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Ciudadanos, Amigos y Amigas, publicamos dos Artículos diferentes, de dos realidades distintas hoy y una introducción que analiza e informa la realidad de las Plataformas y la flagrante violación de los Derechos de los Niños y Adolescentes.
ESPAÑA PROHIBIRÁ EL ACCESO A
LAS REDES SOCIALES A LOS MENORES DE 16 AÑOS. TAMBIÉN AUMENTARÁ EL CONTROL DE
LAS PLATAFORMAS DIGITALES. Pedro
Sánchez hizo el anuncio en la Cumbre Mundial de Gobiernos. Su advertencia sobre
lo que ocurre en el universo digital. El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá
el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras
medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que
sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus
redes. Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención ante el plenario de
la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubai y en la que participan
una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.
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“Para
Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio
saludable, y por ello ha anunciado que la próxima semana su Gobierno
aprobará una serie de medidas, entre ellas
esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16
años. Para ello, ha explicado que las plataformas deberán adoptar
medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir
ese acceso a los menores. Responsabilidad de las plataformas. Sánchez ya había anunciado su intención de
pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes ha
concretado las medidas que va a poner en marcha su Gobierno. Así, ha
asegurado que, para impedir su impunidad, serán legalmente
responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales de
las que son responsables.
“Además,
se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación
de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía
las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e
Instagram. Sánchez advirtió que las redes sociales “se han convertido
en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes, se toleran los
delitos y la desinformación vale más que la verdad” Sánchez ha anunciado
igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y
trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella
de odio y polarización “. De la misma forma, el presidente del Gobierno
ha informado de que España se ha unido a cinco países europeos en la Coalición
de los Dispuestos Digitales para avanzar de manera coordinada y eficaz
en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las
plataformas sociales.
“Según
el presidente del Gobierno, la primera reunión de esta coalición se va a hacer
efectiva en los próximos días. Sánchez ha considerado necesarias esas medidas y
ese esfuerzo conjunto debido a que las redes sociales se han convertido en “un
Estado fallido, un lugar donde se ignoran las
leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que
la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio".
Pornografía Infantil. Cómo ejemplo ha recordado, que Tik Tok ha
sido acusada de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de
pornografía infantil generados por inteligencia artificial- Instagram de espiar
a millones de usuarios de Android en todo el mundo y Facebook se
ha usado para “desplegar cientos de campañas de desinformación e
interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales”. Fuente. Página
/12. /3/01/2026/.
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POR LA AGRESIVIDAD DE LAS REDADAS MIGRATORIAS EN MINNEAPOLIS.
Los demócratas reclaman el desmantelamiento del ICE.
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El pedido de un grupo de congresistas
de diversos caucus incluye la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional,
Kristi Noem, y la apertura de un juicio político en su contra.
Mundo. Página/12.
Fuente. Página /12 martes 3 de febrero del 2026.
Un grupo de congresistas demócratas
reclamó este martes la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi
Noem, y el desmantelamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas
(ICE) tras
la muerte de dos ciudadanos
estadounidenses en
las redadas migratorias que encabezó en enero en la ciudad
de Minneapolis, perteneciente al estado de Minnesota.
“Necesitamos
desmantelar el ICE. Y, en el proceso, a la persona que dirige la agencia, bajo
cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser
destituida”, declaró el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en una
rueda de prensa afuera de la sede de la agencia en Washington.
Otros líderes --entre ellos del Caucus Asiático y del Pacífico Americano del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y el Caucus de Mujeres Demócratas-- exigieron también un juicio político contra la secretaria de Seguridad, muy cuestionada tras los sucesos en Minneapolis. En ese sentido, a modo de protesta corearon “Noem debe irse” y mostraron carteles con el mensaje “Sacar al ICE de nuestras ciudades”.
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Por su parte, Espaillat celebró la decisión de una
jueza federal que ha prohibido temporalmente al Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) impedir que los miembros del Congreso visiten los centros de
detención de inmigrantes sin previo aviso.
“Vamos a poder ejercer
nuestras responsabilidades y deberes de supervisión sin ningún tipo de
impedimento ni presión por parte del ICE o de la secretaria”, subrayó.
El miembro del Comité de Asuntos
Exteriores Joaquín Castro
se mostró aliviado por la liberación el pasado domingo de Liam Conejo, niño
ecuatoriano de cinco años, y su padre, que estaban detenidos desde el 22
de enero en Minneapolis, pero denunció que muchos más menores y familias
permanecen en el mismo centro de detención de ICE.
“Actualmente hay un bebé de dos años
encarcelado allí, y una madre detenida con sus dos hijos celebrará mañana el
decimoctavo cumpleaños de su hijo mayor”, aseguró el legislador, además de acusar a
Noem de permitir y supervisar un “mecanismo de crueldad y perversidad
construido” por la Administración del presidente Donald Trump.
El avance del ICE.
La Casa Blanca lanzó el pasado
diciembre la llamada operación “Metro Surge”, un conjunto de operativos para
arrestar a migrantes indocumentados en Minnesota, gobernado por los demócratas,
después de que el gobierno pusiera el foco sobre casos de malversación de fondos
federales ligados a la comunidad somalí del estado. Las agresivas
redadas han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles
de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para
exigir la salida de ICE del estado.
Pese a ello, la jueza federal
Katherine Menéndez avaló el sábado que continúen las redadas
migratorias ordenadas
por el presidente de Estados Unidos, al rechazar una medida
cautelar solicitada por el fiscal general de
Minnesota, Keith Ellison, y por los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul.
Ellos habían pedido frenar los operativos al considerar que el DHS violó
diversas protecciones constitucionales.
Ante la creciente presión, Trump
ordenó ese mismo día retirar la presencia de agentes federales en las
manifestaciones en Minneapolis y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán
defendiendo las instalaciones propiedad del Gobierno federal.
“Los agentes federales protegerán
con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por
estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados”, recalcó en una publicación en su
red social, Truth Social. “No se permitirá escupir en la cara a nuestros
oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a nuestros vehículos, ni se
lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros
Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores”,
detalló.
Trump había relevado unos días antes
el mando operativo y envió
a la zona a su zar fronterizo, Tom Homan, en busca de una desescalada,
aunque ha prometido que las redadas continuarán.
“No estamos renunciando
a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera
inteligente”, puntualizó Homan durante una conferencia de prensa. También
precisó que la retirada de las fuerzas depende de la cooperación y que “un
delincuente en la cárcel significa menos agentes en las calles”.
La muerte de Pretti y Good.
En el transcurso de los operativos en
Minneapolis, murieron
por disparos dos personas, Renée Good y Alex
Pretti, ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense, hechos
que contribuyeron a la indignación en todo el país y en la bancada
demócrata. El lunes, un breve informe divulgado por la oficina del
equipo forense del condado de Hennepin, en Monneapolis, sostiene que
Pretti murió por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin
Healthcare y que su caso se trata de un homicidio --al
igual que el caso de Good--.
El medio ProPublica dio a conocer que
los agentes que dispararon a Pretti son Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza
(USBP), y Raymundo
Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En
paralelo, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi
Noem, anunció que los agentes de inmigración desplegados en
Minneapolis empezarán a llevar cámaras corporales a raíz de las muertes de
Good y Pretti y que la orden se extenderá a todo el país a medida que
haya presupuesto disponible.
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President Donald Trump delivers remarks at the US-Saudi Investment Forum Elon Musk looks on as US President Donald Trump speaks at the US-Saudi Investment Forum at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC on November 19, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP).
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LA JUSTICIA FRANCESA ALLANÓ LA SEDE DE X EN PARÍS.
Algoritmos, discursos de odio y control estatal bajo la lupa.
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El operativo se enmarca en una causa
por contenidos ilegales, fallas en la moderación y el rol de la inteligencia
artificial. Elon Musk fue citado a declarar.
Por- Mundo Página /12.
Fuente. Página /12 martes 3 de febrero del 2026.
El allanamiento de la sede de X
(ex Twitter) en París,
ordenado por la Justicia francesa, marcó un punto de inflexión en la
relación entre los Estados europeos y las grandes plataformas digitales.
El operativo, realizado este martes por la Fiscalía de París con
intervención de su unidad especializada en ciberdelitos, se inscribe
en una investigación penal de alcance creciente que apunta a la
responsabilidad de la empresa en la difusión de contenidos
ilegales, la opacidad de sus algoritmos y el rol de la inteligencia artificial
en la circulación de discursos dañinos.
La medida incluyó el secuestro
de documentación interna y material digital en las oficinas francesas
de la red social, con
el objetivo de reconstruir cómo funcionan los sistemas de moderación, recomendación
y generación de contenidos. En paralelo, la Justicia citó a declarar al
propietario de la compañía, Elon Musk, y a
la exdirectora ejecutiva Linda Yaccarino,
además de convocar como testigos a trabajadores de la filial local.
La investigación se originó a partir de denuncias
presentadas por legisladores franceses, que alertaron sobre posibles sesgos
algorítmicos en X capaces de distorsionar el debate público y
amplificar mensajes de odio o desinformación. Con el correr de los meses,
la causa se amplió y comenzó a incorporar hipótesis más graves,
vinculadas a la difusión de material de abuso sexual infantil, la circulación
de deepfakes sexuales y la
persistencia de contenidos negacionistas del Holocausto, todos ellos
delitos tipificados por la legislación francesa.
Uno de los ejes centrales del expediente es el papel
de Grok, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por X,
que no sólo organiza la visibilidad de los contenidos,
sino que también produce textos e imágenes de forma automática.
Según los investigadores, la herramienta habría contribuido a la generación
y propagación de materiales ilegales, lo que abre un debate clave sobre
la responsabilidad penal de las empresas tecnológicas por los actos de sus
sistemas automatizados.
Desde la Fiscalía remarcaron que el allanamiento no implica,
por ahora, una imputación formal contra Musk ni contra otros
directivos, pero sí representa una escalada
significativa en la causa. Las citaciones para declarar fueron
presentadas como voluntarias, aunque la Justicia busca establecer
si la empresa cumplió con sus obligaciones de prevención, control y
remoción de contenidos ilegales, tal como exige la normativa francesa y
europea.
El caso de X se inscribe en
un endurecimiento del enfoque regulatorio en Europa frente a las plataformas digitales.
En los últimos años, la Unión Europea avanzó con marcos legales que obligan
a las empresas tecnológicas a asumir mayores responsabilidades sobre
lo que circula en sus servicios, en especial cuando están en juego
la protección de menores, la violencia simbólica y los discursos de
odio. Francia aparece ahora a la vanguardia de ese proceso, al llevar el
conflicto al terreno penal.
Desde la compañía, X rechazó las
acusaciones y calificó la investigación como un ataque a la libertad de
expresión, un argumento
recurrente desde que Musk tomó el control de la red social y desmanteló buena
parte de sus equipos de moderación. Para los denunciantes, en
cambio, el problema no es la expresión sino la ausencia
de controles efectivos y la decisión empresarial de priorizar la
viralización por sobre el impacto social de los contenidos.
Más allá del desenlace judicial, el
allanamiento en París
expone una tensión de fondo: quién regula el espacio
público digital y bajo qué reglas. La causa contra X pone en discusión
los límites del poder de las plataformas, el rol de la inteligencia
artificial en la producción de sentido y la capacidad de los
Estados para hacer cumplir sus leyes frente a corporaciones globales.
Un debate que ya no se libra sólo en el plano
político o cultural, sino también en los tribunales.
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