jueves, 14 de julio de 2016

PARAGUAY: EL JUICIO DE CURUGUATY.- AMNISTÍA Y OXFAM RECHAZAN LA SENTENCIA. Una Infamia más que el infortunio.

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Lo que ocurre después es de público conocimiento. Lo grave de esta historia es que los campesinos que sobrevivieron a esa desgracia de muerte y sangre, además de cargar como carne de cañón con el costo para el perverso montaje político que apuntó a quebrar la institucionalidad del Paraguay, fueron el día de ayer lunes 11 de julio, víctimas de una condena criminal de décadas de privación de libertad, después de un largo proceso que nunca pudo relevar prueba alguna que les vincule con delito alguno. Dicho en términos simples, las víctimas pasaron a ser victimarios. Nefasta ecuación de una administración de justicia, que no tuvo el menor cuidado, ni siquiera para pergeñar la impostura , expresada en una condena dictada por una triada de trogloditas que se presentaron como “tribunal de sentencia”.
Por otra parte, AI y Oxfam manifestaron que en diferentes oportunidades, junto a otras organizaciones locales e internacionales, expresaron su preocupación frente al rechazo del Ministerio Público paraguayo de investigar la muerte de los once campesinos. “Hasta ahora (la Justicia de Paraguay) no ha explicado de forma convincente los motivos por los cuales no investigaron tales muertes, ni la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales a campesinos”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI. El comunicado que se conoció ayer cita información de organizaciones locales de derechos humanos que mencionan una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en el país vecino. En los últimos 25 años, al menos 115 dirigentes y miembros de diferentes organizaciones campesinas fueron asesinados o continúan desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución de la tierra.

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Qué pasó realmente en Curuguaty? Con la masacre de campesinos. Porque no se investiga en forma independiente y no con el interés supremo de solo castigar a los campesinos y declarar libres a los policías. Acontecimiento que fue el punto central del quiebre  del sistema democrático.
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PARAGUAY: EL JUICIO DE CURUGUATY.
Una Infamia más que el infortunio.
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Carlos Verón De Astrada.

Rebelión jueves 14 del 2016.

Una herida más se abrió en el pecho de este sufrido pueblo. Una estocada infame de la brutalidad sin límites, sin solución de continuidad, en la historia de un pueblo signado por el infortunio. Y cuando se habla de pueblo hay que referirse a esa gran mayoría postergada, abusada, hambreada, que es la mayoría de esta sociedad. Ella es principalmente el campesinado pobre que no tiene derecho a vivir, como consecuencia de una concentración obscena de la tierra (tierra en su mayor parte malhabida), en manos de una minúscula pero criminal minoría latifundista.

Ese eslabón mayoritario y más débil, el que esforzadamente tratando de contrarrestar ese brutal muro que separa a los excluidos y olvidados de la minoría terrateniente, es el que debe recurrir desde su precariedad, a realizar ocupaciones para apuntar a constituir asentamientos en la mayor de las veces en tierras extensas –verdaderos territorios- ociosos.

En junio del año 2012, un grupo más de este sector social de excluidos, en el marco de los trámites para legalizar un asentamiento en un predio que pertenece al Estado paraguayo, constatado por ellos mismos desde la documentación obrante en el INDERT, órgano estatal que dice estar abocado al “desarrollo rural”, ocupó pacíficamente el lugar para avanzar en la instalación del asentamiento. De acuerdo a testimonios de ellos, la concreción del asentamiento no tardaría de lograrse.

En ese contexto, un contexto que es absolutamente natural en países de muy mala distribución de la tierra, de excesiva concentración como es rasgo común latinoamericano, en las primeras horas de una mañana de junio del 2012, la comunidad en proceso, es sorprendida por la irrupción abrupta de efectivos policiales fuertemente armados para iniciar lo que ellos llaman un “allanamiento” sin ningún sustento legal, alegando una ocupación irregular de la propiedad privada de Blas Riquelme, un tristemente célebre acolito del tirano Stroessner. Ante la legítima requisitoria de los campesinos de los documentos que avalen la legitimidad de esa supuesta propiedad privada, tuvieron como respuesta una macabra masacre dejando un tendal de muertos, en total 17 de los cuales 6 eran policías y el resto campesinos.

El caso sirvió para montar el vergonzoso llamado “juicio político” para destituir al Presidente Lugo, una semana después de la tragedia.

Lo que ocurre después es de público conocimiento. Lo grave de esta historia es que los campesinos que sobrevivieron a esa desgracia de muerte y sangre, además de cargar como carne de cañón con el costo para el perverso montaje político que apuntó a quebrar la institucionalidad del Paraguay, fueron el día de ayer lunes 11 de julio, víctimas de una condena criminal de décadas de privación de libertad, después de un largo proceso que nunca pudo relevar prueba alguna que les vincule con delito alguno. Dicho en términos simples, las víctimas pasaron a ser victimarios. Nefasta ecuación de una administración de justicia, que no tuvo el menor cuidado, ni siquiera para pergeñar la impostura , expresada en una condena dictada por una triada de trogloditas que se presentaron como “tribunal de sentencia”.

Una herida más se abrió para este infausto pueblo. El múltiple crimen perpetrado por los poderes formales y fácticos que garantizan este sistema de despojo y hambre, e implementado por sus esbirros más miserables, como fiscales y jueces venales, marcó un capítulo que suma a la triste historia de esta tragicomedia que viene azotando a nuestro pueblo desde el final de la guerra grande. En la condena dictada ayer, que para algunos como Ruben Villalba se equivale prácticamente a una cadena perpetua, porque 35 años para un ser humano de 51 años que además de sobrevivir a la masacre de Curuguaty, soporto dos huelgas de hambre y padece de hipertensión, es condenarle a morir en prisión.

A nadie medianamente sensato le puede caber la menor duda de que el objetivo de esa nefasta triada de jueces, no es sino ocultar la verdad. Dejar impune a los verdaderos responsables morales y materiales de la masacre de Curuguaty, a través de un recurso recurrente en la justicia paraguaya como es, la expiación. Que el juicio a estos mártires campesinos, no es sino parte del plan de quienes por la vía del golpe institucional, usurparon la voluntad popular expresada en las urnas. De los poderes fácticos dominantes como son los dueños de la tierras y del agro-negocio que además de su voracidad insaciable que busca expandir sus tenencias, vio amenazada su dominación.

La infamia de ayer expresada en esa condena, es de esperar, sea el toque que promueva una reacción popular fuerte. Y si esa reacción fuerte tuviera que desembocar en un estallido social, pues que así sea, para salvar la integridad y la dignidad de nuestra patria.

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Marcha y protesta de los familiares de campesinos masacrados y los sobrevivientes  enjuiciadas y condenados a prisión: La infamia más grande contra el pueblo.
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AMNISTÍA Y OXFAM RECHAZAN LA SENTENCIA.
Las ONG exigen que no solo se investiguen las muertes de policías en Curuguay.
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Las organizaciones pidieron una investigación “exhaustiva, independiente e imparcial” de las muertes, las denuncias de torturas y vejámenes y otras violaciones a los derechos humanos en el desalojo del predio Marina Kue, en junio de 2012.

Página /12 jueves 14 de julio del 2016.
El rechazo a las sentencias contra los once campesinos acusados por la Masacre de Curuguaty fue enarbolado ayer por dos organizaciones no gubernamentales hermanas, Amnistía Internacional (AI) y Oxfam Internacional que exigieron a la Justicia paraguaya una investigación imparcial sobre los asesinatos de once campesinos perpetrados durante un desalojo judicial en 2012 en el predio conocido como Marina Kue, en Campos Morombi, departamento de Canindeyú. Las ONG pidieron además que las familias de las víctimas reciban una reparación. Desde Ciudad de México, las organizaciones recordaron en un comunicado conjunto que en el proceso judicial que finalizó el lunes sólo fueron investigadas las muertes de los agentes policiales.
Por otra parte, AI y Oxfam manifestaron que en diferentes oportunidades, junto a otras organizaciones locales e internacionales, expresaron su preocupación frente al rechazo del Ministerio Público paraguayo de investigar la muerte de los once campesinos. “Hasta ahora (la Justicia de Paraguay) no ha explicado de forma convincente los motivos por los cuales no investigaron tales muertes, ni la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales a campesinos”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
El comunicado que se conoció ayer cita información de organizaciones locales de derechos humanos que mencionan una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en el país vecino. En los últimos 25 años, al menos 115 dirigentes y miembros de diferentes organizaciones campesinas fueron asesinados o continúan desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución de la tierra.
“En Paraguay, 1,6 por ciento de los propietarios posee el 80 por ciento de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución”, puntualizó Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con el comunicado, pobladores de la zona donde tuvo lugar el desalojo y los asesinatos el 15 de junio de 2012, varios de ellos víctimas y familiares, llevan más de 10 años manifestando su necesidad de acceder al uso de tierras que son del Estado, en el marco de la reforma agraria. En el juicio oral y público que finalizó a comienzos de esta semana, la única causa impulsada para esclarecer los hechos ocurridos en Curuguaty, fueron condenados once campesinos por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble, pero no hubo respuestas para los temas de verdad y justicia en el caso de los crímenes cometidos para los campesinos asesinados.
Tampoco hubo una pesquisa que permitiera explicar acabadamente la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la Justicia civil. Tanto Oxfam como AI pidieron una investigación “exhaustiva, independiente e imparcial” de la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio de 2012. En su dictamen, el Tribunal de Sentencia a cargo del caso condenó a los trabajadores rurales a penas de entre 4 y 35 años de cárcel, en una audiencia cuyo desarrollo estuvo marcado por las quejas de los abogados defensores y de los familiares de los acusados.
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