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“Caso sin resolver. Los estudiantes de la normal
rural desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora solo fueron identificados los restos de tres de ellos. La pesquisa del gobierno anterior (2012-2018),
conocida como "verdad histórica", apuntaba
a que fueron detenidos por policías de Iguala en complicidad con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los confundieron con
miembros de una banda enemiga. Luego de asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río de la zona, según esa versión
que fue rechazada por las familias y un
grupo de expertos de la CIDH que investigó el
caso. Luego de asumir el poder en 2018, López Obrador dio
un nuevo impulso a las indagaciones mediante la creación de una Comisión para la Verdad (COVAJ), que realizó una nueva
pesquisa. En ese marco la Fiscalía ordenó
la detención de 132
personas, entre las cuales 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús
Murillo Karam, uno de los responsables de
la "verdad histórica". La COVAJ aseguró
en octubre pasado que el ejército mexicano estuvo al tanto
del secuestro y desaparición
de los jóvenes, y
reiteró que fue un "crimen de Estado".
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MÉXICO: MANIFESTANTES DE
AYOTZINAPA DERRIBARON UNA PUERTA DEL PALACIO PRESIDENCIAL.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador se encontraba adentro.
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Un
grupo de encapuchados, que exigía justicia por la desaparición de 43
estudiantes en 2014, tomó una camioneta e ingresó hasta el mostrador del
establecimiento.
Por. México. Mundo.
Fuente. Página / 12. jueves 7 de marzo
del 2024.
"Un
plan de provocación"
Encapuchados, los manifestantes ingresaron hasta el mostrador
donde se registran los visitantes, según
imágenes difundidas por varios medios de comunicación.
Allí fueron reprimidos
con gases lacrimógenos por militares equipados con escudos y a cargo de la seguridad del Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de México.
El fugaz asalto ocurrió mientras López
Obrador ofrecía su habitual conferencia de
prensa matutina y, paradójicamente, hablaba del caso Ayotzinapa. "Es un plan de provocación
clarísimo", dijo al ser informado por una periodista de
lo que ocurría en el exterior. Los manifestantes también
rompieron cinco ventanas a piedrazos y dejaron varias pintadas, en una de las
cuales se leía "solo queremos un diálogo".
Entre
los manifestantes había estudiantes, activistas de derechos
humanos y familiares de algunos de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero. Este caso desató una ola de indignación mundial y es considerado una de las peores violaciones de derechos
humanos cometidas en México.
López Obrador aseguró que está dispuesto a reunirse con los padres de los estudiantes, pero reiteró su denuncia de que abogados y asesores de
los familiares lo impiden porque están usando la tragedia con fines políticos y para lucrar, y entorpecen las
investigaciones. El presidente delegó a un
subsecretario de Interior para recibir a las familias y sus representantes, que explicaron a la prensa que los manifestantes recurrieron a la fuerza al no ser recibidos más temprano en ese
despacho.
"No somos
represores"
Desde hace varios
días, alumnos de la escuela de formación de profesores de Ayotzinapa venían realizando actos de protesta en Guerrero y Ciudad de México, donde instalaron un campamento
frente al palacio de gobierno, al que atacaron
con piedras y palos este miércoles. Allí vive el
presidente.
"Quisieran que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay
problema", afirmó sereno el mandatario poco
antes de concluir su conferencia a la hora habitual. López
Obrador multiplicó sus denuncias sobre provocaciones al gobierno
a medida que se acercan las elecciones presidenciales del
2 de junio, en las
que su candidata, Claudia Sheinbaum, es favorita.
Pese a las manifestaciones,
el gobernante mexicano indicó que ayer no los recibiría, al argumentar que
dentro de "unos 15 o 20 días más"
recibirá a las familias de los 43 estudiantes para
"hablar con
ellos y mostrar pruebas de
cómo se manipuló la investigación". El mandatario dijo a los padres que
"están siendo manipulados"
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y "grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos
extranjeros".
El abogado de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, advirtió
que "si la postura de López Obrador sigue
así, van a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento" durante los próximos
meses, mientras transcurren las campañas de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
"Nosotros
estamos trabajando para
hacer más extensiva y más masiva la protesta si
en los próximos meses no hay un diálogo",
declaró Rosales a los medios luego de los incidentes. En las últimas semanas los manifestantes secuestraron camiones,
vandalizaron instalaciones
del gobierno y realizaron un "plantón" en el Zócalo para exigir una
audiencia con López Obrador.
Caso sin resolver
Los estudiantes de
la normal rural desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada
del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora
solo fueron identificados los restos de tres de ellos. La pesquisa del
gobierno anterior (2012-2018), conocida como "verdad
histórica", apuntaba a que fueron detenidos
por policías de Iguala en complicidad con
narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los
confundieron con miembros de una banda enemiga.
Luego de asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río de la zona, según esa versión
que fue rechazada por las familias y un
grupo de expertos de la CIDH que investigó el
caso. Luego de asumir el poder en 2018, López Obrador dio
un nuevo impulso a las indagaciones mediante la creación de una Comisión para la Verdad (COVAJ), que realizó una nueva
pesquisa.
En ese marco la
Fiscalía ordenó la detención de 132 personas, entre las cuales 14 miembros del Ejército
y el exprocurador general
Jesús Murillo Karam, uno de los responsables de
la "verdad histórica". La COVAJ aseguró
en octubre pasado que el ejército mexicano estuvo al tanto
del secuestro y desaparición
de los jóvenes, y
reiteró que fue un "crimen de Estado".
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