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“No se trata únicamente de una crisis ambiental. Es una cuestión de justicia. La
inseguridad hídrica y alimentaria
no son fenómenos aislados. Están profundamente vinculados a la desigualdad,
a la pobreza y a la fragilidad institucional. Allí donde fallan
la gobernanza, la inversión pública o la protección de los
recursos naturales, las sequías golpean con más fuerza.
“Por eso, las soluciones tampoco pueden
limitarse a esperar la próxima lluvia. Necesitamos proteger los ecosistemas que regulan
el agua, restaurar suelos degradados, gestionar de forma sostenible los acuíferos,
reforzar los servicios de agua, saneamiento e higiene y apoyar
a las comunidades más expuestas a los impactos climáticos. Necesitamos políticas
públicas que miren más allá de la emergencia y apuesten por la resiliencia.
Y también necesitamos asumir una responsabilidad colectiva. Como
ciudadanía podemos exigir a gobiernos y empresas decisiones coherentes
con la magnitud del desafío, apoyar iniciativas que protejan los recursos
naturales y revisar modelos de consumo que ejercen una presión creciente
sobre ecosistemas cada vez más frágiles.
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Fuentes: Climática [Imagen: Un joven refugiado maliense saca agua para sus animales del único pozo de la pequeña aldea de Aghor, que acoge a varias decenas de miles de personas que han venido a instalarse aquí con sus rebaños. Foto: Xavier Bourgois/Acción contra el hambre.]
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LA SEQUÍA NO EMPIEZA CUANDO DEJA DE LLOVER.
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Por Pablo
Alcalde | 13/08/2026 | Ecología social.
Fuentes Revista Rebelión jueves 13 de agosto del 2026.
La degradación de los ecosistemas, la
mala gestión de los recursos y los efectos del cambio climático están
convirtiendo la sequía en una amenaza creciente para la alimentación, la salud
y la estabilidad de comunidades enteras.
Cuando pensamos en una sequía solemos
imaginar un paisaje agrietado, embalses vacíos y campos sedientos bajo un sol
implacable. Pensamos en la falta de lluvia. Y, sin embargo, la sequía
rara vez empieza ahí.
La sequía es la manifestación más visible de un
problema mucho más profundo: la degradación de los sistemas naturales y
sociales que sostienen el agua, la alimentación y la vida.
Es el síntoma de una enfermedad que llevamos décadas alimentando mediante
decisiones políticas, económicas y ambientales que han debilitado la
capacidad de los territorios para adaptarse a un clima cada vez más extremo.
Por eso, hablar de sequía
únicamente como un fenómeno meteorológico resulta
insuficiente. La lluvia importa, por supuesto. Pero también importan la gestión
de los acuíferos, la protección de los bosques, el estado de los
suelos, las políticas agrarias, la planificación urbana, las infraestructuras
hidráulicas o el uso que hacemos de los recursos naturales.
El agua no es simplemente un recurso que sale
de un grifo. Forma parte de un ciclo complejo que conecta lluvia,
suelos, ríos, acuíferos, ecosistemas, producción de alimentos
y comunidades humanas. Cuando ese ciclo se deteriora, la vulnerabilidad
aumenta. Y cuando llegan las sequías, sus consecuencias se
multiplican.
El cambio climático está
alterando profundamente ese equilibrio. Las lluvias son más irregulares,
los episodios extremos más frecuentes y las temperaturas más elevadas.
Sin embargo, el problema no es únicamente climático. También es político.
Durante años hemos gestionado el agua como
si fuera un recurso inagotable. Hemos permitido la sobreexplotación de
acuíferos, la degradación de ecosistemas fundamentales para
regular el ciclo hídrico y modelos de desarrollo que consumen más agua
de la que muchos territorios pueden sostener. A menudo, las decisiones a
corto plazo han pesado más que la sostenibilidad futura.
Las consecuencias son visibles en todo el planeta.
La desertificación avanza, las cosechas se vuelven más inciertas,
los medios de vida se debilitan y millones de personas ven
comprometido su acceso al agua y a los alimentos. Lo que comienza como
una crisis ambiental termina convirtiéndose en una crisis
alimentaria, económica y social.
Y aquí aparece una de las mayores paradojas de
nuestro tiempo. Quienes menos han contribuido al calentamiento global
suelen ser quienes sufren sus impactos con mayor intensidad. Comunidades rurales del Sahel, agricultores
de zonas áridas de América Latina o familias desplazadas
por conflictos y crisis climáticas afrontan una realidad que apenas han
contribuido a generar.
Mientras los países industrializados acumulan buena parte de la responsabilidad histórica de
las emisiones que han alterado el clima, millones de
personas en el sur global soportan las consecuencias más duras:
pérdida de cosechas, inseguridad alimentaria, desplazamientos
forzosos y un aumento constante de la vulnerabilidad.
No se trata únicamente de una crisis
ambiental. Es una cuestión de justicia.
La inseguridad hídrica y alimentaria no son fenómenos aislados.
Están profundamente vinculados a la desigualdad, a la pobreza y a
la fragilidad institucional. Allí donde fallan la gobernanza, la inversión
pública o la protección de los recursos naturales, las
sequías golpean con más fuerza.
Por eso, las
soluciones tampoco pueden limitarse a esperar la próxima lluvia. Necesitamos
proteger los ecosistemas que regulan el agua, restaurar suelos
degradados, gestionar de forma sostenible los acuíferos, reforzar los
servicios de agua, saneamiento e higiene y apoyar a las
comunidades más expuestas a los impactos climáticos. Necesitamos políticas
públicas que miren más allá de la emergencia y apuesten por la resiliencia.
Y también necesitamos asumir una responsabilidad
colectiva. Como ciudadanía podemos exigir a gobiernos y empresas
decisiones coherentes con la magnitud del desafío, apoyar iniciativas que
protejan los recursos naturales y revisar modelos de consumo que ejercen
una presión creciente sobre ecosistemas cada vez más frágiles.
La sequía seguirá formando parte de la
historia de la humanidad. Lo que no es inevitable es que continúe
transformándose en hambre, desplazamiento y sufrimiento para millones
de personas. Porque la pregunta ya no es si lloverá más o menos. La verdadera
pregunta es si seremos capaces de construir sistemas más justos y
resilientes para que nadie tenga que pagar el precio de una crisis que
no ha provocado.
PABLO ALCALDE, responsable de Agua,
Saneamiento e Higiene en Acción contra el Hambre, con motivo del Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
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