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Los que están dispuestos a criminalizar
la acción directa incluyen un amplio espectro que va desde el gobierno derechista y los empresarios hasta la Unión Progresista de
Fiscales, cuya portavoz dijo que si todo el mundo hiciera lo mismo, esto
sería el fin de la convivencia pacífica, se llevaría a cabo la ley de la selva.
La justicia no considera que los
banqueros que actuaron como delincuentes merezcan la cárcel. Defienden la
propiedad de los ricos, pero no la de los millones que han perdido sus
viviendas y sus empleos. Una vez más han
sido los activistas los que han puesto las cosas en su lugar, frente a la
avalancha mediática que juzga las acciones de los pobres como asaltos y saqueos
a los supermercados, como apunta entre
otros el diario El País. Los dirigentes del SAT, por el contrario,
defendieron ese tipo de acciones que buscan expropiar a los expropiadores, terratenientes,
bancos y grandes superficies, que están ganando dinero en plena crisis
económica.
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Saqueo en Sevilla. El Parlamentario de IU por Sevilla que ayer llevó a centenares de jornaleros del Sindicato Andaluz de trabajadores (SAT) a "robar en dos mercados: de Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz), ha asegurado que mañana se acción se volverá a repetir.
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Expropiando a los expropiadores.
Ni asalto ni delito, sino derecho resarcido.
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Raúl Zibechi.
La Jornada. Sábado 11 de agosto del 2012.
Las crisis
suelen ser momentos de honda creatividad colectiva que, en buena medida,
consisten en ir más allá de lo establecido, inventando formas de acción que
superan las constricciones y los límites que impone el sistema. La más
importante, la que marca el límite que los de arriba no están dispuestos a
tolerar, es la acción colectiva y directa para resolver problemas de la vida
cotidiana: alimentación, vivienda,
salud, empleo y educación.
Los obreros
organizados en el Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT), en el sur de España,
ingresaron el martes pasado en grandes supermercados (Mercadona, Carrefour),
llenaron carros con alimentos y salieron a repartirlos en comedores sociales
donde acuden desocupados e inmigrantes. Desde hace 15 días el SAT mantiene ocupada
una finca del Ejército reclamando la cesión de tierras a los agricultores que
estén pasando hambre.
En algunas
zonas andaluzas, como la de Écija, la desocupación trepa al 40 por ciento; hay
familias que tienen a todos sus integrantes desocupados y no perciben
subsidios. En las grandes ciudades 35 por ciento de las familias está por
debajo de la línea de pobreza. Pese a ser una organización pequeña, el SAT se
inscribe en la historia de luchas protagonizada por el Sindicato de Obreros del
Campo (SOC), dirigido por el alcalde de Marinaleda, y actual diputado por
Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
En la década
de 1980 tanto el SOC como Comisiones Obreras impulsaron múltiples acciones por
la reforma agraria, que incluyeron ocupaciones de fincas, marchas, cortes de
carreteras y de vías férreas. La combatividad de este sector del pueblo andaluz
se manifiesta ahora en acciones que serán penalizadas por la justicia. En línea
con la ética de poner el cuerpo y no rehuir las represalias, Sánchez Gordillo
dijo, luego de participar en las acciones en supermercados, que estará
orgulloso de entrar en la cárcel por este motivo, una y mil veces.
Los que
están dispuestos a criminalizar la acción directa incluyen un amplio espectro
que va desde el gobierno derechista y los empresarios hasta la Unión
Progresista de Fiscales, cuya portavoz dijo que si todo el mundo hiciera lo
mismo, esto sería el fin de la convivencia pacífica, se llevaría a cabo la ley
de la selva. La justicia no considera que los banqueros que actuaron como
delincuentes merezcan la cárcel. Defienden la propiedad de los ricos, pero no
la de los millones que han perdido sus viviendas y sus empleos.
Una vez más
han sido los activistas los que han puesto las cosas en su lugar, frente a la
avalancha mediática que juzga las acciones de los pobres como asaltos y saqueos
a los supermercados, como apunta entre otros el diario El País. Los dirigentes
del SAT, por el contrario, defendieron ese tipo de acciones que buscan
expropiar a los expropiadores, terratenientes, bancos y grandes superficies,
que están ganando dinero en plena crisis económica.
Con los
meses vamos asistiendo a un panorama desolador: luchadores sociales procesados
y banqueros en libertad. No importa que los de abajo tomen los alimentos de
forma pacífica ni que esos mismos supermercados tiren a la basura toneladas de
comida. Ahora ponen candados a los contenedores de basura para que los
hambrientos no tengan la osadía de tomar lo que, en rigor, les pertenece. La
lógica de la acumulación de capital no se distrae con disquisiciones éticas ni
morales, no sabe del dolor humano ni de sufrimientos porque, precisamente, vive
de ellos.
El paso dado
por los miembros del SAT pone la crisis en otro lugar. Abre las puertas a
nuevas formas de acción que siempre nacen en los márgenes, a contracorriente
incluso de las izquierdas establecidas, y permite a los afectados tomar la
iniciativa dejando de ser objetos pasivos de la caridad del Estado. En este
punto tres aspectos merecen destacarse.
El primero
es que no importa el número, sino la creatividad y la potencia. El SAT es una
pequeña organización que se apoya en la mejor historia de los jornaleros
andaluces y muestra que aun grupos muy pequeños pueden tomar la iniciativa,
siendo audaces y valientes, para modificar de ese modo la rutina de la acción
colectiva. Lo que un día parece subversión y espanta, con el tiempo se torna
normal y resulta aceptado. El cambio siempre empieza siendo local, para luego
volverse general.
El segundo,
consiste en la legitimidad de las acciones, mucho más que en su legalidad. Si
los de abajo no somos capaces de ir más allá de lo establecido, no hay cambios
posibles. Eso supone correr riesgos, asumir la respuesta violenta y la
posibilidad de pagar con cárcel la lucha por la justicia social. Siempre ha
sido así. Hace apenas 30 años el aborto era ilegal en el Estado Español, hasta
que pequeños grupos de feministas dieron el paso de hacer abortos, y de
abortar, desafiando las restricciones legales y las represalias. Ninguna
conquista es gratuita.
Por último,
es mediante este tipo de acciones como los sectores populares se convierten en
sujetos de su destino. Cuando los de abajo toman la vida cotidiana en sus manos
están forjando poderes contrahegemónicos, locales primero, pero que pueden
expandirse e inevitablemente terminan desafiando a los poderes estatales del
arriba. Las clases sólo existen en situaciones de conflicto y eso supone dos
partes, como señala Immanuel Wallerstein: Puede no haber ninguna clase, aunque
esto es raro y transitorio. Puede haber una, y esto es lo más común. Puede
haber dos, y esto es de lo más explosivo (El moderno sistema mundial,
Siglo XXI, tomo I, p. 495).
De eso se
trata. En plena crisis está cobrando forma una clase integrada por los más
oprimidos, los del sótano, que van descubriéndose entre sí y van develando los
modos y formas de la opresión, hasta mostrar a la luz pública a los
expropiadores. Cuando esto sucede, cuando los de abajo se atreven a gritarle a
la cara a los de arriba –nos enseña James C. Scott– es porque ha llegado el momento de las grandes y contundentes
acciones, esas que no tienen marcha atrás.
Las consecuencias dramáticas de la crisis y recesión. Las políticas "anti-crisis" en España son un completo desastre y están terminando con la Democracia y el Estado de Bienestar.
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Ni asalto ni delito, sino derecho resarcido.
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No me
extraña que, entre ciertas clases, haya cundido la alarma. Ya los ministros del
Interior y de Justicia se han encargado de recalcar que con el asalto ocurrido
en los comercios de Arcos de la Frontera y Ecija, “vamos a tener tolerancia cero”.
A otros, la alarma nos llega de otra parte y nos asusta porque, según estamos
viendo, financieros, banqueros, diputados, jueces, políticos y otros gestores
del Bien Público han robado del erario público, no cantidades precisamente
nimias, asignándose sueldos, indemnizaciones, privilegios que les permiten un
nivel de vida escandaloso y, sin embargo, no ha surgido poder público alguno
que los declarase en “situación de tolerancia cero”.
Quiero decir
que en nuestra sociedad hay derechos que se convierten en delitos y delitos que
se convierten en derechos. Una situación invertida que cualquiera puede
denunciar a la luz de nuestra Constitución.
Si España es:
1.“Un Estado
social y democrático de Derecho que propugna como valor superior en su
ordenamiento la justicia” (Atrt. 1,1) y “El Estado debe regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
sus derechos” (Art. 149, 1ª).
Y como sujeto:
2. “Todos
los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35,1).
Y resulta que:
3. “Los
poderes públicos deben “Asegurar la protección económica de la familia” (Art.
39,1) y el Ministerio fiscal “Debe promover la acción de la justicia en defensa
de los derechos de los ciudadanos”(Art.124,1).
La
conclusión es que cuando en nuestra España, -Arcos de la Frontera y Ecija -,
ocurren (7 de agosto) cosas como las del asalto a comercios para poder dar de
comer a familias que lo necesitan, la alarma se dispara ciertamente pero en
otra dirección: hacia el Estado, hacia la clase gobernante y política y, en
general, hacia los poderes públicos que han ignorado derechos básicos de los
ciudadanos y han promovido los intereses y despilfarro de las clases y sectores
pudientes, invirtiendo el orden jurídico de nuestra Constitución.
Ya es
sintomático que representantes del Gobierno no se atrevan a negar la
legitimidad constitucional de esta acción ciudadana. Llevamos más de 30 años de
Estado social y democrático de Derecho, nadie como ellos conocen las leyes
citadas y, en lugar de promoverlas y aplicarlas, se han dedicado no pocos a
acumular desigualdades y fortunas y ahora nos vienen con que la solución debe
hacerse según contenido y modo establecidos por la ley.
¿Cuándo
comienzan a expropiar a los que, injustamente y contra la Constitución, han
promovido el menosprecio y olvido de derechos básicos de los ciudadanos y han
estimulado el egoísmo y la opulencia de tantos sujetos transgresores de la
justicia y de esos derechos de los ciudadanos?
El deterioro de la clase política: de la confianza, al tercer
problema para los españoles.
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