&&&&&
“Por otra parte, la IA obliga a redefinir funciones sustantivas de la universidad. ¿Cómo
se formará y se evaluará a los estudiantes cuando un ensayo o un resumen puede
ser elaborado por una máquina?
¿Seguirá siendo el ensayo un instrumento de evaluación vigente? Si no
lo es, las nuevas formas de evaluar no pueden resultar de
una imposición, sino de un acuerdo. Ello exige la participación
de estudiantes, docentes y padres de familia, así como de la ciudadanía
en general, desde el panadero y el taxista hasta quien barre en
la institución. Y es indispensable que esa representación no se agote en
mecanismos burocráticos.En suma, la disputa por la IA en las universidades
es una disputa por quién produce, valida y distribuye el conocimiento.
En este contexto, resulta fundamental exigir a las universidades públicas
que asuman su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la
ciencia y la tecnología, y que construyan, con participación social
efectiva, la gobernanza que hasta ahora ha
resultado insuficiente.
/////
.jfif)
Fuentes: Rebelión. ¿Al(IA)da o enemiga? La Inteligencia Artificial en la Educación Superior.
*****
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA.
Gobernanza, derecho al conocimiento y disputa por el saber.
*****
Por Raúl Abraham
López Martínez | 17/10/2026 | América
Latina y Caribe, Conocimiento
Libre.
Fuentes Revista Rebelión domingo 18 de octubre del 2026.
El reciente documento de trabajo n.º
16 del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), titulado «La implementación de la IA en la educación
superior en América Latina y el Caribe», ofrece elementos valiosos para diagnosticar
las tendencias de adopción de la inteligencia artificial (IA) en las universidades
participantes de la región (Valentini, 2026). El estudio, basado en una
muestra de 200 instituciones de 19 países, entre ellas 30 mexicanas,
solo por detrás de las 40 colombianas, nos muestra una aproximación
preliminar sobre la expansión de la IA en la región. Del total, 113 son
privadas (56.5 %) y 87 públicas (43.5 %). El hallazgo principal
es contundente: el 87 % de las universidades encuestadas utiliza la IA
en al menos una actividad (Valentini, 2026).
Ante tales condiciones, considero necesario examinar bajo qué criterios y con qué límites, llegó la IA a las aulas. Las universidades han sido reconocidas socialmente como instituciones que producen y validan conocimiento conforme a reglas, ya sea el método científico o los marcos teóricos de la investigación cualitativa. Hoy la IA compite por ese lugar, y lo hace con la anuencia acrítica de las propias instituciones, que han implementado, de manera masiva, plataformas digitales comerciales como Google Classroom, portadoras de una forma específica de construir y distribuir saber. A ello se suma la incorporación de herramientas de IA generativa, como ChatGPT, Copilot y Gemini, así como el sesgo algorítmico y, sobre todo, la ausencia de instrumentos de gobernanza que establezcan alcances y límites cognitivos, normativos y reglamentarios en los procesos de formación y evaluación. Al respecto, el estudio señala que apenas el 26 % de las universidades, públicas y privadas, cuenta con una estrategia formal que incluye la IA (Valentini, 2026).
*****
Según el documento, la gobernanza es la
arquitectura que determina si el uso de una tecnología rinde
cuentas, es ético, equitativo y transparente, y si se alinea con la
misión y los valores de la institución (Valentini, 2026). Esa aproximación
contiene una carga explícita: la IA no es neutral.
Desde una capa teórica más general, como sostiene Langdon Winner, las
tecnologías poseen dimensiones políticas y pueden incorporar
determinadas relaciones de poder. Así lo confirma la propia expansión de
estas herramientas, un fenómeno que no se comprende sin las
inversiones millonarias en publicidad, los pronunciamientos de figuras
políticas como Donald Trump y una narrativa mediática que
frecuentemente presenta a la IA como si tuviera vida propia. Tales
relatos no surgen de la nada: expresan relaciones comerciales y
políticas de alto nivel.
Frente a ello, el marco normativo
mexicano ofrece una vía poco explorada. La Constitución y la Ley General en materia de
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, reconocen el derecho
humano a la ciencia y al acceso a los beneficios del desarrollo
científico y tecnológico (Gobierno de México, 2023). Como señalé
en un artículo periodístico publicado en julio de 2025, ese reconocimiento
implica una ruptura con la lógica de productividad y competitividad del
periodo neoliberal y coloca a las universidades públicas ante
la responsabilidad de garantizar dicho derecho (López Martínez, 2025),
en continuidad con la crítica a la privatización y la centralización
del conocimiento que formulé desde 2005 (López Martínez, 2005). En
el plano regional, además, Estados como el mexicano forman parte
del sistema interamericano de derechos humanos. Pese a ello, las universidades,
públicas y privadas, han dejado pasar la IA sin invocar
ese dique. Situar el desarrollo, el acceso y los beneficios de la IA en
el marco del derecho humano a la ciencia, en lugar de reducirlos
a su dimensión comercial, modifica de raíz su relación con la educación:
obliga a garantizar un acceso equitativo a sus beneficios, regular su
uso y someterla al interés público.
La imagen de un iceberg ilustra bien el escenario. En la superficie se aprecia una oleada atractiva de innovación educativa; bajo el agua, la arquitectura institucional que debería sostenerla presenta importantes vacíos. Esa arquitectura es la gobernanza. El vacío se agrava al examinar la participación: entre las 120 universidades que reportaron contar con alguna estructura de gobernanza de IA, apenas el 8 % incorpora representantes estudiantiles (Valentini, 2026).
*****
Por otra parte, la IA obliga a
redefinir funciones sustantivas
de la universidad.
¿Cómo se formará y se evaluará a los
estudiantes cuando un ensayo o un resumen puede ser elaborado por una máquina?
¿Seguirá siendo el ensayo un instrumento de evaluación vigente?
Si no lo es, las nuevas formas de evaluar no pueden resultar
de una imposición, sino de un acuerdo. Ello exige la participación
de estudiantes, docentes y padres de familia, así como de la ciudadanía
en general, desde el panadero y el taxista hasta quien barre en
la institución. Y es indispensable que esa representación no se agote en
mecanismos burocráticos.
En suma, la disputa por la IA en las universidades es una
disputa por quién produce, valida y distribuye el conocimiento. En
este contexto, resulta fundamental exigir a las universidades públicas
que asuman su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la
ciencia y la tecnología, y que construyan, con participación social
efectiva, la gobernanza que hasta ahora ha
resultado insuficiente.
Fuentes
Gobierno de México. (2023, 8 de mayo).
Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Diario Oficial de la Federación.
López Martínez, R. A. (2005, 14 de
noviembre). Consideraciones en torno a la distribución social del conocimiento,
una mirada desde México y América Latina. Rebelión.
López Martínez, R. A. (2025, 12 de
julio). México ante un nuevo paradigma de producción y distribución social del
conocimiento. Rebelión.
Valentini, A. (2026). La
implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe
(Documento de trabajo n.º 16). Instituto Internacional de la UNESCO para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC).
Raúl
Abraham López Martínez.
Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Director de la Revista
Digital Independiente Voz Universitaria e integrante del Foro Digital de
Ciencias Políticas y Sociales.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario