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“Como decía más arriba, comprender el mecanismo de la espera también
permite enfrentarlo. Las universidades tienen algo que el hombre de Kafka no
tenía, tiene una comunidad capaz de organizarse, construir
alianzas e intervenir sobre su destino. Esa capacidad colectiva abre una
posibilidad que ningún expediente puede clausurar por anticipado. Hacerla
efectiva exige sostener el reclamo judicial y articularlo con una estrategia
política y social, por ejemplo, seguir coordinando acciones entre
universidades, gremios y estudiantes; explicar en cada territorio las
consecuencias del desfinanciamiento; ampliar los compromisos de la cultura,
el trabajo y la producción con la educación pública. Cada apoyo
debe ayudar a convertir una demanda universitaria en una exigencia
compartida de cumplimiento de la ley.
“Ninguna de estas acciones garantiza
por sí sola el resultado, lo estamos experimentando. Sin embargo, juntas pueden
modificar las condiciones del conflicto, impedir que el
incumplimiento se naturalice y sostener la fuerza necesaria para lograr
una respuesta. La esperanza se construye también así, reconociendo
las dificultades y organizando las capacidades para superarlas. La imagen de
Kafka nos ayuda a comprender el peligro. El desenlace nos corresponde
escribirlo colectivamente. Hay una ley que hacer cumplir y una universidad
que necesita seguir enseñando, investigando y abriendo
oportunidades. Defenderla es ejercer, desde siempre, nuestra capacidad
de construir un futuro común.
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Estudiantes movilizan en la 4ta Marcha Federal Universitaria en Rosario Andrés Macera-
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CUANDO LA DEMORA SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE PODER.
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Por. Dr. Anselmo Torres.
Rector de la Universidad Nacional de Río
Negro.
Fuente. Página /12 sábado 17 de octubre del 2026.
Hay una manera de privar a una
sociedad de un derecho sin eliminar sus leyes, es postergar su cumplimiento
hasta que la espera haya producido el daño. El derecho permanece escrito;
quienes deberían aplicarlo deciden, mientras tanto, las condiciones para no
hacerlo.
El conflicto por el financiamiento
universitario obliga a pensar esa distancia. La discusión atraviesa el Congreso, los tribunales y
las oficinas del Ejecutivo, pero su medida más concreta está en la vida
cotidiana de las universidades. Allí, cada mes tiene consecuencias. Los
salarios deben alcanzar para vivir, las becas deben permitir estudiar y las
instituciones necesitan recursos para sostener sus actividades. Ninguna de
esas necesidades puede quedar suspendida al ritmo de un expediente.
Franz Kafka ofrece una imagen
inquietante para
comprender esta experiencia. En “Ante la ley”, la parábola incluida en El
proceso, un hombre llega ante un guardián y solicita entrar. El
guardián le responde que en ese momento no puede permitirlo. El hombre
pregunta si podrá ingresar más adelante. La posibilidad queda
abierta y la espera comienza. Pasan los años. Finalmente, el hombre muere
sin haber atravesado la puerta.
La fuerza del relato reside en esa promesa que nunca se
cumple. La entrada no aparece clausurada de una vez y para siempre.
Permanece como una posibilidad, administrada por una autoridad que
decide cuándo sería oportuno ejercerla. La vida del hombre transcurre
esperando una autorización.
No se trata de presentar esta como la
única interpretación de Kafka
ni de convertir una obra literaria en un dictamen jurídico. Se trata de reconocer
una experiencia política que su literatura permite iluminar, la
existencia de una ley puede convivir con la imposibilidad práctica
de acceder a ella.
En la controversia universitaria hay, además, un antecedente
decisivo. El 26 de junio de 2026, hemos informado que la Corte
Suprema había dejado firme la cautelar referida a los artículos 5 y 6
de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con salarios y
becas. El propio comunicado distinguía ese avance de las tareas
pendientes, conseguir su cumplimiento efectivo y avanzar en la aplicación
integral de la ley.
Esa distinción permite formular el problema con precisión. Obtener reconocimiento
judicial y conseguir que ese reconocimiento transforme la realidad
son momentos diferentes, lo sabíamos. Entre ambos puede abrirse una
distancia en la que el derecho pierda eficacia.
Por supuesto, apelar una decisión
judicial forma parte
de las garantías del proceso. La presentación de un recurso no demuestra
por sí sola una conducta abusiva. Corresponde examinar cada planteo, su
admisibilidad y sus efectos. Pero esa precisión también exige distinguir
entre discutir una resolución y estar habilitado para incumplir una
obligación vigente. La existencia de una controversia no convierte
automáticamente cualquier demora en legítima.
La cuestión política aparece cuando la sucesión de trámites
termina haciendo de la espera una condición permanente. Cada decisión promete
acercar una solución, mientras una nueva instancia vuelve a desplazarla.
El procedimiento, concebido para proteger derechos, corre entonces el riesgo
de absorber las energías de quienes necesitan ejercerlos.
El tiempo tiene aquí una distribución
desigual.
Quien administra los recursos puede prolongar una controversia; quien
necesita un salario o una beca debe resolver cómo vivir durante
esa prolongación. Para una familia, un mes de espera tiene un peso
que ningún escrito judicial puede neutralizar. Para una universidad,
la pérdida de un equipo docente o la interrupción de una investigación
puede comprometer años de trabajo.
Por eso la demora puede operar como una forma de ajuste. Mientras
se discute la obligación de financiar, el deterioro avanza. Después, una eventual
recomposición de partidas encontrará una institución distinta, personas
que se fueron, estudiantes que interrumpieron sus carreras, proyectos
que perdieron continuidad. El dinero podrá reponerse, si
alguna vez llega. Sin embargo, algunas oportunidades ya habrán pasado.
Hay también un desgaste político. Una comunidad obligada a
demostrar reiteradamente la validez de su reclamo debe dedicar parte creciente
de sus esfuerzos a conseguir que se cumpla lo reconocido. Enseñar,
investigar y proyectar quedan atravesados por la necesidad de sostener
las condiciones elementales para seguir haciéndolo. La incertidumbre
termina organizando la vida institucional.
La lectura de Kafka invita a advertir
ese mecanismo. Pero
su potencia crítica se perdería si condujera a aceptar la impotencia
como destino. Las universidades cuentan con organización colectiva, acción
judicial, representación institucional y vínculos sociales. Esos recursos permiten
disputar la espera y exigir que las decisiones tengan consecuencias.
El problema excede al sistema
universitario.
Si una obligación pública puede diferirse hasta agotar a quienes
reclaman, se debilita la confianza en la capacidad de las instituciones
democráticas para ordenar la vida común. La eficacia de una ley se juega
también en el tiempo de su cumplimiento.
Defender la universidad pública exige,
por eso, discutir quién paga el costo de cada demora. Detrás de los expedientes
hay vidas, trayectorias y capacidades colectivas que no pueden esperar
indefinidamente.
Una sociedad democrática debe poder
ofrecer algo más que una puerta abierta hacia un futuro que nunca llega. Debe
garantizar que los derechos puedan ejercerse mientras todavía existen las
condiciones para hacerlo.
Como decía más arriba, comprender el
mecanismo de
la espera también permite enfrentarlo. Las universidades tienen algo que
el hombre de Kafka no tenía, tiene una comunidad capaz de organizarse,
construir alianzas e intervenir sobre su destino. Esa capacidad
colectiva abre una posibilidad que ningún expediente puede clausurar por
anticipado.
Hacerla efectiva exige sostener el
reclamo judicial y articularlo
con una estrategia política y social, por ejemplo, seguir coordinando
acciones entre universidades, gremios y estudiantes; explicar en cada territorio
las consecuencias del desfinanciamiento; ampliar los compromisos de
la cultura, el trabajo y la producción con la educación
pública. Cada apoyo debe ayudar a convertir una demanda universitaria
en una exigencia compartida de cumplimiento de la ley.
Ninguna de estas acciones garantiza
por sí sola el resultado, lo estamos experimentando. Sin embargo, juntas pueden
modificar las condiciones del conflicto, impedir que el
incumplimiento se naturalice y sostener la fuerza necesaria para lograr
una respuesta. La esperanza se construye también así, reconociendo
las dificultades y organizando las capacidades para superarlas.
La imagen de Kafka nos ayuda a
comprender el peligro.
El desenlace nos corresponde escribirlo colectivamente. Hay una ley
que hacer cumplir y una universidad que necesita seguir enseñando,
investigando y abriendo oportunidades. Defenderla es ejercer,
desde siempre, nuestra capacidad de construir un futuro común.
Anselmo Torres es rector de la
Universidad Nacional de Río Negro
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