“LA SALUD NO PUEDE SER CONSIDERADA UN GASTO EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS”. Entrevista a Rosana Onocko-Campos, referente de salud pública en la región

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PREGUNTA CENTRAL EN TIEMPOS DEL NEOLIBERALISMO. HOY AUN HEGEMÓNICO en AMERICA LATINA. LA SALUD DEBE SER RESPONSABILIDAD del ESTADO Y POR lo TANTO es una INVERSIÓN PÚBLICA. En Hospitales, Postas, Medicinas, Personal de Salud, etc. O ACEPTAMOS “EL MANDAMIENTO NEOLIBERAL” (Políticas del Consenso de Washington) que la SALUD es un GASTO y por lo tanto es RESPONSABILIDAD de la POBLACIÓN, de cada CIUDADANO, de cada FAMILIA y tiene VIGENCIA la SALUD en MANOS PRIVADAS. (Clínicas, Hospitales, Corporaciones Farmacéuticas, las grandes privilegiadas del Covi-19, ganaron más Billones que todas las otras Corporaciones. Hoy siguen las Tecnológicas y Plataformas y con otro competidor, las Corporaciones de la GUERRA). En Toda su dimensión la han visto todos ustedes en tiempos de la PANDEMIA del COVI-19 y hoy en nuestro país con la expansión de la Enfermedad del DENGUE, sumado a ello dos nuevas enfermedades la POLIO y el SARAMPION, donde sigue el abandono total del Estado a través de los gobiernos de turno. Invitados a una lectura, una entrevista a una distinguida Profesional de la SALUD. No olvidemos un principio y una práctica de la DEMOCRACIA y del ESTADO de BIENESTAR SOCIAL – PRE O ANTES – AL NEOLIBERALISMO, en todas las Constituciones de Europa. Que venía desde los 30 años de Oro del Capitalismo, es decir, gran desarrollo del capitalismo y la Democracia en Europa – 1949-1979, son DERECHOS CIUDADANOS CONSTITUCIONALES: Educación, Salud, Bienestar Social (Trabajo, Salarios Dignos y Vivienda). Principios que EUROPA nos regaló al mundo desde el Estado de Bienestar Social, La Ciudadanía y la Democracia.

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“LA SALUD NO PUEDE SER CONSIDERADA UN GASTO EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS”.

Entrevista a Rosana Onocko-Campos, referente de salud pública en la región

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Por Pablo Esteban.

Fuente. Página/12 sábado 3 de junio del 2023.

 

La especialista reivindica el rol de los Estados en la creación de un sistema sanitario más equitativo e inclusivo, en un escenario signado por el creciente poder de las corporaciones farmacéuticas y la presión de los laboratorios.    

El rol de los Estados regionales en la promoción de una salud equitativa e inclusiva, el papel que deben desempeñar los profesionales del rubro luego de una pandemia que, al menos en apariencia, reivindicó su protagonismo en la sociedad, el horizonte de la soberanía sanitaria al que apuntan los países latinoamericanos en un marco caracterizado por el poder de las grandes corporaciones farmacéuticas: sobre todo ello ofrece su perspectiva Rosana Onocko-Campos, presidenta de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva.

“Pienso que se puede crear un futuro más inclusivo, aunque para ello haya que discutir fuertemente esa idea de la derecha que afirma que la salud es un gasto”, señala la médica (Universidad Nacional de Rosario), psicoanalista y doctora en Salud Colectiva (Universidad Estatal de Campinas, Brasil), que visitó Argentina en ocasión del 1° Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública.

--Usted es especialista en salud pública. ¿Qué pasa en Latinoamérica al respecto?

--Nuestros países tienen algunas características comunes: la desigualdad, el racismo, las secuelas del colonialismo, las democracias jóvenes que aún exhiben fragilidades, las enormes presiones internacionales que enfrentamos para pagar nuestras deudas externas. Todo eso me lleva a pensar que las tareas que tenemos quienes trabajamos con salud colectiva es buscar la inclusión social en la región para la disminución de la inequidad. Y en este punto el término de “una salud” puede ser muy beneficioso.

--¿Qué implica ese término?

--Tiene que ver con pensar un modelo de desarrollo que sea inclusivo y respetuoso de las diferencias, pero que al mismo tiempo respete la salud ambiental, animal y humana. Si no pensamos en otras formas de producción, no vamos a ser capaces de defender absolutamente nada. En el MERCOSUR tenemos las principales productoras de commodities que alimentan el planeta, por ende, nos toca a nosotros la responsabilidad de transformar los modos en que elaboramos nuestros alimentos. La salud es algo muy complejo como para no detenerse a pensarla.

--Uno de los temas más importantes, ya que estudia salud en la región, es el de la soberanía sanitaria.

--Sí, cuyos problemas se vieron muy claros durante la pandemia. La planificación sanitaria y la producción de insumos, como pueden ser barbijos y también tecnologías más refinadas, tienen las condiciones para operar como un factor de desarrollo para las naciones y no ser observadas como un mero gasto.

--¿Cómo se puede ejercer esta soberanía si las corporaciones en el área --los laboratorios y farmacéuticas-- constituyen los actores más poderosos del mundo?

--Es cierto que son poderosos, pero ello no implica que sea imposible ejercer soberanía: hoy uno de los grandes productores de drogas y vacunas es la India. Aunque ahora hay algunas que deben importarse, hasta hace muy poco tiempo Brasil elaboraba todas sus vacunas prácticamente. Cuba lo mismo. Si bien siempre habrá tecnologías que tendremos que adquirirlas de afuera, no significa que debamos hacerlo con la mayoría de los insumos. Esto se articula directamente con entender que el dinero destinado a ciencia y tecnología es una INVERSIÓN y no un gasto. Si nos vamos a dedicar solamente a seguir siendo productores de materia prima no tenemos ningún futuro.

--Antes hablaba de la inclusión, ¿la salud es inclusiva en la región?

--Argentina se caracterizó, históricamente, por un sistema de salud fragmentado y estratificado, gracias a la presencia de lo público que convive con obras sociales y prepagas. En Brasil, por ejemplo, el 75% de la gente utiliza el sistema público y el 25% restante acude a lo privado. De esa mayoría que utiliza el público, una parte gasta algo de su bolsillo para compensar algunas de las necesidades que no se pueden satisfacer. Nuestro país no tiene un sistema unificado, siempre hubo una resistencia muy grande de los sindicatos. Sería ideal disminuir la fragmentación; pienso que se puede crear un futuro más inclusivo, aunque para ello haya que discutir fuertemente esa idea de la derecha que afirma que la salud es un gasto.

--¿Qué piensa del presente de los profesionales de la salud? En general, los gobiernos latinoamericanos tienen una cuenta pendiente: revertir la precarización laboral.

--Nosotros estamos proponiendo que se cree una carrera pública de salud. De la misma manera que la tienen los militares o los jueces, que son considerados de primera necesidad. ¿Los médicos no? Me parece que, en definitiva, es un problema que se relaciona con la dignidad.

--¿En qué sentido?

--Cuando un paciente se acerca a una unidad de atención y el trabajador está cansado, malhumorado y burocratizado, sin quererlo, retroalimenta este sistema del cual formamos parte y necesitamos cambiar. Creo que los trabajadores de la salud tenemos un rol clave como agentes de la transformación social. Somos parte de la solución y no del problema. Para esto debe haber un marco propiciado por los gestores, las leyes y el financiamiento destinado a los sistemas públicos. Si los representantes de la salud pública no defendemos lo público nadie lo hará.

--En esta defensa, ¿Qué lugar tiene lo privado?

--Mirá, te voy a responder a título personal. Desde que estaba en la Universidad Nacional de Rosario, de jovencita, nos preguntábamos con nuestros compañeros si era ético ganar dinero con la enfermedad ajena. ¿Podemos tener lo privado? ¡Podemos! Aquella gente que sea muy rica y tiene derecho a pagar otro servicio, ¿puede hacerlo? ¡Claro que puede! Ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es con que con los impuestos públicos se financie lo privado.

--De manera reciente, la pandemia puso a prueba los sistemas de salud a nivel mundial. Usted estaba en Brasil, ¿cómo fue esa experiencia?

--Vivimos la pandemia con el pandemonio. Estábamos en manos de alguien, como Jair Bolsonaro, que hablaba en contra de las vacunas, que no hizo nada para planificar un aislamiento social coordinado. Instrumentó un ataque continuo al gesto solidario y al cuidado colectivo que fue muy destructivo. Daba la sensación de que estábamos en un avión y no estaba el piloto. Brasil tiene cifras de muertes muy por encima de lo que le correspondería por su población si se lo compara con el resto de las naciones; fallecimientos por covid que, como se podía esperar, se distribuyeron de manera desigual. Los negros, pobres y periféricos siempre la pasan peor. En Argentina la realidad fue distinta, de hecho, al gobierno se lo acusó de lo contrario, de demasiado precavido. Se presentaba una falsa dicotomía entre salud y economía cuando no la había.

Encuentro para una salud más equitativa y humana

Entre jueves y viernes se celebró el 1° congreso internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP). Más de 1.200 personas se reunieron con el objetivo de debatir en torno a la necesidad de una salud pública y colectiva. Bajo esta premisa, los presentes coincidieron en que los trabajadores y las trabajadoras del sector puedan sostener “el protagonismo y la mística” alcanzada durante la pandemia. En paralelo, también instaron a los diversos espacios políticos que disputarán las elecciones este año a no desjerarquizar el área, como ocurrió durante el mandato macrista, cuando de ministerio se degradó en secretaría.

Del evento, realizado en Palais Rouge (Palermo), participaron el presidente de la AASAP y el actual rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, así como también, las autoridades sanitarias de todo el arco político como Nicolás Kreplak, titular de la cartera sanitaria bonaerense; Sandra Tirado, secretaria de Calidad en Salud de la Nación; así como también Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la CABA.

Bajo el lema, “Una salud: para una Argentina con equidad”, se presentaron un total de 80 paneles temáticos, más de 350 trabajos, posters, stands y talleres participativos. El enfoque, de manera reciente incorporado por la Organización Mundial de la Salud, comprende a la salud humana y animal como interdependientes y en estrecha relación, al mismo tiempo, con el ambiente y contexto en el cual interactúan.

Bajo esta premisa, sostienen sus referentes, no es suficiente el análisis técnico de especialistas en el tema si no se tienen en cuenta variables como la problemática ambiental con el efecto de la contaminación y el cambio climático; las cuestiones alimentarias como el sobrepeso, la malnutrición y la desnutrición; los aspectos que impactan en el desarrollo de las sociedades; la pobreza que acecha a una parte mayoritaria de la población; la salud animal y la amenaza de nuevas pandemias a partir de las zoonosis; el respeto por la diversidad sexual; la interculturalidad y las necesidades propias de las minorías.

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CUMBRE DEL G-7: ¿QUÉ DISCUTIERON LOS PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO?

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“La cumbre del G-7 no estuvo exenta de protestas callejeras, ya que muchos manifestantes expresaron su descontento con el evento y las políticas de los países participantes. Estas protestas destacan la importancia de la participación ciudadana y el deseo de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones globales. Aunque las protestas no alteraron el curso de la cumbre, sirvieron como recordatorio de los desafíos políticos y sociales que enfrentan las economías avanzadas y la necesidad de abordar las preocupaciones de la ciudadanía. 

“En conclusión, la cumbre del G-7 generó situaciones destacadas como la presencia del presidente Zelenski y abordó una serie de desafíos globales, aunque sin ofrecer claridad sobre los pasos a seguir. Las críticas hacia China y las sanciones contra Rusia reflejaron las tensiones internacionales actuales. Las protestas callejeras subrayaron la importancia de abordar los problemas más apremiantes de la sociedad. A medida que las discusiones continúan, la atención se centra en la implementación de las decisiones tomadas en la cumbre y en la búsqueda de soluciones colaborativas para los desafíos globales.

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CUMBRE DEL G-7:

¿QUÉ DISCUTIERON LOS PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO?

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Por Juan Negri | 02/06/2023 | Mundo

 

Fuente- Rebelión viernes 2 de junio dl 2023.

 

La cumbre del G-7, reunida en mayo en Hiroshima, estuvo marcada por la guerra de Ucrania y las tensiones entre Estados Unidos y China.

La Cumbre del Grupo de los Siete (G-7) es un evento anual que reúne a los líderes de siete de las economías más avanzadas del mundo (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), además de la Unión Europea. Este año la cumbre se celebró en mayo en Hiroshima, en un contexto global complejo y desafiante, y fue marco de varios acontecimientos trascendentes. Desde la presencia del presidente ucraniano Volodímir Zelenski hasta las críticas hacia China, las sanciones contra Rusia y las protestas callejeras, esta cumbre ha reflejado la importancia de la geopolítica y las tensiones internacionales actuales. 

Como suele ocurrir con este tipo de encuentros de alto nivel, no son tan importantes los resultados concretos de política pública, que suelen estar vagamente propuestos en comunicados finales muy voluntaristas. Lo relevante es identificar las preocupaciones geopolíticas del momento y cómo las potencias mundiales reaccionan frente a ellas. Asimismo, son reuniones que dejan pistas sobre cuáles son las alianzas y coaliciones que se están amalgamando. 

Las mayores preocupaciones de «Occidente» hoy son la invasión rusa de Ucrania y el ascenso de China, y eso se vio reflejado en la agenda de la cumbre del G-7. En efecto, uno de los hechos destacados fue la presencia de Zelenski. La participación del presidente ucraniano representó un gesto significativo de apoyo a Ucrania en medio del conflicto bélico con Rusia. La cuestión del Este europeo fue una de las escasas instancias de consenso entre los líderes, que mostraron solidaridad con Ucrania y reafirmaron su compromiso de proteger la soberanía y la integridad territorial del país. Además de nuevas iniciativas para proporcionar asistencia financiera y técnica a Ucrania, se anunciaron sanciones adicionales contra Rusia, tales como la restricción de exportaciones de artículos claves para el armamento militar ruso por parte de todos los países del G-7, un aumento en la vigilancia del cumplimiento de las sanciones ya en vigor, el mantenimiento de las limitaciones al uso ruso del sistema financiero internacional y la disminución de la dependencia europea de la energía proveniente de ese país. Estas medidas muestran que el G-7 está determinado a hacer frente a las acciones de Rusia que amenazan la seguridad y la estabilidad en la región y más allá. Sobre todo, la preocupación manifestada respecto a la invasión y la presencia de Zelenski sugieren que el G-7 considera a Rusia un agresor que desafía el orden internacional liberal que Occidente busca preservar. 

China también estuvo en el centro de la atención durante la cumbre, ya que los miembros del G-7 comparten una preocupación por su ascenso como potencia económica mundial. El comunicado del grupo es llamativamente duro en este punto, ya que habla de la necesidad de contrarrestar las «prácticas malignas» y «coerción económica china». El objetivo es fortalecer la resiliencia y seguridad económica del G-7 frente al uso coercitivo del poder económico de China. Los líderes expresaron preocupación por los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong, así como por la creciente influencia económica y política de Beijing. Además, el G-7 mostró su voluntad de competir con China en el ámbito tecnológico y digital, y se comprometió a promover un enfoque basado en reglas en el sistema económico global. Estas críticas reflejan la creciente rivalidad geopolítica y económica entre el G-7 y China, y la importancia para el G-7 de establecer una postura común entre las economías más avanzadas del mundo. Así, se lanzó una plataforma de coordinación sobre coerción económica para proteger las cadenas de suministro globales y prevenir el uso militar de tecnologías desarrolladas. 

En relación con este tema, sin embargo, el G-7 enfrenta algunos problemas. En primer lugar, hay falta de unidad de acción respecto de China en comparación con Rusia. Los miembros europeos del G-7 se benefician de su intercambio con la nación asiática, y es difícil que puedan aislarse de ella al mismo tiempo que deben reorientar su política energética fuera de la órbita rusa. Asimismo, varios de los aliados estadounidenses en el Pacífico son muy dependientes del mercado chino. Además, las conclusiones del G-7 sobre China incluyen mensajes contradictorios: buscan «establecer relaciones constructivas», pero también señalan áreas de conflicto en temas como la militarización de islas, los abusos a los derechos humanos y la presión sobre Taiwán. Por último, el enfoque del G-7 en la competencia con China podría alienar a otros actores, como la India y Brasil, que recelan de la continuidad de la hegemonía estadounidense. 

Todo esto parece sugerir que no será fácil alcanzar algo así como un bloque «occidental» que se enfrente a China con posturas unificadas, que la posición «dura» estadounidense de alejar a sus aliados europeos de Beijing enfrenta serias dificultades y que, para bien o para mal, la penetración del gigante asiático en la economía mundial es un hecho. Queda por ver si China busca modificar las reglas del orden económico liberal o solamente quiere presidir ese viejo orden. 

Lo que es evidente es que hoy existen diferentes opiniones sobre cómo lidiar con el ascenso chino, y que no hay alineamiento automático con lo que Washington desearía. La situación con Rusia es distinta. La invasión de Ucrania no solo es una violación del derecho internacional, sino que implica además un desafío al continente europeo en dos de sus flancos más débiles: la energía y la seguridad. No debe sorprender entonces que en este tema Washington consiga un apoyo europeo más firme.  

Como no podía ser de otra manera, tanto Moscú como Beijing arremetieron contra una cumbre que no solamente no los incluye, sino que parece deliberadamente orientada en contra de ellos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó al G-7 por la soberbia de creerse «su propia grandeza». Por su parte, su par chino, Qin Gang, acusó a los líderes del G-7 de obstaculizar la paz internacional por su decisión de difamar y atacar a China, y afirmó que es necesario que el grupo reflexione sobre su propio comportamiento. 

En este punto, China juega su propia carta: presentar la línea dura estadounidense como la única disruptiva del orden económico mundial. La respuesta china enfatiza que Europa no debería convertirse en cómplice de la «coerción económica» estadounidense, que busca «dividir el mundo sobre la base de ideologías y valores». Aun cuando la imagen china en Europa ha recibido un duro golpe en los últimos meses (con su relativa cercanía con Moscú, el aumento de la presión militar sobre Taiwán y las sanciones económicas contra Lituania, luego de un desacuerdo sobre la isla reivindicada por Beijing), la importancia económica del país asiático es un imán del que parece difícil despegarse y que seguramente crecerá. Sin embargo, la dureza del comunicado del G-7 contra China es significativa, lo que sugiere que los esfuerzos diplomáticos estadounidenses para alinear a sus socios europeos en el plano discursivo son importantes.   

El análisis de lo ocurrido en la cumbre muestra también que, a pesar de la inclusión de líderes de países no pertenecientes al grupo (tales como la India, Indonesia, Brasil, Corea del Sur y Vietnam), sus preocupaciones y prioridades no recibieron suficiente atención. Efectivamente, los resultados principales de la cumbre reflejan un enfoque centrado en la continuación del apoyo militar y económico a Ucrania, así como en la adopción de una postura firme contra el uso del poder económico de China para intimidar a economías más pequeñas. Estas dos prioridades relegan las preocupaciones de los países fuera del G-7 a un segundo plano. Pero el éxito de las prioridades occidentales en las cuestiones rusa y china depende en gran medida de la disposición de los países que no integran el G-7 a respaldarlas. Para esto es necesaria la construcción de coaliciones más amplias y el despliegue de incentivos para alejar eventualmente a esos países de las órbitas rusa y china. La cumbre se concentró, empero, en medidas coercitivas (las típicas sanciones y ayuda militar), lo que limita las posibilidades de cooperación efectiva. Para lograr un consenso real y abordar los desafíos globales de manera integral junto con el resto del mundo, es necesario dar más espacio a las prioridades políticas del denominado «Sur global» en las discusiones y decisiones del G-7. Y será necesario hacer un mayor esfuerzo para persuadir a los países del Sur global de subirse a la agenda del G-7. Esta tarea no es fácil, ya que buena parte de estos países tiene intereses y necesidades muy diversas. Pero al menos el G-7 podría esforzarse en brindar un mayor espacio a sus prioridades políticas.

Para los países que no integran el G-7, la incapacidad del bloque de construir esos consensos y de incluirlos más activamente no hace más que alimentar las rivalidades geopolíticas que algunos países ya despliegan. Tanto Narendra Modi en la India como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, por ejemplo, mantienen reservas hacia la hegemonía estadounidense. Sus vínculos comerciales con China (en especial, en el caso brasileño) llevan a que no estén dispuestos a subirse dócilmente a las propuestas de Estados Unidos. Si bien hasta ahora no ha redundado en resultados concretos, tanto la India como Brasil comparten espacios con Moscú y Beijing en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). No será fácil convencer a ninguno de los dos de plegarse a una disputa Oeste-Este como la que promueve Washington. Ni siquiera la India, que hace décadas mantiene un conflicto limítrofe con China, se siente cómoda alineándose con Occidente.   

En este punto, es relevante reflexionar qué ha traído de nuevo el gobierno de Joseph Biden a la política exterior de Estados Unidos desde su asunción en 2021. A la prioridad de contener el ascenso chino (política que comparte con su antecesor, Donald Trump), Biden le añadió la necesidad de diferenciarse del ex-presidente republicano en la búsqueda de socios internacionales. Esta combinación resultó en una vuelta al internacionalismo liberal (lo que lo diferencia de Trump) para intentar contener los desafíos a ese orden. Así, por ejemplo, el G-7, que una década atrás había caído en cierta irrelevancia en beneficio del G-20, vuelve a recobrar protagonismo. La intención de Washington es reafirmar la alianza con el «Occidente tradicional» que había sido abandonada por Trump. El resultado de la cumbre del G-7 refleja de asimismo las prioridades Biden en política exterior: utilizar las herramientas del capitalismo internacional estratégicamente, aun si eso va en contra de los pilares fundamentales del «Consenso de Washington» noventista. Así, entonces, Estados Unidos se aleja de la desregulación completa, el outsourcing en aras de la eficiencia (la delegación de algunas tareas de una empresa en otra, incluso de un país a otro), el libre comercio y la inversión directa. Washington parece dispuesto a reestructurar las cadenas globales de valor para repatriarlas (nearshoring) o al menos conducirlas a países aliados (friendshoring), invertir en sectores estratégicos (un ejemplo es la industria de los semiconductores para fortalecer a Taiwán) o restringir las exportaciones a China. Esta agenda económica se complementa con otra basada en nuevos desafíos mundiales: desarrollo de infraestructura, respuestas globales a emergencias sanitarias y al cambio climático, y la no proliferación nuclear. En esta agenda «no económica» no hay por ahora resultados concretos a la vista.

Fuera de estas cuestiones (Rusia, China y la economía mundial), el encuentro ofreció la dosis habitual de buenas intenciones y medidas a futuro. Los países del G-7 se comprometieron a llevar adelante algunas iniciativas tendientes al crecimiento económico (promoción de empleo, crecimiento sostenible, cadenas de valor resistentes), la protección del ambiente (mantenerse dentro del umbral de un aumento de 1,5°C en la temperatura global, detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030 y garantizar la seguridad energética) y la no proliferación nuclear. 

Sobre esta última cuestión, la sede del encuentro contiene mucho simbolismo. La cumbre tuvo lugar en una de las dos únicas ciudades que experimentaron la devastación nuclear. El anfitrión, el primer ministro japonés Fumio Kishida, es un defensor de la política de no proliferación nuclear, una tradición de política exterior que su país defiende hace décadas. Hiroshima era el lugar ideal para reflexionar sobre la cuestión de las armas nucleares. Durante su visita, todos los líderes de los países participantes (incluidos los Estados con armas nucleares) depositaron flores en el cenotafio para las víctimas de la bomba atómica y visitaron el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. El presidente Zelenski aprovechó la ocasión para afirmar que «nadie tiene derecho a chantajear al mundo con un desastre radiactivo». 

El esfuerzo diplomático japonés fue evidente. Japón demostró su poder de convocatoria al invitar a los mencionados líderes influyentes de otros países y representantes de organizaciones regionales como el presidente de las Comoras, Azali Assoumani, actual líder de la Unión Africana, y el primer ministro de las Islas Cook, Mark Brown, actual presidente de la Cumbre de las Islas del Pacífico. Los recientes viajes del primer ministro Kishida a África, la India y Corea del Sur también reflejan este enfoque inclusivo. El lenguaje fuerte del documento final, en el que se pone el acento en la importancia de Taiwán para la seguridad y la prosperidad internacionales y se insta a China a abstenerse de «actividades de interferencia», también muestran la influencia japonesa. 

La cumbre del G-7 no estuvo exenta de protestas callejeras, ya que muchos manifestantes expresaron su descontento con el evento y las políticas de los países participantes. Estas protestas destacan la importancia de la participación ciudadana y el deseo de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones globales. Aunque las protestas no alteraron el curso de la cumbre, sirvieron como recordatorio de los desafíos políticos y sociales que enfrentan las economías avanzadas y la necesidad de abordar las preocupaciones de la ciudadanía. 

En conclusión, la cumbre del G-7 generó situaciones destacadas como la presencia del presidente Zelenski y abordó una serie de desafíos globales, aunque sin ofrecer claridad sobre los pasos a seguir. Las críticas hacia China y las sanciones contra Rusia reflejaron las tensiones internacionales actuales. Las protestas callejeras subrayaron la importancia de abordar los problemas más apremiantes de la sociedad. A medida que las discusiones continúan, la atención se centra en la implementación de las decisiones tomadas en la cumbre y en la búsqueda de soluciones colaborativas para los desafíos globales.

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DENGUE: LIMITACIONES Y DESAFÍOS PENDIENTES.

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“Tercero, débil liderazgo y la polarización extrema.  A los factores ya señalados, se suma el hecho de que todas las autoridades responsables de enfrentar la epidemia del dengue son nuevas. Tanto la presidenta de la república y sus ministros, nacidos en medio de un intento fracasado de golpe de estado, como las autoridades regionales y municipales, elegidas con el voto popular. Todas estas autoridades son herederas, además, de un profundo deterioro de la confianza ciudadana en su clase política dirigente y una marcada polarización e inestabilidad.

“Lamentablemente, esta situación no ha hecho sino empeorar desde que la Sra. Dina Boluarte asumiera el cargo de presidenta de la república, fundamentalmente por la violenta represión a las movilizaciones sociales que demandaban el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales, lo cual dejó como saldo casi 60 muertos y una aguda pérdida de legitimidad tanto en el ejecutivo como en el poder legislativo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, en cinco meses de gestión, la desaprobación del ejecutivo es del 85% y la del congreso 94%. Tal y como lo señala Francis Fukuyama, sin legitimidad y sin confianza en las instituciones, es imposible ejercer el liderazgo que una epidemia requiere para lograr el trabajo conjunto de todos los actores, incluyendo a la ciudadanía y sus representantes. Un ejemplo práctico de esta situación es que casi la mitad de la población se niega a abrir sus casas para facilitar la fumigación. 

“En resumen, sin competencias para actuar sobre los factores que favorecen la reproducción del mosquito, con un poder muy limitado para intervenir en la provisión de los servicios de salud a nivel regional y con una aguda crisis de confianza y una extrema polarización política y social que obstaculiza el accionar conjunto de la ciudadanía y sus instituciones, era muy aventurado, desde el Ministerio de Salud, comprometerse a reducir de manera efectiva el azote de esta enfermedad. Y las cifras oficiales así lo demuestran. 15 días después, el número de casos se ha más que duplicado, superando los 115,000, y el de fallecidos se acerca a 170 (una cuarta parte solo en la región de Piura), cifras nunca registradas en los últimos 30 años desde la reintroducción del dengue en el país.

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DENGUE: LIMITACIONES Y DESAFÍOS PENDIENTES.

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Por Víctor Zamora.

Otra Mirada Lima jueves 1 de junio del 2023.

 

El Ministerio de Salud no puede asegurar el cumplimiento de esta promesa debido a sus capacidades limitadas y competencias insuficientes, tanto para el control del mosquito transmisor como para la provisión de servicios de salud a nivel regional. Situación que se ha complicado aún más por la profunda crisis social y política, la cual está marcada por los altos niveles de pérdida de legitimidad de la autoridad, la desconfianza y la polarización, lo que limita uno de los factores clave para la lucha contra el dengue: la movilización social. 

Primero, controlar los contagios

El control de los contagios de dengue depende de reducir al máximo las posibilidades de reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad, el Aedes aegypti. Este insecto requiere agua limpia para reproducirse, ya sea potable o proveniente de la lluvia.

Las personas que no tienen acceso constante a agua potable se verán obligadas a almacenarla en recipientes de diversos tamaños, desde tanques cisterna hasta baldes y ollas. Si estos recipientes no están adecuadamente tratados y no se les tapa de forma permanente, se convierten en lugares propicios para la reproducción de los mosquitos.

En áreas donde las condiciones de vivienda y saneamiento son precarias, es común encontrar objetos inservibles, como llantas viejas, latas o botellas rotas, que se convierten en criaderos de mosquitos al acumular agua de la lluvia.

Por tanto, para controlar la propagación del mosquito, es necesario garantizar condiciones adecuadas de vivienda y saneamiento, incluyendo el acceso permanente a agua potable. Además, se requieren campañas educativas y de concientización sobre la enfermedad, así como sobre las medidas necesarias para controlar su propagación en el hogar y la comunidad. 

También es fundamental llevar a cabo una vigilancia constante de la presencia y el comportamiento del mosquito para determinar cuándo y dónde atacarlo. 

La responsabilidad de implementar oportuna y adecuadamente estas intervenciones recae principalmente en los gobiernos locales y regionales, no en el Ministerio de Salud. El Ministerio puede establecer los estándares, brindar asistencia técnica y movilizar recursos financieros complementarios. 

En conclusión, el Ministerio de Salud no puede cumplir por sí solo con la promesa de controlar la transmisión del dengue en 15 días, ya que las competencias para ejecutar las intervenciones clave para controlar el vector, están delegadas a los gobiernos regionales y locales.

Segundo, reducir la mortalidad.

Sin embargo, el riesgo de morir por dengue, una vez infectado, está relacionada con el de acceso a servicios salud de calidad, algo que el Ministerio de Salud tampoco puede garantizar plenamente a nivel nacional, y mucho menos en las regiones.

Como aprendimos durante la pandemia del COVID-19, el sistema público de salud del Perú enfrenta desafíos significativos, entre ellos su muy precario financiamiento – entre los más bajos de América Latina –, la alta fragmentación (con aproximadamente treinta subsistemas con financiamiento público) y los elevados niveles de corrupción. A estas fracturas estructurales se suma el proceso de descentralización de la salud.

Aunque a los ojos de la población, las postas, los centros de salud o los hospitales siguen siendo responsabilidad del MINSA, en realidad su gestión recae en los gobiernos regionales (con excepción de Lima Metropolitana). 

En situaciones como esta, nuevamente, el ministerio puede apoyar, por ejemplo, declarando el estado de emergencia sanitaria, lo que flexibilizará en cierta medida las rigideces administrativas para realizar compras o contratar personal. También podrá gestionar recursos financieros adicionales y movilizar asistencia técnica para asesorar o capacitar. Incluso podrá desplegar brigadas de apoyo para el cuidado de pacientes.

Lo que el MINSA no puede hacer en una región es tomar decisiones referentes a la gestión presupuestal, la organización de los servicios (por ejemplo, los turnos de atención o los desplazamientos del personal, la utilización de los ambientes, etc.) y mucho menos decidir quiénes deben ser los responsables de liderar la respuesta sanitaria en esos territorios.

Todas estas funciones son responsabilidad de los gobiernos regionales, quienes están amparados en su marco normativo y tienen la legitimidad del voto.

En resumen, con un sector salud precario y sin control directo sobre la provisión de servicios, la titular del sector salud podrá apoyar, pero, lamentablemente, no puede garantizar la provisión efectiva de servicios de salud, ya que no tiene poder de decisión sobre ellos.

Tercero, débil liderazgo y la polarización extrema.

A los factores ya señalados, se suma el hecho de que todas las autoridades responsables de enfrentar la epidemia del dengue son nuevas. Tanto la presidenta de la república y sus ministros, nacidos en medio de un intento fracasado de golpe de estado, como las autoridades regionales y municipales, elegidas con el voto popular. Todas estas autoridades son herederas, además, de un profundo deterioro de la confianza ciudadana en su clase política dirigente y una marcada polarización e inestabilidad.

Lamentablemente, esta situación no ha hecho sino empeorar desde que la Sra. Dina Boluarte asumiera el cargo de presidenta de la república, fundamentalmente por la violenta represión a las movilizaciones sociales que demandaban el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales, lo cual dejó como saldo casi 60 muertos y una aguda pérdida de legitimidad tanto en el ejecutivo como en el poder legislativo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, en cinco meses de gestión, la desaprobación del ejecutivo es del 85% y la del congreso 94%.

Tal y como lo señala Francis Fukuyama, sin legitimidad y sin confianza en las instituciones, es imposible ejercer el liderazgo que una epidemia requiere para lograr el trabajo conjunto de todos los actores, incluyendo a la ciudadanía y sus representantes. Un ejemplo práctico de esta situación es que casi la mitad de la población se niega a abrir sus casas para facilitar la fumigación. 

En resumen, sin competencias para actuar sobre los factores que favorecen la reproducción del mosquito, con un poder muy limitado para intervenir en la provisión de los servicios de salud a nivel regional y con una aguda crisis de confianza y una extrema polarización política y social que obstaculiza el accionar conjunto de la ciudadanía y sus instituciones, era muy aventurado, desde el Ministerio de Salud, comprometerse a reducir de manera efectiva el azote de esta enfermedad.

Y las cifras oficiales así lo demuestran. 15 días después, el número de casos se ha más que duplicado, superando los 115,000, y el de fallecidos se acerca a 170 (una cuarta parte solo en la región de Piura), cifras nunca registradas en los últimos 30 años desde la reintroducción del dengue en el país. 

Hacia adelante… un Niño en el horizonte

Quizá nunca sabremos qué impulsó a una persona cualificada y con experiencia como la ministra Gutiérrez a prometer algo que estaba fuera de su alcance. Esta situación la ha colocado en un predicamento. Y, siendo honestos, esta ministra representaba el retorno al profesionalismo, especialmente después de haber visto pasar a vendedores de productos milagrosos, acusados de “mochasueldos” o simplemente incompetentes para desempeñar el cargo. De hecho, era una de las pocas ministras de este régimen que no se limitaba a estar encerrada en su oficina, ya que podía salir a terreno sin ser abucheada, insultada o simplemente expulsada, como le sucedía al resto del gabinete e incluso a la propia presidenta.

Lamentablemente, esa promesa, hecha con exceso de entusiasmo para algunos y con simple arrogancia para otros, ha debilitado su posición de liderazgo en el sector. Es una situación difícil de superar, especialmente en un entorno altamente polarizado y extremadamente volátil como el que estamos viviendo.

No obstante, debemos preguntarnos si un cambio en la dirección del ministerio servirá para reducir los altos niveles de contagio y la elevada mortalidad por el dengue. Evidentemente, no, sobre todo si no reconocemos que enfrentar fenómenos de esta magnitud con un Estado debilitado y disfuncional como el nuestro sigue siendo una tarea casi imposible.

El descenso de las temperaturas y las lluvias, así como el agotamiento del ciclo de reproducción del mosquito, jugarán a nuestro favor en las siguientes semanas y el número de casos y fallecimientos efectivamente disminuirá. Sin embargo, los anuncios de un fenómeno El Niño en la segunda mitad del año volverán a generar las condiciones favorables para su resurgimiento. Esperemos que las lecciones que nos deja esta dura fase sirvan para mejorar nuestra respuesta en el futuro.

Finalmente, es impostergable iniciar un proceso de revisión de un conjunto de políticas públicas, entre ellas el proceso de descentralización de la salud en el país para devolverle al ente rector parte de la gobernanza perdida; rescatar lo que ha funcionado, mejorar aquello que se muestra promisorio y desechar lo que no nos permite avanzar.

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