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Chile.- El país no es el mismo de hace cinco años.
No sólo por las manifestaciones callejeras o el aumento de paros y huelgas. Hay otra percepción en la ciudadanía respecto a los beneficios de la
economía, que han derivado en una creciente desigualdad en la distribución de
la riqueza. Los chilenos han conseguido
tener una mirada propia y real del crecimiento económico, pese al discurso
oficial sobre pleno empleo, aumento en el consumo y productividad. La lectura
de los trabajadores sobre el devenir y destino de la economía nacional se hace
sobre la base de sus propias realidades. Se
realiza entre las líneas de los éxitos del modelo. Porque los guarismos del
virtual pleno empleo esconden cifras de miedo, con baja productividad y gran
precariedad. Hay
empleos, pero son malos, sin protección social y con bajos salarios.
El pleno empleo está conformado por temporeros, trabajadores de call centers,
del retail y otros externalizados. Si
por un lado el gobierno y los oficiantes del modelo hablan de un seis por
ciento de desempleo, la realidad es que un 40 por ciento de la mano de obra
chilena está desempleada, semi-empleada o en trabajos precarios (OIT y CEPAL). Un 70 por ciento de los nuevos empleos son externalizados y más de la
mitad corresponden a jornadas parciales. Esta realidad, llevada al sistema de
capitalización individual, está
produciendo pensiones de miserias.
Pero aquí en nuestro país las AFPs “gozan de buena
salud” protegidas increiblemente por el Gobierno Nacionalista, incluso en la presente coyuntura la AFP chilena “Habitad” ganó el concurso para ser favorecida con miles de miles de nuevos “afiliados”
del sector informal y los miles que trabajan y ganan por simples recibos en las empresas y en el propio Estado.
El gobierno ni una palabra sobre la
regularización legal de estos miles de miles de trabajadores, trabajan sin protección
alguna, en empresas y el propio
gobierno, pero no dice absolutamente nada porque en realidad poco o nada le
interesan los derechos sociales de los trabajadores, pero ahora sí, preparan con sus socios financieros chilenos, para sacarles de su “mísero” bolsillo el 10% de su sueldo con el fin dicen, de su jubilación y
sólo de menores de 40 años. Y los mayores son totalmente descartables, como lo es la mano de obra de los trabajadores mayores de 40 años que ya
no le son útiles a la voracidad del capitalismo, por su puesto porque sólo
contribuirían con los “nuevos buitres” del
capital financiero especulativo, por un lapso de 20 a 28 años hasta su “jubilación”, en cambio un joven es un buen “postulante” para la
codicia de las AFPs porque objetivamente deberá
aportar más de 40 a 50 años hasta su jubilación por una simple pensión de
miseria.
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CHILE. ÚNICA
SOLUCIÓN AL ROBO DE LAS AFPs: SU
ELIMINACIÓN.
“Aquí, como es
lógico, en nuestro país: “gozan de buena salud”.
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Paul Walder.
Punto Final. Viernes 28 de agosto del 2013.
Hace años que no se
escuchaba una defensa tan abierta del sistema de fondos de pensiones como la
levantada por José Piñera, creador del modelo. El ex ministro del Trabajo de
Pinochet elogió su engendro como el mayor beneficio que ha tenido la economía
chilena en su historia, a la vez que destacó, ante una audiencia compuesta por
empresarios, ejecutivos y economistas, que el sistema ha entregado “prosperidad
para todos los chilenos”. Piñera, que fue la estrella en el seminario “Los
desafíos del sistema de pensiones”, considera que la administración privada de
los fondos de retiro de los trabajadores salvó a Chile de la quiebra, y ha
colocado al país entre las naciones más prósperas del continente. El punto de
inflexión de la economía chilena, sostuvo, se produjo con la creación del
sistema de AFP.
Sus elogios no terminaron
allí. Chile, dijo, es el séptimo país del mundo con mayor libertad económica,
algo logrado por las reformas neoliberales y la Constitución de 1980, en tanto
el sistema ha concitado tanto apoyo que ha permanecido durante seis gobiernos.
Incluso el de Michelle Bachelet, recordó, obligó a cotizar a más de un millón
de personas. Para José Piñera, que no esconde la soberbia, su creación es
perfecta.
Lo es, sin duda, para las
administradoras de los fondos de pensiones y para las grandes corporaciones que
se benefician con un capital de más de 150 mil millones de dólares. Aun cuando
no lo dijera, para el ex ministro de la dictadura la prioridad de los fondos es
apuntalar las inversiones de las empresas, dejando en lugar secundario proteger
las pensiones de los trabajadores. Es por ello que en su alocución no hubo
reconocimiento de las bajas pensiones ni las dificultades para cotizar que
tienen millones de personas.
El discurso de José Piñera,
aparentemente técnico, busca ocultar una mirada cargada de ideología, la del
libre mercado. Porque no hay nada más ideológico que la defensa a ultranza de
un modelo rechazado por la gran mayoría de los casi diez millones de forzados
afiliados al sistema. En todos los sondeos de opinión los trabajadores critican
no sólo el sistema de AFP, sino también el manejo privado con fines de lucro de
todas las actividades económicas, partiendo de las más básicas. La idea de
“prosperidad” que tiene Piñera no la comparten los pensionados de las AFPs,
sino las administradoras. Por esa actividad ganaron el año pasado más de 600
millones de dólares, cifra que fue un 41 por ciento más alta que la del año
anterior.
ATRINCHERAMIENTO EMPRESARIAL.
La amplificación a través
de los medios de comunicación de las palabras de Piñera entrega una señal del
atrincheramiento ideológico-empresarial ante el malestar ciudadano. Lo que ha
comenzado con las movilizaciones de múltiples sectores, se ha expandido desde
la crítica al sistema educacional hacia muchos otros ámbitos, entre ellos el
modelo privado de pensiones. Porque la creación de José Piñera ha hecho
millonarias a las administradoras, ha engordado a las empresas que reciben los
fondos de los trabajadores y está produciendo una generación de pensionados en
la miseria. Si por un lado tenemos cifras en millones de dólares, las pensiones
promedio no llegan a 180 mil pesos mensuales.
El discurso de Piñera es un
discurso totalitario. No deja posibilidad de discusión, lo que quedó demostrado
cuando en los salones de Casapiedra se le acercó Gino Lorenzini, del portal
Felices y Forrados. Cuando el economista le hizo una pregunta técnica, el gurú
de las AFPs huyó para buscar refugio entre sus pares.
Más allá de esta anécdota,
que expresa la soberbia empresarial y su incapacidad argumental, lo cierto es
que estamos frente a una arremetida empresarial que se muestra incómoda por las
crecientes críticas al modelo. Este embate lo vimos también hace poco menos de
un mes cuando Icare premió a dos ministros de Hacienda, Alejandro Foxley y Felipe
Larraín, por sus “aportes a la economía chilena”, pero también cuando el Centro
de Estudios Públicos (CEP), que dirige el empresario Eliodoro Matte, despidió a
Arturo Fontaine, su director por más de treinta años, por aplicar una política
de consensos. Para cuando en marzo de 2014 asuma Harald Beyer, el CEP ha
adelantado según versiones de prensa, que adoptará un discurso más agresivo
para enfrentar las críticas al modelo.
Hay numerosos factores que
explican este cambio de actitud del empresariado, que durante los últimos
veinte años disfrutaron de la “política de los consensos”, que no ha sido otra
cosa que la capitulación de los gobiernos de la Concertación ante el esquema
económico implantado por la dictadura. De partida, hay que considerar lo más evidente:
el clamor ciudadano, expresado en movilizaciones cada vez más numerosas contra
los efectos económicos y sociales del modelo neoliberal. Porque pese a la
aparente fragmentación de las demandas sociales -que van desde los estudiantes
a trabajadores y habitantes de zonas vulneradas ambientalmente-, todos esos
movimientos tienen un hilo conductor que apunta al modelo de mercado.
Esta realidad, esbozada
desde hace pocos años, ha continuado su expansión como un creciente movimiento
social que ha penetrado el escenario político. Esto queda demostrado en el
evidente giro de los discursos electorales, que han recogido -con matices y
ambigüedades- las demandas ciudadanas.
Es posible que el
empresariado evalúe también lo que observan algunos líderes políticos. En
conversaciones privadas, políticos de Nueva Mayoría (ex Concertación) estiman
muy probable que las movilizaciones sociales se extiendan e incluso aumenten a
partir de marzo de 2014, como medida de presión permanente a un eventual nuevo
gobierno de Bachelet.
LA CONCIENCIA CIUDADANA.
El país no es el mismo de
hace cinco años. No sólo por las manifestaciones callejeras o el aumento de
paros y huelgas. Hay otra percepción en la ciudadanía respecto a los beneficios
de la economía, que han derivado en una creciente desigualdad en la
distribución de la riqueza. Los chilenos han conseguido tener una mirada propia
y real del crecimiento económico, pese al discurso oficial sobre pleno empleo,
aumento en el consumo y productividad.
La lectura de los
trabajadores sobre el devenir y destino de la economía nacional se hace sobre
la base de sus propias realidades. Se realiza entre las líneas de los éxitos
del modelo. Porque los guarismos del virtual pleno empleo esconden cifras de
miedo, con baja productividad y gran precariedad. Hay empleos, pero son malos,
sin protección social y con bajos salarios. El pleno empleo está conformado por
temporeros, trabajadores de call centers, del retail y otros
externalizados. Si por un lado el gobierno y los oficiantes del modelo hablan
de un seis por ciento de desempleo, la realidad es que un 40 por ciento de la
mano de obra chilena está desempleada, semi-empleada o en trabajos precarios (OIT y CEPAL). Un 70 por ciento de los
nuevos empleos son externalizados y más de la mitad corresponden a jornadas
parciales. Esta realidad, llevada al sistema de capitalización individual, está
produciendo pensiones de miserias.
Nada de esto es recogido
por las encuestas oficiales. El empresariado, junto al gobierno y políticos del
binominal sólo levantan como bandera de triunfo el sostenido crecimiento
económico, las cifras gruesas del empleo y el acceso al consumo a través del
crédito. Pero esta mirada, hegemónica durante más de dos décadas, ha entrado en
franco deterioro. Hoy es reemplazada por una visión elaborada por los mismos
trabajadores y activistas sociales, que muestra con claridad todas las
falencias e injusticias de la construcción neoliberal. La mirada ciudadana es
profunda. Tiene la capacidad de hacer una radiografía del modelo, de mirarlo en
su globalidad y en sus detalles. Pero tiene también la capacidad de mirarlo en
su evolución, desde su génesis en los confines de la dictadura. Si José Piñera
habla del sistema de AFP como la fuente creadora de la riqueza y prosperidad
empresarial, las organizaciones sociales hoy apuntan a la Constitución de 1980
como la fuente del modelo neoliberal y su fusión con todas y cada una de las
actividades económicas.
La nueva mirada de la
ciudadanía apunta a la Constitución de la dictadura como el origen de todos los
pesares, lo que ha comenzado a generar con fuerza creciente presiones para un
cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente. Es una idea
planteada con timidez hace pocos años y que ha penetrado hoy en gran parte de
la ciudadanía, generando un profundo rechazo a la oligarquía política y
económica. Es tal la fuerza de este discurso, que una encuesta realizada por la
Universidad Central y publicada el 17 de agosto reveló que un 75 por ciento de
los habitantes de Santiago estiman necesaria una reforma de la Constitución, en
tanto un 83 por ciento respalda la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Las bajas pensiones son un
efecto de la capitalización individual, pero también de un modelo económico que
ha colocado al lucro como la piedra angular de la economía y que permite el
trabajo precario, informal y tercerizado. Es un modelo diseñado para la
concentración de la riqueza entre los grandes dueños del capital, quienes han
adquirido durante los últimos treinta años un poder que trasciende el área
económica para adentrarse hasta el centro de la institucionalidad política.
Este poder ubicuo del capital es el que impidió reformas y hoy considera que un
cambio al sistema de AFP es imposible. Así se explica que hasta la fecha no se ha
oído a ningún candidato del binominal una propuesta para terminar con el
sistema de capitalización individual. Incluso la presidenta de la CUT, la
comunista Bárbara Figueroa, dijo en julio que el fin del sistema de AFP no se
concretará en un eventual gobierno de Bachelet.
José Piñera habla de la
enorme “prosperidad” que ha entregado a Chile el sistema de capitalización
individual, un bienestar concentrado en las empresas que han recibido como
inversiones el capital acumulado con los fondos de los trabajadores. Esta
afirmación contiene una realidad de 150 mil millones de dólares, que apuntalan
a las grandes corporaciones chilenas. ¿Qué pasaría si un gobierno confisca esos
capitales? Podemos imaginarnos la reacción de la oligarquía. Con sólo plantear
la idea, estallan sus amenazas de una quiebra nacional con despidos masivos y
caos.
Es probable que no se
cumpla esta reforma en el corto plazo, pero esto no significa que el clamor de
los trabajadores por el fin del sistema de capitalización individual y su reemplazo
por uno de reparto, que otorgue pensiones dignas, se silencie.
Pese a la airada defensa de
José Piñera de las AFPs, lo cierto es que se trata de un modelo inútil para su
objetivo, que es producir pensiones dignas a los trabajadores. El sistema por las
miserables pensiones que entrega, no tiene solución en el corto ni en el largo
plazo. Pasar de una pensión promedio de 150 mil a 200 mil pesos no es la
solución, como pretende afirmar la propuesta de una AFP estatal. Las demandas
de los trabajadores
apuntan al recambio del modelo, pese a la defensa de José Piñera como punta de
lanza empresarial.
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Publicado en “Punto Final”,
edición Nº 788, 23 de agosto, 2013
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