viernes, 7 de mayo de 2021

DUEÑOS DEL PAÍS XIV: LA CANDIDATA DE LOS RICOS. FISCAL PÉREZ PIDE PONER EN PRISIÓN A 34 FUJIMORISTAS POR LAVAR MÁS DE US$ 17,3 MILLONES. (Hoy 7 de mayo del 2021)

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FISCAL PÉREZ PIDE PONER EN PRISIÓN A 34 FUJIMORISTAS POR LAVAR MÁS DE US$ 17,3 MILLONES. (Hoy 7 de mayo del 2021)

A juicio. Las evidencias acopiadas por el fiscal José Domingo Pérez están contenidas en 44 tomos de 13.200 folios, que incluyen las declaraciones de 14 colaboradores eficaces, entre ellos empresarios que hicieron aportes clandestinos o reclutaron falsos aportantes para financiar las campañas de Keiko Fujimori.

Treinta y cuatro personas, entre integrantes de la cúpula de Fuerza Popular, además de tesoreros, contadores, personeros, administradores del partido naranja, son imputadas por el fiscal José Domingo Pérez por haber contribuido en la recepción, lavado y ocultamiento de 17 millones 312 mil 984 dólares durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Las penas que ha requerido Pérez para los implicados en lavado suman 781,9 años de cárcel.

Para otro grupo de 6 involucrados -la mayoría abogados de Keiko Fujimori y sus cómplices-, a los que la Fiscalía atribuye el delito de obstrucción a la justicia, el fiscal ha solicitado 37 años de prisión. Los montos que presuntamente fueron lavados por la organización fujimorista son los siguientes, conforme la sustentación fiscal del caso:

-US$ 3.650.000 proveídos por el grupo Credicorp, cuando estaba encabezado por Dionisio Romero Paoletti.

-US$ 3.500,00 otorgado por el Grupo Rassmuss, por intermedio del empresario Enrique Gubbins Bovet.

-US$ 3.730.000 también entregado por Enrique Gubbhins Bovet del Grupo Rassmuss.

-US$ 2.192.859 derivados de supuestas compraventas de terrenos que hizo Mark Vito Villanella mediante su empresa MVV Bienes Raíces.

-US$ 2.077.500 que captó el expresidente de la Confiep Ricardo Briceño Villena, de parte de diferentes agremiados de la organización, mediante la simulación de una campaña a favor del libre mercado, pero que era de apoyo a Keiko Fujimori.

-US$ 1.000.000 que proveyó la constructora Odebrecht, según confesó Jorge Barata.

-US$ 450.000 que entregó Inversiones Piuranas, por intermedio de Dionisio Romero Paoletti.

-US$ 440.000 que suministró Enrique Gubbins Bovet del Grupo Rassmuss.

-US$ 200.000 entregados por Vito Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria.

-US$ 52.000 más un promedio de US$ 5.000 que abonaron empresarios que formaban parte del llamado ‘Club de la Construcción’.

-US$ 15.000 que otorgó el investigado por lavado de activos Luis Calle Quirós, hermano de un miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori, en 2011.

 

Según, la ENCUESTOLOGÍA. dicen ser las  Encuestas Financiadas por estos mismos personajes - por el cual el Fiscal JOSÉ DOMINGO PÉREZ pide cárcel entre 10 y 30 años, por haber LAVADO más de  17 millones de dólares. Ellos son los futuros gobernantes. Gran "Homenaje de la Corrupción, hacia el Bicentenario Nacional.

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Conforme a la argumentación fiscal, Keiko Fujimori obtuvo la complicidad del aparato partidario para proceder al lavado de los US$ 17 millones 312 mil 984 y así financiar sus campañas presidenciales, con fondos no declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, el fiscal Pérez ha requerido para 7 de los implicados el castigo más severo –30 años y 10 meses–, porque encontró que perpetraron los delitos de crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicia, y porque a diferencia de los demás formaban parte del cogollo dirigencial fujimorista: Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Ana Herz Garfias, Adriana Tarazona Martínez, José Chlimper Ackerman y Jaime Yoshiyama Tanaka.

A otros 14 les imputó la segunda pena más dura –22 años y 8 meses–, también por los delitos de crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicia, con la diferencia de que respondían a las órdenes o acciones de los anteriores. Entre ellos se encuentra el esposo de la candidata presidencial, Mark Vito Villanella, a quien se le detectó haber declarado falsamente que lo contrataron para intermediar en la venta de terrenos. El fiscal interrogó a las personas que supuestamente pagaron a Villanella para dicho servicio, pero lo negaron.

El fiscal José Domingo Pérez también incluye en este grupo al expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) José Briceño Villena, quien solicitó que los agremiados aportaran dinero para una campaña a favor del modelo económico, amenazado por la candidatura del “chavista” Ollanta Humala, en 2011.

Según confesión del exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata –quien fue quien reveló este episodio–, la constructora aportó 200.000 dólares, entendiendo que era una forma de apoyar a la candidata Keiko Fujimori. Briceño rechazó la acusación, pero Barata se ratificó.

Jaime Yoshiyama, quien regresó de Miami con la aparente promesa de acogerse a la colaboración eficaz, al final ha resultado como uno de los imputados para quien el fiscal Pérez demanda la pena más dura: 30 años y 10 meses.

Pero entre los 40 acusados no está comprendido Jorge Yoshiyama Sasaki, el sobrino de Jaime Yoshiyama, el testigo estrella del fiscal Pérez, el hombre que confirmó los millonarios aportes secretos de los empresarios comprometidos, el posterior “pitufeo” del dinero para ocultar su origen y el encubrimiento de los falsos aportantes, todo en coordinación con Keiko Fujimori.

Se entiende que, así como Jorge Yoshiyama Sasaki, otros protagonistas del caso no aparecen como imputados por el fiscal José Domingo Pérez, porque son parte de los 14 colaboradores eficaces que serán acreditados en el proceso judicial que se avecina.

Se trata de personas que reconocen haber cometido los delitos de crimen organizado, lavado de activos u obstrucción a la justicia, quienes a cambio de la reducción de pena han revelado la implicación de los acusados.

No están consignados en el pedido de penas Dionisio Romero Paoletti, Vito Rodríguez Rodríguez, ni el presidente del Grupo Sam, José Sam Yuen, por mencionar solo a algunos. Fuente Ángel Páez. Diario La República.

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DUEÑOS DEL PAÍS XIV: LA CANDIDATA DE LOS RICOS.

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Por:  Francisco Durand.

Otra Mirada Lima 7de mayo del 2021.

El término “candidata de los ricos” lo acuñó el finado Alan García en las elecciones del 2006 cuando competía con Lourdes Flores, la lideresa del PPC. Flores viajaba en la flota de aviones del grupo Romero (ATSA), aceptando poner como candidato a la vicepresidencia a Arturo Woodman. La colocación en la plancha del hombre de confianza de Dionisio Romero Seminario, considerado por décadas “el empresario más poderoso del Perú”, le mereció el acertado calificativo. 

En las siguientes elecciones, los ricos encontraron a otra candidata femenina, Keiko Fujimori (KF), más popular, y que al menos, a diferencia de la desdichada Lourdes, siempre ha pasado a la segunda vuelta. Esta calificación vale para las tres últimas elecciones, y se hace más importante en el 2021, dada la polarización existente. A mayor susto, mayor plata hacia la candidata pro sistema.

El dinero que ha recibido KF es enorme. Se trata de millonarias donaciones directas, declaradas y no declaradas, y también aportes indirectos, vía campañas contra el candidato percibido como amenaza para el modelo económico concentrador de riqueza. 

Estas campañas se hicieron el 2011 contra Humala y se hacen hoy con renovados bríos contra Castillo. Son campañas motivadas por el temor: se asustan entre los ricos y propagan en paralelo una política del miedo con el fantasma de Venezuela o la tesis de la expropiación extrema, “hasta de mis terrenitos”, como alguien ha declarado recientemente. 

También se está preparando el clima para un posible gobierno cívico-militar, o un golpe de Estado. La campaña dirigida por los Miro Quesada, del grupo El Comercio-Correo, y seguida por todos los otros canales, además de las campañas subliminales de avisos luminosos y redes sociales en curso, no tiene precedentes en tiempos modernos. Quieren ser los electores y creen tener derecho a ello.

Pues bien, en las elecciones del 2011 (Humala versus Keiko), el dinero declarado y no declarado de los bolsillos profundos fue descomunal. Veamos las cifras elección a elección. 

El 2011 KF recibió $ 9,505,000 de aportes no declarados. De ese total, $ 8,255,000 fueron donaciones directas empresario-candidato, bajo la mesa y en efectivo, facilitando la corrupción al abrir la posibilidad de usos privados. Ese dinero, hasta donde se sabe del caso Romero (Alicorp, Credicorp), salió de las cuentas de las empresas de los grupos de poder económico peruanos, no de sus bolsillos, de modo que ni siquiera afectó su fortuna personal (aunque si su reputación, lo han defenestrado de la dirección de Credicorp y Alicorp). 

Dentro de este grupo de grandes donantes de dinero oculto tenemos a los jefes de la nueva oligarquía: Romero Paoletti del grupo Romero, Graña Miró Quesada del grupo G y M y de El Comercio-Correo, Ramssus Echecopar de Sudamericana de Fibras, Benavides Ganoza del grupo minero Buenaventura, Rodríguez Rodríguez del grupo Gloria, acompañados de Jorge Barata, el corruptor gerente de Odebrecht.

Algunos super grupos dirigidos por multimillonarios de la lista Forbes, sin embargo, no se meten en estas lides, al menos no directamente: Rodríguez Pastor (Intercorp), Belmont (Belcorp) y los Brescia (Breca, BBVA). Es otro su juego, más silencioso.

El resto de donaciones o fondos de campaña, un total de $1,250,00, salió de un aquelarre coordinado por Ricardo Briceño, el entonces presidente de la CONFIEP (hoy en problemas judiciales), donde participaron un selecto grupo de millonarios que armaron una bolsa para organizar y financiar una campaña paralela de “defensa de la empresa privada” y el modelo económico para defender el exitoso modelo que, según dicen, había creado el Milagro Peruano.

Las donaciones declaradas/legales de los mayores donantes alcanzan la cifra de $3,605,109. Aquí destacan otros dos grandes grupos de poder:  José Chlimper (jefe de Agrokasa), autor de la infame “Ley Chlimper” para subsidiar a los grandes agroexportadores, y los hermanos Wong Lu, ex dueños de la cadena de supermercado Wong, con inversiones diversificadas, incluyendo el canal digital Willax, de evidente sesgo ultraconservador, practicante asiduo del fake news. El resto de las principales donaciones se pueden ver a continuación:



 

El 2016, las cifras son menores por alcanzar la segunda vuelta un candidato salido de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, compitiendo con KF, ahora en calidad de candidata semi-preferida de los ricos. Los grandes donantes se dividieron o aportaron a las dos candidaturas (su privilegio, que les genera enorme ventaja política y doble influencia, en el Ejecutivo y el Legislativo, y a través de ellos en el Judicial).

Los grandes aportes no declarados del 2016 (los detectados, en tanto debe haber varios otros no detectados) fueron de $1,925,000, saliendo otra vez de bolsillos conocidos en la elección anterior: Familia Romero, Rassmus Echecopar y Jorge Peñaranda. Peñaranda ha sido acusado por recibir coimas de Odebrecht. 

De lo declarado, un total de $2,669,809, destacan nuevamente las donaciones de los hermanos Wong Lu, Juan Francisco Raffo Novelli (jefe del grupo inmobiliario-minero Los Portales), y Madeleine Osterling Letts, heredera de una parte de fortuna de Roberto Letts Colmenares (minera Volcan, cuyo dueño murió soltero), conocida fujimorista. 

 



Son cifras fuertes y solo Dios sabe cómo se han usado, con excepción del fiscal José Domingo Pérez, el ángel vengador que lucha por su sobrevivencia, uno de los pocos que se ha atrevido a investigar y armar expedientes de los dueños del país y la CONFIEP. La tesis del fiscal Pérez es que KF ha dirigido junto con su partido una mega operación de lavado de dinero, de varias fuentes, incluyendo las informales y las ilegales.  

En la elección 2021, en la cual KF pasa nuevamente a segunda vuelta, compitiendo con el maestro y rondero Pedro Castillo (con nuevas reglas de gasto electoral, en plena pandemia, y con más susto de los ricos que el 2011), tenemos a la fecha pocos datos. No obstante, a partir de la segunda vuelta han aparecido importantes indicios de grandes gastos que deben ser financiados de alguna manera.

En la búsqueda nos encontramos de nuevo con la figura del cuestionado Secretario General de Fuerza Popular el 2016, Joaquín Ramírez (Universidad Alas Peruanas y diversos negocios inmobiliarios, investigado por la DEA por vínculos con el narcotráfico y la Fiscalía por lavado de dinero), conocido por aceptar donaciones “de donde vinieran”, incluyendo las propias. 

Los datos de la Primera Entrega firmada por Karina Beteta, mujer de entera confianza de KF, indica lo siguiente: al 19 de marzo se había gastado S/. 87,068, suma irrisoria.

 
Estas cifras ciertamente se van a incrementar exponencialmente en la segunda vuelta. El primer reporte de financiamiento privado de campaña de Fuerza Popular es modestísimo: S/ 48,298.52, que salen de 31 personas, 15 de sus actuales congresistas. Además, figura en la lista Alejandro Saldarriaga León, con cinco aportes que suman S/ 5,500. Saldarriaga León aparece como gerente en la Empresa de Transporte Saldarriaga S.R.L. y en Alsale consultores, asesores, constructora, inmobiliaria y servicios generales. 

Por otro lado, según informa El Comercio, entre otros financistas figuran dos personas vinculadas a empresas del investigado Joaquín Ramírez. César Díaz Gamarra, quien en el 2018 aparece como apoderado en Universidad Juan Pablo II. Este personaje está relacionado a Joaquín Ramírez Gamarra, quien aporta S/ 17,974.78 en especie por el préstamo de la camioneta de placa ATH890. Holger Cueva Gamarra, quien en el año 2004 aparece como gerente general de la empresa Lima ingeniería y Construcción S.A.C., fundada por Joaquín Ramírez Gamarra, es reportado como el chofer del vehículo cedido por César Díaz Gamarra. El monto que se le asigna es de S/ 1,280.00

Dos tipos de gastos fuertes no contabilizados relacionados a la campaña electoral destacan. El indirecto más importante es el gasto publicitario de imponentes carteles luminosos con propaganda anticomunista. Los carteles son evidentemente un instrumento de la campaña, aunque no aparezca la foto de KF ni el logo de su partido. Apuntan a defender su candidatura atacando al candidato opositor y apelando al anticomunismo tipo Guerra Fría. 

La empresa Punto Visual (fundada en 1996, que al parecer es controlado por el Grupo Maldonado) es la encargada de esta tarea propagandística de política del miedo. 

Los 10 (o más) super paneles luminosos colocados en zonas estratégicas de Lima cuestan en promedio $10,000 mensuales por concepto de alquiler.  Hagamos un cálculo: los letreros van a estar 2 meses, lo que hace un total (sólo por este rubro, es decir sin contar el costo de diseño creativo y si solo se limitan a 10), de $200,000 ¿Se trata de una donación de Punto Visual? ¿O es una operación de gasto indirecto de bolsillos profundos que han pagado a la firma? Este es uno de los misterios financieros de la campaña 2021 y la ONPE tiene la obligación de investigarla para prevenir delitos electorales.

El otro concepto de gasto muy fuerte son los pagos a especialistas internacionales de manejo mediático. Jaime Durán Barba, ecuatoriano experto en campañas electorales (asesor de imagen del presidente electo Lasso en la segunda vuelta) es considerado uno de los jales más importantes y costosos de KF. Si se confirma la sospecha de ser el asesor principal, en sumas que pueden estimarse en varios cientos de miles de dólares, tenemos otro mega gasto que se debería reportar. Durán Barba ya ha realizado declaraciones como experto mediático en La República. 

De modo que KF, tanto ayer como hoy, tiene mucho que gastar, mucho apoyo entre los ricos (sean formales, informales y quizás hasta delictivos), y también, mucho que explicar sobre quiénes y cómo han contribuido directa e indirectamente a sus costosas campañas en tres elecciones consecutivas.

El 2011-2016 recibió un total de $10,430,000 debajo de la mesa. y el 2021 puede ser más debido a la mayor polarización Lima/provincias, pobres/ricos existente. Si KF gana, usará el poder de la presidencia para cerrar los casos y recolocar a la mafia judicial en el poder, liquidando el equipo Lava Jato, que ha sido el primero en investigar el poder de los ricos, y toda la clase política que colaboró con ellos, y los sobornos que pagaron. 

Es decir, va a agudizar el curso degenerativo de la institucionalidad judicial. Aquí no hay una defensa de la propiedad privada sino de los sobornos de alto nivel y los pagos bajo la mesa. 

Si KF pierde, el lavado de dinero y los mega sobornos de los ricos constructores será su principal punto vulnerable si es que el equipo especial Lava Jato puede finalmente cerrar los casos con una probable condena a KF, su partido y los grandes empresarios del Club de la Construcción. 

Ser la candidata de los ricos es tanto una oportunidad de comodidades como una garantía para tener más donaciones que el resto de candidatos y hasta de alguien más. También un problema. Lo fue para Lourdes Flores, por abrirle un flanco que aprovechó el astuto García el 2006. Lo ha sido para KF desde el 2011 al recibir dinero bajo la mesa de múltiples fuentes, generando el consabido escándalo y hasta su ignominiosa prisión preventiva. Es el precio que se paga por agraciarse con los dueños del país y querer llegar a la presidencia como sea y para servir a sus fuentes.

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