viernes, 26 de enero de 2018

“QUIERO SER CANDIDATO PARA GANAR LAS ELECCIONES”. LULA, habló en el Plenario del PT. CASTIGO A ESCALA MUNDIAL. CRIMINALIZAR A LA OPOSICIÓN.

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JUICIO A LOS JUECES.- La justicia aparece como una herramienta política usada contra liderazgos populares en América Latina. Cuando no se trata de un solo caso, sino que los mismos procesos se reproducen en distintos países, ya no es coincidencia, sino una estrategia de la derecha conservadora que ha mantenido su preeminencia en el Poder Judicial a lo largo de estos años sin golpes militares. En este contexto, hablar del proceso en sí contra Lula parece innecesario. Vale la pena hacerlo, de todos modos. Lula tiene cinco denuncias. Dos son por supuesta relación con empresas de un hijo y de un sobrino. La relación no está demostrada más allá de la relación familiar. Las otras tres acusaciones son palabra contra palabra. Incluso, las pruebas son a favor de su inocencia. La relación con el Lava Jato fue introducida por una delación comprada, que no presentó pruebas. Hubo 73 testimonios en 23 sesiones y ninguno aportó una sola prueba concreta. Igual se lo acusó de “cómplice pasivo”. La acusación que usaron para frenar su retorno imparable a la presidencia de Brasil fue por un departamento en el balneario popular de Guarujá. Pero hace pocos días la justicia embargó ese mismo departamento en un juicio contra el verdadero propietario.

Son todas acusaciones que se prestan al circo mediático. A lo largo del proceso, el juez Sergio Moro, que lo condenó en primera instancia, difundió en forma ilegal conversaciones grabadas entre Dilma Rousseff y Lula, intervino en forma ilegal el teléfono del abogado del líder del PT y utilizó una delación sin pruebas para la acusación y la condena con relación a la corrupción en Petrobras. Lula encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales, con mucha ventaja sobre el que le sigue, un dirigente ultraconservador vinculado a las iglesias evangelistas. Todo el mundo sabía que la Justicia confirmaría el fallo improcedente de Moro. Al igual que en Argentina, donde se impuso una nueva interpretación de la ley para encarcelar opositores, en Brasil se llegó a decir que en casos de corrupción bastaría con indicios y la presunción difundida de la culpabilidad, aunque no haya pruebas concretas. En el Partido de los Trabajadores se pensó que una estrategia de movilización masiva en defensa de Lula frenaría al tribunal de Porto Alegre que confirmó y aumentó la sentencia a 12 años. Lula se lanzó a una caravana impresionante por el respaldo masivo en todo el país, que culminó anoche con la concentración de miles de personas en esa ciudad. Pero no fue suficiente.

En América Latina, el Poder Judicial, articulado con los servicios de inteligencia y el poder mediático, han reemplazado a los viejos golpes militares. En las elecciones presidenciales de fin de año en Honduras todo el mundo sabía que habría fraude para impedir el triunfo del candidato popular Salvador Nasralla. Así fue, quedó demostrado, y sin embargo, el Tribunal Superior de ese país rechazó las denuncias y declaró ganador al conservador Juan Orlando Hernández. En Argentina, el camarista Martín Irurzun inventó una nueva interpretación de la ley para encarcelar con prisión preventiva a los opositores al gobierno de Mauricio Macri. Una interpretación que no se aplica cuando los acusados son parte del gobierno. Estos son los nuevos golpistas: los servicios de inteligencia plantan falsas denuncias, los medios corporativos les dan profusa difusión y los jueces abren causas y condenas basándose en estas campañas sin pruebas. La condena a Lula para impedirle ser candidato se convierte así en un monumento a la corrupción del Poder Judicial. Le dicen “Lawfare”, el nuevo golpismo de la derecha. Fuente. Luis Bruschtein. Página/12.


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“QUIERO SER CANDIDATO PARA GANAR LAS ELECCIONES”.
LULA, habló en el Plenario del PT.

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Página /12 jueves 25 de enero del 2018.

Ante un plenario del Partido de los Trabajadores (PT), el ex presidente brasileño aceptó la ratificación de su candidatura a pesar de la condena en segunda instancia aplicada ayer por el Tribunal Regional de Porto Alegre. “Ellos saben que condenaron a un hombre inocente”, expresó Lula, quien igualmente pidió al PT "seguir adelante" en caso de que ocurra un "hecho indeseado", como su inhabilitación política.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que buscará ser el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, luego de que esa formación política ratificara su postulación. Lula reiteró que la condena en su contra fue “una decisión política” y aseguró: “Dudo de que quienes me juzgaron tenga la conciencia tranquila”.

Antes del plenario, el ex mandatario se reunió con la plana mayor del PT, incluida la ex presidenta DILMA ROUSSEFF, en un acto celebrado en Sao Paulo en "Defensa de la Democracia y de Lula". Al grito de "Brasil urgente, Lula presidente" y "Lula guerrero del pueblo brasileño", el ex mandatario fue recibido por la militancia en la sede de la Central Única de los Trabajadores (CUT).

DILMA aseguró que la condena a LULA es la "continuación de un golpe" a la clase trabajadora que comenzó en 2016, cuando se concretó el golpe parlamentario en su contra. Después de su destitución, fue el ex vicepresidente Michel Temer quien asumió el puesto en el Poder Ejecutivo, en medio de una alianza del resto de los partidos para correr a la ahijada política de Lula del Palacio de Planalto"El golpe fue dado para destruirnos, pero no fuimos destruidos. Nosotros sobrevivimos (...) Sobrevivimos al intento de destruir a Lula como presidente, Lula les dio la vuelta por encima", señaló la ex mandataria

"Yo acepto la indicación de precandidato del Partido de los Trabajadores ", afirmó Lula durante una reunión en Sao Paulo de la comisión ejecutiva nacional de esa formación, que aprobó por unanimidad su postulación para las elecciones de octubre. Sin embargo, instó a la militancia a continuar en caso de que ocurra un "hecho indeseado", como su inhabilitación política.

"Tenemos otros candidatos y van a intentar crear obstáculos. Espero que la candidatura no dependa de Lula. Solo tiene sentido si ustedes son capaces de hacerla, aunque haya un hecho indeseado",  expresó.

La ratificada precandidatura de Lula quedará ahora en manos del Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de que los tres magistrados del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre votaran por unanimidad a favor de elevar a doce años y un mes la pena de Lula frente a los nueve años y medio que le había impuesto el juez de primera instancia Sergio Moro.

Los jueces fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un apartamento en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras. Lo hicieron a pesar de que reconocieron que no hay pruebas materiales que demuestren que el imputado sea dueño del departamento que habría recibido.


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El tribunal de Porto Alegre consumó un castigo de alcance global.

CASTIGO A ESCALA MUNDIAL.
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Martin Granovsky.

Página/12 jueves 25 de enero del 2018.

Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés muerto en 2012 a los 95 años, lo tenía claro. En 2011 se encontró con Luiz Inácio Lula da Silva. Al salir de la reunión, en Londres, comentó:

Lula ayudó a cambiar el equilibrio del mundo porque puso a los países en desarrollo en el centro de las cosas”. Y agregó: “Lula fue el verdadero introductor de la democracia en Brasil, un país con tantos pobres por los que nadie antes hizo tantas cosas concretas”. 

Lula ya había cumplido sus dos mandatos, uno iniciado el 1ª de enero de 2003 y otro en 2007. Cuando los brasileños eligieron presidente al tornero mecánico, en octubre de 2002, Hobsbawm se había puesto feliz: “Ahora soy un poco más optimista sobre el futuro del ser humano”. 

Los tres camaristas de Porto Alegre sin duda pasarán a la historia. Al condenar a Lula hicieron su contribución para un mundo más desequilibrado.

Hace seis meses que Lula gana en todas las encuestas de intención de voto en primera vuelta y en segunda. También redujo en 20 puntos el rechazo que generaba su figura. Y lo hizo en solo un año y medio. Los políticos y los investigadores de opinión pública saben cuál es el efecto de reducir la imagen negativa: sube el techo y el crecimiento es posible. Ninguna figura de la derecha, entretanto, se disparó en las encuestas hasta el punto de poner en riesgo a Lula. Ni el ultraderechista Jair Bolsonaro ni la verde Marina Silva, a quien en 2014 asesoró Jaime Durán Barba, ni el gobernador de Sao Paulo Gerardo Alckmin, del partido de José Serra y Fernando Henrique Cardoso. Nadie de ellos aparecía como challenger del viejo boxeador de 72 años que regresaba a la pelea, una más, tras superar un cáncer y un golpe de Estado.

Los jueces no solamente dieron el primer paso para impedir que el político más reconocido de Brasil pueda ser candidato y, eventualmente, ganar las presidenciales del 7 de octubre de este año. Castigaron al líder popular que, en el marco de la democracia clásica, protagonizó el proceso de cambio con mayor cantidad de población involucrada. 

A Dilma Rousseff la votaron en 2014 nada menos que 52 millones de personas.
Con su condena al dirigente sindical que fundó el Partido de los Trabajadores en 1980 y 23 años después llegó a la Presidencia, los jueces buscaron extirpar lo que un senador brasileño llamó “la raza maldita”. En 13 años de gobiernos petistas, primero de Lula y después de Dilma, los brasileños lograron comer tres veces por día. El verdadero milagro. Fue ésa, justamente, la promesa de Lula en la campaña presidencial de 2002.

El tono afable de los brasileños puede esconder la crueldad de su historia. Brasil salió de la esclavitud recién en 1888. La primera Constitución republicana, en 1891, prohibió votar a los analfabetos. Recuperaron ese derecho recién en 1985, por enmienda constitucional. Y lo disfrutaron de manera consagrada en el texto de la Constitución de 1988. Un siglo después de la abolición de la esclavitud. 

Cuando Lula asumió, los fazendeiros, los hacendados del interior de Sao Paulo, todavía mataban inspectores del Ministerio de Trabajo. Brasil había pegado el gran salto en la década de 1970, con el desarrollo simultáneo de las multinacionales automotrices y la clase obrera de masas. Pero las instituciones seguían respondiendo a las prácticas de la esclavocracia, una forma de prolongar por otras vías el dominio del amo sobre el esclavo. 

Lula no solo inició la incorporación al consumo de 40 millones de personas, que a principios de este siglo representaban la quinta parte de la población brasileña. Estimuló la dignidad de los negros y los indios, el orgullo de los operarios, los derechos de las mujeres, la soberanía de los nordestinos sobre su propia vida. 

Tenía razón el viejo Eric. Construyó una democracia de lo concreto. Por eso el castigo de los jueces tiene alcance global. Es para que los trabajadores del mundo pierdan la esperanza de ser representados con su voto. Para que sientan miedo. Para que, de una vez para siempre, acepten el apartheid social. Para que no molesten más. 

Los conservadores brasileños vienen midiendo la reacción popular. En 2017 hubo dos huelgas generales. La primera tuvo un acatamiento decoroso. La segunda fracasó. Luego de la segunda el Senado aprobó la Reforma Laboral precarizante y el juez Sergio Moro sentenció a Lula a nueve años y medio de cárcel, fallo que no sufrió marcha atrás ayer en Porto Alegre. No es ensayo y error: es correlación de fuerzas. Si el establishment no observa delante suyo la chance cierta de un alzamiento popular, sigue con el plan trazado. ¿Por qué habría de actuar de otra forma si quiere y, además, puede? Quiere transformar Brasil regresivamente. Eligió como blanco al PT y al Estado. A Petrobrás y a los bancos públicos, un área que Fernando Collor de Mello quiso privatizar en 1989 y no pudo porque el juicio político lo quitó del Planalto. Ni Itamar Franco ni Fernando Henrique Cardoso pudieron cumplir con el plan que desplegaban Carlos Salinas de Gortari en México y Carlos Saúl Menem en la Argentina. Ya era tarde. 

Ahora van por la revancha. Que es algo más profundo. Marco Aurélio García, el asesor de Lula muerto el año pasado, le había puesto nombre: la Contrarreforma. 

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CRIMINALIZAR A LA OPOSICIÓN.

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Mario Waunfeld.

Página/12 jueves 25 de enero del 2018.

El cumplimiento estricto de las reglas electorales es condición necesaria (aunque no suficiente) para la existencia de una democracia constitucional. Dicho de otro modo: sin comicios libres y sin proscripciones es imposible hablar de democracia. La decisión de excluir al ex presidente Lula da Silva de las elecciones de octubre a las que llegaba como favorito termina de redefinir al sistema político brasileño. 

Tres camaristas ignotos intentaron cerrar el círculo que otros trazaron. Tenían poder para proscribir a Lula, jamás para resolver su segunda reelección, supeditada a la decisión del pueblo soberano. La sentencia es un ejemplo acabado de la perversa judicialización de la política. Los jueces suplieron al cuerpo electoral, lo privaron de sus derechos. 

Lula estará hoy en las tapas de todos los medios del mundo pero ayer se condenó también (acaso principalmente) a millones de personas comunes del país hermano. Tal vez la sentencia se revise o revoque en otras instancias pero el panorama judicial parece sombrío. 

La táctica de criminalizar a la oposición dista de ser una exclusividad brasileña: es compartida por la derecha regional. 

El Poder Judicial es uno de los arietes de coaliciones amplias, encabezadas por los poderes económicos concentrados, los medios hegemónicos y la dirigencia política que los acompaña. La delación premiada, los pactos espurios con delincuentes buchones, constituye una de las herramientas predilectas.

La evidente sincronía de los procesos políticos no autoriza a sindicarlos como idénticos. El presidente Mauricio Macri fue ungido y revalidado en elecciones libres: sus legitimidades de origen y de ejercicio son diferentes (superiores) a las de su colega Temer. Pero en la Argentina también se criminaliza a la oposición, se procura sacarla de la competencia. No vencerla sino excluirla.

 A pocos días de asumir, el macrismo ordenó la encarcelación sin condena de la dirigente social Milagro Sala. Lleva dos años de prisión, apenas aliviados por una chirle y tardía decisión de la Corte Suprema de Justicia.

 A dos años de gestión, hay una veintena de presos políticos sin condena.

Santiago Maldonado murió en circunstancias atroces, todavía no develadas del todo. Ocurrió en un contexto de una represión salvaje e ilegal, comandada por el Poder Ejecutivo. El homicidio calificado de Rafael Nahuel echa nueva luz sobre la muerte violenta de Santiago, un hilo conductor los liga. Sobran similitudes, minga de casualidad: hay un patrón de conducta. El Gobierno ordenó disparar a mansalva en la misma geografía, en el mismo pseudo conflicto. Hasta ahora no hay ningún represor o instigador procesado. El oficialismo incitó la violencia, la encubrió mientras pudo, la justificó y bancó siempre. La arquetípica traducción institucional fue el ascenso de uno de los gendarmes que persiguió a Maldonado, blandió armas, participó del operativo.

 De nuevo: eso no equipara al gobierno con una dictadura genocida pero sí como una democracia imperfecta, en creciente degradación.

En los próximos meses se medirá si la pérdida de calidad institucional se ameseta, se acrecienta, disminuye. En principio, será sencillo hacerlo.  Bastará con contar la cantidad de presos políticos sin condena, de manifestantes gravemente heridos en ejercicio del derecho de protesta social, de detenidos al voleo. Ojalá que no haya que lamentar nuevas muertes causadas por el accionar brutal de fuerzas de seguridad, premiadas desde la Casa de Gobierno.

 En aras de una discusión precisa y de precaver chicanas, formulamos dos aclaraciones.  
La primera es que consideramos que en Venezuela, con otras coordenadas, la calidad democrática también está en caída creciente. 

La segunda, más relevante, es que este análisis crítico no incluye la aplicación de programas político– económicos de derecha. Los ajustes, las reformas económicas regresivas o reaccionarias forman parte de las incumbencias de los gobiernos. Oponerse férreamente a ellos no equivale a equipararlos con la ruptura de las reglas del sistema. Hay mecanismos para enfrentarlos, impugnarlos y hasta derogarlos. 

Nos centramos en conductas estatales anti sistema, en privaciones crecientes de derechos esenciales. Elegir autoridades o ser electo, ejercer la protesta social, ser libre salvo que medie una condena firme. Vivir, tan luego.

No hay motivo para someterse a esquemas binarios o simplistas: el presidente en ejercicio Michel Temer no es (hasta hoy) un dictador idéntico a los que asolaron este Sur en la etapa del terrorismo de estado. Pero ya se parece más al ex presidente uruguayo José María Bordaberry (líder de la transición al autoritarismo pleno) que a Lula o Dilma Rousseff cuando ejercieron su cargo. Los debates que vendrán tipificarán ese régimen. La magnitud de su involución está por verse, el cambio cualitativo es indudable.

Lula da Silva y el presidente Evo Morales son ejemplos de ascenso social y político inédito en la región. Dos estadistas que llegaron desde los sectores sociales más castigados. Las presidentas reelectas de Argentina, Brasil y Chile fueron pioneras, elegidas en una etapa democrática. No en tiempos de insurgencia u olor a pólvora.

Esos y otros gobiernos populares y progresistas de la región cumplieron o cumplen con las reglas democráticas. Sus adversarios pudieron (y pueden) organizarse, expresarse, competir en elecciones libres. Hoy en día, fuerzas de signo opuesto quieren revertir dicha “pesada herencia”.  Brasil es un caso extremo pero no una excepción. Las campanas doblan por nuestro gran vecino, por Lula, por otros dirigentes, por otros partidos, por los pueblos de otros países. 

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