PLAN CONDOR: “DEBEN SABER QUE NO GOZARÁN DE IMPUNIDAD”.

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La Operación Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando se contó con una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina. El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay, desde 1954. Así como cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de João Goulart, en 1964. Después de una serie de golpes de Estado en Bolivia llegó al poder el general Hugo Bánzer en 1971. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet bombardea el palacio presidencial de La Moneda, derrocando al presidente socialista Salvador Allende. Coincidiendo con el plan general de “ajustar” el Cono Sur, donde crecían movimientos populares de envergadura, también en 1973, se instaló la dictadura cívico-militar en Uruguay. Igualmente, en Perú la dictadura del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), fue activo enlace en este proceso criminal.  Así mismo, sólo tres años después, el 24 de marzo de 1976, una junta militar, presidida por el general Jorge Rafael Videla, tomó el poder en Argentina, país en el cual había comenzado a actuar la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) desde el 21 de noviembre de 1973, cuando Juan Domingo Perón todavía era presidente. La Triple A actuó en una coordinación criminal, con la dictadura de Pinochet en Chile. Esto surgirá en las investigaciones sobre la Operación Colombo, un modelo de guerra sucia que se ejecutó en 1975. El Plan Cóndor fue una operación similar a la estrategia de la tensión utilizada en Italia en los setenta, la cual estaba dirigida por la llamada Operación Gladio, de la que Licio Gelli fue un miembro.

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PLAN CONDOR: “DEBEN SABER QUE NO GOZARÁN DE IMPUNIDAD”. La Fiscalía Italiana pidió penas de cadena perpetua para 27 represores.

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Los acusados son todos militares o policías, incluyendo dos ex presidentes de facto, con la excepción de Juan Carlos Blanco, un civil que fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura uruguaya.

Elena Llorente

Desde Roma sábado 15 de octubre del 2016.

Cadena perpetua sin atenuantes fue la condena pedida por los fiscales italianos para 27 de los 28 imputados (2 bolivianos, 8 chilenos, 4 peruanos y 15 uruguayos) en el juicio contra los responsables y torturadores del Plan Cóndor que se está llevando a cabo en Roma desde 2015. Sólo uno, el uruguayo Ricardo Chávez Domínguez, fue declarado inocente.

Los culpables por los secuestros, desaparición y muerte de 43 personas (seis ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos y 33 uruguayos, de los cuales sólo 13 son ítalo-uruguayos) en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, y Brasil, eran originariamente, 33 pero 5 de ellos murieron desde que comenzó el juicio. Los acusados son todos militares o policías, con la excepción del uruguayo Juan Carlos Blanco, un civil que fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura uruguaya antes y durante la Operación Cóndor. Entre los acusados se encuentran también el peruano Francisco Morales Bermúdez y el boliviano Luis García Meza, ambos militares, que fueron presidentes de facto de sus respectivos países en las décadas de 1970 y 1980 respectivamente. Sólo uno de los acusados, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli, vive en Italia, donde pensó que por el hecho de ser de origen italiano y tener pasaporte italiano, iba a poder escapar a la justicia.

El jueves y viernes los fiscales a cargo de la causa, Giancarlo Capalbio y Tiziana Cugini, hicieron una síntesis de los casos y pidieron las condenas. Capalbio, que hace más de 15 años que se está ocupando del tema, destacó que este es un juicio “muy atípico” porque todo el proceso introductorio de investigación no fue preparado por la policía judicial, como suele ocurrir normalmente. Cuando ocurre un asesinato o una desaparición, los familiares hacen la denuncia e interviene la policía. Pero en este caso no fue así. Fueron los familiares de los desaparecidos quienes se ocuparon de reunir las pruebas y los testigos. Varios de los testigos declararon por videoconferencias pero muchos otros viajaron a Roma para presentarse personalmente, incluyendo el fiscal general argentino Pablo Ouviña, que el pasado 7 de octubre declaró por el caso del ítalo-uruguayo Bernardo Arnone y sus compañeros del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) de Uruguay. Arnone y sus compañeros fueron secuestrados y recluidos en 1976 en el centro clandestino “Automotores Orletti” que funcionó en Buenos Aires.

Cristina Mihura, viuda de Arnone, vive en Italia desde hace años y ha sido una de las personas que más se ha movido para llevar adelante este juicio: “Este es un paso importante,· declaró a Páginað12. “Parece mentira que después de tantos años de lucha, hoy hayamos escuchado el pedido del fiscal. Han pasado 50 audiencias y un debate complicado, con decenas de testigos. Es un paso formal porque eso no quiere decir que la Corte acepte lo que piden los fiscales. Esperamos que haya justicia y que esto sirva de estímulo para que sigan las investigaciones en todos los países donde fueron cometidos estos delitos. Porque no nos olvidemos que excepto un caso de este juicio, todos los demás son desaparecidos de los cuales, después de 40 años, no nos han restituido ni siquiera los restos y en muchos casos ni se sabe qué pasó”.

El abogado italiano Arturo Salerni, representante legal de familiares de desaparecidos chilenos, argentinos y uruguayos en esta causa, destacó que los jueces pidieron 27 condenas a cadena perpetua. “Significa que los familiares, los abogados, la prensa, todos hemos trabajado muy bien. Ahora los jueces de la Corte deberán evaluar cada caso y en enero sabremos como terminará”.

El pedido de condenas a cadena perpetua de parte de los fiscales no significa en efecto que terminó el juicio. Todavía se requerirán varios pasos formales hasta que la corte emita la condena. Y luego, dado que la justicia italiana tiene tres instancias, habrá que esperar la tercera –después de la apelación– que es la de la Corte Suprema y será la definitiva.

Eventualmente, cuando las condenas sean realmente definitivas, la justicia italiana podría pedir a los países de origen, la extradición de los condenados. Y si están en la cárcel de sus propios países, una vez terminada la condena teóricamente podrían ser extraditados, explicó el abogado. “Los responsables de crímenes contra la humanidad deben saber que siempre habrá quien los persiga,” dijo Salerni. “Deben saber que no gozarán de la impunidad.”

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