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“El deterioro institucional que refleja el índice de Percepción de la
Corrupción también tiene un correlato político evidente. Desde la década
de 1990, todos los expresidentes del Perú han enfrentado
procesos penales, condenas o investigaciones por delitos vinculados
a corrupción, lavado de activos o abuso de poder. El caso más antiguo
es el de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión
por violaciones a los derechos humanos y delitos asociados a su régimen. Alejandro
Toledo cumple condena tras ser sentenciado por recibir sobornos de
Odebrecht. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido
en el marco de la investigación por el mismo caso. Las sentencias más recientes
han golpeado con fuerza la escena política. Ollanta Humala fue
condenado en 2025 por lavado de activos y financiamiento ilícito de
campañas electorales, en un proceso que confirmó aportes irregulares
vinculados al caso Lava Jato. El fallo marcó un hito porque se trató
del primer expresidente sentenciado por aportes ilegales de campaña en
el marco de Odebrecht. La decisión judicial reabrió el debate sobre
el financiamiento partidario y el control del dinero en política.
“También en
2025, Martín Vizcarra recibió una condena por cohecho pasivo,
relacionada con presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. La sentencia
consolidó años de investigación fiscal y convirtió al exmandatario en otro jefe
de Estado condenado por actos de corrupción. El fallo tuvo impacto
político inmediato. Vizcarra había mantenido presencia pública
y capital político tras su salida del poder. En paralelo, Dina Boluarte afronta
investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y otros
delitos vinculados a decisiones adoptadas durante su gestión. Además,
existen indagaciones por las muertes ocurridas en el contexto de
las protestas sociales tras la caída de Pedro Castillo. Aunque no cuenta
con una condena firme, los procesos abiertos forman parte del clima político
que rodea al país y que incide en la percepción internacional sobre la solidez
de sus instituciones.
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PERÚ SIGUE EMPEORANDO EN PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: CAYO DEL
PUESTO 94 AL 130 EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Prueba las Instituciones Nacionales han sido Capturadas por la Corrupción
y por los Gánsteres de la Corrupción.
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El país obtuvo 30 puntos en el índice de
Percepción de la Corrupción, muy por debajo del promedio regional. La caída
histórica refleja debilidad institucional, interferencia política en ONG y
falta de sanciones efectivas frente a actos de corrupción.
Por. Ariadna Yaya. Periodista.
Fuente. Diario La República martes 10
de febrero del 2026.
Perú obtuvo 30 puntos en el índice de
Percepción de la Corrupción. Foto: composición de Betsy De los Santos.
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Perú descendió del puesto 94 al 130 en
el índice
de Percepción de la Corrupción entre 2020 y 2025, con una puntuación
de apenas 30 sobre 100. Esto lo ubica entre los países peor evaluados de la
región, por debajo de la media de las Américas, que es de 42 puntos, y al nivel
de naciones como Kenia, Egipto y Azerbaiyán.
El informe de Transparencia
Internacional indica
que esta caída refleja un retroceso estructural en las instituciones públicas y
en el sistema democrático. La clasificación actual define a Perú como
una “Democracia Imperfecta”, debido a la captura de organismos clave y
la erosión de los controles que deberían garantizar la rendición de cuentas.
Entre los factores que explican la baja puntuación
destacan la interferencia política en organizaciones de la sociedad civil,
la debilidad de los sistemas de justicia y la percepción de que los
recursos públicos no se utilizan con transparencia. Además, las restricciones
a las ONG han limitado la fiscalización independiente del gobierno, lo que alimenta
la percepción de impunidad.
La desconfianza ciudadana también influye en la percepción internacional de corrupción. El informe señala que la falta de sanciones efectivas, la politización de los procesos judiciales y los problemas en la administración pública generan un círculo vicioso: la corrupción afecta las instituciones, y las instituciones no logran frenar la corrupción.
Los factores que explican la caída de Perú en la Percepción de la
Corrupción
La caída de Perú en el índice de
Percepción de la Corrupción responde a varios elementos estructurales. Uno de los puntos señalados
por Transparencia Internacional es la restricción del
espacio cívico. En los últimos años se han promovido normas y medidas
que afectan el funcionamiento de organizaciones que fiscalizan al poder. Cuando
se debilita la vigilancia independiente, se reduce la capacidad de denuncia
y se deteriora la percepción de transparencia.
Otro factor clave es el debilitamiento
de los contrapesos democráticos. Decisiones del Ejecutivo y del Congreso han impactado en la autonomía del
Ministerio Público, el sistema judicial y otros órganos de control. Esta
situación afecta la capacidad del Estado para investigar y sancionar
actos de corrupción sin interferencias políticas.
La falta de sanciones firmes también
influye. Procesos por
soborno, colusión o desvío de fondos avanzan con lentitud o enfrentan
cuestionamientos sobre su imparcialidad. Cuando la ciudadanía percibe
impunidad, la confianza en las instituciones cae.
A esto se suma la opacidad en el
financiamiento político.
Los vacíos en el control de aportes a campañas y la debilidad de la fiscalización
electoral generan dudas sobre la influencia de intereses privados en
decisiones públicas. Este fenómeno impacta directamente en la imagen
del Perú frente a la comunidad internacional.
Un retroceso histórico en tan solo cinco años.
En 2020, Perú ocupaba el puesto 94 con
un puntaje de 38, reflejando una percepción de corrupción moderada. En solo cinco años, el país cayó
36 puestos, demostrando un deterioro sostenido y estructural.
El retroceso coincide con un aumento
de las restricciones a la sociedad civil y un debilitamiento de la
independencia judicial.
Las ONG enfrentan obstáculos legales y campañas de desprestigio que
reducen su capacidad de supervisión. Transparencia Internacional
enfatiza que, sin vigilancia independiente, la corrupción se arraiga y se
percibe con mayor intensidad a nivel internacional.
La inestabilidad política también
contribuye. La desilusión con los partidos y la falta de confianza en los
procesos electorales
generan un círculo donde la corrupción reduce la legitimidad de las
elecciones, y las elecciones no logran reforzar los
mecanismos de control.
Comparado con la región, Perú se aleja del promedio de 42 puntos en las Américas. Países vecinos han logrado estabilizar sus puntajes, mientras Perú se aproxima a niveles de corrupción sistémica, situación que afecta la inversión, la confianza ciudadana y la reputación internacional del país.
José Luis Gargurevich,
director de Proética: “A mayor salud democrática, mayor transparencia”
Para José Luis Gargurevich, director
de Proética, la caída de Perú en el índice de Percepción de la
Corrupción debe
leerse en un contexto más amplio. El país descendió al puesto 130,
pero la tendencia no es aislada.
“El país cae en el
ranking mundial, pero también seamos conscientes de que no es un fenómeno
peruano. En todo el mundo la batalla contra la corrupción se ha ido perdiendo.
Dos terceras partes de los 182 países están por debajo de los 50 puntos”,
señaló.
El director subrayó que uno de los
hallazgos centrales del informe de Transparencia Internacional es la relación directa entre
democracia y transparencia.
“Un dato revelador del
IPC es la correlación directa que demuestran los puntajes de los países con
respecto a sus sistemas democráticos. A mayor salud democrática, más puntaje en
transparencia de los asuntos públicos”, explicó.
En esa línea, advirtió que la
corrupción no
solo afecta la gestión pública, sino que erosiona el sistema
democrático.
“Ese vínculo que tiene
la corrupción con la vulneración de la democracia es la principal amenaza que
trae la impunidad a nuestras sociedades”, afirmó.
Frente a este escenario, Gargurevich
sostuvo que el país necesita
una estrategia clara y sostenida.
“Urge en el país una
hoja de ruta que nos encamine a frenar la impunidad y asegurar transparencia en
las decisiones públicas”,
indicó. Consideró que el eje de un próximo gobierno debe centrarse en
enfrentar la corrupción política y sus vínculos con economías ilegales, flujos
ilícitos y financiamiento opaco de partidos.
Además, remarcó la importancia de
fortalecer la integridad en el Estado y el rol de la ciudadanía.
“El poder político tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. Para eso necesitamos un espacio cívico que recupere sonoridad y robustez, con vigilancia activa, generación de evidencias e involucramiento ciudadano en las soluciones contra la corrupción”, concluyó.
José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional: “El Perú
está en el tercio inferior de la tabla y la justicia tiene mucho que ver”
Para el expresidente de Transparencia
Internacional, José Ugaz,
la caída del Perú en el índice de Percepción de la Corrupción no
debe analizarse solo por el puesto 130 en el ranking global, sino
por el puntaje obtenido.
“Más importante que el
puesto es el puntaje. El Perú aparece con 30 puntos sobre 100, está en el
tercio inferior de la tabla, muy malo, y ha bajado un punto con relación al año
pasado”, precisó.
Ugaz sostiene que el sistema de
justicia tiene una responsabilidad directa en este deterioro. Señala escándalos recurrentes,
investigaciones mal conducidas y decisiones que alimentan la sensación de
impunidad.
“responsables de graves
delitos no son condenados o se les archivan los casos sin mayor investigación o
fundamento”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó el archivo de la investigación por presunta violación
sexual contra el presidente Jerí, dispuesto por el entonces Fiscal de la Nación
transitorio.
El jurista también cuestionó el rol de
la Contraloría y la falta de capacidades técnicas del sistema. Indicó que muchas veces se concentran
en infracciones administrativas menores mientras los grandes casos
avanzan sin control.
“Los casos de gran
corrupción requieren fiscales y jueces capacitados, tecnología como plataformas
de investigación de redes o inteligencia artificial, peritos especializados. Ni
la policía, ni la fiscalía ni el Poder Judicial están a la altura”, advirtió.
Añadió que la Fiscalía enfrenta limitaciones presupuestales, la Policía carece
de equipos adecuados y los jueces demoran meses en diligencias clave.
Sobre la politización del sistema,
Ugaz fue directo.
“Cuando la justicia se politiza o es penetrada por la corrupción y el crimen organizado, se desacredita y proyecta una imagen de incompetencia dentro y fuera del país”, sostuvo. Recordó que casi todos los últimos presidentes han sido investigados o condenados, lo que afecta la imagen internacional y la seguridad jurídica. A su juicio, el país necesita una reforma integral del sistema de justicia, similar a la propuesta que planteó en su momento la CERIAJUS. “No se trata de parches ni reformas exprés. Se requiere voluntad política, recursos humanos de calidad y tecnología. Hoy todo eso es escaso en el Perú”.
Ollanta Humala, Martín
Vizcarra y Dina Boluarte: los expresidentes con condenas por corrupción e
investigaciones abiertas
El deterioro institucional que refleja
el índice de Percepción de la Corrupción también tiene un correlato
político evidente.
Desde la década de 1990, todos los expresidentes del Perú han
enfrentado procesos penales, condenas o investigaciones por delitos vinculados
a corrupción, lavado de activos o abuso de poder. El caso más antiguo
es el de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de
prisión por violaciones a los derechos humanos y delitos asociados a su
régimen. Alejandro Toledo cumple condena tras ser
sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Alan García se suicidó en
2019 cuando iba a ser detenido en el marco de la investigación por el mismo
caso.
Las sentencias más recientes han
golpeado con fuerza la escena política. Ollanta
Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos y
financiamiento ilícito de campañas electorales, en un proceso que confirmó
aportes irregulares vinculados al caso Lava Jato. El fallo marcó un hito
porque se trató del primer expresidente sentenciado por aportes ilegales
de campaña en el marco de Odebrecht. La decisión judicial reabrió
el debate sobre el financiamiento partidario y el control del dinero en
política.
También en 2025, Martín
Vizcarra recibió
una condena por cohecho pasivo, relacionada con presuntos sobornos cuando fue
gobernador regional de Moquegua. La sentencia consolidó años de
investigación fiscal y convirtió al exmandatario en otro jefe de Estado
condenado por actos de corrupción. El fallo tuvo impacto político
inmediato. Vizcarra había mantenido presencia pública y capital político
tras su salida del poder.
En paralelo, Dina Boluarte afronta
investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y otros
delitos vinculados a decisiones adoptadas durante su gestión. Además, existen indagaciones por
las muertes ocurridas en el contexto de las protestas sociales tras la
caída de Pedro Castillo. Aunque no cuenta con una condena firme, los
procesos abiertos forman parte del clima político que rodea al país y que
incide en la percepción internacional sobre la solidez de sus instituciones.
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