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“En
torno a la cuestión ambiental el escenario
es decepcionante. A pesar de que Brasil
va a ser sede de la próxima Conferencia
de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 30) que
se realizará en la ciudad de Belén, Estado de Pará, en noviembre de 2025, la
actuación gubernamental en este
ámbito tiene muchas tareas pendientes. Son especialmente
graves la negligencia en las políticas de preservación y cuidado en los biomas
brasileños, sobre todo en los territorios
del Cerrado, Pantanal, Amazonas y Mata Atlántica. Miles de hectáreas de bosques
son quemados o destruidos todos los años, sin que los órganos de vigilancia y protección puedan cumplir con su papel, por diversos motivos: por falta
de funcionarios para fiscalizar las
áreas de riesgo, por escasez de recursos
e infraestructura para realizar el monitoreo
o por la colusión de funcionarios
con empresas forestales y empresarios inescrupulosos
que desarrollan actividades
criminales en esos espacios.
De esta manera, quemadas, desforestación, extractivismo ilegal, polución de las
aguas y depredación de ecosistemas valiosos, forman parte de una constelación de problemas que
comprometen seriamente las prácticas de sustentabilidad
prometidas en el programa de Lula y su coalición de partidos.
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LOS DEMONIOS DE LA SEGUNDA
MITAD DEL GOBIERNO DE LULA.
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Por Fernando de la Cuadra
| 28/12/2024
| Brasil
Fuentes. Revista Rebelión domingo 29 de diciembre del 2024.
En este
artículo el autor analiza los desafíos y riesgos que se presentan ante la
segunda mitad del mandato de Lula.
El próximo 1
de enero, el Presidente Lula da Silva inicia la segunda mitad de su mandato de cuatro años, en un escenario marcado por fantasmas
y adversidades que se instalan sobre el gobierno. En el plano interno, el Ejecutivo va a tener que enfrentar
un Congreso hostil y resentido,
especialmente ahora que el magistrado del Supremo
Tribunal Federal (STF), Flavio Dino,
ha sancionado el bloqueo de 4 mil doscientos millones de reales (US$ 660 millones) de las
enmiendas parlamentarias de comisiones y la investigación por parte de la Policía Federal sobre el posible uso fraudulento de esos recursos.
La cuestión
problemática de estas
enmiendas es que el 40% de ellas pasarían
a beneficiar al Estado de Alagoas,
tierra natal y reducto electoral
del actual presidente de la Cámara de
Diputados, Arthur Lira. Como hemos señalado en artículos anteriores, Lira se desempeña como un ilustre capo mafioso desde su cargo,
distribuyendo recursos e influencias dentro del Congreso y chantajeando al
gobierno con el poder que detenta sobre la mayoría de los diputados del llamado Centrão.
La intención
de Lira y sus secuaces del Congreso siempre ha sido que los recursos obtenidos por la vía de las
enmiendas formen parte del presupuesto secreto, es decir, que los parlamentarios no tengan la obligación de informar quien liberó el
gasto, para quien y en qué actividad u obra se utilizaron esos montos. Una verdadera caja negra del destino del dinero público. Como el
gobierno se encuentra en una posición débil para enfrentar a los congresistas y sus grupos de
intereses, le ha correspondido al STF
velar por el buen uso del patrimonio
público, asegurando que dichos
recursos cumplan con el requisito de la transparencia y rastreabilidad. Por eso, los honorables parlamentarios acusan al gobierno central de estar
coludido con el Poder Judicial para
obstaculizar las actividades de
diputados y senadores. Ante lo cual, amenazan con boicotear las próximas votaciones de suma importancia para el Ejecutivo, como, por ejemplo, la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto.
La discordia
del actual parlamento con el
gobierno se ve reforzada por el clima
beligerante insuflado por las huestes bolsonaristas
y los sectores de la extrema derecha.
Falsamente la prensa se ha dedicado a llamar la atención sobre la peligrosa radicalización o polarización del país, pero
objetivamente los únicos sectores
que se han radicalizado en esta última década son los grupos de la ultraderecha brasileña. Si, por una
parte, la respuesta intuitiva a la crisis es construir un clima de tolerancia y diálogo en la sociedad que permita tener un debate pluralista y ponderado sobre los
diversos proyectos en disputa, por
otra parte, parece que la única manera de contener las amenazas de los grupos golpistas debiera ser la
aplicación de sanciones ejemplares a
quienes han promovido acciones
conspirativas conscientes para quebrantar el Estado democrático de
derecho.
Quienes
participaron de las invasiones a las sedes de los Tres Poderes en enero de 2023 vienen solicitando la aplicación
de una amnistía presidencial a todos
los inculpados como un gesto del Ejecutivo
que ayude a la “pacificación” del país.
Junto con ello, piden el indulto para anular
la inelegibilidad del ex Presidente Bolsonaro
pensando en su postulación para
las elecciones de 2026. Mientras
apelan a la comprensión del presidente
Lula, simultáneamente conspiran
en todos los ámbitos posibles contra el gobierno
federal, culpándolo hasta de tragedias
climáticas como las inundaciones de
Rio Grande do Sul o de los devastadores
incendios en Sao Paulo, Amazonas y Pantanal, cuando la mayoría de las
incompetencias observadas en estos casos son de responsabilidad de las administraciones estaduales, controladas
precisamente por representantes de la derecha.
No obstante, en el ámbito de las políticas sociales y las acciones que se arrastran desde hace décadas y el porcentaje de familias que viven en situación de miseria sigue siendo una afronta a la democracia que la actual gestión no ha conseguido revertir. Los servicios públicos continúan en una situación deplorable y miles de personas son condenadas anualmente a la muerte o a una vida de sufrimiento por la falta de atención adecuada en el sistema público de salud. Enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla, malaria o dengue, siguen causando la muerte de miles de habitantes todos los años. Solo en el caso de esta última enfermedad, según datos del Ministerio de Salud, para lo que va del presente año, fueron registrados 6.630.766 casos de dengue, de los cuales casi 6.000 terminaron en óbitos confirmados y otros mil casos de fallecidos se encuentran en fase de investigación para confirmar la causal.
Para mejorar
la vida de las personas que más lo
requieren, el gobierno debe aumentar
necesariamente su gasto social, pero
las barreras impuestas por el Congreso
con el argumento de que se mantenga el equilibrio
fiscal, inviabilizan cualquier decisión del Ejecutivo encaminada a asignar más recursos para programas sociales, bajo la amenaza de
sufrir un proceso de impeachment
por irresponsabilidad en el uso del dinero público, tal como sucedió en el año 2016 con la presidenta Dilma Rousseff.
El país
también experimenta una
epidemia de violencia, no solamente
de las organizaciones criminales del
narcotráfico y las milicias,
sino que de las diversas policías
que están utilizando métodos truculentos
e ilegales para enfrentar a los delincuentes.
Varios casos de asesinatos sumarios
realizadas por las “fuerzas del
orden” han conmovido a los ciudadanos de este país. Institutos y Centros de Estudios
dedicados al tema advierten que se ha producido un incremento notorio en la letalidad policial durante este año,
siendo que en algunos estados ella se ha
incrementado en un 160%, como es
el caso de Mato Grosso do Sul. Otros
Estados con cifras alarmantes de ejecuciones son São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina y Distrito Federal. Para
el especialista en seguridad pública, José Vicente, esto es intolerable:
“Nosotros sabemos que cuando hay un incremento de
esa letalidad, mucha cosa errada está sucediendo. Es muy probable que personas
murieron sin deber estar muriendo a manos de agentes del Estado”.
En torno a la cuestión ambiental el escenario es decepcionante. A pesar de que Brasil va a ser sede de la próxima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 30) que se realizará en la ciudad de Belén, Estado de Pará, en noviembre de 2025, la actuación gubernamental en este ámbito tiene muchas tareas pendientes. Son especialmente graves la negligencia en las políticas de preservación y cuidado en los biomas brasileños, sobre todo en los territorios del Cerrado, Pantanal, Amazonas y Mata Atlántica. Miles de hectáreas de bosques son quemados o destruidos todos los años, sin que los órganos de vigilancia y protección puedan cumplir con su papel, por diversos motivos: por falta de funcionarios para fiscalizar las áreas de riesgo, por escasez de recursos e infraestructura para realizar el monitoreo o por la colusión de funcionarios con empresas forestales y empresarios inescrupulosos que desarrollan actividades criminales en esos espacios. De esta manera, quemadas, desforestación, extractivismo ilegal, polución de las aguas y depredación de ecosistemas valiosos, forman parte de una constelación de problemas que comprometen seriamente las prácticas de sustentabilidad prometidas en el programa de Lula y su coalición de partidos.
En el plano
internacional, la reelección de Trump y la ascensión de líderes de la extrema derecha por el
mundo, colocan en alerta a las autoridades de gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty).
La política exterior brasileña siempre se ha caracterizado por su pragmatismo y neutralidad, pero las guerras y los conflictos existentes en
diversas regiones, desafían la capacidad de Lula para operar
como un mediador eficaz en el concierto mundial. Es consenso entre
los cuadros diplomáticos que Brasil ya no tiene el protagonismo que poseía antes como una
nación capaz de participar en acuerdos
para promover la paz en la región y
en el planeta.
La
conjunción de todos estos aspectos le ha impedido
a Lula aumentar o incluso
mantener su popularidad, la que, si
bien no ha descendido bruscamente,
tampoco ha conseguido estabilizarse
en los niveles que tenía al inicio de su
mandato. Por ello, el gran desafío para la segunda mitad de su gestión será exorcizar estos y otros demonios
que se han venido robusteciendo en
el curso de los dos últimos años. Si
la tendencia es que estas amenazas
aumenten en un futuro próximo, las
posibilidades de que el actual
mandatario se constituya en una
carta segura en las próximas
elecciones para encabezar un cuarto
gobierno, se verán seriamente
comprometidas o directamente anuladas.
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Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias
Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia,
autor del libro De
Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial
RIL, 2021) y coeditor del libro EP Thompson en
Chile: solidaridad, historia y poesía de un intelectual militante (Ariadna
Ediciones, 2024).
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