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“La cantidad de recursos financieros en juego es monumental: 53 de las
65 demandas arbitradas internacionalmente contra el Estado argentino
le costaron 9.330 millones de dólares, es decir, el doble del
presupuesto para educación en 2024, lo que muestra que este tipo
de procesos “profundizan el endeudamiento al vaciar las arcas del Estado
y limitar su funcionamiento”. En cuanto a la nacionalidad de las
empresas demandantes contra Argentina, un tercio son estadounidenses
(22 demandas). Les siguen España (10), Francia (8) e Italia
(6). De hecho, si se suman las demandas de inversores europeos,
se trata de casi 60% de los casos; juntas con las de los
inversores estadounidenses, se llega al 92%. El único país
latinoamericano con inversores que han demandado a Argentina es
Chile (4).
“La mayoría de estas demandas se han registrado en el sector
de servicios, principalmente el suministro de energía (19); el de
actividades financieras (11) y el de suministro de agua y manejo
de residuos (10). Sumadas, las demandas en estos tres sectores
representan el 61,5% de todas las demandas contra Argentina. La
tela de araña arbitral desplegada por las grandes empresas para
sancionar, condicionar y expoliar Estados creció exponencialmente
en las últimas dos décadas. América Latina en general y
países como Argentina, en particular, ya quedaron atrapadas. Y de
seguir así, con la nueva legislación promovida por el Gobierno Milei
-como el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI-
será casi imposible durante décadas escapar de ese laberinto que
cada día diseca aún más un Estado que
respira con pulmotor.
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Fuentes: Rebelión.
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EL NUEVO GARROTE DEL ARBITRAJE PARCIAL.
Multinacionales imponen su «ley» al Sur Global.
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Por Sergio
Ferrari | 21/10/2025 | Economía
Fuentes. Revista Rebelión miércoles 22 de octubre del 2025.
Las empresas multinacionales imponen
sus reglas, las cuales conllevan endeudamiento creciente y acumulado para las
poblaciones de los países del Sur Global. Perú las demandas internacionales es
en el CIADI.
El mecanismo de solución de disputas
inversor-Estado, conocido como ISDS (Investor-State Dispute Settlement, en
inglés), actúa
como instrumento financiero para condicionar a los gobiernos y perpetuar
la dependencia internacional de los Estados. Las demandas
inversor-Estado se han multiplicado en las últimas dos décadas en todos los
continentes. De un total mundial de seis casos en 1996, se ha llegado a
1.332 a finales de 2023. Significativamente, los países de América
Latina han sido demandados en 380 ocasiones, lo cual representa
un 28,5% de dichas demandas (https://isds.bilaterals.org/?-the-basics-&lang=es).
Este dispositivo de arbitraje
internacional les permite a los inversores extranjeros –mayormente grandes empresas
transnacionales y fondos de inversión– demandar a los Estados ante
tribunales internacionales cuando consideran que leyes, regulaciones,
decisiones judiciales u otras medidas de un gobierno nacional violan sus
protecciones definidas en tratados o acuerdos comerciales. De esta manera,
cualquier disputa se litiga fuera de las jurisdicciones nacionales.
Estos casos son resueltos por tres
árbitros,
generalmente juristas ligados al sector privado y, por lo tanto, con una
fuerte simpatía hacia las empresas. En el caso específico de las demandas
contra Argentina, son fundamentalmente tres los estudios de abogados especializados
en promoverlas. Freshfields Bruckhaus Deringer, el que más ha servido a
los intereses de los inversores en América Latina, y ha litigado quince
demandas contra ese país sudamericano. Le siguen King & Spalding, con
doce, y M. & M. Bomchil, con siete.
Por sus efectos antisociales, el mecanismo ISDS ha generado
críticas en el ámbito académico, la sociedad civil y los movimientos
sociales a nivel internacional. Quienes cuestionan, sobre todo, la falta
de transparencia en los procedimientos arbitrales, así como la
ausencia de imparcialidad e independencia de los árbitros. Los
procesos pueden ejecutarse en cualquier parte del mundo y el costo
de un arbitraje inversor-Estado es mayor que un juicio en cortes
nacionales. Además, solo los inversores pueden iniciar este tipo de
demanda. Paradójicamente, las víctimas de abusos de parte de las empresas
transnacionales en un país determinado no disponen de ningún mecanismo
judicial para demandar a una multinacional. Lo que se dice “justicia”
para los poderosos.
Argentina en la mira.
Durante más de 20 años, y hasta 2024, cuando le cedió
el primer puesto a Venezuela, Argentina ha sido el país con mayor
cantidad de demandas en su contra promovidas ante estos tribunales
internacionales de arbitraje. Con el agravante de que se trata del país con
el mayor número de tratados bilaterales de inversión (TBI) en toda
América Latina y el Caribe.
“El país se
encuentra perdido en un laberinto del arbitraje internacional que le ha costado
caro”, afirma un reciente estudio elaborado conjuntamente por
el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, y
tres organizaciones argentinas: la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales
(FARN), el Observatorio Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para
la Equidad (EFTE).
Sobre llovido, mojado: según este informe, el gobierno de Javier
Milei recientemente redobló la apuesta al ampliar los derechos de
los inversores mediante el Régimen de Incentivos para las Grandes
Inversiones (RIGI). Se trata de una legislación que les otorga derechos extraordinarios
a todos los inversores, tanto extranjeros como nacionales,
quienes ahora cuentan con la prerrogativa de demandar al Estado ante un
tribunal internacional de arbitraje.
“Las consecuencias
podrían ser una nueva avalancha de demandas arbitrales y el incremento del
endeudamiento externo”, subraya el estudio.
A propósito de estos tratados TBI, que les otorgan una protección
extraordinaria a los inversores extranjeros, en Argentina casi todos
ellos –aproximadamente 46– se acordaron en los años 90 durante el
gobierno de Carlos Menem. Este mecanismo fue de uso exclusivo para los inversores
extranjeros hasta la aprobación del RIGI en julio de 2024. A partir
de esa fecha, el privilegio de los inversores extranjeros se extendió a
los nacionales, que invierten en particular en los sectores de energía,
minería e hidrocarburos (https://isds-americalatina.org/argentina/).
YPF, un caso emblemático.
Varias de las demandas contra
Argentina son por
demás significativas y ayudan a comprender el impacto de este mecanismo, que
viola todo concepto de soberanía nacional. Tal es el caso de Repsol, una
petrolera española que en 1999 compró la empresa argentina Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) en su totalidad. En 2012, cuando el Estado
argentino expropió las acciones de Repsol, aduciendo que se debía
garantizar el autoabastecimiento energético del país, esa empresa
respondió con una demanda en cuatro instancias judiciales diferentes.
Una de estas instancias fue el Centro Internacional de Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
La demanda inicial fue por 10.400 millones de dólares,
pero el Estado amenazó con investigar los pasivos o deudas
ambientales que Repsol podría haber causado por descuido o
abuso de recursos naturales. Finalmente, en 2014 se llegó a un acuerdo
por 5.000 millones de dólares para dar por terminado el caso. A pesar
de ello, una década más tarde, el Estado enfrentó un nuevo
traspié como resultado de un juicio iniciado en Nueva York por
el fondo buitre Burford, que años antes había adquirido el derecho
a litigar esta demanda del Grupo Petersen, un socio argentino
minoritario, en el momento de la expropiación. Debido a la
actualización de los valores en juegos, el fallo a favor de Burford le
reportó una ganancia de unos 16.000 millones de dólares.
El caso YPF muestra cómo
diferentes actores –
desde la española Repsol hasta el Grupo Petersen y, finalmente,
el fondo especulativo Burford–emplearon estrategias similares de
apropiación. En efecto, todos ellos utilizaron los propios
activos de YPF para financiar su compra, extrajeron
dividendos masivos, vendieron activos de la empresa y luego se
retiraron con demandas millonarias. Proceso que no solo constituye
una transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital privado, sino
también el debilitamiento de la capacidad de YPF para
cumplir sus objetivos de desarrollo nacional, soberanía energética y
distribución social.
El nuevo garrote del arbitraje, las multinacionales imponen su "ley" al Sur Global.
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Números escalofriantes del “caso” argentino.
Argentina y Venezuela, los dos países
latinoamericanos más demandados,
representan casi un tercio de las 415 demandas contra América
Latina y el Caribe reconocidas y oficializadas al 1 de julio de 2025. La
mayoría de las demandas contra Argentina son fruto del fin de la Ley
de Convertibilidad en 2002, que incluyó la devaluación
de la moneda, la pesificación, el congelamiento
de las tarifas de los servicios públicos y la renegociación
de contratos de concesión. Solo entre 2002 y 2007, Argentina fue
demandada en 42 ocasiones, con un pico en 2003, con 20 de las 25
demandas contra países latinoamericanos. Este fenómeno dio pie a
que numerosos textos académicos se refiriesen a dicha situación como
el “caso argentino”.
Según el Informe conjunto del Transnational
Institute, la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales, el Observatorio
Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, los
inversores resultaron muy beneficiados en los procesos contra Argentina.
De las 65 demandas contra este país, 26 fallaron a favor de los
inversores y seis a favor del Estado,
mientras que otras 18 terminaron con acuerdos entre
partes. Cuatro siguen en trámite, una terminó en “empate” y
diez se descontinuaron. Si se considera que un acuerdo entre partes
generalmente beneficia de alguna manera a los inversores, las 18
acordadas mutuamente pueden sumarse a las 26 que los favorecieron
por decisión judicial. El estudio concluye que
“el 86% de las
demandas ya resueltas contra Argentina (sin contar las descontinuadas)
terminaron con una decisión que fue beneficiosa para el inversor”.
La cantidad de recursos financieros en juego es monumental: 53 de las
65 demandas arbitradas internacionalmente contra el Estado argentino
le costaron 9.330 millones de dólares, es decir, el doble del
presupuesto para educación en 2024, lo que muestra que este tipo
de procesos “profundizan el endeudamiento al vaciar las arcas del Estado
y limitar su funcionamiento”.
En cuanto a la nacionalidad de las
empresas demandantes contra Argentina,
un tercio son estadounidenses (22 demandas). Les siguen España
(10), Francia (8) e Italia (6). De hecho, si se suman las
demandas de inversores europeos, se trata de casi 60% de los
casos; juntas con las de los inversores estadounidenses, se
llega al 92%. El único país latinoamericano con inversores
que han demandado a Argentina es Chile (4).
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La mayoría de estas demandas se han registrado en el sector
de servicios, principalmente el suministro de energía (19); el de
actividades financieras (11) y el de suministro de agua y manejo
de residuos (10). Sumadas, las demandas en estos tres sectores
representan el 61,5% de todas las demandas contra Argentina.
La tela de araña arbitral desplegada por las grandes empresas para
sancionar, condicionar y expoliar Estados creció exponencialmente
en las últimas dos décadas. América Latina en general y
países como Argentina, en particular, ya quedaron atrapadas. Y de
seguir así, con la nueva legislación promovida por el Gobierno Milei
-como el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI-
será casi imposible durante décadas escapar de ese laberinto que
cada día diseca aún más un Estado que respira con pulmotor.
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