MÉXICO.- Del Estado fallido, inviable hacia el narco-estado. Pero esa es la realidad hoy
en México que se desangra por la
incapacidad de las Autoridades que no supieron combatir a tiempo a los grupos
armados de narco-terroristas. Dejaron avanzar y ser cada vez más violentos, asesinos
y dominantes. Lograron controlar ciudades e incluso Estados. En cambio, hoy la
situación es incontrolable simplemente porque Usted no puede distinguir entre
autoridades, policías, municipales y narcos quién es quién. Lean por
favor los tres siguientes Textos. Estudiantes
Normalistas Rurales del Ayuntamiento de Iguala, Estado de Guerrero,
hicieron una cuota para asistir a la marcha nacional en homenaje y recuerdo de
los cientos de estudiantes universitarios baleados y asesinados el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de
Tlatetolco. Por ese único de delito, fueron asesinados, masacrados, quemados, desaparecidos,
horrores que sólo pueden estar dentro de un narco-estado. Por ello la Organización de Estados Americanos OEA, Amnistía Internacional, AI y La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, exigen al gobierno del Sr. Peña Nieto, la investigación total de los hechos y la sanción ejemplar para los asesinos y colaboradores. Solidaridad con los
Estudiantes Normalistas Rurales, con sus familiares y con el movimiento estudiantil mexicano ejemplo
de lucha y consecuencia en la conquista de sus derechos.
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Estoy indignado y
consternado por la masacre de normalistas: El presidente Enrique Peña Nieto lamentó la violencia en Guerrero
y se refirió a lo ocurrido a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa,
desaparecidos en Iguala, Guerrero.“En el estado de derecho no cabe el más
mínimo resquicio para la impunidad”, sentenció el mandatario entre otras
expresiones que comprometieron la aplicación de la ley a los responsables. En un breve mensaje a medios de
comunicación en Palacio Nacional, Peña Nieto evitó mencionar vocablos como
asesinato, desaparición o cualquier otra indicativa de los delitos cometidos en
contra de los estudiantes. Tampoco informó sobre los perpetradores, expresando
su consternación por “la información que se generó el fin de semana”, como
“hechos indignantes, dolorosos e inaceptables”. “Como
presidente, me encuentro profundamente indignado y consternado. Lamento la
violencia que se ha dado y que sean jóvenes estudiantes afectados y violentados
en sus derechos”.
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MÉXICO.
AYOTZINAPA, LA MATANZA DE ESTUDIANTES NORMALISTAS.
Estado de
Guerrero. Ayuntamiento de Iguala.
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Luis Hernández Navarro.
La Jornada. Martes 30 de
septiembre del 2014.
La policía preventiva
municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los
trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la
Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala
organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha
conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México,
los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros
vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A
Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le
arrancaron los ojos y le desollaron el rostro.
El saldo es trágico. En
cuatro eventos violentos relacionados entre sí, protagonizados por policías
municipales y pistoleros, fueron asesinadas seis personas, tres de ellas
normalistas; 20 resultaron heridas, un muchacho está en estado vegetativo y se
desconoce el paradero de otros 55, de los cuales al menos 20, fueron subidos a
camionetas de la policía municipal.
En un primer momento, los
uniformados les dispararon mientras los normalistas se trasportaban a bordo de
tres autobuses de la empresa Costa Line. Después, un grupo de pistoleros los
rafagueó cuando daban una conferencia de prensa para denunciar el ataque en su
contra. Más adelante, en lo que el periodista Sergio Ocampo describió como una
agresión hacia todo aquel que pareciera estudiante, balacearon el camión en el
que se trasladaban los jugadores del equipo de futbol Avispones.
Ese 26 de septiembre, la
presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda de Abarca, rindió su
informe de actividades. Además de ser la esposa del presidente municipal José
Luis Abarca Velázquez, es una de las principales aspirantes a la alcaldía para
2015, y una figura de enorme influencia política.
José Luis Abarca Velázquez
pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza
comercial Galería Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le
permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy
gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia,
repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes.
Abarca conquistó la
candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo
interno, el Partido de la Revolución Democrática no tuvo empacho alguno en
incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de
los más importantes malosos de la región. De inmediato se sumó a las
filas de Nueva Izquierda.
Iguala es una ciudad clave
en el tráfico de drogas. Valle rodeado por nueve montañas en la región norte de
Guerrero, es punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran
drogas sintéticas y cultivan mariguana. Allí operan diversas bandas del crimen
organizado, hegemoneizadas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos
surgidos a raíz de la implosión de los Beltrán Leyva.
La guerra de cárteles por
la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos está enfrentado por el
control de las rutas de trasiego de drogas que conectan los estados de México,
Guerrero y Morelos con la Familia y Los Rojos, una célula
encabezada por Leonor Nava Romero, El Tigre, hermano de Jesús Nava
Romero, El Rojo, lugarteniente de Arturo Beltran Leyva, abatido en 2009
en Cuernavaca.
El resultado de esta
disputa en Iguala ha sido sangriento. En enero de 2004, un comando armado, que
se identificó como policía estatal, asaltó el penal en el municipio, y asesinó
a cinco reclusos. Los policías, que se encontraban en una torre del penal,
dispararon contra los agresores y mataron a cuatro e hirieron a uno. Entre
abril y mayo fueron encontradas 16 osamentas en fosas clandestinas en el
asentamiento Ernesto Pineda Vega.
Desde su llegada al
ayuntamiento, José Luis Abarca ha sido acusado de corrupción, nepotismo y
autoritarismo. El 30 de mayo de 2013, ocho miembros de Unidad Popular de
Iguala, organización social opositora al presidente municipal, fueron levantados
por un comando. Tres fueron ejecutados. Nicolás Mendoza Villa, uno
de los secuestrados, que alcanzó a escapar, acusó directamente al alcalde de
los hechos y de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Arturo
Hernández Cardona disparándole un escopetazo en la cara y otro en el pecho,
tras de espetarle: Qué tanto estás chingando con el abono. Me voy a dar el
gusto de matarte.
Infamia sobre infamia, José
Luis Abarca declaró que la matanza de normalistas fue provocada porque “al
parecer alguien contrató a los ayotzinapos para hacer desmadres”. ¿Quién
es ese alguien que, según el alcalde, les pagó para crearle problemas? En una
región infestada por el narcotráfico, la acusación es temeraria y provocadora.
¿Acaso por eso le arrancaron la piel de la cara a uno de los estudiantes?
Los normalistas rurales de
la Escuela Raúl Isidro Burgos no están a sueldo de nadie. Tienen tras de sí una
larga historia de lucha en favor de las mejores causas. El año pasado apoyaron
abnegadamente a los pobladores de Tixtla afectados por los huracanes Ingrid y
Manuel, abandonados por el gobierno del estado. El 22 de diciembre de
2011, dos de sus compañeros fueron asesinados por la policía estatal, cuando
exigían mejoras para su escuela y plazas para trabajar. Los crímenes siguen
impunes.
A José Luis Abarca lo
protegen personajes muy poderosos en el gobierno y el Congreso del estado.
Cuando la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza, promovió
revocación del mandato del alcalde, acusándolo de ser responsable del asesinato
de los tres dirigentes de la Unión Popular, el presidente de la Comisión de
Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, lo apoyó. Al igual que
Abarca, Ortega es parte de Nueva Izquierda. ¿Seguirá el PRD protegiendo a José Luis Abarca?
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RESUMEN. MÉXICO. La otra cara de la noticia.- Vuelve
a correr la sangre de estudiantes normalistas rurales en el estado de guerrero,
derramada por policías municipales y cuerpos francos de sicarios. De esta
suerte, el gobierno mexicano comprueba, por enésima vez, su incapacidad de
mantener la seguridad pública y de respetar el libre tránsito de los habitantes
de nuestro país, así como queda en claro que a las demandas de las masas se
responde con balas y terrorismo, quizás con la intención de amedrentar a
sectores movilizados y en vías de movilización. Con estos pasos, difícilmente
podrá el mexiquense comprador de la presidencia promoverse en la ONU y otras
instancias internacionales en las que presume tratar muy bien a los indígenas,
tener un gobierno transparente y respetar los derechos humanos.
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MÉXICO: DESPUÉS DE LA MASACRE, HUYÓ EL ALCALDE.
Gobierno Federal intervino el Municipio
en que mataron a los Estudiantes.
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Más de
400 agentes federales llegaron al municipio, mientras que 114 elementos de la
policía local fueron desarmados y trasladados, luego del hallazgo de 28 cuerpos
calcinados y desmembrados en seis fosas clandestinas.
Gerardo Albarrán de Alba
Desde México DF Página
/12 miércoles 8 de octubre del 2014.
El gobierno federal tomó
el control de la seguridad en el municipio de Iguala, Guerrero, luego del
hallazgo de 28 cuerpos calcinados y desmembrados en seis fosas clandestinas.
Más de 400 agentes de la recién creada Gendarmería y de la División de Operaciones
Especiales de la Policía Federal llegaron desde el lunes por la tarde a este
municipio, mientras que 114 elementos de la policía local fueron desarmados y
trasladados a Tlaxcala, un estado del centro del país, para someterlos a un
“programa federal de certificación y capacitación”.
El alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, huyó la semana pasada, luego de que se supo que, además de la
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se lo acusa de asesinar
personalmente a un militante de la Unión Popular Emiliano Zapata vinculada con
su propio partido, el izquierdista PRD, en junio de 2013, luego de ser
secuestrado y torturado junto con otras siete personas, de las cuales dos más
habrían sido asesinadas. Un testimonio del crimen fue entregado al procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, y luego al secretario de
Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Las denuncias contra Abarca fueron
presentadas desde octubre del año pasado sin que se hubiera actuado en su
contra. Su propio partido hizo caso omiso.
Un reporte del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano federal de inteligencia,
documentó los nexos del alcalde perredista con el cartel de los Beltrán Leyva.
Fechado el 1º de octubre pasado, el informe detalla también el ataque contra un
centenar de estudiantes normalistas hace unos días.
El caso Ayotzinapa
exhibe una realidad ya inocultable: en gran parte de México, narcos y policías
son la misma cosa. El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo
que uno de los detenidos hasta el momento confesó haber visto cómo llevaban a
17 estudiantes hasta el lugar en que se hallaron las fosas, donde fueron
asesinados. El paraje se encuentra a unos 15 kilómetros del lugar donde los
estudiantes fueron acribillados por policías y civiles armados la noche del 26
de septiembre. Seis personas murieron en el lugar y 25 más resultaron heridas.
En Washington, el
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, demandó en una nota oficial el esclarecimiento de este crimen “tan
inhumano como absurdo”, y apuntó que el episodio “enluta no sólo a los
mexicanos sino a todos los países de las Américas”. Por su parte, la portavoz
del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que se trata de “un crimen que demanda
una investigación completa y transparente” para que los responsables sean
llevados a la Justicia.
La impunidad en Guerrero
ha propiciado que broten como hongos policías comunitarias y autodefensas, que
se suman a brotes de guerrilla históricos. El Ejército Popular Revolucionario
(EPR), uno de los grupos guerrilleros que operan en Guerrero, desestimó las
versiones oficiales que vinculan a la policía de Iguala con el crimen
organizado y aseguró que esos elementos operan más bien como paramilitares.
Según un comunicado de la guerrilla, los alumnos desaparecidos estarían siendo
torturados en cuarteles de la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Otro
grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo
(FAR-LP), se dijo “ofendido” por el ataque del alcalde José Luis Abarca, al que
llamó “un ser despreciable e inhumano”.
Para
muchos, el asesinato de seis personas a manos de policías (tres de ellas
estudiantes), la desaparición forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de
campesinos y alumnos de la Normal Rural, no sólo es un crimen de Estado sino
que alcanza el nivel de crimen de lesa humanidad. Por ello, en la capital del
país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión
Especial para dar seguimiento a las investigaciones.
Cuidado, mire como los narcos entran en la Política. ¿Chequera en mano?.
José Luis Abarca Velázquez pasó de ser un
humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería
Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011
una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la
suya propia, repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes. Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía a
golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo interno.
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MÉXICO: LA MUERTE DE LOS ESTUDIANTES.
El Ejército y la Policía Federal toman control
de Iguala.
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Un agente municipal y otros dos detenidos admitieron
haber asesinado al menos a 17 jóvenes en una colina cercana a las fosas
clandestinas descubiertas este fin de semana. Los 28 cuerpos encontrados
estaban calcinados.
Al
menos 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas en las afueras de la ciudad
de Iguala (estado de Guerrero) pueden pertenecer a alguno de los 43 estudiantes
desaparecidos el 26 de septiembre, tras ser atacados por policías y sicarios
mientras realizaban acciones de proselitismo. Un agente municipal y otros dos
detenidos admitieron haber asesinado al menos a 17 jóvenes en una colina
cercana a ese enterramiento, dijo el procurador del estado de Guerrero, Iñaki
Blanco. El ejército y la policía federal tomaron el control de Iguala y
desarmaron a los policías municipales que aún se encontraban operativos,
quienes serán sometidos a “exámenes de control de confianza”.
Veintidós policías de
Iguala y ocho supuestos narcotraficantes fueron detenidos con relación al caso
de los estudiantes, entre ellos el agente Honorio Antúnez y los civiles
Alejandro Macedo y Marco Antonio Ríos, quienes confesaron haber participado de
manera directa en el homicidio de los jóvenes, precisó el procurador. Y agregó
que después de someter a 17 estudiantes los “trasladaron a un cerro de Pueblo
Viejo, en donde tienen fosas clandestinas y en donde dicen que los ultimaron”.
Los cuerpos encontrados
se encuentran calcinados y son sometidos a exámenes de ADN, dijeron las
autoridades. En las labores de reconocimiento participan peritos de los Equipos
de Antropología Forense de Argentina, especializados en esa tarea. Las pruebas
genéticas, sin embargo, son lentas y podrían demorar entre 15 días y 2 meses,
apuntaron.
Originalmente, había 58
desaparecidos, pero 15 consiguieron huir y regresaron a sus casas, algunos
heridos, después de ocultarse unos días. El alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), renunció y su
agrupación gestiona su expulsión, pero se encuentra prófugo, y según algunas
versiones los asesinatos fueron cometidos por órdenes suyas. Abarca tenía
contemplado rendir su segundo informe anual al día siguiente del ataque a los
jóvenes y, según esas fuentes, buscaba lanzar para sucederlo en el cargo a su
esposa, hermana de Alberto Pineda Villa, un conocido narcotraficante del cartel
de los Beltrán Leyva.
La Procuraduría General
de la República se hizo cargo de las investigaciones y preliminarmente señaló
que en el caso podrían estar involucrados funcionarios del secretario de
Seguridad Pública de Guerrero, Jesús Martínez. La razón es que desde el 7 de
mayo pasado el gobernador Angel Aguirre –cuya renuncia es reclamada por
familiares de los desaparecidos, estudiantes y activistas de derechos humanos–
firmó un convenio para colocar bajo el mando de las autoridades locales a las
policías de los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo,
Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala.
La desaparición de los
jóvenes fue precedida por el asesinato de seis personas, entre ellos tres
alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, como el grueso de los
estudiantes de paradero aún desconocido, ubicada en el municipio de Tixtla,
cuando se dirigían a Iguala a recaudar fondos. Con ese dinero buscaban tomar
algunos micros e ir a la capital mexicana para sumarse a la marcha
conmemorativa del 46º aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco del 2
de octubre de 1968.
Hasta ahora es un
misterio la causa por la cual los agentes, que admitieron ser parte del brazo
armado de la banda criminal de narcotraficantes conocida como Guerreros Unidos,
dieron muerte a los estudiantes. Sólo se limitaron a reconocer que recibieron
órdenes de sus superiores para hacerlo. También está involucrado el jefe
policial de Iguala, Francisco Salgado, quien se encuentra prófugo y habría
impartido las órdenes de los asesinatos, junto con un hombre apodado El Chucky,
jefe de Guerreros Unidos, según el procurador Blanco.
Amnistía
Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron al
gobierno una investigación a fondo para dar con el paradero de los
desaparecidos y el castigo enérgico a los responsables. Por su parte, el
presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo estar profundamente
“consternado” por los hechos violentos registrados en la noche del 26 de
septiembre, que calificó de “indignantes, dolorosos e inaceptables”.
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