¿SE ESTÁ CONVIRTIENDO EE. UU. EN UN ESTADO FALLIDO?

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EL TÉRMINO ESTADO FALLIDO es empleado por  periodistas y comentaristas políticos, como también Profesionales de las Ciencias Sociales,  para describir un Estado soberano que, se considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund for Peace ha propuesto los siguientes parámetros:

Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.

Incapacidad para suministrar servicios básicos.

Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Por lo general, un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político, y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados,(Tiempos de los Estados de México y Colombia) así como una marcada degradación económica. Sin embargo, el grado de control gubernamental que se necesita, para que un Estado no se considere como fallido, presenta fuertes variaciones. Más notable aún, el concepto mismo de Estado fallido es controvertido, sobre todo cuando se emplea mediante un argumento de autoridad, y puede tener notables repercusiones geopolíticas.

En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados (e incluso desarmados) desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, (Perú) a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial y a la interferencia militar en la política.

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¿SE ESTÁ CONVIRTIENDO EE. UU. EN UN ESTADO FALLIDO?

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PAUL Krugman

El País. España sábado 7 de noviembre del 2020

 

Mientras escribo estas líneas, parece extremadamente probable que Joe Biden haya ganado la presidencia. Y claramente ha recibido millones de votos más que su rival. Puede y debería afirmar que ha recibido un firme mandato para gobernar la nación.

Pero hay verdaderas dudas acerca de si podrá, de hecho, gobernar. Por el momento, parece probable que el Senado —que no es nada representativo del pueblo estadounidense— siga en manos de un partido extremista que saboteará a Biden de todas las formas posibles.

Antes de entrar en los problemas que probablemente cause este enfrentamiento, hablemos de lo poco representativo que es el Senado. Cada Estado, por supuesto, elige dos senadores, lo que significa que los 579.000 habitantes de Wyoming tienen el mismo peso que los 39 millones de California. Los Estados excesivamente representados tienden a estar mucho menos urbanizados que el conjunto del país. Y teniendo en cuenta la creciente división política entre las áreas metropolitanas y las rurales, esto da al Senado una fuerte inclinación a la derecha.

Un análisis llevado a cabo por FiveThirtyEight.com concluía que el Senado representa de hecho un electorado casi siete puntos porcentuales más republicano que el votante medio. Casos como Susan Collins, que resistió en un Estado demócrata, son excepciones; el sesgo derechista subyacente del Senado es la principal razón por la que probablemente el Partido Republicano conserve el control, a pesar de la importante victoria demócrata en número de votos populares.

Posiblemente se preguntarán por qué es un problema que el control del Gobierno esté dividido. Después de todo, los republicanos controlaron una o ambas cámaras del Congreso durante tres cuartas partes de la presidencia de Barack Obama y sobrevivimos, ¿no? Sí, pero.

El hecho es que la obstrucción republicana causó mucho daño incluso durante los años de Obama. Los republicanos emplearon tácticas agresivas, incluso amenazaron con provocar el impago de la deuda nacional para forzar una retirada prematura de las ayudas fiscales que ralentizó el ritmo de la recuperación económica. He calculado que, sin este sabotaje, la tasa de desempleo en 2014 podría haber sido dos puntos porcentuales más baja de lo que fue de hecho.

Y la necesidad de aumentar el gasto es todavía más aguda ahora que en 2011, cuando los republicanos se hicieron con el control de la Cámara de Representantes. En estos momentos, el coronavirus avanza desbocado, con más de 100.000 contagios diagnosticados cada día y en rápido aumento. Esto va a golpear duramente la economía, incluso si los gobiernos estatales y locales no imponen nuevos confinamientos.

Necesitamos desesperadamente una nueva ronda de gasto federal en sanidad, ayuda para el desempleo y para empresas, y apoyo a las apuradas administraciones estatales y locales. Cálculos razonables indican que deberíamos gastar 200.000 millones de dólares o más al mes hasta que una vacuna ponga fin a la pandemia. Me asombraría mucho que un Senado todavía controlado por Mitch McConnell accediera a algo así.

Incluso después de que la pandemia haya pasado, es probable que afrontemos una persistente debilidad económica y una necesidad urgente de más inversión pública. Pero McConnell decidió bloquear el gasto en infraestructuras incluso con Trump en la Casa Blanca. ¿Por qué iba a volverse más responsable con Biden en el cargo?

Por supuesto, el gasto no es la única forma de hacer política. Por lo general, hay muchas cosas que un presidente puede hacer para bien (Obama) o para mal (Trump) mediante órdenes ejecutivas. De hecho, durante el verano, un grupo de trabajo demócrata determinó cientos de cosas que un presidente como Biden podría hacer sin tener que acudir al Congreso.

Pero ahí es donde me preocupa la participación de un Tribunal Supremo fuertemente partidista, un tribunal modelado por la decisión de McConnell de saltarse las normas y nombrar a Amy Coney Barrett cuando solo faltaban unos días para las elecciones. Seis de los nueve magistrados han sido nombrados por un partido que solo ha ganado la votación popular una vez en las pasadas ocho elecciones. Y pienso que hay muchas probabilidades de que este tribunal pueda comportarse como lo hizo el Supremo de la década de 1930, que siguió bloqueando programas del New Deal hasta que Franklin D. Roosevelt amenazó con aumentar el número de magistrados, algo que Biden no podría hacer hoy, con un Senado controlado por los republicanos.

De modo que estamos en un buen lío. La derrota de Trump significaría que, por el momento, hemos evitado caer en el autoritarismo; y sí, lo que está en juego es eso, no solo por quién es Trump, sino también por lo extremista y antidemocrático que es el Partido Republicano de nuestros días. Pero nuestro sesgado sistema electoral significa que el partido de Trump sigue todavía en posición de obstaculizar, quizá paralizar, la capacidad del próximo presidente para abordar los enormes problemas epidemiológicos, económicos y medioambientales a los que nos enfrentamos.

Digámoslo así; si estuviéramos analizando un país extranjero con el grado de disfunción política de Estados Unidos, probablemente consideraríamos que está al borde de convertirse en un Estado fallido, es decir, un Estado cuyo Gobierno ya no es capaz de ejercer el control efectivo.

Es posible que la segunda vuelta de las elecciones en Georgia otorgue el control del Senado a los demócratas; a falta de eso, a lo mejor Biden logra encontrar unos cuantos republicanos razonables y dispuestos a alejarnos de ese abismo. Pero a pesar de la victoria aparente del demócrata, la República sigue corriendo un gran peligro.

PAUL KRUGMAN es Premio Nobel de Economía © The New York Times, 2020. Traducción News Clips

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