La brecha social y la crisis del modelo político, origen de los 'indignados' en Chile. La democracia chilena, consolidada sobre la base de la estabilidad política y el crecimiento económico, se enfrenta hoy al reto de acortar la profunda brecha social y revitalizar unas instituciones poco valoradas por los ciudadanos, sostienen expertos y analistas. La situación es realmente preocupante, el “modelo chileno” fue presentado ante el mundo por muchos años, como el “mejor”, el más estable, el de más alto nivel y elevado reconocimiento político como producto del neoliberalismo y prácticamente “legitimado” durante 20 años por los Gobiernos de la Concertación Democrática. Sin embargo, solamente fue necesario, un movimiento universitario y estudiantil por el cambio total en el Sistema Educativo, para que el “famoso modelo”, producto neoliberal, comenzara a desgranarse, a caerse, a disociarse, a mostrar fuertes fisuras políticas y sociales: políticamente porque su orientación solo respondía hacia los intereses de una elite financiero-comercial ampliamente favorecida por el modelo neoliberal y socialmente no tenía el sustento, menos fortaleza en sectores sociales que le sirviera de mecanismo y palanca de sostenimiento ante cualquier corriente opositora o simplemente contestataria.
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Modelo chileno: Síntomas del desplome Institucional.
“La profunda y extensa brecha social, es el origen de la crisis política”.
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Lunes 21 de noviembre del 2011.
Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)
El clima de negociaciones entre la oposición y un gobierno con niveles de aceptación popular inferiores al 30%, revela la búsqueda del “modelo chileno” por una fórmula para asegurar su gobernabilidad.
No es una búsqueda desesperada o con angustia en ningún caso, porque el gran capital que respalda al actual gobierno de de una derecha muy conservadora y militarista en Chile, tiene demasiados medios para abordar la actual crisis política por la que atraviesa el país, especialmente la represión.
Con todo, la situación es incómoda para el gobierno porque la única forma de mantener una pátina de gobernabilidad hasta el fin de su mandato en marzo de 2014 es en base a medidas coercitivas duras contra los movimientos sociales.
En un país cuya población comienza recién a tomar conciencia de los perjuicios de más de tres décadas en la aplicación del ajuste estructural a la economía, se ha abierto un nuevo frente de fricciones institucionales que podría derivar en un eventual quiebre de las confianzas entre el aparato legal que ejerce el control y el poder ejecutivo que formula las políticas coercitivas para contener la presión social. Es así que institucionalmente Chile muestra los rasgos del desgaste de un modelo fracturado, inclusive en los poderes del estado.
A fines del mes de octubre, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, denuncia una campaña del poder ejecutivo contra los jueces y la independencia del poder judicial.
A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados manifiesta simultáneamente una intimidación hacia los jueces para que se guíen por los criterios del poder ejecutivo y de las órdenes presidenciales. Esto a raíz de las declaraciones del Ministro de Justicia de que, “Los ascensos de los magistrados se evaluarían de acuerdo a los fallos que emiten”.
Según Leopoldo Llanos, presidente de esta asociación de profesionales: “En ninguna otra época de la historia del poder judicial, se habían emitido ese tipo de comentarios”.
Este intercambio inicialmente se divulga profusamente, sin embargo después se aplaca porque una disminución de las confianzas entre el poder ejecutivo y el poder judicial sería un punto crítico en una gobernabilidad que ya es frágil. Considerando más de medio año de movilizaciones estudiantiles y sociales, el umbral de tolerancia para más fricciones en el estado se ha reducido.
El desgaste de legitimidad del modelo se hace más evidente aún cuando se invita a los sectores más radicalizados en la izquierda de la oposición a participar en un tipo de diálogo que asegure gobernabilidad.
Mientras el movimiento estudiantil generó en una buena parte de la población (más del 60%) una adhesión al cambio del modelo (más igualdad y menos concentración de riqueza), sus administradores han manifestado serias dudas de la factibilidad de reformas leves inclusive. En la elite política que administra, el tema no es la transformación del modelo sino asegurar su gobernabilidad
Lo que está en juego en Chile es más que la estabilidad política sino la perdurabilidad del modelo económico y sociopolítico impuesto por la dictadura militar y que no ha cambiado.
Chile no está muy lejos de las protestas por cambios de régimen en los países árabes, en cuanto al descontento social acumulado por el nivel de desigualdades gestado con el modelo y porque se ha desarrollado bajo una inteligente e invisible pátina engañosa de democracia.
En el caso chileno gestado a través de un sistema político donde predominan dos coaliciones mayoritarias que se reparten el poder en una suerte de semidictadura. Aunque una sea de centro izquierda, en el fondo también actúa en respaldo a esta dictadura disfrazada, porque en ello reside la clave de la gobernabilidad.
Ha sido un sistema político diseñado para sustentar la gobernabilidad del modelo y como expresión obvia de su rigidez, no abre ninguna posibilidad para reformas.
Con la excepción del Gobierno de la Ex Presidenta Michelle Bachelet, socialista, en algunas facetas más inclinadas a revertir la desigualdad social, todos los gobiernos restantes del período democrático último, sin excepción, se han distinguido por una gobernabilidad que sustente el modelo.
Gobernabilidad en Chile se ha transformado en un ejercicio anti reforma y en su concepción básica, cualquier planteamiento de cambio sustantivo hacia mayores niveles de participación popular en las decisiones de políticas públicas se considera adverso al modelo.
En forma abierta o velada, este empeño por la gobernabilidad está planteado a corto plazo en todo caso, porque en cuanto a debatir y dar solución a los aspectos más estructurales del modelo que incomodan a la población chilena, se ha demostrado en los actores políticos – con la excepción de un pequeño sector ya conocido de la izquierda- un feble y esporádico interés.
Ya sabemos de que el crecimiento económico no ha generado en Chile mayor igualdad social ni mayor estabilidad política. Los acontecimientos políticos que caracterizaron a este 2011 que expira son indicadores suficientes para esta aseveración.
Por otra parte, se propaga a veces la idea de que podría existir un consenso en la plana mayor de los administradores directos del modelo económico y político acerca de la necesidad de reformarlo porque la situación actual pone en riesgo la estabilidad política porque la “bomba social” crece.
Esto a raíz de que en gran parte de la población hay un demostrado desagrado y un grado creciente de desconfianza en el ámbito institucional que ampara esta situación. El apoyo sostenido del público a las movilizaciones estudiantiles en este año así también lo confirma y envuelve el pulso crítico de una ciudadanía incómoda con el modelo.
El análisis político sobre esta situación por otra parte exhibe síntomas de confusión y fatiga. Algunos comentaristas populares en círculos de la derecha señalan que el actual gobierno en Chile representa una suerte de social democracia e inclusive una prolongación de los principios de gobernabilidad de la Concertación de centro izquierda que gobernó entre 1989 y marzo de 2010.
Esto refleja no solo una lectura equivocada de la situación sino también una desprolijidad respecto a las definiciones más básicas de los actores políticos. Por mucho que los nominalmente definidos como social demócratas hayan adoptado posiciones de centro o de derecha, la derecha chilena de nuevo tipo es esencialmente un proyecto neoconservador cercana a la ideología de los Tea Party del partido republicano en EEUU con una inclinación a desmantelar lo que conocemos como el estado.
A su vez, la oposición al gobierno intenta unirse bajo un programa de acción común para impedir que el llamado gobierno de los empresarios sea reelegido en la elección presidencial en 2013.
Este gobierno de derecha ultraconservadora y con un buen contingente de cuadros remanentes del gobierno militar, lo encabeza Sebastián Piñera, uno de los más exitosos empresarios de la nueva clase oligárquica gestada durante la dictadura militar de los años 70 y 80.
Para muchos chilenos, aunque es un tema que se sitúa al margen del marketing de las encuestas de opinión, el actual gobierno está en el límite de lo que sería un regreso del gobierno militar, esta vez elegido en elecciones libres, aunque con una inmensa contribución del capital y los medios para su triunfo electoral.
El “modelo chileno” es una figura que confirma el actual cuadro de opciones para gobernar desde el poder del gran capital. No es necesario un golpe de estado con militares para gobernar autoritariamente y hacerle perder el equilibrio a los poderes del estado. El capital cada vez que puede, instala gobiernos comprando partidos y grupos de interés.
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