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"Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters: “Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre. Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.
"Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años “Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel. A todos se los consideró “culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.
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President Trump Meets With His Cabinet At The White House Marco Rubio, el halcón del Departamento de Estado. ANDREW HARNIK. Getty Images via AFP-
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LA RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA CON TRUMP.
EE. UU. impulsa un nuevo macartismo contra la izquierda.
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El secretario de Estado, Marco Rubio,
convocó a representantes de unos 60 países para este jueves a una reunión para
agitar un plan contra el “terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
Por Gustavo Veiga.
Fuente. Página /12 miércoles 16 de julio del 2026.
Los vientos de un nuevo
macartismo soplan con fuerza desde Washington. Este jueves tendrá su punto de
partida el impulso a una estrategia de persecución ideológica y
reconfiguración geopolítica en EE. UU. El secretario de Estado, Marco
Rubio, convocó a representantes de unos sesenta países para analizar y
legitimar con su presencia un plan de alcance planetario, aunque también
con implicancias fronteras adentro.
Su objetivo es diseñar una política
criminal ante “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema
izquierda”. Un
emergente más de los enemigos que Estados Unidos suele crear mientras el
régimen que lidera Donald Trump, en
alianza con un grupo de magnates tecnológicos, sigue descomponiéndose
camino a las elecciones de medio término en noviembre.
Ya lo dijo a fines de junio el presidente
condenado por abuso sexual que
ayer le pagó la indemnización a su víctima, Jean Carroll, por un
delito cometido en 1996: “Tenemos que frenar esta amenaza horrible del
cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”. Una amenaza con buenas dosis de paranoia que
oculta otra. La de Trump y su política que ahora enfila hacia el neomacartismo.
La búsqueda de un otro al cual
estigmatizar que
se maquilla con ciertas distracciones. Lo mismo da si se trata de
inmigrantes deportables o militantes antifa (la apócope de antifascistas),
el “peligro” que atenta contra la invocada “seguridad nacional”.
El doctor en filosofía Fernando Buen
Abad, un especialista
en la guerra cognitiva que lleva adelante EE. UU., es un
referente para el tema. Sobre el encuentro convocado por Rubio —el agitador principal de estas políticas
nacidas en la Guerra Fría—, escribió el 13 de julio:
“Cada nueva
categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica
desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en
vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria”.
Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para
analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya
tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula
represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario
del Departamento de Estado citado por Reuters:
“Nuestro sistema de
operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad
de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e
intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre.
Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al
menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un
fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a
450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín
Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien
años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un
centro de detención de migrantes para liberarlos.
Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de
entre 70 y 30 años.
“Las sentencias
dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar
y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el
día del juicio el director del FBI, Kash Patel.
A todos se los consideró
“culpables de
provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas,
obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de
Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta
es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden
ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización
terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de
Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.
El abogado de Song, Philip Hayes, declaró que el problema con los
cargos levantados a los condenados
“siempre ha sido que
no se trata de un grupo de terroristas. Se trata de un grupo de jóvenes con un
gran corazón que realmente querían que se escuchara su voz”. Y agregó: “Song, salvo por este
día, ha tenido una vida intachable. Fue infante de marina. Un buen estudiante.
Tenía muchas cualidades que simplemente se ignoraron. El juez procedió a darle
todo lo que pudo”.
Las condenas fueron defendidas por un alto funcionario del ICE,
el organismo que secuestra encarcela y asesina a inmigrantes, con un récord
notorio de casos en 2025.
“Las sentencias
dictadas envían un mensaje inequívoco: los ataques contra agentes e
instalaciones federales no serán tolerados. Los hombres y mujeres de ICE sirven
con integridad y valentía, a menudo en entornos difíciles y peligrosos. La
violencia premeditada perpetrada por estos miembros de la célula Antifa en
Prairieland fue un ataque contra las fuerzas del orden y contra el Estado de
derecho mismo”, declaró
el director interino de ICE, David J. Venturella.
Muy distinto ha sido el papel de la
Justicia en los crímenes del ICE contra
migrantes, bajo custodia
de sus miembros, durante operativos en la calle o en domicilios violentados.
Incluso contra ciudadanos estadounidenses. La situación procesal de los
integrantes de esa fuerza que mataron a Renee
Good y Alex Pretty en Mineápolis lo
confirma. Todavía no fueron llevados a juicio y en su momento
el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el asesino de
la mujer gozaba de “inmunidad absoluta”.
El investigador mexicano Buen Abad definió la convocatoria a reunión
contra el “terrorismo de izquierda” del halcón Rubio como “hija
de la anorexia intelectual de las derechas”. Simplemente porque no tiene
solidez conceptual ni demostración empírica verificable. A no ser por los
fantasmas de Trump y su gobierno.
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