. Con el fin de la Unión Soviética, se especulaba con que a los estadounidenses ya no tendrían razón para un gasto militar elevado. En los '90, Bush (padre) y Clinton intentaron reducirlo, pero luego Bush (hijo) y Obama lo aumentaron entre 3 y 6% del PIB. Desde 1991, sólo en 1997 y 2000 Estados Unidos no estuvo en un enfrentamiento bélico. En este período se involucró en cerca de 15 guerras, sin contar otras intervenciones. Así, mantuvo la tendencia que revela que en sólo 17 años desde que declaró su independencia en 1776 no estuvo en guerra.

Una visión del impacto del gasto militar de Estados Unidos en este siglo es la referencia de los 93,26 millones de dólares por hora que le cuesta la guerra contra el terrorismo, según el conteo del sitio National Priorities, llevando el monto total acumulado desde 2001 a más de 7,6 billones de dólares.


El inmenso gasto militar

El presupuesto militar para 2022 fue 778.000 millones de dólares, y para 2023 se solicitó 813.000 millones. Con casi 40 por ciento del presupuesto militar mundial, Estados Unidos supera lo que gastan en ese rubro los próximos once países juntos.

El Departamento de Defensa con de 715.000 millones en el presupuesto de 2022 es el segundo mayor ítem del gasto fiscal después de Seguridad Social. Otras agencias también están vinculadas al esfuerzo militar: los Departamentos de Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional, y el FBI. Además, como Operaciones de Contingencia en el Extranjero, con un presupuesto de 69.000 millones de dólares, aparece el costo de las guerras pasadas. Así, el gasto militar total en 2021 terminó siendo casi de 934.000 millones.

Al analizar el tamaño del gasto militar, Kori Schake cita al ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell: “muéstrame tu presupuesto y te diré tu estrategia”, para concluir que Estados Unidos debe expandir su presupuesto en 50% para cumplir los objetivos que expresan sus líderes.

Schake sostiene que “las fuerzas armadas estadounidenses actuales están dimensionadas para pelear una sola guerra” a la vez, por debajo de lo que se procura. Matthew Kroenig, del Atlantic Council, postuló que Estados Unidos debía prepararse para ganar guerras simultáneas contra Rusia y China, por lo que considera que el Congreso podría hasta “duplicar los gastos de defensa”. 

Sharon Zhang se impacta del monto militar presupuestado porque el Senado no aprobó 350.000 millones al año para gastos sociales cruciales para salvar a muchos estadounidenses de bajos y medianos ingresos de la ruina financiera por considerarlo excesivo.

Biden ya envió 2400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde febrero. Mientras, la expectativa de vida en Estados Unidos cayó de 78,86 años en 2019 a 76,60 años en 2021. En ese contexto YifatSusskind/status/1508171502373457927"> Yifat Susskind, directora ejecutiva de la organización MADRE, manifestó parafraseando a Eisenhower “nos están robando recursos” a nuestras comunidades “para alimentar el hambre interminable del complejo militar-industrial”.

* Programa de Postgrado en Estudios Estratégicos Internacionales (PPGEEI-UFRGS) y delGrupo de Estudios de Estados Unidos (GEPEUA-UFRGS). aferrari@ufrgs.br

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