EL TRIUNFO DE CASTILLO, TRIUNFO DE LA ESPERANZA Y LA JUSTICIA.

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"Una constitución de la justicia social era un obstáculo contra el neoliberalismo. Realinear al país con el neoliberalismo global triunfante, luego del colapso de la Unión Soviética y el establecimiento del Consenso de Washington, requería eliminar la valla más dura: La constitución de 1979, que protegía los derechos ciudadanos y defendía el interés nacional. Contenido incompatible con el Estado Subsidiario del neoliberalismo, en que el imperio del mercado asume el poder de asignación y distribución de los recursos, abandonando a los ciudadanos vulnerables a su suerte. Es lo que propugna el fujimorismo y la constitución de 1993, que se consolidan con la derrota de las fuerzas democráticas, del movimiento popular y la izquierda socialista, a lo largo de la década del 90 y el 2000. 

Cuando arribamos al siglo XXI, el neoliberalismo había arrasado las políticas sociales y los derechos ciudadanos. Cientos de miles de trabajadores habían perdido su empleo, miles de sindicatos y federaciones habían sido destruidos y desactivados; el salario había perdido su capacidad adquisitiva en un 45/50 %. La pobreza bordea el 50% de la población. Los Servicios públicos indispensables: educación, salud, vivienda se habían privatizado, reemplazados por la nada o, sucedáneos de pésima calidad.  Que el fujimorismo haya podido naturalizar estas políticas salvajes solo se explican por la presencia del terrorismo senderista de los años 80 y 90. Produjo tal caos y temor que la mayoría de peruanos creyendo sentir inminente el diluvio final, se sometieron a las políticas de despojo y pérdida de derechos laborales y sociales. Amén de la liquidación física de líderes sociales y populares y sus organizaciones, por parte del terrorismo de Estado y de Sendero Luminoso. 

El “triunfador” Fujimori, presentado por los medios de prensa comprados, como el cónsul que salva providencialmente a la patria de los bárbaros, cobró en grande. No solo implementando estas políticas y privatizando a remate los activos más valiosos del país, sino apropiándose de miles de millones de dólares de la privatización, con el que financian todo tipo de actividades ilegales y criminales.  La Carta Política más avanzada y democrática del siglo y medio republicano del Perú, reemplazada el año 1993, no mereció mayor resistencia. La dispersa y desorganizada defensa de los derechos sociales y ciudadanos alcanzados en el periodo reformista, estaba circunscrita a cuestiones puntuales. No se entendían ni asumían como consustanciales a la constitución democrática y de justicia social de 1979.

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EL TRIUNFO DE CASTILLO, TRIUNFO DE LA ESPERANZA Y LA JUSTICIA.

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Por: Vicente Otta R.

Otra Mirada Lima martes 27 de julio del 2021.

Un hijo de la reforma agraria

“Soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua…”   JM Arguedas

 

CRISIS DE RÉGIMEN Y PROCESO CONSTITUYENTE

 

1.- Reforma Agraria, La deuda actual y “otros detalles…”

La información sobre el fenómeno socio-económico más importante del siglo XX peruano, (Reforma Agraria-1969) dice en estos días: Para 1979, se habían expropiado 9.1 millones de hectáreas de las 30 de tierra cultivable del país. 

En el 2012, el Tribunal Constitucional anunció que elaboraba una resolución para que el gobierno cancelara la deuda. La deuda de la reforma agraria se estima impagable, puesto que los valores reconocidos a los más de 20,000 agricultores grandes y pequeños, que fueron perjudicados, estaban por debajo de 1/50 de su valor real, es decir, once millones de hectáreas fueron bonificadas a un valor cincuenta veces menor que el real… Empresas agrícolas del norte del Perú obtuvieron valores incluso menores…

No abundaremos en expresiones retóricas, solo diremos que, si se habla de deudas, la verdadera e impagable, es la que todavía mantienen los descendientes de encomenderos, oligarcas y terratenientes ante los descendientes de los pueblos indígenas, que desde el siglo XVI sufrieron despojo y explotación inimaginables, que en no pocos casos se agravaron durante la República. 

El cambio del poder de encomenderos a sus hijos terratenientes y burócratas criollos, solo aumento el sufrimiento y opresión de las masas indígenas. Hasta 1920, gobierno de Leguía, los indios seguían pagando el tributo indígena, carga que se originó durante la colonia, persistió hasta 1860, como contribución indígena y hasta 1920, como circunscripción vial.

 

Los grandes latifundios y haciendas se formaron de la apropiación y robo de los terrenos de ayllus y comunidades. Si estas haciendas y latifundios, frutos del despojo se tuviesen que valorizar para estimar la deuda con los pueblos indígenas, la cifra resultante sería sideral. Y esto sin considerar el trabajo y la vida de millones de indígenas a lo largo de cuatro siglos

Los descendientes de hacendados, terratenientes y gamonales, expropiados por la Reforma Agraria, mantienen aún en la actualidad una enorme deuda económica y social con los pueblos indígenas.

Con esta la Reforma, el 30% del total de tierras cultivables del país, se entregaron a los que realizaban el cultivo. Unas 400 mil familias, dos y medio millones de personas, fueron las beneficiarias, que en la época representaba al 20% de la población nacional. Estas cifras que ofrecen la imagen cuantitativa del trascendental hecho es un pálido reflejo de su efecto en la vida social, política y cultural del país, particularmente del mundo rural.

La masa indígena y la sociedad rural seguían, hasta 1969, excluidas del desenvolvimiento político y cultural del país oficial. Los analfabetos, hablantes de idiomas diferentes al español, en cualquiera del multilingüismo existente (60% de la población nacional) carecían de ciudadanía. No elegían ni podían ser elegidos. Las políticas públicas: educación, salud, justicia y las actividades oficiales se realizaban exclusivamente en español. Más de la mitad de la población, compuesta por indígenas andinos y amazónicos, estaba al margen del estado. Salvo para la sanción represiva y el servicio militar obligatorio al que eran conducidos como bestias.

Estos trascendentales cambios constituyen el núcleo central de la Constitución de 1979, constitución que se elabora y aprueba como condición del retiro de las FF: AA del poder.

La prueba irrefutable de cómo estas reformas cambiaron el Perú está en la actual elección presidencial. Pedro Castillo, hijo de Ireño Castillo, un peón agrícola en una hacienda de la región Cajamarca, beneficiario de la Reforma Agraria, es el nuevo presidente del Perú. Sin la cual, Pedro hubiese reproducido la vida de su progenitor, jornalero de campo. La parcela de tierra obtenida cambió radicalmente la vida familiar y los hijos asistieron a la escuela, se hicieron profesionales y, uno de ellos alcanza el más alto honor al que un ciudadano puede aspirar en una sociedad democrática: la presidencia de la república.

Que Vargas llosa, apátrida hispanizado, anclado mentalmente en el siglo XIX, no entienda que en el Perú se realizó una Reforma Agraria y que campesinos e indios son ciudadanos, es consecuencia de confundir la realidad y la fantasía, y una vocación de sirviente del gran poder neoliberal mundial y de su expresión local, corrupta y prejuiciosa. 

 

2.- Constitución de 1979, encuentro de nación, Estado, y justicia social. 

Encuentro de la nación con el estado, avance en justicia social y soberanía nacional caracterizan a la constitución de 1979. Para decirlo en breve, reencuentro con la nación y el proceso de modernidad política y cultural mundial producidos. Se van a expresar en la reorganización del estado que se puso a tono con las transformaciones, pues el estado oligárquico carecía de las estructuras, funcionalidad administrativa y equipo humano para procesar e implementar los cambios introducidos.

El esfuerzo transformador, entre 1969-1975 implicó, entre otras cosas, la reorganización del estado y la renovación de su matriz de funcionamiento. Se incorpora el concepto de planificación como búsqueda de racionalidad y eficiencia en la gestión.

La demonización del velasquismo y el desmontaje del estado que se produce desde 1980, con el segundo Belaundismo, no es otra cosa que los intentos restauradores de una oligarquía herida mortalmente, que no pudo revertir los profundos cambios, pero los trabó y empantanó, condenando al país a la parálisis y a una rearticulación asimétrica con el capitalismo mundial, en franca subordinación a los EE.UU. 

3.- Una constitución de la justicia social era un obstáculo contra el neoliberalismo

Realinear al país con el neoliberalismo global triunfante, luego del colapso de la Unión Soviética y el establecimiento del Consenso de Washington, requería eliminar la valla más dura: La constitución de 1979, que protegía los derechos ciudadanos y defendía el interés nacional. Contenido incompatible con el Estado Subsidiario del neoliberalismo, en que el imperio del mercado asume el poder de asignación y distribución de los recursos, abandonando a los ciudadanos vulnerables a su suerte. Es lo que propugna el fujimorismo y la constitución de 1993, que se consolidan con la derrota de las fuerzas democráticas, del movimiento popular y la izquierda socialista, a lo largo de la década del 90 y el 2000. 

Cuando arribamos al siglo XXI, el neoliberalismo había arrasado las políticas sociales y los derechos ciudadanos. Cientos de miles de trabajadores habían perdido su empleo, miles de sindicatos y federaciones habían sido destruidos y desactivados; el salario había perdido su capacidad adquisitiva en un 45/50 %. La pobreza bordea el 50% de la población. Los Servicios públicos indispensables: educación, salud, vivienda se habían privatizado, reemplazados por la nada o, sucedáneos de pésima calidad.  

Que el fujimorismo haya podido naturalizar estas políticas salvajes solo se explican por la presencia del terrorismo senderista de los años 80 y 90. Produjo tal caos y temor que la mayoría de peruanos creyendo sentir inminente el diluvio final, se sometieron a las políticas de despojo y pérdida de derechos laborales y sociales. Amén de la liquidación física de líderes sociales y populares y sus organizaciones, por parte del terrorismo de Estado y de Sendero Luminoso. 

El “triunfador” Fujimori, presentado por los medios de prensa comprados, como el cónsul que salva providencialmente a la patria de los bárbaros, cobró en grande. No solo implementando estas políticas y privatizando a remate los activos más valiosos del país, sino apropiándose de miles de millones de dólares de la privatización, con el que financian todo tipo de actividades ilegales y criminales. 

La Carta Política más avanzada y democrática del siglo y medio republicano del Perú, reemplazada el año 1993, no mereció mayor resistencia. La dispersa y desorganizada defensa de los derechos sociales y ciudadanos alcanzados en el periodo reformista, estaba circunscrita a cuestiones puntuales. No se entendían ni asumían como consustanciales a la constitución democrática y de justicia social de 1979.

Esta constitución terminó siendo el niño huérfano, sin padre ni madre. Las críticas y la oposición a la constitución fujimorista aluden a su origen espurio, ilegal. No implican la defensa de la carta democrática reemplazada. Esta débil oposición, de la izquierda socialista y la derecha liberal, reducida al procedimiento legal, evidencia el concepto de democracia vaciada de contenido social que era la democracia de oligarcas y señores, vigente desde 1821. Concepción procedimental que terminó siendo asumida por la izquierda socialista tradicional.

Facilitaron la consolidación del proceso dictatorial y corrupto del fujimorismo y fueron derrotados por su discurso efectista y ciertos logros macroeconómicos, que crearon el espejismo de 30 años de milagro económico. Milagro para los ricos y las grandes transnacionales pues los pobres, el medio ambiente y el país siguen más pobres, depredado y en el atraso.

El populismo conservador fujimorista, que dura 30 años ha sido herido muerte en las últimas elecciones. Derrotado el 2011, 2016 y prácticamente liquidado en las elecciones de este año. Magros resultados en estas justas electorales, los 25 años de cárcel que esperan a Keiko Fujimori, su lideresa actual y, la permanencia en cautiverio, del líder fundador, por varios años más, los conducen a la extinción.

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