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PRESENTAN DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL POR LAS MUERTES EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE. Se denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden; los hechos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad. Este martes 25 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) sostuvieron una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en la cual presentaron ante dichas autoridades documentación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma sobre las muertes registradas en las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Esta
documentación data de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Según las
mencionadas organizaciones, durante el tiempo señalado detallan el ataque sistemático al que se sometieron las personas
que salieron a protestar contra el actual régimen. Aseguran que las fuerzas del
orden realizaron un uso excesivo de la fuerza, desproporcionada e
indiscriminada, principalmente contra "hombres
jóvenes e indígenas". Para la Federación Internacional por los Derechos
Humanos y la Asociación
Pro Derechos Humanos, estos
hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, conforme a lo establecido por el
Estatuto de Roma. Por ello, han solicitado ante
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el inicio de una indagación sobre lo sucedido en el país.
“Víctimas fueron asesinadas por ejercer su derecho a la protesta En esa línea, la directora de Aprodeh, Gloria Cano, señaló que se ha realizado un informe detallado sobre las 49 muertes registradas en las movilizaciones. En el escrito se examinaron las causas de los decesos de cada una de las personas y los patrones de las lesiones, tales como impactos de balas encontradas en los torsos y rostros. Asimismo, señalan que las víctimas fueron asesinadas mientras ejercían su derecho a la protesta. "También se especifican los ejercicios de justiciabilidad, que, hasta la fecha, se han llevado a cabo a través de la fiscalía para esclarecer las bases de los delitos cometidos por la Policía y miembros del ejército", se lee en la publicación de la Federación Internacional por los Derechos Humanos", se lee.
Gobierno
de Boluarte
acusó sin pruebas a los
manifestantes y los calificó de "terroristas" “La directora para las Américas de la FIDH,
Jimena Reyes, manifestó que
el Gobierno de Dina
Boluarte acusó sin pruebas y fundamentos a las personas que salieron a
protestar en su contra, al calificarlas como "terroristas". "Por este motivo, entre otros, los operativos, que contaron con la
capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como
resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza", se
señala. Además, se indica que, con la información recogida hasta
el momento, se revelaría la existencia de disposiciones
y recursos realizados por las autoridades del
Ejecutivo de Boluarte
Zegara para que "la represión tuviera como
objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo". El
Gobierno de Dina Boluarte, tras los hechos conocidos, intentó
negar públicamente sus responsabilidades frente a los mismos, culpando a los propios manifestantes de haber provocado las muertes en las diferentes regiones del país.
“Alertan hundimiento de la
democracia en el Perú. En ese
sentido, el escrito realiza un análisis sobre el contexto de la crisis
democrática que se ha presentado en el Perú desde
el 2021. A través del informe denominado 'Perú: avance del autoritarismo y regresión de
derechos', se ha indicado que existe un quiebre
institucional y destrucción del Estado de derecho. Asimismo, se denuncia que el actual Gobierno y
diversas bancadas del
Congreso han efectuado 'un oscuro pacto', el cual tendría como objetivo usurpar e
instrumentalizar los distintos organismos públicos, tales como el Ministerio Público y la Junta Nacional de
Justicia. Además,
cuestionan la liberación del exdictador Alberto Fujimori,
quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad, y la aprobación en primera
votación del proyecto de ley que propone la prescripción de los delitos de lesa
humanidad. "La
desintegración política y social que ha provocado este proyecto
conservador y autocrático ha terminado por dinamitar la
ya escasa confianza de la ciudadanía hacia sus representantes", se
manifiesta. Fuente Diario La República. Lima miércoles 26 de junio del
2024.
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PERÚ:
ACUSAN A DINA BOLUARTE ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
Organismos
de derechos humanos responsabilizan a la presidenta por crímenes de lesa
humanidad.
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La demanda
fue presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh) por los 49 muertos durante
la represión a las protestas.
Por
Carlos Noriega.
Fuente
Página /12. miércoles 26 de junio del 2024.
Desde
Lima.
Desde Lima
Organismos
de derechos humanos han acusado a la presidenta Dina
Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI) por
crímenes de lesa humanidad. La demanda fue presentada ante la Fiscalía de la CPI este martes por la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro
Derechos Humanos del Perú (Aprodeh). Se pide la
intervención del tribunal internacional para procesar a la mandataria peruana por las muertes durante la represión a las protestas
sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que marcaron el
inicio de su gobierno. La represión dejó 49
muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Militares y policías dispararon
contra manifestantes, pobladores que no participaban en las protestas e incluso
brigadistas de salud que atendían a los heridos. Boluarte alentó y aplaudió la brutal represión.
La
acusación presentada a la CPI detalla el ataque sistemático contra quienes salieron a protestar
contra el gobierno y cómo se produjeron las muertes, con un patrón de
disparos a matar. Se señala que militares y policías hicieron un uso excesivo,
desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, especialmente contra “hombres jóvenes e indígenas”. Se indica que
estos hechos constituyen crímenes de lesa
humanidad, conforme al Estatuto de Roma,
que dio origen a la CPI. En la demanda también
se precisa que la información existente revelaría que hubo disposiciones y
acciones del gobierno de Boluarte
para que “la represión tuviera como objetivo acabar con
las manifestaciones a cualquier costo”.
El gobierno de Boluarte acusó a los manifestantes de terroristas para justificar y promover la represión, y cuando se produjeron las primeras muertes por disparos elogió a las fuerzas de seguridad por su accionar, alentándolos a continuar y endurecer la represión, incrementándose el número de muertos.
Crímenes de lesa humanidad.
Gloria Cano,
directora de Aprodeh, declaró a Página/12 minutos
después de presentar personalmente esta demanda ante la CPI:
“Hemos presentado el escrito ante la Fiscalía sustentando
que se trata de crímenes de lesa humanidad, por
lo que hay competencia en materia y siendo el Perú
un país signatario del Estatuto de Roma. Hemos
desarrollado el contexto y por qué se cumple con el requisito de subsidiaridad,
que significa que no existen las garantías de
hacer justicia en el fuero interno. Hemos
desarrollado toda la inestabilidad en materia de justicia
que existe en el país. Hemos evaluado y fundamentado la sistematicidad de los
hechos”.
La presidenta Boluarte viene siendo protegida por el Congreso que
controla la derecha y
extrema derecha, que ha rechazado o encarpetado hasta ocho denuncias constitucionales contra la presidenta
por estos sucesos. La mayoría
del Congreso ha boicoteado la formación de una comisión
investigadora sobre estas muertes. Las investigaciones fiscales avanzan lentamente. Esto en un contexto en el
que desde el Congreso se
amenaza a jueces y fiscales que no se alinean a sus posturas y se avanza
con una serie de acciones para tomar el control del sistema
de justicia.
Las protestas sociales contra
Boluarte estallaron
inmediatamente después que asumió la presidencia el
7 de diciembre de 2022, en reemplazo del destituido
y encarcelado Pedro Castillo. Al asumir la
presidencia, Boluarte,
que había sido vicepresidenta y ministra de Castillo, se
alió con la derecha y extrema derecha que son mayoría en el Congreso y había
boicoteado el gobierno del que ella había formado parte. Los manifestantes exigían su salida
y nuevas elecciones para la presidencia y el Congreso. Las mayores protestas se dieron en la región sur andina, históricamente marginada y con altos niveles de pobreza.
La
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
ha denunciado masacres, ejecuciones
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los
detenidos, que ha calificado como crímenes de lesa
humanidad.
“Altos funcionarios del
gobierno lejos de poner fin a la violencia y separar a los autores
materiales, avalan y promueven la actuación de las fuerzas de
seguridad”, indicó la CNDDHH durante los meses
de protesta y represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en un
informe su
“condena enérgica al uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano”. La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación ha condenado la vulneración al derecho a la protesta y denunciado que el “excesivo uso de la fuerza” viola los tratados internacionales.
Amnistía Internacional ha denunciado
“graves
violaciones a los derechos humanos”, que
ha calificado como “crímenes contra el derecho
internacional”, con “ataques generalizados contra la población”,
disparos “de forma indiscriminada” contra pobladores pacíficos que “podrían
constituir ejecuciones extrajudiciales”. La Misión de
Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, encabezada
por Juan Grabois, que llegó al Perú en los días duros de la represión, definió lo
ocurrido como “crímenes de lesa humanidad”.
Hay una condena generalizada
de organismos nacionales e internacionales de derechos
humanos a la represión por la que ahora se acusa a Boluarte ante la CPI. Han coincidido en denunciar
una represión con carácter de discriminación racial contra poblaciones indígenas.
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