NARCO-ESTADOS CONTRA LA LIBERTAD.

&&&&&

EL NARCO-ESTADO NO ES UN ESTADO FALLIDO: ES UN ESTADO CRIMINAL.- Narco-estado es más que una mera consigna empuñada al vapor del ciclo de protestas en curso. Hay quienes piensan que se trata de un neologismo con un alcance sólo panfletario. La propuesta, no obstante, es que el término tiene un valor conceptual. Y que por consiguiente connota y denota algo preciso, concreto. Narco-estado es más que un maridaje histórico entre el narcotráfico y el Estado. De hecho, no existe un Estado que se pueda sustraer de esta unión con la criminalidad, o con los ilegalismos que engloba el concepto de “narco”. El narco-estado es algo más que esa relación coyuntural o histórica entre crimen y Estado. Lo que acá se plantea es que un narco-estado es un modo específico de organización de la violencia y los intereses dominantes. Y que estos intereses dominantes están orgánicamente articulados a la criminalidad e ilegalidad. Es la organización de los negocios criminales alrededor del Estado.

Cabe hacer algunas precisiones para entender esta ecuación.

Para situarnos en un terreno común, adviértase que un Estado es básicamente una forma organizada de la violencia. Y que esa organización de la violencia –el Estado– responde a los modos de una clase dominante o un poder constituido. Es decir, el Estado es una violencia al servicio de un poder. En este sentido, un narco-estado no puede ser llanamente un contubernio entre un partido político y las redes del narcotráfico, como sugirieran algunos documentos como el arriba citado. Tampoco se trata de un Estado donde el crimen organizado tiene injerencia en los procesos y procedimientos de la administración pública. Mucho menos se puede hablar de narco-estado ahí donde ciertas empresas criminales cosechan réditos extraordinarios con el tráfico de la droga. Para tal caso, todos los Estados serían narco-estados.

Por eso es preciso insistir en la especificidad de un narco-estado. En suma, se trata de un Estado que impulsa ciertas políticas (e.g. la guerra contra el narcotráfico) que suministran ex profeso una trama legal e institucional en beneficio irrestricto de los negocios criminales. Es el predominio categórico del binomio criminalidad empresarial-violencia criminal en la trama de relaciones sociales comprendidas en un Estado. Por ejemplo, en México es virtualmente imposible aspirar a un cargo de elección popular sin el aval y el financiamiento de las organizaciones criminales. Lo cual resulta cierto para todos los niveles de la cadena de mando político, es decir, municipal, estatal o federal. Esto implica que el crimen tenga control de la totalidad de las instituciones de Estado. Por eso se dice que tenemos un narco-estado. Otro ejemplo lapidario es la situación de los ministerios públicos o las instituciones judiciales. Más de un agente ministerial ha confesado en encuentros con periodistas, que la orden de “arriba” es desestimar los casos que involucren personas desaparecidas a manos del crimen, y por consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier seguimiento a esas ocasiones de delito. Con ligeras variaciones en las diferentes entidades federativas, el porcentaje de impunidad oscila entre el 98 y el 100 por ciento. Esto no es un desafío del crimen al Estado: eso es un Estado al servicio del crimen.

Para recapitular, cabe recordar lo sostenido en otra entrega: “Un narco-estado es un Estado donde la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese Estado están todos coludidos con el narco, pero no por una cuestión de corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el narco es el patrón de ese Estado. La narco-política es la cría de los negocios criminales, creada por y para la empresa criminal. Y con los narco-funcionarios , los patrones –la empresa criminal– ganan mucho más. En este sentido, la impotencia o negligencia de las instituciones para perseguir a los delincuentes es la ley natural de un narco-estado . El Estado es el brazo legalmente armado de la empresa criminal...”).

Resumidamente, el narco-estado es la modalidad específica de organización de la violencia en México. Desde luego que no es un Estado fallido: es un Estado criminal. La guerra nunca fue contra las drogas o el narcotráfico. La guerra es una política de Estado para organizar la violencia en beneficio de la empresa criminal. Y el resultado de esa política es la configuración de un narco-estado. Fuente ¿Qué es un Narco-estado?. Rebelión. Diciembre del 2014.

/////



NARCO-ESTADOS CONTRA LA LIBERTAD.

*****

Raúl Zubechi.

La Jornada sábado 21 de julio del 2018.

La riqueza acumulada por el uno por ciento está siendo blindada por una alianza entre las redes del narcotráfico y sectores del aparato estatal, que sirven a los intereses de las grandes multinacionales pero se han conformado, a la vez, como un importante factor de poder. Esta alianza opera despejando territorios para los emprendimientos minero-energéticos, de los que se beneficia creando amplios espacios bajo su control que utiliza para lubricar sus negocios ilegales.

Recién en años previos empiezan a publicarse análisis sobre esta realidad que, bajo el nombre de narcotráfico, designa un modo de dominación y control de las poblaciones. No deberíamos perder de vista que los narco-estados no son desviaciones de la tradición de los estados-nación, sino su nueva configuración a la medida del extractivismo/cuarta guerra mundial, lo que complejiza tanto las resistencias de los sectores populares como la lucha emancipatoria en general.

La conformación de narco-estados (y narco-instituciones) parece estar creciendo y no se restringe al espacio latinoamericano. En algunos países de Europa las mafias aliadas con políticos consiguen sentar sus reales en municipios y hasta en regiones enteras, llegando a influir de forma determinante en la configuración del mapa político, en particular en Italia.

En varios países de América Latina esta alianza opera junto a las iglesias evangélicas y pentecostales, sobre todo en Brasil y Colombia, donde apoyan a los partidos y candidatos de la derecha, aunque algunas de ellas llegaron a sostener durante años al gobierno de Lula para dar luego un brusco giro en sentido contrario.

En los meses recientes reapareció un violento conflicto por el control de la ciudad de Medellín (Colombia), que había sido colocada como paradigma de la pacificación de una de las ciudades más violentas, gracias a una gestión municipal que utilizó la arquitectura urbana para generar una cultura de paz. El rebrote de la violencia en esta ciudad-escaparate, muestra tanto los límites de las políticas públicas para controlar el narcotráfico, así como desnuda sus alianzas y modos de operar.

Un excelente reportaje del periodista Camilo Alzate sobre la guerra en curso en la Comuna 13, asegura que la ciudad de los prodigios económicos está bajo el control de las mafias y agrega una frase reveladora: El poder real que necesita el poder formal (goo.gl/6DKjTg). Luego de la gestión progresista del alcalde Sergio Fajardo (2004-2007) la ciudad se había convertido en la vidriera de la pacificación y cobijó foros internacionales de negocios para las élites globales.

En algunos países, como en Uruguay durante la presidencia de José Mujica, se puso a Medellín como ejemplo del combate exitoso a la delincuencia, que se resolvería construyendo espacios deportivos, bibliotecas públicas y lugares de encuentro donde los jóvenes descubrirían las maravillas de la vida y se alejarían de las bandas criminales.

La idea de fondo es que una buena gestión puede resolver las desigualdades estructurales sin tocar privilegios, incluyendo la corrupción endémica del aparato estatal. Se recuperó el concepto de acupuntura urbana que había funcionado décadas antes en la brasileña Curitiba, para resolver problema sociales mediante intervenciones puntuales en la ciudad.

Lo cierto es que aquella experiencia for export, fracasó sin que los responsables dieran la cara. Los dirigentes sociales de la Comuna 13 le dijeron a las autoridades: No confiamos en la institucionalidad, y sobre todo no confiamos en la policía. Y concluyen: Si la comunidad no puede confiar en la policía, ¿qué nos queda?.

Este es el punto central. No hay políticas sectoriales para resolver el problema del narcotráfico, porque ya se ha integrado en el aparato estatal, el verdadero poder que utiliza las instituciones. En Medellín hay centenares de amenazados y desplazados por las bandas criminales que impusieron un toque de queda permanente en las noches. La policía se limita a atacar a los jóvenes a los que considera siempre sospechosos, mientras protege a las mafias.

En varias visitas a Medellín pude comprobar cómo en las comunas este poder narco controla el transporte forzando a los choferes a pagarles cuota, así como a todos los comercios a partir de un límite territorial que ellos controlan. El negocio de las garrafas de gas, de los celulares y la televisión, están todos en manos de los narcos, en una amplia geografía que va desde Medellín a Río de Janeiro, pasando por buena parte de las ciudades del continente.

¿Cómo se desmonta este poder narco-estatal?

Imposible hacerlo desde adentro, como demuestran todas las experiencias conocidas.

Para los movimientos antisistémicos es un tema central, ya que este poder se dedica a destruir toda organización popular porque ambicionan el control completo de los territorios. Por lo que conocemos, sólo organizándonos al margen de estos poderes será posible construir movimientos emancipatorios sólidos y duraderos.

*****