lunes, 11 de septiembre de 2017

CHILE: EL LEGADO DE SALVADOR ALLENDE. GOBIERNO DE UNIDAD POPULAR.

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ALLENDE EL CAMBIO Y LA CODICIA.- Página/12 11 de setiembre del 2013.- Martín Granovsky.-
La reunión fue en Washington. Se realizó cuando el ataque de los Estados Unidos al gobierno de Salvador Allende estaba por conseguir el jaque mate. Por los Estados Unidos participaron siete funcionarios del Departamento de Estado, con su jefe William Rogers al frente. Por Chile otros siete. Encabezaba la delegación chilena el entonces embajador en Washington, el socialista Orlando Letelier, que terminaría como ministro de Defensa de Allende y en 1973 sufriría prisión y tortura antes de que una campaña internacional obtuviese su liberación y le permitiese viajar al exterior. También participó un joven diputado de la Unidad Popular, Luis Maira. El encuentro fue áspero y duro. Por si alguno tenía dudas, al final de dos días de discusiones bilaterales, Rogers y Kissinger mantuvieron una reunión a solas con Letelier. Como consejero de Seguridad Nacional, el cargo desde donde Washington articula la política exterior y la de inteligencia de la presidencia, Kissinger no tenía obligación funcional de encontrarse con los chilenos. Pero quiso hacerlo.
Rogers se quejó del trato de Allende a las empresas norteamericanas nacionalizadas. Y luego de Rogers, Kissinger habló sin vueltas:
“América latina es una región de casi ninguna importancia... Chile no tiene ningún valor estratégico. Nosotros podemos recibir cobre de Perú, Zambia, Canadá. Ustedes no tienen nada que sea decisivo. Pero si hacen ese proyecto de camino al socialismo del que habla Allende, vamos a tener problemas serios en Francia e Italia, donde hay socialistas y comunistas divididos, que con este ejemplo podrían unirse. Y eso afecta sustancialmente el interés de Estados Unidos. No vamos a permitir que tengan éxito. Tengan eso en cuenta”.
Maira, que fue embajador del gobierno de la Concertación en la Argentina, suele contar el episodio para ilustrar hasta qué punto la situación chilena era clave para Washington en el tablero mundial de la Guerra Fría. Y también cuenta Maira que pocos meses después de esa reunión en Washington, él y otros sobrevivientes del golpe de Augusto Pinochet terminaron en el exilio. (Refugiado primero en Caracas y después en los Estados Unidos, Letelier fue asesinado por un comando pinochetista en Washington el 21 de septiembre de 1976.)
Un día, cenando en Buenos Aires con Ricardo Lagos y un grupo de argentinos, narró Maira:
“Cuando llegamos a México nos dimos cuenta de que nos había derrocado una potencia a la que no conocíamos bien por dentro. En 1974 fundamos el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y nos pusimos a estudiar todo. Todo. Desde la Constitución de los Estados Unidos hasta su historia. Desde sus mecanismos de decisión hasta el papel del Congreso. No podíamos seguir ignorando en detalle una realidad tan decisiva”.
No solo los exiliados chilenos se hicieron cargo de analizar en profundidad qué había ocurrido en Chile y por qué. También la izquierda europea buscó entender el mensaje enviado por Washington sobre todo a Italia, donde el Partido Comunista había crecido hasta ser el más grande de Occidente y ya representaba a uno de cada tres votantes.
Enrico Berlinguer era el secretario general del PCI. En 1980, diez años después del triunfo de la Unidad Popular y siete años después del golpe, Berlinguer analizó el papel obligatoriamente bivalente de Allende. Primer papel: el Compañero Presidente debía ser “el supremo aval de la legalidad vigente”. Segundo papel: estaba obligado a convertirse en “el líder del movimiento popular para su profunda renovación”.
Según Berlinguer, esa contradicción que el propio Allende encarnaba en sí mismo
“podía resolverse en la medida en que la Unidad Popular hubiese logrado mantener aislado al ‘enemigo principal’, por un lado, y por el otro fundir en la sociedad la alianza entre las masas inorgánicas, el proletariado y las capas medias, además de mantener en el Parlamento un entendimiento mínimo entre las fuerzas que habían elegido a Salvador Allende”. De ese modo, “la realización del programa habría dado origen al nacimiento de una mayoría social –antes que electoral–, o sea la formación de un bloque histórico que, en su proceso de desarrollo, fundaría la nueva legalidad, la nueva democracia chilena”.
Para Berlinguer, un gran mérito de Allende es que “murió ejerciendo su papel de magistrado supremo de una legalidad pisoteada por traidores, por fascistas”, y su ejemplo significó lo contrario de lo que el dirigente italiano llama “grandes cinismos”.
Y otra virtud del gobierno de la Unidad Popular que señalaba el secretario del PCI fue
“haber abstraído por primera vez la noción de ‘justo provecho’ del contexto ético-religioso medieval, precapitalístico, en que nació, para instalarlo como principio jurídico internacional: con la ley de nacionalización del cobre chileno, que fija en el 12 por ciento anual los márgenes de provecho reconocido a las compañías que habían explotado las minas, sustrayendo de la indemnización debida a raíz de la nacionalización lo que ellas habían percibido más allá de ese plafond”. Leída desde hoy, parece una crítica a la agresión contra la humanidad por parte de un sistema financiero hipertrofiado.
El mundo es otro, pero dos desafíos parecen vigentes a cuarenta años del golpe en Chile y el suicidio de Allende, el 11 de septiembre de 1973: cómo lograr una gobernabilidad que permita cambiar las cosas y cómo colocar un límite a la codicia desenfrenada.
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CHILE: EL LEGADO DE SALVADOR ALLENDE.
GOBIERNO DE UNIDAD POPULAR.

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Editorial de “Punto Final”.

Rebelión lunes 11 de setiembre del 2017.


Derrocado el 11 de septiembre de 1973 mediante un cruento golpe militar que ni su gobierno ni los partidos populares estaban en condiciones de enfrentar, Salvador Allende entró en la historia, sin embargo, con el talante de un líder victorioso. Su legado político y moral entrega enseñanzas valiosas para los revolucionarios de hoy. En primer lugar, su consecuencia política y su coraje personal, que le hicieron empuñar un fusil para resistir en La Moneda junto a un puñado de valientes. En sus propias palabras: pagaba con su vida la lealtad del pueblo. Su inmolación fue un acto consciente de rebeldía para no humillarse ante la traición y felonía de los generales y almirantes. En otras circunstancias seguramente habría encabezado la resistencia de un pueblo armado y de unidades militares constitucionalistas. Lo único que no pasó por la mente de Allende en el palacio en llamas fue rendirse y negociar las condiciones de un exilio honorable. Sus últimos mensajes por radio y su decisión final, lo cubrieron de gloria y a la vez sepultaron en el oprobio a los golpistas cuya ruindad moral confirmaron sus crímenes y el enriquecimiento ilícito de los terribles años que siguieron.

No solo fue su valor y consecuencia. Salvador Allende dejó también numerosas otras enseñanzas. Por ejemplo su incansable perseverancia para forjar la unidad de los sectores populares entendida como factor esencial de un proceso revolucionario. También durante muchos años Allende planteó la nacionalización del cobre como un tema vinculado al ejercicio efectivo de la soberanía nacional. Esa reivindicación estaba lejos del debate político cotidiano cuando Allende la levantó como bandera de lucha. Durante largo tiempo la suya fue una voz en el desierto.

Allende rehusó ocultar sus ideas o mimetizarse en el centro político que permite todo tipo de transacciones. Los revolucionarios de hoy deben estudiar su trayectoria política y las coaliciones político-sociales que encabezó hasta llegar a La Moneda con la Unidad Popular. Su victoria en1970 fue estrecha y tuvo que someterse al veredicto del Congreso Pleno. La Democracia Cristiana lo apoyó a cambio de un Estatuto de Garantías Democráticas que el presidente Allende respetó escrupulosamente. Sin embargo, ese Estatuto se convirtió en un cepo que impidió el libre desarrollo de las capacidades revolucionarias del pueblo. Esas limitaciones motivaron las contradicciones que surgieron entre los partidos de la Unidad Popular. Obligó a utilizar los “resquicios legales” para impulsar diversas iniciativas. A la vez tomó fuerza una corriente independiente y crítica desde la Izquierda que impulsó el poder popular de los pobres del campo y la ciudad bajo la consigna “avanzar sin transar”.

Allende había declarado sin ambages que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socio-políticas y culturales del país.

La “vía chilena hacia el socialismo” fue explicitada en su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971. La nacionalización de la gran minería del cobre y la Reforma Agraria, la estatización de la banca y la intervención de diversas industrias, confirmaron que se había iniciado un proceso revolucionario inédito que atrajo la atención del mundo y despertó una ola de simpatía en América Latina. En efecto, era el primer intento en la historia de construir el socialismo por una vía pacífica y con absoluto respeto a una Constitución burguesa.

No obstante, la conspiración golpista se había iniciado incluso antes que Allende asumiera el mando. La oligarquía pidió la intervención norteamericana y el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA y al Pentágono “hacer chillar” la economía y crear las condiciones para el derrocamiento de Allende.

La fuga de capitales, el bloqueo del crédito internacional, el mercado negro, la especulación, la escasez y la inflación se dispararon. Los camioneros paralizaron durante dos meses el transporte de alimentos y demás artículos de primera necesidad. Los mineros de El Teniente se declararon en huelga y marcharon a Santiago. Embarques de cobre fueron embargados en Hamburgo y otros puertos. Las mujeres de la burguesía salieron a las calles a tocar cacerolas. Los medios de desinformación internacionales y nacionales -que gozaban de absoluta libertad, incluso para insultar y calumniar al mandatario- desataron la guerra sicológica. Acusaban a Allende de pretender instaurar la “dictadura del proletariado” y convertir a Chile en una segunda Cuba. Comenzaron los sabotajes a la electricidad y las comunicaciones por bandas terroristas de extrema derecha asesoradas por oficiales de las FF.AA.



En octubre de 1972, por iniciativa democratacristiana, el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas. Su propósito era eliminar toda capacidad del pueblo para enfrentar el golpe de Estado que estaba en marcha. Allende y sus ministros socialistas José Tohá (Defensa) y Jaime Suárez (Interior), se vieron obligados a promulgar una ley que facultaba a las FF.AA. para efectuar allanamientos y detener militantes de Izquierda acusados de poseer o fabricar armas caseras y explosivos. La oposición -derecha y Democracia Cristiana- controlaba el Congreso Nacional. En julio de 1972 formaron la Code (Confederación de la Democracia) con la intención confesa de derrocar al presidente mediante un golpe parlamentario. Para eso necesitaban alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados en las elecciones de marzo de 1973. No lo lograron, porque la Unidad Popular sacó fuerzas de flaquezas y consiguió el 43,4% de los votos. El fracaso del golpe por vía parlamentaria despejó el camino al golpe militar.

(Hasta aquí a los lectores debe parecerles que estamos relatando lo que sucede en Venezuela. En efecto, ese plan desestabilizador es casi idéntico al que Washington implementó en Chile. La diferencia más notable consiste en que en Venezuela existe la alianza pueblo-fuerzas armadas, legado político del presidente Hugo Chávez que el imperio no ha conseguido romper).

Repasar nuestra historia, y en particular la experiencia de la Unidad Popular, es indispensable en cualquier futuro proyecto de cambios democráticos con justicia social. Allende supo fijar un norte al proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. La nacionalización del cobre fue el eje movilizador del programa ante el cual hasta la derecha tuvo que ceder en el Congreso. La contrarrevolución deshizo ésa y otras conquistas que es necesario retomar para asegurar un proceso revolucionario. La nacionalización del cobre (y del litio) fortalecería la soberanía nacional y entregaría enormes recursos al Estado. Hay numerosas otras reivindicaciones capaces de convocar fuerzas sociales. Por ejemplo el fin de las AFP y el derecho a salud y educación de calidad; el reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche; el freno al daño al medioambiente de las empresas forestales, eléctricas, mineras y frutícolas; limitar las ganancias desorbitadas de bancos e Isapres; estatizar el transporte público…

Ninguno de esos objetivos es posible sin acometer un proceso ideológico que permita liberar las conciencias sometidas a la dictadura cultural e ideológica del neoliberalismo. La batalla de las ideas está en primer lugar porque es allí donde la Izquierda sufrió su peor derrota. El camino para superar este sistema inhumano y depredador pasa por una Asamblea Constituyente que proponga al pueblo la Constitución Política que permita -por fin- contar con la institucionalidad de una república democrática y participativa. La convocatoria a la Constituyente abriría el espacio para conquistar a las fuerzas armadas y contar con su participación en un programa democratizador y patriótico.

Avanzando en esta dirección, con la Asamblea Constituyente como llave maestra del cambio, se recogería lo fundamental de la lección que nos dejó el presidente heroico.

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Editorial de “Punto Final”, edición Nº 883, septiembre 2017.

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