REVELAN LA FECHA EN LA
QUE SE TERMINARÁ EL AGUA POTABLE EN LA TIERRA.
Publicado: 2 mayo 2016
03:32 GMT | Última actualización.
Un reciente
informe secreto filtrado por Wikileaks revela que si no cambiamos
nuestros hábitos alimenticios pronto nos quedaremos sin agua potable.
Antes del año 2050 el ser humano
podría agotar todos los recursos de agua potable del planeta. Así lo revela
un artículo publicado por Inquisitr basado en un informe secreto filtrado por WikiLeaks.
Antes del año 2050 el ser humano podría
agotar todos los recursos de agua potable del planeta. Así lo
revela un artículo publicado por Inquisitr basado en un informe secreto filtrado por WikiLeaks.
¿Será realmente cierto que al año 2050, ya no habrá Agua?.
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El
informe fue redactado por ejecutivos de Nestlé, conscientes
del peligro que representa este problema para los intereses
de la compañía de alimentos más grande del mundo. Según el reporte secreto, un tercio de
la población mundial tendría problemas de escasez de agua antes de 2025, mientras que la situación se volvería catastrófica en 2050.
La razón. El
reporte, secretamente obtenido por oficiales de los Estados Unidos, detalla cómo la dieta centrada en la carne que
mayormente se sigue en Occidente está acabando con el agua potable. Esto se debe a que para alimentar al ganado
es necesario cultivar toneladas de maíz y soya, lo que a su
vez requiere grandes cantidades del preciado líquido. En su lugar, si los humanos consumieran
directamente estos vegetales, se desperdiciaría mucho menos agua.
Actualmente, los estadounidenses son los mayores consumidores de carne a nivel
mundial, pero este indicador crece en países como India y China.
Si
todos los habitantes del planeta tuvieran los mismos hábitos alimenticios que el estadounidense medio, el agua potable se habría acabado
ya en el año 2000, cuando el planeta alcanzó los 6.000 millones de habitantes. Una
solución alternativa a abrazar el vegetarianismo sería colonizar otro planeta
para salvar a la humanidad. Y, por descabellado que parezca, ya existen propuestas de este tipo.
El Banco Mundial calcula las pérdidas por
falta del agua. El informe de Nestlé fue redactado y presentado en
secreto en 2009 a altos cargos de EE.UU., aunque WikiLeaks
solo lo publicó la semana pasada. No obstante, las conclusiones de este
documento de hace siete años fueron confirmadas de manera independiente por el Banco Mundial, que este martes publicó un
informe bajo el título 'Cambio climático, Agua y Economía'. Hacia
2050 la escasez de agua afectará severamente la economía, de acuerdo con el
Banco Mundial
Según el informe, hacia 2050 la disponibilidad de agua
potable en las ciudades será de un tercio del nivel actual.
En general, para entonces la escasez de agua afectará
severamente la economía, siendo Oriente
Medio, el Norte de África, Asia Central y partes de Asia Meridional las regiones más afectadas, donde las economías
perderán entre el 7 y el 14% del PIB. El informe advierte que la escasez de
agua se deberá tanto
a los factores climáticos, como al aumento de la demanda de agua potable,
debido al crecimiento de la población, de las economías y de las ciudades.
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La
guerra del Agua, cuando la fuente de la VIDA se convierte en Oro.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. LA GUERRA DEL
AGUA.
CUANDO
LA FUENTE DE LA VIDA SE CONVIERTE EN ORO LÍQUIDO.
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María Luisa
Ramos Urzagaste..
Sputnik Mundo.
Jueves 22 de
agosto del 2019.
Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que
hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las
transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al
líquido elemento. Es una lucha entre la
codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de
ciudadanos.
Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta,
el
problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.
El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos,
lagos y acuíferos se utilizan para el
riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua
potable para la ciudadanía.
Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua
potable seguros y 6 de cada 10
carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
En cuanto a
América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua "gestionada de forma segura".
Alrededor del líquido elemento se disputan grandes
intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia
entre la vida y la muerte.
El
agua es un derecho humano.
Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU, reconociera explícitamente que
"el
derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".
A los países les queda claro que deben buscar
soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas.
Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan 'transferir' a la empresa privada la
responsabilidad que le toca asumir al Estado.
El
caso de la República de El Salvador
Según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40%
de sus habitantes vive en situación de pobreza.
Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que
"más de
1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes
industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas".
El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.
A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en
enero de 2019, el entonces presidente
Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses
moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la
reconexión del vital líquido.
Durante su gestión
Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la
Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho
humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.
Un
derecho humano incompatible con el interés privado
La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es
vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando
aprobar una Ley de Aguas.
Si bien el actual anteproyecto define que "el derecho humano al agua y el
saneamiento es fundamental e irrenunciable", no obstante, lo que
preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la
creación de un 'ente rector' o figura similar, con participación de las
empresas privadas.
La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta
de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza
de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.
Según la Alianza
contra la privatización del Agua "se trata de un proyecto exclusivo para las
clases altas de nuestro país" por tanto se
hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada
y
Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.
Otro aspecto que genera preocupación son los permisos
que podría otorgar el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Informar
mediante un cartelito.
El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales podrá autorizar a particulares a través de un
permiso, el uso o aprovechamiento del agua y
“solo en casos
excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los
posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar".
Se dispone además que, en los casos excepcionales, se
haga una publicación nacional en la prensa y además "por medio de un cartel". Dicho anuncio de cartel deberá
ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.
¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de
maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de
si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de
enfermedades e incluso su vida?
El Agua Dulce se esta acabando.
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La
carga de la prueba cae en los posibles afectados.
Más aún, el
artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados
deberán exponer "razones de hecho y de derecho para no conceder la
autorización" y deben
adjuntar "las pruebas que tengan en
su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren".
Al leer esto uno se pregunta, ¿y
dónde está el Estado? ¿Por qué
deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de
un proyecto? ¿acaso no es el Estado el
llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?
Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican
claramente la preocupación de la gente.
Chile
y Bolivia, dos antípodas.
En febrero de 2000, el entonces presidente y
exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a
Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía
uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo
neoliberal que solo dejó pobreza y
debilitó al Estado.
El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron
quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta
llegar a un 300%.
El pueblo cochabambino organizado logró la anulación
del contrato de privatización en una movilización conocida como "la guerra del agua".
Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el
año 2009 aprobó en la nueva constitución política que
"el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la
vida, en el marco de la soberanía del pueblo".
La carta fundamental de Bolivia define que los
recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos,
vulnerables, estratégicos y que cumplen una
función social, cultural y ambiental, por tanto "no podrán ser objeto de
apropiaciones privadas".
En
Chile la propiedad del agua fue privatizada.
La Constitución Política adoptada en 1980 durante la
dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho
humano, al otorgar
"la
libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes" donde "los
derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las
aguas es de dominio de su titular, quien
podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.
Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego
Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de
agua potable, mientras que las empresas
privadas manejan el 95,7% del mercado.
Según la misma fuente, la falta de prevención en la
garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de
ese servicio para los usuarios.
Por su parte, el movimiento por la defensa del agua,
la tierra y la protección del medio
ambiente (MODATIMA) afirma que
"el agua
no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las
especulaciones del mercado".
La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es
tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar
y defender el agua.
¿Estados al servicio de las compañías
transnacionales?
Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que
pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar
el agua.
La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer
más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación
de algún recurso.
Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse
de un derecho humano, es completamente impropio 'delegar' su gestión o su propiedad a la empresa privada.
Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector
privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los
ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.
El ser cliente significa que, si la persona no tiene
capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de
estar dentro o fuera del mercado. Estar 'fuera del mercado" implicará
mayor pobreza, enfermedades y muerte.
En la lógica de apropiación privada del agua subyace
una cruda verdad, que en términos económicos se denomina "demanda inelástica", entendida como aquella demanda de mercado que no sufre
variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.
Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de
ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta
característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su
requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si
el precio se incrementa.
Es justamente por esta razón que la responsabilidad de
los Estados en la protección de la
vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a
terceros. Son
los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.
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