“HAY QUE HACER UNA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA EXTERNA”
Asegura Eric Toussaint,
uno de los responsables del exitoso proceso de reducción de la deuda externa de
Ecuador, al referirse a la posibilidad que tiene Colombia para declarar
ilegítima e ilegal una parte de la deuda
Eric Toussaint es el portavoz internacional del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas,
una red ciudadana presente en más de 30 países del mundo. Toussaint fue el hombre clave en la auditoría integral de crédito
público de Ecuador,
convocada en 2007 por Rafael Correa, que desembocó en la suspensión
unilateral del pago de la deuda externa y en la posterior recompra de los bonos
al 30 % de su valor total. Una jugada maestra que representó un ahorro cercano
a US$7.000 millones, multiplicó la
inversión en educación, salud e infraestructura y se convirtió en un referente
para muchos países del mundo. Durante su estadía en Colombia, Toussaint habló con El
Espectador sobre la socialización de los bancos y la posibilidad de hacer
una auditoría ciudadana de la deuda externa en nuestro país.
Usted ha escrito muchos libros sobre las crisis del
sistema financiero, ¿cuál es su postura sobre los bancos?
En el sistema
actual hay un oligopolio de un número muy limitado de bancos que controlan todo
el mercado financiero y actúan en
beneficio de una pequeña minoría privilegiada, por eso estoy en favor de
transferir el ahorro y los créditos de los ciudadanos hacia el sector público,
estoy a favor de socializar la banca.
¿Hay
algún país donde su propuesta se esté aplicando?
Francamente
no, en este momento no hay ningún gobierno que tome medidas para controlar las
ganancias de los bancos. No hay ningún
gobierno que aplique políticas de disciplina fuerte y mucho menos alguno que
contemple la socialización. Al contrario, si
uno mira en perspectiva, en muchos casos el estado ha nacionalizado muchos
bancos en crisis para rescatar a los accionistas privados.
¿Cuáles
son las consecuencias que trae este rescate para la sociedad civil?
Uno de los efectos inmediatos es el aumento de la deuda externa. Para salvar los bancos en crisis, los gobiernos socializan las pérdidas y transforman deudas privadas en deudas públicas. En España, por ejemplo, antes de la crisis, el endeudamiento público era del 36 % del PIB; hoy en día, después del rescate de los bancos, la deuda alcanza el 100 % del PIB.
¿Cómo fue
la experiencia que usted lideró en Ecuador para hacer la auditoría ciudadana y
reducir la deuda?
Cuando Rafael Correa era ministro de
finanzas, logró convencer al gobierno de adoptar un decreto
diciendo que el suplemento de ingreso fiscal fruto del aumento de los precios
de los hidrocarburos tenía que destinarse al gasto social y no a pago de la
deuda. En ese momento, el banco mundial
suspendió el desembolso de créditos y presionó al presidente de Ecuador para
derogar el decreto. Correa renunció a su
cargo y un año después ganó las elecciones. Ya en el poder, expulsó al
presidente del Banco Mundial en Ecuador e instituyó una comisión de auditoría
integral de la deuda. Yo hice parte de esa comisión.
¿Cuál fue la labor de la auditoría?
Nuestro
propósito era auditar las deudas de Ecuador entre 1976 y 2006. Trabajamos 14
meses y al final hicimos un informe que demostraba, teniendo en cuenta la
jurisprudencia internacional, que una gran parte de la deuda de Ecuador era
ilegal e ilegítima. Con nuestro diagnóstico, el gobierno decidió suspender de
manera unilateral el pago de los bonos.
¿Qué pasó después?
Seis meses
después de la suspensión del pago, en abril de 2008, Ecuador propuso una
recompra de los bonos a 30 % de su valor y en junio de 2009 había comprado el
91 % del total. Ese tramo de deuda era de US$3.000 millones, la recompra costó
US$800 y además se ahorraron todos los intereses que habrían tenido que pagar
hasta 2030. El ahorro total fue cercano a los US$7.000 millones y el gobierno
pudo aumentar los gastos fiscales y la inversión social en educación, salud,
empleo, infraestructura.
Hoy en
día, la deuda externa de Colombia es de US$121.000 millones de dólares, equivalentes al 39 % del PIB. ¿Qué se puede hacer
para reducirla?
Hay que hacer
una auditoría ciudadana de la deuda externa para examinar en qué condiciones se
endeudó, cuál fue el efecto producido por la guerra interna, cuál es el impacto
de los regalos fiscales a sectores privilegiados, cómo se hicieron las
inversiones públicas, etc. Hay que auditar la deuda con una visión integral
para identificar qué tramos son ilegales e ilegítimos.
¿Se ha
avanzado en algo?
La semana
pasada tuvimos una audiencia pública con la Contraloría General de la
República, algunos congresistas y distintos sectores de la ciudadanía. Sin
embargo, lo más
importante es que la gente del común se empodere y exija la reevaluación de la
deuda. Fuente. Juan M. Hernández B. mayo 2017. El Espectador. Colombia.
/////
"LAS
DEUDAS SE ANULAN SOLO CUANDO SE REBELAN LOS CIUDADANOS".
Entrevista
a Eric Toussaint.
*****
Arantxa Manterola.
Gara.
Rebelión miércoles 28 de agosto del 2019.
Intervino usted en la mesa redonda
de la contracumbre sobre la abolición de la deuda ilegítima pública y privada.
¿Por qué ilegítima?
En el caso de una deuda pública, se define así a la
que está contraída en unas condiciones que no respetan los intereses de la
población, o también cuando se favorece a una minoría privilegiada. Por
ejemplo, cuando para salvar un banco privado que va a hacer quiebra por haber
tomado riesgos exagerados se le da dinero público.
¿Existen ejemplos en el mundo de
deudas que se hayan abolido?
Por supuesto. En la historia moderna, pongamos desde
hace dos siglos y medio a hoy, hay casos en los que, como consecuencia de la
movilización ciudadana, han sido abolidas. La Convención de 1792 proclamó la
anulación de dos tercios de la deuda pública argumentando que el pueblo francés
no tenía por qué pagar por las deudas contraídas por la Monarquía. En 1919,
México anuló las deudas reclamadas por banqueros franceses y otros que habían
prestado dinero a regímenes corruptos combatidos por regímenes democráticos
legales. En 1837 los habitantes de cuatro estados de EEUU (Arkansas, Florida,
Missouri y Michigan) se sublevaron contra sus respectivos gobernantes, que
habían aumentado los impuestos para pagar importantes deudas adquiridas con
bancos que corrompían a hombres políticos. Derrocaron a esos gobiernos y los
nuevos gobernantes anularon la deuda. Hay otros ejemplos, como Costa Rica. Y
mucho más cerca en el tiempo, Ecuador revocó en 2008 una deuda que fue
considerada ilegítima por una comisión de auditores específica en la que yo
mismo participé.
El mismo año está también el caso de Islandia, que se negó a
pagar una deuda reclamada por Gran Bretaña y Holanda. Hay una serie de ejemplos
a lo largo de la historia pero, eso sí, solo pasa cuando los ciudadanos se
rebelan y presionan a sus respectivos gobernantes.
Dice usted que, por lo menos desde
el siglo XIX, la deuda es un arma de dominación política. Y que además no solo
afecta a los países denominados pobres, sino también a los desarrollados. Se ha
convertido en una suerte de nuevo colonialismo. ¿Dónde queda la democracia en
todo esto?
Lo que ocurre es que los prestamistas han logrado que
los estados entren en el engranaje de la deuda pública y gracias a ello sacan
pingües beneficios permanentemente. Las políticas neoliberales aplicadas desde
la época Thatcher-Reagan hacen que el sector de las finanzas someta a los
estados a una dinámica continua de reembolso de la deuda y estos renuncian a
sus obligaciones hacia los ciudadanos. Como consecuencia, se reduce el gasto
social para reembolsar una deuda que beneficia a una minoría privilegiada.
Entonces, ¿quien tiene realmente el
poder? ¿El FMI, el Banco Mundial...?
Las grandes sociedades financieras e industriales, que
están totalmente ligadas entre ellas, es decir, el gran capital para utilizar
una fórmula clásica. FMI y BM son organismos que están al servicio de ese gran
capital y ejercen una presión enorme hacia los gobiernos. Tenemos ahora mismo
el caso de Argentina o de Grecia, que están soportando el chantaje del FMI. Y
estos señores del G7 que se reúnen en Biarritz están directamente vinculados al
FMI, que es una especie de gendarme de grandes multinacionales y grandes
potencias económicas.
En un momento en el que el estado de
la izquierda en general no es muy boyante y el fatalismo gana enteros entre la
ciudadanía impotente contra este estado de cosas, ¿qué aportan iniciativas como
la contracumbre del G7?
Es evidente que la situación en Europa y en otras
zonas del mundo es complicada, pero no hay que bajar los brazos. Hay que seguir
avanzando en la concienciación y eso debe declinarse, a su vez, en movilización
si queremos que despliegue su fuerza transormadora. Precisamente por eso nos
hemos reunido en esta contracumbre al G7, para contribuir a relanzar la
movilización.
El movimiento altermundialista no tiene la fuerza del
principio de la década de los 2000, pero están los chalecos amarillos, antes
los indignados... hay que darles perspectivas. Hoy día, el movimiento
altermundialista no tiene la misma fuerza que al principio de la década del
2000, pero es absolutamente necesario que se reinvente para recuperar su
capacidad de convocatoria. Porque estamos viendo que se dan movilizaciones
espontáneas como la de los chalecos amarillos, un poco en la misma línea que
los indignados de 2011 en España. La cuestión es dar perspectivas a todos estos
movimientos.
Las fuerzas políticas de izquierda deben dejar de decepcionar a la
ciudadanía cuando esta las pone en el gobierno. Por ejemplo, se percibe una
gran desilusión tras la capitulación de Tsipras en 2015 en Grecia. Es necesario
que estas fuerzas cumplan sus promesas cuando alcanzan el gobierno y vuelvan a
dar esperanza a la gente.
Usted propone la creación de nuevas
instituciones internacionales para hacer frente a es ta situación. ¿Qué tipo de
instituciones?
Hay que refundar Europa. La Unión Europea es una
institución antidemocrática y al servicio de intereses privados. Todos los
tratados europeos están mayoritariamente dirigidos a satisfacer los intereses
de una minoría privilegiada: la competencia a cualquier precio, el derecho de
las multinacionales, la austeridad permanente, la reducción del gasto social...
Las instituciones como el FMI o el BM no sirven al interés general. Por tanto,
hacen falta nuevas instituciones políticas sobre otras bases y con organismos
financieros internacionales que reemplacen al FMI, BM, etcétera.
Aunque suene un poco irónico,
oficialmente este G7 es una cumbre contra las desigualdades. Es sabido que las
desigualdades son fuente de conflictos sociales y los conflictos no son
beneficiosos para los intereses del capital. ¿Qué cree que van a hacer estas
grandes potencias capitalistas para reducir, dicen, las desigualdades?
Eso es pura retórica. Sus políticas y actuaciones van
absolutamente en sentido contrario. Las desigualdades no se originan de forma
natural; son el resultado de las políticas desarrolladas por los gobiernos que
se reúnen en Biarritz y por los que les han precedido. Esto es una hipocresía
enorme. Estos jefes de Estado se reúnen periódicamente y eligen temáticas con
la intención de engañar a la opinión pública internacional.
Dicho esto, creo que a estas alturas ya no engañan a
nadie. Visto lo visto, su grado de credibilidad está extremadamente menguado.
Trump, Boris Johnson, Salvini... tenemos jefes de Estado que están cada vez más
desacreditados porque
han abandonado los principios fundamentales del derecho internacional. Y
nosotros estamos aquí para denunciarlos con firmeza y sin vacilaciones.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario