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“Nos encontramos en una encrucijada en América y en
todo el mundo. Los fracasos de la izquierda institucional, con su enfoque
estatista y de control vertical, su autoritarismo y su corrupción, han allanado
el camino para el regreso de la ultraderecha en gran parte de América Latina.
Cuando la izquierda ha llegado al poder, ha actuado para contener las luchas
populares y ha fracasado en su papel de izquierda. En el poder no ha dudado en
defender y, de hecho, expandir el modelo extractivista y en adaptarse al
capital trasnacional, absorbiendo la rebelión en el Estado capitalista y el
orden hegemónico, actuando como correa de transmisión del poder estructural del
capital trasnacional y neutralizando el potencial anti sistémico de un
levantamiento tras otro.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto Ap
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TRUMPISMO GLOBAL Y AMÉRICA LATINA.
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Por William I. Robinson.
Sociólogo.
Maestro Universitario. Universidad de California.
Fuente. Diario La Jornada. Ciudad de México, jueves 15 de enero del 2026.
¿Cómo se ha manifestado el trumpismo
global en América Latina? La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
para 2025 evocó un Corolario Trump a la Doctrina Monroe para priorizar
el dominio de los sectores tecnológico y financiero, redirigiendo la presencia
militar estadunidense hacia el hemisferio occidental, ampliando el acceso a
recursos críticos y respaldando regímenes alineados con la agenda trumpista.
A principios de 2026, gobiernos
de extrema derecha y autoritarios estaban en el poder o a punto de ser
inaugurados en Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú, Paraguay,
Panamá, Costa Rica y Chile. Si bien no todas estas fuerzas políticas
gobernantes son trumpistas, todas ellas han estado sometidas a una intensa
presión para ampliar el acceso de la clase capitalista trasnacional
(CCT) a los recursos energéticos y minerales necesarios para las tecnologías
digitales que impulsarán la restructuración y transformación de la economía
global y para reprimir la resistencia popular desde abajo. Los casos de Ecuador,
El Salvador, Argentina, Honduras y Venezuela ilustran estas dinámicas.
En Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa permitió que grupos criminales violentos operaran con impunidad, estableciendo su control en numerosas comunidades empobrecidas. Sólo cuando la población, desesperada por la inseguridad y la violencia de estas mafias, exigió protección, el gobierno intervino, declarando el estado de emergencia en 2024 y desplegando al ejército en todo el país.
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Sin embargo, en lugar de combatir a
las bandas criminales, el ejército reprimió las movilizaciones de
protesta populares lideradas por comunidades indígenas.
La emergencia sirvió de cortina de humo para que
Noboa impulse la expansión de la explotación de hidrocarburos y la minería y
para aprobar cambios legales que faciliten la expropiación y el saqueo por
parte de corporaciones trasnacionales.
El presidente salvadoreño, Nayib
Bukele,
también puso en marcha un modelo de control sobre la mano de obra excedente
basado en la manipulación de la inseguridad y la infusión de miedo ante la
delincuencia y la violencia social, consecuencias de la pobreza crónica, el
desempleo y la privación. Bukele logró manipular las demandas generalizadas de
seguridad para declarar el estado de emergencia y gobernar por la fuerza y
mediante decretos. Los ciudadanos se sienten seguros en las calles, pero
siguen siendo tan pobres como antes de la represión carcelaria. Debido a
los recortes en el gasto social, la pobreza ha aumentado bajo el gobierno de
Bukele a cerca de 30 por ciento de la población, mientras otro 40 por ciento
vive en situación de vulnerabilidad.
En Argentina, los peronistas
arrasaron en las elecciones legislativas de septiembre de 2025 en la provincia
clave de Buenos Aires, donde reside casi 40 por ciento de la población del
país. Posteriormente, Trump ofreció hasta 40 mil millones de dólares en
asistencia económica con la condición, ampliamente difundida, de que el
presidente ultraderechista Milei ganara las elecciones legislativas de medio
término a escala nacional, lo cual logró. Acto seguido, el gobierno tomó
medidas para autorizar la deforestación y la minería –especialmente de
los vastos yacimientos de cobre aún sin explotar del país– en zonas
periglaciares protegidas, mientras la pobreza aumentaba de 42 por ciento a 53
por ciento de la población.
Algo similar ocurrió en Honduras,
donde Trump actuó en beneficio de la CCT en connivencia con la
ultraderecha local. El presidente estadunidense amenazó, en vísperas de las
elecciones del 30 de noviembre pasado, con suspender toda la ayuda
estadunidense si los votantes no elegían al candidato de ultraderecha y
heredero del Partido Nacional, Nasry Asfura. Al mismo tiempo, indultó
al narcotraficante internacional, ex presidente del Partido Nacional, Juan
Orlando Hernández.
Durante su presidencia, de 2014 a
2022, Hernández cedió una porción del territorio nacional en la isla
caribeña de Roatán a capitalistas de riesgo estadunidenses para que la
administraran como centro privado para actividades tecnológicas, de
criptomonedas y otras operaciones financieras opacas, es decir, como feudo
privado con sus propias normas, autonomía fiscal y regulatoria, y tribunales de
arbitraje. El gobierno progresista del Partido Libre, presidido por Xiomara
Castro, había cancelado esta concesión.
Una confluencia de tres factores ha
impulsado las impactantes agresiones contra Venezuela.
Primero: la impunidad que han gozado los
genocidas israelíes ha abierto las puertas a un capitalismo global aún más
bárbaro que ni siquiera intenta legitimar su salvajismo bajo el manto de las
normas del derecho internacional o de los derechos humanos.
Segundo: está el afán de Estados Unidos por
acceder a la vasta riqueza petrolera y mineral de Venezuela con la complicidad
de un régimen más dócil que el de Maduro.
Tercero: el Estado estadunidense está inmerso
en una proyección masiva de poder en el hemisferio, con Venezuela como
vanguardia para una expansión violenta en América Latina.
Nos encontramos en una encrucijada en América
y en todo el mundo. Los fracasos de la izquierda institucional, con su enfoque
estatista y de control vertical, su autoritarismo y su corrupción, han allanado
el camino para el regreso de la ultraderecha en gran parte de América Latina.
Cuando la izquierda ha llegado al poder, ha actuado para contener las luchas
populares y ha fracasado en su papel de izquierda. En el poder no ha dudado en
defender y, de hecho, expandir el modelo extractivista y en adaptarse al
capital trasnacional, absorbiendo la rebelión en el Estado capitalista y el
orden hegemónico, actuando como correa de transmisión del poder estructural del
capital trasnacional y neutralizando el potencial anti sistémico de un
levantamiento tras otro.
*Profesor distinguido de sociología en
la Universidad de California en Santa Bárbara
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