HUELGA GENERAL INDEFINIDA. TÍA MARÍA NO VA. POBLACIÓN DEL VALLE DE TAMBO ANUNCIA HUELGA
GENERAL INDEFINIDA DESDE EL LUNES 15 DE JULIO. Presidente
mire al Congreso la violencia como lo “insultan”. Mire el TC, como lo
abandonan. Y EL PUEBLO SEÑOR, usted lo abandonó. Que otra alternativa queda para el Pueblo del Valle de
Tambo, después de semejante TRAICIÓN. Cuando más se gobierna en favor de la
Empresa Minera y los Empresarios en general, con semejantes beneficios. Un
Gobierno con Programa Económico-Político
“LOBBISTA” y “DEMOCRACIA de MERCADO” “olvida”, posterga y destruye los
sagrados INTERESES y DERECHOS del PUEBLO
del VALLE de TAMBO. Los miles de “puestos de trabajo”, los miles de
millones en “impuestos” por favor de la Región, NO valen la VIDA de un solo Ciudadano. Porque una VIDA es GRANDE, DIGNA
e HISTÓRICA para su FAMILIA y para su PUEBLO. La protesta social del Pueblo del Valle de Tambo, contra la minera "Tía María", hoy ya tiene -. nuevamente- una visión y solidaridad global. Mientras pasan los días - de indecisión del Gobierno, no tiene justificación, tapa y la esconde, la decisión asumida, que es total y absolutamente IRRESPONSABLE - porque la propia Presidenta de la CONFIEP ha declarado públicamente, que ellos presentaron "LA AGENDA PAÍS", pero toda la responsabilidad en cuanto a la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en favor de la Empresa Minera, la tiene el Gobierno.
Señor Mire el Congreso, como sus “amigos” de ayer, la violencia con
que están actuando, los insultos crecen de tono, los desafíos a la orden del
día y todos – el día de hoy – lo responsabilizan de lo que pueda suceder con la
presencia de 400 Policías en la Zona y una Huelga General de un PUEBLO con
DIGNIDAD. Militariizar la zona, declarar la criminalización de la protesta social - el conflicto social. Señor Presidente, usted, tiene un Ministro de Energía y Minas, que hoy parecer un Alto Funcionario de
la Minera y además, durante todo el mes de junio y julio, ha venido provocando
a la Ciudadanía de Arequipa, con respecto
a la LICENCIA que debe otorgársela a la
Minera y con plena seguridad, por
UNANIMIDAD todas las “Bancadas” en el Congreso,
lo Interpelan y lo Renuncian, con el objetivo central de golpearlo políticamente
a Usted Presidente. Reflexione
profundamente, - “usted ha metido la pata políticamente” como se dice en el lenguaje criollo, del Ciudadano de a pie – que costaba, Señor esperar un tiempo más y profundizar el DIALOGO Democrático, Alturado, Cívico y Horizontal; hasta
conseguir o NO la LICENCIA SOCIAL. Eso es Respetar los Derechos Humanos, es el Estado de Derecho para el Gobierno y para la Ciudadanía
y es principalmente fortalecer la DEMOCRACIA.
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AREQUIPA SE LEVANTA CONTRA LA MINA DE TÍA MARÍA.
AREQUIPA SE LEVANTA CONTRA LA MINA "TÍA MARÍA".
Siete civiles han muerto en enfrentamientos con la policía desde 2011.
El Gobierno peruano acaba de conceder a Grupo México la licencia para el
proyecto.
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Jacqueline
Fowks.
Diario
El país. España.
Lima
viernes 12 de julio del 2019.
El otorgamiento, esta semana, a la empresa Southern
Peru Copper Corporation, del Grupo México, la licencia de construcción de la mina de cobre Tía
María en una zona agrícola del sur del país, ha provocado un fuerte rechazo de
congresistas, autoridades locales y regionales, organizaciones de agricultores.
También un llamado de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales al
presidente Martín
Vizcarra para que “imponga el
diálogo” ante un posible conflicto social y un paro indefinido, convocado
contra el proyecto.
En 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra
el proyecto fueron enfrentadas por la Policía Nacional, que causó la muerte por
disparos a siete personas en la provincia de Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por
dichas muertes, de acuerdo con la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, una red de más de 100 organismos de la sociedad civil.
La mina de Southern Perú provocó las primeras
reacciones de rechazo tiempo atrás, en 2010, después de que se conociese que
planeaba usar agua del río Tambo en sus operaciones, un recurso utilizado por los agricultores del
valle del mismo nombre. Un organismo de Naciones
Unidas contratado por el Ministerio de Energía
y Minas para revisar el
estudio de impacto ambiental hizo más de 130 observaciones al proyecto, lo que
llevó finalmente a la empresa a desecharlo.
En 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra
el proyecto fueron enfrentadas por la Policía Nacional, que causó la muerte por
disparos a siete personas en la provincia de Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por
dichas muertes, de acuerdo con la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, una red de más de 100 organismos de la sociedad civil.
Conflicto por el uso del agua.
Tras los disturbios y víctimas fatales, la empresa
elaboró otro estudio de impacto ambiental en el que planteó la desalinización
de agua de mar para la extracción del mineral a tajo abierto, en reemplazo del
agua del río. El Ministerio de Energía y Minas lo aprobó en 2014, con vigencia
hasta agosto de este año, para que en ese lapso la empresa cumpliera otro
requisito: que los afectados locales aprobasen el proyecto minero, una licencia
social que no consiguió.
El lunes, fuentes empresariales filtraron la noticia
de que Southern obtenía la autorización
para la construcción de Tía María, pero el Ministerio de Energía y Minas se
negó a confirmar a la prensa dicha versión. Al día siguiente, la empresa
difundió un comunicado en el que afirmaba que
“Southern Peru reitera su compromiso de
no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con
el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se
den las garantías que la población necesita, a fin de lograr un contexto social
más favorable”.
A diferencia de la aprobación de otros grandes
proyectos mineros, esta vez ni el Ministerio ni el Ejecutivo informaron sobre
Tía María. Por ello, el jefe del Estado peruano ha recibido críticas desde
varios frentes, no solo de los dirigentes de la provincia donde se ubican los
dos yacimientos de cobre de Tía María. Congresistas de diversos partidos
políticos le atribuyen falta de transparencia, mientras que el gobernador de
Arequipa, Elmer Cáceres, lo ha tildado de “traidor”.
Las autoridades provinciales y distritales de Islay
acordaron el miércoles iniciar un paro indefinido, en coordinación con las
juntas de riego y otras organizaciones sociales. El martes por la noche el
diario La República informó de que unos 400 agentes
de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional embarcaban
desde la ciudad de Arequipa hacia los distritos de Islay que entrarán en paro
indefinido. Según una reciente encuesta
del Grupo Idessia realizada en la provincia de Arequipa, el 63% se opone a la
licencia de construcción de la mina. Pero un segundo sondeo, hecho en
septiembre del año pasado por Ipsos Perú en la provincia de Islay, situaba a un
59% a favor del proyecto
Mariluz Marroquín, dirigente de la junta de usuarios
de riego del valle del río Tambo, quiere, más que el diálogo con la empresa,
que el mandatario peruano se haga presente en el valle. “Él [Vizcarra] dijo que
iría. Hasta hoy sufrimos la contaminación de la fundición”, apunta en
referencia a un informe de 1.500 páginas de la Contraloría, que probó en los
años noventa que los humos de la fundición de otra operación de Southern Perú,
en la cercana provincia de Ilo, contaminaban el valle del Tambo. Las autoridades
ordenaron a la empresa resarcir a los agricultores afectados, pero nunca
cumplió. El ingeniero Carlos Guillén, quien denunció a la minera ante la
Fiscalía y ante un tribunal del agua en Holanda, fue asesinado en Arequipa en
1998 en circunstancias nunca esclarecidas. Antecedentes, todos ellos, que están
en la memoria de los locales.
Alerta amarilla.
Mientras en la capital de la región, Arequipa, y en la
provincia de Islay se multiplican las asambleas para organizar las
movilizaciones a partir del lunes que viene, el sistema de salud ha decretado
una alerta amarilla para atender a los posibles afectados por un conflicto
social y se evalúa la suspensión de las clases en 178 escuelas de Islay.
“Southern,
como otras empresas de la gran minería, quiebran el sindicalismo con el poder
económico: ofrecen dinero fresco a los trabajadores sindicalizados, no respetan ni las huelgas ni las negociaciones, ni
las multas por infracciones laborales”, critica
Jorge Juárez, secretario general del principal gremio de trabajadores mineros
de Perú. Sostiene, además, que Southern carece de buenos antecedentes
porque viola los derechos laborales y por ello teme un nuevo conflicto social: “El 70% de los
trabajadores del sector minero son tercerizados, sin ningún derecho”.
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SOCIOLOGÍA DE LA HISTORIA: CRECE LA TENSIÓN EN PERÚ ENTRE GOBIERNO Y AGRICULTORES
Los campesinos se oponen al plan Tía María por posibles daños
ambientales.
Antecedentes. El último conflicto de 1915.
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Jacqueline Fowks
Lima 6 de mayo de 1915.
Henry Checlla Chura, de 35 años, es
el segundo civil muerto por disparos de la Policía Nacional en menos de dos
semanas en el valle del Tambo, en la región Arequipa (costa sur de Perú), donde los agricultores iniciaron un paro hace 43 días en protesta contra el
proyecto minero Tía María de
la empresa Southern Copper, con una inversión de 1.400.000 dólares.
El proyecto Tía María genera tensiones en la zona desde 2009, cuando Southern Copper presentó por primera vez el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, planteando usar agua de río para la extracción de cobre: una evaluación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lo rechazó. En 2011 las protestas contra el proyecto causaron tres muertos y casi 50 heridos. La minera entregó un segundo EIA en 2013 con una modificación: desalinizar agua de mar para no abastecerse del río Tambo, y esta vez fue aprobado, en 2014, por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los agricultores temen que el polvo de la operación minera dañe sus cultivos. Frente a ello, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, dice que debido a la orientación de los vientos la agricultura no será perjudicada.
El
ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha informado de que han
llegado a la zona más de 1.000 nuevos policías —sumando casi 3.000 en
total— para restablecer el orden en el distrito de Cocachacra, donde han sido constantes las manifestaciones, bloqueos de carreteras y
enfrentamientos entre agricultores y los agentes. El funcionario dijo que lo
hicieron el domingo para evitar “el costo social” pero los choques se
reanudaron: 17 heridos civiles el lunes, y dos heridos por arma de fuego la
noche del martes en la misma confrontación en la que perdió la vida el obrero
de construcción civil Checlla en la zona llamada Alto Inclán.
“Se convoca a los
trabajadores de construcción civil a estar presentes a primeras horas de la
mañana para dirigirnos al hospital y no se cambie la versión de la muerte de
nuestro compañero en manos de la Policía”, indicó el Sindicato de Trabajadores.
Poco después, el ministro
de Interior confirmó en Lima la segunda muerte y los dos heridos del martes en
el conflicto social, y criticó la “ferocidad
de los ataques de los manifestantes”.
El
miércoles 23 de abril, cuando se produjo la muerte del agricultor Victoriano
Nina por un proyectil, cerca de una carretera que los agentes intentaban
despejar, la policía negaba haber usado armas letales. Ese día, en Lima, el presidente Ollanta Humala quiso decretar el
estado de emergencia en la provincia de
Islay, pero no obtuvo el respaldo de todo el gabinete. Desde el último fin
de semana, la medida ha sido mencionada públicamente como una posibilidad.
El
economista José de Echave explica a EL PAÍS que las dudas entre los agricultores de Islay se
deben
“a la profundidad de los
dos tajos que prevé la operación, pues hay canales de aguas subterráneas muy cerca
del trazo. La percepción es que Tía María va a romper los equilibrios en un
valle donde no abunda el agua. Temen que gradualmente la agricultura
desaparezca”.
Antes de que se produjera la segunda muerte en Islay, el primer ministro, Pedro Cateriano, anunció
que el Gobierno solo dialogará si cesa la violencia, y tres alcaldes
distritales de la provincia de Islay
pidieron a la Defensoría del Pueblo que sea el mediador en el conflicto.
Según
la Defensoría del Pueblo, en lo que va del paro en Islay ha habido 186 heridos:
111 policías y 75 civiles. Por eso, ha invocado a una pronta solución del
problema, debido a la suspensión de las clases en las escuelas, el
desabastecimiento y la inseguridad. Además, el gobierno
de Humala arrastra el antecedente de un conflicto
social similar que obstaculizó el proyecto minero Conga, en la sierra norte, y
que produjo cinco muertes en 2012.
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AREQUIPA SE LEVANTA CONTRA LA MINA "TÍA MARÍA".
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