UN GRITO QUE RECORRIÓ TODO EL PAÍS.- En todas las provincias hubo
actos, marchas, festivales artísticos y lectura de documentos. En Neuquén, uno de los momentos centrales fue la presentación de la
instalación artística Mil Grullas. Según los organizadores, una antigua leyenda japonesa asegura que si se
desea algo con mucha fuerza y se construyen mis grullas de papel, lo deseado se
cumple. El acto se desarrolló en el ex
centro clandestino de detención y tortura La Escuelita. Además, se
colocaron “baldosas por la memoria” en homenaje a Roberto “Champa” Rigoni y a Ricardo y Enrique Horacio Sapag (hijos
del ex gobernador Felipe). En Jujuy la jornada se comenzó pintando pañuelos
blancos en las veredas. María Eugenia
Villada, hija de desaparecidos, reclamó que la Justicia no dé prisión
domiciliaria a los condenados por crímenes de lesa humanidad y pidió la ayuda
del Equipo Argentino de Antropología
Forense y del Banco Nacional de Datos Genéticos para identificar a los 127 desaparecidos de esa provincia. El
mal clima no pudo con los fueguinos y
las actividades se desarrollaron bajo techo. Comenzaron con una vigilia a
partir de las 21 del viernes 23, con
música, murgas y teatro. En el acto central se leyó un documento único
consensuado por la Mesa Multisectorial
de Derechos Humanos. “La prisión
domiciliaria es una amnistía encubierta. El único lugar para los genocidas es
la cárcel común, perpetua y efectiva!”, expresa el documento consensuado
por la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba. Y también se incluyó la
exigencia de “educación sexual para
decidir sobre la concepción; anticonceptivo para no abortar; aborto legal,
seguro y gratuito para no morir”. Los actos se multiplicaron en Santa Fe, Tucumán, Río Negro,
entre otros otras. Página/12.
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ARGENTINA: 42 ANIVERSARIO
DEL GOLPE MILITAR. “UN ATROPELLO A LOS DERECHOS BÁSICOS”.
Duro Documento de los
Organismos de Derechos Humanos en el Acto Central.
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Carlos Rodríguez.
Página/12 domingo 25 de marzo del
2018.
Una nueva conmemoración
del 24 de marzo, cientos de miles de manifestantes marcharon con sus propios
carteles y acompañaron las consignas contra la regresión y la “banalización del
espanto”.
En
el aniversario número 42 del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cientos de miles de personas que
llenaron las calles desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo avalaron la
advertencia hecha al gobierno de Mauricio
Macri en el sentido de que los organismos de derechos humanos no permitirán
“ni un retroceso en las políticas de
memoria, verdad y justicia” para condenar a los responsables militares y
civiles de los crímenes de lesa humanidad. Primero
desde el escenario montado junto a la Pirámide de Mayo, y luego en declaraciones a la prensa,
la titular de Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela Carlotto, fue muy dura con el gobierno de Cambiemos: “Es un grupo nefasto y Mauricio Macri no
nos quiere”. Por su parte, Taty
Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que la marcha
fue también “contra el ajuste, la represión y la impunidad y por una democracia sin
presos políticos como Milagro Sala”. La multitud saludó con aplausos la
presencia en la manifestación de Carlos
Zannini y de Luis D’Elía,
liberados pocas horas antes por decisión de la Justicia. Zannini, acompañado
por Máximo Kirchner, fue ovacionado por la multitud cuando subió al
escenario.
Desde antes del mediodía, la Avenida de Mayo se fue llenando de
manifestantes, recibidos a lo largo de la marcha por una serie de afiches
colgados por la organización villera La
Poderosa: “30.000 no pudieron venir, la columna de Cambiemos tampoco”, “Afuera (Patricia) Bullrich, adentro (de la
cárcel) genocidas” o “Las víctimas de los vuelos de la muerte no se ahogaron,
Santiago Maldonado tampoco”, eran algunos de los mensajes. Una de las
primeras columnas en llegar fue la de la Coordinadora
de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, conformada por hinchas de clubes
que participan en los torneos de primera división y en los del ascenso. La
organización, que se formó en noviembre del año pasado, participó por primera
vez en una marcha por el 24 de marzo. Está integrada por simpatizantes de más de quince clubes, entre ellos San
Lorenzo, Ferro Carril Oeste, Temperley, Nueva Chicago y Racing.
Frente al Hotel Castelar, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(Sipreba), montó una radio abierta por la que pasaron dirigentes gremiales como
Hugo Yasky, de la CTA, y trabajadores de la TV Pública,
Radio Nacional y de la agencia de noticias Télam,
que denunciaron la política de vaciamiento de esos medios estatales. Guillermo Mastrini, especialista en
comunicación, afirmó que “si algo logró el gobierno de Cambiemos en materia de
medios públicos es que nadie los mire ni los escuche, que nadie los consuma”.
Los trabajadores de Télam difundieron distintos materiales referidos a la
marcha del 24 de marzo, mientras que la agencia publicó una breve nota de
cartelera sobre el acontecimiento periodístico más importante del día.
La
marcha hacia la Plaza de Mayo
se hizo dificultosa, por la presencia multitudinaria de columnas que marchaban
por la Avenida de Mayo, por Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, y por las diagonales
Sur y Norte. La primera parte del acto comenzó con la llegada al escenario de
los organismos de derechos humanos,
encabezados por las Madres y Abuelas. Se leyó un documento en el que se
hizo una reivindicación de la lucha de los militantes de los años setenta, se
criticó “la demora en los juicios por
crímenes de lesa humanidad” desde que asumió el actual gobierno y se
condenó “el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y
Justicia en las áreas que dependen del Estado”.
Desde el escenario se hizo
referencia a los 44 tripulantes del ARA
San Juan, desaparecido en el Atlántico
Sur desde el 15 de noviembre pasado, y se le exigió al Gobierno que “diga
la verdad” sobre lo ocurrido con la nave y que se condene a los eventuales
responsables. Al mismo tiempo, se reclamó el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En
el acto se hicieron presentes los familiares de Maldonado y de algunos de los
tripulantes del submarino desaparecido.
Antes de subir al escenario, Carlos Zannini, quien había recuperado
la libertad por la mañana por disposición del Tribunal Oral Federal 8, dijo que
estaba satisfecho por poder estar “en la
plaza de la lucha” y recordó que cuando salió de la cárcel en 1978 “estaba solo, ahora en cambio tengo el cariño de un montón de
compañeros que me están acompañando”.
Cerca de las 16 comenzó la lectura
del documento firmado por los organismos de derechos humanos, en el cual se
subrayó que a “42 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico, nos encontramos en
estado de movilización permanente”, cada vez que el gobierno nacional
“avanza en contra de los principios de Memoria, Verdad y Justicia”.
Resaltaron que en los últimos años “hemos sido testigos del atropello
sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de
los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta
social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de
seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes,
dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el
presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia) Vidal lanzan para
imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria”.
En ese marco, “todos
los sectores vinculados al bienestar y desarrollo social han sido vulnerados”.
El Gobierno “sustentado por los
grandes grupos económicos que financiaron la dictadura”, con el aval de “una importante cantidad de gobernadores” trazó una política que incluye
“metodologías planificadas, en las que combina la utilización de los medios de
difusión más poderosos, el sector más reaccionario de la justicia, el propio
estado y las fuerzas represivas, para asesinar por la espalda si cometes un
delito menor, ser desaparecido para aparecer flotando en un río si te animas a
una protesta contra los grupos concentrados y en defensa de los pueblos
originarios” o “permanecer detenido de
manera ilegal si encarnas la protesta social y la reivindicación de los derechos
básicos”.
Describieron una “realidad dramática” en la cual “la educación pública y sus trabajadores no
son más que un “blanco legítimo” de la mal llamada “modernización”, la salud pública sólo es un costo que debe
ser paulatinamente eliminado y los entes fundamentales para el desarrollo de
país como la Anses, el Conicet, INTI,
INTA y otros similares se encuentran con parte del personal despedido o en
vías de ello”.
Los únicos
beneficiados son “las grandes concentraciones
económicas que reciben día a día la brutal transferencia del esfuerzo de todo
el pueblo argentino”. Respecto de la
política de derechos humanos, se afirmó que este gobierno “se burla de
manera macabra y no se conforma con intentar generar una amnistía encubierta
con el fallido 2×1, sino que presiona al Poder Judicial para enviar a cientos
de genocidas a sus casas”.
En el documento se sostuvo que el
gobierno “intenta banalizar el espanto,
tergiversa la realidad con su propaganda y miente, miente, miente sabiendo que
algo quedará”. La política oficial busca “devolver favores a los asesinos,
que al servicio de los mismos grandes intereses que hoy encarnan este proceso
neo liberal, hace más de 40 años perpetraron la mayor persecución y matanza de
la historia”.
Los
organismos de derechos humanos
advirtieron que
“jamás
permitiremos que éstas políticas siniestras tengan éxito y seguiremos
movilizando y multiplicando esta resistencia en cada calle de cada ciudad o
pueblo hasta ponerle fin a tanto atropello y tanta injusticia”. Por ello exigieron “el fin del
encubrimiento político judicial a dos miembros nefastos de la justicia local,
como son el Juez Pedro Federico Hooft
y el fiscal general Fernández Garello,
quienes representan y encarnan la permanencia y perpetuidad del aparato
judicial de la dictadura militar en nuestros días”.
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